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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02601-00

Fecha
8 de mayo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02601-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DESVINCULAR del presente trámite constitucional al Hospital San Vicente Fundación Rionegro, por carecer de legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE por los motivos indicados en la parte motiva de la providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. CUARTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02601-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

8 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02601-00
Accionante: JUAN CARLOS AYORA HERNÁNDEZ
Accionado: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA DE CASACIÓN
PENAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencia de una alta Corte. Improcedente por carecer de
relevancia constitucional y utilizar el medio de amparo para obtener una instancia
adicional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. En nombre propio, Juan Carlos Ayora Hernández formuló acción de tutela contra
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Promiscuo Municipal de Necoclí, por la
supuesta afectación a sus derechos a la libertad y al debido proceso. Lo anterior
con base en los siguientes hechos.

2. La acción de tutela fue radicada ante la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia; sin embargo, por decisión de la magistrada Martha Patricia
Guzmán Álvarez1 fue remitida al Consejo de Estado para que esta Corporación
profiera sentencia.

Hechos relevantes del caso y argumentos de la tutela

3. El tutelante era el Juez Promiscuo Municipal de Necoclí (Antioquia). En esa
función, conoció la solicitud de levantamiento de medidas cautelares decretadas
sobre inmuebles dentro del proceso de extinción de dominio No. 11001-60-99-068-
2015-13548-00, seguido contra José Fernando Villaquirán Agredo. Dentro de ese
proceso ordenó el levantamiento de las medidas cautelares de suspensión del poder
dispositivo, de embargo y de secuestro de los inmuebles bajo los argumentos
esbozados por la apoderada de la parte solicitante. Contra la decisión que adoptó,
se presentó recurso de apelación, interpuesto por la fiscal, “recurso que se le
concedió en efecto suspensivo pues nunca se oficio (sic) a la Oficina de Registro de
Instrumentos públicos (sic) para el levantamiento de esas medidas cautelares”2.
Indicó que la decisión que adoptó estuvo justificada en la firme convicción de que
los alegatos de la fiscalía para que no se levantaran esas medidas cautelares

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2 Folio 2 del escrito de demanda.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02601-00
Accionante: Juan Carlos Ayora Hernández
Accionado: Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

consistían en un ardid que buscaba justificar la inactividad de esta por más de cinco
(5) años.

4. A la postre la decisión fue revocada y se ordenó compulsar copias contra el
tutelante en su condición de juez de primera instancia. Por esos hechos, la justicia
adelantó proceso penal contra el señor Juan Carlos Ayora Hernández, identificado
con CUI No. 11001-60-00101-2022-50065 (NI 2023-1810-3), por el delito de abuso
de la función pública. En este contexto, mediante sentencia de 16 de diciembre de
2024, el Tribunal Superior de Antioquia condenó al actor por los hechos punibles
mencionados, la cual fue confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, en providencia de 1° de octubre de 2025 SP2069-2025 con
radicado 68604.

5. Estima que las decisiones vulneraron sus derechos fundamentales a la libertad y
al debido proceso.

Fundamentos del escrito de amparo

6. El tutelante indicó que el asunto tiene relevancia constitucional, puesto que las
sentencias atacadas aplicaron inadecuadamente una norma del bloque de
constitucionalidad, en particular, la Convención de las Naciones Unidas (sic) contra
la Corrupción aprobada mediante Ley 412 de 1974 (sic)3. Echó de menos que no se
haya aplicado este tratado.

7. Resaltó que, dentro del proceso penal que siguió en su contra y que llevó a su
condena, la Fiscalía General de la Nación solicitó que se concediera “algún
subrogado penal de la condena de ejecución condicional de la sentencia puesto que
no se probó ni se propuso que su conducta estuviere relacionada con un acto de
corrupción, razón por la cual se solicitó, no solo se concediera algún subrogado
penal sino también la atipicidad de la conducta, peticiones que no fueron atendidas
en las sentencias emitidas por las instituciones contra las cuales se interpone la
presente acción de tutela”4. Agregó:

“(…) pero es precisamente ahí donde radica mi inconformidad pues si se lee el
texto de la Convención se dice que uno de los fines de esa Convención es la de
combatir la corrupción, entre otros, se debe admitir que esos delitos
enumerados en nuestro código de las penas, son delitos que se deben cometer
con el ánimo de recibir un provecho ilícito para el autor o para un tercero y tal
como lo dijo la señora fiscal en la audiencia aludida, no se comprobó ese
beneficio económico para mí o para un tercero.

