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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02577-01

Fecha
31 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02577-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Modifícase la sentencia de primera instancia que accedió al amparo de los derechos invocados y, en su lugar, se dispone: 1º) Confírmase el amparo de los derechos fundamentales frente a la valoración del material probatorio y a la aplicación de las reglas jurídicas y jurisprudenciales para determinar la caducidad de las pretensiones derivadas del desplazamiento forzado. 2º) Déjase sin efectos la sentencia de 26 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del proceso de reparación directa con radicación no. 47001-33-33-004-2016-00186-01, únicamente respecto de las determinaciones relacionadas con las pretensiones afectadas por la declaración de caducidad, en los términos señalados en la parte motiva de esta providencia. 3º) Ordénase al Tribunal Administrativo del Magdalena que readecúe el trámite del proceso de reparación directa para que los demandantes cuyas pretensiones fueron afectadas por la declaración de caducidad tengan una oportunidad procesal efectiva para exponer y, en los términos procesalmente admisibles, acreditar las circunstancias relacionadas con el momento en que conocieron o debieron conocer la participación del Estado en el daño alegado y, de ser el caso, aquellas que, pese a ese conocimiento, les hubieran impedido materialmente ejercer oportunamente el medio de control. 22 Expediente: 11001-03-15-000-2026-02577-01 Demandante: Josefa Castro de La Hoz Acción de tutela En desarrollo de esa actuación deberá garantizarse a las entidades demandadas el ejercicio del derecho de contradicción. La readecuación no comportará la reapertura integral del debate probatorio ni permitirá modificar las pretensiones, los hechos constitutivos del daño o la causa petendi. 4º) Ordénase al Tribunal Administrativo del Magdalena que, cumplida la actuación anterior, dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva sentencia respecto de las pretensiones afectadas por la declaración de caducidad, en la cual: i) determine el alcance probatorio de las manifestaciones contenidas en los poderes, conforme con las reglas aplicables; […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02577-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

31 de agosto de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02577-01
Demandante: JOSEFA CASTRO DE LA HOZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. CADUCIDAD. DESAPARICIÓN FORZADA.
DEFECTO FÁCTICO. DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JUDICIAL.

Síntesis del caso: la parte demandante indicó que la autoridad judicial demandada vulneró
sus derechos fundamentales en el marco de un proceso de reparación directa con ocasión
de la sentencia que modificó la decisión de primera instancia que declaró probada la
excepción de caducidad, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos procedimental,
fáctico, sustantivo, decisión sin motivación, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente judicial. Sin embargo, la Sala modificará la decisión de
primera instancia, en cuanto a los fundamentos y al alcance de las órdenes impartidas, y
confirmará el amparo frente a la valoración del material probatorio y la aplicación de las
reglas jurídicas y jurisprudenciales para determinar la caducidad de las pretensiones
derivadas del desplazamiento forzado.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 26 de junio de 2026 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso de Josefa Castro de la Hoz.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 26 de febrero de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el proceso
47001-33-33-004-2016-00186 01.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Magdalena que:

(i) Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, corra traslado del expediente del proceso 47001-33-33-004-
2016-00186-01 a la parte allí demandante para que, dentro de los veinte
(20) días subsiguientes, aporte y solicite los medios de prueba
encaminados a demostrar los motivos por los que no se presentó la
demanda de reparación directa con anterioridad.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02577-01
Demandante: Josefa Castro de La Hoz
Acción de tutela
(ii) Dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de esa
solicitud probatoria, adopte la decisión correspondiente y decrete
oficiosamente los medios de prueba que considere útiles, pertinentes y
conducentes para establecer si los demandantes (a) enfrentaron barreras
de acceso a la administración de justicia y (b) perdieron la condición de
desplazados, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 18
de la Ley 387 de 1997 y 67 de la Ley 1448 de 2011 y en la sentencia de
unificación 429 de 2024 de la Corte Constitucional.

(iii) Dentro de los treinta (30) días siguientes al recaudo y práctica de todos
los medios de prueba que se decreten, así como a la presentación de
alegatos de conclusión conforme a las disposiciones procesales
aplicables, profiera una nueva sentencia en la que (a) aborde los reparos
expuestos por los apelantes frente a la afectación que la desaparición
forzada de Amparo de Jesús Rodríguez, de Aura Milena Cantillo
Rodríguez y de Santander Segundo Villamil Lara produjo en todos los
habitantes del corregimiento de Paraíso y (b) evalúe si el desplazamiento
de los demandantes cesó, de forma individualizada y de acuerdo con los
criterios establecidos en los artículos 18 de la Ley 387 de 1997 y 67 de la
Ley 1448 de 2011 y en la sentencia de unificación 429 de 2024 de la Corte
Constitucional. Si esto último es resuelto afirmativamente, se deberá
analizar, también de forma individualizada, si los actores enfrentaron
barreras de acceso a la administración de justicia que hubieran impedido
la presentación de la demanda de reparación directa con anterioridad.
Empero, si no se encuentra probado cuándo cesó el desplazamiento, se
deberá estudiar el asunto de fondo, en aplicación del principio pro
damnato.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI- índice 72 de la primera instancia, negrillas y mayúsculas del
original)

I. ANTECEDENTES

La demanda

1) El 7 de abril de 20261, la parte demandante presentó acción de tutela en contra
del Tribunal Administrativo del Magdalena, con el fin de que se protegieran sus
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y principio de
“reparación integral”.

