RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02553-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02553-00

Fecha
19 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02553-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo presentada por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil contra el Juzgado Tercero (3°) Administrativo de Barrancabermeja y el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02553-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-02553-001
Accionante : Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados : Tribunal Administrativo de Santander y otro2
Vinculados : Carlos Alberto Carvajal Herrera, Felipe Montes Rendón y Laura
Cristina Montoya Nieto
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial - nulidad y restablecimiento
del derecho contra acto que negó la liquidación y pago de
sumas económicas por sobresueldo como factor salarial,
controladores de tránsito aéreo
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de

tutela incoada por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (en
adelante, Aerocivil) contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado
Tercero (3°) Administrativo de Barrancabermeja, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de contradicción y defensa, y de
acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por la parte actora frente a las providencias judiciales objeto de censura; luego,
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, resolverá
lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

3. La Aerocivil, actuando a través de apoderado judicial, interpuso el presente
recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de contradicción y defensa, y de acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Juzgado Tercero (3°) Administrativo de Barrancabermeja.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02553-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

de Santander y el Juzgado Tercero (3°) Administrativo de Barrancabermeja.

4. Por consiguiente, la actora solicitó:

SEGUNDO: […] revocar la totalidad de los fallos adiado (31) de marzo de dos mil
veinticinco (2025) proferido por el Juzgado Tercero Administrativo De
Barrancabermeja y del (04) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) proferida por
el Tribunal Administrativo De Santander.
TERCERA: Ordenar Que cesen los efectos de las sentencias dictadas por las
tuteladas, por defecto sustantivo o material por la errónea interpretación del marco
jurídico y jurisprudencial que rigen las relaciones laborales con los organismos del
estado.
CUARTO: Ordenar a la Sección Segunda, del Consejo de Estado, proferir una nueva
sentencia en el proceso en referencia, en la cual se efectúe la interpretación correcta
de las leyes laborales en lo público, a la luz del marco normativo que rige la Ley 4 de
1992, el Decreto 691 del 29 de marzo de 1994, modificado por el Decreto 1158 de
1994 y los Decretos salariales de la AEROCIVIL y el artículo 228 de la Constitución
Política.

Hechos3

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la

accionante, se puede evidenciar que, los señores Carlos Alberto Carvajal Herrera,
Laura Cristina Montoya Nieto y Felipe Montes Rendón fueron vinculados, como
empleados públicos, a la Aerocivil; los dos primeros en los cargos de Controlador
de Tránsito Aéreo II - Código 51 Grado 06, y el último en el de Controlador de
Tránsito Aéreo I – Código 51 Grado 05.

6. Mediante el Decreto 136 de 1994, el Gobierno Nacional creó una contraprestación

mensual a favor de los controladores de tránsito aéreo pertenecientes al área de
Control de Tránsito Aéreo de la Aerocivil, que denominó sobresueldo. Aquella
equivale a un porcentaje de la asignación básica y busca reemplazar los recargos
nocturnos, festivos y dominicales, según lo establecido en los artículos 8 y 9.

7. Posteriormente, diferentes decretos salariales anuales4 mantuvieron esa
contraprestación e incluyeron como precisión que el sobresueldo sería «factor salarial
con los mismos efectos que los literales e) y f) del artículo 1º del Decreto 1158 de 1994».

8. El 10 de octubre de 2023, los señores Carvajal, Montoya y Montes elevaron una

petición ante la Aerocivil, mediante la cual pidieron que el sobresueldo fuera incluido

3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2, archivo 1.
4
Decreto 136 de 1994, Decreto 45 de 1995, Decreto 39 de 1996, Decreto 44 de 1997, Decreto 73 de 1998, Decreto 50 de
1999, Decreto 2750 de 2000, Decreto 1488 de 2001, Decreto 665 de 2002, Decreto 3544 de 2003, Decreto 4168 de 2004,
Decreto 932 de 2005, Decreto 379 de 2006, Decreto 608 de 2007, Decreto 651 de 2008, Decreto 716 de 2009, Decreto 1381
de 2010, Decreto 1036 de 2011, Decreto 867 de 2012, Decreto 1033 de 2013, Decreto 2158 de 2014, Decreto 1296 de 2015,
Decreto 239 de 2016, Decreto 1008 de 2017, Decreto 313 de 2018, Decreto 1026 de 2019, Decreto 313 de 2020, Decreto
967 de 2021, Decreto 461 de 2022 y Decreto 909 de 2023.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02553-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

para efectos de liquidar vacaciones, prima de vacaciones, bonificación de
recreación, prima de navidad, bonificación por servicios, bonificación semestral,
horas extra y recargos dominicales y festivos, y bonificación Aerocivil.

