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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02557-00

Fecha
11 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02557-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

11 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02557-00 (3907)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: sobresueldo como factor salarial.
Subtema 3: defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil contra la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Catorce Administrativo de Bogotá.

1. Síntesis del caso

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, a través de apoderado,
presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que
consideró vulnerados con ocasión de las sentencias del 10 de junio de 2025 y el 12
de febrero de 2026, proferidas, respectivamente, dentro del expediente identificado
con el radicado núm. 11001-33-35-014-2024-00451-00/01.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02557-00 (3907)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y otro

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. La señora Ximena Cardoza Caballero fue vinculada a la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), mediante relación legal y reglamentaria,
desde el 21 de octubre de 1996, en el cargo de controladora de tránsito aéreo.

3. El 18 de julio de 2023, la señora Cardoza Caballero solicitó a la Aerocivil la
inclusión del sobresueldo como factor salarial.

4.
La Directora de Gestión Humana de la Aerocivil, mediante Oficio núm.
2023291010023115 Id-1094342 del 11 de agosto de 2023, negó la petición.

5. La señora Ximena Cardoza Caballero presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Aerocivil, con
el fin de obtener la nulidad del Oficio núm. 2023291010023115 Id-1094342 del 11
de agosto de 2023 y, en consecuencia, se declarara que el sobresueldo era factor
salarial para efectos de liquidar las horas extras, recargos, prestaciones sociales y
demás emolumentos que percibía.

6. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Catorce
Administrativo de Bogotá, que, por sentencia del 10 de junio de 2025, accedió a las
pretensiones de la demanda, al considerar que el sobresueldo remuneraba el
servicio prestado por los empleados de la Aeronáutica Civil que desempeñaban
funciones de controlador o supervisor de tránsito aéreo y, por tanto, constituía un
factor salarial a tenerse en cuenta para liquidar los demás emolumentos laborales
de la demandante.

7. La Aerocivil interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y, la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante sentencia del 12 de febrero de 2026, la confirmó.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental al debido proceso por conexidad a la
legitima defensa, derechos fundamentales vulnerados dentro del proceso y derecho
de contradicción.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y como dentro del plenario se profirió
una sentencia con sustento en normas de una jurisdicción diferente del contencioso
administrativo, revocar la totalidad de los fallos adiado (10) de junio de dos mil
veinticinco (2025) proferido por el Juzgado Catorce (14) Administrativo Del Circuito
de Bogotá Sección Segunda y del (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01248-00, índice 2, certificado B592637AACFCCFA1
4FD3884C4ED4EC34 474DBEB8A38EA9F3 0074FED2C7E4684E.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02557-00 (3907)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y otro

proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección “D”.
TERCERA: Ordenar que cesen los efectos de las sentencias dictadas por las
tuteladas, por defecto sustantivo o material por la errónea interpretación del marco
jurídico y jurisprudencial que rigen las relaciones laborales con los organismos del
Estado.
CUARTO: Ordenar a la Sección Segunda, del Consejo de Estado, proferir una nueva
sentencia en el proceso en referencia, en la cual se efectúe la interpretación correcta
de las leyes laborales en lo público, a la luz del marco normativo que rige la Ley 4 de
1992, el Decreto 691 del 29 de marzo de 1994, modificado por el Decreto 1158 de
1994 y los Decretos salariales de la AEROCIVIL y el artículo 228 de la Constitución
Política 2.

9.
Como fundamento de sus pretensiones, la Aerocivil sostuvo que el Juzgado
Catorce Administrativo de Bogotá y la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo, en las sentencias del 10 de junio de 2025 y del 12 de febrero
de 2026, incurrieron en defecto sustantivo, fáctico y procedimental al declarar la
nulidad parcial del Oficio núm. 2023291010023115 Id-1094342 del 11 de agosto de
2023 y ordenar que el sobresueldo fuera considerado para la liquidación de otros
emolumentos laborales.