2) Aunque el escrito de tutela no contiene un acápite específico en el que se
individualicen formalmente las pretensiones, de su contenido, en particular del
apartado denominado “Manera de remediar las violaciones”, se deduce que la parte
actora pretende que se deje sin efecto la sentencia del 26 de febrero de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena y se ordene emitir una nueva
decisión en la que i) se examinen integralmente los argumentos formulados en los
alegatos de conclusión, el recurso de apelación y su alcance, en especial los
relacionados con la afectación que la desaparición forzada de los señores

1 Índice 2 SAMAI de la primera instancia.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02577-01
Demandante: Josefa Castro de La Hoz
Acción de tutela
Santander Villamil Lara, Amparo de Jesús Rodríguez y Aura Milena Cantillo
Rodríguez habría ocasionado a todos los habitantes del corregimiento de Paraíso;
ii) se valoren las pruebas aportadas y se decreten de oficio las necesarias para
acreditar dicha victimización y su relación con el desplazamiento forzado; iii) se
concluya que no operó la caducidad y se examine la responsabilidad del Estado; iv)
de resultar procedente, se profiera un fallo extra petita que reconozca la afectación
alegada respecto de toda la comunidad; además, v) que se corra traslado de las
declaraciones extraprocesales aportadas con los alegatos de conclusión y se
admitan los demás elementos probatorios que resulten pertinentes.

Hechos

1) Entre 1996 y 2006, integrantes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) ejercieron presencia y control armado en el corregimiento de
Paraíso, municipio de Pivijay (Magdalena), situación que produjo homicidios,
desapariciones, despojos y desplazamientos de sus habitantes, ante la falta de
actuación de la Fuerza Pública, entre ellos, tres grandes desplazamientos de la
población en 1997, 2000 y 2001.

2) El 12 de enero de 2000, miembros de las AUC desaparecieron a los señores
Amparo de Jesús Rodríguez, Aura Milena Cantillo Rodríguez y Santander Segundo
Villamil Lara, después de señalarlos de colaborar con grupos guerrilleros.

3) Posteriormente, el 4 de septiembre de 2000, fueron asesinados José Agustín
Rojano Castro y Diógenes Enrique Rojano Martínez, y el 4 de septiembre de 2001
ocurrió la desaparición y muerte de William Alfonso Cantillo Mercado.

4) El 23 de noviembre de 2016, la señora Josefa Castro de la Hoz y otros habitantes
del corregimiento de Paraíso presentaron demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional, con el propósito de obtener la declaratoria de
responsabilidad estatal, entre otros hechos, por el desplazamiento forzado, el
“acoso” y exterminio de la población, las muertes y desapariciones referidas y
distintos despojos patrimoniales.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02577-01
Demandante: Josefa Castro de La Hoz
Acción de tutela
5) El asunto correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Santa Marta2, quien, mediante sentencia del 3 de noviembre de 2022, declaró
configurada la caducidad del medio de control y negó las pretensiones, por cuanto
consideró que, aun si el término se contabilizaba desde la ejecutoria de la sentencia
SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional, aquel había vencido el 24 de mayo de
2015, mientras que la demanda fue presentada el 23 de noviembre de 2016.

6) También examinó el asunto conforme a la sentencia de unificación del Consejo
de Estado del 29 de enero de 2020 y concluyó que los actores contaban desde
antes con elementos para conocer la posible participación u omisión estatal en los
hechos.

7) La parte demandante apeló esa decisión, por cuanto consideró que el juzgado
redujo indebidamente el litigio al desplazamiento forzado, pese a que también se
reclamaba responsabilidad estatal por el acoso y exterminio de la población;
cuestionó la forma en que se aplicó la jurisprudencia sobre caducidad; alegó que no
podía declararse dicho fenómeno respecto de las desapariciones forzadas mientras
se desconociera el paradero de las víctimas y afirmó que las pretensiones de
algunos demandantes tampoco podían considerarse caducadas debido a que eran
menores de edad.

8) En sentencia del 26 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Magdalena
modificó el fallo de primera instancia, en el sentido de declarar patrimonialmente
responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el Ejército
Nacional por la desaparición forzada de los señores Amparo de Jesús Rodríguez,
Aura Milena Cantillo Rodríguez, Santander Segundo Villamil Lara y William Alfonso
Cantillo Mercado y ordenó indemnizar a sus familiares; respecto de los demás
demandantes, declaró configurada la caducidad y negó las restantes pretensiones.

9) Para declarar la caducidad respecto de los demás actores, el tribunal consideró,
entre otros aspectos, que en el recurso de apelación la parte demandante había
identificado la desaparición ocurrida el 12 de enero de 2000 como el inicio del
“acoso” a la población de Paraiso, que los actores conocían la aquiescencia de las
autoridades frente al accionar de las AUC, que en numerosos poderes se señaló el
12 de enero de 2000 como fecha del desplazamiento y que no se acreditaron

2 Proceso con radicación no. 47001-33-33-004-2016-00186-00/01.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02577-01
Demandante: Josefa Castro de La Hoz
Acción de tutela
circunstancias que hubieran impedido acudir oportunamente a la jurisdicción;
además, tuvo en cuenta que algunos habitantes retornaron al corregimiento de
Paraíso después de la desmovilización de las AUC en 2006.

10) La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) solicitó aclarar la
sentencia y corregir algunos errores contenidos en ella; sin embargo, mediante auto
del 30 de abril de 2025, el tribunal negó la aclaración, porque no encontró conceptos
o frases que ofrecieran verdadero motivo de duda sobre el alcance de la decisión,
pero accedió a las correcciones, por advertir errores formales susceptibles de
enmienda, decisión que se notificó por estado el 19 de agosto de 2025.

11) La parte demandante solicitó corrección de la sentencia, dirigida esencialmente
a subsanar errores materiales relacionados con la individualización e identificación
de los demandantes y beneficiarios de las condenas, aspecto particularmente
relevante por el elevado número de integrantes de los distintos grupos familiares
comprendidos en la providencia, las cuales fueron acogidas mediante autos del 17
de septiembre y 3 de diciembre de 2025, notificados por estados del 25 de
septiembre de 2025 y 2 de febrero de 2026, respectivamente.

