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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02562-00

Fecha
15 de mayo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02562-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Ismenia Miranda Villarraga en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda-Subsección B, por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02562-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

15 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02562-00
Accionantes: Ismenia Miranda Villarraga

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02562-00
Accionantes: Ismenia Miranda Villarraga
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo.
Requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia
constitucional. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Ismenia Miranda Villarraga en
contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección
B.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Ismenia Miranda Villarraga, por conducto de apoderado judicial 1, interpuso acción
de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad 2, que
considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección B,

Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 26 de febrero de 2026, mediante la cual
dicha corporación revocó el fallo proferido el 25 de marzo de 2025 por el Juzgado
Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá y, en su lugar, accedió a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en lesividad
identificada con el radicado núm. 11001-33-42-047-2023-00180-00/01, que
interpuso Colpensiones en su contra, para que se dejaran sin efectos los actos que
le reconocieron la pensión de vejez.

1
Poder conferido al abogado Edgar Fernando Peña Angulo. Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado
895EFF2AB6E64F9B 497CC7EAE7443BC2 CEA5ECC860A5B854 B358D77761CECC9C, página 27.
2
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 895EFF2AB6E64F9B 497CC7EAE7443BC2
CEA5ECC860A5B854 B358D77761CECC9C, páginas 1 a 25.

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02562-00
Accionantes: Ismenia Miranda Villarraga

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. La Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal E.I.C.E. en liquidación, hoy
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), reconoció a la señora Ismenia
Miranda Villarraga una pensión mensual y vitalicia de vejez mediante la Resolución
No. 018270 del 31 de agosto de 2000, con efectos a partir del 15 de octubre de 1999,
en cuantía de $615.243, conforme a la Ley 33 de 1985.

2.2. Posteriormente, mediante Resolución No. 18012 del 11 de julio de 2002,
Cajanal reliquidó dicha prestación con efectos a partir del 1 de enero de 2001.

2.3. El 24 de julio de 2007, la señora Ismenia Miranda Villarraga solicitó ante el
Instituto de Seguros Sociales (ISS) el reconocimiento de una pensión de vejez. En
virtud de dicha solicitud, el ISS reconoció la pensión mediante la Resolución n.°
59849 del 13 de diciembre de 2007, en cuantía de $978.377, y dejó en suspenso su
inclusión en nómina hasta el retiro definitivo del servicio.

2.4. Mediante la Resolución No. 10425 del 12 de marzo de 2009, el ISS modificó la
decisión anterior e incluyó la prestación en nómina, con efectos a partir del 1 de
enero de 2009.

Los tiempos de servicio tenidos en cuenta por el ISS para el reconocimiento
pensional coincidían con aquellos previamente considerados por Cajanal. No
obstante, el ISS no tuvo en cuenta la existencia de la pensión reconocida por esta
última entidad.

2.5. Con fundamento en lo anterior, Colpensiones ordenó la apertura de una
investigación administrativa mediante Auto APSUB No. 1858 del 12 de julio de 2021,
al evidenciar una posible irregularidad en el reconocimiento pensional. Culminado el
trámite, dicha entidad revocó en su integridad las Resoluciones 59849 de 2007 y
10425 de 2009, a través de la Resolución SUB 227367 del 24 de agosto de 2022,
con fundamento en el auto de cierre n.° GPF-0866-22 del 8 de junio de 2022,
proferido dentro de la investigación administrativa especial n.° 662-21.

2.6. Posteriormente, mediante la Resolución SUB 41812 del 15 de febrero de 2023,
Colpensiones informó que el valor total pagado a la accionante por concepto de
mesadas pensionales ascendía a $275.043.860, correspondiente al período
comprendido entre el 1.º de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2022.

2.7. En consecuencia, Colpensiones promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, con
el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones 59849 de 2007 y 10425 de 2009.

2

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02562-00
Accionantes: Ismenia Miranda Villarraga

A título de restablecimiento del derecho, solicitó la devolución de lo pagado por
Colpensiones por concepto del reconocimiento y pago de una pensión de invalidez,
valorado en la suma $275.043.860, respecto del periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2009 al 31 de diciembre de 2022, conforme lo señaló la Resolución SUB
41812 de 15 de enero de 2023. Con la respectiva indexación de las sumas
reconocidas a favor de Colpensiones y el pago de intereses que hubiera lugar.

