Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02578-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02578-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02578-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-02578-00
Demandante TILSO BLANCO VEGA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos de
procedencia. Defecto sustantivo, violación directa a la Constitución y
desconocimiento del precedente. Medio de control de reparación
directa. Prolongación indebida de la privación de la libertad impuesta
en sentencia penal condenatoria.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Tilso Blanco Vega, de conformidad con
lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 6 de abril de 20261, Tilso Blanco Vega, por conducto de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y el principio de seguridad jurídica, con ocasión de la
sentencia del 25 de septiembre de 2025, proferida en segunda instancia en el medio
de control de reparación directa 20-001-33-33-002-2020-00021-01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones2:
(Cita textual)
«PRIMERO: Que se declare que el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL CESAR, han violado los derechos a la primacía de la constitución política, al debido
proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, seguridad jurídica, igualdad, por la vía
de defecto material sustantivo y violación directa de la constitución con el fallo proferido el 25
de septiembre de 2025, dentro del proceso radicado 200013333002-2020-00021-00.
SEGUNDO: Que, como consecuencia de la anterior declaración sean tutelados los derechos
fundamentales invocados a la primacía de la constitución política, al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia, seguridad jurídica por la vía de defecto material
sustantivo y violación directa de la constitución, dentro del proceso de reparación directa que
curso en el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CESAR, dentro de la
sentencia del 25 de septiembre de 2025, dentro del proceso radicado 200013333002-2020
00021-00.
TERCERO: como consecuencia de lo anterior sea corregida el fallo proferido por el TRIBUNAL
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CESAR, el 25 de septiembre 2025, a través
del cual se reconoció parcialmente las pretensiones de la demanda dentro del proceso
radicado 200013333002-2020-00021-00.
1
Samai, índice 1.
2
Página 6 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.
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Demandante: Tilso Blanco Vega
CUARTO: solicito ordenar al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
CESAR, proferir nueva sentencia en la que se declare la responsabilidad PLENA del LA
NACIÓN COLOMBIANA – INPEC – RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO aplicando la
norma ius fundamental y la doctrina sobre responsabilidad objetiva del Estado».
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. En los antecedentes del caso se lee que el 30 de agosto de 2015, el señor
Tilso Blanco Vega y su compañera permanente fueron capturados por agentes
de la Policía Nacional en la ciudad de Valledupar, luego de haber sido
retenidos por la comunidad residente en el sector, señalados de un intento de
atraco a un conductor de un taxi.
Posteriormente, fueron imputados por el delito de hurto calificado y agravado
en la modalidad de tentativa y se les impuso medida de aseguramiento de
detención preventiva en centro carcelario, considerando que los dos
presentaban antecedentes penales, hicieron uso de arma blanca para cometer
el ilícito y no tenían arraigo conocido.
El proceso penal concluyó con sentencia condenatoria proferida el 3 de
noviembre de 2016, por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Valledupar. El juez les impuso la pena de 28 meses de prisión
con beneficio de prisión domiciliaria, previo pago de caución. De los
antecedentes se evidencia que en la audiencia estuvo presente el apoderado
de los procesados, mientras que estos últimos se abstuvieron de acudir a la
diligencia.
Se indica que el condenado fue favorecido con prisión domiciliaria, pero nunca
se formalizó; por el contrario, permaneció recluido en establecimiento
carcelario durante más de 33 meses, es decir, por un tiempo mayor al de su
sanción penal.
2.2. Como consecuencia de lo anterior, el señor Tilso Blanco Vega y su grupo
familiar interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), por los daños
y perjuicios derivados de la privación injusta y prolongada de la libertad de la
cual fue víctima y por no haberse hecho efectivo el beneficio de prisión
domiciliaria.
2.3. El proceso de reparación directa fue identificado con el radicado 20001-33-33-
002-2020-00021-01 y su conocimiento en primera instancia correspondió al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, el cual,
mediante sentencia del 22 de abril de 2022, negó las pretensiones de la
demanda. Argumentó que la parte demandante no acreditó falla en el servicio
atribuible a las demandadas; por el contrario, encontró que el daño derivó de
la culpa exclusiva de la víctima, como se señaló en la providencia:
«La aceptación de la causa extraña en este caso, la culpa exclusiva de la víctima, al no cumplir
con el pago de la caución para acceder a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la
intramural, y tampoco solicitar la libertad habiendo cumplido la pena para recobrar la libertad
inmediatamente y no cinco (5) meses después de cumplir la sentencia penal, supone para
esta judicatura la necesaria aplicación de la teoría de la causalidad adecuada, dado que una
causa externa ha sido el hecho que ha producido el daño, y en consecuencia no resulta
imputable a las entidades demandadas, de tal modo que la Rama Judicial y el INPEC no se
consideran jurídicamente como las causantes del daño.»
