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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02595-00

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02595-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación del municipio de Cartago y de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, por las razones expuestas. SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Diego Alejandro Hernández Bedoya por no cumplir el requisito de subsidiaridad. 16 Sentencias SU-712 de 2013 y C-132 de 2028, Corte Constitucional. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Diego Alejandro Hernández Bedoya Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2026-02595-00 TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02595-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

30 de abril de 2026

Demandante: Diego Alejandro Hernández Bedoya
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02595-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02595-00
Demandante: DIEGO ALEJANDRO HERNÁNDEZ BEDOYA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia por no
cumplir con el requisito de subsidiaridad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide el presente mecanismo de conformidad con los Decretos 2591 de
1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación1.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición

Mediante escrito radicado el 7 de abril de 2026, el señor Diego Alejandro Hernández
Bedoya, en calidad de ciudadano y presidente de la Junta Directiva del Consejo
Territorial de Planeación de Cartago (CTP)2, interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, con el fin de
que se le amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, de
acceso a la administración de justicia y a la participación democrática.

Estimó vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del
10 de marzo de 2026, que revocó el fallo del 19 de diciembre de 2025 3, mediante el
cual el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cartago accedió a las
pretensiones de la acción de cumplimiento con radicado 76147-33-33-003-2025-
00207-00/014, promovida contra el municipio de Cartago, secretaría de Planeación,
Medio Ambiente y Desarrollo Económico.

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Instancia de planeación, creada por disposición constitucional para garantizar la participación
ciudadana en la construcción y seguimiento de políticas públicas a nivel territorial.
3 Para, en su lugar, declarar la terminación anticipada del trámite por hecho superado.
4 Declaró que el municipio de Cartago y la Secretaría de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo

Económico no han cumplido con los artículos 24 numeral 4 y 29 de la Ley 388 de 1997, para la
participación ciudadana en la formulación del POT.

1
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Demandante: Diego Alejandro Hernández Bedoya
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02595-00

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el accionante elevó las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y a la Contradicción
(Art. 29 C.P.), al Acceso a la Administración de Justicia en condiciones de igualdad
procesal (Art. 229 C.P.) y a la Participación Ciudadana Democrática (Arts. 1, 2, 40 y 79
C.P.) del suscrito accionante, actuando en nombre propio y en representación legal del
Consejo Territorial de Planeación (CTP) del municipio de Cartago.

SEGUNDA: Dejar Sin Efectos Jurídicos la providencia de segunda instancia proferida el
10 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (Sala Segunda
Jurisdiccional de Decisión), dentro del medio de control de Acción de Cumplimiento con
Radicado No. 76147-33-33-003-2025-00207-01.

TERCERA: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (Sala Segunda
Jurisdiccional de Decisión) que, en el término perentorio e improrrogable que fije esta
Alta Corporación, profiera una Sentencia De Reemplazo en la cual subsane los defectos
procedimentales, fácticos y sustantivos advertidos en esta acción constitucional.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo presentada por el tutelante se sustenta en los siguientes
hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en
esta sentencia:

Narró que, en calidad de Presidente de la Junta Directiva del Consejo Territorial de
Planeación, radicó solicitudes a la Secretaría de Planeación, Medio Ambiente y
Desarrollo Económico del municipio de Cartago tendientes a obtener información
sobre (i) el cumplimiento de los artículos 225, 24-46 y 297 de la Ley 388 de 1997, los
cuales disponen los mecanismos de participación ciudadana para la formulación o
modificación del POT; y (ii) la creación del Consejo Técnico de Ordenamiento
Territorial8.

Refirió que, el 6 de agosto de 2025, presentó escrito con carácter de requerimiento
previo en el cual exhortó a la aludida secretaría para que: convoque a una audiencia
pública de conformidad con el artículo 24-4 de la Ley 388 de 1997; implemente y deje
constancia documental de los mecanismos de participación ciudadana (artículo 22
de la citada ley); y conforme de forma inmediata el Comité Técnico de Ordenamiento
Territorial con datos precisos sobre su composición, funciones y cronograma de
actividades.