9. Mediante Oficio No. 2023291010031143 – Id. 1147742 del 17 de octubre de 2023,

la directora de Gestión Humana de la Aerocivil negó lo solicitado. En consecuencia,
los peticionarios presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la entidad. Como pretensiones principales,
solicitaron declarar la nulidad del Oficio, reconocer que el sobresueldo es de
naturaleza salarial, y condenar a la Aerocivil a liquidar y pagar la suma económica
dejada de percibir por la incidencia del sobresueldo como factor salarial en los
emolumentos enunciados, desde el 10 de octubre de 2020 y en adelante, mientras
lo continuaran percibiendo, con la respectiva indexación.

10. El conocimiento del asunto correspondió, en primera instancia, al Juzgado
Tercero (3°) Administrativo de Barrancabermeja (proceso con radicado No. 68081-
33-33-003-2023-00286-00), quien profirió sentencia anticipada el 31 de marzo de
2025. En la referida providencia, el a quo resolvió inaplicar en el caso concreto, por
vía de excepción de inconstitucionalidad, el inciso tercero del artículo 10 de los
Decretos 313 de 2020, 967 de 2021, 461 de 2022 y 909 de 2023 5, «en el entendido
que el sobresueldo que devengan los controladores de tránsito aéreo y supervisores de tránsito
Aéreo vinculados a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil constituye factor salarial
no sólo para liquidación de la seguridad social, sino para liquidar las prestaciones sociales, dado
que los citados decretos no la excluy[eron]».

11. Adicionalmente, declaró la nulidad del oficio que negó la inclusión del
sobresueldo como factor salarial y, a título de restablecimiento del derecho,
condenó a la Aerocivil a reconocer a los demandantes el sobresueldo como factor
salarial para la liquidación de las prestaciones sociales6, así como a reliquidar y
pagar el mayor valor resultante a partir de la fecha de ingreso de cada uno de ellos,
mientras se causaran.

12. Para arribar a dicha decisión, el Juzgado consideró que el sobresueldo creado

por el Decreto 136 de 1994 fue concebido como una contraprestación mensual para
los controladores de tránsito aéreo adscritos a la Aerocivil, equivalente a un

5
Que establecen que: “Este sobresueldo será factor salarial con los mismos efectos que los literales e) y f) del artículo 10
del Decreto 1158 de 1994”.
6
“[…] vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, bonificación semestral, prima de navidad,
bonificación de recreación, bonificación Aerocivil y demás”.
3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02553-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

porcentaje de la asignación básica según la categoría del aeropuerto donde prestan
sus servicios. Advirtió al respecto que «se contempló como contraprestación por los
servicios prestados, pagadero de manera mensual, lo que implica su habitualidad, y que
no es un reconocimiento monetario otorgado por mera [sic] liberalidad, sino que por su real
conformación consiste en una remuneración directa del servicio, o como textualmente se
estipula en los decretos que lo establecen, como una contraprestación directa al servicio
prestado por los controladores de tránsito aéreo, lo que convierte el referido sobresueldo
en un elemento constitutivo de salario».

13. Ahora, advirtió que el Decreto 136 de 1994 (artículo 9°) y los decretos salariales

anuales posteriores, particularmente los Decretos 313 de 2020, 967 de 2021, 461
de 2022 y 909 de 2023, previeron expresamente que el sobresueldo tendría los
mismos efectos dispuestos por los literales e) y f) del artículo 1° del Decreto 1158
de 1994, sin que en ninguna de tales disposiciones se hubiese excluido dicho
carácter para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales. Así, en
aplicación del principio in dubio pro operario, concluyó que las partes debían
disponer expresamente qué factores salariales no constituyen salario para efecto
del pago de las prestaciones sociales y, al no haberlo hecho, debía acogerse la
interpretación más favorable para el trabajador.

