Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02584-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02584-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02584-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
7 de mayo de 2026
Demandante: Diana Consuelo Baca Ortiz
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala
de Decisión Oral C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02584-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., siete [7] de mayo de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02584-00
Demandante: DIANA CONSUELO BACA ORTIZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE
DECISIÓN ORAL C Y OTRO
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de relevancia
constitucional y de agotamiento de todos los medios de defensa
judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y, los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de
2024, de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La señora Diana Consuelo Baca Ortiz, en nombre propio, presentó acción de tutela1
con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la información, al mínimo vital, a la igualdad,
al reten social, a la estabilidad laboral reforzada, al fuero de salud, a la defensa y
contradicción, al trabajo digno, de acceso a la seguridad social.
Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de
las sentencias de 3 de junio de 2025, del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla que negó las pretensiones de la demanda y, de 2 de octubre
de 2025, del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, que
confirmó la decisión del a quo, dictadas al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que adelantó contra el municipio de Soledad [Atlántico]
y el Comité de Personal del municipio de Soledad [Atlántico], identificado con el
radicado 08001-33-33-008-2020-00169-00/01.
1.2. Pretensiones
La accionante presentó las siguientes:
1 Mediante escrito radicado el 6 de abril de 2026, por la ventanilla virtual del aplicativo Samai del
Consejo de Estado.
1
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Demandante: Diana Consuelo Baca Ortiz
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala
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1. Amparar los derechos fundamentales invocados de persona en condicion de
especial protección constitucional
2. Dejar sin efectos las sentencias proferidas dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.
3. Ordenar proferir nueva decisión:
o Valorando integralmente el material probatorio
o Resolviendo todos los cargos de nulidad de la demanda y objeto de litigio.
o Aplicando precedente de Corte Constitucional y Concejo de Estado2
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en este fallo:
La señora Diana Consuelo Baca Ortiz fue vinculada en provisionalidad al municipio
de Soledad [Atlántico] a través del Decreto 418 del 30 de octubre de 2019, en el
cargo de Inspector de Policía Urbano, Grado 234, Código 06. En este mismo acto
administrativo se dispuso, además, la terminación del nombramiento en encargo
realizada al señor David Alberto Pérez Barbas en el referido empleo y su retorno al
cargo de Secretario, Grado 02, Código 440, del cual ostentaba derechos de carrera
administrativa.
El 18 de diciembre de 2019, el Comité de Personal del municipio de Soledad
[Atlántico] resolvió la reclamación presentada por el señor Pérez Barbas el 15 de
noviembre de 2019, en el sentido de solicitar al mandatario del ente territorial la
revocatoria del Decreto 418 del 30 de octubre de 2019.
Mediante el Decreto 088 del 4 de febrero de 2020, el mentado municipio, con
sustento en lo manifestado el 18 de diciembre de 2019, por el Comité de Personal
del municipio de Soledad [Atlántico], dejó sin efectos la terminación anticipada del
nombramiento en encargo del señor Davis Alberto Pérez Barbas y lo encargó
nuevamente en el empleo de Inspector de Policía Urbano, Grado 234, Código 06,
asimismo declaró insubsistente el nombramiento de la señora Diana Consuelo Baca
Ortiz en éste.
Ante el anterior panorama, la accionante ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de controvertir la legalidad del Decreto 088
del 4 de febrero de 2020 y del acta de 18 de diciembre de 2019, del Comité de
Personal del municipio de Soledad [Atlántico], del cual conoció, en primera
instancia, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla,
autoridad judicial que, en sentencia de 3 de junio de 2025, negó las pretensiones de
la demanda, para lo cual señaló que de las pruebas recaudadas no se podía
establecer la configuración de las causales de nulidad alegadas.
