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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02573-01

Fecha
30 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02573-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Revocar la sentencia proferida el 30 de abril del 2026 por el Consejo de Estado, Sección Quinta. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Nikolas Rincón Martínez en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Cali. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02573-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

30 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02573-01
Demandante: Nikolas Rincón Martínez
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos / Defectos fácticos,
procedimental por exceso ritual manifiesto, sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial, ausencia de motivación
y violación directa de la Constitución Política

Decisión: Revocar la decisión de primera instancia y negar el amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por Nikolas Rincón Martínez, en contra
de la sentencia proferida el 30 de abril del 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Quinta mediante la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. Antecedentes
1.1. La solicitud1

1. Nikolas Rincón Martínez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad y a «la protección
judicial real y no meramente formal», los cuales consideró vulnerados con ocasión
de las sentencias proferidas el 12 de diciembre de 2025 y el 20 de marzo de 2026
por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente, dentro del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el radicado 76001-
33-33-004-2025-00014-02.

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «4ED_Demanda (.pdf) NroActua2».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02573-01
Demandante: Nikolas Rincón Martinez

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos presentó2 demanda contra el Distrito Especial de Santiago de Cali al
considerar vulnerados los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la
existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales, al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los
bienes de uso público, al acceso a una infraestructura de servicios que garanticen
la salubridad pública, y v) a la seguridad y la prevención de desastres previsibles
técnicamente. Como consecuencia de ello, solicitó que se ordenara la
pavimentación de la vía ubicada en «calle C oeste AVA 36-B 45, hasta el fondo calle
mocha con coordenadas 3º 28’ 0 0.5” N 76º33’18.0”W en la vereda de Campoalegre vía
Montebello en Cali».

2.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Cali en sentencia del
12 de diciembre de 2025 negó las pretensiones de la demanda al considerar que no
se identificó de manera clara, precisa y coherente el lugar donde presuntamente se
vulneraron los derechos colectivos, pues las inconsistencias en la direcciones y
coordenadas aportadas impedían ubicar el tramo vial objeto de controversia.
Asimismo, concluyó que con las pruebas allegadas no se acreditó una afectación
actual, grave o inminente de los derechos invocados.

2.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en providencia del 20 de marzo
del 2026 confirmó la decisión del a quo. En esencia, consideró que los elementos
de prueba obrantes en el expediente eran insuficientes para acreditar una
vulneración real a los derechos invocados. Al respecto dijo:

«Por tanto, no existe prueba que permita a esta Sala determinar que existe una actual e
inminente amenaza de los derechos colectivos invocados, pues en el plenario no se
allegó ni se solicitó pruebas para acreditarla, carga que, se reitera, estaba en cabeza de
la parte actora, quien, además, como se indicó en el fallo de primera instancia es
abogado y en sus diferentes escritos, indica que el juez popular era quien debía suplir
su ausencia de prueba». […]» [sic].

2.4. Las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales
al incurrir en defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio. En
particular, consideró que ambas decisiones se fundamentaron en un solo testimonio
técnico, pese a que este no negaba la existencia de la vía ni del riesgo alegado.

2.5. Asimismo, indicó que no se valoró el contexto propio de la zona rural para
identificar este tipo de ubicaciones rurales, las cuales suelen reconocerse mediante
referencias comunitarias, entre otros. Finalmente, argumentó que las diferencias en

2 Con la comunidad y vecinos de la vereda de Campoalegre.

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Demandante: Nikolas Rincón Martinez

la descripción de la ubicación de la vía no permitían concluir que esta no existiera
ni impedían verificar razonablemente su ubicación.

2.6. En defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al dar prevalencia a
exigencias formales relacionadas con la identificación exacta de la vía. En esencia,
argumentó que tanto el Juzgado como el Tribunal «transformaron una eventual
necesidad de precisión complementaria en barrera absoluta para el examen material del
riesgo colectivo. En lugar de esclarecer el objeto litigioso con medidas probatorias
razonables, optaron por cerrar el debate a partir de una lectura puramente formal de
coordenadas, nomenclaturas y diferencias métricas, con lo cual desnaturalizaron por
completo la acción popular».