Fundamentos de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos constitucionales fundamentales antes mencionados, con ocasión del fallo
del 26 de febrero de 2025, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo, procedimental absoluta, decisión sin motivación, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial, todos encaminados a
controvertir la forma en que se estableció la caducidad y se descartó la reparación
de los demás demandantes.

En cuanto al defecto procedimental absoluto y decisión sin motivación, afirmó que
el tribunal omitió resolver integralmente uno de los argumentos de la apelación, pues
no examinó la afectación que la desaparición forzada de los señores Amparo de
Jesús Rodríguez, Aura Milena Cantillo Rodríguez y Santander Segundo Villamil
Lara habría causado a la totalidad de los habitantes de Paraíso, de la cual el
desplazamiento constituía una manifestación.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02577-01
Demandante: Josefa Castro de La Hoz
Acción de tutela
Reprochó que no se hubieran considerado las pruebas sobre esa afectación, que
no se permitiera aportar elementos probatorios adicionales y que no se profiriera
una decisión extra petita.

Frente al defecto sustantivo, cuestionó la aplicación de la sentencia de unificación
de la Sección Tercera del 29 de enero de 2020 y de la sentencia del 20 de mayo de
2022, expediente 67.891, para declarar la caducidad.

Se desconocieron los artículos 18 de la Ley 387 de 1997 y 67 de la Ley 1448 de
2011, porque la condición de desplazado no termina con el simple retorno al lugar
de origen, sino con la consolidación y estabilización socioeconómica o con el goce
efectivo de derechos.

Consideró incorrecto que el tribunal utilizara el retorno de algunos habitantes de
Paraíso como elemento para establecer la caducidad, pese a que se afirmó que no
habían recuperado las condiciones de vida anteriores al desplazamiento.

Respecto del defecto fáctico, atribuyó al tribunal una valoración defectuosa y
omisiva del material probatorio, en particular, de los testimonios de Inés María
Rodríguez Beltrán y Maridis Bolaño Viloria, que, según afirmó, acreditaban la
persistencia de la condición de desplazamiento; así como la comunicación de la
UARIV, según la cual la mayoría de los demandantes figuraban inscritos en el
Registro Único de Víctimas.

No se obtuvo la certificación de la UARIV acerca de quiénes retornaron al
corregimiento de Paraíso, prueba que había sido solicitada en el proceso, y,
además, se tuvo por demostrado que algunos actores conocían la sentencia SU-
254 de 2013 y, con base en ello, se computó la caducidad desde su “notificación”,
pese a la ausencia de prueba suficiente sobre ese conocimiento.

En lo relacionado con el desconocimiento del precedente judicial, invocó la
sentencia SU-287 de 2024 de la Corte Constitucional, por considerar que imponía
una flexibilización probatoria en asuntos relativos a graves violaciones de derechos
humanos.

Finalmente, alegó que hubo una violación directa de la Constitución, debido a que
la ausencia de condena de los responsables de los hechos y el tratamiento judicial

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02577-01
Demandante: Josefa Castro de La Hoz
Acción de tutela
del caso desconocieron los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, relativos a las garantías judiciales y a la protección judicial.

Actuaciones de primer grado

Mediante auto del 9 de abril de 20263, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó la notificación del Tribunal
Administrativo del Magdalena, de todas las personas naturales que, junto con la
señora Josefa Castro de la Hoz, conformaron el extremo activo del proceso de
reparación directa, así como del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y a la
Policía Nacional, para que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción.

Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 26
de junio de 20264, amparó los derechos invocados y, en consecuencia, dejó sin
efectos la sentencia del 26 de febrero de 2025.

Encontró configurada una decisión sin motivación, porque el tribunal no resolvió el
argumento de la apelación relacionado con la afectación que las desapariciones
forzadas de Amparo de los señores Jesús Rodríguez, Aura Milena Cantillo
Rodríguez y Santander Segundo Villamil Lara habrían producido sobre todos los
habitantes del corregimiento de Paraíso.

Asimismo, concluyó que se configuraron los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente, debido a que el tribunal no verificó los requisitos
de validez de la confesión previstos en el artículo 191 del CGP5; tuvo por
demostrado, sin prueba suficiente, que los actores conocían el inicio del término de
caducidad desde la notificación de la SU-254 de 2013, y asimiló el retorno de
algunos habitantes a la cesación de la condición de desplazamiento, sin verificar su
estabilización socioeconómica y el goce efectivo de sus derechos.

3 Índice 4 Samai de la primera instancia.

4 Índice 72 Samai de la primera instancia.

5 Se refiere al posible valor confesional que atribuyó a ciertas afirmaciones contenidas en la demanda

y en los poderes otorgados por los demandantes a su apoderado judicial, en los cuales se
reconocieron determinados hechos que le eran desfavorables para efectos del cómputo de la
caducidad.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02577-01
Demandante: Josefa Castro de La Hoz
Acción de tutela
También concluyó que como la demanda de reparación directa fue presentada en
2016, antes de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del 29 de enero de
2020, debía brindarse a los actores la oportunidad de demostrar las razones por las
cuales no ejercieron antes el derecho de acción; además, consideró que el tribunal
debía determinar si existieron barreras de acceso a la administración de justicia y,
de ser necesario, ejercer sus facultades probatorias oficiosas, conforme a las
sentencias SU-167 de 2023 y SU-287 de 2024 de la Corte Constitucional.

Ordenó al tribunal reabrir de manera limitada el debate probatorio, para lo cual,
debía correr traslado a la parte demandante durante 20 días para que aportara o
solicitara pruebas dirigidas a demostrar las razones de la presentación tardía de la
demanda y, posteriormente, establecer si los actores enfrentaron barreras de
acceso a la justicia y si cesó su condición de desplazados.

