Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02599-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02599-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02599-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
4 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02599-00
Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia1
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Procedencia del recurso extraordinario de revisión /
Subsidiariedad
Decisión: Declarar improcedente
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
1. La Sala decide la solicitud formulada por la UNAD, en ejercicio de la acción
de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los
decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud2
2. La UNAD promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 19 de
febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Cauca, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
19001333300720190020101.
3. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
3.1. Paula Andrea Mora Pedreros en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda en contra de la UNAD con la
finalidad de cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales
la sancionó disciplinariamente con destitución e inhabilidad general de 10 años.
1 En adelante UNAD.
2 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_1TUTELACONSEJODEESTA(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia
3.2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán en
sentencia del 29 de septiembre del 2022 negó las pretensiones de la demanda al
considerar que la sanción disciplinaria impuesta fue adecuada y proporcional a la
falta gravísima probada, pues se acreditó que incurrió en incompatibilidad al celebrar
el contrato de prestación de servicios profesionales. En contra de esta decisión la
parte demandante interpuso recurso de apelación.
3.3. El Tribunal Administrativo del Huila en providencia del 19 de febrero de 2026
revocó la decisión del a quo, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda,
y ordenó el reintegro de Paula Andrea Mora Pedreros, con lo cual, precisó que no
limitaría su estudio a los cargos expuestos en la demanda al considerar que «la
Universidad no estaba facultada para sancionar a la docente por la vulneración de una
incompatibilidad que no estaba consagrada en la constitución o en la ley, por lo que la
demandada quebrantó el derecho al debido proceso de la actora, toda vez que la sancionó
por una conducta que no estaba tipificada en las normas señaladas sino en un acuerdo que
no tenía el rango normativo para establecer la prohibición».
3.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en un defecto procedimental absoluto que alteró el equilibrio procesal al
vulnerar el principio de congruencia por decisión sorpresiva, lo anterior por cuanto,
«basó su decisión en un aspecto como es la aplicación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades para los docentes de carrera de las Instituciones de Educación Superior,
y específicamente consideró que la UNAD, “no estaba facultada para sancionar a la docente»
[sic], cuando en ningún momento se introdujo como problema jurídico la supuesta
falta de competencia de la universidad para establecer incompatibilidades en su
estatuto docente, pues este aspecto nunca fue planteado por la demandante y por lo
mismo, nunca fue objeto de controversia dentro del proceso.
3.5. El fallo de segunda instancia resolvió el litigio por una causa no fijada en este,
no alegada ni debatida ni mucho menos apelada en el proceso, con lo que modificó
indebidamente el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Razón por la cual, pasó por alto el principio de congruencia, pues la decisión no
guardó consonancia fáctica o jurídica con las pretensiones y hechos de la demanda,
la contestación, o el fallo de primera instancia.
3.6. Lo anterior, además, conllevó a un defecto sustantivo por cuanto estructuró su
razonamiento en torno a un argumento central consistente en que carecía de
competencia para establecer incompatibilidades en su estatuto docente, pues
consideró que «conforme la jurisprudencia la autonomía universitaria no tiene la entidad
suficiente para otorgar a estas entidades la competencia para establecer en su normatividad
interna inhabilidades e incompatibilidades para sus servidores» cuando la fijación de
inhabilidades para el personal docente no fue un acto por medio del cual se
desbordaran facultadas o se desconocieran las reglas de competencia, sino un
ejercicio por medio del cual se cumplió el deber legal que le impuso el legislador a
esta institución. Máxime cuando toda la jurisprudencia que se tuvo como precedente
para sustentar la decisión estaba relacionada con autoridades superiores de las
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instituciones de educación superior (rector, vicerrectores y consejeros superiores) y
Paula Andrea Mora Pedreros no ostentaba ninguna de estas calidades.
1.1.1. Pretensiones
4. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1) AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso (defensa y
contradicción), seguridad jurídica y acceso a la administración de justicia de la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia – UNAD.
2) DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia No. 026 del 19 de febrero de
2026, proferida por el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA.