2.7. En defecto sustantivo por cuanto interpretaron indebidamente el artículo 30 de
la Ley 472 de 1998, pues dicha disposición establece que, cuando el demandante
no pueda aportar determinadas pruebas por razones técnicas o económicas,
corresponde al juez impartir las órdenes necesarias para obtener los elementos
probatorios requeridos. Asimismo, por desconocer el contenido del artículo 2 de la
misma normatividad, según el cual, el medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos tiene como finalidad evitar un daño contingente y hacer cesar
el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses
colectivos. En ese sentido, sostuvo que al exigir un estándar de afectación actual,
grave o inminente resulta incompatible con la naturaleza del mecanismo y equivale
a que, en la práctica, se deba «pedir un daño consumado o acreditación técnica
exhaustiva».

2.8. En desconocimiento del precedente judicial3, que ha señalado que, en este
medio de control, se les exigía a los jueces realizar una lectura preventiva, sin
privilegiar el formalismo de este tipo de procesos. Además, concluyó que la
sentencia enjuiciada se citó jurisprudencia sobre carga de la prueba y el valor
probatorio de las fotografías, que aplicó de manera fragmentada. Además, ignoró
decisiones4 según las cuales el juez conserva los deberes y facultades de decretar
pruebas cuando el asunto involucra dificultades técnicas para obtener distintas
pruebas.

2.9. En ausencia de motivación por cuanto la providencia cuestionada del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca incurrió en una contradicción. Por una parte,
fundamentó su decisión en diferencias técnicas de ubicación y en la imposibilidad
de localización. Pero, por otra parte, afirmó que identificar con precisión el tramo
vial no requiere conocimientos especializados. Lo anterior, sin decretar pruebas de
oficio, pues trasladó íntegramente al demandante la carga de acreditar ese aspecto.

3 En el escrito de tutela, no se referencia ni se cita jurisprudencia constitucional ni contenciosa,

relacionada a las afirmaciones del demandante.
4 No se hace referencia alguna al precedente invocado.

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Demandante: Nikolas Rincón Martinez

2.10. En violación directa de la Constitución Política toda vez que se desconocieron
los artículos 86 y el 228, por cuanto no se privilegió el derecho sustancial sobre la
forma y más, tratándose de derechos fundamentales y colectivos.

1.2. Pretensiones

3. Como fundamento de la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. AMPARE mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva, igualdad, prevalencia del derecho
sustancial y protección judicial real.

2. DEJE SIN EFECCTOS la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca- Sala Mixta de Decisión, de fecha 20 de marzo de 2026, radicación 76001-33-
33-004-2025-00014-02.

3. DEJE SIN EFECTOS, en lo pertinente, la sentencia de primera instancia proferida el
12 de diciembre de 2025 por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cali,
dentro del radicado 76001-33-33-004-2024-00014-00, por haber servido de
fundamentado a la vulneración constitucional posteriormente confirmada.

4. ORDENE a la autoridad judicial competente que profiera una nueva decisión de
reemplazo, respetando los parámetros constitucionales fijados en el fallo de tutela en
especial:

4.1. Valorar integralmente el contexto rural y la naturaleza lineal del corredor vial ojeto
de litigio;
4.2. abstenerse de exigir un estándar de precisión cartográfica absoluta impropio de la
acción popular;
4.3. reconocer el carácter preventivo del mecanismo previsto en la ley 472 de 1998;
4.4. ejercer, de ser necesario, las facultades probatorias oficiosas indispensables para
esclarecer la localización de corredor y el riesgo colectivo denunciado;
4.5 abstenerse de trasladar al actor cargas técnicas institucionales que reposan
principalmente en la administración. […]» [sic].

1.3. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali5 si bien
allegó el expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.

5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca6 solicitó que se negara la
petición de amparo por cuanto la decisión cuestionada estuvo debidamente
motivada, pues a partir de la valoración probatoria, se concluyó que no se acreditó
la afectación a los derechos e intereses colectivos invocados.

5 Ver índice 10 de Samai de primera instancia. Archivo denominado
«12RECIBEPRUEBAS_Memorial_MEMORIALESNUEVOSSECG(.pdf) NroActua10».
6 Ver índice 12 de Samai de primera instancia. Archivo denominado
«16RECIBEPRUEBAS_Memorial_INFORMETUTELA2026025 (.pdf) NroActua 12».

