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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02551-00

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02551-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Nación - Rama Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 13 Radicación: 11001-03-15-000-2026-02551-00 Accionantes: José Federico Murillo Escobar y otros Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02551-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02551-00
Accionantes: JOSÉ FEDERICO MURILLO ESCOBAR Y OTROS
Accionados: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA Y OTRO
Tema: ACCIÓN DE TUTELA - Se declara improcedente por no cumplir con
el requisito general de subsidiariedad.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por los accionantes contra la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor José Federico Murillo Escobar actuando en nombre propio y como
apoderado judicial de los señores Félix Antonio Pinilla Guerra, José Álvaro
Castelblanco Cubides, Hugo Anselmo Ramírez Rocha, Brayan Alejandro Cruz
Romero, Stiven Alexander Sánchez Cruz, Víctor Alexander Alejo Piedrahita,
Edgar Germán Oidor Garzón, Henry Ardila Alarcón, José Manuel Cortés, Luis
Eduardo Torres Pardo, Lucy González Duarte, Carlos Eliécer Mora Rodríguez,
Héctor Guillermo Castiblanco Sarmiento, Elías Daniel Pinilla Peralta, Claudia
Gisell Pinilla Peralta, José Miguel Pinilla Peralta, Ruth Mary Pinilla Peralta, Jhon
Jaiber Moreno Mahecha, Wilmar Darío Varela Buitrago, Félix Antonio Pinilla
Peralta, Raul Alberto Reyes Vega, Campo Elías Sanabria Leguizamón, Carlos
Alberto Forero Tovar y Alix Patricia Mateus González solicitaron el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
a la igualdad y tutela judicial efectiva en conexidad con el principio de prevalencia
del derecho sustancial, cuya vulneración le atribuyeron a las providencias de 8 de
septiembre de 2025, 11 de marzo de 2026 y “[…] la providencia mediante la cual
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión judicial recurrida
[…]”, proferidas por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Sección Tercera del Consejo de Estado
dentro del medio de control de reparación directa con número de radicación
25000-23-36-000-2025-00291-00.

2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02551-00
Accionantes: José Federico Murillo Escobar y otros

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Refirieron que promovieron el medio de control de reparación directa núm. 25000-
23-36-000-2025-00291-00 contra la Nación - Rama Judicial, el Ministerio de
Defensa Nacional - Ejército Nacional, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la
Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de que se declarara la
responsabilidad administrativa extracontractual con ocasión al presunto error
judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia como
consecuencia de la actuación jurisdiccional desplegada dentro del proceso
reivindicatorio núm. 2016-00070-00 adelantado por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Melgar.

2.2. Señalaron que el conocimiento del proceso le fue asignado a la subsección C de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial,
que, mediante auto de 8 de septiembre de 2025, inadmitió la demanda.

2.3. Indicaron que interpusieron el recurso de reposición contra la anterior decisión y
que a través de auto de 26 de enero de 2026 el Tribunal dispuso no reponer la
decisión.

2.4. Manifestaron que mediante providencia de 11 de marzo de 2026 la autoridad
judicial rechazó la demanda y que la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió
el recurso de apelación contra dicha decisión.

2.5. Afirmaron que las providencias antes referidas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y tutela judicial efectiva en conexidad con el principio de prevalencia del
derecho sustancial, por cuanto se incurrió en los defectos fáctico, procedimental por
exceso ritual manifiesto, desconocimiento del precedente y la causal de violación
directa de la Constitución.

2.6. Señalaron que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico por omisión probatoria,
toda vez que no valoró el material probatorio contenido en un link de acceso al
expediente, el cual contenía las “[…] carpetas debidamente organizadas,
clasificadas e identificadas, en las cuales se incorporó de manera ordenada y
sistemática la totalidad de la documentación relevante para el estudio del caso […]”.

2.7. Adujeron que la carpeta digital contenía la “[…] identificación temática y utilidad
procesal, con el propósito de facilitar a los operadores judiciales el acceso integral,
técnico y completo al material documental del expediente, incluyendo escrituras
públicas, certificados de tradición, piezas registrales, soportes catastrales,
memoriales, actuaciones judiciales, constancias, documentos de soporte y demás
anexos probatorios relacionados con el caso. Dentro de ese material se incluyó
expresamente, entre otros elementos de especial relevancia, la audiencia de

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02551-00
Accionantes: José Federico Murillo Escobar y otros

conciliación extrajudicial, así como la relación y ubicación de los documentos allí
allegados y referenciados, precisamente para que el despacho contara con un
acceso claro, directo y completo a las piezas procesales que servían de
fundamento a la demanda y a los recursos. No obstante, lo anterior, de la traza
digital, historial de acceso, registro técnico o evidencia de consulta del enlace
suministrado se desprende que dicho repositorio no fue efectivamente consultado,
revisado ni agotado por los operadores judiciales, o al menos no de manera
suficiente y materialmente útil para la valoración integral del asunto […]”.

