Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02577-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02577-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02577-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
26 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02577-00
Demandante: JOSEFA CASTRO DE LA HOZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Tema: PROCEDENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
Cumplimiento de los requisitos generales correspondientes y configuración de los defectos
fáctico, sustantivo, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por Josefa Castro de la Hoz contra el
Tribunal Administrativo del Magdalena1.
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se ampararán los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y
al debido proceso de la accionante. Como consecuencia, se dejará sin efectos la
sentencia cuestionada y se ordenará al Tribunal Administrativo del Magdalena que
profiera un nuevo fallo.
2. Se materializó una decisión sin motivación, pues no se resolvió uno de los reparos
expuestos por los apelantes.
3. Se configuraron los defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente
de esta corporación y de la Corte Constitucional, por lo siguiente:
(i) No se verificó si se satisfacían los requisitos de validez de la confesión, con lo que
se desconocieron el artículo 191 del CGP y la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
(ii) Se consideró acreditado el conocimiento del inicio del término de caducidad desde
«la notificación» de la sentencia de unificación 254 de 2013 de la Corte
Constitucional, sin que hubiera prueba de ello.
1 El expediente es electrónico y se encuentra almacenado en Samai.
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Demandante: Josefa Castro de la Hoz
(iii) Se declaró la caducidad frente a las pretensiones de reparación directa por
desplazamiento forzado, sin analizar si los demandantes habían alcanzado el goce
efectivo de sus derechos o se habían estabilizado socioeconómicamente, con lo
que se desconocieron los artículos 18 de la Ley 387 de 1997 y 67 de la Ley 1448
de 2011, y la sentencia de unificación 429 de 2024 de la Corte Constitucional.
(iv) Aunque la demanda fue presentada antes de la expedición de la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, no se brindó a los actores la oportunidad de
probar las razones de la tardanza en el ejercicio del derecho de acción, ni se analizó
si hubo barreras de acceso a la administración de justicia, ni se decretaron pruebas
de oficio, con lo que se desconocieron las sentencias de unificación 167 de 2023 y
287 de 2024 de la Corte Constitucional.
II. ANTECEDENTES
Demanda
4. El 6 de abril de 20262, Josefa Castro de la Hoz instauró demanda de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Magdalena, para obtener la protección de sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la
reparación integral.
Hechos relevantes3
5. El 23 de noviembre de 2016, la señora Castro de la Hoz y otros4 presentaron demanda
de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército
Nacional, para que estos fueran declarados responsables (i) del desplazamiento forzado,
(ii) del «acoso» y (iii) del exterminio de la población del corregimiento de Paraíso,
perteneciente al municipio de Pivijay (Magdalena), así como (iv) de la muerte de los
señores William Alfonso Cantillo Mercado, José Agustín Rojano Castro y Diógenes
Enrique Rojano Martínez —hijo y esposo de la aquí demandante— y otros, (v) de «la
expropiación» del ganado del señor Rojano Martínez, (vi) de «la expropiación» de un
inmueble y (vii) de la desaparición forzada de Amparo de Jesús Rodríguez, Aura Milena
Cantillo Rodríguez y Santander Segundo Villamil Lara.
6. Para sustentar esa pretensión, se expuso lo siguiente:
7. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sitiaron el mencionado corregimiento
entre 1996 y 2006, con la connivencia de las autoridades demandadas en el proceso
ordinario. En ese contexto, se produjeron tres grandes desplazamientos de la población:
en 1997, en 2000 y en 2001. Algunos de los habitantes retornaron en 2006, pero nunca
lograron recuperar las condiciones de vida que tenían cuando se desplazaron, por lo que,
2 Índice 2 del expediente.
3 Extraídos de la solicitud de amparo y del expediente.
4 Ver páginas 242 a 272 de la demanda de reparación directa, ubicada en el archivo 02 de la carpeta 01 del expediente
de primera instancia del proceso 47001-33-33-004-2016-00186-01. Ese expediente está almacenado en OneDrive y
es visualizable a través del enlace señalado en el archivo «15RECIBEPRUEBAS_MemorialesSecGeneral» del índice
15 del expediente del presente proceso.
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Demandante: Josefa Castro de la Hoz
al momento de presentación de la demanda de reparación directa, permanecían en
condición de desplazados.
8. El 12 de enero de 2000, miembros de las AUC desaparecieron a los señores Amparo
de Jesús Rodríguez, a Aura Milena Cantillo Rodríguez y a Santander Segundo Villamil
Lara, luego de acusarlos de colaborar con grupos guerrilleros.
9. El 4 de septiembre de ese año, integrantes de las AUC asesinaron a los señores José
Agustín Rojano Castro y a Diógenes Enrique Rojano Martínez, tras hurtar 140 reses a
este último.
10. El 4 de septiembre de 2001, miembros de las AUC asesinaron y desaparecieron al
señor William Alfonso Cantillo Mercado.
11. Ni la Policía ni el Ejército actuaron frente a los anteriores hechos.
12. La demanda descrita originó el proceso 47001-33-33-004-2016-00186-01, cuyo
trámite en primera instancia correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de Santa
Marta.
13. Los alegatos de conclusión de los demandantes consistieron en lo siguiente:
14. Se probó (i) el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad en el
corregimiento de Paraíso, (ii) la consecuente vulneración de los derechos fundamentales
de sus habitantes, (iii) la desaparición forzada de Amparo de Jesús Rodríguez, de Aura
Milena Cantillo Rodríguez y de Santander Segundo Villamil Lara, cuyos restos no habían
aparecido, y (iv) la afectación que ese hecho produjo en todos los habitantes del
corregimiento, quienes, como consecuencia, se desplazaron.
15. Las declaraciones extrajudiciales aportadas y un testimonio de oídas tenían valor
probatorio.
16. En casos que involucren delitos de lesa humanidad, el juez goza de facultades ultra
y extra petita, de acuerdo con lo establecido por la Sección Tercera del Consejo de
Estado en las sentencias del 8 de febrero de 2008 y del 26 de marzo de 2009, proferidas
en los procesos 16.996 y 17.994, en las que se abordó el principio de reparación integral.