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Demandante: Nikolas Rincón Martinez

6. En relación con la actividad probatoria indicó que solo se aportó una fotografía de
la cual no era posible establecer las condiciones modales en la que fue tomada.
Agregó que, si bien el juez puede ejercer facultades probatorias de oficio cuando el
demandante no está en condiciones de aportar pruebas por razones técnicas o
económicas, en este caso no se acreditaron esos supuestos. Por ultimo, sostuvo
que lo que se pretendía era reabrir un debate procesal que ya fue resuelto en ambas
instancias y que, en consecuencia, no se vulneró derecho fundamental alguno.

7. Los demás terceros con interés guardaron silencio.

1.4. Sentencia de primera instancia7

8. El Consejo de Estado, Sección Quinta en sentencia del 30 de abril del 2026
declaró improcedente la solicitud de amparo al no acreditar el requisito de relevancia
constitucional. En esencia, argumentó que no se cumplió con la carga
argumentativa mínima, necesaria y requerida para los casos de tutela contra
providencia judicial conforme a lo establecido en la sentencia de unificación SU-215
de 2022. En línea de lo anterior, concluyó que la verdadera intención de la solicitud
de tutela era que el juez constitucional desplace al juez natural del asunto, a efecto
de obtener la interpretación y valoración que más le parezca «correcta».

1.5. Escrito de impugnación8

9. Nikolas Rincón Martínez impugnó la decisión del a quo, para lo cual, además de
reiterar los argumentos expuestos en el escrito de tutela, precisó que, si se acreditó
el requisito general de la relevancia constitucional, por cuanto la solicitud de amparo
no fue promovida con el propósito de utilizarla como una instancia adicional, sino
para cuestionar una providencia judicial que convirtió la carga probatoria en una
barrera absoluta para la protección de los derechos colectivos.

2. Consideraciones

10. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

7 Ver índice 18 de Samai de primera instancia. Archivo denominado
«21Sentencia_20260257300NikolasRI (.pdf)NrtoActua18».
8 Ver índice 28 de Samai de primera instancia. Archivo denominado
«28RECIBEMEMORIAL_4IMPUGNACIONSENTENCIA(.pdf) NroActua 28».

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Demandante: Nikolas Rincón Martinez

2.1. Competencia

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20009 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201910, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Quinta.

2.2. Cuestión previa

12. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestionan las decisiones
proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se observa que los argumentos que
sustentan sus pretensiones son similares respecto de una y otra.

13. Por lo anterior y en atención a que la providencia del 12 de diciembre de 2025,
proferida en primera instancia fue apelada y que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca desató el recurso a través de la sentencia del 20 de marzo de 2026, al
confirmar lo resuelto por el a quo, el reclamo constitucional será estudiado solo
respecto de esta última, en tanto fue la que puso fin a la discusión.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

14. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la Corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 12. Al
respecto señalo lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical
y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias
de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]»

9 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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Demandante: Nikolas Rincón Martinez

15. Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

16. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo13, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela, como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

17. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

18. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. Para la prosperidad del amparo, debe
verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos
alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que
implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales16.

19. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

13Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de

2005.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

16Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Demandante: Nikolas Rincón Martinez

2.4. Problema jurídico.

20. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales de Nikolas
Rincón Martínez con ocasión de la sentencia del 20 de marzo de 2026, mediante la
cual confirmó la negativa de las pretensiones del medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos, tendiente a lograr el mantenimiento vial, con la que
incurrió, presuntamente, en defectos fáctico, procedimental por exceso ritual
manifiesto, sustantivo, desconocimiento del precedente, ausencia de motivación y
violación directa de la Constitución?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

21. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado
por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados pueden
llevar consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen
bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

22. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Defecto fáctico

23. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 17, tiene una
dimensión negativa y otra positiva. La primera se configura cuando en desarrollo de
la actividad probatoria el juez omite la «la valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez»18, «o cuando sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente»19. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia
pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas»20.

24. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelante el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia
y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

17 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015, T-605 de

2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016, entre otras.
18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP: Antonio Barrera Carbonell.
19 Sentencia SU-159 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar

Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
20 Sentencia T-539 de 1994.

