Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02584-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02584-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02584-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
17 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02584-01
Accionante: Diana Consuelo Baca Ortiz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02584-01
Accionante: Diana Consuelo Baca Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral C y
otro
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Relevancia constitucional. Subsidiariedad – improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 7 de mayo de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
La señora Diana Consuelo Baca Ortiz interpuso acción de tutela con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia, a la información, al mínimo vital, a la igualdad, al reten social, a la estabilidad
laboral reforzada, al fuero de salud, a la defensa y contradicción, al trabajo digno y de
acceso a la seguridad social1, los cuales considera vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral C, con ocasión de la sentencia
proferida el 2 de octubre de 2025, que modificó el fallo dictado el 3 de junio de 2025 por el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Barranquilla y, en su lugar, declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa frente a la
declaratoria de nulidad del acta de la Comisión de Personal de Municipio de Soledad de
fecha 18 de diciembre de 2019 y negó las pretensiones de la demanda formulada dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado número 08001-33-33-008-2020-00169-00/01.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. La señora Diana Consuelo Baca Ortiz fue vinculada en provisionalidad al municipio
de Soledad, Atlántico, a través del Decreto 418 del 30 de octubre de 2019, en el cargo de
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Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado A65A46B3017BD570
09F710BF2C645E0B FE4290E64E4D64C3 59A04BB565958CCC.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02584-01
Accionante: Diana Consuelo Baca Ortiz
Inspector de Policía Urbano, Grado 234, Código 06. En este mismo acto administrativo se
dispuso, además, la terminación del nombramiento en encargo realizada al señor David
Alberto Pérez Barbas en el referido empleo y su retorno al cargo de Secretario Grado 02,
Código 440, del cual ostentaba derechos de carrera administrativa.
2.2. El 18 de diciembre de 2019, el Comité de Personal del municipio de Soledad resolvió
la reclamación presentada por el señor Pérez Barbas el 15 de noviembre de 2019, en el
sentido de solicitar al mandatario del ente territorial la revocatoria del Decreto 418 del 30
de octubre de 2019.
2.3. Mediante el Decreto 088 del 4 de febrero de 2020, el mentado municipio, con
fundamento en lo decidido por el Comité de Personal del municipio de Soledad dejó sin
efectos la terminación anticipada del nombramiento en encargo del señor David Alberto
Pérez Barbas y lo encargó nuevamente en el empleo de Inspector de Policía Urbano,
Grado 234, Código 06, asimismo declaró insubsistente el nombramiento de la señora
Diana Consuelo Baca Ortiz en éste.
2.4. Por lo anterior, la accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de controvertir la legalidad del Decreto
088 del 4 de febrero de 2020 y del acta de 18 de diciembre de 2019, del Comité de
Personal del municipio de Soledad.
2.5. El asunto se identificó bajo el radicado número 08001-33-33-008-2020-00169-00 y le
correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Barranquilla,
autoridad judicial que, mediante sentencia de 3 de junio de 2025, negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que de las pruebas recaudadas no se podía establecer la
configuración de las causales de nulidad alegadas.
2.6. Inconforme con la anterior decisión, la demandante presentó recurso de apelación al
considerar que omitió valorar las pruebas que demostraban las causales de nulidad
alegadas. Sostuvo que el procedimiento adelantado por la Comisión de Personal de
Soledad, que culminó con la expedición del Decreto 088 del 4 de febrero de 2020, vulneró
sus derechos al debido proceso, defensa, contradicción e información, al haberse
desarrollado sin su participación.
Afirmó que el acto administrativo carecía de sustento fáctico y jurídico, estaba falsamente
motivado y fue expedido con desconocimiento de las normas que regulaban el
procedimiento administrativo. Finalmente, alegó que no existía prueba de su vinculación
al trámite y que su retiro desconoció la protección derivada de su condición de beneficiaria
del retén social como hija cabeza de familia, lo que, en su criterio, constituyó un trato
discriminatorio.
2.7. La alzada fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión
Oral C, a través de sentencia del 2 de octubre de 2025, en el sentido de modificar la
decisión de primera instancia y, en su lugar, declarar probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa frente a la declaratoria de nulidad del acta de la
Comisión de Personal de Municipio de Soledad de fecha 18 de diciembre de 2019 y negar
las pretensiones de la demanda.
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Accionante: Diana Consuelo Baca Ortiz
En síntesis, el tribunal concluyó que la declaratoria de insubsistencia de la demandante
se ajustó a la finalidad prevista en la normativa aplicable y estuvo debidamente motivada.