Ahora bien, si en gracia de discusión admite que ese no es un requisito esencial
para que se tipifique la conducta de abuso de la función pública, sí considero
que al menos se me debía conceder el beneficio de la suspensión condicional
de la ejecución de la pena (artículo 63 del Código Penal), pues aunque la Ley
1709 de 2014 introdujo la prohibición de beneficios y subrogados penales para
los delitos contra la administración pública, en aras de la aplicación del bloque
de constitucionalidad y al no haberse probado corrupción en la ejecución del
hecho, premisa que se contempló en la redacción del endurecimiento contra los
actos de corrupción en contra de la administración pública no podría yo ser

3 La ley 412 de 1997 aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Ley 970 de

2005 aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
4 Folio 3 del escrito de amparo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02601-00
Accionante: Juan Carlos Ayora Hernández
Accionado: Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

objeto de esa sanción prohibitoria por concurrir en este caso todos los requisitos
del artículo 63 del C. P., sin embargo, a pesar de haberse solicitado, en ninguna
de las sentencias, la de primera instancia y la que resolvió la sentencia de
apelación de la misma se dijo algo al respecto, esta pues es otra de las razones
por las cuales se recurre en casación, pues la prohibición de conceder
subrogados se hizo como consecuencia de la adhesión a ese tratado de la lucha
contra la corrupción, aplicándole una sanción por algo que no cometió”5

8. El actor reprochó que las decisiones penales de condena no concedieron ningún
subrogado penal, a pesar de que, en su criterio no hubo corrupción, pero en ambas
instancias se decidió condenarlo por ese delito, cuando en las mismas sentencias
se repitió en varios apartes de estas, que el juez Juan Carlos actuó con ligereza,
negligencia, falta de cuidado, pero no con dolo, es decir, con la conciencia de estar
cometiendo un daño.

9. Sostuvo, por tanto que, la decisión cuestionada incurrió en los defectos fácticos
y error inducido, puesto que, “(…) como lo ha dicho la Corte Constitucional el error
inducido es una causal especifica de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales que ocurre cuando el juez toma una decisión contraria a derecho al ser
engañado por una de las partes, y este se configura en el hecho de que la señora
fiscal de extinción de dominio que actuó en la audiencia que dio origen a la
investigación de los hechos manifestó que ella rogó y me suplicó que no levantara
las medidas cautelares cuando yo lo hice de mutuo propio.”

10. Además indicó que las sentencias atacadas se hizo una aplicación indebida de
una norma del bloque de constitucionalidad por violación directa por exclusión de la
norma llamada a regular el caso como lo es la convención de las naciones (sic)
unidas contra la corrupción a la cual adhirió Colombia, Ley 412 de 1974 (sic), que
consagra como actos de corrupción la realización por parte de un funcionario
público, el abuso de funciones o del cargo con el fin de obtener un beneficio indebido
para sí mismo o para otra persona o entidad, articulo 19, capítulo tercero de dicha
convención. Concluyó:

