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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02588-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02588-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02588-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02588-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS ALBERTO ESTRADA DÁVILA

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ
LAS PRETENSIONES Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE
LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO
GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR
PRETENDE CUESTIONAR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE
MECANISMO SE TRATASE DE UN RECURSO O INSTANCIA
ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD Y DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 21 de mayo de 2026, mediante la cual la SECCIÓN

CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 denegó la solicitud de

amparo.

I. ANTECEDENTES

1
En adelante SECCIÓN CUARTA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02588-01
Actor: LUIS ALBERTO ESTRADA DÁVILA

I.1.- La Solicitud

El señor LUIS ALBERTO ESTRADA DÁVILA, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al

principio de seguridad jurídica, los cuales estima vulnerados por el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA2, al haber

proferido la providencia de 30 de septiembre de 2025 dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 76001-33-33-010-

2021-00030-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que ingresó al Ejército Nacional en calidad de soldado

regular desde el 18 de marzo de 1998 hasta el 25 de septiembre de

1999; posteriormente, como soldado voluntario desde el 1o. de julio

de 2000 hasta el 31 de octubre de 2003 y, finalmente, como soldado

profesional desde el 1o. de noviembre de 2003 hasta el 5 de febrero

de 2019.

2
En adelante Tribunal.

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3

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Actor: LUIS ALBERTO ESTRADA DÁVILA

Indicó que el 22 de febrero de 2012, mediante Escritura Pública núm.

342 de la Notaría Segunda del Circuito de Palmira, declaró su unión

marital de hecho con la señora MARICELA VALENCIA BALANTA,

lo cual fue reportado al Ejército Nacional el 3 de julio de 2014.

Señaló que la institución castrense mediante Orden Administrativa

de Personal núm. EJC 2024 de 30 de septiembre de 2014, le

reconoció un 25% de su salario básico por concepto de subsidio

familiar con fundamento en lo previsto en el Decreto Ley núm. 1161

de 24 de junio de 20143.

Mencionó que el 16 de julio de 2020 solicitó el reconocimiento del

subsidio familiar conforme a lo establecido en el artículo 11 del

Decreto núm. 1794 de 14 de septiembre de 20004.

Afirmó que mediante Oficio núm. 2020311001358471 de 10 de

agosto de 2020, el Ejército Nacional negó su solicitud bajo el

argumento de que no era viable aplicar los parámetros previstos en

el Decreto 1794 de 2000, toda vez que ya ostentaba una situación

3
“Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales
y se dictan otras disposiciones.”
4
“Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales
de las Fuerzas Militares”.

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4

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jurídica consolidada al habérsele reconocido el subsidio familiar en

los términos del Decreto 1161 de 2014.

Sostuvo que, debido a lo anterior, presentó demanda en ejercicio del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la

NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO

NACIONAL, con el fin de discutir la legalidad del acto administrativo

aludido y obtener el reconocimiento y pago del subsidio familiar en

los términos solicitados.

Adujo que el referido proceso fue identificado con el número único de

radicación 2021-00030-00 y le correspondió por reparto al

JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE

CALI5 que, en sentencia de 31 de marzo de 2025, accedió a las

pretensiones de la demanda y, en consecuencia, le ordenó a la

entidad demandada reajustar y pagar el subsidio familiar de

conformidad con lo establecido en el Decreto 1794 de 2000, desde el

22 de febrero de 2012 hasta el 27 de mayo de 2019.

Precisó que inconforme con lo anterior, la entidad demandada

interpuso recurso de apelación el cual le correspondió al TRIBUNAL

5
En adelante JUZGADO.

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5

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que, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2025, revocó la

decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la

demanda.

I.3. Fundamentos de derecho

Manifestó que la decisión judicial cuestionada incurrió en defecto

material o sustantivo, ya que aplicó indebidamente los efectos ex

tunc que surgieron de la sentencia de 8 de junio de 20176 proferida

por esta Corporación, mediante la cual se declaró la nulidad del

Decreto núm. 3770 de 30 de septiembre de 20097 y revivió las

disposiciones normativas del Decreto núm. 1794 de 2000, aplicables

a su situación particular.