17. El desplazamiento forzado podía probarse con los testimonios de Inés María
Rodríguez Beltrán y Maridis Bolaño Viloria.
18. El Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta declaró configurada la caducidad
mediante sentencia del 3 de noviembre de 2022, con fundamento en lo expuesto a
continuación:
19. Si el término para presentar la demanda se empezaba a contar desde el 23 de mayo
de 2013, fecha de ejecutoria de la sentencia de unificación 254 de 2013 de la Corte
Constitucional, finalizaba el 24 de mayo de 2015.
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Demandante: Josefa Castro de la Hoz
20. Si la contabilización de dicho término se efectuaba según lo dispuesto en la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera de esta
Corporación, así como en las sentencias SU-312 de 2020 y T-044 de 2022 de la Corte
Constitucional, iniciaba desde el acaecimiento de los hechos expuestos, pues «del
dicho» de los demandantes se extraía que contaban con elementos de juicio suficientes
para inferir la tolerancia o la complicidad del Estado a partir de ese mismo momento. En
consecuencia, tal término finalizaba así:
21. El 4 de septiembre de 2002, frente al abigeato del cual fue víctima Diógenes Enrique
Rojano Martínez, y respecto de su muerte y la de José Agustín Rojano Castro.
22. El 4 de enero de 2002, en relación con la desaparición de Amparo de Jesús
Rodríguez, de Aura Milena Cantillo Rodríguez y de Santander Segundo Villamil Lara.
23. El 26 de julio de 2004, respecto del desplazamiento de la población del corregimiento
de Paraíso, toda vez que la fecha final de los hechos alegados era 25 de julio de 2002.
24. Los demandantes apelaron la anterior decisión, con sustento en lo alegado de
conclusión y en lo siguiente:
25. Se redujo el litigio al desplazamiento forzado, aun cuando en la demanda se alegó la
responsabilidad del Estado por ese hecho y por el «acoso» y el exterminio de la población
del corregimiento de Paraíso.
26. Se impuso la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 sobre el derecho
internacional de los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad.
27. Se desconoció el artículo 164 del CPACA, en cuanto al término para demandar en
casos de desaparición forzada, pues se ignoraron los medios probatorios relacionados
con la inexistencia de una sentencia frente a los delitos cometidos contra Amparo de
Jesús Rodríguez, Aura Milena Cantillo Rodríguez y Santander Segundo Villamil Lara, así
como con el desconocimiento del paradero de sus restos.
28. Las pretensiones de varios actores no habían caducado porque eran menores de
edad cuando se presentó la demanda.
29. Por sentencia del 26 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Magdalena
modificó el fallo apelado, en el sentido de (i) declarar responsable a la Nación, Ministerio
de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional, por la desaparición forzada de Amparo
de Jesús Rodríguez, de Aura Milena Cantillo Rodríguez, de Santander Segundo Villamil
Lara y de William Alfonso Cantillo Mercado y condenarla a la indemnización de los
perjuicios causados a los familiares de aquellos; (ii) declarar la caducidad frente a los
otros demandantes y (iii) negar las demás pretensiones.
30. La declaración de responsabilidad estatal se sustentó en que, a partir de 1997,
grupos armados organizados al margen de la ley sometieron a la población del
corregimiento de Paraíso, lo que tornaba previsible la desaparición de las mencionadas
víctimas. Sin embargo, ni la Policía ni el Ejército adoptaron medidas para proteger a dicha
población ni reaccionaron frente a los hechos que antecedieron tales desapariciones.
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Demandante: Josefa Castro de la Hoz
31. La declaratoria de caducidad se fundó en lo expuesto a continuación:
32. En el recurso de apelación, la parte demandante identificó la desaparición de las tres
personas aludidas, acaecida el 12 de enero de 2000, como el punto de inicio del «acoso»
de la población del corregimiento de Paraíso. En consecuencia, el término para
demandar comenzó a correr desde esa fecha, por lo que operó la caducidad. Este
fenómeno se configuraba incluso si dicho término se contabilizaba desde el 20 de agosto
de 2013, cuando se imputaron tales desapariciones a postulados a los beneficios de la
Ley de Justicia y Paz.
33. La demanda evidenciaba que los actores siempre tuvieron conocimiento de la
aquiescencia de las autoridades frente al actuar de las AUC, por lo que también se
configuró la caducidad. Esto era así, aún si el término para demandar se empezaba a
contar desde el 25 de julio de 2002, fecha del último hecho expuesto en el escrito
introductorio.
34. Aunque en la demanda no se describieron las condiciones del desplazamiento de los
demandantes, en la mayoría de poderes otorgados por estos —incluido el de la aquí
accionante— se identificó el 12 de enero de 2000 como fecha de tal suceso. Ello, aunado
a que no se expuso una sola razón que hubiera impedido demandar con anterioridad,
implicaba la configuración de la caducidad.
35. El oficio DECVDH-20150 del 2 de agosto de 2019, suscrito por una servidora de la
Fiscalía General de la Nación, demostraba que «algunos» de los demandantes actuaron
en los procesos de tutela que resultaron en la expedición de la sentencia de unificación
254 de 2013. De modo que sabían que el término de caducidad empezaba a correr desde
«la notificación» de esa providencia, pero, sin ninguna razón, se abstuvieron de
demandar oportunamente.
36. La demanda y «varios medios probatorios» evidenciaban que las AUC se
desmovilizaron en 2006 y, como consecuencia, «muchos» de los habitantes del
corregimiento de Paraíso retornaron a este.
37. La sola minoría de edad de varios de los actores al momento de presentación de la
demanda no justificaba el desconocimiento del término de caducidad.
38. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) solicitó la aclaración y
la corrección de la sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena. La parte
demandante solo pidió corrección.
39. Por auto del 30 de abril de 2025, notificado por estado del 19 de agosto de ese año,
se negó la solicitud de aclaración y se accedió a las de corrección.