Expuso que, en todas las respuestas, la administración indicó que el POT se
encuentra en etapa de concertación ambiental ante la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca, con lo cual aplazó indefinidamente las actuaciones
exigidas en la ley.

5
De la participación comunal en el ordenamiento del territorio.
6
Instancias de concertación y consulta.
7
Consejo Consultivo de Ordenamiento.
8 El 28 de enero, 5 y 17 de marzo de 2025.

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Reseñó que acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del
medio de control de cumplimiento, para que el municipio de Cartago materialice de
forma efectiva los artículos 22, 24-4 y 29 de la Ley 388 de 1997.

Señaló que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cartago, a
través de la sentencia del 19 de diciembre de 2025, declaró que la autoridad
demandada incumplió concretamente los artículos 24-4 y 29 de la Ley 388 de 1997,
porque:

• Mientras se adelanta la revisión por parte de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca, la administración municipal debía solicitar opiniones a las
agremiaciones económicas y profesionales y realizar convocatorias públicas para la
discusión del plan, situación que no fue acreditada.

• No se puede soslayar que el artículo 24-4 de la Ley 388 de 1997 dispone
explícitamente que las convocatorias y audiencias públicas deberán realizarse durante
el período de concertación ambiental.

• La negativa de la entidad territorial de adelantar las gestiones para garantizar la
participación ciudadana y comunal en la formulación del POT, hasta tanto se supere la
etapa de concertación ambiental, no tiene asidero jurídico en los términos del artículo 22
de la Ley 388 de 1997. Lo que a la postre genera un incumplimiento del artículo 24
ibidem.

• Es un deber de los alcaldes conformar el Consejo Consultivo de Ordenamiento
Territorial, pues a través de éste se garantiza la participación ciudadana en la
conformación del POT, «al permitir que se conforme por representantes de
organizaciones gremiales, profesionales, ecológicas, cívicas y comunitarias vinculadas
con el desarrollo urbano».

Precisó que dicha autoridad, con fundamento en lo anterior, ordenó y exhortó al
municipio de Cartago y a su Secretaría de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo
Económico a que:

a) Soliciten opiniones a los gremios económicos y agremiaciones profesionales y realice
convocatorias públicas para la discusión del plan, incluyendo audiencias con las juntas
administradoras locales. Deberá exponer los documentos básicos del mismo en sitios
accesibles a todos los interesados y recogerá las recomendaciones y observaciones
formuladas por las distintas entidades para evaluar su factibilidad, conveniencia y
concordancia.

b) Conformar el Consejo Consultivo de Ordenamiento el cual deberá ser integrado por
funcionarios de la administración y por representantes de las organizaciones gremiales,
profesionales, ecológicas, cívicas y comunitarias vinculadas con el desarrollo urbano y
demás personas que dispone el artículo 29 de la Ley 388 de 1997.

Exhortar al municipio de Cartago y a la Secretaría de Planeación, Medio Ambiente y
Desarrollo Económico para que implementen mecanismos efectivos de participación
ciudadana y comunal en la formulación del POT de los que trata el artículo 22 de la Ley
388 de 1997 al momento de dar cumplimiento a la orden dada en el numeral anterior.

Detalló que dicha decisión fue impugnada por el municipio de Cartago, autoridad que
también rindió un informe de las gestiones que adelantó para dar cumplimiento a lo
dispuesto en primera instancia, en el que puso de presente (i) las mesas académicas,
comunitarias, interinstitucionales y ambientales que efectuó9; (ii) el momento procesal

9 Del 18 y 25 de septiembre, y 9 de octubre de 2025.

3
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para atender las opiniones a los gremios: durante el período de concertación con la
Corporación Autónoma Regional; y (iii) la integración de los aportes realizados por
las veedurías ambientales, el sector transporte y la academia.