Asimismo, consideró que no se acreditaron los vicios de ilegalidad alegados ni el
cumplimiento de los requisitos para acceder a la protección reforzada como madre
cabeza de familia.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó al juez constitucional amparar los derechos fundamentales
invocados. En consecuencia, pidió dejar sin efectos las sentencias proferidas al interior
del proceso radicado 08001-33-33-008-2020-00169-00/01 y, en su lugar, ordenar al
Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral C que emita una nueva
decisión en la que valore integralmente el material probatorio, resuelva todos los cargos
de nulidad y aplique los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado.
Como fundamento de la acción constitucional, la accionante afirmó que las sentencias
incurrieron en defecto fáctico, al omitir la valoración integral del acervo probatorio y de los
documentos que, en su criterio, demostraban la existencia de las irregularidades
alegadas; en defecto sustantivo, por desconocer las normas aplicables al procedimiento
administrativo y a la protección de los empleados provisionales; y en desconocimiento del
precedente, al no aplicar la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa
relativa a la estabilidad laboral reforzada, el retén social y la motivación de los actos
administrativos y de las providencias judiciales.
Finalmente, adujo que las providencias cuestionadas adolecían de incongruencia y falta
de motivación, por cuanto omitieron pronunciarse sobre la totalidad de los cargos de
nulidad formulados en la demanda y no ofrecieron una respuesta suficiente a los
argumentos planteados durante el trámite del proceso ordinario. Con fundamento en tales
reproches, solicitó la intervención del juez constitucional para restablecer los derechos
fundamentales que consideró vulnerados.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 9 de abril de 20262, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la
acción de tutela; vinculó como terceros con interés al Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Barranquilla, al municipio de Soledad (Atlántico), al Comité de Personal del
municipio de Soledad (Atlántico), y a todos los demás sujetos que hubieran intervenido en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
núm. 08001-33-33-008-2020-00169-01; requirió al Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Barranquilla para que remitiera copia del expediente ordinario objeto de
amparo y ordenó notificar a los sujetos procesales.
Una vez efectuadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
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Índice 00005 del expediente digital de primera instancia, certificado C7EF516F73074903 C224CBEAA8C7EA0E
A75F3C9B7C57121B 8314022028CE79E9.
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Accionante: Diana Consuelo Baca Ortiz
4.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral C 3 allegó copia
digital del expediente ordinario y realizó un recuento de las actuaciones surtidas al interior
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Señaló que la tutela era
improcedente en atención a que no se configuraba ninguno de los requisitos generales ni
de las causales específicas de procedencia, además que el mecanismo de amparo no se
podía utilizar como una instancia adicional del proceso ordinario.
4.2. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Barranquilla 4 allegó copia del
expediente digital ordinario, no obstante, no se pronunció respecto de las pretensiones de
amparo.
4.3. Los demás sujetos procesales, a pesar de haber sido notificados en debida forma,
guardaron silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 7 de mayo de 2026 5, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró la improcedencia de la acción por no superar los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.
Sostuvo que los cargos formulados por la accionante respecto de los defectos fáctico,
sustantivo y por desconocimiento del precedente no satisfacían el requisito de relevancia
constitucional, pues la demanda no exponía una argumentación suficiente para
demostrar la incidencia que las irregularidades alegadas habrían tenido sobre los
derechos fundamentales invocados, sino que expresaba una simple discrepancia con la
valoración probatoria y las conclusiones jurídicas adoptadas por el juez ordinario.
En relación con los reproches por incongruencia y falta de motivación, estimó que no se
cumplía el requisito de subsidiariedad, en tanto tales cuestionamientos podían plantearse
mediante el recurso extraordinario de revisión previsto en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA, mecanismo judicial que la accionante no agotó antes de acudir al juez
constitucional.
6. Impugnación6
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia al considerar que interpretó de
manera restrictiva y formalista el requisito de subsidiariedad, al limitarse a verificar la
existencia de mecanismos judiciales ordinarios sin examinar su idoneidad y eficacia para
la protección de los derechos fundamentales invocados. En su criterio, ello condujo a que
se omitiera el estudio material de los defectos constitucionales atribuidos a las
providencias judiciales cuestionadas.
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Índice 00018 del expediente digital de primera instancia, certificado 291E7A2674A270E1 D123221299EEB9BC
AA1EB858FE5B1469 8CD8354D5B4C4FFA.