40. La parte actora presentó nuevas solicitudes de corrección y, por autos del 17 de
septiembre y del 3 de diciembre de 2025, notificados por estados del 25 de septiembre
de 2025 y del 2 de febrero de 2026, el tribunal accedió a ellas.
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Pretensiones
41. La accionante solicitó ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena lo siguiente:
42. Que profiera un fallo extra petita, en el que, además, (i) acoja lo expuesto en los
alegatos de conclusión y en el recurso de apelación, en lo referente a la afectación que
la desaparición forzada de Amparo de Jesús Rodríguez, de Aura Milena Cantillo
Rodríguez y de Santander Segundo Villamil Lara produjo en todos los habitantes del
corregimiento de Paraíso, y, como consecuencia, (ii) declare que no ha operado la
caducidad y que el Estado es responsable.
43. Que valore los medios probatorios aportados con dicho recurso y decrete
oficiosamente aquellos que conduzcan a demostrar la victimización derivada del «acoso»
y del desplazamiento forzado asociados a la desaparición de las mencionadas personas.
44. Que corra traslado de las declaraciones extrajudiciales presentadas con los alegatos
de conclusión y, posteriormente, se pronuncie sobre ellas.
45. Que decrete los demás medios de prueba que se aporten.
Fundamentos
46. La demandante sostuvo lo siguiente:
47. Se configuró un defecto procedimental absoluto, porque se ignoró lo expuesto en
los alegatos de conclusión y en el recurso de apelación frente a la afectación que la
desaparición forzada de Amparo de Jesús Rodríguez, de Aura Milena Cantillo Rodríguez
y de Santander Segundo Villamil Lara produjo en todos los habitantes del corregimiento
de Paraíso, pues no tomó el desplazamiento como una manifestación de tal afectación,
que no ha desaparecido.
48. Adicionalmente, se desconocieron las pruebas de la misma afectación y no se
permitió aportar medios probatorios adicionales ni se expidió un fallo extra petita.
49. Por otro lado, al iniciar el cómputo del término para demandar desde la desaparición
de las mencionadas personas, el Tribunal Administrativo del Magdalena reconoció ese
hecho como «acto de acoso», lo que tornaba el asunto «imprescriptible».
50. También se configuró un defecto sustantivo, en tanto se acogió lo establecido en la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y en el fallo del 20 de mayo de 2022,
proferido por esta Subsección en el proceso 67.891, que contravinieron la Ley 387 de
1997, en cuyo artículo 18 se estableció que la condición de desplazado cesa cuando se
logra la consolidación y estabilización socioeconómica, sea en el lugar de origen o en el
de reasentamiento, lo que se reiteró en el artículo 67 de la Ley 1448 de 2011, según el
cual dicha condición desaparece con el goce efectivo de derechos.
51. Tal defecto se concretó en que, aun cuando en la demanda se alegó que los
habitantes del corregimiento de Paraíso permanecían en condición de desplazados, con
fundamento en que quienes retornaron nunca recuperaron las condiciones de vida
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existentes al momento del desplazamiento, el tribunal declaró configurada la caducidad
por ese retorno.
52. Igualmente, se configuró un defecto fáctico por indebida valoración de los
testimonios de Inés María Rodríguez Beltrán y de Maridis Bolaño Viloria, que daban
cuenta de la condición aludida.
53. Ese vicio se materializó porque, aun cuando ambas testigos fueron excluidas de la
demanda, pese a haber otorgado poder para que esta fuera presentada en su nombre,
solo la declaración de la señora Bolaño Viloria fue descartada por tal exclusión. Además,
lo afirmado por la señora Rodríguez Beltrán fue tomado como prueba de las
circunstancias de la desaparición de las personas ya mencionadas y de las omisiones
de las autoridades demandadas, pero se desestimó en relación con la acreditación de
los perjuicios alegados.
54. Aparte, la comunicación 20191120144851 del 18 de enero de 2018, suscrita por una
servidora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV),
demostraba que la mayoría de los demandantes estaban inscritos en el Registro único
de Víctimas (RUV). Esto, sumado a que todos los testimonios coincidieron en que los
actores fueron víctimas de «los hechos que ocasionaron el desplazamiento», permitía
concluir que aquellos no habían superado la condición de desplazados y, por
consiguiente, no podía declararse la caducidad.
55. Por otro lado, el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta negó una solicitud
probatoria contenida en la demanda: la de oficiar a la UARIV para que certificara quiénes
habían retornado al corregimiento de Paraíso. Esa decisión se sustentó en que tal
certificación debía ser reclamada directamente por los actores, con lo cual se ignoró que
«toda la información sobre desplazamiento forzado tiene carácter reservado» y se brindó
un trato desigual frente a la parte demandada, a quien se le decretó un medio de prueba
por oficio sin exigir una petición previa. Esto, aunado a lo dispuesto en la sentencia de
unificación 287 de 2024, proferida por la Corte Constitucional, imponía al tribunal la
obligación de acceder a la mencionada solicitud antes de expedir el fallo de segunda
instancia.
56. Finalmente, la condición de desplazados persistía, en la medida en que no se había
condenado a los autores de los delitos involucrados, incluidos los homicidios de
Diógenes Enrique Rojano Martínez y José Agustín Rojano Castro. Ello implicaba (i) una
vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, en los términos
explicados en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, proferida por la
Sección Tercera de esta corporación en el proceso 32.988, (ii) el incumplimiento de
obligaciones consagradas en las leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011 y (iii) la
responsabilidad internacional del Estado, de acuerdo con lo establecido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Masacre de Pueblo Bello contra
Colombia.
Trámite e intervenciones
57. Por auto del 9 de abril de 20265, el entonces magistrado sustanciador admitió la
demanda y vinculó, en calidad de terceros con interés, (i) a quienes, junto con la señora
5 Índice 4 del expediente.
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Castro de la Hoz, obraron como demandantes en el proceso de reparación directa, (ii) al
Ministerio de Defensa, (iii) al Ejército Nacional y (iv) a la Policía Nacional. Además,
ordenó publicar esa providencia en el sitio web del Consejo de Estado.