2.4. La anterior decisión fue recurrida por la parte demandante.
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Demandante: Tilso Blanco Vega
2.5. En sentencia del 25 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Cesar revocó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró la responsabilidad
administrativa y patrimonial de la Rama Judicial y del INPEC «por la falla en el
servicio en la que incurrieron y que permitió que el señor TILSO BLANCO VEGA permaneciera
recluido en establecimiento carcelario por un plazo superior a la condena impuesta.»
Sin embargo, disminuyó en un 70% el valor de la indemnización, en aplicación
de la concausa acreditada en el proceso. En la parte considerativa de la
sentencia se advirtió la conducta omisiva del señor Blanco Vega, quien, se
estimó, era responsable de conocer los alcances de la condena que le fue
impuesta y hacerle seguimiento de cara a los descuentos que podían
producirse sobre la pena por el trabajo desarrollado al interior del centro de
reclusión.
En definitiva, indicó que, aunque se evidencia la configuración de la culpa de
la víctima en la concreción del daño, esta no era exclusiva, sino compartida en
los porcentajes antes indicados con las entidades demandadas.
La sentencia se notificó a través de correo electrónico remitido a los
demandantes el 30 de septiembre de 20253.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora argumentó que el caso expuesto satisface los requisitos generales
de procedibilidad.
En primer lugar, indicó que el caso tenía relevancia constitucional porque la
liquidación de los perjuicios reconocidos en la providencia acusada desconoció las
reglas establecidas por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28
de agosto de 2014 (Exp. 36.149) y porque el tribunal incurrió en error al asignarle al
actor un porcentaje de responsabilidad en la prolongación de la privación de su
libertad.
Asimismo, manifestó que la tutela se radicó en un plazo razonable considerando
que el auto que dispuso obedecer y cumplir lo dispuesto por el superior en la
sentencia del 25 de septiembre de 2025, se emitió el 10 de noviembre de ese año.
Agregó que la acción de tutela se promueve contra una sentencia ordinaria de
segunda instancia por lo que ya agotó los mecanismos judiciales de defensa
posibles, de manera que, estima, está acreditado el presupuesto de subsidiariedad.
Finalmente, manifestó que no se discute una sentencia de tutela, sino la decisión
proferida en un proceso de reparación directa.
Respecto de los requisitos específicos, la parte actora alegó que la sentencia
acusada adolece de los siguientes defectos:
3.1. Defecto sustantivo. La parte actora argumentó que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Cesar incurrió en una interpretación errada de las normas
aplicables al atribuir al señor Tilso Blanco Vega un 70% de responsabilidad
por la prolongación de la privación intramural de la libertad por un término
superior a la condena.
Afirmó que el señor Blanco Vega no contaba con recursos para contratar un
abogado, fue asistido por defensor público y no fue informado oportunamente
sobre el beneficio de prisión domiciliaria ni sobre las gestiones necesarias para
hacerlo efectivo. Además de que permaneció recluido, aunque ya había
cumplido su condena.
3
Samai para tribunales administrativos, proceso 20001333300220200002101. índice 45. La sentencia se notificó al correo
electrónico indicado en la demanda: fcerrasilva67@gmail.com .
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Demandante: Tilso Blanco Vega
Cuestionó que el tribunal hubiera asumido que el condenado no quiso hacer
uso de su beneficio o que fue negligente al procurar su libertad y destacó que
dicha conclusión carecía de respaldo probatorio.
Agregó que la ejecución de la pena, el control de la situación jurídica del interno
y la orden de libertad correspondían al INPEC y al juez de ejecución de penas,
conforme los artículos 51 y 70 de la Ley 65 de 1993.
En este contexto, indicó que no era razonable trasladarle las consecuencias
de las omisiones atribuidas a su defensa técnica o a las autoridades
encargadas de materializar la medida o de ejecutar la pena.
3.2. En este acápite la parte actora también alegó el defecto por
desconocimiento del precedente judicial aplicable para determinar la
liquidación de perjuicios morales en el caso particular, pues, en consideración
de la parte actora, la condena no se corresponde con las reglas establecidas
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2014 (Exp, 36.149) ni con la sentencia del 29 de noviembre de 2021 (46.681).
Aunque el tribunal reconoció que el señor Blanco Vega permaneció recluido
más tiempo del debido y que ello le generó perjuicios morales a él y a su
familia, redujo la indemnización en un 70%, al declarar una concurrencia de
culpas. Para el actor esta conclusión desconoce las reglas de unificación del
precedente del Consejo de Estado, según el cual el daño moral se presume y
debe tasarse de manera razonable.