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2.5.3. Defecto procedimental

25. Tal como se afirma de los defectos sustantivo, fáctico y orgánico, el defecto
procedimental fue concebido por la Corte Constitucional desde la sentencia T-231
de 1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial. Desde entonces,
el defecto procedimental absoluto es entendido como aquél en el que el Juez
Ordinario adelanta el asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso
de una etapa del trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.

26. A partir de la Sentencia T-1306 de 200121, empero, la Corte Constitucional
consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por exceso
ritual manifiesto22, producto de una indebida preferencia por las formas procesales
en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia
del derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones judiciales,
en la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos
fundamentales23.

27. La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya
alegado el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad
de hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión que
lesione bienes ius fundamentales24.

2.5.4. Defecto sustantivo

28. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional25 ha señalado que este se presenta cuando el juez adopta una
decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas

21 Línea que ha venido consolidándose, entre otras, a través de las sentencias T-974 de 2003, T-973 de 2004,

T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.
22 Desde esta concepción del defecto es clara la tensión entre los derechos al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, tensión que debe abordarse desde la concepción de dichos bienes como mandatos
de optimización, lo que permite su ponderación en cada caso en concreto para la satisfacción de los derechos
fundamentales involucrados en cada caso en concreto.
23 En esta decisión, el defecto se definió como: “[…] aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia

consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas
procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material […]”.
24 A l respecto, en la Sentencia T-213 de 2012, reiterando para el efecto la línea jurisprudencial consolidada

sobre este aspecto, sostuvo que la prosperidad del defecto se sujetaba a: “[…]“(i) (Q)ue no haya posibilidad de
corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii)
que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera
sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo
anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales. […]”.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-118 a de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.

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jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

29. El alto tribunal de lo constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se toma
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación
sistemática de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable
al caso.

30. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.

2.5.5. Desconocimiento del precedente judicial

31. En este punto, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos,
como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado social de derecho.

32. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo
si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02573-01
Demandante: Nikolas Rincón Martinez

33. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las toma en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

34. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivada de la desobediencia al precedente.

2.5.6. Ausencia de motivación

35. El defecto por ausencia de motivación implica que el «juez de tutela deberá tener
presente que el deber de presentar las razones fácticas y jurídicas que sustentan un fallo
es un principio de la función judicial que, de transgredirse, supone una clara vulneración al
debido proceso»26.

36. Así, el mismo no se «estructura ante cualquier divergencia con el razonamiento del
juez, sino, únicamente, cuando su argumentación fue decididamente defectuosa,
abiertamente insuficiente o inexistente. Esto, porque el respeto al principio de autonomía
judicial impide que el juez de tutela se inmiscuya en meras controversias interpretativas»27.

2.5.7. Violación directa de la Constitución Política

37. Se recuerda que fue definida, en un principio, como un defecto sustantivo, el cual
se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de las
sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

38. Posteriormente el alto tribunal de lo constitucional, en sentencia SU-069 de 2018,
señalo que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces de
aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», el cual puede
configurarse por dos hipótesis:

26 Corte Constitucional, sentencia T-041 de 2018, MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.
27 Ibídem.

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Demandante: Nikolas Rincón Martinez

39. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso
(a) se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

40. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.

2.6. Sobre el caso concreto

41. Nikolas Rincón Martínez acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 20 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
mediante la cual, confirmó la decisión de negar las pretensiones y, en consecuencia,
no ordenar la pavimentación del tramo vial objeto de controversia.

42. Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que se
incurrió en defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio, por
fundamentar su decisión en un solo testimonio técnico, pese a que este no negaba
la existencia de la vía ni del riesgo alegado. Asimismo, por no valorar el contexto
propio de la zona rural para identificar este tipo de vías, las cuales suelen
reconocerse mediante referencias comunitarias.

43. En defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al darle prevalencia a
exigencias formales relacionadas con la identificación exacta de la vía, por cuanto
«transformaron una eventual necesidad de precisión complementaria en barrera absoluta
para el examen material del riesgo colectivo. En lugar de esclarecer el objeto litigioso con
medidas probatorias razonables, optaron por cerrar el debate a partir de una lectura
puramente formal de coordenadas, nomenclaturas y diferencias métricas, con lo cual
desnaturalizaron por completo la acción popular».