Evidenció que el 19 de enero de 2025 presentó un escrito de oposición.

Enfatizó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de
Decisión, mediante sentencia del 10 de marzo de 2026, revocó lo decidido por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial para declarar la terminación
anticipada del proceso por hecho superado. Lo anterior, con fundamento en lo que
sigue:

• Lo ordenado en primera instancia, consistía primordialmente en la participación
ciudadana en la formulación del POT, «implementado para ello los mecanismos
instituidos en Ley 388 de 1997 para tal fin; como lo son, la “concertación interinstitucional
y consulta ciudadana” lo que en efecto acaeció».

Así se aprecia de las citaciones, las constancias de asistencia, entre otros documentos.

• El trámite de la presente acción de cumplimiento debe darse por finalizado por
configurarse un hecho superado, toda vez que la autoridad demandada ejecutó la
conducta exigida por la normativa aplicable. «En efecto, la situación que motivó la
solicitud ya no persiste, pues la entidad accionada atendió el deber previsto en la Ley
388 de 1997».

1.4. Sustento de la vulneración

El accionante aseveró que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Estimó que la autoridad judicial accionada dio «plena validez a simples registros de
asistencia y fotografías aportados por la Alcaldía, omitiendo verificar el cumplimiento
del mandato imperativo de recolección y evaluación de recomendaciones. Al
respecto, el expediente carece de una matriz de trazabilidad técnica que acredite qué
propuestas fueron presentadas por la ciudadanía y las JAL, cuáles fueron
efectivamente evaluadas por la administración, cuáles fueron incorporadas al
proyecto de revisión del POT y, lo más grave, el sustento de aquellas que fueron
desestimadas. Al no existir este ejercicio de valoración, la administración redujo la
participación a un acto meramente informativo y no deliberativo, vicio que el Tribunal
convalidó. Asimismo, indicó que la providencia guardó silencio absoluto frente a
nuestro escrito de oposición y omitió pronunciarse sobre la obligación de conformar
el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial (Art. 29 Ley 388/97)».

Puntualizó que el tribunal incurrió en un defecto procedimental al pretermitir el escrito
de oposición radicado el 19 de enero de 2026, lo cual rompe la igualdad de las partes,
transgrede el derecho de contradicción material y desconoce los postulados de la
sentencia T-515 de 2025.

Afirmó que la carencia actual de objeto exige demostrar un acatamiento material,
íntegro y exacto del deber legal; empero, la autoridad accionada adoptó esa
determinación con la validación de «meros registros de asistencia socializadora,

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ignorando que el cumplimiento real exige una trazabilidad deliberativa y no
meramente informativa», lo cual configura un defecto fáctico y sustantivo.

Puso de relieve que la ausencia absoluta de pruebas sobre la convocatoria formal a
las Juntas Administradoras Locales (JAL) y la inexistencia de una matriz de
evaluación de las recomendaciones ciudadanas, ponen en evidencia que el fallador,
en este caso, aceptó un cumplimiento aparente. Añadió que validar este simulacro
de cumplimiento despoja de eficacia material a la democracia participativa en Cartago
y vulnera el carácter imperativo de los Decretos 879 de 1998 y 1232 de 2020 que
reglamentan la materia.

Insistió en que esta corporación, en el radicado 70001-23-31-000-2005-00546-02,
señaló que los procedimientos de los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997 no son
simples formalidades, sino normas de riguroso cumplimiento dada la trascendencia
que ello tiene para los habitantes del territorio.

Iteró que en la sentencia del 10 de marzo de 2026 nada se dijo sobre la obligación
de conformar el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial (artículo 29 de la Ley
388 de 1997), lo cual constituye una flagrante denegación de justicia y un
desconocimiento del bloque de legalidad que rige en el ordenamiento territorial.

