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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02591-01

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02591-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Catorce (14) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), emitida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la motivación de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Cuarta de esta Corporación y remitir copia. 13 Radicado: 11001-03-15-000-2026-02591-01 Accionantes: Elizabeth Rojas Rueda y otra Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02591-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Diez (10) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-02591-011
Accionantes : Elizabeth Rojas Rueda y Stefany Julieth Maldonado Rojas
Accionados : Tribunal Administrativo de Santander y Juzgado Once (11)
Administrativo de Bucaramanga
Vinculados : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y
Jefferson Maldonado Rojas
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reparación directa, lesión
de conscripto
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por las accionantes contra el
fallo de Catorce (14) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), emitido por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta2, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por las actoras frente a las providencias judiciales objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

2. Las accionantes, quienes actúan a través de apoderado judicial, interpusieron el

presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia y
tutela judicial efectiva presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de

1
Expediente digital disponible en Samai.
2
C. P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02591-01
Accionantes: Elizabeth Rojas Rueda y otra
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

Santander y el Juzgado Once (11) Administrativo de Bucaramanga.

3. Por consiguiente, solicitaron dejar sin efectos las sentencias de (i) Doce (12) de

Enero de Dos Mil Veintidós (2022), por medio de la cual el Juzgado Once (11)
Administrativo de Bucaramanga negó las pretensiones formuladas en la demanda
de reparación directa promovida contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional
• Ejército Nacional (expediente 68001-33-33-011-2017-00300-01); y (ii) Veintiocho
(28) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), con la que el Tribunal Administrativo
de Santander3 confirmó esa decisión. En su lugar, pidieron que se ordene a las
autoridades accionadas emitir un nuevo pronunciamiento en el que se acceda a las
súplicas de ese asunto contencioso-administrativo.

1.3 Hechos4.

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por los

accionantes se puede evidenciar que, el Cuatro (4) de Septiembre de Dos Mil
Quince (2015), el señor Jefferson Maldonado Rojas, encontrándose en perfecto
estado de salud, se incorporó al Ejército Nacional como soldado bachiller y prestó
sus servicios en el «Batallón A.S.P.C. No. 5, Mercedes Abrego», donde, el Veinte (20) de
Abril de Dos Mil Dieciséis (2016) se le diagnosticó orquialgia y, posteriormente, el
Diecinueve (19) de Julio del mismo año, varicocele bilateral, condición que
permaneció hasta el Veintisiete (27) de Agosto siguiente y, por la que se le
determinó la pérdida de la capacidad laboral de 30 %.

5. Por lo anterior, el Diez (10) de Agosto de Dos Mil Diecisiete (2017), las actoras,

junto con el señor Maldonado Rojas, instauraron una demanda de reparación directa
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional (expediente
68001-33-33-011-2017-00300-01), con el propósito que se le declarara
administrativamente responsable de los agravios causados por la mencionada
lesión y se ordenara la respectiva reparación económica.

6. De ese asunto ordinario conoció el Juzgado Once (11) Administrativo de
Bucaramanga que, el Doce (12) de Enero de Dos Mil Veintidós (2022) negó las
súplicas, al considerar que, «[…] no se acreditó la existencia de un daño imputable a la entidad
demandada, dado que, aunque la patología surgió durante el tiempo de servicio, no fue
consecuencia directa de la prestación».

3
M. P. Claudia Patricia Peñuela Arce.
4
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
2

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7. Inconforme con esa decisión, el extremo activo interpuso recurso de apelación5,

desatado el Veintiocho (28) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025) por el Tribunal
Administrativo de Santander, en el sentido de confirmarla, al estimar que, «[…] en
cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio la patología […], no obra material
probatorio que permita establecer que tal aflicción fue causada como consecuencia de las
actividades que debió realizar [Jefferson Maldonado Rojas] durante la prestación del servicio militar,
así como tampoco se probó que en el transcurso de la prestación del servicio militar obligatorio el
conscripto fuera sometido a entrenamientos de instrucción que desencadenaran de manera
fehaciente la aparición de la enfermedad».