44. En defecto sustantivo al interpretar indebidamente el artículo 30 de la Ley 472 de
1998, la cual estableció que, cuando el demandante no pueda aportar determinadas
pruebas por razones técnicas o económicas, corresponde al juez impartir las
órdenes necesarias para obtener los elementos probatorios requeridos. Asimismo,
el contenido del artículo 2 de la misma norma, según el cual, el medio de control
tiene como finalidad evitar un daño contingente y hacer cesar el peligro, la amenaza,
la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos. En ese sentido,
sostuvo que al exigir un estándar de afectación actual, grave o inminente resulta

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Demandante: Nikolas Rincón Martinez

incompatible con la naturaleza del mecanismo y equivale a que, en la práctica, se
deba «pedir un daño consumado o acreditación técnica exhaustiva».

45. En desconocimiento del precedente judicial28, el cual ha precisado que, en este
tipo de controversias, se les impone a los jueces realizar una lectura material y
preventiva, sin privilegiar el formalismo de este tipo de procesos. Además, la
sentencia enjuiciada citó jurisprudencia sobre carga de la prueba y el valor
probatorio de las fotografías, que aplicó de manera fragmentada. Además, ignoró
las decisiones29 según las cuales el juez conserva los deberes y facultades de
decretar pruebas cuando el asunto involucra dificultades técnicas para obtener
distintas pruebas.

46. En ausencia de motivación por contradicción, pues pese a que fundamentó su
decisión en discrepancias técnicas de ubicación y en la imposibilidad de
localización, afirmó que dar una ubicación exacta no requiere conocimientos
especializados. Lo anterior, sin decretar pruebas de oficio, pues trasladó
íntegramente al demandante la carga de acreditar ese aspecto.

47. En violación directa de la Constitución Política, toda vez que se desconocieron
los artículos 86 y el 228, por cuanto no se privilegió el derecho sustancial sobre la
forma y más, tratándose de derechos fundamentales y colectivos.

48. En este punto, la Sala precisa que el análisis del defecto fáctico y del defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto se realizará de manera conjunta, en la
medida en que ambos cuestionan la decisión del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca de negar las pretensiones del medio de control a partir de las
inconsistencias advertidas en la identificación del lugar objeto de controversia, la
valoración de las pruebas y la ausencia de medios probatorios de oficio orientadas
a esclarecer su ubicación.

49. De igual forma, la Sala estudiará de manera conjunta el defecto sustantivo, el
desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución, por cuanto
los tres reproches parten de una misma premisa, esta es, la interpretación que el
Tribunal dio a las reglas que rigen la carga de la prueba y la naturaleza preventiva
de la acción popular, así como a las facultades probatorias del juez. Mientras que,
la ausencia de motivación, sí se analizará de manera independiente.

50. En relación con el asunto a decidir, la Sala recuerda el análisis efectuado por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en torno a la decisión de negar el
amparo de los derechos colectivos invocados por Nikolas Rincón Martínez, así:

28 En el escrito de tutela, no se referencia ni se cita jurisprudencia constitucional ni contenciosa,

relacionada a las afirmaciones del actor.
29 No se hace referencia alguna al precedente invocado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02573-01
Demandante: Nikolas Rincón Martinez

«[…] 49. El actor popular en el curso del trámite de la acción popular no logró dar una
ubicación exacta de la vía que pretendía fuera intervenida, pues en la petición y
demanda indicó calle C oeste AV 36- B 45 hasta el fondo calle mocha con
coordenadas 3°28´0 0.5¨N 76°33´18.0¨W en la vereda Campoalegre vía Montebello.