Finalmente, pidió que, como medida provisional, se ordene al municipio de Cartago
suspender el trámite de concertación ambiental y evaluación del proyecto de revisión
del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), a través de su Secretaría de Planeación
y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Dirección Ambiental
Regional Norte.

1.5. Trámite de la primera instancia

Por auto del 13 de abril de 2026, el despacho admitió la demanda de tutela, ordenó
notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión; y como terceros con interés, al al
juez Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cartago; al director de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Dirección Ambiental Regional
Norte; y al alcalde de Cartago.

De igual forma, denegó el decreto de la medida cautelar solicitada por el accionante.

1.6. Intervenciones

1.6.1 El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cartago remitió
el link del proceso con radicado 76147-33-33-003-2025-00207-00.

1.6.2 El municipio de Cartago sostuvo que la decisión que se controvierte está
acorde con lo establecido en la Ley 393 de 1997 e hizo tránsito a cosa juzgada.

Aseveró que, en todo caso, no está legitimado en la causa por pasiva y, por lo mismo,
debe ser desvinculado.

1.6.3 La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca precisó que tiene

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una participación limitada en lo que respecta al POT pues solo concerta asuntos
exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su competencia. Período en el que
corresponde a la administración municipal solicitar opiniones a los gremios
económicos y profesionales; realizar convocatorias públicas para la discusión del
plan, incluyendo audiencias con las juntas administradoras locales; exhibir los
documentos básicos a los interesados; recoger recomendaciones y observaciones
formuladas para evaluarlas; y, finalmente, poner en marcha los mecanismos de
participación comunal.

Evidenció que el municipio de Cartago logró demostrar en el proceso ordinario que
ejecutó jornadas de concertación del POT de segunda generación con diversos
sectores estratégicos y, como prueba de su dicho, aportó las citaciones y asistencias.

Consideró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al revisar los elementos
de convicción aportados, encontró que lo ordenado por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Cartago se cumplió y, en esa medida, debía
finalizarse el proceso por configurarse un hecho superado.

Adujo que tampoco está legitimado en la causa por pasiva porque no tiene a cargo
ninguna obligación de socialización ni ha vulnerado derecho fundamental alguno.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, según lo
previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 201510, así como en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 2019 de esta corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

2.2. Cuestión previa

El municipio de Cartago y la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca solicitaron su desvinculación porque no están llamados a responder por las
pretensiones del accionante y, en esa medida, no están legitimados en la causa por
pasiva.

La Sala negará tales peticiones, debido a que las entidades referidas fueron
vinculadas como terceros con interés por haber sido parte en el proceso
ordinario, además porque participan en la formulación y concertación de los planes
de ordenamiento territorial.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, de acceso a la administración de justicia y a la participación democrática,
con ocasión de la sentencia proferida el 10 de marzo de 2026, dentro del medio de

10 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

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control de cumplimiento con radicado 76147-33-33-003-2025-00207-00/01, que
revocó lo decidido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Cartago.

Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos adjetivos de
procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se abordará; y (iii) el caso
concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201211, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

[…] [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas
que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el momento
jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala
el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser
ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y
otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que
se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden
efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos
generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea relevante
constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii) inmediatez, y (iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.

11 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o
negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. El examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1. Agotamiento de todos los medios de defensa judicial

El inciso 3.º del artículo 86 de la Constitución Política, consagra este requisito como
presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que [e]sta acción sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial»,
precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, al existir otros medios de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que, cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en
el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte
decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado
asunto radicado bajo su competencia12.

Lo anterior, tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que,
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues, todos los mecanismos
judiciales, deben buscar la defensa de aquellos.

Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son de la
esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2° del artículo
2° de la Constitución, de ahí que la garantía de las prerrogativas superiores de los

12 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución

y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de
la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de
cada una de las jurisdicciones».