Indicó que solo podía reportar el cambio de estado civil a partir de la

entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014, por cuanto en ese

momento el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 se encontraba

derogado, razón por la que solo le fue posible alegar el derecho que

le asiste a la reliquidación del subsidio familiar conforme a esta última

normativa, con la ejecutoria de la sentencia de 8 de junio de 2017.

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, M.P. César Palomino
Cortés, número único de radicación 11001-03-25-000-2010-00065-00.
7
“Por el cual se deroga el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones”.

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Resaltó que el TRIBUNAL también incurrió en desconocimiento

del precedente judicial, debido a que debió tener en cuenta los

fallos de tutela8 proferidos por el Consejo de Estado, en los que, en

casos similares, se efectuó el análisis de la sentencia que declaró la

nulidad del Decreto núm. 3770 de 2009 y, además, se interpretó los

efectos ex tunc de la aludida decisión, amparando las garantías

constitucionales de los soldados profesionales cuyo matrimonio o

unión marital de hecho se constituyó en el período en el que el

subsidio familiar no existía.

Igualmente, aseveró que la autoridad judicial accionada incurrió en

violación directa de la Constitución por vulnerar su derecho

fundamental a la igualdad, para lo cual citó sentencias proferidas por

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca9 dentro de procesos de

nulidad y restablecimiento del derecho y resaltó que: “[…] en los

casos traídos a colación, podemos observar que los demandantes

ingresaron y contrajeron matrimonio o declararon la existencia de la

unión marital de hecho, en vigencia del decreto 1794 de 2000, es

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, i) Sección Quinta, sentencia de 27 de
octubre de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, número de radicado 11001-03-15-000-2021-
04441-01; ii) Sección Quinta, sentencia de 7 de abril de 2022, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, número
único de radicación 11001-03-15-000-2021-07051-01 y iii) Sección Tercera -Subsección “B”, sentencia
de 4 de abril de 2024, M.P. Alberto Montaña Plata, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-
06613-01.
9
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”: i) Sentencia de 13 de
febrero de 2020, expediente 25269333300220180013801, M.P. Cerveleon Padilla Linares; ii) Sentencia
de 23 de febrero de 2021, expediente 11001334205120180036801, M.P. Cerveleon Padilla Linares y iii)
Sentencia de 17 de junio de 2021, expediente 11001333502020190000301, M.P. Israel Soler Mendoza.

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decir, antes de que produjera efectos jurídicos el decreto 1161 de

2014, quiere decir que la misma norma le debe ser aplicable al caso

en comento, ya que, si sus pares fueron amparados con la protección

de sus derechos y se les reconoció la partida del subsidio familiar, no

veo razones jurídicas, que permitan determinar que mi representado,

sea la excepción, y que debió estar obligado a reportar su cambio de

estado civil, cuando y como se ha dicho, existía una imposibilidad

jurídica que no se lo permitía […]”.

I.4.- Pretensiones

Por lo anterior, el actor solicitó lo siguiente:

“[…] 1. AMPARAR los derechos fundamentales violados en la
sentencia de sentencia de segunda instancia de fecha 30 de
septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Magistrada Ponente FERNANDO AUGUSTO
GARCIA MUÑOZ, Demandada. NACION – MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, Demandante.
LUIS ALBERTO ESTRADA DAVILA, dentro del radicado N°
76001333301020210003001, como son: derecho a la igualdad,
debido proceso, desconocimiento del precedente judicial, principio
de seguridad jurídica y demás conexos y, en consecuencia:

2. REVOCAR la sentencia de sentencia de segunda instancia
de fecha 30 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Magistrada Ponente
FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUÑOZ, Demandada.
NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
EJERCITO NACIONAL, Demandante. LUIS ALBERTO
ESTRADA DAVILA, dentro del radicado N°
76001333301020210003001.

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3. ORDENAR a la autoridad judicial accionada que emita
nuevo pronunciamiento consistente en reconocer a favor del
demandante por concepto de subsidio familiar, el 4% del salario
básico más la prima de antigüedad, de conformidad con el artículo
11 del decreto 1794 de 2000 desde el día 22 de febrero de 2012,
fecha en la cual, el demandante adquirió el derecho por haber
declarado la existencia de la unión marital de hecho con la señora
MARICELAVALENCIA BALANTA y hasta el día 27 de mayo de 2019,
fecha en que se cumplieron los tres meses de alta.

4. ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, en el
nuevo pronunciamiento, ordene la modificación de la hoja de
servicios del demandante, manifestando que el subsidio
devengado en actividad es el establecido en el artículo 11 del
decreto 1794 de 2000 y, que, a su vez, remita la hoja de servicios
a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares “CREMIL”, para que
haga los reconocimientos y actualizaciones a que haya lugar en la
asignación de retiro del actor. […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente digital del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de

análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo del

asunto.

I.5.2.- La NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -

EJÉRCITO NACIONAL, vinculado en calidad de tercero con interés

directo en las resultas del proceso, solicitó denegar el amparo

pretendido debido a que la autoridad judicial accionada no ha

vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor.

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Además, aseguró que el actor no tiene derecho al reconocimiento

mensual de un subsidio familiar equivalente al 4% de su salario

básico mensual más el 100% de la prima de antigüedad, como lo

prescribe el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y, por el contrario,

solo desde el 1o. de julio de 2014, tiene derecho a que esa prestación

se compute en su asignación básica mensual en un 20% por su

cónyuge, 3% por su hijo y otro 2% por su hija para un total de 25%,

según el Decreto 1161 de 2014, tal y como se ha venido pagando.

I.5.3.- El TRIBUNAL, pese a ser notificado en debida forma del

presente trámite constitucional, guardó silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN CUARTA mediante sentencia de 21 de mayo de 2026,

denegó el amparo solicitado, por considerar que la autoridad judicial

accionada no incurrió en los defectos alegados por el actor.

Consideró que la interpretación que hizo la autoridad judicial

accionada para concluir que el accionante no tenía derecho al

reajuste del subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de

2000, fue razonable y estuvo debidamente justificado en aplicación

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de los principios de autonomía judicial y de la sana crítica, por cuanto

se ajustó a la interpretación que, sobre los efectos de la sentencia de

8 de junio de 2017, hizo la misma autoridad judicial que declaró la

nulidad del Decreto 3770 de 2009, para precisar que los efectos ex

tunc declarados solo aplicaban a las situaciones jurídicas no

consolidadas.

Frente al presunto desconocimiento del precedente judicial fijado en

las sentencias dictadas por el Consejo de Estado y el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, en los procesos de tutela con

radicado 2021-04441-01, 2021-07051-01 y 2023-06613-01, resaltó

que dichas decisiones no imponen la obligación de resolver el

presente caso en el mismo sentido, pues en aplicación del principio

de autonomía judicial las diferentes secciones de esta Corporación

han resuelto controversias similares en sentidos distintos.

Finalmente, respecto de los procesos de nulidad y restablecimiento

del derecho con radicado 2018-00191-01, 2018-00138-01, 2018-

00368-01, 2019-00003-01 alegados como desconocidos, indicó que

la prosperidad de las pretensiones en un caso como el del actor

depende de la forma en que se prueben los hechos, razón por la cual

en estricto sentido dichas decisiones no imponen un precedente.

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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN CUARTA y

solicitó revocarla, para lo cual afirmó que el a quo desconoció la

naturaleza y efectos del precedente judicial en el sistema jurídico

colombiano, por no haber tenido en cuenta las providencias

invocadas como desconocidas.

Señaló que, contrario a lo afirmado en el fallo impugnado, una

situación jurídica se consolida cuando el titular del derecho tiene la

posibilidad real de ejercerlo y libremente opta por no hacerlo o por

acogerse a un régimen determinado, frente a lo cual insistió en que:

“[…] para el 22 de febrero de 2012, el artículo 11 del Decreto 1794

de 2000 estaba derogado. Por tanto: (a) no existía una prestación

que el actor pudiera reclamar bajo dicho decreto; (b) el actor no

podía reportar su estado civil para efectos de una prestación

inexistente; (c) cuando en julio de 2014 reportó su vínculo ante el

Ejército, lo hizo bajo el único régimen entonces vigente, sin que

mediara decisión voluntaria alguna de renunciar a un beneficio más

favorable […]”.

Igualmente, reiteró que la autoridad judicial accionada incurrió en

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desconocimiento del precedente y vulneró su derecho fundamental a

la igualdad, vulnerando así el principio de no regresividad.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

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jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional

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so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia

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es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la sentencia de 30 de septiembre de 2025,

proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2021-00030-01.

