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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02595-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02595-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 30 de abril de 2026, por medio de la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo promovida por Diego Alejandro Hernández Bedoya, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin14. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02595-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

17 de julio de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02595-01
Demandante: Diego Alejandro Hernández Bedoya
Demandado: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Improcedencia - confirma

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia mediante la
cual la autoridad judicial accionada revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en el marco de una acción de
cumplimiento.

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver
la impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 30
de abril de 2026, por medio de la cual la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente el amparo solicitado por no haber superado
el requisito de subsidiariedad2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 6 de abril de 2026, Diego Alejandro Hernández Bedoya, en nombre
propio y en calidad de presidente de la Junta Directiva del Consejo Territorial
de Planeación Municipal de Cartago, presentó una acción de tutela contra
Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso (defensa), acceso a la administración de justicia y participación
ciudadana democrática, con ocasión de la Sentencia de 10 de marzo de
2026, proferida por la autoridad judicial accionada dentro de la acción de
cumplimiento No. 76147-33-33-003-2025-00207-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Diego Alejandro Hernández

Bedoya por no cumplir el requisito de subsidiaridad.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02595-01
Demandante: Diego Alejandro Hernández Bedoya
Demandado: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

“PRIMERA: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y a la
Contradicción (Art. 29 C.P.), al Acceso a la Administración de Justicia en condiciones
de igualdad procesal (Art. 229 C.P.) y a la Participación Ciudadana Democrática
(Arts. 1, 2, 40 y 79 C.P.) del suscrito accionante, actuando en nombre propio y en
representación legal del Consejo Territorial de Planeación (CTP) del municipio de
Cartago.

SEGUNDA: Dejar Sin Efectos Jurídicos la providencia de segunda instancia proferida el
10 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (Sala Segunda
Jurisdiccional de Decisión), dentro del medio de control de Acción de Cumplimiento
con Radicado No. 76147-33-33-003-2025-00207-01.

TERCERA: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (Sala Segunda
Jurisdiccional de Decisión) que, en el término perentorio e improrrogable que fije esta
Alta Corporación, profiera una Sentencia De Reemplazo en la cual subsane los
defectos procedimentales, fácticos y sustantivos advertidos en esta acción
constitucional.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) El 20 de noviembre de 2025, Diego Alejandro Hernández Bedoya
presentó demanda, en ejercicio de la acción de cumplimiento, contra el
municipio de Cartago y la Secretaría de Planeación, Medio Ambiente y
Desarrollo Económico de Cartago, por la presunta omisión de los
accionantes de cumplir los artículos 223, 24 numeral 44 y 295 de la Ley 388 de
1997, los cuales preveían los mecanismos de participación ciudadana para
la formulación o modificación del POT, y la creación del Consejo Técnico de
Ordenamiento Territorial.

3 “ARTICULO 22. DE LA PARTICIPACION COMUNAL EN EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO. Para efectos de organizar

la participación comunal en la definición del contenido urbano del plan de ordenamiento, las autoridades
municipales o distritales podrán delimitar en el área comprendida dentro del perímetro urbano, los barrios o
agrupamientos de barrios residenciales usualmente reconocidos por sus habitantes como referentes de su
localización en la ciudad y que definen su pertenencia inmediata a un ámbito local o vecinal. Lo pertinente regirá
para la participación comunitaria en la definición del contenido rural, caso en el cual la división territorial se referirá
a veredas o agrupaciones de veredas.”
4 “ARTICULO 24. INSTANCIAS DE CONCERTACION Y CONSULTA. El alcalde distrital o municipal, a través de las oficinas

de planeación o de la dependencia que haga sus veces, será responsable de coordinar la formulación oportuna
del proyecto del plan de Ordenamiento Territorial, y de someterlo a consideración del Consejo de Gobierno.
(…)
4. Durante el período de revisión del plan por la Corporación Autónoma Regional, o la autoridad ambiental
correspondiente, la Junta Metropolitana y el Consejo Territorial de Planeación, la administración municipal o
distrital solicitará opiniones a los gremios económicos y agremiaciones profesionales y realizará convocatorias
públicas para la discusión del plan, incluyendo audiencias con las juntas administradoras locales, expondrá los
documentos básicos del mismo en sitios accesibles a todos los interesados y recogerá las recomendaciones y
observaciones formuladas por las distintas entidades gremiales, ecológicas, cívicas y comunitarias del municipio,
debiendo proceder a su evaluación, de acuerdo con la factibilidad, conveniencia y concordancia con los
objetivos del plan. Igualmente pondrán en marcha los mecanismos de participación comunal previstos en el
artículo 22 de esta ley.
Las administraciones municipales y distritales establecerán los mecanismos de publicidad y difusión del proyecto
de plan de ordenamiento territorial que garanticen su conocimiento masivo, de acuerdo con las condiciones y
recursos de cada entidad territorial.”
5 “ARTICULO 29. CONSEJO CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO. El Consejo Consultivo de Ordenamiento será una