“Solicito pues, ampararme mis derechos fundamentales al debido
proceso, a la libertad y los demás derechos que según el Decreto 2591 de
1991 estimen Uds, me han sido vulnerados con dichas sentencias con el fin de
romper la presunción de legalidad y acierto de las decisiones de primera y
segunda instancia y se resuelva, principalmente, de acuerdo con lo preceptuado
en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC),
aplicar en su integridad este tratado al cual adhirió Colombia, declarando la
atipicidad de la conducta por la cual se me investigó a por haberse demostrado
en el proceso que no hubo actos de corrupción de mi parte, tal como lo
manifestó la Fiscalía Delegada de la Nación y por ser este tratado parte del
bloque de constitucionalidad y por el haber vulnerado mis derechos a
fundamentar sus decisiones en la violación indirecta de la Ley por falso juicio
de existencia al suponer como indicios hechos supuestos e inexistentes que
llevaron a los falladores a una decisión errónea, indicios sobre los cuales se han
fundado las Sentencias recurridas, revocando íntegramente las sentencias, y
en consecuencia, ordenar al Tribunal Superior de Antioquia mi restitución en el
cargo de Juez Promiscuo Municipal de Necoclí, Antioquia, en un término no
superior a las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ejecución de su
sentencia, cargo el cual gané por concurso, y el cual ejercí por un término
superior a 24 años, y que dicho sea de paso nunca fui sancionado

5 Folio 5 del escrito de amparo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02601-00
Accionante: Juan Carlos Ayora Hernández
Accionado: Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

disciplinariamente siendo anualmente mi calificación en el desempeño del
mismo como buena y excelente.

Accesoriamente, en caso de que se desestimen los argumentos de la petición
anterior solicito que se pronuncien con respecto a la petición de la solicitud de
la concesión del subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena y sobre
la rebaja proporcional de la pérdida del ejercicio de mis derechos y funciones
públicas.”

Trámite del amparo

11. En providencia de 9 de abril de 2026, el magistrado sustanciador admitió la
demanda de tutela y vinculó, como partes accionadas y terceros con interés, a la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de Decisión
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, al Juzgado Promiscuo
Municipal de Necoclí (Antioquia), al Juzgado Primero (1) de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Apartadó, a la Fiscalía General de la Nación, a la Fiscalía
Diecisiete (17) Delegada ante el Tribunal de Medellín, a la Fiscalía Ochenta y Seis
(86) Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, a la
Procuraduría Delegada de Intervención para la Casación Penal, a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, al Hospital San Vicente
Fundación Rionegro, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del
proceso penal radicado núm. 11001-60-00-101-2022-50065-00/01.

12. Como se indicó más arriba la acción de tutela fue remitida al Consejo de Estado
por decisión de una magistrada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia.

13. Notificado el auto admisorio a todas las partes6 se recibieron las siguientes
intervenciones.

14. El Juzgado del Circuito de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad de
Apartado7 indicó que ejerce la vigilancia sobre la ejecución de la sentencia proferida
contra Juan Carlos Ayora Hernández, quien fue condenado a la pena principal de
dieciséis (16) meses de prisión como responsable del delito de abuso de función
pública. En relación con la pretensión accesoria dirigida a la concesión del
subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, precisó
que dicho despacho ya se pronunció sobre esa solicitud mediante decisión del 25
de febrero del año en curso, en la cual dispuso estarse a lo resuelto por la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia en la sentencia del 16 de
diciembre de 2024, providencia en la que se negó expresamente la concesión del
referido beneficio, previsto en el artículo 63 del Código Penal, modificado por el
artículo 29 de la Ley 1709 de 2014.

15. No obstante, en el fallo de primera instancia, se le concedió de manera
excepcional el sustituto de prisión domiciliaria en virtud de la enfermedad que
padece el sentenciado. Expresó que no existe lugar a un nuevo pronunciamiento
sobre dicho tópico, toda vez que se trata de un asunto ampliamente debatido y
resuelto en una sentencia ejecutoriada, la cual goza de la doble presunción de

6 Índice Samai 9
7 Índice Samai14

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02601-00
Accionante: Juan Carlos Ayora Hernández
Accionado: Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

acierto y legalidad en dos instancias. Por lo anterior, pidió su desvinculación del
trámite de tutela.

16. El magistrado ponente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia8 solicitó que se negara el amparo solicitado, pues esa Corporación no
ha vulnerado derecho fundamental alguno. Las decisiones atacadas se profirieron
dentro de plazos razonables y conforme al material probatorio contenido en el
expediente.