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ciudadanos no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que es vinculante
para cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y en cualquiera
de los ámbitos funcionales del mismo.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-735 de 2013, manifestó que la
«exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del amparo, que
pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una instancia más en el
trámite jurisdiccional, un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros
diseñados por el legislador y mucho menos, como se pretende en este caso, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes para corregir
oportunidades vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios»13.

Aunado a lo anterior, la referida alta corte manifestó que, junto con los demás
requisitos de procedibilidad, se exige que el actor «haya ejercido los recursos
previstos en el respectivo proceso judicial, pues no se trata de sustituir a través de
ella los mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria
de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido tiempo»14.

Esta exigencia de agotar los medios de defensa disponibles se hace más estricta
cuando se utiliza la acción de tutela para atacar providencias judiciales; al respecto la
Corte Constitucional señaló que «la solicitud de amparo constitucional contra
las decisiones de los jueces solo procede cuando se hubieren agotado todos los
medios ordinarios o extraordinarios o, excepcionalmente, cuando la protección
resulte urgente para evitar un perjuicio irremediable». Y más adelante, enfatizó
que «[e]n la medida en que el amparo es un recurso subsidiario, es necesario que se
agoten, antes de interponerlo, la totalidad de los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa»10.

En efecto, dicha corporación, de manera reiterada ha aclarado que los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios constituyen, por regla general, las vías
legítimas de defensa y reconocimiento de los derechos fundamentales15.

En el asunto que ocupa a la sala, el señor Diego Alejandro Hernández Bedoya
presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Segunda de Decisión, porque en el fallo del 10 de marzo de 2026, revocó el
proveído de primera instancia que accedió a las pretensiones.

Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defectos fáctico,
sustantivo y procedimental, porque aceptó un cumplimiento aparente, con lo cual
dejó (i) de pronunciarse respecto de la evaluación de las recomendaciones recibidas,
de la orden que recibió el municipio de Cartago de conformar el Consejo Consultivo
de Ordenamiento y del escrito de oposición del 19 de enero de 2026; y (ii) de abordar
argumentos centrales de la demanda y de la decisión del Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Cartago.

Para la sala, la tutela presentada por el accionante no supera el requisito de
subsidiariedad, pues a pesar de que alega la configuración de distintos defectos,

13 Corte Constitucional, Sentencia T-735 del 17.1.2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-107 del 20.2.2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
15 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.

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Demandante: Diego Alejandro Hernández Bedoya
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02595-00

todos parten de una premisa principal: la omisión de resolver puntos que debían ser
objeto de pronunciamiento.

En efecto, al observar el expediente de segunda instancia, la Sala evidencia que el
actor omitió hacer uso de la solicitud de adición de la sentencia, potestad que le es
concedida en virtud del artículo 287 del Código General del Proceso, aplicable por
remisión expresa del artículo 306 del CPACA, que dispone:

Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los
extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser
objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria,
dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma
oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que
la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda
de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que
dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a
solicitud de parte presentada en el mismo término. Dentro del término de ejecutoria de
la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la
providencia principal.

Conforme a lo anterior, resulta evidente que el señor Hernández Bedoya pudo
solicitar la adición de la sentencia de 10 de marzo de 2026, para alegar que no se
estudiaron argumentos centrales planteados.

Es importante reiterar que la acción de tutela, dada su naturaleza subsidiaria,
«pretende evitar que se soslayen los cauces ordinarios para la resolución de las
controversias jurídicas, se convierta en un instrumento supletorio cuando no se han
utilizado oportunamente dichos medios, o sea una instancia adicional para reabrir
debates concluidos»16.

Además, el tutelante tampoco acreditó la configuración de un perjuicio irremediable
o una situación de gravedad e inminencia que torne urgente e impostergable la
actuación del juez constitucional y haga procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación del municipio de Cartago y de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor
Diego Alejandro Hernández Bedoya por no cumplir el requisito de subsidiaridad.

16 Sentencias SU-712 de 2013 y C-132 de 2028, Corte Constitucional.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02595-00

TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Aclara voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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