instancia asesora de la administración municipal o distrital en materia de ordenamiento territorial, que deberá
conformar los alcaldes de municipios con población superior a los treinta mil (30.000) habitantes. Estará integrado
por funcionarios de la administración y por representantes de las organizaciones gremiales, profesionales,
ecológicas, cívicas y comunitarias vinculadas con el desarrollo urbano. Así mismo los curadores urbanos forman
parte de este consejo en las ciudades donde exista esta institución
Serán funciones de este Consejo, además de las previstas en esta ley y su reglamento, el seguimiento del plan de
ordenamiento y proponer sus ajustes y revisiones cuando sea del caso.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02595-01
Demandante: Diego Alejandro Hernández Bedoya
Demandado: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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5. 2) El Juzgado 3 Administrativo de Cartago, mediante Sentencia de 19
de diciembre de 2025, accedió a las pretensiones de la demanda luego de
encontrar acreditado el requisito de renuencia mediante las peticiones
elevadas por el accionante el 27 de enero, 5 y 17 de marzo y 6 de agosto
de 2025, a las cuales la Secretaría de Planeación respondió que el POT se
encontraba en etapa de concertación ambiental ante la Corporación
Autónoma Regional de Valle del Cauca (CVC).

6. Frente al artículo 24 numeral 4 de la Ley 388 de 1997, determinó que
dicha disposición exigía expresamente que las convocatorias públicas,
audiencias y consultas gremiales se realizaran durante el período de
concertación ambiental, por lo que la justificación de las entidades
accionadas de postergarlas hasta superar esa etapa constituyó un
incumplimiento claro e inobjetable del mandato legal. Frente al artículo 29,
advirtió que el verbo rector de la norma era "deberá" y no "podrán" como lo
argumentaban las entidades, de modo que la conformación del Consejo
Consultivo de Ordenamiento Territorial era una obligación y no una facultad
discrecional, sin que el equipo técnico dispuesto por el alcalde pudiera
sustituirla.

7. Sobre el artículo 22, precisó que la norma no condicionaba la
participación comunal a la superación de la etapa de concertación
ambiental, por lo que la negativa de la administración de incentivarla
carecía de fundamento normativo. En consecuencia, exhortó a las
entidades accionadas a implementar los mecanismos efectivos de
participación ciudadana previstos en dicho artículo. En esa medida, el
juzgado declaró el incumplimiento de los artículos 24 numeral 4 y 29 de la
Ley 388 de 1997, ordenó su cumplimiento en un término de 5 días hábiles
siguiente a la ejecutoria de la providencia y exhortó a las entidades a
garantizar la participación comunal en los términos del artículo 22 de la
misma ley.

8. 4) La Secretaría de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo
Económico del municipio de Cartago presentó recurso de impugnación
contra la anterior decisión. Expuso que la decisión no se ajustó a los hechos
que motivaron la acción ni al derecho impetrado, incurrió en error de hecho
y de derecho en el examen de las pretensiones, y realizó una interpretación
errada de las normas invocadas.

9. Sostuvo que los derechos de petición que sustentaron la demanda
fueron resueltos de fondo conforme con la Ley 1755 de 2015, que las normas
de los artículos 22, 24 numeral 4 y 29 de la Ley 388 de 1997 no tenían carácter
imperativo sino potestativo, y que el accionante no logró demostrar con
plena prueba la existencia de un incumplimiento legal, pues, a su juicio, sus

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Demandante: Diego Alejandro Hernández Bedoya
Demandado: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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argumentos constituían simples apreciaciones subjetivas carentes de
sustento.