17. El Hospital San Vicente Fundación de la ciudad de Medellín9 intervino con
el fin de indicar que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues la tutela
“radica exclusivamente en asuntos de naturaleza laboral y en los cuales el Hospital
no tiene injerencia alguna al no ser parte de relación laboral que generó la presente
acción de tutela”10. De ahí que, solicitó la desvinculación del presente proceso.

18. El tutelante11 allegó al expediente piezas procesales de la actuación penal por
la cual fue posteriormente acusado y condenado por la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal.

CONSIDERACIONES
Competencia

19. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

Cuestión previa, decisión sobre la solicitud de desvinculación.

20. El Hospital San Vicente Fundación Rionegro solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional, al considerar que carece de legitimación en la causa
por pasiva. La Sala accederá a dicha petición, toda vez que la acción de tutela se
dirige a cuestionar las decisiones judiciales mediante las cuales se halló penalmente
responsable al actor por el delito de abuso de función pública, asunto que no
impacta, compromete ni guarda relación directa con las actuaciones o competencias
del referido hospital.

Determinación del problema jurídico

21. A juicio de esta Sala, de manera previa, deberá establecerse si la acción de
tutela satisface las causales generales de procedencia de tutela, al considerar que,
se trata de una acción de amparo contra una providencia de carácter penal proferida
en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
en su condición de juez de un aforado legal. En caso de verificar que la acción
constitucional es procedente, se fijará y resolverá el problema jurídico de fondo.

8 Índice Samai 16
9 Índice Samai 20
10Ibid.
11 Índice Samai 25

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02601-00
Accionante: Juan Carlos Ayora Hernández
Accionado: Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

22. Para resolver el primer problema, se reiterará el precedente sobre procedencia
de la acción de tutela contra decisiones de altas cortes.

Acción de tutela contra providencias judiciales proferidas por Altas Cortes

23. En precedente de unificación de la Corte Constitucional12 se ha señalado que,
una acción de tutela formulada contra una providencia proferida por una Alta Corte
debe cumplir una “carga argumentativa transversal”, elemento que se concreta en
un análisis más restrictivo y riguroso sobre el cumplimiento de los requisitos
generales y específicos de procedencia. Al respecto, la Corte ha señalado que, en
estos eventos, debe acreditarse que se trata de “un caso definitivamente
incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido
desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se genera una anomalía de tal
entidad que es necesaria la intervención del juez constitucional”13. Por lo tanto:

“ (…) además de cumplir con los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela y con los especiales de procedibilidad contra providencias
judiciales, el accionante debe acreditar una irregularidad que contraríe
abiertamente los mandatos constitucionales, de tal manera que amerite la
intervención urgente del juez de tutela”

24. Además de una carga argumentativa especialmente exigente que, evidencie
una contradicción objetiva entre preceptos constitucionales y la decisión judicial, el
tutelante debe satisfacer los requisitos de 1) legitimación por activa y por pasiva, 2)
relevancia constitucional, 3) subsidiariedad, 4) inmediatez, 5) irregularidad procesal
decisiva, 6) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, y 7)
que no se ataquen sentencias de tutela14.

25. En relación con el requisito de relevancia constitucional, las SU-033 de 201815,
SU-128 de 202116 y la SU-215 de 202217 han indicado que la acción de tutela es
improcedente cuando es utilizada para cuestionar providencias judiciales con base
en argumentos de índole legal que ya fueron estudiados y resueltos dentro del
proceso judicial ordinario y es utilizada como una tercera instancia para reabrir
debates probatorios ya precluidos18. Se indica que “este enfoque impide que el
mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una
instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” y que la tutela se use para
mostrar razones de “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”.