58. La magistrada Martha Lucía Mogollón Saker, integrante del Tribunal Administrativo
del Magdalena6, se opuso a la solicitud de amparo constitucional. Argumentó que en el
trámite surtido ante esa corporación no se vulneraron los derechos fundamentales de la
accionante y que lo expuesto por esta solamente evidencia una inconformidad con la
sentencia de segunda instancia.
59. El Ministerio de Defensa7 calificó la demanda de tutela como improcedente por
incumplimiento de los requisitos de inmediatez y de legitimación en la causa por pasiva.
Esto último, bajo el argumento de que no causó la vulneración de derechos
fundamentales alegada.
60. Igualmente, se opuso a las pretensiones de amparo con sustento en que la
accionante pretende reabrir el debate del proceso contencioso-administrativo y no probó
los defectos invocados ni la lesión de sus derechos fundamentales. Además, señaló que
la decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena se ajustó a la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.
61. La Policía Nacional8 alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, con
fundamento en que las llamadas a satisfacer las pretensiones de amparo son el Juzgado
Cuarto Administrativo de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena.
62. Los demás terceros con interés guardaron silencio.
Actuación posterior
63. El 20 de abril de 20269, la accionante manifestó la intención de reformar la demanda.
En consecuencia, presentó nuevamente el escrito introductorio, con inclusión de los
siguientes alegatos:
64. Se configuró un desconocimiento del precedente contenido en la sentencia de
unificación 287 de 2024, que establece que, en casos de graves violaciones de derechos
humanos, debe aplicarse una flexibilización probatoria.
65. El desconocimiento de la afectación que la desaparición de Amparo de Jesús
Rodríguez, de Aura Milena Cantillo Rodríguez y de Santander Segundo Villamil Lara
generó en todos los habitantes del corregimiento de Paraíso también condujo a un
defecto fáctico.
66. Por la falta de condena de los autores de los delitos involucrados, también se
contravinieron los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y se configuraron los defectos fáctico y de violación directa de la
Constitución.
6 Índice 27 del expediente.
7 Índice 19 del expediente.
8 Índices 23 y 24 del expediente.
9 Índice 30 del expediente.
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III. CONSIDERACIONES
Competencia
67. Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto Ley 2591 de 1991,
con los que concuerdan los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019, por el cual se
expidió el Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Subsección es competente
para proferir sentencia de tutela en primera instancia.
Aclaración previa
68. Con el escrito del 20 de abril de 2026 no se reformó la demanda, pues no se
aportaron o solicitaron medios de prueba adicionales ni se alteraron las partes, las
pretensiones o los hechos10, sino que simplemente se caracterizaron algunos de los
cargos formulados inicialmente. En consecuencia, de ser el caso, tal caracterización será
considerada en la resolución del segundo de los problemas jurídicos formulados a
continuación.
Problema jurídico
69. La Sala determinará si se cumplen los requisitos generales11 de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. En caso afirmativo12, establecerá si en la
sentencia del 26 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, se configuraron defectos o causales específicas de procedibilidad y, con ello,
se vulneraron los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al
debido proceso y a la reparación integral de la señora Castro de la Hoz, en tanto modificó
la decisión apelada y, en lo que aquí interesa, declaró configurada la caducidad respecto
de los demandantes que no eran familiares de las víctimas directas de desaparición
forzada.
Cumplimiento de requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales
70. Se cumple el requisito de legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva,
pues la accionante es la titular de los derechos fundamentales cuya protección se
10 Según el numeral 1 del artículo 93 del Código General del Proceso, «[s]olamente se considerará que existe reforma
de la demanda cuando haya alteración de las partes en el proceso, o de las pretensiones o de los hechos en que ellas
se fundamenten, o se pidan o alleguen nuevas pruebas».
11 En la sentencia de unificación 215 de 2022, la Corte Constitucional indicó que tales requisitos son (i) legitimación
en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad; (iv) relevancia constitucional del asunto; (v) identificación clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales invocados y que, si fue
posible, debieron manifestarse en el proceso correspondiente; (vi) carácter determinante de la irregularidad procesal
alegada, si es el caso, y (vii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela ni un fallo mediante el cual
la Corte Constitucional o el Consejo de Estado hayan resuelto, respectivamente, una demanda de inconstitucionalidad
o de nulidad por inconstitucionalidad. Además, en la sentencia de unificación 388 de 2023, dicha corte estableció que
la acción de tutela no es procedente para controvertir sentencias interpretativas de la Sección de Apelación del Tribunal
para la Paz de la JEP, expedidas «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de dicha
Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto».
12 En la misma sentencia de unificación 215 de 2022, en reiteración de lo dispuesto en las sentencias C-590 de 2005
y SU-026 de 2021, la Corte Constitucional explicó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales está sometida al cumplimiento de los requisitos generales y de las causales específicas dispuestos para
el efecto. Además, señaló que los primeros son «presupuestos cuyo completo cumplimiento es una condición
indispensable para que el juez de tutela pueda entrar a valorar de fondo el asunto (énfasis añadido)».
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Demandante: Josefa Castro de la Hoz
reclama y el tribunal es el causante de su supuesta vulneración, por lo que, si se
comprueba, debe responder por ella.
71. También se satisface el requisito de inmediatez, en tanto la acción de tutela se
ejerció en un término razonable de menos de ocho meses, pues la demanda respectiva
se presentó el 6 de abril del presente año y, aunque la sentencia cuestionada se profirió
el 26 de febrero de 2025, se notificó13 el 8 de abril de ese año y adquirió ejecutoria el 20
de agosto siguiente, tras la notificación14 del auto que resolvió la solicitud de aclaración
de la ANDJE15.
72. Ese término resulta razonable, dado que el caso involucra una grave violación de
derechos humanos, concretamente, un desplazamiento forzado masivo, lo cual
constituye una situación de extrema vulnerabilidad, de acuerdo con la sentencia de
unificación 429 de 2024 de la Corte Constitucional, y, por ende, justifica que la demanda
de tutela no se haya presentado en un plazo inferior16.