10.
Respecto del defecto sustantivo, afirmó que las autoridades judiciales
accionadas sustentaron sus decisiones en disposiciones del Código Sustantivo del
Trabajo y en jurisprudencia laboral aplicable a relaciones entre particulares, pese a
que el asunto correspondía al régimen salarial de empleados públicos, regulado por
la Ley 4 de 1992. A juicio de la parte actora, las providencias desconocieron que el
Gobierno nacional tiene competencia constitucional y legal para definir qué factores
son salario y cuáles no, de modo que los jueces, al otorgarle al sobresueldo efectos
salariales no previstos por el legislador, sustituyeron funciones propias del Congreso
y del ejecutivo.

11. Asimismo, adujo que las decisiones acusadas acudieron a criterios como la
habitualidad del pago, la primacía de la realidad y la interpretación favorable al
trabajador, propios del derecho laboral ordinario.

12. En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que las sentencias carecían de sustento
probatorio, toda vez que los jueces omitieron examinar integralmente el régimen
especial aplicable a los empleados públicos de la Aerocivil y no valoraron
adecuadamente el contenido de los decretos salariales que establecen
expresamente que el sobresueldo «será factor salarial con los mismos efectos que
los literales e) y f) del artículo 1.º del Decreto 1158 de 1994». Dijo que las
autoridades no acudieron previamente a la excepción de inconstitucionalidad para
inaplicar los decretos 313 de 2020, 967 de 2021, 461 de 2022 y 909 de 2023, pese
a que producían efectos jurídicos.

13. Agregó que las autoridades judiciales ignoraron precedentes del propio
Tribunal Administrativo de Cundinamarca3 y del Consejo de Estado en los que se

2 Se transcribe incluso con errores.
3 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F. Radicación núm: 11001-33-35-

014-2024-00451-01.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02557-00 (3907)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y otro

había precisado que el juez administrativo no puede modificar ni reinterpretar la
naturaleza salarial definida por el legislador o por el Gobierno nacional en ejercicio
de sus competencias constitucionales.

14. Frente al defecto procedimental, la Aerocivil argumentó que los jueces
accionados resolvieron el litigio con fundamento en reglas y criterios propios del
procedimiento ordinario laboral y no del contencioso-administrativo, lo que condujo,
a su juicio, a una decisión ultra y extra petita.

15. Finalmente, consideró que se configuró un perjuicio irremediable, porque las
providencias cuestionadas alterarían la forma de liquidación y pago del sobresueldo
de los controladores de esa entidad, generarían inseguridad jurídica y darían lugar
al reconocimiento de pagos que, a su juicio, no están previstos en el ordenamiento
jurídico. Destacó que las decisiones podrían extender sus efectos a más de
setecientas personas que tienen dicho cargo, lo cual implicaría un impacto
económico significativo para la entidad.

2.3. Trámite procesal

16. El despacho ponente, mediante auto del 9 de abril de 20264, admitió la
demanda contra la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca. Adicionalmente, vinculó en calidad de terceros con interés, al
Juzgado Catorce Administrativo de Bogotá y a la señora Ximena Cardoza Caballero.

2.4. Intervenciones

17. El Juzgado Catorce Administrativo de Bogotá5 pidió que se declarara
improcedente la acción de tutela, al considerar que la Aerocivil pretende utilizar este
mecanismo como una tercera instancia para reabrir el debate jurídico ya agotado
dentro del medio de control, sin acreditar la vulneración de derechos fundamentales.
Refirió que la sentencia cuestionada estuvo debidamente motivada, fundada en las
pruebas obrantes en el expediente y en una interpretación razonable del
ordenamiento jurídico. Añadió que en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
no existe una posición jurisprudencial pacífica en relación a si el sobresueldo
constituye o no un factor salarial.

18. La señora Ximena Cardoza Caballero6 pidió declarar improcedente la solicitud
de amparo por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, en tanto la
controversia planteada por la parte actora se limitó a cuestionar la interpretación
que los jueces de instancia realizaron sobre la naturaleza del sobresueldo dentro
del régimen salarial aplicable a los controladores de tránsito aéreo. En
consecuencia, manifestó que lo que se evidencia es la inconformidad del accionante
con el sentido de la decisión, lo cual no resultaba suficiente para habilitar el control
constitucional.