50. En el poder dijo calle C oeste AV 36- B 45 hasta calle 11 oeste # 36-02 con
coordenadas 3°28´0 0.5¨N 76°33´18.0¨W.

51. En memorial del 10 de julio indicó calle 11 oeste con avenida 36. Dijo que la
dirección corresponde a la zona adyacente a la avenida 37 oeste N. 11C -07 y calle
11 oeste avenida 36 D-06, coordenadas 3° 28´25.2” N- 76° 33´23.2 “W, 3° 28´26.3”N-
76°33´22.1”W y coordenadas decimales 3.473671, 76.556442

52. Con los alegatos de conclusión allegó una grabación que, si bien no fue
incorporada al proceso, en ella se observa [unas] coordenadas diferentes a las ya
indicadas en escritos anteriores:

53. Por tanto, al no poderse ubicar concretamente la dirección donde se pretendía la
intervención vial, no es posible declarar la configuración de la amenaza de los
derechos populares invocados. Sumado a lo manifestado en audiencia por la
ingeniera que realizó la visita de campo, donde manifestó que en zona rural si es
posible dar una dirección exacta y que las coordenadas distan una de otra en
aproximadamente 1.8 kilómetros, por lo que no se trataría de la misma vía.

54. Correspondía a la parte demandante la carga de dar una ubicación exacta del
lugar de intervención. No es cierto que en este caso el juez debió haber invertido la
carga de la prueba, pues dar una ubicación exacta no requería de elementos técnicos
ni conocimientos especializados. Máxime, que en el curso de la presente acción se
otorgó al demandante la posibilidad de aclarar la dirección exacta circunstancia que
no logró acreditar.

55. Sumado a lo anterior, aún si se tuviera conocimiento con exactitud de la dirección
exacta, tampoco es posible acceder a las pretensiones de la demanda, pues el actor
no logró acreditar la amenaza de los derechos colectivos invocados, se limitó a
aportar una única fotografía en la que no se puede determinar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en la que fue tomada, requisitos necesarios para que pueda ser
valorada en las condiciones que lo pretende la parte actora.

56. Por tanto, no existe prueba que permita a esta Sala determinar que existe una
actual e inminente amenaza de los derechos colectivos invocados, pues en el plenario
no se allegó ni se solicitó pruebas para acreditarla, carga que, se reitera, estaba en
cabeza de la parte actora, quien, además, como se indicó en el fallo de primera

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02573-01
Demandante: Nikolas Rincón Martinez

instancia es abogado y en sus diferentes escritos, indica que el juez popular era quien
debía suplir su ausencia de prueba

57. La Sala no encuentra de recibo dichos argumentos, pues lo expuesto en la
demanda no es prueba en sí mismo, sino que, lo manifestado debe ser probado a lo
largo del proceso. Para ello, el CGP, aplicable por remisión del artículo 29 de la Ley
472 de 1998, establece los medios de prueba permitidos con el fin de demostrar los
hechos en que se fundamenta la demanda.

58. Además, como se dejó anotado en líneas atrás, el Consejo de Estado ha explicado
que la intervención del juez para decretar pruebas es excepcional y no se debe usar
para suplir la falencia de la parte en detrimento del contradictorio. […]» [sic].

51. En el presente asunto, se sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca incurrió en defecto fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto al
fundamentar la negativa de las pretensiones del medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos en las inconsistencias advertidas respecto de la
ubicación del tramo vial, otorgar un valor determinante a un único testimonio técnico
y abstenerse de decretar pruebas de oficio para esclarecer la localización de la vía.

52. Pese a ello, la Sala no comparte ese planteamiento, pues de la lectura integral
de la providencia cuestionada se advierte que el Tribunal no negó las pretensiones
únicamente por las diferencias existentes en las direcciones o coordenadas
suministradas por el demandante, ni concluyó que la vía no existiera. Lo que
argumentó fue que las inconsistencias advertidas en la identificación del tramo vial,
sumadas a la insuficiencia del material probatorio aportado, impedían tener por
acreditados los supuestos fácticos en los que se sustentaba la amenaza alegada a
los derechos e intereses colectivos.

53. Tampoco encuentra la Sala que la providencia cuestionada hubiera incurrido en
una valoración arbitraria del material probatorio o hubiera fundamentado su decisión
en una única prueba, pues valoró de manera conjunta los elementos obrantes en el
expediente. En particular, tuvo en cuenta el derecho de petición del 14 de mayo de
2024 y la respuesta emitida por la Secretaría de Infraestructura del distrito con fecha
del 29 de julio del mismo año, en donde se informó que no fue posible ubicar el
tramo vial con la información suministrada. Asimismo, examinó las distintas
referencias de ubicación contenidas en la solicitud, en la demanda, en el poder para
actuar, en el memorial del 10 de julio de 2025 y la grabación allegada al proceso en
los alegatos de conclusión, a partir de las cuales concluyó que persistían
inconsistencias en la identificación del lugar respecto del cual se pretendía la
intervención judicial. Por consiguiente, no era posible establecer con certeza la
ubicación respecto de la cual se alegaba la vulneración de los derechos e intereses
colectivos.