2.8. Expusieron que las providencias cuestionadas incurrieron en un defecto
procedimental “[…] por desconocimiento del trámite legalmente aplicable, al
apartarse del diseño normativo que regula de manera expresa y separada los
recursos de reposición y apelación dentro del proceso contencioso administrativo
[…]”, adicionalmente indicaron que se incurrió en un exceso ritual manifiesto “[…]
porque las autoridades judiciales accionadas dieron prevalencia a una lectura
exegética, rígida y desproporcionada de las reglas de inadmisión y subsanación,
por encima del derecho sustancial y del acceso a la justicia […]”.

2.9. Alegaron que "[…] el uso legítimo de los recursos ordinarios terminó operando
en su contra como si constituyera una carga perjudicial en vez de una garantía de
defensa. En efecto, la razón de ser del recurso de reposición y de la apelación no
es meramente ornamental, sino permitir que una providencia interlocutoria o de
trámite sea revisada antes de producir consecuencias procesales irreversibles. Si,
a pesar de haberse activado oportunamente dichos mecanismos, el proceso fue
tratado como si la oportunidad de subsanar ya estuviera consumida de manera
definitiva, se produjo una afectación material al derecho de defensa y al acceso
efectivo a la administración de justicia […]”.

2.10. Frente al desconocimiento del precedente, consideraron que la providencia
desconoció “[…] la línea jurisprudencial consolidad (sic) de la Corte Constitucional
sobre: prevalencia del derecho sustancial, pro actione, tutela judicial efectiva,
imparcialidad judicial [y] prohibición de formalismos desproporcionados […]”.

2.11. Respecto de la causal de violación directa de la constitución señalaron que las
providencias vulneraron los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución Política.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: AMPARE los derechos fundamentales de mis representados
al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, tutela
judicial efectiva, derecho de defensa, igualdad y prevalencia del derecho
sustancial.

SEGUNDA: DEJE SIN EFECTOS las providencias judiciales proferidas por el
(sic) SALA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN C y EL MAGISTRADO PONENTE JOSÉ ÉLVER

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02551-00
Accionantes: José Federico Murillo Escobar y otros

MUÑOZ BARRERA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
en cuanto estructuraron y mantuvieron un trámite incompatible con las
garantías constitucionales invocadas.

TERCERA: ORDENE a la autoridad judicial competente reponer la actuación
al estado procesal constitucionalmente debido, reconociendo que la
interposición y decisión de los recursos impedía tratar como definitivamente
agotada la oportunidad de subsanada, siendo, presentada en termino (sic) y
ajustada a la norma.

CUARTA: ORDENE que el trámite de la demanda continúe con estricta
observancia de los principios de prevalencia del derecho sustancial, tutela
judicial efectiva, favorabilidad procesal y acceso a la justicia.

QUINTA: No se vincule ninguna otra entidad demanda, para efectos
determinar la responsabilidad del Estado, en manos, de la RAMA JUDICIAL
exclusivamente de SALA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C y EL
MAGISTRADO PONENTE JOSÉ ÉLVER MUÑOZ BARRERA TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.

SEXTO: Que se pronuncie (sic) los magistrados accionado (sic) sobre cada
uno de los hechos no como SALA, sino de manera individual para efectos de
derivar las responsabilidades […]”. [Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 30 de abril de 2026, el Despacho Sustanciador admitió la
acción de tutela y negó la medida provisional solicitada. Asimismo, se vinculó en
calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación -
Rama Judicial, al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a
los señores Arturo Camargo Céspedes, Francisco Alexander Sánchez López,
José Darío Varela Tovar y Odilio Rodríguez Rodríguez.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:

5.1. LaSubsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca señaló que la presente acción de tutela carece del requisito general
de subsidiariedad, por cuanto la parte actora no agotó el recurso de apelación contra
la providencia que rechazó la demanda.