Contra la anterior decisión, el extremo activo del litigio interpuso recurso de
apelación, que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral C en providencia de 2 de octubre de 2025, en el sentido de confirmar
lo dispuesto por el a quo, para lo cual indicó que, la declaratoria de insubsistencia
2 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
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respondió a los fines de la norma que permite el retiro de un funcionario nombrado
en provisionalidad en un cargo de carrera en vacancia temporal ante la reclamación
por derecho preferencial al nombramiento en encargo.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora, después de referirse al cumplimiento en su caso de los requisitos
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, manifestó que en
las sentencias censuradas se incurrió en los siguientes defectos:
Fáctico; aseveró que hubo un desconocimiento del acervo probatorio en atención a
que: [i] se dejaron de valorar las pruebas, entre estas la testimonial; [ii] no se explicó
su exclusión y; [iii] no se aplicaron las reglas de la sana critica. Además, adujó que
se resolvieron temas distintos a los cargos de nulidad señalados en el libelo
introductorio y se dejó de aplicar la presunción por la falta de contestación a la
demanda.
Falta de motivación: alegó la inexistencia de un estudio probatorio, así como la
ausencia del análisis jurídico individual de cada cargo de nulidad endilgado y la
utilización de afirmaciones generales que contradicen los hechos probados, pues,
en su sentir, no se identificaron ni individualizaron las pruebas, así como tampoco
se indicó su mérito, pertinencia y alcance, además de la falta de la valoración
conjunta conforme a la sana critica.
Incongruencia: indicó que se presentó el yerro en atención a que hubo una omisión
en la resolución de las causales de nulidad alegadas de forma autónoma, además
que no se confrontaron los hechos con la normatividad invocada. Asimismo, precisó
que se modificó el problema jurídico y, en ese orden: [i] se desplazó el debate hacia
consideraciones genéricas; [ii] se redujo el litigio a una supuesta falta de prueba y;
[iii] no se pronunciaron sobre la ilegalidad del procedimiento administrativo en
relación con los cargos de nulidad alegados, circunstancias que, en su parecer,
encubren un fallo inhibitorio.
Sustantivo: señaló que hubo una interpretación irracional, mecánica e
inconstitucional del retén social, comoquiera que se había acreditado su condición
de hija cabeza de familia, así como la dependencia económica y la situación de
vulnerabilidad, al igual que se desconoció el principio de estabilidad laboral
reforzada, en atención a su calidad de sujeto de especial protección. En este punto,
aseveró que se dejó de aplicar reglas jurisprudenciales sobre la protección a
madres, padres o hijas cabeza de familia, estabilidad laboral reforzada y prevalencia
del derecho sustancial.
Desconocimiento de precedente: advirtió que se dejaron de aplicar: [i] las reglas
sobre la valoración integral de la prueba, dispuesta en las sentencias SU-499 de
2024 y T-029 de 215 de la Corte Constitucional; [ii] la jurisprudencia relativa a la
motivación suficiente de la decisiones judiciales prevista en las sentencias SU-424
de 2016 y SU-108 de 2018; sobre la resolución de todos los cargos [aquí citó el
radicado 11001-03-15-000-2017-00453-01 del Consejo de Estado]; relativa a la
protección reforzada consignada en la SU-070 de 2013 y T-067 de 2022.
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Finalmente, en unos acápites sobre la vulneración al debido proceso y los errores
del juez, la actora iteró los argumentos expuestos en los cargos ya desarrollados y,
en consecuencia, solicitó la protección de sus derechos fundamentales y en virtud
de ello, se dejen sin efectos las providencias cuestionadas.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 9 de abril de 2026, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante, así como a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, en
calidad de accionados, y les otorgó el término de dos [2] días para que rindieran el
informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Como terceros con interés, vinculó al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla, al municipio de Soledad [Atlántico] y al Comité de Personal
del municipio de Soledad [Atlántico], al igual que a las demás partes, personas,
terceros y/o entidades que hayan participado en el proceso ordinario 3, para que, si
lo consideraban del caso, intervinieran en la presente acción, dentro de la misma
oportunidad concedida a la parte demandada.
De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la corporación con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, solicitó
a las autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso
ordinario donde se dictaron las providencias censuradas.