Por último, ordenó que se profiriera una nueva sentencia en la que resolviera el
argumento omitido sobre la afectación de toda la comunidad de Paraíso y
determinara de forma individualizada si había cesado el desplazamiento de cada
demandante, conforme a los artículos 18 de la Ley 387 de 1997 y 67 de la Ley 1448
de 2011 y a la SU-429 de 2024 y, si no lograba determinar cuándo cesó el
desplazamiento, debía estudiar el fondo del asunto en aplicación del principio pro
damnato.

Impugnación

El tribunal presentó impugnación contra el fallo de primera instancia, concedida en
auto de 27 de julio de 20266.

La demanda ordinaria contenía un relato general sobre el desplazamiento de cerca
de 700 personas, sin individualizar las circunstancias de cada demandante o núcleo
familiar, pese a lo cual examinó las pruebas aportadas para establecer, en la medida
de lo posible, sus situaciones particulares.

La orden de abrir una nueva etapa probatoria permite suplir deficiencias de la parte
actora y puede afectar el derecho de defensa de las entidades demandadas.

6 El expediente ingresó al despacho el 10 de agosto de 2026, índice 86 Samai de la Primera instancia

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02577-01
Demandante: Josefa Castro de La Hoz
Acción de tutela
Frente a la supuesta falta de motivación, controvirtió que hubiera omitido resolver
un reparo oportunamente formulado, pues, la tesis según la cual las desapariciones
forzadas de Santander Villamil Lara, Amparo Rodríguez y Aura Milena Cantillo
produjeron un daño por “acoso” a todos los habitantes de Paraíso solo fue planteada
en los alegatos de conclusión, que además fueron presentados
extemporáneamente.

Según la impugnación, en esa oportunidad el apoderado reconoció que tal
pretensión no había sido formulada en la demanda y solicitó un fallo extra petita,
con apoyo en dos declaraciones extraproceso rendidas el 10 de octubre de 2022,
por lo cual el tribunal no estaba obligado a resolver esa nueva construcción como si
constituyera un reparo oportunamente incorporado al litigio, sin perjuicio de que los
testimonios practicados durante el proceso sí fueron valorados en la sentencia.

Respecto del defecto fáctico y sustantivo asociado a la confesión, cuestionó la
conclusión según la cual el tribunal aplicó automáticamente las manifestaciones
contenidas en la demanda y en los poderes sin verificar los requisitos del artículo
191 del CGP.

La decisión sobre caducidad no se sustentó de manera aislada en esas
manifestaciones, sino en la valoración conjunta del expediente y de las
circunstancias acreditadas respecto del desplazamiento, el conocimiento de los
hechos, el retorno de parte de la población y los demás elementos probatorios
incorporados al proceso.

En cuanto a la permanencia de la condición de desplazamiento, enfatizó que la
demanda ordinaria apenas afirmó, en términos generales, que algunas familias
regresaron al corregimiento de Paraíso desde finales de 2006 y que los actores
continuaban siendo desplazados, sin describir individualmente sus condiciones
socioeconómicas al momento de presentar la demanda.

Las pruebas debían ser aportadas oportunamente para acreditar esos hechos y no
resulta admisible convertir la tutela en una oportunidad para reconstruir el supuesto
fáctico y probatorio que correspondía acreditar dentro del proceso ordinario.

Cuestionó la orden de reabrir la etapa probatoria para demostrar las razones de la
tardanza, las eventuales barreras de acceso a la justicia y la cesación de la
condición de desplazamiento, en atención a que esa determinación permite

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02577-01
Demandante: Josefa Castro de La Hoz
Acción de tutela
subsanar las deficiencias fácticas y probatorias de la demanda después de
agotadas las instancias ordinarias y afecta el equilibrio procesal, pues, las entidades
demandadas quedarían sometidas a un nuevo escenario probatorio dentro de la
segunda instancia sin contar con otra instancia para controvertir la decisión que
finalmente se adopte.

El fallo ordinario fue producto de la valoración del material válidamente incorporado
al proceso y no de una actuación arbitraria o vulneradora de derechos
fundamentales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02577-01
Demandante: Josefa Castro de La Hoz
Acción de tutela
El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Magdalena con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con
ocasión del fallo del 26 de febrero de 2025, por cuanto, a su juicio, incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo, procedimental absoluto, decisión sin motivación,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial, todos
encaminados a controvertir la forma en que se estableció la caducidad y se descartó
la reparación de los demás demandantes.

En primera instancia, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
amparó los derechos fundamentales, dejó sin efectos la sentencia del 26 de febrero
de 2025 y le ordenó abrir una nueva etapa probatoria y proferir una nueva sentencia
respecto de la señora Josefa Castro de la Hoz y de los demás demandantes
afectados por la declaratoria de caducidad.

En la impugnación, el tribunal sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales
de los demandantes, pues la sentencia cuestionada valoró el material probatorio
aportado oportunamente y procuró individualizar la situación de cada núcleo
familiar, pese a que la demanda formuló de manera general las circunstancias del
desplazamiento y presentó importantes deficiencias probatorias; asimismo,
cuestionó que mediante la tutela se pretenda suplir esas falencias y reabrir la etapa
probatoria; además, reprochó que se pretenda introducir una modalidad de daño
vinculada con las desapariciones forzadas ocurridas en Paraíso que no fue
planteada ni acreditada oportunamente en el proceso ordinario.

Ahora bien, como cuestión previa, es preciso aclarar que, si bien en la solicitud de
amparo se invocaron los defectos de decisión sin motivación, fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que, a partir de la lectura
integral del escrito de tutela, se advierte que algunos de los reparos formulados se
encuentran estrechamente relacionados y responden a una misma controversia.