4
Índice 00016 del expediente digital de primera instancia, certificado 583B3C39043B933D 3EB277CC71A2B6E9
B2D6A831E9AC9333 67BD327FF852277C.
5
Índice 00024 del expediente digital de primera instancia, certificado 5EE57CF9455962BA 01FC03FB27CA9DA1
CCDFE8C1E3A7C477 5B8564CF9366CDCE.
6
Índice 00029 del expediente digital de primera instancia, certificado E1A7B13E82FCBB01 834EECD9B308E525
F84678E696B4E08F 694A67B41CE6ACC3.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02584-01
Accionante: Diana Consuelo Baca Ortiz
Adujo que el juez de primera instancia dejó de pronunciarse sobre los defectos
procedimental, fáctico y sustantivo, así como sobre el desconocimiento del precedente
constitucional y la violación directa de la Constitución, pese a que tales cargos habían
sido desarrollados en la demanda de tutela. Igualmente, sostuvo que la providencia
impugnada incurrió en un exceso ritual manifiesto, al privilegiar una interpretación formal
de los requisitos de procedibilidad sobre el examen de las presuntas vulneraciones de los
derechos fundamentales alegadas en el caso concreto.
Finalmente, afirmó que la sentencia carecía de una motivación suficiente, por cuanto no
explicó las razones por las cuales los medios judiciales ordinarios resultaban eficaces
para la protección de sus derechos, no analizó la configuración de un perjuicio
irremediable ni la incidencia constitucional de las irregularidades denunciadas. Con
fundamento en ello, solicitó revocar la decisión impugnada y, en su lugar, conceder el
amparo; subsidiariamente, pidió declarar la nulidad de la sentencia por vulneración del
debido proceso constitucional y ausencia de motivación suficiente.
Mediante auto del 29 de mayo de 20267, el magistrado ponente de la Sección Quinta del
Consejo de Estado concedió la impugnación interpuesta por la parte actora.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Diana
Consuelo Baca Ortiz es la titular de las garantías constitucionales que afirma fueron
vulneradas, en su condición de demandante dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 08001-33-33-008-2020-
00169-01.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del
Atlántico-Sala de Decisión Oral C fueron las autoridades judiciales a quienes se atribuye
la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
2.3. Antes de continuar con el análisis de los defectos invocados, la Sala pone de
presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas tanto en
primera, como en segunda instancia, circunscribirá su análisis a la providencia del 2 de
octubre de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral
C, por cuanto fue la providencia que puso fin a la actuación.
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Índice 00032 del expediente digital de primera instancia, certificado 6A3E06A8B4822A7C 88F995DE0C85EE05
D77D34B255962106 49A6891371D6B820.
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Accionante: Diana Consuelo Baca Ortiz
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
7 de mayo de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la
cual se declaró la improcedencia de la acción por no superar los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 8 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 9 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto10.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
8
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
10
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”11.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e
independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”12.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
11
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
12
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la
vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el
asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio
en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de
amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 13.
4.2. Subsidiariedad.
Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se
desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 14.
Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el amparo
se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios que el
legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin de: (i)
prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso
ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de
defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos atiendan un mínimo de
diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial 15.
La Corte Constitucional16 ha sostenido que es deber de la parte accionante desplegar
todos los mecanismos judiciales que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de interferir en las competencias de las
distintas autoridades judiciales.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que confirmará la decisión de primera instancia, en el sentido de declarar
la improcedencia de la acción de tutela, por no superarse los requisitos de relevancia
constitucional ni subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación:
13
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
14
“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a
su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
15
Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
16
Sentencia C-590 de 2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02584-01
Accionante: Diana Consuelo Baca Ortiz
5.1. La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al incurrir en los defectos fáctico, sustantivo, por desconocimiento del
precedente, por falta de motivación e incongruencia, al considerar que las providencias
cuestionadas omitieron valorar integralmente el material probatorio, dejaron de resolver la
totalidad de los cargos de nulidad formulados en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y desconocieron las garantías del debido proceso
administrativo y judicial. Asimismo, afirmó que tales decisiones desconocieron la
protección derivada de su condición de beneficiaria del retén social como hija cabeza de
familia.