73. Igualmente, se cumple el requisito de subsidiariedad, ya que se agotó el mecanismo
de defensa judicial ordinario procedente, es decir, la apelación, y los reproches de la
demandante no corresponden a ninguna de las causales de procedencia del recurso
extraordinario de revisión.
74. Además, se satisface el requisito de relevancia constitucional del asunto17, pues,
de entrada, la fundamentación de la sentencia cuestionada permite advertir una
vulneración de derechos fundamentales derivada de la declaración de caducidad en un
caso que involucraba una grave violación de derechos humanos. Así, no puede
considerarse que lo pretendido sea simplemente acceder a una instancia adicional o
formular discusiones netamente económicas o de legalidad.
75. Finalmente, se identificó claramente la causa de la lesión de derechos fundamentales
alegada, no se planteó una irregularidad procesal en estricto sentido y la sentencia
cuestionada no fue proferida por la Corte Constitucional, ni es de aquellas dictadas por
la JEP y el Consejo de Estado respecto de las cuales no procede la acción de tutela.
13 Índices 30 y 31 del expediente de segunda instancia del proceso 47001-33-33-004-2016-00186-01, almacenado en
Samai.
14 Índices 44 y 45 del expediente de segunda instancia del proceso 47001-33-33-004-2016-00186-01, almacenado en
Samai.
15 Según el artículo 302 del CGP, «cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará
ejecutoriada una vez resuelta la solicitud».
16 En la sentencia T-069 de 2015, la Corte Constitucional explicó que el juez constitucional debe evaluar si el tiempo
transcurrido entre la concreción de la vulneración de derechos fundamentales alegada y la presentación de la demanda
de tutela es razonable, de conformidad con las circunstancias del caso concreto, entre las cuales se encuentra «la
pertenencia del actor a un grupo vulnerable» (Énfasis añadido). Criterio reiterado, entre otras, en las sentencias T-
014 y T-345 de 2025, en las que, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte consideró razonable
la interposición de las acciones de tutela 7 y 8 meses después de la notificación de las sentencias cuestionadas.
17 Sobre dicho requisito, la Corte Constitucional (sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de 2022 y
sentencia T-131 de 2021) ha explicado que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional de los
procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad o de índole patrimonial, o la
apreciación propia de los jueces naturales. Además, ha advertido que es inidónea si lo pretendido es que el juez
constitucional se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de las especialidades de
cada jurisdicción. En concordancia con ello, en sentencia del 5 de agosto de 2014 (proceso 11001-03-15-000-2012-
02201-01), la Sala Plena de esta corporación indicó que, para considerar acreditado el requisito de relevancia
constitucional, se requiere que el actor cumpla una carga argumentativa mínima, es decir, que explique
suficientemente la vulneración de derechos fundamentales alegada, y que la solicitud de amparo no se erija en una
instancia adicional del proceso en el que se profiera la providencia cuestionada.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02577-00
Demandante: Josefa Castro de la Hoz
Configuración de defectos o causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales
76. La demandante adujo, entre otras cuestiones, que el Tribunal Administrativo del
Magdalena no solo ignoró lo expuesto en los alegatos de conclusión y en el recurso de
apelación frente a la afectación que la desaparición forzada de Amparo de Jesús
Rodríguez, de Aura Milena Cantillo Rodríguez y de Santander Segundo Villamil Lara
produjo en los habitantes del corregimiento de Paraíso, sino que desconoció las pruebas
de ello.
77. Ahora, en el recurso de apelación se afirmó que todo lo expuesto en los alegatos de
conclusión era «parte integral» de aquel18. En tales alegatos, a su vez, se indicó que se
probó la afectación que la desaparición de las personas mencionadas produjo en todos
los habitantes del corregimiento, quienes, como consecuencia, se desplazaron19.
78. Por lo anterior, como bien lo sugirió la accionante, el tribunal demandado debía
pronunciarse sobre la afectación aludida. Sin embargo, en la sentencia del 26 de febrero
de 2025, esa autoridad judicial únicamente estudió el daño que la desaparición forzada
de Amparo de Jesús Rodríguez, de Aura Milena Cantillo Rodríguez, de Santander
Segundo Villamil Lara y de William Alfonso Cantillo Mercado causó a sus respectivos
familiares20.
79. De ese modo, el Tribunal Administrativo del Magdalena adoptó una decisión que
afectó a los demandantes distintos a los familiares de las personas desaparecidas
aludidas sin resolver uno de los argumentos planteados, precisamente, en favor de las
pretensiones de tales demandantes.
80. Por lo expuesto, en relación con los mismos demandantes, entre los cuales se
encuentra la señora Castro de la Hoz, la fundamentación de la sentencia del tribunal fue
defectuosa. Así, se materializó una de las manifestaciones del defecto de decisión sin
motivación21.
81. De otra parte, la accionante sostuvo que, al declarar configurada la caducidad por el
retorno de varios demandantes al corregimiento de Paraíso, el Tribunal Administrativo
del Magdalena aplicó precedente de esta corporación contrario a los artículos 18 de la
Ley 387 de 1997 y 67 de la Ley 1448 de 2011. Además, alegó que la condición de
desplazados de los habitantes de dicho corregimiento persistía.
82. Sobre el particular, la Sala debe indicar que, en casos relacionados con delitos de
lesa humanidad o con crímenes de guerra, el juez administrativo está obligado a verificar
18 Página 9 del archivo 35 del expediente de primera instancia del proceso 47001-33-33-004-2016-00186-01,
almacenado en OneDrive y visualizable a través del enlace señalado en el archivo «15RECIBEPRUEBAS(…)» del
índice 15 del expediente del presente proceso.
19 Páginas 16 a 17 del archivo 32 del expediente de primera instancia del proceso 47001-33-33-004-2016-00186-01,
almacenado en OneDrive.