A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al

principio de seguridad jurídica, habida cuenta que, a su juicio, la

autoridad judicial accionada incurrió en los defectos material o

sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y

violación directa de la Constitución, ya que aplicó indebidamente

los efectos ex tunc que surgieron de la sentencia de 8 de junio de

2017 proferida por esta Corporación, mediante la cual se declaró la

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nulidad del Decreto núm. 3770 de 2009 y revivió las disposiciones

normativas del Decreto núm. 1794 de 2000 aplicables a su situación

particular.

Además, señaló que no se tuvieron en cuenta las sentencias

proferidas por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, en las que, en casos similares, se efectuó el análisis

de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto núm. 3770 de 2009

y, además, se interpretó los efectos ex tunc de la aludida decisión,

amparando las garantías constitucionales de los soldados

profesionales cuyo matrimonio o unión marital de hecho se

constituyó en el período en el que el subsidio familiar no existía.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN CUARTA que, mediante sentencia de 21 de mayo de

2026, denegó el amparo solicitado, al considerar que la autoridad

judicial accionada no efectuó una interpretación normativa contraria

al ordenamiento jurídico aplicable al asunto ni incurrió en defecto

alguno.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia argumentando que el a quo

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desconoció la naturaleza y efectos del precedente judicial en el

sistema jurídico colombiano, por no haber tenido en cuenta las

providencias invocadas como desconocidas y, además, insistió en

que tuvo que reportar el cambio de estado civil a partir de la entrada

en vigencia del Decreto 1161 de 2014, por cuanto en ese momento

el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 se encontraba derogado, sin

que mediara decisión voluntaria alguna de renunciar a un beneficio

más favorable, razón por la que solo le fue posible alegar el derecho

que le asiste a la reliquidación del subsidio familiar conforme a esta

última normativa, con la ejecutoria de la sentencia de 8 de junio de

2017.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados e incurrió en los defectos alegados.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

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judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional 10, de manera

tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».11

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

10
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Sala Plena de esta Corporación12, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [14].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [15].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [16].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido

[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [19]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de

tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que, contrario a lo

considerado por el a quo, la presente acción de tutela no cumple

con el requisito general de la relevancia constitucional, en la

medida en que lo pretendido por el actor es que se realice un nuevo

análisis del asunto puesto a consideración del juez natural, como si

este mecanismo constitucional se tratara de una instancia adicional

al proceso ordinario.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,

porque los motivos que fundamentan la inconformidad del actor se

sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial accionada

omitió la aplicación de los efectos ex tunc con ocasión a la

declaratoria de nulidad del Decreto núm. 3770 de 2009 y que

revivieron las disposiciones normativas del Decreto núm. 1794 de

2000, aplicables a su situación particular.

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Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la

inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del

asunto, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL de forma admisible,

así:

“[…] Bajo ese panorama fáctico puede colegirse que el señor Luis
Alberto en su condición de soldado profesional quien declaró su
unión marital el 22 de febrero de 2012, no tiene derecho al
reconocimiento mensual de un subsidio familiar porque ese
beneficio no estaba previsto en la ley para ese entonces.

Su situación particular encaja perfectamente en la segunda regla
jurisprudencial fijada en el acápite que antecede, en la medida que
se trata de un soldado profesional con unión marital de hecho
vigente debidamente reportada entre el 30 de septiembre de 2009
y el 30 de junio de 2014, que no percibió el subsidio familiar en
vigencia del Decreto 1794 de 2000.

Por lo tanto, no tiene un derecho consolidado ni una expectativa
legitima, sino una mera expectativa que ningún tipo de protección
estableció en su favor la legislación estudiada ni la jurisprudencia
de la Corte Constitucional.

En efecto, pues si se tratara de un soldado profesional de las
Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente,
debidamente reportada entre el 1º de enero de 2001 y el 29 de
septiembre de 2009, el parágrafo 1º del Decreto 3770 de 200925,
estableció un régimen de transición a su favor en el sentido de que
seguirían percibiendo el subsidio familiar equivalente al cuatro por
ciento (4%) de su salario básico mensual más el 100% de la prima
de antigüedad.