5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados por el Tribunal Administrativo del
Atlántico-Sala de Decisión Oral C se advierte que, en la sentencia proferida el 2 de
octubre de 2025, dicha autoridad arribó a la siguiente conclusión:
“Pues bien, como se dijo en acápite anterior, la reclamación por derecho preferencial
a encargo es un trámite propio y exclusivo del servidor titular de derechos de carrera
administrativa, el cual se encuentra regulado en una norma especial en la que no
existe vacío legal alguno que deba suplirse con disposiciones generales, por ende, la
etapa de vinculación de terceros en el trámite de tales reclamaciones no se encuentra
previsto en el procedimiento especial que regula la materia, Decreto Ley 760 de 2005,
por ende, no tiene la calidad de interesada, porque contraría la naturaleza de la
reclamación.
De hecho, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo les asegura a los terceros unas posibilidades de participación en el
proceso de formación de la voluntad administrativa con el objetivo asegurar el respeto
de la garantía constitucional del debido proceso, sin embargo, ello se presenta
cuando en las actuaciones carecen de un procedimiento especial, lo que no sucede
en el sub lite, pues el procedimiento se encuentra sometido a normas previas y
precisas en la materia.
Debe señalarse que, el derecho al debido proceso ha sido entendido por la
jurisprudencia constitucional como el conjunto de garantías que el ordenamiento
jurídico establece en favor de toda persona sometida a una actuación judicial o
administrativa, con el fin de asegurar el respeto de sus derechos y la correcta
impartición de justicia17. En el presente asunto no se advierte vulneración alguna de
tales garantías, por cuanto el trámite de reclamación en sede administrativa
constituye un beneficio de carácter preferente para los servidores de carrera, calidad
que no ostenta la demandante. En consecuencia, no resulta procedente su
vinculación como tercero dentro de dicho procedimiento, en tanto este se rige por
disposiciones claras y específicas que excluyen esa posibilidad”18.
En consecuencia, la autoridad judicial accionada arribó a la convicción de que el acto
demandado, esto es, el Decreto 088 del 4 de febrero de 2020 que declaró insubsistente a
la actora, no está viciado de nulidad por violación al debido proceso ni por falsa
motivación, ya que estuvo debidamente motivado, pues sustentó el retiro con fundamento
en el Acta de la Comisión de Personal de la Alcaldía Municipal de Soledad el cual es de
fuerza vinculante y de obligatorio cumplimiento para la entidad nominadora.
Adicionalmente, sostuvo:
17
Corte Constitucional, sentencia C-341 de 2014.
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Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado 1A6538B5E43DC17B
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02584-01
Accionante: Diana Consuelo Baca Ortiz
“Para la Sala del análisis en conjunto de todas las pruebas lleva a deducir que no
existió falsa motivación del acto acusado, puesto que, para declarar insubsistente a la
actora tuvo en cuenta las normas consagradas en la Ley 909 de 2004 y Decreto 760
de 2005, tendientes a resolver las reclamaciones de incorporación, desmejoramiento
de las condiciones laborales y encargo, así como también soportó su decisión en los
hechos que estaban probados en la actuación administrativa, los cuales concluyeron
que el señor DAVID ALBERTO PEREZ BARBA gozaba de mejor derecho para el
encargo como Inspector de Policía Urbano de Soledad, al ser un funcionario de
carrera administrativa.
Por consiguiente, en el acto acusado no se advierte los vicios del procedimiento
irregular secreto e ilegal que según la parte actora, adelantó el Municipio de Soledad,
pues para que se hubiera configurado tal vicio debieron aportarse las pruebas del fin
torticero que aquella perseguía al actuar como lo hizo, solo obra las afirmaciones de la
actora, mas no trajo pruebas documental ni testimonial indicadoras que el acto
acusado persigue fines distintos a los que le ha fijado el ordenamiento jurídico, pero
contrario a ello, las pruebas dan fe que el municipio demandado actuó conforme a
derecho y adecuó su conducta a la normativa legal vigente, de manera que no se
encuentra probado los cargos de violación al debido proceso, ni falsa motivación, e
incluso, de desviación de poder ni expedición irregular, que invocó la demandante”19.
Respecto a la estabilidad laboral reforzada, por su condición de hija cabeza de familia, el
tribunal indicó que no existía este concepto en la legislación colombiana, pues el término
existente era madre o padre cabeza de familia, condición desarrollada en el artículo 43 de
la Constitución Política.
Tras valorar las pruebas aportadas, concluyó que, aunque se acreditó la dependencia
económica de su padre, no se demostró que la demandante asumiera de manera
exclusiva y permanente su sostenimiento, pues este también recibía apoyo de otros
familiares, aunado a que no encontró prueba de las presuntas solicitudes y quejas que
afirmó haber presentado ante el municipio.