1.6. Contestación
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentó la siguiente intervención:
1.6.1. Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C
El magistrado ponente de la decisión cuestionada de segundo grado señaló que la
tutela era improcedente en atención a que no se configuraba ninguno de los
requisitos generales ni de las causales específicas de procedencia, además que el
mecanismo de amparo no se podía utilizar como una instancia adicional del proceso
ordinario.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
la señora Diana Consuelo Baca Ortiz, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y,
los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024, de la Sala Plena de esta corporación.
3 Conforme a lo anterior se notificó mediante mensaje de datos enviado al correo electrónico del
señor David Alberto Pérez Barbas, suministrado por las autoridades judiciales accionadas.
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2.2. Cuestiones previas
El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla fue vinculado
al presente trámite como tercero con interés, no obstante, en atención a que existen
pretensiones contra dicha autoridad judicial, deberá tenerse como demandado.
Ahora bien, como la parte actora le endilga la trasgresión de sus garantías
superiores tanto a la decisión de primera como de segunda instancia, se precisa
que el análisis que desarrollará esta magistratura se ceñirá a la dictada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, al ser la que puso fin
a la controversia.
De otra parte, en el escrito tutelar se solicitó, en caso de considerarse necesario, el
decreto y práctica de una entrevista a la accionante para efectos de acreditar el
perjuicio irremediable, frente a la cual se precisa que será negada, comoquiera que,
dado el carácter célere o expedito del procedimiento del mecanismo constitucional
de amparo, no resulta pertinente ni conducente el referido medio probatorio.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la salvaguarda de los derechos
fundamentales de la tutelante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia de 2 de octubre de 2025, del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala
de Decisión Oral C que confirmó la providencia de 3 de junio de 2025, del Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
que adelantó contra el municipio de Soledad [Atlántico] y el Comité de Personal del
municipio de Soledad [Atlántico].
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: [i] el criterio de
la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; [ii] los
requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, los de relevancia constitucional
y de agotamiento de todos los medios de defensa judicial, y de superarse, junto con
los demás; [iii] el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.
4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
5
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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
2.5.1.1. La Sala advierte que en el caso sub examine no se cumple el presupuesto
de la referencia respecto de los yerros fáctico, sustantivo y por desconocimiento de
precedente, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio
adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. [Énfasis de la Sala]
En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20228 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un análisis de fondo respecto
de una posible vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el examen de dicha exigencia debía estar
acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos
por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i] Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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ii] Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii] Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la decisión atacada se presenta
una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una
actuación arbitraria.
Así, dicho requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
las prerrogativas superiores, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre9.
2.5.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por
la tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que, las inconformidades planteadas no contienen la
carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del porqué el asunto
requiere la intervención del fallador de esta sede; es decir, no tienen la entidad o
trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales.
Lo primero que se advierte es que la actora, si bien alegó la posible configuración
de los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento de precedente, lo cierto
es que, ninguno cumple con la argumentación mínima para su estudio, de
conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional cuando se le atribuye la
vulneración de derechos fundamentales a una providencia judicial.
En efecto, la accionante se limitó a señalar que la autoridad judicial no había
valorado las pruebas obrantes en el expediente, entre estas la testimonial, además
que no se había explicado su exclusión; luego, no identificó de forma específica qué
pruebas se habían dejado de analizar y cuál habría sido su incidencia en la decisión,
argumentación que no se puede soslayar a la hora de endilgarse el yerro fáctico.
Asimismo, adujo simplemente que hubo una interpretación irracional, mecánica e
inconstitucional del retén social y del desconocimiento del principio de estabilidad
laboral reforzada; en ese orden, de una parte, no indicó la normatividad que
regulaba tales preceptos o las que en su sentir debieron aplicarse en su caso y, por
consiguiente, no se realizó ninguna reflexión sobre la interpretación que sobre éstas
debió dar la autoridad judicial accionada.