En particular, los cuestionamientos referidos al valor atribuido a las manifestaciones
contenidas en los poderes y demás actuaciones de los demandantes, al
conocimiento de la Sentencia SU-254 de 2013 y a los elementos considerados para
establecer el retorno y la cesación de la condición de desplazamiento corresponden,
en esencia, a la valoración del material probatorio que sirvió de fundamento para

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02577-01
Demandante: Josefa Castro de La Hoz
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declarar la caducidad, por consiguiente, tales argumentos se examinarán de manera
conjunta desde la perspectiva del defecto fáctico y, de forma independiente, se
estudiará la decisión sin motivación, respecto de la presunta omisión de resolver el
argumento de apelación relacionado con la incidencia de las desapariciones
forzadas en el acoso y desplazamiento de los habitantes de Paraíso.

Asimismo, los cuestionamientos relacionados con la interpretación de las reglas
aplicables a la caducidad del medio de control de reparación directa frente al
desplazamiento forzado, particularmente en lo referente a su carácter continuado,
la determinación del momento en que cesa esa situación y la incidencia de las
eventuales barreras que hubieran impedido acudir oportunamente a la jurisdicción,
se examinarán desde la perspectiva del defecto sustantivo y del desconocimiento
del precedente judicial, de acuerdo con los argumentos formulados por la parte
actora.

No sobra recordar que dicho estudio procederá, si y solo si, se supera el examen
de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala modificará la
decisión de primera instancia, en cuanto a los fundamentos y al alcance de las
órdenes impartidas, y confirmará el amparo frente a la valoración del material
probatorio y la aplicación de las reglas jurídicas y jurisprudenciales para determinar
la caducidad de las pretensiones derivadas del desplazamiento forzado, por las
siguientes razones:

2.1 Análisis del defecto fáctico

En primer lugar, la Sala advierte que se cumplen los requisitos genéricos de
procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) se
agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona
afectada; ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que
la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la
providencia atacada7; iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal
que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna

7 La notificación de la providencia que resolvió la solicitud de corrección de la sentencia se surtió el

2 de febrero de 2026 y la tutela se presentó el 7 de abril del presente año.

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Demandante: Josefa Castro de La Hoz
Acción de tutela
y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; iv) la parte actora identificó
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron; v) no se ataca una sentencia de tutela y,
finalmente, y vi) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional por
cuanto se alegó la presunta vulneración de derechos fundamentales derivada de la
declaración de caducidad en un caso que involucraba una grave violación de
derechos humanos, argumento que no constituye una reiteración de lo discutido por
el juez natural de la causa, tampoco comporta un debate de mera legalidad ni se
persigue un fin netamente económico.

En consecuencia, procede el análisis de fondo del defecto fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial invocados por la parte demandante.

a. Caracterización del defecto fáctico

El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas que tiene una incidencia directa en la decisión. Sobre dicho requisito
específico de acciones de tutela contra providencias judiciales la Corte
Constitucional8 ha reconocido que esta tipología tiene dos dimensiones: una
negativa y una positiva.

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i)
ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) no decretar pruebas de
oficio en los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado
a hacerlo.

Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una valoración
por completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta para
ello, ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas
resultan determinantes en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con medios de
prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se
basa la providencia.

8 Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, sentencia T-041 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz

Delgado.

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Demandante: Josefa Castro de La Hoz
Acción de tutela

b. Estudio del defecto fáctico en el caso concreto

1) En segundo lugar, debe establecerse si el tribunal podía: i) atribuir a las
manifestaciones contenidas en los poderes el alcance que les reconoció; ii) inferir
el conocimiento de la sentencia SU-254 de 2013 a partir de la participación de
algunos demandantes en los procesos constitucionales que antecedieron a esa
providencia; y iii) derivar de las declaraciones relacionadas con el retorno de
habitantes al corregimiento de Paraíso desde 2006 consecuencias respecto de la
cesación del desplazamiento de los demandantes.

3) En cuanto a las manifestaciones contenidas en los poderes, el tribunal tuvo en
consideración que, aunque en la demanda no se precisaron las condiciones
particulares en las que se produjo el desplazamiento de cada uno de los núcleos
familiares, en la gran mayoría de los poderes conferidos se indicó que el acoso y
desplazamiento forzado en el corregimiento de Paraíso se había sufrido a partir del
12 de enero de 2000, por lo cual, con base en esas manifestaciones, entre otros
elementos, la autoridad judicial atribuyó consecuencias probatorias a los poderes
para determinar la fecha del desplazamiento y sustentar la configuración de la
caducidad, así:

“[A]dicional a ello, si bien en los hechos no se hace mención a las condiciones
particulares en que se produjo el desplazamiento de cada uno de los núcleos
familiares demandantes, si se advierte en los poderes conferidos que la gran
mayoría: “…por la omisión de todas sus obligaciones constitucionales y legales
que permitió el ACOSO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO DE PARAISO que
sufrimos a partir del 12 de enero de 2000.

Algunos pocos mencionan el 21 de julio de 1988; el 15 de abril de 1999; el 28
de julio de 1999, el 22 de enero de 2000; el 24 de enero de 2000; el 12 de julio
de 2000 el 4 de septiembre de 2001, el 25 de julio de 2002; el 2 de abril de 2005;

Por su parte la señora Teresa de Jesús Fonseca Castillo en el poder visible a
folio 151 del cuaderno digitalizado No 2 señala que por los hechos ocurridos el
9 de julio de 1999, el homicidio de Wilson Rodríguez el 25 de julio de 2002 y la
expropiación y desmantelamiento de la miscelánea de su propiedad”. (negrillas
de la Sala, índice 15 Samai, primera instancia)

4) Sin embargo, tal como lo advirtió el fallo constitucional de primera instancia, si
bien la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, invocada por la autoridad
judicial demandada, permite reconocer valor a determinadas manifestaciones
efectuadas por las partes o sus apoderados, también exige verificar los
presupuestos establecidos para la confesión.