Tribunal Administrativo De Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “F” Bogotá cinco (5) de noviembre
de dos mil veinticinco (2025), Radicado 11001-33-35-0202024-00171-01
4 Samai, índice 5.
5 Samai, índice 10.
6 Samai, índice 19.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02557-00 (3907)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y otro

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
guardó silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil contra la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

3.2. Legitimación en la causa

21. La legitimación en la causa por activa de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil está acreditada, porque actuó como demandada en el proceso en
el que fueron expedidas las providencias que, a su juicio, desconocieron sus
derechos fundamentales.

22. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Catorce Administrativo de Bogotá y la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debido a que fueron las autoridades que
profirieron las sentencias objeto de tutela.

3.3. Cuestiones preliminares

23. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Catorce Administrativo de
Bogotá y la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de la parte
actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a las dos
decisiones cuestionadas.

24. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 12 de febrero de 2026 por la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que dicha
decisión fue la que resolvió de manera definitiva la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en la que se condenó a la Aerocivil.

25. Por otro lado, la Sala advierte que la Aerocivil argumentó que la providencia
judicial acusada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y procedimental, así
como en desconocimiento del precedente judicial. Sin embargo, los argumentos se
circunscriben a cuestionar que en la decisión se aplicaron normas propias del
proceso ordinario laboral, omitieron aquellas aplicables al caso de empleados
públicos y no tuvieron en cuenta jurisprudencia del mismo tribunal accionado y del
Consejo de Estado.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02557-00 (3907)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y otro

26. Por tal razón, como los cargos del tutelante solo controvierten la interpretación
normativa y el desconocimiento de la jurisprudencia la Sala analizará la posible
configuración de los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente
judicial.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

27. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 7 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de
este mecanismo constitucional8.

28. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

29. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales9 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

30. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
10 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02557-00 (3907)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y otro

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

31. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional11 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

32. Así pues, la Corte Constitucional12 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

33. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

34.
También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

35. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia objeto de reparos, proferida el 12 de febrero de 2026 por la Subsección
D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fue
notificada el 19 de febrero de 202613 y, por su parte, la demanda de tutela se

11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13 Samai, proceso núm. 11001-33-35-014-2024-00451-01, índice 15.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02557-00 (3907)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y otro

presentó el 6 de abril de 202614, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto
por la jurisprudencia constitucional15 y del Consejo de Estado16 como razonable.

36. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

37. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

38.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo, y
desconocimiento del precedente judicial. En ese orden, continuará con el análisis
de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

39. En los términos de la acción de tutela le corresponde a la Sala determinar si
¿La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia al proferir la sentencia del 12 de febrero de 2026,
mediante la cual confirmó la decisión que accedió a las pretensiones de declarar
que el sobresueldo es factor salarial para la liquidación de las prestaciones a las
que tiene derecho un controlador de tránsito aéreo?

40. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados;
y ii) el caso concreto.

3.5.1. El defecto sustantivo

41. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado17.

42. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta
que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son

14 Samai, índice 1.
15 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
17 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02557-00 (3907)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y otro

autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

43. La Corte Constitucional se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]18.

44. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía
de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

45.
Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).19

3.5.2. El desconocimiento del precedente judicial

46.
El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas20.

18 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.

20 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar”
la vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento
en estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la
misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para
valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse
de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el
precedente horizontal».
9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02557-00 (3907)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y otro

47. Al respecto, la Corte Constitucional21 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados
y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales22.

48. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia23.

49. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano
que los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar
si él mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»24.

50. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una

21 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.

22 Se transcribe incluso con errores.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
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violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela25.

51. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que
las decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior
de un tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el
marco de la función judicial, pues se trata de una sola corporación26.

52. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela
ante la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

3.6. Caso concreto

53. En el caso bajo estudio, la señora Ximena Cardoza Caballero presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Aerocivil, con la pretensión de obtener la nulidad del Oficio núm.
2023291010023115 Id-1094342 del 11 de agosto de 2023, mediante el cual la
entidad negó la inclusión del sobresueldo devengado como controladora de tránsito
aéreo para la liquidación de los emolumentos laborales. En primera instancia, el
Juzgado Catorce Administrativo de Bogotá accedió a las pretensiones mediante
sentencia del 10 de junio de 2025.

54. Apelada la anterior decisión, la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 12 de febrero de
2026, en la que confirmó la decisión del juzgado.

55. Ahora bien, la parte accionante argumentó que la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en defecto
sustantivo, porque fundamentó su decisión en criterios propios del régimen laboral
privado y realizó una interpretación indebida de los decretos salariales aplicables a
los empleados públicos de la Aerocivil. En particular, sostuvo que las autoridades
judiciales desconocieron que el sobresueldo únicamente produce efectos para la
base de cotización prevista en los literales e) y f) del artículo 1.º del Decreto 1158
de 1994, sin que pueda extenderse a la liquidación de otros factores salariales y

25 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del
precedente horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y
suficiencia. El primero exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares
(es decir, que reconozca expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un
precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a
la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial
o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para
resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el
derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores
judiciales.»
26 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.

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prestacionales. Asimismo, alegó que desconoció el precedente judicial de esa
misma corporación y del Consejo de Estado.

56. Pues bien, en la sentencia del 12 de febrero de 2026, la autoridad judicial
accionada estudió el régimen del sobresueldo de los controladores aéreos y, para
ello, partió justamente de los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la
Constitución Política y de la Ley 4 de 1992, en cuanto atribuyen al Congreso y al
Gobierno nacional la regulación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos. Luego analizó el Decreto 136 de 1994, que creó el sobresueldo como una
contraprestación mensual para controladores y supervisores de tránsito aéreo,
equivalente a un porcentaje de la asignación básica según la categoría del
aeropuerto.

57.
En ese análisis, el Tribunal indicó que el artículo 9 del Decreto 1033 de 2013
dispuso que el sobresueldo remunera el volumen de operación de control de tráfico
aéreo, cubre y reemplaza los recargos causados por jornadas ordinarias nocturnas
y mixtas dentro de una jornada promedio de 156 horas mensuales, y previó que los
dominicales y festivos se remunerarían conforme a las normas vigentes. También
advirtió que dicha norma calificó el sobresueldo como factor salarial con los efectos
de los literales e) y f) del artículo 1.º del Decreto 1158 de 1994. Precisó que desde
esa anualidad (2013) hasta el Decreto 614 de 2025, los decretos anuales
mantuvieron dicho emolumento en los mismos términos.

58. Por otro lado, la autoridad judicial se refirió al concepto de salario a partir de
los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, el Convenio 95 de la OIT y los
artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Además, citó jurisprudencia
de la Corte Constitucional, entre otras, las sentencias C-521 de 1995 y C-710 de
1996, para resaltar que el salario comprende aquello que recibe el trabajador como
contraprestación directa del servicio, sin que la denominación formal del pago sea
determinante.

59. También acudió a jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado27 sobre la definición de salario en el sector público, en particular, refirió que
ha diferenciado entre sueldo y salario, entendiendo este último como una noción
amplia que comprende las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado
como retribución por sus servicios, tales como primas, sobresueldos,
bonificaciones, gastos de representación, etc. Igualmente, citó decisiones28 en las
cuales esta corporación precisó que, cuando la ley toma el salario como unidad de
medida, todo pago con propósito retributivo, ingreso personal y habitualidad tiene
naturaleza salarial.