9 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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Finalmente, respecto del último cargo, si bien señaló las providencias inadvertidas
por el juez ordinario, lo cierto es que no realizó ningún análisis en el que se indicara
la regla o subregla determinante aplicable a la solución del nuevo caso y su
incidencia en la decisión que deba adoptar el juez natural del asunto.
Sumado a lo anterior, como se indicó al inicio de este acápite, no se satisfizo la
carga desde la perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida
sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU-215 de 2022.
En ese orden, se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus
prerrogativas superiores no comporta que el asunto puesto en conocimiento del juez
de tutela revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se
requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo
que permita vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o
goce de un derecho fundamental. Esto, ya que la competencia de este operador
judicial se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.
La carga argumentativa que hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para
cumplir con la mencionada exigencia, sino que dicha labor comprende un ejercicio
argumentativo mucho más profundo. En el escrito contentivo de la tutela, se advierte
el reparo a la decisión del 2 de octubre de 2025, a partir de la configuración de los
yerros antes señalados, pero huérfanos de una línea conceptual de índole
constitucional que permita al funcionario judicial desarrollar, interpretar o aplicar la
Carta Política respecto al caso concreto.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.
2.5.2. Agotamiento de los medios de defensa judicial
2.5.2.1. Ahora bien, la Sala considera necesario indicar en este punto que, el inciso
3º del artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de
procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto
reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existan otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
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a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia10.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son de la
esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2° del
artículo 2° de la Constitución, de ahí que la garantía de los derechos fundamentales
de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que es vinculante para
cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y en cualquiera de
los ámbitos funcionales del mismo.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-735 de 2013, manifestó que la
«exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del amparo, que
pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una instancia más en el
trámite jurisdiccional, un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros
diseñados por el legislador y mucho menos, como se pretende en este caso, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes para corregir
oportunidades vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios»11.
Aunado a lo anterior, la referida alta corporación manifestó que, junto con los demás
requisitos de procedibilidad, se exige que el actor «haya ejercido los recursos
previstos en el respectivo proceso judicial, pues no se trata de sustituir a través de
ella los mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria
de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido
tiempo»12.
2.5.2.2. En el asunto sub examine la actora alegó que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C de 2 de octubre de 2025,
incurrió en falta de motivación e incongruencia, por cuanto, no se hizo un estudio
jurídico individual de cada cargo de nulidad propuesto contra el acto administrativo
acusado y por la utilización de afirmaciones globales, así como por la modificación
del problema jurídico y, en consecuencia, [i] el desplazamiento del debate hacia
consideraciones genéricas; [ii] la reducción del litigio a una supuesta falta de prueba
y; [iii] la falta de pronunciamiento sobre la ilegalidad del procedimiento administrativo
en relación con los cargos de nulidad alegados, circunstancias que, en su parecer,
encubren un fallo inhibitorio.
Ahora bien, al margen de la razonabilidad de esta tesis, lo cierto es que esta
magistratura, investida como juez constitucional, no es competente para determinar
10 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución
y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones.»
11 Corte Constitucional, Sentencia T-735 del 17.1.2013. M.P. Alberto Rojas Ríos
12 Corte Constitucional, Sentencia T-107 del 20.2.2012. M.P. María Victoria Calle Correa
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si el proveído bajo cuestionamiento adolece de falta de motivación e incongruencia,
circunstancias que, como se analizará más adelante, se enmarcan en la causal
quinta del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, ya que tal análisis le corresponde al
operador judicial del recurso extraordinario de revisión.
Frente al punto, se advierte que, de acuerdo con la postura de la Sala Veintidós
Especial de Decisión de esta corporación13, la incongruencia y la falta de motivación
dan lugar a la nulidad originada en la sentencia, que es una de las causales que
hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en los términos del numeral
5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 201114.
La tesis de la referida Sala Especial fue expuesta en los siguientes términos:
[…] 2.5. Nulidad originada en la sentencia
El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.
[…]
2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de
la sentencia
Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena
Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del
C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia,
se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por
cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.