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5) Por consiguiente, el problema no reside en que el tribunal hubiera valorado los
poderes, sino en que atribuyera a tales manifestaciones consecuencias
determinantes para declarar la caducidad sin justificar previamente el cumplimiento
de los presupuestos requeridos para reconocerles ese alcance, establecidos en el
artículo 191 del CGP.

6) Además, aun si determinada manifestación permitiera establecer que una
persona fue desplazada el 12 de enero de 2000, ese dato no demuestra
necesariamente que en esa misma fecha hubiera desaparecido la circunstancia que
impedía ejercer el derecho de acción, en atención a que la fecha de inicio del
desplazamiento, su eventual cesación y el momento desde el cual debe computarse
la caducidad constituyen cuestiones diferentes.

7) En consecuencia, se confirmará el amparo frente al defecto fáctico en este
aspecto, sin que ello implique excluir los poderes del acervo probatorio, pues,
corresponderá al tribunal establecer el valor que jurídicamente pueda reconocerles
y apreciarlos en conjunto con los demás elementos del expediente y respecto de
cada uno de los demandantes.

8) Frente al conocimiento de la sentencia SU-254 de 2013, el tribunal consideró que
algunos de los demandantes habían acudido en sede de tutela y, a partir de esa
circunstancia, concluyó que tenían pleno conocimiento de que desde la notificación
de esa sentencia de unificación comenzaba a contabilizarse el término de caducidad
para promover las correspondientes acciones indemnizatorias, y, con fundamento
en ello, señaló que no encontraba razón para que aquellos no hubieran ejercido su
derecho dentro de dicho plazo, así:

“[L]uego entonces, algunos de los hoy accionantes acudieron inclusive en sede
de tutela y tenían pleno conocimiento que a partir de la notificación de la
sentencia SU 254 de 2013 contaba el término de caducidad para incoar las
acciones indemnizatorias, no se encuentra razón alguna para que no ejercieran
su derecho en tal plazo; se reitera, no existe un solo hecho de la demanda, ni
se aduce una sola razón en el escrito de apelación, que explique las razones
por las que materialmente no pudieron acudir antes a la sede judicial”. (negrillas
de la Sala, índice 15 Samai, primera instancia)

9) Sin embargo, la circunstancia de que algunos demandantes hubieran participado
en esos procesos no permitía extender automáticamente ese conocimiento a la
totalidad del extremo activo, pues la relación de la sentencia SU-254 de 2013 con
los acontecimientos del corregimiento de Paraíso tampoco demuestra, por sí misma,

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que cada uno de los actores hubiera conocido efectivamente esa providencia y sus
consecuencias jurídicas.

10) Por tanto, si ese conocimiento se considera relevante para determinar cuándo
determinado actor se encontraba en condiciones de acudir a la jurisdicción, debe
existir respaldo probatorio suficiente respecto de la persona a quien pretende
atribuirse esa consecuencia, no resulta admisible trasladar a todos los demandantes
una circunstancia demostrada únicamente frente a algunos.

11) Así pues, en este punto también se confirmará el amparo, por cuanto, la nueva
providencia deberá individualizar, cuando ello resulte necesario para decidir la
caducidad, los elementos que permitan atribuir a cada demandante el conocimiento
que el tribunal considere jurídicamente relevante.

12) Por último, respecto de la prueba del retorno, el tribunal consideró acreditado, a
partir de la demanda y de “varios medios probatorios”, que las AUC se
desmovilizaron en 2006 y que, como consecuencia, “muchos” de los habitantes del
corregimiento de Paraíso retornaron.

13) Sobre este aspecto, la Sala no considera necesario determinar, en sede de
tutela, cuáles de los demandantes retornaron efectivamente ni establecer si ese
hecho implicó la cesación del daño derivado del desplazamiento, pues, tal análisis
corresponde al juez natural, en los términos anotados con anterioridad, a partir de
los hechos alegados y de las pruebas aportadas al proceso, sin perjuicio de las
cargas probatorias que correspondían a la parte demandante.

14) En efecto, los testimonios de los señores Inés María Rodríguez Beltrán y Maridis
Bolaño Viloria fueron valorados como indicativos de que “la gente” comenzó a
retornar en 2006, mientras que los demás elementos mencionados en la providencia
aludían al regreso de “muchos” habitantes o de “algunas familias”, expresiones que
daban cuenta de un fenómeno de retorno parcial o indeterminado, no de una
circunstancia uniforme respecto del conjunto de demandantes.

15) En el mismo sentido, la demanda señaló que “algunas familias comenzaron a
regresar a Paraíso a finales de 2006” y distinguió entre “los que retornaron” y “los
que no han podido retornar”; asimismo, indicó que “unos regresaron”, mientras que
“otros no han vuelto”, por lo cual, los propios elementos considerados por el tribunal
revelaban situaciones diversas respecto del retorno de la población desplazada.

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16) Lo anterior no significa que correspondiera al tribunal suplir la carga probatoria
de los demandantes ni establecer de oficio la situación particular de cada familia,
pues, era a la parte actora a quien correspondía acreditar los supuestos fácticos de
sus pretensiones.

17) El reparo radica en que la providencia atribuyó un alcance general a elementos
que, en los términos en que fueron valorados, solo daban cuenta del retorno de una
parte indeterminada de los habitantes del corregimiento.

18) Por ello, se confirmará el amparo en este aspecto, únicamente para que, al
adoptar la nueva decisión, el tribunal determine el alcance que corresponde atribuir
a esas referencias dentro del análisis de la caducidad, con observancia de las
cargas probatorias de las partes y sin extender a la totalidad de los demandantes
conclusiones sustentadas en afirmaciones generales sobre el retorno.