2.8. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta y Siete
Administrativo del Circuito de Bogotá bajo el radicado núm. 11001-33-42-047-2023-
00180-00, autoridad que, mediante sentencia del 25 de marzo de 2025, negó las
pretensiones de la demanda.

El juzgado consideró que no se configuraba una incompatibilidad pensional, en
tanto la prestación reconocida por Cajanal tuvo origen en los servicios prestados
como empleada pública en el Hospital Santa Clara, mientras que la reconocida por
el ISS obedeció a cotizaciones realizadas al sistema por el Hospital Universitario de
la Samaritana. En consecuencia, concluyó que, pese a tratarse de entidades
públicas, las prestaciones no compartían un mismo origen.

2.9. Inconformes con decisión Colpensiones interpuso recurso de apelación. El
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B,
mediante sentencia del 26 de febrero de 2026, revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda.

Para tal efecto, sostuvo que, conforme a la tesis jurisprudencial reciente del Consejo
de Estado, no resulta jurídicamente admisible el reconocimiento simultáneo de dos
pensiones que amparen el mismo riesgo, especialmente cuando ambas tienen
origen en vínculos de naturaleza pública.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

Como pretensiones la parte actora solicitó:

“1.- Solicito del señor Magistrado se conceda la presente acción constitucional
por vía de hecho por los defectos material sustantivo, fáctico y violación directa
a la Constitución.

2.- Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA en particular la sala precidida (sic)
por el Doctor LUIS GILBERTO ORTEGÓN decretar la nulidad de la providencia
judicial proferida y en su lugar se ordene la protección de los derechos
demandados, debiendo proferir nueva sentencia en la que de aplicación a lo
ordenado en la Ley 269 de 1996.

3.- Solicito del Honorable Magistrado, que, como medida cautelar, se ordene a
COLPENSIONES abstenerse de dar cumplimiento a la sentencia proferida (sic)
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA dentro del radicado
11001-33-42-047-2023-00180-01, Hasta tanto no se resuelva la presente
acción de tutela.

3

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02562-00
Accionantes: Ismenia Miranda Villarraga

4.- Solicito del Honorable Magistrado, se ordene la correspondiente notificación
a la accionada, para que haga valer sus derechos y se pronuncie sobre los
hechos de la presente acción de tutela”3.

Como fundamento a sus pretensiones señaló que la decisión cuestionada incurrió
en desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

Sostuvo que el tribunal accionado en sus consideraciones no mencionó la Ley 269
de 1996 que constituía una excepción a lo establecido en el artículo 128 de la
Constitución Política.

Por otra parte, indicó que la autoridad judicial no tuvo en cuenta lo expuesto en la
sentencia C-206 de 2003 emitida por la Corte Constitucional. Así como tampoco
consideró las sentencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado
el 12 de febrero de 2012 (Exp. 68001-23-15-000-2000-02516-01) y el 31 de octubre
de 2018 (Exp. 25000-23-42-000-2015-00753-01).

Adicionalmente, manifestó que el asunto revestía relevancia constitucional, por
cuanto el operador judicial desconoció la obligatoria aplicación de la Ley 269 de
1996.

4. Trámite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 6 de marzo de 20264 admitió la
acción de tutela; vinculó como terceros con interés al Juzgado Cuarenta y Siete
Administrativo del Circuito de Bogotá, a la Administradora Colombiana de
Pensiones-Colpensiones y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP; negó la
medida provisional solicitada, pidió a las autoridades judiciales accionadas que
aportaran el expediente objeto de amparo; ordenó la notificación a las partes y
suspendió los términos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda
Subsección B5, a través del magistrado ponente de la decisión cuestionada, solicitó
que se declarara la improcedencia de la acción por no superar los requisitos
generales de procedencia para la intervención del juez constitucional.

Afirmó que la parte actora no identificó un defecto específico, sino que simplemente
expresó su inconformidad con la interpretación del juez. Puso de presente que la
corporación concluyó que ambas pensiones percibidas por la actora tenían
naturaleza pública y se financiaban con recursos estatales, lo que configuraba la

3
Ibid.
4
Índice 00005 del aplicativo SAMAI, certificado BCCCF03588A673EF 4E719294C010F5E8
7E3FA87EEE77FD60 071F251E0A9D0A3D.
5
Índice 00013 del aplicativo SAMAI, certificado FBE659D14E996E05 57C3171E0BFA6723
07A22B7A3B457C0F E0BF0419DDC3E2B8.
4

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Accionantes: Ismenia Miranda Villarraga

prohibición del artículo 128 C.P. sobre la percepción simultánea de más de una
asignación del tesoro público.