3) ORDENAR al Tribunal accionado que profiera una nueva Sentencia, valorando
adecuadamente, la autonomía universitaria, la competencia disciplinaria de la UNAD, la
correcta interpretación del artículo 48, numeral 17 de la Ley 734 de 2002, en armonía con
la ley 30 de 1992, especialmente el artículo 75, literal b) y el Estatuto Docente de la UNAD,
artículo 29, absteniéndose de fundar su decisión en argumentos no debatidos. […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
5. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán3 y el
Tribunal Administrativo del Cauca4 si bien allegaron copia del expediente digital,
guardaron silencio frente a la petición de amparo.
6. Paula Andrea Mora Pedreros guardó silencio.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1°. del Decreto 333 del 6 de
abril de 20215 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Tribunal Administrativo del Cauca.
3 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «10_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
20262599ContestaC(.pdf) NroActua 12».
4
Ver índice 15 de Samai. Archivo denominado «20RECIBEPRUEBAS_OneDrive_1_2042026zi(.zip)
NroActua 15».
5 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
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2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado6 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema7. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
11. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo8, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
12. Ahora bien, la Corte Constitucional9 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-
590 de 2005.
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eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos10,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales11.
14. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
15. De conformidad con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si la presente
solicitud de tutela cumple con el requisito de procedibilidad adjetiva de la
subsidiariedad?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad
16. El artículo 86 constitucional señala que: «[…] [e]sta acción solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
17. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia12, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
10 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
12 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121
de 2003.
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un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.4.2. Sobre el caso concreto
18. La UNAD acudió al juez de tutela con el fin de que se amparan sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia proferida el 19
de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual se revocó
la decisión del a quo, y en su lugar, accedió a las pretensiones y ordenó el reintegro
de la demandante, con lo cual, alteró el equilibrio procesal al vulnerar el principio de
congruencia por decisión sorpresiva pues resolvió el litigio por una causa no fijada en
este ya que nunca se introdujo como problema jurídico la supuesta falta de
competencia de la universidad para establecer incompatibilidades en su estatuto
docente.
19. En este orden de ideas, se considera que las inconformidades planteadas por
la parte demandante deben ser dilucidadas por el juez natural del asunto a través del
recurso extraordinario de revisión, en los términos de los artículos 248 y 250 de la
Ley 1437 de 201113, que señalan:
Artículo 248.Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y
por los jueces administrativos.
Artículo 250.Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación […]
20. Asimismo, respecto a la falta de congruencia como causal de nulidad de la
sentencia, en providencia del 13 de octubre de 2020 la Sala 14 Especial de Decisión
del Consejo de Estado, dentro del radicado 2019-00119-00, con ponencia del
consejero Alberto Montaña Plata, consideró:
«[…] Respecto al principio de congruencia, la jurisprudencia de lo contencioso
administrativo ha desarrollado su contenido bajo los siguientes términos:
“(…) nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al
demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.
Motivo este que también se desprende del artículo 29 constitucional, cuya violación puede
originar la nulidad del fallo respectivo, cuando la transgresión, se repite, se presente
13 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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directamente en el fallo, como cuando no existe coherencia entre la parte motiva y la
resolutiva, por ejemplo.
(…)
En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal que tienen los
funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en los
siguientes términos: // Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A. Art. 170],
exige de una parte que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la
misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella
contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el
escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión
conforme se ha marcado la controversia en el proceso.
Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre
en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor
derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho
que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la
pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y
“minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.”14
En concordancia, la falta de congruencia interna o externa se erige como una causal de
nulidad de la sentencia, que le permite al juez de la revisión infirmar el fallo cuestionado.
Es importante poner de presente que, normativamente este principio estaba previsto en
el artículo 170 del CCA y no de forma expresa en el CPACA.
Sin embargo, esa omisión no implica la inexistencia de este principio en la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, principalmente, porque el artículo 30615 del CPACA,
establece que aquellos aspectos no desarrollados en ese código se regirían por el CGP.