10. 5) El 13 de enero de 2026, la Secretaría de Planeación, Medio
Ambiente y Desarrollo Económico de Cartago presentó un informe de
cumplimiento de la Sentencia de primera instancia, en el que a) acreditó la
realización de jornadas de socialización y participación ciudadana en el
marco del proceso de formulación del POT de segunda generación, en
cumplimiento de los artículos 12, 22, 24 y 29 de la Ley 388 de 1997. Las mesas
ejecutadas fueron: Mesa Académica y Comunitaria (18 de septiembre de
2025, Auditorio UCC), Mesa Institucional (25 de septiembre de 2025,
Comfenalco), Mesa Sector Ambiental (9 de octubre de 2025, Caseta J.A.C.
del Barrio Mariscal Robledo) y Mesa Sector Construcción (30 de septiembre
de 2025, Cámara de Comercio de Cartago), con participación de
universidades, gremios, veedurías, constructores, concejales y líderes
comunitarios. La Administración precisó que estas jornadas se sincronizaron
con el período de revisión del proyecto ante la CVC, conforme con el
numeral 4 del artículo 24 de la Ley 388 de 1997. b) Señaló que Diego
Alejandro Hernández no asistió a las convocatorias que le fueron remitidas
mediante los comunicados No. 020667 de 22 de septiembre de 2025 y No.
020831 de 23 de septiembre de 2025, pese a haber sido invitado en dos
oportunidades, por lo que solicitó tener por acreditado el cumplimiento de
las órdenes dadas.

11. 6) La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca, por medio de Sentencia de 10 de marzo de 2026, revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado y declaró la terminación anticipada del
proceso, con advertencia de que no podría instaurarse una nueva acción
con la misma finalidad, conforme con el artículo 21 de la Ley 393 de 1997.

12. La autoridad judicial accionada consideró que la entidad
demandada acreditó haber ejecutado las jornadas de socialización del POT
ordenadas, mediante la realización de la Mesa Académica y Comunitaria
(18 de septiembre de 2025, Auditorio UCC), la Mesa Institucional (25 de
septiembre de 2025, Comfenalco) y la Mesa Sector Ambiental (9 de octubre
de 2025, Caseta J.A.C. Barrio Mariscal Robledo), con sus respectivas
citaciones y constancias de asistencia como soporte probatorio.

13. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte actora,
en que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
procedimental, fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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14. De cara al defecto procedimental, expuso que la autoridad judicial
accionada no debió valorar el informe de cumplimiento radicado el 13 de
enero de 2026, pues, a su juicio, vulneró su derecho a la igualdad procesal
al estructurar sus argumentos exclusivamente en lo indicado por la
Secretaría de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico de
Cartago.

15. Frente al defecto fáctico, indicó que la decisión enjuiciada carecía
de sustento probatorio al otorgar plena validez a simples registros de
asistencia y fotografías, sin verificar la existencia de una matriz de
trazabilidad deliberativa que acreditara la recolección y evaluación de
recomendaciones, conforme con los artículos 22 y 24 de la Ley 388 de 1997
y los Decretos 879 de 1998 y 1232 de 2020.

16. Respecto del desconocimiento del precedente y el defecto
sustantivo, adujo que se desconoció el estándar de rigor procedimental
fijado por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la Sentencia de 24
de mayo de 2012 en el expediente No. 70001-23-31-000-2005-00546-02,
según el cual los procedimientos de los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997
no eran simples formalidades sino normas de riguroso cumplimiento.

17. Finalmente, manifestó que la sentencia enjuiciada guardó silencio
sobre la obligación de conformar el Consejo Consultivo de Ordenamiento
Territorial prevista en el artículo 29 de la Ley 388 de 1997, sin que existiera
acto administrativo alguno que acreditara su creación real y la posesión de
sus miembros.

1.2. Sentencia de primera instancia6 e impugnación

18. En Sentencia de 30 de abril de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por no haber superado
el requisito de subsidiariedad.

19. La Sala estableció que, si bien el accionante alegó la configuración
de los defectos fáctico, sustantivo y procedimental, todos esos cargos
partieron de una misma premisa, consistente en la omisión del Tribunal de
resolver puntos que debían ser objeto de pronunciamiento. Frente a esa
situación, el ordenamiento jurídico disponía de un mecanismo idóneo y no
utilizado, a saber, la solicitud de adición de la sentencia, prevista en el
artículo 287 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa

6 Mediante Auto de 13 de abril de 2026, el despacho ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado 1)

admitió la acción de tutela de la referencia y 2) tuvo como accionada a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, y 3) vinculó al Juzgado 3 Administrativo de Cartago, al director de la CAR de
Valle del Cauca, Dirección Ambiental regional Norte, al alcalde de Cartago y a su secretario de Planeación, Medio
Ambiente y Desarrollo Económico, como terceros con interés en el asunto.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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del artículo 306 del CPACA, que habría permitido al accionante reclamar
oportunamente el estudio de los argumentos que estimó omitidos en el fallo
del 10 de marzo de 2026.

20. Adicionalmente, la Sala señaló que el tutelante tampoco acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable ni una situación de gravedad e
inminencia que tornara urgente e impostergable la intervención del juez
constitucional como mecanismo transitorio.