2.2 Análisis del defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial

1) Establecido lo anterior, corresponde a la Sala examinar el reparo relacionado con
la conclusión del tribunal según la cual los demandantes no acreditaron
circunstancias que les hubieran impedido materialmente acudir a la jurisdicción
dentro del término legal.

2) Sobre este aspecto, el tribunal consideró que los demandantes no justificaron la
tardanza en el ejercicio del medio de control, por cuanto, entre otros aspectos, en la
demanda no se expuso “una sola razón que hubiera impedido demandar con
anterioridad” y que “algunos” de los actores habían intervenido en los procesos de
tutela que dieron lugar a la sentencia SU-254 de 2013 y, pese a ello, no promovieron
oportunamente la reparación directa; asimismo, tuvo en cuenta la desmovilización
de las AUC en 2006 y el posterior retorno de parte de los habitantes del
corregimiento de Paraíso.

3) Esos elementos podían ser valorados para establecer si existieron circunstancias
que hubieran impedido materialmente ejercer el derecho de acción; sin embargo, el
tribunal no examinó específicamente si de ellos podía concluirse la inexistencia de
tales barreras para acudir a la administración de justicia o, de haber existido, el
momento en que fueron superados, en particular, la participación de “algunos”
demandantes en actuaciones judiciales anteriores, la desmovilización de las AUC y

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el retorno de una parte de la población no resolvían, por sí solos, esa cuestión en
los términos exigidos para el cómputo de la caducidad.

4) En este punto resulta relevante que la demanda de reparación directa fue
presentada antes de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo
de Estado de 29 de enero de 2020, providencia en la que se precisaron las reglas
para el cómputo de la caducidad en asuntos relacionados con graves violaciones
de derechos humanos y, en particular, la incidencia de las circunstancias que
impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción.

5) Esa circunstancia temporal no exoneraba a los demandantes de acreditar los
supuestos fácticos necesarios para establecer la oportunidad del medio de control
ni imponía al juez ordinario la obligación de suplir las deficiencias probatorias de la
parte actora; no obstante, la aplicación de una regla jurisprudencial precisada
durante el curso del proceso exigía garantizar que las partes contaran con una
oportunidad procesal efectiva para reajustar sus planteamientos a ese criterio y
poder exponer las circunstancias relevantes para su aplicación.

6) En esa dirección, la Corte Constitucional ha señalado que, cuando la sentencia
de unificación de 29 de enero de 2020 resulta aplicable a procesos que se
encontraban en curso, el juez debe readecuar el trámite cuando sea necesario para
garantizar que las partes tengan o hayan tenido la oportunidad de ajustar sus
planteamientos frente a las reglas allí establecidas.

7) En particular, las sentencias SU-167 de 2023, T-024 de 2024 y SU-429 de 2024
han reconocido la necesidad de garantizar una oportunidad procesal efectiva para
plantear las razones relacionadas con la caducidad cuando la regla jurisprudencial
fue precisada durante el trámite del proceso9.

8) En el presente asunto, a partir del estudio del proceso ordinario, la Sala observa
que la demanda se promovió antes de la sentencia de unificación de 29 de enero
de 2020 y los demandantes no contaron posteriormente con una oportunidad

9 Respecto de este punto el ponente de esta decisión ha adoptado una postura intermedia para

propugnar por la tesis de que solo será necesario reabrir una oportunidad para readecuar el trámite
y permitirle a la parte actora reconducir sus argumentos y presentar nuevas pruebas cuando sea
estrictamente necesario, esto es, cuando en los términos de la sentencia de unificación de 29 de
enero de 2020 existan serias y fundadas dudas o bien sobre el conocimiento del daño, ora de la
fecha en que la conoció la posibilidad de imputar ese daño al Estado o cuando existan elementos
objetivos o dudas sobre la existencia de barreras para acceder a la administración de justicia con
anterioridad.

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Acción de tutela
procesal efectiva para ajustar sus planteamientos a las reglas allí fijadas y exponer
las circunstancias concretas relacionadas con el conocimiento de la participación
del Estado en el daño alegado o con la existencia de barreras materiales para acudir
oportunamente a la jurisdicción; por ello, no resultaba suficiente atribuir
consecuencias adversas a la ausencia de prueba sobre tales circunstancias sin
garantizar previamente esa posibilidad.

9) Desde esa perspectiva, la Sala comparte la decisión de amparar los derechos
fundamentales de los demandantes en este aspecto, en la medida en que el defecto
no consiste en que el tribunal estuviera obligado a presumir la existencia de barreras
ni en que debiera suplir las cargas probatorias de la parte actora, sino en haber
aplicado las consecuencias derivadas de la regla jurisprudencial fijada en 2020 sin
que los demandantes hubieran contado con una oportunidad procesal efectiva para
ajustar sus planteamientos y satisfacer las cargas que de ella se derivaban.

10) En consecuencia, la medida de protección no puede limitarse a ordenar al
tribunal que determine nuevamente si los demandantes tuvieron esa oportunidad,
pues, para restablecer efectivamente las garantías comprometidas, deberá
readecuar el trámite y habilitar una oportunidad procesal para que los actores
expongan y, en los términos procesalmente admisibles, acrediten las circunstancias
concretas relacionadas con el momento en que conocieron o debieron conocer la
participación del Estado en el daño alegado y, de ser el caso, aquellas que, pese a
ese conocimiento, les hubieran impedido materialmente ejercer oportunamente el
medio de control, oportunidad que también deberá garantizarse a las entidades
demandadas para que ejerzan su derecho de contradicción.

11) Esta medida no comporta la reapertura integral del debate probatorio ni autoriza
la modificación de las pretensiones, de los hechos constitutivos del daño o de la
causa petendi, su alcance se circunscribe a garantizar la aplicación de las reglas
sobre caducidad que se fijaron durante el curso del proceso.