A ese respecto, agregó:
«El señor TILSO BLANCO VEGA, permaneció privado de la libertad 33 meses, 4 días y 12
horas, excediéndose en más de 5 meses la privación de su libertad, generándose un daño
indemnizable conforme las reglas establecidas por el Consejo de Estado, en la que se fija
como regla la presunción del daño moral, siendo la guía para su tasación el prudente arbitrio
del juzgador, ajustado a los principios de equidad y reparación integral.»
3.3. Defecto por violación directa a la Constitución. El actor afirma que la
sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar vulneró la Constitución al
atribuirle un 70% de culpa por la prolongación de su libertad, aunque fue
condenado a 28 meses y permaneció recluido 33 meses, 4 días y 12 horas
por omisiones administrativas.
Sostiene que esta providencia desconoció los artículos 28, 29, 83 y 90 de la
Constitución, así como la supremacía constitucional, porque el tribunal no
justificó razonablemente por qué se apartó de las reglas del Consejo de Estado
sobre la materia.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 10 de abril de 2026, el despacho ponente requirió a la parte
demandante para que individualizara a los sujetos procesales en el medio de
control de reparación directa 20001-33-33-002-2020-00021-01 y para que
allegara copia del mensaje de datos mediante el cual el señor Blanco Vega le
otorgó poder al abogado Fernán Ramón Cerra Silva para representarlo en esta
acción de tutela.
4.2. Cumplida la anterior gestión, en auto del 5 de mayo 2026, el despacho
sustanciador admitió la acción de tutela interpuesta por Tilso Blanco Vega,
quien actúa a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo
del Cesar.
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Además, vinculó, en calidad de terceros con interés, a las siguientes personas
y entidades que hicieron parte del proceso de reparación directa sub examine:
la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar y el
Instituto Colombiano Penitenciario y Carcelario; al Juzgado Segundo
Administrativo de Valledupar; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y al Ministerio Publico; y a la parte demandante conformada por los
señores Tilso Marino Blanco Mojica, Delly Vega Arena, Johana Paola Blanco
Vega, Levis Arnulso Ufo Vega y los menores4 APCB y CSCB.
De otro lado se ofició al Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar para
que notificara la acción de tutela a los terceros con interés y para que remitiera
en medio digital o permitiera el acceso en Samai al expediente del proceso de
reparación directa 20-001-33-33-002-2020-00021-00/01.
Finalmente, el despacho ponente ofició a la Secretaría General de la
Corporación para que fijara aviso en el que informara a las personas
individualizadas en el numeral tercero del auto admisorio, la existencia de la
presente acción de tutela y reconoció como apoderado del accionante al señor
Fernán Ramón Cerra Silva.
4.3. El 7 de mayo de 2026, la Secretaría General de esta Corporación fijó aviso,
en la página web y en lugar visible de esa dependencia, con el propósito de
enterar a los sujetos procesales del medio de control de reparación directa sub
examine sobre la existencia de esta acción de tutela.
4.4. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar allegó el enlace web
para acceder al expediente de reparación directa sub examine, en la
plataforma Samai.
4.5. La secretaria del Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar remitió
el expediente digitalizado del medio ordinario de control e informó que notificó
la acción de tutela a los terceros con interés vinculados en el auto admisorio.
La gestión se registró en el índice 40 del histórico de actuaciones en Samai.
4.6. El coordinador del Grupo de Tutelas del INPEC solicitó que se desvincule a
la entidad de la acción de tutela porque, en su consideración, no está
legitimada para atender las pretensiones del accionante, dado que en el escrito
de tutela se discute una providencia judicial emitida por el Tribunal
Administrativo del Cesar en ejercicio de su independencia y autonomía.
4.7. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Valledupar indicaron que no
tienen injerencia en las actuaciones procesales de los despachos judiciales ni
en sus providencias, las cuales están prevalidas de los principios de
autonomía e independencia judicial. Por ello, solicitaron que se les desvincule
de la presenta acción de tutela, pues carecen de legitimación en la causa por
pasiva para atender las pretensiones del actor.
Como argumento subsidiario, expusieron que los cargos de la acción de
amparo no tienen vocación de prosperidad comoquiera que no dan cuenta de
un escenario de vulneración de derechos, sino que buscan revivir un debate
ya definido por los jueces naturales de la causa.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
4
Se ordenó que la notificación de los menores se surta a través de sus padres.
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1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6
y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional8 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige una mayor
fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el
análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los
argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una acción de tutela contra una
providencia judicial, la Sala deberá determinar, en primer lugar, si la solicitud de
amparo supera los presupuestos generales de procedibilidad establecidos en la
sentencia C-590 de 2005.