Adicionalmente, manifestó que, a pesar de que, anteriormente se admitía la
compatibilidad pensional según el origen de los aportes, esta postura fue
reevaluada a partir de un pronunciamiento del Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección B del 31 de julio de 2025 (Exp. 66001-23-33-000-2021-00406-
01), que orientó el análisis hacia la sostenibilidad del gastó público y la finalidad del
sistema de seguridad social.

Finalmente, evidenció que cuando la señora Miranda Villarraga solicitó el
reconocimiento de la pensión de jubilación al Instituto de Seguros Sociales (hoy
Colpensiones) declaró no recibir otra pensión, pese a ya ser beneficiaria de una, por
lo que se determinó que se desdibujaba la buena fe de la accionante.

4.2. Colpensiones6 al oponerse al amparo, solicitó declarar la improcedencia de la
acción porque no se vulneró derecho alguno, así como tampoco se acreditaron los
requisitos establecidos en el artículo 6 del Decreto 2591.

Por último, depreco su desvinculación de la presente acción, por falta de
legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no era la entidad competente
para modificar la decisión judicial cuestionada.

4.3. El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá7 precisó
que la solicitud de amparo no se dirigía en su contra, razón por la cual su
intervención se limitaba a informar el trámite surtido al interior del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho. Por lo que advirtió que el referido medio de control
se tramitó conforme a las reglas aplicables, desde su admisión hasta su
culminación.

Puso de presente que, de acuerdo con lo manifestado por la accionante, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca emitió sentencia de segunda instancia el 26 de
febrero de 2026, mediante la cual se revocó la decisión de primer grado, sin
embargo, dicha providencia no había sido comunicada oficialmente a ese juzgado,
por lo que no se ha proferido el correspondiente auto de obedézcase y cúmplase.

4.4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP8 se opuso a las pretensiones de la
tutela y solicitó declarar su improcedencia porque (i) la decisión adoptada por la
autoridad judicial accionada se ajustó al ordenamiento jurídico y no incurrió en
defecto material o sustantivo; (ii) la acción de tutela no puede utilizarse como una

6
Índice 00015 del aplicativo SAMAI, certificado E64958C27C66EF70 6C4F8FED7CFC14EC
B6CA2B05D20F393D 515E924CAADCF9F3.
7
Índice 00016 del aplicativo SAMAI, certificado 468E91D22BCA0173 C24971E7CC5F53D3
F8C9E33F543143F5 AF47A787522819DF.
8
Índice 00017 del aplicativo SAMAI, certificado 65F3CADE0527FB15 E37B803A45F0D07C
A21FB350DFEBB23F D7571A152FC95E58.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02562-00
Accionantes: Ismenia Miranda Villarraga

“cuarta instancia” para controvertir decisiones adoptadas por el juez natural una vez
agotados los mecanismos ordinarios; (iii) no se vulneró el debido proceso, en la
medida en que durante el trámite judicial se garantizaron los derechos de defensa y
contradicción de la parte accionante; (iv) la inconformidad planteada corresponde a
una discrepancia frente a la decisión judicial, lo cual no configura la vulneración de
derechos fundamentales; y (v) existe cosa juzgada, que la parte actora pretende
desconocer mediante la interposición de acción constitucional, a pesar de que el
asunto ya fue resuelto por la autoridad judicial competente.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Ismenia Miranda Villarraga es la titular de las garantías constitucionales que afirma
fueron vulneradas, en su condición de demandante, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado núm. 11001-33-42-047-
2023-00180-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B fue la
autoridad que profirió la decisión que, según la tutelante, vulneró sus derechos
fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02562-00
Accionantes: Ismenia Miranda Villarraga

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 9 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 10 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 11.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional” 12.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos

9
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el
evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
11
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es,
cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto
material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y
la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo
condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de
sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
7

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02562-00
Accionantes: Ismenia Miranda Villarraga

fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 13.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como
criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que
el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y
generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y
fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el
control constitucional concreto14.

