Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02587-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02587-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02587-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
15 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02587-00
Accionante: Blanca Delia Díaz Saray
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02587-00
Demandante: Blanca Delia Díaz Saray
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otros
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial-Carácter excepcional. Requisitos generales y
especiales de procedencia. Improcedencia por falta de cumplimiento de los requisitos de
Inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por Blanca Delia Díaz Saray en contra
del Tribunal Administrativo del Meta, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP y el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Blanca Delia Díaz Saray, por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la
dignidad, a la igualdad, al debido proceso por violación al principio de seguridad
jurídica, de legalidad, a la seguridad social, de acceso a la administración de justicia,
a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad, los cuales estima
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Meta, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
-UGPP y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.
La parte actora atribuye la vulneración, de una parte, a la sentencia proferida el 23
de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo del Meta, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 50001-
33-33-007-2015-00454-00/01; y, de otra, a diversos actos administrativos expedidos
por la UGPP y la extinta Cajanal, a saber: i) Resolución núm. 042813 del 12 de
diciembre de 2005, mediante la cual se reconoció pensión; ii) Acto núm. AMB 20846
del 15 de marzo de 2007, de reliquidación; iii) Acto núm. 37883 del 6 de agosto de
2008, de reliquidación; iv) Resolución núm. PAP 035574 del 28 de enero de 2011,
que negó reliquidación; v) Resolución núm. RDP 001873 del 17 de enero de 2013,
de reliquidación; vi) Resolución núm. RDP 015725 del 9 de abril de 2013, que negó
reliquidación; vii) Resolución núm. RDP 029591 del 27 de junio de 2013, que negó
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Accionante: Blanca Delia Díaz Saray
reliquidación; viii) Resolución núm. RDP 038060 del 20 de agosto de 2013, que negó
reliquidación; ix) Resolución núm. RDP 015864 del 14 de octubre de 2025, que negó
reliquidación; y x) Resolución núm. RDP 4904 del 2 de marzo de 2026, que confirmó
la negativa de reliquidación.
2. Hechos
2.1. La señora Blanca Delia Díaz Saray afirma haber laborado en el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- en el cargo de teniente de prisiones por
más de veintitrés (23) años. Adquirió el estatus jurídico de pensionada el 5 de
septiembre de 2003.
2.2. Con fundamento en lo anterior, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
-UGPP- le reconoció la pensión de jubilación mediante la Resolución núm. 42813
del 12 de diciembre de 2005, con efectos fiscales a partir del 1.º de agosto de 2004,
condicionada a acreditar su retiro definitivo del servicio, el cual se produjo el 1.º de
mayo de 2007.
2.3. Mediante la Resolución núm. RDP-020846 del 15 de mayo de 2007, la UGPP
ordenó la reliquidación de la pensión de vejez por nuevos tiempos de servicio,
excluyendo como factores salariales la prima de riesgo y el subsidio de unidad
familiar, por no estar previstos en el Decreto 1045 de 1978. Esta decisión fue
confirmada a través de la Resolución núm. RDP-037883 del 6 de agosto de 2008.
2.4. Posteriormente, mediante la Resolución núm. PAD-35574 del 28 de enero de
2011, la entidad negó nuevamente la reliquidación de la pensión de vejez.
2.5. Mediante la Resolución núm. RDP-001873 del 17 de enero de 2013, la UGPP
ordenó la reliquidación de la pensión mensual vitalicia de vejez con ocasión del retiro
definitivo del servicio, decisión que fue confirmada en su integridad por la
Resolución núm. RDP-15725 del 9 de abril de 2013.
2.6. No obstante, mediante la Resolución núm. RDP-29591 del 27 de junio de 2013,
la UGPP negó la reliquidación de la pensión de vejez con fundamento en la inclusión
de nuevos factores salariales.
2.7. La parte actora sostiene que, al efectuar la reliquidación pensional, la UGPP
debió aplicar integralmente el régimen especial previsto para los funcionarios del
INPEC, consagrado en la Ley 32 de 1986, la Ley 4.ª de 1966 y los Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, y, en cuanto al monto, reconocer el setenta y
cinco por ciento (75 %) del promedio mensual devengado en el último año de
servicio.