14. En otras palabras, el Juzgado estimó que la limitación contenida en los decretos

salariales restringía injustificadamente el carácter salarial del emolumento y
desconocía así lo dispuesto por los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990 y 17 de
la Ley 344 de 1996, razón por la cual procedía su inaplicación en el caso concreto.

15. En desacuerdo con la decisión, la Aerocivil presentó recurso de apelación en el

que sostuvo que la interpretación que hizo el Juzgado del concepto de salario fue
errada, pues, se apoyó en disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, propias
del régimen laboral entre particulares, pese a que los controladores de tránsito
aéreo no son trabajadores oficiales ni particulares, sino empleados públicos sujetos
a un régimen especial. En ese sentido, el operador judicial debió aplicar las normas
de derecho laboral público administrativo y ceñirse a lo que claramente establece
el Decreto 1158 de 1994 en cuanto a que el sobresueldo constituye factor
prestacional y base de cotización exclusivamente para el Sistema de Seguridad
Social.

4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02553-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

16. A su vez, argumentó que, si la pretensión de los demandantes consistía en

obtener la nulidad de los decretos salariales, el medio de control idóneo era el de
nulidad simple, y no el de nulidad y restablecimiento del derecho. Por último, expuso
que el juez administrativo debe ajustarse a la voluntad del legislador y a la evolución
normativa del sobresueldo (que no es factor salarial para la liquidación de todas las
prestaciones sociales).

17. En sentencia del 4 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander

confirmó la decisión del a quo. Para el efecto, expuso que los decretos salariales
no han establecido un límite de aplicación respecto del emolumento denominado
sobresueldo y tampoco han restringido su carácter salarial únicamente para efectos
de la cotización pensional.

18. En cuanto a la previsión del inciso tercero del artículo 10 de los referidos
decretos, según la cual el sobresueldo será factor salarial «con los mismos efectos que
los literales e) y f) del artículo 1 del Decreto 1158 de 1994» , el ad quem sostuvo que «tal
precisión no tiene la virtualidad de modificar la naturaleza del sobresueldo (salario), emolumento
que incluso disponen los mismos decretos reglamentarios, debe reconocerse de manera mensual
como retribución a la prestación del servicio de controlador de tráfico aéreo que desarrollan los aquí
demandantes».

19. A la luz de lo anterior, el Tribunal estimó que el acto administrativo demandado

era contrario a principios de rango constitucional (en particular, el artículo 53
superior) y postulados de la Ley 4ª de 1992. Así mismo, se apartó de los reparos
planteados por la Aerocivil en torno a la procedencia de la excepción de
inconstitucionalidad, pues, en virtud del artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, «en los
procesos tramitados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio,
inaplicar con efectos inter partes los actos administrativos que vulneren la Constitución y la Ley».

20. Finalmente, precisó que la sentencia de primera instancia no se fundamentó en

normas del Código Sustantivo del Trabajo, sino que utilizó los artículos 127 y 128
de dicho estatuto únicamente como criterios interpretativos y comparativos, en
armonía con los artículos 25 y 53 de la Constitución Política.

21. La entidad accionante expuso en su tutela que las providencias del 31 de marzo

de 2025 y del 4 de diciembre de 2025 incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico
y procedimental. En cuanto a la primera causal, la Aerocivil sostuvo que las
autoridades judiciales accionadas realizaron una interpretación arbitraria de la ley
5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02553-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

al inaplicar, por vía de excepción, el artículo 10 de los Decretos 313 de 2020, 967
de 2021, 461 de 2022 y 909 de 2023, sin fundamentación suficiente y «usurpando las
funciones que le corresponden exclusivamente al Legislativo» . En consecuencia, las
providencias condenaron a la Aerocivil a realizar unos pagos que no contempla la
ley y desconocieron que el Gobierno Nacional tiene la facultad legal y constitucional
para definir integralmente los regímenes salariales y prestacionales de los
empleados públicos, incluyendo la potestad de determinar qué conceptos
constituyen o no factor salarial.