13
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
14
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
8

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02562-00
Accionantes: Ismenia Miranda Villarraga

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al analizar el escrito de tutela se advierte que la parte actora cuestiona que la
decisión emitida por el tribunal accionado no tuvo en cuenta lo expuesto en la
sentencia C-206 de 2003 emitida por la Corte Constitucional. Así como tampoco
consideró las sentencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado
el 12 de febrero de 2012 (Exp. 68001-23-15-000-2000-02516-01) y el 31 de octubre
de 2018 (Exp. 25000-23-42-000-2015-00753-01).

Sostuvo que el tribunal accionado en sus consideraciones no mencionó la Ley 269
de 1996 que constituía una excepción a lo establecido en el artículo 128
constitucional.

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la decisión cuestionada,
se advierte que, en la sentencia del 26 de febrero de 2026, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B, se arribó a las
siguientes conclusiones:

“Del análisis del acervo probatorio que guarda relación directa con el objeto de
la litis se tiene que:

a. La señora Ismenia Miranda Villarraga nació el 26 de junio de 1950;
b. Mediante Resolución N°018270 del 31 de agosto de 2000, la Caja de
Previsión Social, le reconoció y ordenó pagar a la señora Ismenia Miranda
Villarraga, una pensión por vejez, a partir del 15 de octubre de 1999, por su
labor como auxiliar de enfermería en el Hospital Santa Clara de Bogotá;
c. La señora Ismenia Miranda Villarraga, prestó los servicios al Hospital Santa
Clara, desde el 16 de octubre de 1979 hasta el 31 de diciembre de diciembre de
2000;
d. La señora Ismenia Miranda Villaraga ingresó como auxiliar de enfermería al
Hospital general Universitario de la Samaritana desde el 16 de junio de 1982
hasta el 3 de diciembre de 2008;
e. A través de la Resolución 0059849 del 13 de diciembre de 2007 el Instituto de
los Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones, reconoció una pensión de vejez, a favor de la señora Ismenia
Miranda Villarraga, teniendo en cuenta 1.341 semanas cotizadas con una tasa
de reemplazo del 75% de conformidad con la Ley 797 de 2003, en donde se
tuvo en cuenta el periodo de tiempo laborado ante el Hospital la Samaritana.

Así las cosas, teniendo en cuenta que tanto la pensión reconocida por el
entonces CAJANAL como la reconocida por el entonces ISS se financiaron con
recursos públicos, y ambas son subsidiadas por el Estado, en el presente caso
se puede ver que la demandada devenga estas dos pensiones de naturaleza
pública y en tal condición, se configura la prohibición establecida en el artículo
128 constitucional, en cuanto prohíbe percibir más de una asignación que
provenga del tesoro público.

En las pensiones reconocidas bajo este régimen de prima media con prestación
definida, no puede afirmarse que la pensión se financia estrictamente con sus
aportes y los patronales derivados de una relación laboral, sino que,
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0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02562-00
Accionantes: Ismenia Miranda Villarraga

ineludiblemente, se financia con recursos de subsidios del Estado, por la propia
naturaleza de la pensión, concebida así en el ordenamiento”15.

El tribunal indicó que en reciente pronunciamiento de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado del 31 de julio de 2025 (Exp. 66001-23 33-000-2021-
00406-01), al estudiarse el tema de la incompatibilidad de pensiones se estableció
que, aunque históricamente se ha considerado que la compatibilidad de pensiones
debe analizarse en función del origen de los aportes, ya sea público o privado, es
necesario replantear dicha interpretación y que el análisis debe centrarse en el
principio de racionalización del gasto público y la finalidad del sistema de seguridad
social, por tanto, consideró:

“Al respecto, es preciso recordar que esta Sala, actualmente, sostiene que no
es posible percibir dos pensiones que amparen el mismo riesgo, en este caso la
vejez, bajo el argumento que el sistema pensional se rige por principio de
solidaridad, el cual, impone la racionalización del gasto; máxime, teniendo en
consideración que las dos prestaciones pretenden proteger el mismo riesgo, a
saber, la vejez.