21. La parte actora impugnó la decisión. Expuso que la solicitud de
adición no era un mecanismo idóneo para satisfacer el requisito de
subsidiariedad, pues tanto el propio Consejo de Estado, Rad. 11001-03-15-
000-2019-04839-01, como la Corte Constitucional, Sentencia T-434 de 2015,
establecieron que dicho instrumento no era un recurso contra las sentencias
y que, en virtud del principio de inmutabilidad consagrado en el artículo 285
del CGP, el juez no podía alterar el sentido de su propio fallo. En
consecuencia, consideró que exigir dicho trámite constituía un exceso ritual
manifiesto, tal como lo definió la Corte Constitucional en la Sentencia SU-635
de 2015.

22. Aunado a lo anterior expuso que, contrario a lo indicado por el juez
de primera instancia, si existía un perjuicio irremediable, en tanto no se
conformó el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial y una vez
aprobado el POT por el Concejo Municipal, las situaciones jurídicas sobre uso
del suelo, licencias y afectaciones ambientales se consolidarían de manera
irreversible.

23. Agregó que el asunto revestía de relevancia constitucional, pues los
artículos 2 y 40 de la Constitución elevaron la participación ciudadana a la
categoría de derecho fundamental y fin esencial del Estado. En esa medida,
la omisión de la autoridad judicial accionada de no valorar las pruebas
sobre la falta de convocatoria de la Junta Administradora Local y al Consejo
Consultivo, constituía un debate sobre el principio de soberanía popular en
la construcción del territorio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de defectos y fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. 2.3. Conclusión.

2.1. Identificación de defectos y fijación de la controversia

24. Se observó que, si bien la parte actora invocó en el escrito de tutela
los defectos fácticos, sustantivo, procedimental y desconocimiento del
precedente, la mayoría de sus argumentos resultan subsumibles en el

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defecto fáctico. Ello toda vez que, la inconformidad del accionante tuvo
como eje central que la autoridad judicial accionada revocó la decisión de
primera instancia para declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado, al estructurar sus argumentos de forma exclusiva en el informe de
cumplimiento presentado por la Secretaría de Planeación, Medio Ambiente
y Desarrollo Económico de Cartago. Al proceder así, la parte actora
consideró que el tribunal otorgó plena validez a simples registros de
asistencia y fotografías, sin verificar la existencia de una matriz de
trazabilidad deliberativa que acreditara la recolección y evaluación de
recomendaciones, conforme con los artículos 22 y 24 de la Ley 388 de 1997
y los Decretos 879 de 1998 y 1232 de 2020, cuyas exigencias no constituían
simples formalidades sino normas de riguroso cumplimiento.

25. Ahora bien, frente a la manifestación que realizó el accionante sobre
la presunta omisión en la que incurrió la autoridad judicial accionada al no
pronunciarse sobre la obligación de conformar el Consejo Consultivo de
Ordenamiento Territorial prevista en el artículo 29 de la Ley 388 de 1997, se
encuadrará en el defecto procedimental alegado.

26. De esta forma, corresponde a la Sala determinar, una vez verificados
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, si la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca incurrió en un defecto fáctico, por valorar
erróneamente los medios de prueba allegados con el informe de
cumplimiento, y/o en un defecto procedimental por omitir pronunciarse
sobre la obligación de conformar el Consejo Consultivo de Ordenamiento
Territorial prevista en el artículo 29 de la Ley 388 de 1997, y si, con ello, vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la
administración de justicia y participación ciudadana democrática del
accionante.

27. En ese sentido se procederá a confirmar, modificar o revocar la
decisión de primera instancia.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

28. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, pero por no superar los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiariedad, tal y como pasa a explicarse:

29. La Sala considera que no se superó el requisito de relevancia
constitucional por estas razones:

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30. Para la Corte Constitucional, dicho requisito encuentra su razón de ser
en el carácter residual de esta acción, la especialidad de las competencias
tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios, así como la
necesidad de evitar que este mecanismo se convierta en una instancia
adicional para reabrir debates de carácter legal. En ese orden, como
finalidades de la relevancia constitucional han sido identificadas las de
preservar las competencias judiciales, respetar la autonomía e
independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a asuntos donde
se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se convierta en
una instancia adicional7.

31. Igualmente, en Sentencia SU-295 de 20238, estableció que la
relevancia constitucional se acredita a partir de tres criterios: (1) no tratarse
de asuntos legales o meramente económicos, (2) perseguir la protección de
derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.

32. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto9; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario10 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad11.