20 Páginas 101 a 108 de la sentencia cuestionada, ubicada en el índice 27 del expediente de segunda instancia del
proceso 47001-33-33-004-2016-00186-01, almacenado en Samai.
21 En la sentencia T-233 de 2007, reiterada en las sentencias T-453 de 2017 y T-041 de 2018, la Corte Constitucional
explicó que el defecto en cuestión se presenta cuando la argumentación de la providencia cuestionada es
decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente. Además, en la sentencia T-709 de 2010, también
reiterada en la sentencia T-041 de 2018, la Corte indicó que el mismo defecto puede configurarse, entre otros
escenarios, cuando el juez «no justifica el motivo por el cual se abstiene de pronunciarse sobre ciertos temas».
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02577-00
Demandante: Josefa Castro de la Hoz
la existencia de circunstancias que hayan impedido materialmente la presentación
oportuna de la demanda, en virtud de lo dispuesto en la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera de esta corporación22.
83. Con respecto a la aplicación de ese fallo, en la sentencia de unificación 167 de
202323, la Corte Constitucional dispuso que el juez administrativo debe considerar la
necesidad de adecuar el proceso para que las partes puedan cumplir las cargas
introducidas en él —es decir, las relativas a la justificación del retardo en la presentación
de la demanda— y ha de estudiar la presencia de barreras de acceso a la administración
de justicia, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
84. En línea con lo anterior, en la sentencia de unificación 287 de 2024 —invocada por
la accionante—, la Corte estableció que, en casos que involucren graves violaciones de
derechos humanos, el juez ha de implementar una flexibilización probatoria, lo cual
implica, entre otras cuestiones, el deber reforzado de emplear facultades oficiosas para
garantizar la justicia material24.
85. De otra parte, es necesario señalar que la posición mayoritaria25 de esta corporación
—implícitamente acogida por el Tribunal Administrativo del Magdalena al sustentar la
declaración de caducidad en el retorno de los habitantes del corregimiento de Paraíso—
ha consistido en tratar el desplazamiento forzado como un daño continuado26.
86. En ese contexto, adquiere relevancia el artículo 18 de la Ley 387 de 1997, según el
cual la condición de desplazado forzado «cesa cuando se logra la consolidación y
estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de
reasentamiento»27. Igualmente, resulta pertinente el artículo 67 de la Ley 1448 de 2011,
de acuerdo con el cual «[c]esará la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta
ocasionada por el hecho mismo del desplazamiento, cuando la persona (…) alcance
el goce efectivo de sus derechos».
22 En esa sentencia se fijaron las siguiente reglas: primero, el término para demandar establecido por el legislador
resulta exigible, incluso, cuando se pretenda la declaración de responsabilidad del Estado con ocasión de delitos de
lesa humanidad o de crímenes de guerra; segundo, salvo en casos de desaparición forzada, regulados expresamente
en la ley, dicho término debe computarse desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la
participación del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad; y tercero, el término en cuestión no
se aplica «cuando se observ[e]n situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de
acción (énfasis añadido)» y, una vez estas sean superadas, aquel empezará a correr.
23 En esa providencia, textualmente, se estableció lo siguiente: «(i) el plazo razonable de dos años para acudir a la
jurisdicción no se cuenta necesariamente desde el momento en que se produce el daño que origina el perjuicio,
sino desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de la demanda de reparación
directa o la existencia de barreras en el acceso a la justicia debe ser analizada por el juez contencioso administrativo
competente, atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; y (iii) la aplicación del fallo de unificación
de la Sección Tercera del Consejo de Estado debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad de readecuar el trámite
para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas cargas y posibilidades procesales que este contiene».
24 Ver párrafo 119 de la sentencia en mención.
25 Al respecto, se puede consultar el auto del 26 de mayo de 2025, proferido por la Sección Tercera de esta
corporación, mediante el cual se avocó conocimiento de un asunto para unificar el punto de inicio del cómputo del
término de caducidad en casos de desplazamiento forzado.
26 Sobre el particular, se pueden consultar las siguientes sentencias: (i) la del 5 de marzo de 2021, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación en el proceso identificado con la radicación interna 64.563,
(ii) la del 25 de mayo de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación en el proceso
identificado con la radicación interna 62.866 y (iii) la del 1° de junio de 2020, proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera de esta corporación en el proceso identificado con la radicación interna 48.261.
27 Énfasis añadido.
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Demandante: Josefa Castro de la Hoz
87. En concordancia con lo anterior, en la sentencia de unificación 429 de 2024, la Corte
Constitucional estableció que las víctimas de desplazamiento forzado se encuentran en
una situación de extrema vulnerabilidad, que «sólo se supera cuando se consolida la
estabilización socioeconómica de la población afectada, al retornar a su lugar de
origen o al reubicarse en un lugar en donde pueden habitar en unas condiciones que
garantizan una vida y subsistencia dignas»28.
88. Por otro lado, en la sentencia de unificación 168 de 2023, la Corte Constitucional
explicó que, de acuerdo con su jurisprudencia y la de esta corporación, las reglas sobre
caducidad deben interpretarse conforme al principio pro damnato, que implica adoptar la
interpretación que favorezca el estudio de fondo cuando haya duda sobre el punto de
inicio del término para presentar la demanda.
89. En aplicación de ese principio, en las sentencias del 5 de marzo de 2021 29 y del 28
de octubre de 202430, las subsecciones A y C de la Sección Tercera de esta corporación
estudiaron de fondo casos de desplazamiento forzado, en vista de la falta de pruebas
suficientes para establecer si había operado la caducidad.
90. Ahora, en el fallo del 26 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Magdalena
invocó la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, de la cual resaltó un
fragmento relativo al valor probatorio de la confesión, y explicó lo siguiente frente a la
caducidad de las pretensiones de reparación directa por el desplazamiento forzado31:
91. Aunque en la demanda no se describieron las condiciones del desplazamiento de los
demandantes, en la mayoría de poderes otorgados por estos —incluido el de la aquí
accionante— se identificó el 12 de enero de 2000 como fecha de tal suceso. Ello, aunado
a que no se expuso una sola razón que hubiera impedido demandar con anterioridad,
implicaba la configuración de la caducidad.