5.2. La Sección Tercera del Consejo de Estado informó que una vez consultada la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial – SAMAI- no se encontró registro alguno
de la providencia que “[…] resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la
decisión judicial recurrida […]” de la cual hacen referencia los accionantes en el
escrito de tutela, así mismo, tampoco se identificó decisión judicial alguna que haya
sido dictada por la Sección Tercera de esa Corporación dentro del medio de control

5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02551-00
Accionantes: José Federico Murillo Escobar y otros

de reparación directa núm. 25000-23-36-000-2025-00291-00. Razón por la que, no
es posible efectuar un pronunciamiento de fondo respecto de la solicitud de amparo.

5.3. El
Instituto Geográfico Agustín Codazzi solicitó su desvinculación de la
presente acción de tutela, por cuanto no es responsable de la presunta vulneración
de los derechos fundamentales invocados por los accionantes, toda vez que el
presente mecanismo se dirige contra las providencias judiciales proferidas por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del trámite de la reparación directa
2025-00291-00.

5.4. LaNación - Rama Judicial actuando a través Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial señaló que de acuerdo con los hechos expuestos en el escrito
de tutela, la parte actora atribuye la vulneración de sus derechos a la Subsección C
de Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, razón por la cual,
esa dirección ejecutiva carece de legitimación en la causa por pasiva frente a las
pretensiones solicitadas.

5.5. Losseñores Arturo Camargo Céspedes, Francisco Alexander Sánchez
López, José Darío Varela Tovar y Odilio Rodríguez Rodríguez presentaron
escrito de contestación a la presente acción de tutela, en el cual solicitaron i) ser
vinculados al trámite de la presente acción de tutela y ii) la vinculación del Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Melgar “[…] en razón a su relación directa con los
hechos, actuaciones y decisiones que dieron lugar a la controversia objeto de
estudio […]”, dado que dicha autoridad judicial adelantó el trámite del proceso
reivindicatorio núm. 2016-00070-00.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.

1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02551-00
Accionantes: José Federico Murillo Escobar y otros

VI.2. Cuestiones previas

VI.2.1. Solicitudes de desvinculación

7. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se
resolverá, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
y la Nación – Rama Judicial.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
7
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 2006 , señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación
en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo
siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de
fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie
sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la
oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o
desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un
instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la
brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer
los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en
dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

9. Teniendo en cuenta que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Nación –
Rama Judicial, fueron demandadas dentro del medio de control de reparación
directa en el que se profirieron las providencias objeto del presente mecanismo
de amparo, la Sala considera que a estas entidades sí les asiste el interés jurídico
para ser vinculadas a esta acción constitucional.

10. Por lo anterior, se denegarán las solicitudes de desvinculación presentadas,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.2.2. Solicitud de vinculación

11. Los señores Arturo Camargo Céspedes, Francisco Alexander Sánchez López,
José Darío Varela Tovar y Odilio Rodríguez Rodríguez, solicitaron: i) ser
reconocidos como terceros con interés directo en la presente acción de tutela; y
ii) la vinculación del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar, en razón a que

7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02551-00
Accionantes: José Federico Murillo Escobar y otros

dicha autoridad conoció y tramitó el proceso reivindicatorio identificado con el
radicado núm. 2016-00070-00, del cual se alega el presunto error judicial dentro
del medio de control de reparación directa donde se profirieron las providencias
cuestionadas.

12. La Sala advierte que mediante auto de 30 de abril de 2026 se dispuso su
vinculación en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso,
junto con la de la Nación - Rama Judicial entidad que ostenta la representación
judicial del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar. En consecuencia, se
advierte que la finalidad perseguida con tales solicitudes ya se encuentra
satisfecha, lo que torna innecesario adoptar una nueva decisión al respecto.

VI.3. Problemas jurídicos

13. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de su derecho fundamental a
las providencias de 8 de septiembre de 2025 y 11 de marzo de 2026, proferidas
por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia de 11 de
marzo de 2026 vulneró el derecho fundamental de la parte accionante porque esta
decisión fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.

14. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de
los accionantes al haber incurrido, presuntamente, en los defectos fáctico,
procedimental por exceso ritual manifiesto, desconocimiento del precedente
y la causal de violación directa de la constitución.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

15. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02551-00
Accionantes: José Federico Murillo Escobar y otros

16. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

17. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.

18. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en
dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,

9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación
fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02551-00
Accionantes: José Federico Murillo Escobar y otros

seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

22. El señor José Federico Murillo Escobar actuando en nombre propio y como
apoderado judicial de los señores Félix Antonio Pinilla Guerra, José Álvaro
Castelblanco Cubides, Hugo Anselmo Ramírez Rocha, Brayan Alejandro Cruz
Romero, Stiven Alexander Sánchez Cruz, Víctor Alexander Alejo Piedrahita,
Edgar Germán Oidor Garzón, Henry Ardila Alarcón, José Manuel Cortés, Luis
Eduardo Torres Pardo, Lucy González Duarte, Carlos Eliécer Mora Rodríguez,
Héctor Guillermo Castiblanco Sarmiento, Elías Daniel Pinilla Peralta, Claudia
Gisell Pinilla Peralta, José Miguel Pinilla Peralta, Ruth Mary Pinilla Peralta, Jhon
Jaiber Moreno Mahecha, Wilmar Darío Varela Buitrago, Félix Antonio Pinilla
Peralta, Raul Alberto Reyes Vega, Campo Elías Sanabria Leguizamón, Carlos
Alberto Forero Tovar y Alix Patricia Mateus González solicitaron el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
a la igualdad y tutela judicial efectiva en conexidad con el principio de prevalencia
del derecho sustancial, cuya vulneración le atribuyeron a las providencias de 8 de
septiembre de 2025, 11 de marzo de 2026 y “[…] la providencia mediante la cual
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión judicial recurrida
[…]”, proferidas por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Sección Tercera del Consejo de Estado
dentro del medio de control de reparación directa con número de radicación
25000-23-36-000-2025-00291-00.

23. Precisadolo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, en especial, el requisito de
subsidiariedad.

VI.4.1. Del incumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad

24. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.

10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02551-00
Accionantes: José Federico Murillo Escobar y otros

25. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en
el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.

[…]”. [Negrilla original del texto]

26. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado
debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza12), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

27. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:

“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber
agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”13.

28. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los

12
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
13
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge
Iván Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02551-00
Accionantes: José Federico Murillo Escobar y otros

derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”14.

29. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

30. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

31. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la controversia
consiste en verificar la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la
parte accionante con la expedición del auto de 11 de marzo de 2026, mediante el
cual la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rechazó la demanda de reparación directa radicado núm. 25000-
23-36-000-2025-00291-00.

32. En el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiariedad porque
los accionantes tenían a su disposición el recurso de apelación.

33. En efecto, el numeral 1° del artículo 243 de la Ley 1437 de 18 de enero de
201115 señala lo siguiente:

“[…] Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los
siguientes autos proferidos en la misma instancia:

1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o
parcialmente el mandamiento ejecutivo […]”.

34. A su vez, el numeral 3° del artículo 244 ibidem, señala:

“[…] Trámite del recurso de apelación contra autos. La interposición y decisión
del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:

[…] 3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y
sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la
reposición […]”.

35. La parte accionante afirmó que la Sección Tercera del Consejo de Estado
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de 11 de marzo
de 2026. No obstante, la Sala advierte que, al revisar el expediente del medio de

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
15
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02551-00
Accionantes: José Federico Murillo Escobar y otros

control de reparación directa que es objeto de esta acción constitucional, no se
evidencia la interposición de dicho recurso por la parte actora. Adicionalmente,
conforme al informe rendido por Sección Tercera de esta corporación, no existe
registro alguno de que se haya proferido decisión por parte de esa instancia
dentro del proceso identificado con el radicado núm. 25000-23-36-000-2025-00291-
00. En consecuencia, la afirmación de los accionantes carece de respaldo en los
elementos probatorios obrantes en el expediente.

36. Al respecto, la Corte Constitucional señaló en la sentencia SU-062 de 7 de junio
de 2018:

“[…] Tratándose de una acción contra providencias judiciales, la Corte ha
sostenido que es necesario que el accionante agote todos los recursos
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial para que la acción de tutela
cumpla con este requisito. En palabras de esta Corte, “el amparo constitucional
no resulta procedente cuando, a través de este medio, se pretende reabrir
etapas procesales que se encuentran debidamente cerradas porque no se
presentaron los recursos respectivos, ya sea por negligencia, descuido o
distracción de las partes”. […]”.

37. En virtud de lo expuesto, se considera que los accionantes disponían de otro
medio de defensa para la salvaguarda de los derechos fundamentales que
estiman vulnerados, por lo que la presente acción de tutela no cumple con el
requisito general de procedencia de subsidiariedad.

38. Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta lo pretendido por los accionantes,
la Sala declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
general de subsidiariedad, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
decisión. Además, no se encuentra probado un perjuicio irremediable.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y la Nación - Rama Judicial, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

13
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02551-00
Accionantes: José Federico Murillo Escobar y otros

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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