En ese sentido, ha sostenido que, el reconocimiento de dos pensiones que
cubran el mismo riesgo resulta incompatible, independientemente del origen de
los aportes, ya que, contraviene el propósito de evitar duplicidades en las
cargas al erario y asegurar la sostenibilidad fiscal. Esta interpretación se adecúa
con la regla que establece la incompatibilidad de prestaciones que amparen
idénticos riesgos bajo el Sistema General de Seguridad Social Integral”16.

Por lo que consideró que, en atención a la reciente tesis del Consejo de Estado no
resultaba compatible el reconocimiento de dos pensiones que cubran un mismo
riesgo, y menos en este caso en el cual, tanto el Hospital Santa Clara como el
Hospital Samaritana tienen naturaleza pública.

Adicionalmente, respecto a la devolución de lo pagado por parte de la señora
Miranda Villarraga, el tribunal expuso:

“Sobre el particular, debe indicarse que del análisis del acervo probatorio que
reposa en el plenario se tiene que la señora Ismenia Miranda Villarraga cuando
solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación al Instituto del Seguro
Social hoy Colpensiones, manifestó que no recibía ninguna pensión de otra
entidad o empleador.

Asimismo, mediante el auto de cierre número No. GPF - 0866-22. del 08 de
junio de 2022, proferido dentro de la investigación administrativa especial No.
662 21, se concluyó que el reconocimiento pensional a favor de la señora
Ismenia Miranda Villarraga, mediante las Resoluciones No. 59849 del 13 de
diciembre de 2007, y No. 10425 del 12 de marzo de 2009, emitidas por el
Instituto de Seguros Sociales - ISS, se otorgó bajo hechos que dan cuenta de un
fraude, pues se ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez
omitiendo indicar que para la fecha de solicitud de la prestación presentada ante

15
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 895EFF2AB6E64F9B 497CC7EAE7443BC2
CEA5ECC860A5B854 B358D77761CECC9C, páginas 77 a 102.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, consejero
ponente doctor Jorge Edison Portocarrero Banguera, Sentencia del 31 de julio de 2025, radicado: 66001-23 33-
000-2021-00406-01 (3795-2024).
10

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02562-00
Accionantes: Ismenia Miranda Villarraga

el Instituto del Seguro Social ya contaba con otro reconocimiento pensional
ordenado por parte de la Caja Nacional de Previsión Social, reconocimiento que
fue liquidado con las cotizaciones que sirvieron para el reconocimiento
pensional otorgado por el Instituto de Seguros Sociales – ISS.

Por lo expuesto, se accederá a la devolución de los dineros percibidos por la
demandada, por cuanto, se encuentra acreditado dentro del plenario que con su
omisión de informar que ya percibía otra pensión, llevó a yerros o equívocos a la
administración, aportando un documento falso; por tanto, esta Sala al encontrar
probado la mala fe de la accionada ordenará el reintegro de los dineros
recibidos por concepto de esta pensión

(…)

En ese orden, comoquiera que Colpensiones presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho (lesividad) el 30 de mayo de 2023, se declararan
prescritas las mesadas pensionales ocasionadas antes del 30 de mayo de
2020, esto es, 3 años antes de la presentación de la demanda.

En consecuencia, queda claro que la actuación de la parte demandada no se
rigió por el principio de la buena fe, y por ello procede la devolución de las
sumas que le han sido canceladas por concepto del reconocimiento
pensional”17.

5.3. Se advierte entonces que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección B explicó de manera suficiente que la señora Ismenia
Miranda Villarraga percibía dos pensiones de vejez reconocidas por CAJANAL y el
ISS, ambas financiadas con recursos públicos, circunstancia que, a juicio de dicha
autoridad judicial, configuraba la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política.

Con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado del 31 de julio de 2025,
concluyó que no era jurídicamente viable percibir simultáneamente dos pensiones
que amparen el mismo riesgo, con independencia del origen de los aportes
efectuados, en atención al principio de sostenibilidad fiscal. En consecuencia,
descartó la compatibilidad entre las prestaciones reconocidas.

Adicionalmente, estableció que la demandada actuó de mala fe al omitir informar
que ya era beneficiaria de una pensión al momento de solicitar el reconocimiento de
la segunda prestación, circunstancia que indujo en error a la administración y
configuró una actuación fraudulenta. Por tal razón, ordenó la devolución de las
sumas percibidas y declaró la prescripción de las mesadas causadas con
anterioridad al 30 de mayo de 2020.