54. Ahora bien, aunque se afirmó que el Tribunal otorgó un valor determinante a un
único testimonio técnico, de la lectura de la providencia cuestionada no se advierte

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02573-01
Demandante: Nikolas Rincón Martinez

que la decisión se hubiese fundamentado exclusivamente en dicha prueba. Por el
contrario, como quedó expuesto, la autoridad judicial fundamentó su decisión en la
valoración conjunta del material probatorio obrante en el expediente y en las
inconsistencias advertidas respecto de la identificación del lugar objeto de
controversia.

55. En ese mismo sentido, el Tribunal explicó que no procedía relevar de la carga
probatoria al demandante, toda vez que la precisión de la ubicación de la vía no
requería conocimientos técnicos o especializados, sino la identificación exacta del
lugar respecto del cual se solicitaba la pavimentación, aspecto que, incluso antes
de la presentación de la demanda, no había podido ser determinado con claridad.
Con fundamento en ello, consideró que no se configuraban las circunstancias
excepcionales que justificaran el ejercicio de sus facultades probatorias de oficio.

56. En ese contexto, la Sala encuentra que el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto tampoco se configura. La identificación del lugar respecto del cual se
solicitaba la pavimentación no constituyó una mera exigencia formal. Por el
contrario, se trataba de un presupuesto necesario para delimitar el objeto de la
controversia, verificar los hechos alegados y determinar la procedencia de las
medidas solicitadas, pues únicamente a partir de la correcta identificación del tramo
vial era posible establecer la existencia de la amenaza alegada. Por lo tanto, exigir
que el lugar objeto de la controversia pudiera ser razonablemente acreditado con
precisión no implica privilegiar las formas sobre el derecho sustancial.

57. En consecuencia, la Sala concluye que la providencia cuestionada no evidencia
una valoración arbitraria del material probatorio, ni que el Tribunal hubiera
privilegiado las formas sobre el derecho sustancial. Por el contrario, la negativa de
las pretensiones obedeció a una valoración conjunta de los elementos de prueba
obrantes en el expediente, a partir de la cual la autoridad judicial concluyó que no
se encontraban acreditados los presupuestos fácticos necesarios para establecer la
amenaza alegada sobre los derechos e intereses colectivos. Así las cosas, la
inconformidad expresada en la solicitud de amparo se circunscribe a cuestionar las
conclusiones alcanzadas por el juez natural, sin demostrar un defecto fáctico o un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto que justifique la intervención
excepcional del juez de tutela.

58. Por otra parte, el demandante sostiene que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca incurrió en defecto sustantivo al interpretar indebidamente los artículos 2
y 30 de la Ley 472 de 1998, pues exigió un estándar probatorio incompatible con la
naturaleza del medio de control y omitió ejercer las facultades probatorias que dicha
disposición le atribuye al juez cuando el demandante no puede aportar
determinados medios de prueba por razones técnicas o económicas. Asimismo,

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02573-01
Demandante: Nikolas Rincón Martinez

afirmó que esa interpretación desconoció el precedente30 constitucional y
contencioso administrativo sobre la materia y, por esa vía, vulneró directamente los
artículos 86 y 228 de la Constitución Política.

59. Al respecto, contrario al decir del demandante, del análisis de la providencia
cuestionada no se advierte que el Tribunal hubiera desconocido el contenido de los
artículos 2 y 30 de la Ley 472 de 1998 o se hubiera abstenido de aplicarlos. Por el
contrario, la autoridad judicial analizó si en el caso concreto se configuraban las
circunstancias excepcionales previstas en el artículo 30 ibidem para relevar a la
parte demandante de la carga de aportar los elementos de prueba y concluyó que
no era posible decretar las pruebas de oficio, pues no se acreditó que existieran
razones técnicas o económicas que justificaran el ejercicio de las facultades
probatorias del juez.