8. Sobre la precedente situación, las tutelantes adujeron que las providencias
objeto de censura incurrieron en (i) defecto procedimental absoluto y defecto
sustantivo, al omitir aplicar la normativa especial que regulaba a los miembros de
la Fuerza Pública y a quienes prestaban servicio militar obligatorio, en particular
el artículo 17 del Decreto 0094 de 1989, mediante el cual se definía como
enfermedad profesional toda patología que surgiera con ocasión de las labores o
del medio en que se prestaba el servicio; y (ii) defecto fáctico, porque, valoraron
indebidamente un dictamen de la Dirección de Sanidad Militar que había sido
oportunamente objetado y dio lugar a la práctica de un nuevo dictamen por parte
de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, es decir, se otorgó credibilidad
a una prueba carente de validez, como si hubiese sido legalmente incorporada, y
se construyó la decisión con fundamento en ella.

9. Asimismo, en desconocimiento del precedente, por cuanto, desatendieron que

«[…] es pacifica la posición del Consejo de Estado[6] [y] la Corte Constitucional [7] […] en establecer
que si un ciudadano que es vinculado a prestar el servicio militar obligatorio, en ese periodo de
conscripción recibe alguna lesión o adquiere una enfermedad, debe responder el Estado por los
daños y perjuicios de la víctima directa, su núcleo familiar de manera administrativa y patrimonial ».

1.2 Contestaciones de la acción.

10. 1.2.1 El Tribunal Administrativo de Santander8 solicitó declarar improcedente

la acción de tutela de la referencia, por no satisfacer el requisito de la inmediatez,
comoquiera que, «[…] los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia como plazo

5
Con fundamento en que, el señor Jefferson Maldonado Rojas fue declarado apto y sano al momento de su incorporación,
pero durante el servicio desarrolló varicocele.
6
Para el efecto señalaron las sentencias de 16 de julio de 2015, expediente 52001-23-31-000-2001- 00860-01, C. P. Hernán
Andrade Rincón; 5 de marzo de 2015, expediente 52001-23-31-000-1998-00563-01, C.P. Danilo Rojas Betancourth; y, 10 de
septiembre de 2014, expediente 52001-23-31-000-2001-00299-02, C. P. Hernán Andrade Rincón.
7
Sentencia T-011 de 2017.
8
Índice 00011 del expediente de Samai de primera instancia.
3

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para presentar la tutela, corrieron hasta el 22 de marzo de 2026, mientras que la tutela fue radicada
el 8 de abril [siguiente]».

11. 1.2.2 El Juzgado Once (11) Administrativo de Bucaramanga9 aportó el enlace

digital del proceso ordinario con radicado 68001-33-33-011-2017-00300-01, pero,
no emitió pronunciamiento alguno frente a los hechos y pretensiones expuestos por
las actoras en este trámite constitucional.

12. 1.2.3 La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional10 pidió

declarar improcedente esta tutela, comoquiera que, fue presentada de manera
extemporánea, aproximadamente ocho meses después de proferida la sentencia de
segunda instancia reprochada, sin que la parte actora justificara dicha tardanza.

13. Agregó que, en todo caso, las decisiones judiciales censuradas se adoptaron con

fundamento en un análisis adecuado de los hechos, las pruebas y el derecho
aplicable, dentro del marco de la autonomía judicial, sin que se evidenciara
afectación alguna de derechos fundamentales.

14. El señor Jefferson Maldonado Rojas guardó silencio en la oportunidad prevista

para el efecto.

1.3 Providencia impugnada11.

15. Mediante sentencia de Catorce (14) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), el

Consejo de Estado, Sección Cuarta declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia por no satisfacer el requisito de la inmediatez, puesto que, «[…] la sentencia
de segunda instancia de 28 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
fue notificada por correo electrónico a las partes […] el 15 de septiembre de 2025», mientras que

«[…] la solicitud de amparo fue promovida el 7 de abril de 2026, [es decir,] transcurrieron 6 meses
[…] y veintiún […] días […] término que excede el límite razonable y suficiente establecido
jurisprudencialmente por la Sala Plena de es[a] Corporación, como regla general, acogido igualmente
por la Corte Constitucional».

1.4 La impugnación12.

16. Inconformes con esa determinación, las accionantes la impugnaron, para cuyo

propósito indicaron que «[…] [el] 12 de junio de 2025 [su apoderado] radic[ó] en la página SAMAI

9
Índice 00012 del expediente de Samai de primera instancia.
10
Índice 00013 del expediente de Samai de primera instancia.
11
Índice 00017 del expediente de Samai de primera instancia.
12
Índice 00023 del expediente de Samai de primera instancia.
4

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Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

un memorial en donde solicita que se notifiquen las actuaciones del proceso de reparación directa
de radicado 680013333011-2017-00300-01 en el correo electrónico
urielgarridoabogado72@gmail.com, […] en atención a que la plataforma de HOTMAIL a la que
pertenece el correo electrónico urifer72@hotmail.com tenía problemas […] por saturación […]».