Pues bien, los elementos expuestos en precedencia permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este asunto fue debidamente examinado por el
juez natural de la causa. Asimismo, no se advierte que la decisión cuestionada
hubiera sido adoptada de manera arbitraria, carente de sustento probatorio o
desprovista de análisis jurídico respecto de los hechos y de las normas aplicables al

17
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 895EFF2AB6E64F9B 497CC7EAE7443BC2
CEA5ECC860A5B854 B358D77761CECC9C, páginas 77 a 102.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02562-00
Accionantes: Ismenia Miranda Villarraga

caso concreto. Tampoco se evidencia la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora en el curso del proceso ordinario.

5.4. Ahora bien, lo que sí se observa es que la parte accionante omitió estructurar
sus reparos constitucionales, esto es, a partir de la identificación concreta de los
defectos que habilitan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Tal circunstancia evidencia que su inconformidad se
circunscribe a un debate de mera legalidad, sin que se haya desplegado un esfuerzo
argumentativo dirigido a demostrar la vulneración de derechos fundamentales.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se
requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración 18.

Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención
de lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera
vulnerados y eleve su argumentación a rango constitucional.

5.5. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, la Sala precisa que el
precedente19 se constituye en un pilar del Estado de Derecho, pues busca asegurar
la coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, a través de las decisiones
judiciales que sean razonablemente previsibles. Por su alcance, se constituye en
una herramienta de protección de los principios de la confianza legítima y la buena fe
al momento de resolver un caso sometido a su jurisdicción.

Adicionalmente, su origen radica en la autoridad judicial que lo crea, por lo que
existen dos clases de precedente a saber: el horizontal y el vertical. El primero,
comprende “aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el
mismo operador judicial”; mientras que el segundo, “se relaciona con los
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para
la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios
judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos
en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas,

18
Sentencia SU215 de 2022.
19
Sentencia SU 113/2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
12

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02562-00
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son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los
operadores judiciales inferiores”20.

Según lo expuesto, y de la revisión de la decisión mencionada en el escrito de tutela,
se advierte que se trata si bien se trata de un pronunciamiento judicial en el que se
abordó una situación similar a la de la tutela, este hecho por sí solo no permite
concluir que constituye precedente con fuerza vinculante y obligatoria de una
sentencia de unificación. Por tanto, no se puede atribuir que esta providencia
compone un precedente en el cual, el juez natural de la causa debió basar su
estudio, dado que, no existe una posición unificada frente al tema, por lo tanto,
prevalece el principio de autonomía judicial.

Aunado a que la accionante no tuvo en cuenta que la autoridad judicial cuestionada
citó jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, referente a la
incompatibilidad de recibir dos pensiones y no presentó reparo alguno sobre la
manera en que la interpretó, situación que hace que el cargo carezca de relevancia
constitucional en la medida en que no es del resorte del juez de tutela inmiscuirse en
asuntos que atañen a la autonomía del juez del proceso ordinario, porque esto
invadiría su órbita y propendería al mal uso de esta acción constitucional.

Sumado a lo anterior, la parte accionante no desarrolló un análisis metodológico y
comparativo que permitiera establecer la identidad jurídica del referido fallo, así
como la inaplicación de alguna regla de unificación y la decisión aquí cuestionada.

El respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas, sino
también la exposición clara y estructurada de los puntos de coincidencia entre los
casos analizados, con el fin de demostrar que el fallo objeto de censura se apartó
injustificadamente de la jurisprudencia aplicable. En este caso, la falta de un estudio
detallado de los elementos de similitud impidió verificar si existía o no una
contradicción con el precedente alegado. Por lo anterior, no se advirtió una carga
argumentativa suficiente que sustentara el cargo formulado, lo que imposibilita su
análisis de fondo en la presente decisión.

5.6. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada
está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de instancia, toda
vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco de
esta, sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental
invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del
juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de
autonomía judicial.

Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de

20
Ibid.
13

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02562-00
Accionantes: Ismenia Miranda Villarraga

los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada21, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario22.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela
por no superar el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Ismenia Miranda Villarraga en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Segunda-Subsección B, por no superar el requisito de relevancia
constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada Magistrado
SABF

21
SU-215 de 2022.
22
Ibid.
14

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