92. El oficio DECVDH-20150 del 2 de agosto de 2019, suscrito por una servidora de la
Fiscalía General de la Nación, demostraba que «algunos» de los demandantes obraron
en los procesos de tutela que resultaron en la expedición de la sentencia de unificación
254 de 2013. Así, sabían que el término de caducidad empezaba a correr desde «la
notificación» de esa providencia, pese a lo cual, sin ninguna razón, se abstuvieron de
demandar oportunamente.
93. La demanda y «varios medios probatorios» evidenciaban que las AUC se
desmovilizaron en 2006 y, como consecuencia, «muchos» de los habitantes del
corregimiento de Paraíso retornaron a este.
94. Expuesto lo anterior, la Sala debe advertir que, según la sentencia de unificación del
29 de enero de 2020, «las manifestaciones hechas por los apoderados de las partes en
la demanda, en las excepciones y en las respectivas contestaciones ostentan valor
28 Énfasis añadido.
29 Proceso identificado con la radicación interna 64.563.
30 Proceso identificado con la radicación interna 68.154.
31 Ver páginas 51 a 54 de la sentencia cuestionada.
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Demandante: Josefa Castro de la Hoz
probatorio, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 191
del C.G.P»32.
95. Esto último, precisamente, fue lo resaltado por el Tribunal Administrativo del
Magdalena33, el cual, sin embargo, prescindió de todo análisis para establecer si en el
caso concreto se cumplían los requisitos de validez de la confesión, establecidos en el
artículo 191 del Código General del Proceso (CGP). En cambio, de forma automática,
concluyó que los poderes otorgados por los actores y la demanda respectiva probaban
cuándo se produjeron el desplazamiento y el retorno de los habitantes del corregimiento
de Paraíso.
96. De ese modo, se obvió una de las reglas fijadas en la sentencia de unificación
aludida, invocada por el mismo tribunal, lo que constituye un desconocimiento del
precedente de esta corporación34. Además, se ignoró el artículo 191 del CGP, que
evidentemente era aplicable, con lo cual se configuró un defecto sustantivo35.
97. Por otro lado, en el oficio DECVDH-20150 del 2 de agosto de 2019, del cual se incluyó
un pantallazo en la sentencia cuestionada36, no se individualizaron los accionantes de
los procesos de tutela que resultaron en la expedición de la sentencia de unificación 254
de 2013. Empero, el tribunal se basó en tal oficio para concluir que los actores sabían
que el término de caducidad empezaba a correr desde «la notificación» de la mencionada
sentencia y, con fundamento en ello, declaró la caducidad respecto de todos los
demandantes distintos a los familiares de quienes sufrieron desaparición forzada.
98. Así, la autoridad judicial demandada dio por probado un supuesto de hecho —el
conocimiento del inicio del término de caducidad— sin que existiera prueba de él, lo cual
implica la configuración de un defecto fáctico37.
99. De otra parte, aquella consideró probado que «muchos» de los habitantes del
corregimiento de Paraíso retornaron, sin explicar qué medios de prueba lo demostraban.
No obstante, el fallo cuestionado permite inferir que tales medios fueron los testimonios
de Inés María Rodríguez Beltrán y Maridis Bolaño Viloria, quienes, según lo citado en el
mismo fallo38, manifestaron que «la gente» empezó a retornar en 2006.
32 Énfasis añadido.
33 Ver páginas 50 a 51 de la sentencia cuestionada.
34 En la sentencia de unificación 304 de 2024, la Corte Constitucional estableció que ese defecto se configura cuando
se viola la razón de la decisión contenida en una providencia judicial que constituya precedente. En la sentencia de
unificación 380 de 2021, la misma corte explicó que una providencia constituye precedente si «contiene un
pronunciamiento sobre un problema jurídico basado en hechos similares, desde un punto de vista jurídicamente
relevante». Ahora, en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, esta corporación estudió un caso de
ejecuciones extrajudiciales, es decir, de una grave violación de derechos humanos, como la puesta en conocimiento
del tribunal aquí demandado. En tal oportunidad, se concluyó que lo expuesto en la demanda objeto de decisión
cumplía los requisitos para ser considerada una confesión y, por ende, demostraba la extemporaneidad del ejercicio
del derecho de acción. Así, es claro que esa sentencia del 29 de enero de constituía precedente para la resolución del
caso en cuestión y que el Tribunal Administrativo del Magdalena desconoció una de las razones de la decisión
contenida en ella: el cumplimiento de los requisitos de validez de la confesión.
35 En la misma sentencia de unificación 380 de 2021, la Corte Constitucional expuso que el defecto sustantivo se
configura, entre otros escenarios, cuando «se desconoce la norma aplicable al caso concreto».
36 Ver página 53 de dicha sentencia.
37 En la sentencia de unificación 380 de 2021, la Corte Constitucional indicó que ese defecto se configura, entre otros
escenarios, cuando el juez «da por probados supuestos de hecho, sin que exista prueba de los mismos».
38 Ver páginas 122 y 126.
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Demandante: Josefa Castro de la Hoz
100. Esto último no era equiparable a la cesación de la condición de desplazados de los
demandantes, pues de ninguna manera daba cuenta del goce efectivo de sus derechos
ni de su estabilización socioeconómica, lo que, según la sentencia de unificación 429 de
2024 de la Corte Constitucional —ya citada—, requiere condiciones que garanticen una
vida y subsistencia dignas.
101. De hecho, el tribunal no expuso una sola consideración encaminada a la verificación
de tales condiciones, con lo que incurrió en un desconocimiento del precedente de la
Corte Constitucional y, con ello, de los artículos 18 de la Ley 387 de 1997 y 67 de la
Ley 1448 de 2011, que eran claramente aplicables39. Así, también se configuró un
defecto sustantivo.
