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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02610-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02610-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de mayo de 2026 dictada por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Yeferson Romaña Tello. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Yeferson Romaña Tello Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otros Radicado: 11001-03-15-000-2026-02610-01 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02610-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02610-01
Accionante: YEFERSON ROMAÑA TELLO
Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A Y OTROS

Tema: Subsidiariedad – incidente de nulidad por indebida integración
del contradictorio

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el actor y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura contra la sentencia de primera instancia proferida el 4 de mayo de
2026 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Lo anterior,
de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como con el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de
Estado.

Por auto del 10 de abril de 20262, dicha autoridad judicial admitió la acción
constitucional y, mediante la providencia del 17 de febrero de 2026 concedió la
impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Yeferson Romaña Tello3, en nombre propio, presentó acción de
tutela en contra de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado y la

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó como

autoridades accionadas al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A su vez,
se vinculó en calidad de terceros con interés a la Rama judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva de
Administración Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Chocó, a la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, al Tribunal Administrativo del Chocó y a
quienes conformaron la parte demandante en el proceso de reparación directa
identificado con radicado 27001-33-33-001-2016-00345-00/01.
3 Quien manifestó ser el titular del despacho del Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Yeferson Romaña Tello
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02610-01

Sección Tercera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante, ICBF), con el fin de
que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y «los principios de igual
raigambre, tales como, seguridad jurídica, cosa juzgada, doble instancia, non bis
in ídem, congruencia de los fallos judiciales, independencia y autonomía judicial,
respeto por las decisiones del juez natural, presunción de inocencia del fallador,
precedente horizontal en materia de error jurisdiccional (doctrina probable),
inmutabilidad de las sentencias judiciales ejecutoriadas».

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de la omisión por parte de las autoridades judiciales accionadas en
vincularlo, en su calidad de juez primero administrativo de Quibdó, al proceso de
reparación directa4 que adelantó el ICBF contra la Nación, Rama Judicial.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: AMPARAR mis derechos constitucionales, fundamentales y
convencionales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial
efectiva, y los principios de igual raigambre, tales como, seguridad jurídica, cosa
juzgada, doble instancia, non bis in ídem, congruencia de los fallos judiciales,
independencia y autonomía judicial, respeto por las decisiones del juez natural,
presunción de inocencia del fallador, precedente horizontal en materia de error
jurisdiccional (doctrina probable), inmutabilidad de las sentencias judiciales
ejecutoriadas.

SEGUNDO: En ese orden solicito dejar sin valor y efectos jurídicos todas las
actuaciones surtidas en el proceso 25000233600020200013401 (71471), y en su lugar
ordenar que se integre en debida forma el contradictorio, brindando la oportunidad
debida a los demandantes, a su apoderado y a “los servidores públicos que
intervinieron en el proceso de reparación directa con radicado 2016-00345-01”, para
que podamos ejercer nuestro derecho fundamental a la defensa, a escoger un
abogado, a ser oídos, a presentar pruebas y a controvertir las allegadas al referido
expediente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 constitucional, 8 y 25 de la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la sentencia T-515/25. En esa
misma línea, solicito, ordenar la suspensión inmediata del trámite del proceso ejecutivo
que ha presentado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, dentro del
expediente No. 25000233600020200013400, visible a índice electrónico No. 47, por
ser igualmente violatorio del debido proceso y de las garantías constitucionales,
legales y convencionales deprecadas al interior de este proceso.

TERCERO: Declarar que a la luz de la sentencia T-147/20, del Auto 355 del 5 de
octubre de 2020, proferidos por la Corte Constitucional, y del auto del 06 de mayo de
2021, proferido por el Consejo de Estado, no se puede deducir que las sentencias del
04 de diciembre de 2017 y 12 de marzo de 2018, eran “abiertamente irregulares” o
manifiestamente contrarias a la ley, dado que, los jueces de instancia, si podían
decretar pruebas de oficio, y aplicar la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2014, Exp. 66001233100020010073101(26251), como en efecto ocurrió, contrario a lo
afirmado por el Consejo de Estado en la sentencia del 07 de noviembre de 2025, dentro
del radicado No. 25000233600020200013401 (71471).

CUARTO: Igualmente, solicito ordenar al Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera Subsección A, para que dentro del expediente No.