En caso de superar dicho examen, el problema jurídico se concentrará en establecer
si el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en defecto sustantivo y en
desconocimiento del precedente judicial al proferir la sentencia del 25 de septiembre
de 2025 en el proceso de reparación directa 20-001-33-33-002-2020-00021-01.
Se precisa que el cargo por violación directa a la Constitución se subsume, en
realidad, en los otros dos defectos alegados, en tanto su fundamentación se limita
a alegar la vulneración de los artículos 28, 29, 83 y 90 de la Constitución, con base
5
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
6
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii)
que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
7
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
8
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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en el presunto desconocimiento de las reglas fijadas en las sentencias de unificación
invocadas y en la decisión de atribuir al actor responsabilidad en la producción del
daño alegado.
En consecuencia, el análisis de la solicitud de amparo se restringirá al estudio
conjunto de los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial.
4. Análisis de los presupuestos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela interpuesta cumple con los requisitos generales de
procedibilidad, dado que: (i) la parte demandante agotó los recursos ordinarios para
procurar la defensa de sus derechos en el curso del proceso de reparación directa
y, de otro lado, los cargos de la acción de tutela no se acompasan con las causales
y requisitos de procedencia de los recursos extraordinarios; (ii) la acción de amparo
se promovió en un plazo razonable, considerando que la sentencia acusada fue
notificada a las partes del proceso el 2 de octubre de 20259 y la tutela se radicó el
6 de abril de 2026, primer día hábil siguiente a la Semana Santa; (iii) se identificaron
razonablemente los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados;
y (iv) no se trata de una tutela contra sentencia de tutela.
Respecto del (v) requisito de relevancia, conviene agregar que los argumentos de
disenso se dirigen a las consideraciones jurídicas y fácticas expuestas en la
sentencia de segunda instancia en la que se declaró la responsabilidad del Estado
por el hecho dañoso reclamado, pero en un porcentaje del 30%. El otro 70% de la
responsabilidad fue asignado al señor Tilso Blanco Vega.
En ese orden, se considera que la acción de tutela no se toma estrictamente como
una instancia adicional al proceso ordinario, pues las decisiones en primera y
segunda instancia fueron diferentes. Adicional a lo anterior, no se evidencia que la
discusión propuesta en la tutela verse sobre un asunto estrictamente económica o
legal.
5. Defecto sustantivo y defecto por desconocimiento del precedente
judicial: su alcance y análisis en el caso particular
5.1. El defecto sustantivo es un vicio relacionado con la interpretación y aplicación
de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico para decidir un caso
concreto, el cual es objeto de estudio por el juez de tutela solo si tiene una
incidencia directa en la decisión y lesiona derechos fundamentales.
La jurisprudencia constitucional ha considerado que este defecto se produce
cuando: (i) la providencia carece por completo de fundamento jurídico, por
ejemplo, si toma una decisión con base en normas inexistentes o
inconstitucionales10; (ii) la norma aplicada requería una interpretación
sistemática con otras normas, pero el juez soslayó su estudio11; (iii) la norma
que se empleó es constitucional, pero inaplicable al caso concreto12; (iv) la
providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la
decisión13; (v) la interpretación de la norma aplicada, desconoce sentencias
con efectos erga omnes14; (vi) la normas no son interpretadas con enfoque
constitucional15; (vii) el precedente judicial fue desconocido sin ofrecer
9
El 30 de septiembre de 2025, se remitió mensaje de datos a los sujetos procesales informando sobre la expedición de la
sentencia (Óp. Cit. nro. 3), por lo que ésta quedó notificada dos días después, el 2 de octubre de 2025.
10
Corte Constitucional. Sentencia SU 159 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
11
Corte Constitucional. Sentencia T-510 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio.
12
Corte Constitucional. Sentencia SU-174 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-100 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
14
Corte Constitucional. Sentencia T- 790 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
15
Corte Constitucional. Sentencia SU- 632 de 2017. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Demandante: Tilso Blanco Vega
explicación razonable16; y (viii) el juez de la causa se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una norma que desconoce de manera
flagrante y evidente la Constitución Política, siempre que se solicite la
aplicación de esta figura por algunas de las partes17.
5.2. En el escrito de tutela se alegó la concreción del defecto sustantivo porque, a
juicio del accionante, el Tribunal Administrativo del Cesar interpretó
erróneamente las normas aplicables al atribuir responsabilidad a la víctima por
la prolongación indebida de su libertad, aunque no existían pruebas de su
negligencia ni de la renuncia a sus derechos.