2.8. En tal contexto, la señora Blanca Delia Díaz Saray acudió a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, proceso que fue conocido en primera instancia por el
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Accionante: Blanca Delia Díaz Saray
Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, bajo el radicado
núm. 50001-33-33-007-2015-00454-00.
2.9. Mediante sentencia del 31 de agosto de 2018, el referido despacho accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que la reliquidación
pensional debía efectuarse con base en el setenta y cinco por ciento (75 %) del
promedio mensual devengado en el último año de servicio, incluyendo todos los
factores salariales percibidos de manera habitual y periódica, entre ellos la prima de
riesgo y el subsidio de unidad familiar.
En consecuencia, declaró la nulidad parcial de la Resolución núm. RDP-001873 del
17 de enero de 2013 y la nulidad total de la Resolución núm. RDP-15725 del 9 de
abril de 2013, ordenó a la UGPP reliquidar la pensión en los términos señalados,
negó el llamamiento en garantía formulado contra el INPEC y se abstuvo de
condenar en costas.
2.10. Inconforme con dicha decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Meta que, mediante sentencia del
23 de julio de 2020, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la
dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y al acceso
a la administración de justicia, así como de los principios de legalidad, favorabilidad
y prevalencia del derecho sustancial.
En consecuencia, pretende que se respete el estatus pensional de la señora Díaz
Saray, el cual, según afirma, se consolidó el 6 de septiembre de 2003, en razón a
que su vinculación al INPEC ocurrió con anterioridad a la entrada en vigencia del
Decreto 2090 de 2003 y del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que considera que su
pensión debe ser liquidada conforme al régimen especial aplicable y no bajo las
reglas generales de la Ley 100 de 1993.
3.2. Como sustento de lo anterior, la parte actora sostuvo que la prestación
pensional ha sido indebidamente liquidada con normas del régimen general, pese a
tratarse de un régimen especial de origen constitucional, lo cual -a su juicio- ha
vulnerado de manera continua sus derechos fundamentales. En ese sentido, afirmó
que no existe cosa juzgada absoluta cuando persiste la vulneración de derechos
fundamentales, máxime cuando ha variado la jurisprudencia en la materia.
Asimismo, alegó que se configura un defecto sustantivo por indebida aplicación del
ordenamiento jurídico, así como el desconocimiento del precedente constitucional
fijado, entre otras, en la sentencia T-012 de 2022 de la Corte Constitucional, en la
que, según indicó, se reconoció el régimen especial aplicable al personal del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia del INPEC en condiciones similares.
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Accionante: Blanca Delia Díaz Saray
3.3. En relación con el precedente constitucional, señaló que la situación de la
accionante es equiparable a la analizada por la Corte Constitucional en la referida
sentencia, particularmente frente al caso de la señora Cristina Ardila Garzón, en
tanto ambas habrían desempeñado funciones similares, en el mismo cargo, con
igual grado y condiciones laborales, e incluso en el mismo establecimiento
penitenciario, con la diferencia de que la accionante ingresó con mayor anterioridad
al servicio.
Por ello, consideró vulnerado el derecho a la igualdad, en la medida en que, pese a
encontrarse en condiciones fácticas y jurídicas equivalentes, su pensión no ha sido
reliquidada en los mismos términos, lo que ha generado una diferencia injustificada
en el monto de la prestación.
3.4. Finalmente, la parte actora sostuvo que la acción de tutela resulta procedente,
al estimar que se cumplen los requisitos generales y específicos de procedibilidad
fijados por la Corte Constitucional, en particular los desarrollados en la sentencia
C-590 de 2005, y que no existe otro mecanismo judicial eficaz para la protección de
sus derechos, dada la presunta vulneración continua y sistemática de estos.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 9 de abril de 20261, se admitió la acción de tutela contra las
autoridades accionadas y se ofició al Tribunal Administrativo del Meta y al Juzgado
Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio para que remitieran, en
medio digital, el expediente identificado con el radicado núm. 50001-33-33-007-
2015-00454-00/01, correspondiente al asunto de la referencia.
4.2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Meta 2 allegó copia digital del
expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
objeto de estudio; sin embargo, no se pronunció frente a los hechos y pretensiones
expuestos en la acción de tutela.