26. La SU-128 de 2021 precisó que, no es suficiente con que la parte actora alegue
la violación del derecho fundamental al debido proceso para entender acreditado el

12 Cfr. SU-128 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), T-495 de 2024 (Juan Carlos Cortes
González), -917 de 2010, SU-050 de 2017, SU-573 de 2017 (M.P. Antonio José Lizarazo), SU-050
de 2018 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), y SU-167 de 2024 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas)
13 Cfr. SU-209 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger)
14 Conceptos ampliamente explicados por la Corte Constitucional en sentencias C-590 de 2005 entre

otras.
15 M.P. Alberto Rojas Ríos.
16 M.P. Cristina Pardo Schlesinger
17 M.P. Natalia Ángel Cabo
18 SU-128 de 2021.

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Accionado: Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

requisito general de procedencia de relevancia constitucional. A título de ejemplo se
ha indicado que, un asunto carece de relevancia constitucional cuando: “la discusión
se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por
ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que
de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales”.

27. Las providencias de unificación citadas han indicado que el juez de tutela debe
declarar improcedente la acción cuando: (i) no tienen el alcance para desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que no se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.

Análisis del caso concreto

28. Con base en lo anterior, se examinará si la acción de tutela de la referencia
satisface los requisitos de procedencia formal. La Sala declarará improcedente el
amparo pues, el escrito no satisface las causales genéricas de procedencia,
concretamente, utiliza la acción constitucional como una tercera instancia dirigida a
que el juez constitucional reemplace al juez penal y absuelva al tutelante de la
acusación que fue realizada por el ente fiscal. En el mismo sentido, la petición de
amparo busca que el juez constitucional desplace al juez penal y al de ejecución de
penas, quienes son los únicos llamados a definir la concesión de subrogados
penales.

29. La jurisprudencia constitucional señala que, en caso de una acción de amparo
contra una providencia proferida por una Corte de cierre, como es el caso de la
Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Penal, exige que el tutelante,
en su petición, presente un cargo de constitucionalidad que muestre una
arbitrariedad protuberante y transversal de la decisión censurada. Quiere decir esto
que se trata de una carga argumentativa superior a la que se exige cuando se ataca
en tutela una decisión proferida por una autoridad judicial que no cuenta con
funciones unificadoras.

30. En el caso concreto, esta Sala estima que el actor utiliza la acción de tutela
como una instancia adicional, para que el juez constitucional reemplace al juez
penal y profiera una decisión absolutoria o de manera subsidiaria conceda un
subrogado penal. En el mismo sentido, el escrito de amparo no muestra que la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en la decisión cuestionada, haya
incurrido en una arbitrariedad protuberante que haga procedente el amparo,
finalmente, las razones que presenta el actor son de índole estrictamente legal que
se refiere a la manera en la que debe interpretarse el elemento subjetivo del tipo
penal de abuso de autoridad en su caso concreto, es decir, no se relaciona
directamente con la aplicación concreta y directa de una norma constitucional, sino
con la hermenéutica propia del Código Penal, y las normas penitenciarias y
carcelarias.

31. Los defectos mencionados en el escrito, concretamente el de aplicación
indebida de normas constitucionales, fáctico y error inducido, tampoco satisfacen el

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Accionante: Juan Carlos Ayora Hernández
Accionado: Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

requisito de relevancia constitucional, toda vez que, además de que se realizaron
aseveraciones superficiales y sin mostrar de manera concreta qué normas
constitucionales fueron ignoradas o en qué consistió el supuesto error inducido, o la
prueba que no fue valorada adecuadamente, el tutelante se limitó a mostrar su
discrepancia de criterio con un fallo que fue adverso, empero no logra argumentar,
bajo los referidos defectos que, en realidad la providencia incurra en yerros que
afecten su validez. A juicio de esta Sala, bajo los tres defectos específicos
mencionados por el tutelante, solo se busca reabrir un proceso penal que surtió las
etapas procesales correspondientes.

32. Por lo anterior, se declarará improcedente el amparo formulado por carecer de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DESVINCULAR del presente trámite constitucional al Hospital San
Vicente Fundación Rionegro, por carecer de legitimación en la causa por pasiva, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE por los motivos indicados en la parte
motiva de la providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

CUARTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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