60. En ese punto, recuerda la Sala lo dicho por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en relación con las facultades probatorias del juez:

«[…] como desarrollo del principio de igualdad material previsto en el artículo 13
Superior, los jueces tienen la obligación de garantizar el equilibrio de armas entre las
partes enfrentadas ante un proceso; el uso de las facultades oficiosa de la prueba, no
puede implicar corregir la inactividad probatoria de apoderados negligentes, ni agudizar
la asimetría entre las partes. […]» [sic]31.

61. La anterior regla resulta aplicable al caso concreto, pues evidencia que las
facultades probatorias del juez dependen de las particularidades de cada asunto,
las cuales no se acreditaron en el presente proceso y no están diseñadas para suplir
la carga probatoria que corresponde a las partes. Al respecto, la autoridad judicial
demandada precisó en la providencia enjuiciada lo siguiente:

«[…] De conformidad con el artículo 30 de la Ley 472 de 1998 la carga de la prueba
recae en el demandante. Salvo que, por razones de orden económico o técnico, si
dicha carga no puede ser cumplida, el juez imparta las órdenes necesarias para suplir
la deficiencia y obtener elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de
mérito. En este último evento se invierte la carga de la prueba y queda en cabeza de
la entidad demandada. […]»

62. En esas condiciones, la Sala no advierte que el Tribunal hubiera realizado una
interpretación arbitraria, irrazonable o manifiestamente contraria al contenido de los
artículos 2 y 30 de la Ley 472 de 1998. La autoridad judicial explicó las razones por
las cuales consideró que no se configuraban los presupuestos excepcionales para
desplazar la carga probatoria al juez y, por ello, la discrepancia del demandante
recae sobre el alcance de esa interpretación, más no evidencia la configuración de
un defecto sustantivo.

30 Se reitera que no hizo mención alguna a que providencias, en concreto, se desconocieron.
31 Sentencia T-615 de 2019; MP Alberto Rojas Rios.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02573-01
Demandante: Nikolas Rincón Martinez

63. Dicho esto, tampoco prosperan los cargos por desconocimiento del precedente
y violación directa de la Constitución. De una parte, el demandante se limitó a
afirmar que el Tribunal desconoció la jurisprudencia constitucional y contencioso
administrativa sobre la naturaleza preventiva de del medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos y la actividad oficiosa del juez, sin identificar las
providencias que constituirían el precedente presuntamente desconocido ni la regla
jurisprudencial que habría sido inaplicada. De otra, tampoco se configura una
violación directa de los artículos 86 y 228 de la carta, pues no se advierte
contradicción alguna frente a dichos mandatos constitucionales, sino que, por el
contrario, se adoptó una decisión conforme al ordenamiento jurídico y la valoración
del material probatorio obrante en el expediente.

64. Finalmente, se sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en ausencia de
motivación, porque, por una parte, fundamentó la decisión en las dificultades para
identificar el lugar respecto del cual se alegó la amenaza y, por otra, afirmó que
precisar su ubicación no requería conocimientos técnicos o especializados, sin que,
pese a ello, decretara pruebas de oficio.

65. La Sala no comparte ese planteamiento, pues la providencia cuestionada no
carece de motivación ni presenta la contradicción alegada. En efecto, el Tribunal
explicó, de una parte, por qué consideró insuficiente el material probatorio para
acreditar los supuestos fácticos que se alegaban en el medio de control, entre otras
razones, por las inconsistencias para identificar el tramo vial y, de otra parte,
concluyó que no procedía el ejercicio de las facultades probatorias de oficio
conforme a lo previsto en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998. En consecuencia, no
existe la contradicción alegada, sino una motivación suficiente de la providencia que
permite comprender las razones de la decisión.

66. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se impone negar la
solicitud de amparo constitucional, pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.

67. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró
probado.

3. Conclusión

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02573-01
Demandante: Nikolas Rincón Martinez

68. En ese orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión
del a quo, para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales
invocados por Nikolas Rincón Martínez en la solicitud de tutela presentada contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.

69. Enmérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia y por autoridad de la ley.

FALLA:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 30 de abril del 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Quinta. En su lugar, negar el amparo de los derechos
fundamentales de Nikolas Rincón Martínez en la solicitud de tutela presentada
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Cali.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CJE/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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