22. Respecto del defecto fáctico, alegó que la decisión adoptada por los jueces de

instancia carece de sustento probatorio, en tanto se fundamentó en normas de
carácter laboral propias del régimen entre particulares y dejó de lado el
ordenamiento laboral público contenido en la Ley 4ª de 1992. Además, señaló que
la excepción de inconstitucionalidad aplicada al inciso tercero del artículo 10 de los
referidos decretos salariales no fue solicitada por los demandantes en la demanda,
por lo que los fallos no fueron congruentes frente a lo solicitado. Sostuvo, en
consecuencia, que las autoridades accionadas no verificaron con claridad la
naturaleza del sobresueldo ni los hechos que lo originaron, y se apartaron de la
literalidad de la norma, en contravía de los artículos 228 y 230 de la Constitución
Política.

23. Finalmente, en relación con el defecto procedimental, la accionante adujo que

los jueces de instancia profirieron sus decisiones con fundamento en normas
laborales del procedimiento ordinario laboral, ajenas al régimen contencioso
administrativo, con lo cual habrían usurpado funciones del legislativo y desconocido
los artículos 53, 228 y 230 de la Constitución Política.

24. La Aerocivil afirmó, además, que, de mantenerse las providencias censuradas

se configuraría un perjuicio irremediable, en tanto se le impusieron a la entidad
obligaciones económicas no previstas en la ley, y se abrió la puerta para que más
de 700 controladores de tránsito aéreo formulen reclamaciones análogas. Para
sustentar su postura, incluyó una lista de decisiones que configurarían un
precedente horizontal7.

7
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección "B", sentencia del 6 de junio de 2025, Rad. 08001-33-
33-004-2024-00111-01, demandante César Javier Buzón Vargas; Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección "F", sentencia del 5 de noviembre de 2025, Rad. 11001-33-35-020-2024-00171-01, demandante
Adelina Alicia Atencia Galvis; Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "C", sentencia del 5
de noviembre de 2025, Rad. 11001-33-35-022-2024-00126-01, demandante Claudia Victoria Rojas Palacio; Tribunal

6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02553-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

II. TRÁMITE PROCESAL

25. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 10

de abril de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión, (i) ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Santander y al Juzgado Tercero (3°)
Administrativo de Barrancabermeja, como parte accionada; y (ii) dispuso vincular a
los señores Carlos Alberto Carvajal Herrera, Felipe Montes Rendón y Laura Cristina
Montoya Nieto, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1. Contestaciones de la acción

26. 2.1.1. El Juzgado Tercero (3°) Administrativo de Barrancabermeja aportó

copia digital del expediente8 y alegó9 que la tutela carece de relevancia
constitucional.

27. 2.1.2. El Tribunal Administrativo de Santander y los señores Carlos Alberto
Carvajal Herrera, Felipe Montes Rendón y Laura Cristina Montoya Nieto guardaron
silencio, pese a que fueron debidamente notificados del presente proceso.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

28. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2. La acción

29. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada

por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F", sentencia del 5 de noviembre de 2025, Rad. 11001-33-
35-014-2024-00450-01, demandante Adriana Lizeth Mejía Villanueva; Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección "F", sentencia del 19 de noviembre de 2025, Rad. 11001-33-35-020-2023-00416-01, demandante
Carlos Iván Henao Hernández; Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F", sentencia del
27 de enero de 2026, Rad. 11001-33-35-015-2024-00130-01, demandante Didier Gildardo Porras Sánchez; Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, Despacho 006, sentencia del 23 de febrero de 2026, Rad.
08001-33-33-011-2024-00107-01, demandante Diuryc Hendreyc Márquez Herrera; y Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "E", sentencia del 6 de marzo de 2026, Rad. 11001-33-35-014-2024-00452-
01, demandante Harold Cárdenas Rojas.
8
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice10, archivo 10.
9
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 11, archivo 12.
7

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02553-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3. Cuestión previa

30. Si bien la parte accionante se refiere a la configuración de los defectos tanto en

la sentencia del 31 de marzo de 2025 como en la del 4 de diciembre de 2025, esta
Sala solo se referirá a la sentencia del ad quem, por ser contentiva tanto de los
argumentos del Tribunal Administrativo de Santander como del Juzgado Tercero
(3°) Administrativo de Barrancabermeja que sirvieron de fundamento para inaplicar
por excepción de inconstitucionalidad el inciso tercero del artículo 10 de los
Decretos 313 de 2020, 967 de 2021, 461 de 2022, 909 de 2023 y para acceder a
las pretensiones de los señores Carvajal, Montes y Montoya contra la accionante
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

3.4. Problema jurídico

31. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo del 4
de diciembre de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Santander
confirmó la providencia del 31 de marzo de 2025, en la que el Juzgado Tercero (3°)
Administrativo de Barrancabermeja accedió a las pretensiones formuladas en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por los señores
Carlos Alberto Carvajal Herrera, Felipe Montes Rendón y Laura Cristina Montoya
Nieto contra la Aerocivil (expediente 68081-33-33-003-2023-00286-00/01); y, en
caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, de
contradicción y defensa, y de acceso a la administración de justicia, invocadas en
la solicitud de amparo.