17. Que, por lo anterior, «[…] el tiempo para los SEIS (6) meses comenzó a correr desde [el 13

de] octubre de 2025 porque fue cuando se [l]e notificó en debida forma [en dicho] canal electrónico
[…], por tanto[,] el terminó realmente fenecía [el] 13 de abril de 2026, [y] la Acción Constitucional se
interpuso [el] 7 de [los mismos mes y año], esto es[,] seis (6) días antes de cumplir con el termino
legal establecido».

18. Como sustento de lo expuesto en precedencia, con el escrito de impugnación se

adjuntó lo siguiente:

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02591-01
Accionantes: Elizabeth Rojas Rueda y otra
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

19. En virtud de los artículos 3213 del Decreto ley 2591 de 199114 y 2515 del Acuerdo

80 del Doce (12) de marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)16 expedido por la sala
plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.

13
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
14
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
15
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
16
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
6

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2.2 La acción.

20. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Cuestión previa.

21. En el asunto sub examine las demandantes piden dejar sin efectos las sentencias

de (i) Doce (12) de Enero de Dos Mil Veintidós (2022), por medio de la cual, el
Juzgado Once (11) Administrativo de Bucaramanga negó las pretensiones
formuladas en la demanda de reparación directa con radicado 68001-33-33-011-
2017-00300-01; y (ii) Veintiocho (28) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), con
la que el Tribunal Administrativo de Santander confirmó esa decisión.

22. Sin embargo, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la providencia

de Veintiocho (28) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), por ser la que, al desatar
el recurso de apelación interpuesto contra la de Doce (12) de Enero de Dos Mil
Veintidós (2022), decidió de manera definitiva el mencionado asunto contencioso-
administrativo.

2.4 Problema Jurídico.

23. Se contrae a determinar si la acción de tutela de la referencia satisface el requisito

de procedibilidad de la inmediatez y, de ser así, si la sentencia de Veintiocho (28)
de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante la cual, el Tribunal Administrativo
de Santander confirmó la providencia de Doce (12) de Enero de Dos Mil Veintidós
(2022), en la que, el Juzgado Once (11) Administrativo de Bucaramanga negó las
pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa con radicado 68001-
33-33-011-2017-00300-01, adolece de defectos procedimental absoluto, sustantivo
y fáctico y, por consiguiente, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados
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por las accionantes.

2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

24. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 17 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado18, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

25. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

26. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal

17
Sentencia C-590 de 2005.
18
sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
8

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en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

2.6 Requisito general de la inmediatez.

27. Para determinar la procedencia de esta acción constitucional, se debe precisar

que la jurisprudencia constitucional19 ha establecido para tal propósito varios
requisitos generales, entre los que se encuentra la inmediatez.

28. Adicionalmente, es necesario precisar que, el Consejo de Estado, mediante
sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-0120,
en cuanto al presupuesto de la inmediatez, precisó como término razonable para
ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas por la jurisdicción
contencioso-administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o
ejecutoria.

29. Para arribar a la anterior conclusión, el Consejo de Estado sostuvo que, aunque

el presupuesto de inmediatez es exigible para todas las acciones de tutela, lo cierto
es que, cuando se trata de un recurso de amparo contra providencias judiciales, el
lapso de seis (6) meses se justifica como resultado de la garantía de los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica, sin contar que, con ello se pueden vulnerar
derechos de terceros.

19
Corte Constitucional, SU-128 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
20
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S. A., Accionada: Sección Primera, Consejo de Estado, C. P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
9

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30. Sin perjuicio de lo expuesto, en dicha providencia se advirtió que resulta
indispensable analizar la situación concreta sometida al juez de tutela, en particular,
«(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un
nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del
interesado;21 (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación
violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición22.23».

31. De igual modo, se aceptó que, conforme a la jurisprudencia constitucional 24,

existen dos excepciones a la aplicación del requisito de inmediatez, estas son:
«(i) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
es continua y actual. Y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a quien se le han
vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de
acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros». Situaciones que deberán ser analizadas en cada caso,

en el evento en que se acuda a la tutela en un término superior al mencionado (6
meses).