102. Finalmente, el Tribunal Administrativo del Magdalena obvió que la demanda se
presentó el 23 de noviembre de 201640, es decir, antes de la expedición de la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020, por lo cual era apenas lógico que no se hubiera
justificado la tardanza en el ejercicio del derecho de acción, pues, en casos de graves
violaciones de derechos humanos, la necesidad de proporcionar tal justificación y de
presentar las pruebas correspondientes surgió con dicha sentencia de unificación.
103. En ese contexto, de acuerdo con lo dispuesto en las sentencias de unificación 167
de 2023 y 287 de 2024, proferidas por la Corte Constitucional, se debía (i) brindar a los
actores la oportunidad de probar las razones de la tardanza en el ejercicio del derecho
de acción; (ii) analizar si se presentaron barreras de acceso a la administración de
justicia, de conformidad con los medios de prueba aportados en esa oportunidad y
aquellos ya obrantes en el expediente, y (iii) decretar oficiosamente los que se
requirieran.
104. El tribunal no hizo nada de ello, pues, por el contrario, se limitó a reprochar la falta
de exposición de los motivos por los cuales no se demandó con anterioridad. De ese
modo, también incurrió en un desconocimiento del precedente de la Corte
Constitucional.
105. Por todo lo expuesto, se vulneraron los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso de la señora Castro de la Hoz, por lo cual
se accederá a su solicitud de amparo constitucional. En consecuencia, se dejará sin
efectos la sentencia del 26 de febrero de 2025 y se ordenará al Tribunal Administrativo
del Magdalena que profiera un nuevo fallo.
106. Esa providencia deberá versar sobre las pretensiones de la aquí accionante y sobre
las de los demás demandantes respecto de los cuales se declaró la caducidad, quienes
fueron vinculados al presente trámite en calidad de terceros con interés.
107. Al respecto, es importante señalar que, en la sentencia de unificación 116 de 201841,
la Corte Constitucional explicó que la vinculación de los terceros con interés al trámite de
39 Como se indicó, tales artículos adquirieron relevancia en la medida en que el desplazamiento forzado fue
considerado un daño continuado.
40 Página 332 del archivo 02 de la carpeta 01 del expediente de primera instancia del proceso 47001-33-33-004-2016-
00186-01, almacenado en OneDrive.
41 Reiterada en la sentencia T-501 de 2025.
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Demandante: Josefa Castro de la Hoz
tutela se fundamenta en la protección de sus derechos, en la medida en que pueden
estar «vinculados a la situación jurídica de una de las partes o a la pretensión que
se discute, al punto de que a la postre puedan resultar afectados por el fallo que se
pronuncie»42.
108. En el presente caso, es claro que todos los demandantes respecto de los cuales se
declaró la caducidad se encuentran en una situación jurídica idéntica a la de la señora
Castro de la Hoz. Esto, aunado a que en tal situación se involucra una grave violación
de derechos humanos, impone ordenar al tribunal que, en el nuevo fallo, también se
pronuncie frente a dichos demandantes.
109. De hecho, no ordenarlo implicaría mantener incólume una sentencia que vulnera
los derechos fundamentales de los demandantes aludidos en la misma forma que lo hace
frente a la señora Castro de la Hoz y, en esa medida, este fallo de tutela afectaría
gravemente los derechos de aquellos.
110. Finalmente, además de la corrección de los defectos hallados, se ordenará al
Tribunal Administrativo del Magdalena que, si no encuentra probado cuándo cesó el
desplazamiento, estudie el asunto de fondo, en aplicación del principio pro damnato,
como lo ha hecho esta corporación43. Ello, en garantía del derecho de acceso a la
administración de justicia de los demandantes en el proceso de reparación directa, lo
cual resulta especialmente necesario, dada la presencia de una grave violación de
derechos humanos.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso de Josefa Castro de la Hoz.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 26 de febrero de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena en el proceso 47001-33-33-004-2016-00186-
01.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Magdalena que:
(i) Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia, corra
traslado del expediente del proceso 47001-33-33-004-2016-00186-01 a la parte allí
demandante para que, dentro de los veinte (20) días subsiguientes, aporte y solicite
los medios de prueba encaminados a demostrar los motivos por los que no se
presentó la demanda de reparación directa con anterioridad.
42 Énfasis añadido.
43 Ver párrafo 81.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02577-00
Demandante: Josefa Castro de la Hoz
(ii) Dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de esa solicitud
probatoria, adopte la decisión correspondiente y decrete oficiosamente los
medios de prueba que considere útiles, pertinentes y conducentes para establecer
si los demandantes (a) enfrentaron barreras de acceso a la administración de
justicia y (b) perdieron la condición de desplazados, de acuerdo con los criterios
establecidos en los artículos 18 de la Ley 387 de 1997 y 67 de la Ley 1448 de 2011
y en la sentencia de unificación 429 de 2024 de la Corte Constitucional.
(iii) Dentro de los treinta (30) días siguientes al recaudo y práctica de todos los medios
de prueba que se decreten, así como a la presentación de alegatos de conclusión
conforme a las disposiciones procesales aplicables, profiera una nueva sentencia
en la que (a) aborde los reparos expuestos por los apelantes frente a la afectación
que la desaparición forzada de Amparo de Jesús Rodríguez, de Aura Milena
Cantillo Rodríguez y de Santander Segundo Villamil Lara produjo en todos los
habitantes del corregimiento de Paraíso y (b) evalúe si el desplazamiento de los
demandantes cesó, de forma individualizada y de acuerdo con los criterios
establecidos en los artículos 18 de la Ley 387 de 1997 y 67 de la Ley 1448 de 2011
y en la sentencia de unificación 429 de 2024 de la Corte Constitucional. Si esto
último es resuelto afirmativamente, se deberá analizar, también de forma
individualizada, si los actores enfrentaron barreras de acceso a la administración
de justicia que hubieran impedido la presentación de la demanda de reparación
directa con anterioridad. Empero, si no se encuentra probado cuándo cesó el
desplazamiento, se deberá estudiar el asunto de fondo, en aplicación del principio
pro damnato.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
17
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