3.5. La acción de tutela contra providencias judiciales

32. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional10 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado11, es posible acudir

10
Sentencia C-590 de 2005.
11
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
8

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02553-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

33. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

34. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos

9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02553-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

3.6. Caso concreto

35. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio de la actora,
en la presunta configuración de los defectos sustantivo, fáctico y procedimental en
las providencias censuradas, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de contradicción y defensa, y
de acceso a la administración de justicia; (ii) contra la decisión objeto de censura
no procede recurso alguno, por tratarse de una sentencia de segunda instancia que
se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que la providencia quedó en firme el
13 de enero de 202612 y la solicitud de amparo se presentó el 6 de abril de 2026,
es decir, dentro de los seis meses siguientes; y (v) el fallo acusado no obedece a
uno de tutela.

36. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo, alegada por la
parte actora. La otra causal, relativa a que «la decisión tomada por los jueces de instancia
adolece de sustento probatorio alguno por haber proferido un fallo en donde toman como sustento
normas de carácter laboral entre privados, dejando por fuera el ordenamiento laboral público, el cual
está contenido en la Ley 4 de 1992», alegada bajo el libelo de «defecto fáctico», no contiene

un reproche probatorio, sino que en realidad encaja en el defecto sustantivo.

37. Ahora bien, constituye una carga de la actora agotar todos los medios ordinarios

y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y, en particular, haber alegado

12
Visible en el expediente electrónico del proceso 68081-33-33-003-2023-00286-01 en SAMAI, índice 16, según el cual se
notificó electrónicamente el 15 de diciembre de 2025. Por esa razón, la decisión se entiende notificada a los dos (2) días
siguientes, esto es, el 17 del mismo mes y año, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02553-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

dentro del proceso judicial la posible vulneración que ahora plantea, siempre que
ello hubiere sido posible. Este presupuesto no se cumple respecto de todos los
reproches formulados en la demanda de tutela, pues, algunos de ellos solo se
introducen ahora en sede de tutela.

38. La Sala contrastó el contenido del recurso de apelación del 14 de mayo de 2024

con los cargos que ahora se incluyen en la solicitud de amparo, y a partir de ese
ejercicio, advirtió que no se alegaron previamente los siguientes cargos: (i) la
indebida aplicación de la excepción de inconstitucionalidad respecto del inciso
tercero del artículo 10 de los Decretos 313 de 2020, 967 de 2021, 461 de 2022 y
909 de 2023, (ii) el desconocimiento del precedente contenido en la sentencia de
unificación con radicado 05001-33-33-000-2013-01009-01 (2263-2018), proferida
el 12 de mayo de 2022, esto es, con anterioridad al recurso de apelación, de modo
que pudo invocarse en esa oportunidad, y (iii) el defecto procedimental fundado en
la presunta aplicación de normas propias del proceso ordinario laboral.

39. Por las anteriores razones, la Sala se abstendrá de pronunciarse de fondo sobre

estos argumentos, al no haberse satisfecho el requisito de subsidiaridad, sin que
ello impida analizar los demás cargos que sí fueron previamente alegados en sede
ordinaria.

3.6.1. Defecto sustantivo

40. Sea lo primero precisar que, el artículo 230 de la Constitución Política prevé que

los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

41. La jurisprudencia constitucional13 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que:

13
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02553-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice
o lesione la efectividad de los derechos constitucionales 14.

42. Ahora bien, el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como

causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se
trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo
241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia15, y la segunda hace referencia a cuando la
autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin
justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un
defecto sustantivo16 en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena
fe17.