Finalmente, señaló que, aun si hubiera reunido los requisitos para ser reconocida como
madre cabeza de familia, la protección reforzada ya no resultaba aplicable debido al
fallecimiento de su padre, circunstancia que hizo desaparecer el supuesto fáctico que
sustentaba dicha garantía.
5.3. Se advierte entonces que la autoridad judicial accionada efectuó un estudio expreso,
integral y motivado de los cargos de nulidad propuestos por la demandante. En particular,
analizó la alegada vulneración del debido proceso, la falsa motivación, la desviación de
poder y la expedición irregular del acto administrativo de insubsistencia, para concluir que
este se ajustó al procedimiento especial previsto en el Decreto Ley 760 de 2005 y se
sustentó en el mejor derecho al encargo reconocido a un servidor de carrera
administrativa. Asimismo, examinó el argumento relativo a la estabilidad laboral
reforzada, descartando su configuración al no acreditarse los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la condición de madre cabeza de familia y, en todo caso, por haber
desaparecido el supuesto fáctico que habría dado lugar a dicha protección. En
consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia al considerar que no se
demostraron los vicios de nulidad invocados contra el acto acusado.
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Ibid.
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Accionante: Diana Consuelo Baca Ortiz
5.4. Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo del
proceso ordinario.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta la
simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su
carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe
aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración20.
Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención de
lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados y
eleve su argumentación a rango constitucional.
5.5. Ahora bien, respecto al defecto fáctico alegado por la parte accionante a la luz del
requisito de relevancia constitucional, es preciso recordar que la Corte Constitucional ha
señalado que este se configura cuando “resulta evidente que el apoyo probatorio en que
se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado
(...)”21 o cuando “se hace manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por
el juez en su providencia”22.
En esa medida, la indebida valoración de las pruebas, ya sea desde su dimensión positiva
o negativa23, solo adquiere relevancia constitucional cuando el yerro es ostensible,
flagrante y manifiesto, y tiene la entidad suficiente para incidir en el sentido de la decisión
adoptada24. Por ello, para que se configure este defecto es indispensable identificar la
prueba que no fue valorada o que fue apreciada de manera irrazonable, así como
20
Sentencia SU-215 de 2022.
21
Corte Constitucional, sentencia T-393 de 2017, T-567 de 1998, reiterada en sentencias como la T-555 de 1999,
T-1100 de 2008, T-781 de 2011, entre otras.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-399 de 2012.
23
Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2018. “La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que
se puede apreciar el defecto fáctico: 1.) La dimensión negativa del defecto fáctico, según aquella, abarca supuestos
como los siguientes: i) ignorar o no valorar, injustificadamente, medios de prueba trascendentales frente a la decisión
adoptada; ii) decidir al margen de las pruebas que le hubieren impedido la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la providencia; iii) no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en los que el juez se encuentre
habilitado legalmente para hacerlo, y siempre que de las circunstancias del caso se derive la obligación de hacerlo para
esclarecer hechos oscuros o difusos. 2.) La dimensión positiva del defecto fáctico puede abarcar supuestos tales
como: i) valorar pruebas ilícitas, siempre que las mismas hubieren sido determinantes del sentido de la
decisión; ii) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conduzcan a demostrar los hechos en que se
fundamenta la providencia judicial que se cuestiona en tutela”.
24
Sentencias T-442 de1994 y T-456 de 2010.“(…) El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería contrario al principio de que la tutela
es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que
son titulares las otras jurisdicciones.(…)”. (Resaltado de la Sala).
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demostrar que tal irregularidad tenía la potencialidad de modificar el resultado de la
decisión judicial cuestionada.
Bajo ese entendido, la Sala advierte que la parte actora sostuvo que la autoridad judicial
incurrió en un defecto fáctico al valorar de manera indebida el material probatorio. No
obstante, la accionante no desarrolló argumentos dirigidos a demostrar de qué manera el
análisis realizado por la autoridad judicial vulneraba sus garantías constitucionales,
tampoco enumeró cuales pruebas se valoraron de manera indebida y se limitó a exponer
su teoría del caso, en el sentido que apoyara sus pretensiones de éxito.
En ese orden, los argumentos relacionados con la configuración de un defecto fáctico no
exponen una irracionabilidad en la interpretación probatoria que el Tribunal Administrativo
del Atlántico-Sala de Decisión Oral C, sino que pretenden, nuevamente, insistir en
mostrar una solución distinta al caso concreto de manera favorable a los intereses de la
tutelante, pues no advierten reparos concretos en contra del análisis realizado por la
autoridad judicial.