2.7 Solución al caso concreto.

32. En el asunto sub judice la Sala observa que, la acción de tutela de la referencia

no colma la exigencia de procedibilidad de la inmediatez, en la medida en que, se
evidencia que la providencia atacada quedó ejecutoriada el Veintidós (22) de
Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)25 y la solicitud de amparo se instauró el
Siete (7) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), es decir, luego de seis (6) meses y
dieciséis (16) días.

33. En ese orden de ideas, pese a que el lapso de seis (6) meses dentro de los cuales

se debe incoar la tutela contra providencias dictadas en el marco de las acciones o
medios de control que se tramitan en la jurisdicción contencioso-administrativa
comporta una regla jurisprudencial, en el sub lite las tutelantes no justificaron
debidamente su omisión de instaurarla en ese término, motivo por el cual, al igual

21
Sentencia SU-961/99.
22
Sentencia T-814/05. Ver también, Sentencia T-728/02.
23
Corte Constitucional. Sentencia T-189 de 2009.
24
Sentencia T-584 de 2011.
25
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 15 de septiembre de 2025,
motivo por el cual, se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 17 de los mismos mes y año, conforme al
artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
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que en la sentencia de primera instancia, la Sala encuentra que el requisito de
inmediatez no se satisface.

34. Ahora bien, las actoras aseveran en el escrito de impugnación que, en este caso,

sí se satisfizo el presupuesto de la inmediatez, toda vez que, fue el Trece (13) de
Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), la fecha en la que, la sentencia reprochada
se le comunicó a su apoderado, al correo electrónico
urielgarridoabogado72@gmail.com, al que previamente, mediante escrito de Doce
(12) de Junio de ese año, había solicitado se le notificaran las decisiones emitidas
dentro del proceso ordinario con radicado 68001-33-33-011-2017-00300-01.

35. No obstante, dicho argumento carece de vocación de prosperidad, en la medida

en que, precisamente para constatar que esa información fuera cierta, a través de
auto de Seis (6) de Julio del año en curso, este despacho requirió del Tribunal
Administrativo de Santander, con carácter urgente, los soportes de notificación y la
correspondiente constancia de ejecutoria de la providencia de Veintiocho (28) de
Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), lo cual fue atendido con memorial del Quince
(15) de Julio siguiente.

36. En consecuencia, se pudo evidenciar, como constancia de notificación,
solamente la que fue remitida por el Tribunal Administrativo de Santander, el Quince
(15) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), a los correos electrónicos:
urifer72@hotmail.com y beatrizeparra@hotmail.com, así:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02591-01
Accionantes: Elizabeth Rojas Rueda y otra
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

37. Única notificación registrada en Samai como se muestra a continuación:

38. Por su parte, si bien es cierto que, como lo indicaron las actoras, el Doce (12) de

Junio de Dos Mil Veinticinco (2025), su apoderado radicó un memorial informando
el cambio de correo electrónico, lo cierto es que, del pantallazo adjuntado como
prueba de la supuesta notificación realizada el Trece (13) de Octubre de ese año a

12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02591-01
Accionantes: Elizabeth Rojas Rueda y otra
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

la nueva dirección electrónica, se observa que, en realidad, corresponde a un
reenvío desde su correo Hotmail (urifer72@hotmail) a su correo Gmail
(urielgarridoabogado72@gmail.com), además, en un día y hora inhábiles (lunes
festivo a las 17:50 p.m.), franja horaria en la que, de ninguna manera, en la Rama
Judicial se permite comunicar actuaciones, lo que denota un intento por hacer
incurrir en error a la jurisdicción contencioso-administrativa, con el fin de obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses.

39. Lo anterior permite concluir que, en efecto, la providencia reprochada de
Veintiocho (28) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), le fue notificada a los
actores el Quince (15) de Septiembre siguiente, por lo que, se reitera que, al
instaurar su solicitud de amparo el Siete (7) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026),
ya se encontraban por fuera del término de seis (6) meses previstos
jurisprudencialmente para tal propósito.

40. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia,

que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por no cumplir con la
exigencia de la inmediatez.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Catorce (14) de Mayo de Dos Mil
Veintiséis (2026), emitida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la
motivación de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Cuarta de esta
Corporación y remitir copia.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02591-01
Accionantes: Elizabeth Rojas Rueda y otra
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

14

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