4.3. El Tribunal Administrativo del Meta3 solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela o, en su defecto, negar las pretensiones, al considerar que no se
configuró la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Indicó que, en relación con la acción de tutela presentada por la señora Blanca Delia
Díaz Saray, dirigida contra la providencia proferida el 23 de julio de 2020 dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 50001-33-33-007-2015-00454-01, se ratifica en los argumentos
jurídicos que sustentaron la decisión cuestionada.
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Accionante: Blanca Delia Díaz Saray
Señaló que en el trámite del proceso se garantizaron los derechos al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, con observancia de
los principios y reglas previstos en la Constitución Política, los instrumentos
internacionales y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
Finalmente, sostuvo que no se cumple el requisito de inmediatez, en tanto la acción
de tutela fue presentada varios años después de proferida la providencia
cuestionada, sin que se hubiera acreditado una justificación razonable para dicha
tardanza, lo que torna improcedente el amparo solicitado.
4.4. La Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
-INPEC 4 solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva dentro de la
presente acción de tutela, al considerar que no ha vulnerado ni amenaza vulnerar
los derechos fundamentales de la señora Blanca Delia Díaz Saray.
Indicó que la legitimación en la causa constituye un presupuesto para proferir una
decisión de fondo, en tanto implica la existencia de una relación material entre las
partes y el objeto del litigio. Citó la jurisprudencia constitucional, en particular las
sentencias T-416 de 1997 y T-519 de 2001, según las cuales la acción de tutela no
puede prosperar contra quien no sea responsable de la vulneración alegada.
Finalmente, señaló que la actuación cuestionada corresponde al Tribunal
Administrativo del Meta, autoridad a la cual le compete pronunciarse sobre las
pretensiones formuladas por la parte accionante, por lo que no resulta procedente
vincular a la entidad en calidad de sujeto pasivo de la presente acción.
4.5. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP 5, solicitó declarar la improcedencia
de la acción de tutela.
Como fundamento de su solicitud, indicó que en las providencias cuestionadas no
se configuraron defectos fácticos ni procedimentales, en tanto el Tribunal
Administrativo realizó un análisis adecuado de la normatividad aplicable y de las
pruebas obrantes en el expediente. En ese sentido, sostuvo que la parte actora
pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia para controvertir
decisiones adoptadas por el juez natural, lo cual resulta improcedente. Señaló que
no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la intervención
del juez constitucional, ni se evidenció vulneración alguna de los derechos
fundamentales alegados. Precisó que no se cumplen los requisitos de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que el presente
mecanismo no resulta idóneo para reabrir un debate ya resuelto en sede ordinaria.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
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Accionante: Blanca Delia Díaz Saray
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Blanca
Delia Díaz Saray pues actuó como demandante en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 50001- 33-33-007-
2015-00454-00/01, en el que se profirieron las decisiones judiciales que consideró
lesivas para sus garantías fundamentales.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Meta, por cuanto fue la autoridad judicial que emitió la providencia
cuestionada por la parte accionante en sede de tutela.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. En caso afirmativo,
se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por la
parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez constitucional debe, de forma preliminar,
realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez
verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el
pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el actor plantea en
función de los defectos que aduce a la actuación acusada y conforme a las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 6 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 7 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 8.
6
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el
evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
8
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es,
6
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Accionante: Blanca Delia Díaz Saray
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional” 9.
4.1. Inmediatez
La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la
premisa de que su objeto, no es otro que la protección inmediata de los derechos
fundamentales.
Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta
como una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que
implica que la acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable 10, según
las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose
de acciones de tutela contra providencias judiciales, la garantía de los principios
que dirigen la administración de justicia exige mayor rigurosidad 11, al punto que la
Corte Constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis
(6) meses12.
cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto
material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y
la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo
condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de
sus postulados. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 9
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 10
La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en el siguiente
sentido: “Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un
término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo
razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer
si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de
terceros. || Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano
de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto de manera
razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción (…)”. || La seguridad jurídica es un elemento
determinante para la realización de la justicia, por lo que este requisito debe ser más exigente. Así, cuando el
objeto de la tutela es una providencia judicial precisó la sentencia T- 038 de 2017 “(…) si dicho requisito se
abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de una controversia
constitucional”. 11
Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos términos: “la Corte ha considerado en
los asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el análisis de inmediatez debe ser
más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues ´la firmeza de las
decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente´. En otras palabras, ser laxo con
la exigencia de inmediatez en estos casos significaría ´que la firmeza de las decisiones judiciales estaría
siempre a la espera de la controversia constitucional que, en cualquier momento, sin límite de tiempo… En un
escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cual el alcance de
[e]stos, con lo cual se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye
el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica
´”. || Sobre este punto, ver también las sentencias T-315 de 2005, T-541 de 2006, T-1009 de 2006, T-594 de
2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras.
12
Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo han
definido como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude a este
criterio a partir de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02587-00
Accionante: Blanca Delia Díaz Saray
El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias
fácticas que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las
siguientes variables de análisis, las cuales habilitan determinar cuándo se está ante
una situación excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al término en
mención:
“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de
los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto
por sus derechos, continúa y es actual”13.
También precisó la jurisprudencia constitucional que, el requisito de inmediatez se
supera cuando “(…) la demanda de tutela se hubiere presentado en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración”14. Respecto a este punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el
término razonable que define la inmediatez que es “(…) un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente”15.
En este escenario, el examen de inmediatez en el trámite de tutela en contra de
providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de determinar el
hecho generador de la posible afectación iusfundamental. Esta certeza se deriva de
la misma seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos procesales.
Como se expuso, la jurisprudencia constitucional es diáfana al determinar que la
eventual afectación que surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene
conocimiento de esta, lo que resulta plenamente identificable desde el trámite en
que se perfecciona su notificación y ejecutoria.
5. Del caso en concreto
que, explícitamente, “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de
la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01). Léase también
en las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible
a partir de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la
ya mencionada sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-217 de
2013 y T-505 del mismo año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y
autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable
y proporcional, toda vez que, “(…) en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la
tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la
acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”.
13
Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidas por la
Corte Constitucional: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158
de 2006; T-166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
14
Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.
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Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de
2014.Resaltado fuera del texto original.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02587-00
Accionante: Blanca Delia Díaz Saray
La Sala advierte que la presente acción constitucional no satisface el requisito de
inmediatez, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. En el asunto bajo examen, la parte accionante solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales y pidió dejar sin efectos la sentencia proferida el 23 de julio
de 2020 por el Tribunal Administrativo del Meta.
En consecuencia, pretende que se reconozca y respete el estatus pensional de la
señora Blanca Delia Díaz Saray, el cual, según afirma, se consolidó el 6 de
septiembre de 2003, por haber ingresado al INPEC con anterioridad a la entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 2003 y del Acto Legislativo 01 de 2005, razón por la
cual considera que su pensión debe ser liquidada conforme al régimen especial
aplicable y no bajo las reglas de la Ley 100 de 1993.
Como sustento, sostuvo que la prestación pensional ha sido indebidamente
liquidada con normas del régimen general, lo que ha generado una vulneración
continua de sus derechos fundamentales. Alegó la configuración de un defecto
sustantivo y el desconocimiento del precedente constitucional, en particular de la
sentencia T-012 de 2022, al considerar que su situación es equiparable a la allí
analizada, lo que evidenciaría una afectación al derecho a la igualdad. Finalmente,
afirmó que la acción de tutela es procedente, por cuanto se cumplen los requisitos
de procedibilidad y no existe otro mecanismo judicial eficaz para la protección de sus
derechos.
5.2. Al examinar las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario, se observa
que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Meta el 23 de julio de
202016, fue remitida para efectos de su notificación al correo electrónico de las
partes, según consta en el mensaje de datos del 10 de agosto de 2020 17.
Para la Sala resulta claro que la decisión fue debidamente notificada en esa fecha y
quedó ejecutoriada el 17 de agosto de 2020.
No obstante, la solicitud de amparo fue radicada el 6 de abril de 2026 18, esto es,
cinco (5) años, siete (7) meses y diecisiete (18) días después de la ejecutoria de la
providencia cuestionada, lapso que supera ampliamente el término de seis (6)
meses que la jurisprudencia constitucional ha considerado razonable, en términos
generales, para satisfacer el requisito de inmediatez.