Lo expuesto resulta suficiente para que la Sala se releve del análisis de este cargo, en la
medida en que la solicitante no desarrolló sus argumentos en función del defecto fáctico
invocado, pues su reparo se circunscribió en señalar que existió un yerro probatorio, pero
omitió explicar con claridad en que cambiaría la decisión tal circunstancia.
5.6. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, la Sala precisa que el
precedente25 se constituye en un pilar del Estado de Derecho, pues busca asegurar la
coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, a través de las decisiones judiciales
que sean razonablemente previsibles. Por su alcance, se constituye en una herramienta
de protección de los principios de la confianza legítima y la buena fe al momento de
resolver un caso sometido a su jurisdicción.
Adicionalmente, su origen radica en la autoridad judicial que lo crea, por lo que existen
dos clases de precedente a saber: el horizontal y el vertical. El primero, comprende
“aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador
judicial”; mientras que el segundo, “se relaciona con los lineamientos sentados por las
instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva
jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de los asuntos, el precedente
vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema
de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva
jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las
autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios
hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”26.
Según lo expuesto, a pesar de que la parte accionante mencionó las referencias de las
providencias que consideró desconocidas, lo cierto es que no desarrolló un análisis
metodológico y comparativo que permitiera establecer la identidad jurídica entre esos
fallos, así como la inaplicación de alguna regla de unificación y la decisión aquí
cuestionada.
25
Sentencia SU 113/2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
26
Ibid.
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El respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas, sino también la
exposición clara y estructurada de los puntos de coincidencia entre los casos analizados,
con el fin de demostrar que el fallo objeto de censura se apartó injustificadamente de la
jurisprudencia aplicable. En este caso, la falta de un estudio detallado de los elementos de
similitud impidió verificar si existía o no una contradicción con el precedente alegado. Por
lo anterior, no se advirtió una carga argumentativa suficiente que sustentara el cargo
formulado, lo que imposibilita su análisis de fondo en la presente decisión.
5.7. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por la
parte actora está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que reitera argumentos de
índole legal y probatorio desarrollados en el marco del proceso ordinario, sin esbozar las
razones concretas por las cuales los derechos fundamentales invocados fueron
vulnerados con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional,
toda vez que, como ya se dijo, la decisión censurada se sustenta en el principio de
autonomía judicial.
Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre
sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una
autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como lo
pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia
adicional a lo ya surtido.
Para el efecto, se reitera que el hecho de que la parte accionante no esté de acuerdo con
el análisis probatorio realizado por el tribunal no habilita para que el juez constitucional
interfiera en la apreciación realizada por la autoridad judicial, en tanto, no se vislumbra
que los argumentos de la solicitud de amparo sean de carácter constitucional, sino que,
se insiste, pretenden reabrir un debate que ya fue zanjado por el juez de instancia.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada27, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 28.
5.8. Ahora, en cuanto al cargo presentado porque la decisión incurrió en falta de
motivación e incongruencia, la Sala considera que se enmarca dentro de una posible
violación del principio de congruencia. Al respecto, se pone de presente que esta
corporación29 ha indicado que, en las sentencias en las cuales se considera que existe
una indebida motivación o se viola el principio de congruencia, así como en aquellas en
que, de forma genérica, se trasgrede el derecho al debido proceso, se configura una
nulidad.
27
SU-215 de 2022.
28
Ibid.
29
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 3 de marzo de 2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-03970-00.
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Por lo tanto, esta judicatura advierte que el desconocimiento al principio de congruencia
da lugar a la interposición del recurso extraordinario de revisión, en concreto la causal
quinta del artículo 250 del CPACA, que estipula que el recurso procede de “[e]xistir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.
5.9. En ese orden, esta subsección, al examinar el expediente ordinario, denota que la
accionante no acreditó haber utilizado el medio judicial que tenía a su disposición para
garantizar la protección de sus derechos fundamentales, y, en concreto, alegar la falta de
congruencia en la decisión judicial. De modo que los argumentos planteados buscan
suplir una oportunidad procesal que no fue aprovechada por la demandante. Situación
que impide al juzgador constitucional resolver de fondo el asunto, en la medida que
estaría invadiendo el ámbito de competencia del juez de la causa, y desconociendo el
escenario jurídico en el que se podían, en principio, discutir aquellas reclamaciones
iusfundamentales.
En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la decisión proferida en primera instancia
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción
por no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional ni subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de mayo de 2026 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF
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