43. En este punto, se resalta que, si bien la Aerocivil indicó que el Tribunal
Administrativo de Santander ha dictado pronunciamientos en los cuales acoge la
postura que ahora trae a colación, esa explicación carece de carga argumentativa,
pues, no expone si los casos guardan relación con el asunto. En otras palabras, no
expuso si aquellos tienen identidad de hechos y causa, ni cuál es la ratio decidendi
desconocida, que pudieran dar cuenta de la existencia de un precedente horizontal.

44. En el sub lite, la accionante considera que el Tribunal Administrativo de
Santander incurrió en este tipo de defecto, por lo siguiente:

En este punto vemos que se toma como base para proferir un fallo normatividades de
otras jurisdicciones la[s] cuales no serían las de un juez acucioso deba estudiar,
entendiendo que las relaciones laborales entre el estado y sus funcionarios están
regladas en la Ley 4 de 1992, el Decreto 691 del 29 de marzo de 1994, modificado
por el Decreto 1158 de 1994 y los Decretos salariales de la AEROCIVIL.

14
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
15
Sentencia T-360 de 2014: “[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando:
(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii)
se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto
que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
16
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
17
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02553-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

NO es difícil fallar el presente caso si no nos salimos de estas leyes y de la
competencia que tiene el legislativo, por tal razón, el citar normas de diferentes
jurisdicciones no tendría sentido alguno cuando tenemos leyes propias.

[…] Se advierte que tanto el Ad Quem como el Ad Quo soportaron sus decisiones a
partir de conclusiones subjetivas, esto se deduce a partir de la lectura de los fallos,
entendiendo que le dieron alcance a normas que no se aplican en lo contencioso
administrativo y a las que si se aplican le dieron un alcance diferente al espíritu de
esas normas y la facultad que tienen los poderes públicos, situación definida en
diferentes fallos de Tutela, dentro de las cuales encontramos:

“Cuando se decide con base en normas inexistentes, inconstitucionales o claramente
inaplicables al caso concreto, o cuando se presenta una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.”

Para nuestro caso el defecto sustantivo se presenta porque tanto el Juzgado Tercero
Administrativo De Barrancabermeja como El Tribunal Administrativo De Santander
realizaron una interpretación arbitraria de la ley al inaplicar por vía excepción el
artículo 10 de los Decretos 313 de 2020, 967 de 2021, 461 de 2022, 909 de 2023 sin
fundamentación alguna y usurpando las funciones que le corresponden
exclusivamente al Legislativo, dejando de lado el cumplimiento de la tarifa legal de
las normas salariales en materia de lo contencioso administrativo, de esta manera,
las decisiones judiciales inaplicaron la norma en comento, violando el artículo 228 de
nuestra CP, toda vez que se le condena a la AEROCIVIL a realizar unos pagos que
no están contemplados en la Ley ni tampoco fueron creados por el Legislador como
lo sustentaron los hoy tutelados ni tampoco se crearon bajo la concepción de la
interpretación de los juzgadores, amparándose en la tesis infundada y de errónea
interpretación que hizo la parte demandante, la cual en su tesis le hace un cambio de
redacción e interpretación de cómo se debe liquidar una contraprestación económica
de los decretos salariales que perciben los demandantes dentro del proceso de la
referencia.

45. Al respecto, el Tribunal atacado señaló que «[…] la parte demandada realiza una
interpretación errónea de la providencia de primera instancia, pues en ningún momento las
decisiones allí adoptadas se fundamentaron en normas del Código Sustantivo del Trabajo. En dicho
pronunciamiento únicamente se mencionaron los artículos 127 y 128 del citado código como criterios
interpretativos y comparativos, bajo el entendido de que estos postulados también derivan de los
principios constitucionales consagrados en los artículos 25 y 53 de la Constitución Política». A su

vez, agregó que:

Y si bien, en el artículo 10 de los mencionados decretos se establece que “el
sobresueldo será factor salarial con los mismos efectos que los literales e) y f) del
artículo 1 del Decreto 1158 de 1994”, tal precisión no tiene la virtualidad de modificar
la naturaleza del sobresueldo (salario), emolumento que incluso disponen los mismos
decretos reglamentarios, debe reconocerse de manera mensual como retribución a
la prestación del servicio de controlador de tráfico aéreo que desarrollan los aquí
demandantes, ello según se certificó por parte de su empleador.