En consecuencia, para el momento en que se presentó la acción de tutela ya se
había superado de manera ostensible el término que la jurisprudencia ha estimado
prudente, circunstancia que conduce, prima facie, a su improcedencia.
5.3. Por otra parte, la solicitante no expuso ni acreditó circunstancias excepcionales
que, conforme a la jurisprudencia constitucional, permitan flexibilizar el requisito de
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Índice 00006 del aplicativo SAMAI de proceso ordinario radicado 50001-33-33-007-2015-00454-01,
certificado1FF715D73C2EAD4E 16E151880608C2D2 BC528229.
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Índice 00007 del aplicativo SAMAI de proceso ordinario radicado 50001-33-33-007-2015-00454-01, certificado
5DB3662C3446FDC4 1BD90AAE11095CEB 677506B5.
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Índice 00001 del aplicativo SAMAI del proceso de tutela.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02587-00
Accionante: Blanca Delia Díaz Saray
inmediatez, tales como la ocurrencia de un perjuicio irremediable o la existencia de
una justificación objetiva que explique su inactividad para interponer oportunamente
la acción de tutela.
En ausencia de una explicación razonable sobre el retardo y de elementos que
evidencien la necesidad urgente de intervención del juez constitucional, no es
posible entrar al estudio de fondo de los cargos formulados.
En suma, la acción de tutela fue presentada por fuera del plazo que la jurisprudencia
ha considerado razonable, sin que se acreditara circunstancia alguna que permitiera
flexibilizar dicho término.
5.4. Ahora bien, de la revisión de la solicitud de amparo y de las pruebas allegadas al
expediente, se advierte la existencia de la Resolución Radicado núm.
SOP202501034465 del 27 de febrero de 2026, mediante la cual la UGPP resolvió el
recurso interpuesto por la señora Díaz Saray y confirmó la Resolución núm. 15864
del 14 de octubre de 2025.
En ese contexto, la Sala observa que la controversia planteada por la parte actora ya
fue objeto de análisis por la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
específicamente dentro del proceso ordinario adelantado ante el Tribunal
Administrativo del Meta, autoridad que, mediante sentencia del 23 de julio de 2020,
revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.
En dicha providencia, el Tribunal concluyó que la accionante era beneficiaria del
régimen especial aplicable a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del
INPEC, por cumplir los requisitos previstos en el régimen de transición consagrado
en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 y en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
No obstante, precisó que la reliquidación pensional debía efectuarse únicamente
con los factores salariales expresamente previstos en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978.
Asimismo, consideró que la UGPP aplicó correctamente la normativa vigente al
incluir en la liquidación factores como la asignación básica, el auxilio de alimentación
y las primas de servicios, vacaciones y navidad, por lo que no resultaba procedente
incorporar la prima de riesgo ni el subsidio de unidad familiar, en tanto dichos
conceptos no constituían factores salariales computables para efectos pensionales.
Con fundamento en ello, concluyó que los actos administrativos demandados se
ajustaban a derecho y, en consecuencia, negó las súplicas de la demanda.
Lo anterior evidencia que la parte accionante pretende reabrir, a través de la acción
de tutela, una controversia que ya fue resuelta por el juez natural mediante decisión
adoptada en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, circunstancia
que desborda el ámbito excepcional de este mecanismo constitucional.
5.5. A partir de lo anterior, la Sala advierte la acción de tutela no puede ser utilizada
como un mecanismo alternativo o sustitutivo de los medios ordinarios de defensa
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02587-00
Accionante: Blanca Delia Díaz Saray
judicial, salvo que se acredite su ineficacia o insuficiencia para la protección
inmediata de los derechos fundamentales, circunstancia que no se configura en el
presente asunto. Admitir lo contrario implicaría desconocer el carácter residual y
subsidiario de la acción de tutela y desplazar las competencias asignadas al juez
natural.
5.6. En consecuencia, la Sala procederá a declarar improcedente el amparo por no
superar el requisito de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Blanca Delia Díaz Saray en contra del Tribunal Administrativo del Meta, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, en la
forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia, a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
ECG
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