33. Con base en lo anterior, se tiene que la parte actora alegó que la
cuestión discutida tenía trascendencia constitucional porque su solicitud se
orientaba a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, defensa, acceso a la administración de justicia y participación
ciudadana democrática trasgredidos por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, al no valorar adecuadamente
los medios probatorios arrimados al proceso en el informe de cumplimiento
radicado el 13 de enero de 2026 que daban cuenta de la realización de

7 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
8 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
9 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
10 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
11 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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jornadas de socialización y participación ciudadana en el marco del
proceso de formulación del POT de segunda generación, en cumplimiento
de los artículos 12, 22, 24 y 29 de la Ley 388 de 1997.

34. Sin embargo, la Sala advierte que tales argumentos no son suficientes
para explicar por qué era necesaria la intervención del juez de tutela frente
a la providencia proferida por la autoridad judicial accionada, habida
cuenta que los argumentos se dirigieron a reprochar la decisión de 10 de
marzo de 2026 y de cómo la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca interpretó el informe de cumplimiento
radicado el 13 de enero de 2026 y las pruebas que daban cuenta de la
realización de jornadas de socialización y participación ciudadana en el
marco del proceso de formulación del POT.

35. Lo que realmente se evidencia es que la parte actora buscó
cuestionar, mediante la acción de tutela, la forma en la que el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca analizó los medios de prueba allegados
al proceso para determinar que la Secretaría de Planeación, Medio
Ambiente y Desarrollo Económico de Cartago cumplió lo ordenado en la
Sentencia de 19 de diciembre de 2025, proferida por el Juzgado 3
Administrativo de Cartago. De ahí que, los reproches esbozados en la
acción de tutela se inscriben en el ámbito propio de un debate probatorio,
en la medida que intentan cuestionar la suficiencia, oportunidad y
apreciación de los medios de convicción, aspectos que corresponden al
juez natural de la causa.

36. En ese sentido, más allá de un supuesto defecto fáctico, la acción de
tutela se utiliza como un mecanismo encaminado a reabrir una discusión ya
resuelta en la acción de cumplimiento No. 2025-00207-01, con el propósito de
obtener una nueva valoración del acervo probatorio o de la estrategia
procesal desplegada por las partes, lo cual resulta incompatible con el
carácter excepcional del amparo constitucional.

37. Por ello, se colige que la parte actora no explicó verdaderamente por
qué su litigio revestía trascendencia constitucional que hiciera necesaria la
intervención del juez constitucional y, por el contrario, sus argumentos dan
cuenta de una inconformidad con la conclusión a la que llegó la autoridad
judicial accionada, a partir del análisis probatorio desplegado.

38. Finalmente, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez de lo contencioso administrativo. En otras palabras, la
presentación de las discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02595-01
Demandante: Diego Alejandro Hernández Bedoya
Demandado: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

de quien enjuicia dicha decisión, en ejercicio de la acción de tutela, no da
por cumplido el requisito de relevancia constitucional. Más, si se trata de una
tutela contra providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional
de amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional12.

39. Por otra parte, frente al defecto procedimental, la Sala comparte el
análisis del juez de tutela de primera instancia de que no superó el requisito
de subsidiariedad:

40. En relación con la falta de pronunciamiento del tribunal sobre la
obligación de conformar el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial
prevista en el artículo 29 de la Ley 388 de 1997, la Sala considera que, al ser
un extremo del litigio, debía ser objeto de pronunciamiento y como no lo
hubo, era susceptible de ser alegado en el mismo trámite a través de la
solicitud de adición de la sentencia, prevista en el artículo 287 del CGP13, el
cual dispone (se trascribe):

“Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de
los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la
ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de
sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de
parte presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior
siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de
resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le
devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria,
o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal.”

41. En esa medida, la acción de tutela no puede ser utilizada como una
acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, es decir,
en el presente caso no se puede acudir al juez constitucional con el ánimo
de invocar un asunto que debió ventilarse en el interior del proceso
contencioso a través, se reitera, de la solicitud de adición, salvo que dichos
medios no sean idóneos o eficaces para proteger derechos fundamentales
controvertidos o cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, escenarios que, en el caso bajo estudio, no
se demostraron.

12 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
13Norma aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, el cual establece (se trascribe): “En los
aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil [ahora, Código General
del Proceso] en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02595-01
Demandante: Diego Alejandro Hernández Bedoya
Demandado: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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2.3. Conclusión

42. Tras corroborar que la acción de tutela no cumplió con los requisitos
de relevancia constitucional y subsidiariedad, la Sala confirmará la decisión
que declaró improcedente la solicitud de amparo.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 30 de abril de 2026, por medio de
la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la
solicitud de amparo promovida por Diego Alejandro Hernández Bedoya, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin14.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE

Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

14 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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