Así, considera la Sala que el acto administrativo demandado, además de generar
graves repercusiones y desmedro de carácter económico al régimen prestacional de
la parte demandante, contradice principios y postulados de rango constitucional,
como los contenidos en el artículo 53°; además de los incorporados en la Ley 4ª de
1992- ley marco sobre el sistema y criterio de la estructura salarial de la función
pública., encontrando de esta manera que le asiste razón al Juez de Primera Instancia
en sus conclusiones, ello al ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales con
inclusión del sobresueldo como factor salarial.

13

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02553-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

46. Así, la actora estima que los jueces naturales consideraron, erradamente, que
resultaba procedente que el sobresueldo percibido por los señores Carlos Alberto
Carvajal Herrera, Felipe Montes Rendón y Laura Cristina Montoya Nieto fuera
tenido en cuenta para la cuantificación y pago de prestaciones sociales, además de
ser base para el cálculo de los aportes al sistema de seguridad social, toda vez que,
según afirman las autoridades censuradas, conforme a los artículos 127 y 128 del
Código Sustantivo del Trabajo, se imponía adoptar una interpretación más
favorable al trabajador, del artículo 10 de los Decretos 313 de 2020, 967 de 2021,
461 de 2022, 909 de 2023.

47. Para establecer si le asiste razón a la actora, es necesario precisar que la
inconformidad sustantiva radica en la indebida interpretación de los decretos
anuales emitidos por el Gobierno nacional que fijan la escala de asignación básica
para los empleados de la Aerocivil, así como en la presunta aplicación al asunto de
normas propias del régimen laboral entre particulares. En ese sentido, conviene
revisar el contenido material de la providencia censurada y la justificación que sirvió
de soporte a la conclusión del Tribunal Administrativo de Santander sobre la
naturaleza salarial del sobresueldo.

48. De conformidad con el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución

Política, a través de las leyes marco, el Gobierno nacional cuenta con la
competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos
vinculados a las entidades del sector central y descentralizado por servicios de la
Rama Ejecutiva, lo que comprende fijar la remuneración de los controladores
aéreos de la Aerocivil, con la facultad para determinar qué es y qué no es factor
salarial con fines prestacionales.

49. Con el Decreto 2750 del 2000 se estableció «que el sobresueldo será factor salarial
con los mismos efectos que los literales e) y f) del artículo 1 del Decreto 1158 de 1994», y si nos

remitimos a la norma ahí mencionada, aquella establece que «El salario mensual base
para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos
incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores […] e) La remuneración por
trabajo dominical o festivo; f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada nocturna […]». Es decir que la norma a la que se remite establece

que el sobresueldo servirá como base de cotización para el Sistema General de
Pensiones de los servidores públicos. Dicha disposición fue retomada por el artículo
10 de los Decretos 313 de 2020, 967 de 2021, 461 de 2022 y 909 de 2023.
14

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02553-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

50. Ahora bien, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Santander, para

confirmar la decisión de primera instancia, partió de los actos administrativos que
regulan la materia. Resaltó entonces que los decretos salariales anuales (que
recogen lo previsto desde el Decreto 136 de 1994) establecen que el sobresueldo
es una contraprestación mensual a favor de los controladores y supervisores de
tránsito aéreo, equivalente a un porcentaje de la asignación básica según la
categoría del aeropuerto en el cual prestan sus servicios.

51. A partir de ese marco, la autoridad judicial accionada se remitió al concepto

material de salario, para lo cual retomó pronunciamientos de la Corte
Constitucional18 y la Sección Segunda del Consejo de Estado19, según los cuales
el salario está constituido no solo por la remuneración ordinaria, fija o variable, sino
por todo lo que el servidor recibe en dinero o en especie como contraprestación
directa y onerosa del servicio, que ingresa real y efectivamente a su patrimonio.
Igualmente, citó el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, según el cual constituyen
salario, además de la asignación básica, «todas las sumas que habitual y periódicamente
recibe el empleado como retribución por sus servicios».