A su turno la Corte Constitucional, también estableció respecto del
Decreto 3770 de 2009 que frente a situaciones jurídicas no
consolidadas desde el momento de su promulgación hasta cuando
fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, se tendrá que esta
normatividad permanece en vigor desde su entrada en vigor hasta

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nuestros días, por cuanto que no ha sido expulsado del
ordenamiento jurídico por ninguna de las vías legalmente
establecidas.

Esta interpretación no quebranta el derecho a la igualdad porque
lo que se busca es proteger a los soldados profesionales que venían
gozando del subsidio familiar en vigencia del Decreto 1794 de
2000, no se vean sorprendidos con cambios legislativos
intempestivos y los despojen de un beneficio que ya formaba parte
patrimonio a diferencia de aquellos militares quienes no la
percibían. Por lo tanto, jamás ingresó a su propiedad.

En definitiva: No hay un trato discriminatorio entre la protección
que se brinda a un derecho consolidado en relación con una mera
expectativa que era la que tenía el señor Luis Alberto Estrada
Dávila, la cual ninguna protección estableció la ley ni la
jurisprudencia.

Por ende, el actor no tiene derecho al reconocimiento mensual de
un subsidio familiar equivalente al 4% de su salario básico mensual
más el 100% de la prima de antigüedad, como lo prescribe el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. Sólo desde el 1º de julio de
2014, tiene derecho a que esa prestación se compute en su
asignación básica mensual en un 20% por su cónyuge, 3% por su
hijo y otro 2% por su hija para un gran total de 25%, según el
Decreto 1161 de 2014, tal y como lo ha venido cancelando el
Ejército Nacional […]” (Destacado fuera de texto).

De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que

el TRIBUNAL realizó un análisis de la situación fáctica y jurídica del

asunto y coligió que para la fecha en que el actor contrajo matrimonio

no había lugar al reconocimiento mensual del subsidio familiar, en

tanto dicha prestación no estaba prevista en la ley para ese entonces,

razón por la que no tenía un derecho adquirido, ni una expectativa

legitima que diera lugar a dicho reconocimiento.

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Así mismo, contrario a lo alegado por el actor, la autoridad judicial

accionada señaló que solo fue acreedor del subsidio familiar a partir

del 1o. de julio de 2014, con un incremento en su asignación básica

mensual de 20% por su cónyuge, 3% por su hijo y 2% por su otra

hija, esto de conformidad con lo dispuesto en el Decreto núm. 1161

de 2014.

Finalmente, concluyó que de los elementos de prueba aportados se

logró inferir que el actor acreditó el cumplimiento de los requisitos

para acceder al reconocimiento del subsidio familiar en vigencia del

Decreto núm. 1161 de 2014, pues no se demostró que el interesado

hubiere informado el cambio de su estado civil en vigencia del

Decreto núm. 1794 de 2000 y, por lo tanto, no había lugar a aplicar

los efectos ex tunc de la sentencia de 8 de junio de 2017, proferida

por esta Corporación.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se

pronunció frente a los aspectos que el actor alude como

desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma

abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la

autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito

general de la relevancia constitucional.

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Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,

lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de

conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su

consideración, por lo que tampoco se evidencia desconocimiento de

precedente jurisprudencial alguno, ya que las sentencias traídas a

colación por el actor corresponden a decisiones adoptadas por otras

autoridades judiciales diferentes a la aquí accionada, y como ocurre

con las decisiones de tutela, estas tienen efectos interpartes.

En este punto es del caso destacar que esta Sala en una asunto con

similar situación fáctica20 a la presente, en la cual se pretendía

discutir una providencia que denegó el reconocimiento del subsidio

familiar para soldados profesionales, en virtud de lo establecido en el

Decreto 1794 de 2000, resolvió que la controversia carecía del

requisito general de la relevancia constitucional, toda vez que la

misma no se planteaba desde la óptica constitucional y lo pretendido

era una instancia adicional al proceso ordinario.

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
febrero de 2026, M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación 2025-06769-01.

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En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del accionante,

sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como

si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, la Sala modificará la decisión de primera instancia

que denegó el amparo solicitado y, en su lugar, declarará

improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir el

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30

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requisito general de la relevancia constitucional y así se dispondrá

en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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31

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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