Agregó que el condenado no contaba con recursos económicos y por ello le
fue asignado un defensor público quien realizó una defensa deficiente de sus
intereses. En cuanto a la ejecución de la pena y la materialización del beneficio
de prisión domiciliaria, dijo que eran competencia de las autoridades
penitenciarias y del juez de ejecución de penas, de conformidad con los
artículos 51 y 70 de la Ley 65 de 1993.
En este contexto, indicó que no era razonable trasladarle las consecuencias
de las omisiones atribuidas a su defensa técnica o a las autoridades
encargadas de materializar la medida o de ejecutar la pena.
5.3. Establecido lo anterior, en primer lugar, conviene precisar que los reproches
dirigidos a sustentar la responsabilidad del Estado por la presunta deficiencia
de la defensa técnica asignada al señor Blanco Vega fueron descartados por
el tribunal en la sentencia cuestionada, al advertir que esa imputación no hizo
parte de los fundamentos de la demanda de reparación directa.
En lo pertinente, la providencia señaló:
«Respecto de los reproches realizados frente a la representación que le fue asignada al
demandante en el proceso penal y las actuaciones que se surtieron al interior de esa
actuación, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento por cuanto esos argumentos no
fueron expuestos como fundamentos de la demanda de responsabilidad que se define en esta
oportunidad».
En efecto, se evidencia que, aunque en el recurso de apelación el actor
pretendió atribuir responsabilidad a la Defensoría del Pueblo18, lo cierto es que
la demanda de reparación directa se dirigió únicamente contra el INPEC y la
Rama Judicial, circunstancia que quedó definida desde el auto admisorio19.
De acuerdo con lo anterior, no hay lugar a analizar los argumentos
encaminados a cuestionar la gestión del abogado asignado para la defensa
penal del señor Blanco Vega, pues corresponden a una imputación que fue
expresamente excluida de la litis por el tribunal. Además, frente a esa
determinación en particular, la parte demandante no formuló oposición en el
escrito de tutela.
En suma, como los reparos relacionados con la actuación de la defensa
técnica fueron expresamente excluidos de la litis en la sentencia cuestionada,
no es admisible que la parte actora pretenda reiterarlos en sede de tutela.
16
Corte Constitucional. Sentencias T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda), SU-640 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz) y T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre)
17
Corte Constitucional. Sentencia T-047 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
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Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa 20001-33-33-001-2020-00021-00. Archivo denominado
«52.Recurso», página 13. Se transcribe el siguiente aparte: «Existe una FALLA EN EL SERVICIO hasta de la
DEFENSORIA DEL PUEBLO, ya que el abogado asignado dejo abandonado a su suerte AL INTERNO TILSO BLANCO
VEGA, DENTRO DEL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE VALLEDUPAR, la defensoría no tubo (sic) control
sobre su abogado, para saber de los casos que le asignan a sus jurídicos, en representación de quien no tiene dinero
para su defensa legal.»
19
Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa 20001-33-33-001-2020-00021-00. Archivo denominado
«08AutoAdmisteDemanda»
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Demandante: Tilso Blanco Vega
Máxime cuando esa determinación no fue controvertida de manera concreta
en el escrito de amparo.
5.4. En lo que respecta a la alegada omisión en hacer efectivo el beneficio de
prisión domiciliaria reconocido al señor Blanco Vega en la sentencia penal del
3 de noviembre de 2016, la Sala observa que el tribunal accionado concluyó
que ese daño no era atribuible a ninguna de las entidades demandadas, esto
es, al INPEC ni a la Rama Judicial, sino a la actuación del defensor del actor
en el proceso penal y a la propia conducta del condenado.
En efecto, la autoridad accionada consideró que el defensor omitió adelantar
las gestiones requeridas para que su representado pudiera acceder
materialmente a la prisión domiciliaria concedida. A su vez, estimó que el señor
Blanco Vega también contribuyó a esa situación, en tanto se abstuvo
voluntariamente de acudir a la audiencia de lectura de fallo y no contactó
posteriormente a su defensor para conocer el contenido de la sentencia
condenatoria y promover los trámites necesarios para formalizar el beneficio.
En lo relevante la providencia, señaló:
«Cabe precisar que para la Sala no es dable acoger el argumento dirigido a estructurar el daño
a partir de la presunta omisión atribuida a las accionadas por no haber adelantado las
gestiones tendientes a hacer efectivo el beneficio de la prisión domiciliaria, pues los medios de
prueba allegados al proceso no favorecen esta tesis de la demanda.
En primer lugar, por cuanto tanto el señor Tilso Blanco Vega como su compañera permanente
estuvieron representados en el proceso penal por el mismo abogado y consta que este
adelantó las gestiones requeridas para hacer efectivo el beneficio para la señora Vanessa
María Ruíz Camargo (suscripción de acta de compromiso y constitución de caución), solo que
ello no fue posible debido a que tenía otro requerimiento vigente de autoridad judicial. Luego
la negligencia en la efectividad del beneficio no resulta imputable a las accionadas, sino a su
defensor en el proceso penal.