52. Con base en lo anterior, el Tribunal estimó que el sobresueldo, al pagarse
mensualmente, de manera habitual y periódica, y constituir una contraprestación
del servicio de los controladores de tránsito aéreo, «según se certificó por parte de su
empleador», reúne los elementos configurativos del salario. Por tal razón, concluyó

que la limitación prevista en el inciso tercero del artículo 10 de los Decretos 313 de
2020, 967 de 2021, 461 de 2022 y 909 de 2023, en cuanto restringe sus efectos a
los literales e) y f) del artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994, no podía aplicarse en
el caso concreto, por «generar graves repercusiones y desmedro de carácter económico al
régimen prestacional de la parte demandante, contradice principios y postulados de rango
constitucional, como los contenidos en el artículo 53°; además de los incorporados en la Ley 4ª de
1992- ley marco sobre el sistema y criterio de la estructura salarial de la función pública».

53. Sobre este punto, conviene precisar que, contrario a lo afirmado por la
accionante, el Tribunal Administrativo de Santander no fundamentó su decisión en
disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, ni se sirvió únicamente de las
normas del régimen laboral privado (particularmente los artículos 127 y 128 del
estatuto) para concluir que el sobresueldo, que opera en el régimen de derecho

18
Sentencia C-521 de 1995.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 54001-23-33-000-2014-00386-01.
15

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02553-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

laboral público para algunos trabajadores, constituye salario. La autoridad judicial
accionada se refirió a esas normas únicamente al pronunciarse sobre los
argumentos de la apelación que cuestionaban la fundamentación de la decisión de
primera instancia.

54. En efecto, el Tribunal aclaró que la sentencia del Juzgado «en ningún momento […]

se fundamentó […] en normas del Código Sustantivo del Trabajo» y que tales preceptos solo

habían sido invocados «como criterios interpretativos y comparativos, bajo el entendido de que
estos postulados también derivan de los principios constitucionales consagrados en los artículos 25
y 53 de la Constitución Política». Por el contrario, tanto el Juzgado como el Tribunal

llegaron a concluir sobre la naturaleza salarial del sobresueldo a partir de la
jurisprudencia constitucional y contenciosa antes relacionada.

55. En esa medida, lo que la Sala advierte es que el Tribunal Administrativo de

Santander construyó su interpretación a partir del marco normativo aplicable a los
empleados públicos (Ley 4ª de 1992, Decreto 1042 de 1978, Decreto 136 de 1994
y los decretos salariales anuales de la Aerocivil), e integró la jurisprudencia
constitucional y contencioso-administrativa sobre el concepto de salario, para
concluir que el sobresueldo, dadas sus características de habitualidad, periodicidad
y retribución directa del servicio, reúne los elementos materiales propios del salario.
En consecuencia, la Sala encuentra que la accionada ofreció una justificación
razonable de su interpretación del marco aplicable al asunto.

56. Finalmente, no se observa que se configure un perjuicio irremediable por el

hecho de que la providencia objeto de tutela haya impuesto una condena
económica a la Aerocivil. En efecto, la eventual afectación patrimonial de una
decisión judicial adversa no implica, por sí sola, la vulneración de derechos
fundamentales, ni habilita automáticamente la intervención del juez de tutela.
Además, las decisiones adoptadas en el marco de un proceso judicial producen
efectos respecto de las partes, de manera que no puede afirmarse, como lo
sostiene la accionante, que la decisión cuestionada extienda automáticamente sus
efectos a todos los controladores de tránsito de la entidad.

57. En ese orden, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Santander y

el Juzgado Tercero (3°) Administrativo de Barrancabermeja no incurrieron en un
defecto sustantivo en las providencias censuradas. Así, se advierte que los
argumentos expuestos por la actora no logran acreditar la configuración de un
16

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02553-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

defecto sustantivo y, por ende, no se vulneraron los derechos al debido proceso,
de contradicción y defensa, y de acceso a la administración de justicia.

58. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención, como ocurre en este caso.

IV. DECISIÓN

59. Por las razones expuestas, la Sala considera que, comoquiera que, en la acción

de tutela de la referencia, la actora no acreditó la configuración de los defectos
alegados en las providencias del 31 de marzo y 4 de diciembre de 2025, proferidas
por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo de Barrancabermeja y el Tribunal
Administrativo de Santander, es menester negar el amparo deprecado.

60. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo presentada por la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil contra el Juzgado Tercero (3°) Administrativo de
Barrancabermeja y el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito,
en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

17

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02553-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

18

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.