De esta manera, el principio de congruencia se desprende del artículo 28116 del CGP y
del artículo 29 constitucional, que consagra el derecho fundamental al debido proceso17.
Al respecto, la Corte Constitucional18 ha definido este principio:
“(…) como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida que
impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no
responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó.
(…)
De lo expuesto hasta el momento, se puede concluir que el juez debe tomar su decisión
de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro
del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca
de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo
pedido (ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las
14 (Consejo de Estado) Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia
de 16 de agosto de 2002. Expediente: 760012324000199704345-01 (12668). Actor: Productora de Papeles
Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
15 Ley 1437 de 2011. “Artículo.306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”
16 Ley 1564 de 2012. “Artículo 281 Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. // No podrá condenarse al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la
invocada en esta. // Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
// En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el
cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que
haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio (…)”
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 8 de mayo de 2019, Radicado
1998-00153-01.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-455 de 2016.
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pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones
por las cuales omitió referirse a algún pedimento. El principio de congruencia de la
sentencia, además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las
partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas
en la ley para ello.”
En ese sentido, la incongruencia genera la nulidad de la sentencia cuando esta trastorna
completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso19. Por
esta razón, no cualquier reproche sobre la falta de congruencia externa o interna
estructura la causal de revisión, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo
debatido y lo probado sea protuberante20, a tal punto que, no exista justificación objetiva
y relacionada con las materias medulares del proceso. […]».
21. En cuanto al recurso extraordinario de revisión en materia de lo contencioso-
administrativo como mecanismo de defensa idóneo y eficaz y la falta de
subsidiariedad, la Corte Constitucional, en sentencia SU – 026 de 2021, sostuvo lo
siguiente:
«[…] 5.1. En la sentencia C-520 de 2009, al estudiar una demanda contra el artículo 57
(parcial) de la Ley 46 de 1998, la Corte Constitucional se refirió a la naturaleza y finalidad
del recurso extraordinario de revisión en el ordenamiento jurídico colombiano. Expuso que
este recurso, previsto por el legislador en la jurisdicción ordinaria –civil, penal y laboral– y
la jurisdicción contencioso-administrativa[36], es una excepción al principio de cosa juzgada
de las sentencias ejecutoriadas, pues busca “enmendar los errores o ilicitudes cometidos
en su expedición, así como restituir el derecho del afectado a través de una nueva
providencia fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el
ordenamiento jurídico”[37].
5.2. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo de defensa que fue creado
para deshacer las sentencias ejecutoriadas cuando se tiene conocimiento de falencias
que llevaron al juez a emitir un fallo contrario al derecho.[38] En ocasiones, es necesario
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada “debido a que, por circunstancias no conocidas
en el momento de adoptar la decisión, o acaecidas con posterioridad a la decisión, se
revela que ésta se fundó en un error, fraude o ilicitud”[39]. Este recurso, entonces,
constituye una excepción necesaria al principio de cosa juzgada, en la media en que busca
restablecer la justicia material al anular una sentencia ilegítima y ordenar emitir un nuevo
fallo acorde con el ordenamiento jurídico.
5.3. En la sentencia C-450 de 2015, esta Corporación reiteró que el recurso de revisión
es una herramienta para restituir los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del afectado a través de una nueva sentencia. Sin embargo,
debido a su naturaleza excepcional, el legislador limitó su ejercicio al cumplimiento de
unas causales taxativas de procedencia. Al respecto, este fallo señaló:
“La revisión, que no es un recurso sino una acción, pretende, como lo ha señalado la
doctrina y la jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos nuevos que afectan
la decisión adoptada y el sentido de justicia que de ella emana. La acción de revisión, en
la medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria,
sino que además procede por las causales taxativamente señaladas por la ley, y no es
posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es razonable, pues se trata de una figura
que modifica providencias amparadas en el principio de cosa juzgada, y por ello las
19 Corte Constitucional, Sentencia T- 1274 de 2008.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión,
Sentencia de 7 de abril de 2015, Radicado 2013-00358-00(REV)
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02599-0
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causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido
restringido”[40]
[…]
5.5. Respecto de la tipología y comprensión particular de estas causales, el Consejo de
Estado precisó que, a excepción del numeral 4°, ninguno de los numerales que posibilitan
la revisión extraordinaria apuntan a reabrir el debate jurídico ni refutan el criterio con que
el juez interpretó o aplicó la ley. Por el contrario, las causales cuestionan puntualmente
las irregularidades procesales y probatorias que afectaron la integridad de la decisión y
vulneraron los derechos de las partes. Al respecto, dicha autoridad judicial expuso que
“las causales de los numerales 5 y 8 son de índole procesal, mientras que las causales
de los numerales 1, 2, 3, 6 y 7 recaen sobre aspectos que atañen a la validez o
insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión” [41].