De otra parte, el actor reconoció la comisión de la conducta y tenía conocimiento que el 3 de
noviembre de 2016 se proferiría sentencia mediando su aceptación de los cargos, por lo que
ha debido acudir a su defensor de oficio para conocer el contenido de la condena toda vez que
se abstuvo de comparecer a la audiencia de lectura de fallo. Ese conocimiento le habría
permitido adelantar las actuaciones requeridas para formalizar la prisión domiciliaria que le fue
concedida, pero omitió hacerlo. Recuérdese que la prisión domiciliaria es una medida
sustitutiva de la pena privativa de la libertad que en ningún caso afecta la legalidad de la
modalidad intramural.» (Subraya la Sala)
Como se observa, la sentencia cuestionada concluyó, con fundamento en las
pruebas del proceso, que la imposibilidad de que el condenado gozara del
beneficio de prisión domiciliaria no era atribuible al INPEC ni a la Rama Judicial.
Por el contrario, atribuyó esa situación a la omisión del defensor del
condenado, quien no adelantó las gestiones necesarias para que su defendido
accediera al beneficio, pese a que sí promovió actuaciones similares respecto
de otra persona condenada en la misma sentencia.
Asimismo, el Tribunal tuvo en cuenta la conducta del propio señor Tilso Blanco
Vega, quien decidió no comparecer a la audiencia de lectura del fallo y,
posteriormente, omitió contactar a su defensor para enterarse del contenido
de la condena y de las condiciones necesarias para hacer efectiva la prisión
domiciliaria concedida.
Al respecto, la Sala advierte que en la acción de tutela no se desarrolló una
carga argumentativa que evidencie que el tribunal accionado hubiera incurrido
en error flagrante o manifiesto al analizar ese aspecto de la controversia. En
realidad, el reproche del actor se dirige a cuestionar que la autoridad judicial
hubiera atribuido la falta de materialización del beneficio de prisión domiciliaria
al abogado que lo representó en el proceso penal, bajo el argumento de que,
en todo caso, dicho profesional fue designado por el Estado.
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No obstante, como se precisó previamente, el tribunal excluyó del debate de
responsabilidad los reproches dirigidos contra la gestión del defensor del
procesado, por tratarse de una imputación que no integró la litis del proceso
ordinario de reparación directa. En esa medida, no le corresponde al juez de
tutela pronunciarse sobre un cargo que fue descartado en la providencia
cuestionada y cuya exclusión no se discutió en la solicitud de amparo.
Adicionalmente, la parte actora no controvirtió de manera específica la
conclusión del tribunal según la cual el daño alegado no era imputable a las
entidades accionadas. Tampoco refutó las omisiones que la sentencia le
atribuyó al propio señor Blanco Vega, relacionadas con su inasistencia a la
ausencia de lectura de fallo y la falta de gestión posterior para conocer el
contenido de la condena.
Así las cosas, la sola manifestación de que el daño no era atribuible al actor
no se estima suficiente para desvirtuar la argumentación expuesta por el
Tribunal Administrativo del Cesar, ni permite evidenciar que la providencia
cuestionada contenga un error ostensible, de cuenta de una actuación
arbitraria o de un razonamiento caprichoso. En consecuencia, frente a este
punto, los planteamientos de la parte actora no dan cuenta de la configuración
de un defecto sustantivo en la sentencia cuestionada, pues no evidencian una
interpretación irrazonable de las normas aplicables ni una aplicación
abiertamente contraria al ordenamiento jurídico.
5.5. Adicionalmente, el actor sostuvo que el Tribunal Administrativo del Cesar
incurrió en error al atribuirle al condenado un grado de responsabilidad en la
concreción de la prolongación injustificada de la privación de su libertad.
En su consideración, ese daño era imputable exclusivamente a las entidades
accionadas y al defensor público que se le asignó, por ser estos los llamados
a efectuar el seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las penas y medidas
de seguridad.
En ese sentido, afirmó que no podían trasladársele las consecuencias de
omisiones atribuibles a otras entidades o intervinientes en el proceso penal y
que, además, no se acreditó una conducta negligente de su parte que
permitiera justificar la atribución de responsabilidad efectuada por el Tribunal.