12) Cumplida esa actuación, el tribunal deberá adoptar una nueva decisión sobre la
caducidad con fundamento en el material probatorio que ya obra en el expediente y
en los elementos que válidamente se incorporen en desarrollo de la oportunidad
dispuesta, sin que la condición de víctima de desplazamiento, por sí sola, permita
presumir la existencia de un impedimento material para acudir a la jurisdicción.

13) En esos términos, la Sala concluye que en este caso se incurrió en los defectos

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fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

14) Basta lo anterior para acceder a las pretensiones de la acción de tutela y ordenar
a la autoridad judicial accionada que expida una decisión de reemplazo, por lo cual
la Sala se relevará de analizar el defecto correspondiente a la decisión sin
motivación porque en virtud del amparo aquí decretado el tribunal deberá adoptar
una decisión de reemplazo teniendo en cuenta las consideraciones hasta aquí
expuestas.

2.2 Conclusiones

1) Se acreditó el defecto fáctico por el alcance atribuido a algunos elementos
probatorios para determinar la caducidad, pues el tribunal debía establecer el valor
de las manifestaciones contenidas en los poderes, no podía extender a todos los
actores el conocimiento de la Sentencia SU-254 de 2013 acreditado respecto de
algunos ni atribuir alcance general a las referencias que solo daban cuenta del
retorno de una parte indeterminada de los habitantes de Paraíso.

2) Asimismo, se acreditaron los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente, debido a que los demandantes no contaron con una oportunidad
procesal efectiva para ajustar sus planteamientos y acreditar las circunstancias
relevantes para la aplicación de las reglas sobre caducidad precisadas en la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020.

Por ello, deberá readecuarse el trámite para garantizar esa oportunidad, con respeto
del derecho de contradicción, sin que ello comporte la reapertura integral del debate
probatorio ni permita modificar las pretensiones o la causa petendi.

3) Finalmente, esta providencia no determina que el medio de control de
reparación directa haya sido ejercido oportunamente ni que la caducidad no hubiera
operado, como tampoco define la responsabilidad patrimonial de las entidades
demandadas, pues, tales cuestiones deberán ser resueltas por el Tribunal
Administrativo del Magdalena al proferir la nueva sentencia, con fundamento en el
material probatorio correspondiente y dentro de los límites de las pretensiones y de
la causa petendi, una vez cumplida la readecuación procesal dispuesta en esta
providencia.

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Acción de tutela
4) En consecuencia, la Sala modificará la decisión de primera instancia, en cuanto
a los fundamentos y al alcance de las órdenes impartidas, y confirmará el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia frente a la valoración del material probatorio y a la aplicación de las reglas
jurídicas y jurisprudenciales para determinar la caducidad de las pretensiones
derivadas del desplazamiento forzado, por las razones expuestas en esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

Modifícase la sentencia de primera instancia que accedió al amparo de los
derechos invocados y, en su lugar, se dispone:

1º) Confírmase el amparo de los derechos fundamentales frente a la valoración del
material probatorio y a la aplicación de las reglas jurídicas y jurisprudenciales para
determinar la caducidad de las pretensiones derivadas del desplazamiento forzado.

2º) Déjase sin efectos la sentencia de 26 de febrero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del proceso de reparación directa con
radicación no. 47001-33-33-004-2016-00186-01, únicamente respecto de las
determinaciones relacionadas con las pretensiones afectadas por la declaración de
caducidad, en los términos señalados en la parte motiva de esta providencia.

3º) Ordénase al Tribunal Administrativo del Magdalena que readecúe el trámite del
proceso de reparación directa para que los demandantes cuyas pretensiones fueron
afectadas por la declaración de caducidad tengan una oportunidad procesal efectiva
para exponer y, en los términos procesalmente admisibles, acreditar las
circunstancias relacionadas con el momento en que conocieron o debieron conocer
la participación del Estado en el daño alegado y, de ser el caso, aquellas que, pese
a ese conocimiento, les hubieran impedido materialmente ejercer oportunamente el
medio de control.

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Demandante: Josefa Castro de La Hoz
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En desarrollo de esa actuación deberá garantizarse a las entidades demandadas el
ejercicio del derecho de contradicción. La readecuación no comportará la reapertura
integral del debate probatorio ni permitirá modificar las pretensiones, los hechos
constitutivos del daño o la causa petendi.

4º) Ordénase al Tribunal Administrativo del Magdalena que, cumplida la actuación
anterior, dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la notificación
de esta providencia, profiera una nueva sentencia respecto de las pretensiones
afectadas por la declaración de caducidad, en la cual:

i) determine el alcance probatorio de las manifestaciones contenidas en los poderes,
conforme con las reglas aplicables;

ii) si considera relevante el conocimiento de la Sentencia SU-254 de 2013 para
determinar la caducidad, valore los elementos probatorios que permitan atribuir esa
circunstancia a los respectivos demandantes, sin extender a la totalidad del extremo
activo aquella que únicamente se encuentre acreditada respecto de algunos; y

iii) al valorar las referencias relacionadas con el retorno de habitantes al
corregimiento de Paraíso, determine el alcance que corresponde atribuirles dentro
del análisis de la caducidad, con observancia de las cargas probatorias de las partes
y sin extender a la totalidad de los demandantes conclusiones sustentadas
únicamente en afirmaciones generales sobre el retorno.

La nueva decisión deberá adoptarse con fundamento en el material probatorio que
obra en el expediente y en los elementos que válidamente se incorporen con
ocasión de la readecuación ordenada, de conformidad con las reglas jurídicas y
jurisprudenciales señaladas en la parte motiva de esta providencia.

5º) Confírmase en lo demás la sentencia impugnada.

6º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

6º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.

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Demandante: Josefa Castro de La Hoz
Acción de tutela
7º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) Aclara voto
(firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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