5.6. Lo anterior erige al recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa como un medio de defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del
derecho al debido proceso tiene origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado.
De hecho, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable semejanza entre la
acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca proteger este derecho:
“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se plantearía la
controversia sobre el debido proceso en términos idénticos a los que constituyen el
presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto que un pronunciamiento del juez
constitucional dejaría sin oficio al juez competente. Los dos procesos, el extraordinario
especial de revisión y el de tutela, tendrían identidad de causa petendi y de petitum, y
resulta claro que no puede haber, sobre la misma causa, dos pronunciamientos judiciales
concurrentes”[42].
5.7. Estas similitudes entre los dos mecanismos de defensa han llevado a la Corte
Constitucional a establecer la siguiente subregla de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales:
“[E]l recurso de revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz de defensa judicial
dependiendo de la naturaleza de los derechos invocados por el peticionario, y la cobertura
brindada por las causales aplicables al proceso específico. Así, el recurso será eficaz
cuando a) la única violación alegada sea el derecho al debido proceso y, eventualmente,
la de otros derechos que no tienen carácter fundamental, o b) cuando el derecho
fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido de manera
integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (i) causales de revisión
evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de prosperar el
recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna el derecho.”[43]
5.8. Dicho de otro modo, la acción de tutela desplazará el recurso extraordinario de
revisión siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se solicita no sea
susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso; y (ii) las
causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados por el
accionante. En síntesis, para la Sala Plena “la acción de tutela se torna improcedente
cuando al interior de un proceso contencioso-administrativo se alega la vulneración al
debido proceso y este derecho fundamental es susceptible de ser protegido mediante el
trámite del recurso extraordinario de revisión”[44]. […]»
22. De acuerdo con la normativa y la jurisprudencia en cita, se tiene que la
sentencia del 19 de febrero de 2026, hoy acusada, fue proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, y contra esta no procede recurso alguno; además, como
causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión, de acuerdo con los
motivos en que la parte demandante sustenta los defectos alegados, en el presente
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02599-0
Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia
asunto en particular se evidencia que confluyen los elementos estructurales para que
proceda el estudio por la causal quinta del artículo 250 del CPACA que versa sobre
la nulidad por falta de congruencia.
23. Dicho lo anterior, sea lo primero indicar que la exigencia en la interposición de
los recursos de manera oportuna tiene como finalidad evitar que la solicitud de
amparo suplante los mecanismos ordinarios y/o extraordinarios establecidos en
nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, se persigue que, en la tutela contra
providencias judiciales, no haya negligencia en el deber de acudir ante la
administración judicial, para la concreción de las garantías otorgadas por la
Constitución Política.
24. Es decir, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo del
asunto planteado es necesario que este supere los requisitos generales de
procedencia de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, de tal manera
debe concluirse que el amparo de la referencia resulta improcedente por
desconocimiento del principio de subsidiariedad.
3. Conclusión
25. En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente, por no superar el
requisito de la subsidiariedad, la solicitud de amparo presentada por la UNAD en
contra del Tribunal Administrativo del Cauca.
26. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar improcedente, por no superar el requisito de subsidiariedad, la
solicitud de tutela presentada por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en
contra del Tribunal Administrativo del Cauca.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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