Al respecto, se precisa que el argumento de que el daño no era imputable al
demandante sino exclusivamente a las entidades demandadas y al defensor
público fue decidido por el Tribunal Administrativo del Cesar con fundamento
en las siguientes consideraciones:
«Situación distinta es que el señor Tilso Blanco Vega haya permanecido privado de su libertad
en establecimiento carcelario por un lapso superior al establecido en la sentencia condenatoria
que le fue impuesta por el Juzgado Quinto Penal Municipal de Valledupar con Funciones de
Conocimiento, como coautor del delito de hurto agravado calificado en la modalidad de
tentativa, pues la pena impuesta correspondía a 28 meses de prisión en establecimiento
carcelario (2 años y 4 meses) y su detención se mantuvo durante 2 años, 9 meses y 4 días.
Sin embargo, se advierte que en la causación de ese daño concurrieron la Rama Judicial como
el INPEC y el mismo accionante, quien asumió una conducta pasiva frente al seguimiento que
le correspondía hacer sobre el plazo de la condena, conjunto de omisiones que solo pueden
ser enmarcadas en el título de imputación general de la falla en el servicio, como pasa a
analizarse.
(…) Expuesto lo anterior, se puede concluir que el INPEC tiene un rol administrativo, operativo
y de comunicación en el cumplimiento de las penas, para con el juzgado de ejecución de
penas, quien se encarga de la decisión judicial sobre la liberación con el fin de evitar que se
vulneren los derechos fundamentales del condenado. De acuerdo con lo anterior, ha quedado
en evidencia en esta actuación que por omisiones en el trámite del proceso penal promovido
en contra de los señores Vanessa María Ruíz Camargo y Tilso Blanco Vega, la captura de los
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procesados y su reclusión en la Cárcel Judicial de esta ciudad, también se indujo a error en el
trámite que debió asumir el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Valledupar, al cual le fue remitido el expediente para pronunciarse frente a una solicitud
elevada por la condenada casi tres meses después de emitida la sentencia.
Ello condujo a que la actuación surtida en el de Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Valledupar se tornara equívoca y se entendiera que al identificarse
como lugar de residencia de los procesados la ciudad de Barranquilla, los requerimientos para
hacer uso del beneficio de la prisión domiciliaria se remitieran a las direcciones reportadas en
la captura, e incluso, en el caso de la señora Vanessa María Ruíz Camargo, a que se remitiera
despacho comisorio a esa ciudad con el objeto de que se le hiciera seguimiento a la ejecución
de la pena.
De hecho, respecto del señor Tilso Blanco Vega, solo vino a advertirse de su condición de
recluso en la Cárcel Judicial con ocasión de la comunicación que le fue remitida por el INPEC
con el objeto de que remitiera copia de la sentencia condenatoria para fines de actualización
del “SISIPEC-WEB”, la cual realmente estuvo motivada en la inquietud manifestada por el
detenido al no haberse hecho efectiva su libertad por cumplimiento de la pena.
También merece reparos la conducta omisiva del señor Tilso Blanco Vega, quien era el
principal responsable de conocer los alcances de la condena que le fue impuesta y hacerle
seguimiento de cara a los descuentos que podían producirse sobre la pena por el trabajo
desarrollado al interior del penal, pues está demostrado que con las horas trabajadas logró la
redención de la pena en 6 meses y 17 días, siendo clara la configuración de la culpa de la
víctima en la ocurrencia del daño, aun cuando esta no pueda ser calificada como causa
exclusiva y determinante del mismo20; sin embargo, estima la Sala que su omisión contribuyó
en un 70% en la producción del daño, razón por la cual el resarcimiento del perjuicio causado
deberá ser asumido por las entidades accionadas por partes iguales en el 30% de la
indemnización que originalmente le hubiese correspondido al demandante.»
El aparte transcrito evidencia que el tribunal accionado encontró que el daño
consistente en la prolongación de la privación intramural de la libertad por
encima del término de la condena era imputable de manera conjunta a la Rama
Judicial, al INPEC y al señor Blanco Vega.
Como se ve, la autoridad judicial accionada no desconoció la responsabilidad
que le asistía a las dos primeras entidades en la concreción del daño
antijurídico analizado, la cual derivó de los errores evidenciados en el ejercicio
de sus funciones establecidas en el artículo 169 del Código de Procedimiento
Penal, así como en los artículos 51 y 70 de la Ley 65 de 1993.
No obstante, también atribuyó responsabilidad al señor Blanco Vega, por no
hacer seguimiento a su condena ni a los descuentos de pena por trabajo. Por
ello, declaró la culpa concurrente de la víctima y distribuyó la responsabilidad
en un 70% a cargo del actor y un 30% a cargo de las entidades demandadas.