27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero Ponente: César

Palomino Cortés. Bogotá D.C., nueve (9) de febrero dos mil diecisiete (2017). Radicado:
25000234200020130154101 (4683-2013)
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero ponente: Martha

Teresa Briceño de Valencia, Bogotá D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016), Radicación
número: 76001-23-31-000-2011-01867-01(21519).
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011). Radicación número: 50001-23-31-000-2006- 00945-01(1854-
09).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B , Consejero
ponente: César Palomino Cortés, Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciocho (2018),
Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00167-00(0580-11)
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60. Luego, el Tribunal se refirió al principio de progresividad y no regresividad de
los derechos sociales, económicos y culturales, con apoyo en la jurisprudencia
constitucional. A partir de ese criterio, adoptó la postura según la cual constituye
salario toda retribución directa, mensual, ordinaria, constante y periódica que recibe
el trabajador por su servicio, pues entenderlo de otra manera, consideró, podría
afectar el derecho al trabajo, la remuneración mínima vital y los principios laborales.

61. En el caso concreto, el Tribunal concluyó que el sobresueldo percibido por la
señora Cardoza Caballero constituía una retribución directa del servicio prestado
como controladora de tránsito aéreo, creada para sustituir los recargos derivados
de jornadas ordinarias nocturnas o mixtas y pagada mensualmente. Con base en
ello, determinó que reunía los elementos para ser considerado salario, pues era
percibido de manera habitual, periódica y como retribución directa por sus servicios.

62. Para reforzar lo anterior, acudió al artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, que
define como factores salariales todas aquellas sumas que, además de la asignación
básica, el trabajador «recibe de forma habitual y periódica como retribución por sus
servicios».

63. Así, el Tribunal estimó que, aunque a partir del Decreto 1033 de 2013 se
estableció que el sobresueldo sería factor salarial con los efectos de los literales e)
y f) del artículo 1.º del Decreto 1158 de 1994, privarlo de la naturaleza salarial para
liquidar las demás prestaciones sociales desconocía el artículo 53 de la Constitución
Política. En los siguientes términos lo expuso:

Es cierto que, a partir del Decreto 1033 de 2013, se estableció que el sobresueldo
constituye factor salarial exclusivamente para el cálculo de la cotización al Sistema
General de Pensiones. Sin embargo, también se evidencia que este emolumento
reúne los elementos necesarios para ser considerado salario, en la medida en que se
percibe de manera habitual, periódica y como retribución directa del servicio.
[…]
En consecuencia, si el sobresueldo remunera directamente la labor desempeñada por
los controladores y supervisores aéreos, sustituyó los recargos nocturnos o mixtos —
que son factores salariales— y se paga de manera regular y habitual, es posible
afirmar que posee una naturaleza salarial intrínseca. Así las cosas, se observa que
en el presente caso, el hecho de que los decretos anuales no incluyan expresamente
el sobresueldo como factor salarial, pese a cumplir con los requisitos legales para ser
considerado como tal, implica una vulneración del artículo 53 de la Constitución
Política. Dicho precepto consagra los principios rectores de las relaciones laborales,
entre los que se encuentran la primacía de la realidad sobre las formalidades, la
remuneración proporcional al trabajo realizado y la interpretación más favorable al
trabajador en caso de duda.

En este sentido, aunque es cierto que el Gobierno cuenta con potestad reglamentaria
para definir qué emolumentos tienen carácter salarial, y que en este caso únicamente
se otorgó tal calidad para efectos pensionales, también lo es que privar al sobresueldo
de su naturaleza salarial para la liquidación de las demás prestaciones sociales
constituye una contradicción evidente con el orden constitucional. Ello desconoce que
su pago obedece a la naturaleza misma de las funciones propias del control del
tránsito aéreo y que se percibe periódicamente, cumpliendo así con los elementos

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configurativos del salario, con las consecuencias legales que ello implica, entre ellas
el aumento en la liquidación de las prestaciones sociales.

64. La autoridad judicial precisó que el sobresueldo reemplaza únicamente los
recargos causados por jornadas ordinarias nocturnas o mixtas dentro de la jornada
promedio prevista para los controladores aéreos, de manera que los recargos
distintos a aquellos debían liquidarse conforme a las normas aplicables en la materia
y teniendo en cuenta el sobresueldo, en tanto constituía factor salarial.