[…]
En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del
C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la
parte demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la congruencia
interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte
resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia.
[…].
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la
causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes
6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede
configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia
interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara
violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-
03-15-000-2015-02342-00(REV). Magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro.
14 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión: (…) 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación. (…).
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proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en
específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales
no se podía pronunciar.
[…]
Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando
falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la
coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión,
porque el fallador excede su competencia, la que se repite está determinada por los
cargos y pretensiones de la demanda […]. (Destacado por la Sala)
Asimismo, esta Corporación ha considerado que la nulidad en mención ocurre al
«[p]retermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin motivación;
(ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda
o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un
tercero que no fue vinculado al proceso.»15 (Destacado por la Sala)
En este mismo sentido, la Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado,
precisó16:
«[…] la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de
derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la causal
quinta. De manera que es improcedente, con fundamento en dicha causal, alegar
situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación […]». [Destacado por la
Sala]
En consideración a la anterior tesis, la inobservancia del principio de congruencia y
la falta de motivación de la sentencia dan lugar a que se configure la causal de
revisión prevista en el numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es,
«[…] Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación […]».
En razón de lo expuesto, la presente demanda de tutela fundada en la incongruencia
y la falta de motivación de la sentencia no supera el requisito de agotamiento de
todos los medios de defensa judicial, comoquiera que en tal caso procede el recurso
extraordinario de revisión y, por lo tanto, la Sala se abstendrá de su estudio y
declarará improcedente la solicitud de amparo.
Ahora bien, se tiene que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de tutela
procede excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los
derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se acrediten
al menos sumariamente.
15 Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado, radicación: 11001-03-15-000-2017-
02091-00 (REV), actor: Carlos Ossa Escobar, demandado: Contraloría General de la República,
magistrada ponente Rocío Araújo Oñate, en la que se cita, a su vez, la decisión de la Sala Catorce
Especial de Decisión del Consejo de Estado, Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor: José
Joaquín Palma Vengoechea, Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación, C.P. Danilo
Rojas Betancourth.
16 Ver Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado, sentencia de 5 de abril de 2016,
Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor: José Joaquín Palma Vengoechea, Demandado:
Nación-Procuraduría General de la Nación, C.P. Danilo Rojas Betancourt.
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Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la acción
de tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la protección
de los derechos suplicados, o ya se agotaron, es la existencia de un perjuicio
irremediable, el cual se configura a voces de la Corte Constitucional «[…]cuando el
peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta
con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas
impostergables que lo neutralicen […]»17.
De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables 18. Entonces,
corresponde a la colegiatura estudiar sí en el caso concreto, la acción de tutela
procede de forma transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que
afecte de manera directa los derechos fundamentales de la parte actora.
Al respecto se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque del
análisis del acervo probatorio, no es posible establecer que la actora se encuentre
en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.
En consecuencia, para la Sala, los hechos y los fundamentos que motivaron la
solicitud de amparo, frente a la violación al principio de congruencia y la falta de
motivación alegadas, deben ser cuestionadas a través del aludido recurso
extraordinario de revisión, con ocasión a que la acción de tutela no puede sustituir
el mecanismo de defensa con el que cuenta la parte demandante para la protección
de sus garantías superiores.
Se itera entonces que conforme lo señaló la Corte Constitucional, el recurso
extraordinario de revisión permite el ejercicio de una verdadera acción contra
decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material del caso concreto19.
2.6. Conclusión
De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de decisión declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo, comoquiera que no se encontraron satisfechos los
requisitos de relevancia constitucional y de agotamiento de todos los medios de
defensa judicial.
17 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández
18 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: «… son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable,… A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente"…. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable
han de ser urgentes,… || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona… || D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya
que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna… Se trata del sentido
de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las
autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para
el equilibrio social».
19 Sentencia C - 418 de 1994.
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR el decretó de la prueba solicitada por la parte actora.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Diana Consuelo Baca Ortiz.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicado en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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