20
«CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 30 de
agosto de 2017. Expediente No. 41001-23-31-000-2010-00181-01(51057). M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. “Ahora
bien, habiéndose establecido que el hecho dañoso causado al demandante fue ocasionado por la medida de
aseguramiento dictada en su contra por la Fiscalía General de la Nación, se procede a examinar si dadas las
circunstancias del caso concreto, se dan los presupuestos necesarios para concluir que en el presente caso se configuró
la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima que pueda dar lugar a exonerar de responsabilidad
patrimonial al Estado o, al menos, una concurrencia de culpas. Así pues, la jurisprudencia reiterada de la Sala ha sostenido
que, para efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en
cada caso concreto, si el proceder -activo u omisivo- de aquel tuvo o no injerencia y en qué medida, en la producción del
daño. Así lo ha entendido esta Corporación: “Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la
violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al
Estado en la producción del daño. “(…). “Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente,
ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima
directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar
imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. “De igual
forma, se ha dicho: ‘… para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir
con los siguientes requisitos: Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado
es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo
incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima
concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de
concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil`”
[. . .]” -se subraya»
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En esos términos, la Sala considera que no se configura un defecto sustantivo,
pues el tribunal accionado tomó en consideración el marco normativo invocado
por el actor para sustentar la responsabilidad de las entidades demandadas
en la producción del daño alegado. En efecto, a partir de esas disposiciones
analizó los deberes a cargo de la Rama Judicial, del INPEC y del juez de
ejecución de penas y, con fundamento en ellas, concluyó que existió una falla
del servicio que comprometía parcialmente la responsabilidad de las entidades
accionadas.
Por lo tanto, no se advierte una omisión del marco jurídico aplicable ni una
interpretación irrazonable, arbitraria o caprichosa de las normas relevantes
para resolver la controversia. Por el contrario, lo que se evidencia es que el
desacuerdo del actor se dirige, en realidad, contra la valoración efectuada por
el tribunal en torno a la concurrencia de las causas en la producción del daño,
pues se insiste en que la responsabilidad debía atribuirse exclusivamente a
las entidades demandadas.
Sin embargo, esa discrepancia no basta para estructurar un defecto
sustantivo. La parte actora no expuso argumentos que permitan demostrar que
la atribución de una participación causal a la víctima hubiera sido contraria al
ordenamiento jurídico, manifiestamente irrazonable o carente de sustento.
5.6. De otra parte, la Sala advierte que, pese a que el actor citó como precedente
desconocido las siguientes providencias: a) la sentencia de unificación del 28
de agosto de 2014 (Exp, 36.149), y b) la sentencia del 29 de noviembre de 2021
(46.681); lo cierto es que en la acción de tutela no se justificó la similitud fáctica
ni jurídica que evidenciara la obligatoriedad del precedente al caso particular,
tampoco se justificó la vigencia de los precedentes citados. En todo caso, de
la fundamentación del cargo se advierte que el desacuerdo del actor no se
centró en los parámetros de indemnización, los cuales atienden a la
jurisprudencia citada, sino a la decisión de disminuir el monto reconocido en
un 70% con ocasión de la concausa declarada por el tribunal accionado.
Tal reproche se orienta en realidad a discutir el razonamiento expuesto por el
tribunal en relación con la imputación del daño alegado y no con la liquidación
del perjuicio.
Se transcribe el siguiente aparte del escrito de tutela:
«El señor TILSO BLANCO VEGA, permaneció privado de la libertad 33 meses, 4 días y 12
horas, excediéndose en más de 5 meses la privación de su libertad, generándose un daño
indemnizable conforme las reglas establecidas por el Consejo de Estado, en la que se fija
como regla la presunción del daño moral, siendo la guía para su tasación el prudente arbitrio
del juzgador, ajustado a los principios de equidad y reparación integral. Salta a la vista que
endilgar el 70 % de responsabilidad al señor TILSO BLANCO VEGA, en la prolongación de la
privación de su libertad, carece de pruebas que justifique dicha argumentación». (Subraya la
Sala)
De acuerdo con lo anterior, se considera que no se expone una argumentación
que evidencie un desconocimiento de las sentencias invocadas, sino que su
fundamentación se dirige a insistir en el desacuerdo con la disminución de la
indemnización en un 70% considerando que el comportamiento de la víctima
aportó a la concreción del daño endilgado.
5.7. Finalmente, la Sala negará las solicitudes de desvinculación presentadas por
el INPEC, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Valledupar.
Lo anterior, considerando que estas entidades fueron vinculadas al proceso
como terceras con interés, dada su calidad de entidades demandadas en el
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Demandante: Tilso Blanco Vega
proceso de reparación directa analizado y en los términos del artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991; no como accionadas con aptitud de satisfacer las
pretensiones de la acción de tutela como erradamente lo consideraron.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. NEGAR la solicitud de desvinculación del INPEC, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Valledupar, por las razones expuestas en la parte considerativa del fallo.
2. NEGAR las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Tilso
Blanco Vega, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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