65. A partir de lo anterior, la Sala encuentra que no se configuran el defecto
sustantivo ni el desconocimiento del precedente judicial alegados por la Aerocivil.
Como se expuso previamente, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca identificó y analizó el marco constitucional y legal
aplicable al régimen salarial de los empleados públicos, particularmente la Ley 4 de
1992, el Decreto 136 de 1994, el Decreto 1033 de 2013 y los decretos salariales
anuales expedidos para la Aerocivil. También acudió a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y de esta corporación sobre el concepto y alcance del salario.

66. En ese contexto, el hecho de que la autoridad judicial hubiera hecho referencia
a los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo y a decisiones proferidas
en materia laboral no implica, por sí mismo, la aplicación indebida del régimen
laboral privado a los empleados públicos. Tales referencias fueron empleadas para
reforzar la definición material de salario como retribución directa, habitual y periódica
del servicio, sin dejar de lado el régimen especial aplicable a los servidores de la
Aerocivil.

67. De igual manera, no se desconoció el precedente horizontal invocado por la
accionante respecto de otras subsecciones del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, pues dichas decisiones no resultaban vinculantes para la
Subsección D.

68. Tampoco se configura el desconocimiento del precedente del Consejo de
Estado, toda vez que la providencia de la Subsección A de la Sección Segunda, del
5 de mayo de 2022, invocada por la Aerocivil, no resolvió un asunto relacionado
específicamente con la naturaleza salarial del sobresueldo de los controladores de
tránsito aéreo ni definió el alcance de los derechos salariales analizados en la
sentencia cuestionada. Por el contrario, la autoridad judicial accionada, para
sustentar su decisión, tuvo en cuenta lo que ha dicho esta corporación sobre lo que
ha de entenderse como salario y los criterios para determinar cuándo un
emolumento tiene naturaleza salarial.

69. Ahora bien, aunque la Aerocivil cuestionó que el Tribunal no hubiera acudido
a la excepción de inconstitucionalidad para resolver la controversia, la Sala no
advierte que fuera necesario en el caso concreto, pues la sentencia cuestionada no
inaplicó formalmente los decretos salariales ni los excluyó del ordenamiento jurídico
por considerarlos incompatibles con la Constitución, sino que realizó una
interpretación sobre el alcance material del concepto de salario a partir de las
normas aplicables al asunto.

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70. Finalmente, la Sala no observa que se configure un perjuicio irremediable por
el hecho de que la providencia objeto de tutela impusiera una condena de contenido
económico a la Aerocivil. En efecto, la eventual afectación patrimonial de una
decisión judicial adversa no implica, por sí sola, la vulneración de derechos
fundamentales ni habilita automáticamente la intervención del juez de tutela.
Además, las decisiones adoptadas en el marco de un proceso judicial producen
efectos respecto de las partes, de manera que no puede afirmarse, como lo sostiene
la accionante, que la decisión cuestionada extienda automáticamente sus efectos a
todos los controladores de tránsito de la entidad.

71. En consecuencia, la autoridad accionada, en ejercicio de los principios de
autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una interpretación
razonable. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela no resultó
favorable a la parte tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus
garantías constitucionales.

72. Con todo, ante las divergencias interpretativas que puedan existir en punto a
la naturaleza salarial del sobresueldo que devengan los controladores de tránsito
aéreo, la parte actora, de estimarlo pertinente, puede acudir al mecanismo de
unificación de jurisprudencia previsto en el artículo 27129 del CPACA, con el fin de
que esta corporación fije una posición uniforme sobre la materia.

4. Conclusión

73. La providencia del 12 de febrero de 2026, dictada por la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto no se evidencia
en su contenido un análisis arbitrario, o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de
orden constitucional y legal, que constituya una irregularidad por los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, que exija la intervención del
juez de tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo invocada por la
accionante.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

29
Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar
jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación. Por razones
de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o
precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de
una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los
asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse de oficio; por
remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por
solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos
susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de
segunda instancia […].
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Accionante: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Accionados: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y otro

Falla:

Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil contra la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con las
consideraciones de esta decisión.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace.

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