4 Proceso identificado con el radicado 25000-23-36-000-2020-00134-00/01.

2
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Accionante: Yeferson Romaña Tello
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A y otros
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25000233600020200013401 (71471) expida una nueva sentencia, teniendo en cuenta
en garantía del debido proceso únicamente las pruebas decretadas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (juez de primera instancia), según providencia del 26
de julio de 2023, visible a índice electrónico No. 019 del expediente SAMAI, a efectos
de dar respuesta a la fijación del litigio, dado que, la referida providencia indicó “que la
controversia gravita en torno al error judicial en que incurrieron el Juzgado Primero
Administrativo de Quibdó y el Tribunal Administrativo de Chocó, por indebida
valoración probatoria dentro del medio de control de reparación directa
27001333300120160034500, que finalizó con sentencia condenatoria de primera
instancia del 4 de diciembre de 2017 y confirmatoria en segunda instancia de 12 de
marzo de 2018”, de tal manera que, con dicho estudio se excluya del análisis de la
Sala que ha de resolver el caso concreto, las actuaciones que se surtieron con
posterioridad a la expedición de la sentencia de reemplazo No. 90 del 26 de abril de
2021, proferida dentro del proceso No. 2016-00345-00, dado que, el referido material
probatorio no fue incorporado en debida y legal forma al expediente
25000233600020200013401 (71471), lo que impedía que el Consejo de Estado, al
expedir la sentencia cuestionada, se pronunciara sobre la validez, legalidad o
ilegalidad de esas pruebas.

QUINTO: De igual manera, solicito a su honorable Despacho, dejar sin valor y efectos
jurídicos la sentencia de 07 de noviembre de 2025, y en su lugar, ordenar al juez de la
reparación directa No. 25000233600020200013401 (71471), hacer un nuevo estudio
en relación a las sentencias del 4 de diciembre de 2017, 12 de marzo de 2018, teniendo
en cuenta que según la jurisprudencia del Consejo de Estado “cuando el daño alegado
proviene de un error judicial el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir
del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el aludido
yerro”.

SEXTO: Establecer que, las consideraciones del Consejo de Estado, en la sentencia
del 07 de noviembre de 2025, en relación a su desacuerdo con la manera como “los
servidores públicos que intervinieron en el proceso de reparación directa con radicado
2016-00345-01”, fallaron las sentencias del 4 de diciembre de 2017, y 12 de marzo de
2018, sin que se determinara el dolo o la culpa de los agentes judiciales, “constituyen
persecuciones violatorias de los principios de independencia de la jurisdicción y la
autonomía del juez, además de propiciar gastos al funcionario e indebida perturbación
de su tranquilidad, necesaria esta para el ponderado y eficaz ejercicio de la función
judicial”, tal como en providencia reciente lo advirtió la Corte Suprema de Justicia.

SÉPTIMO: Dejar sin valor y efectos jurídicos la sentencia del 07 de noviembre de 2025,
expedida por el Consejo de Estado dentro del medio de control de reparación directa
No. 25000233600020200013401 (71471), por ser violatoria de las garanticas judiciales
enunciadas en precedencia, esto es, debido proceso, acceso a la administración de
justicia, tutela judicial efectiva, y los principios de igual raigambre, tales como,
seguridad jurídica, cosa juzgada, doble instancia, non bis in ídem, congruencia de los
fallos judiciales, independencia y autonomía judicial, respeto por las decisiones del
juez natural, presunción de inocencia del fallador, precedente horizontal en materia de
error jurisdiccional (doctrina probable), inmutabilidad de las sentencias judiciales
ejecutoriadas, en tanto, haber condenado a la Rama Judicial para que realice una
devolución o reintegro al ICBF en suma equivalente a TRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS ($3.496’362.785) constituye un enriquecimiento sin
causa, y un detrimento a las finanzas públicas que violenta el principio general del
derecho del non bis in ídem, si se tiene en cuenta que esa especifica orden ya se
estableció en favor del ICBF, en el proceso 2700133330012016003450000, según se
observa a índice electrónico No. 25 del expediente SAMAI, por valor de
SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, $718’575.934, según liquidación que
realizó esa misma entidad, la cual fue aprobada en su momento por el juez natural y
se encuentra en firme y/o ejecutoriada.

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OCTAVO: Finalmente, solicito a la Sala que ha de resolver esta acción de amparo,
analizar este asunto de manera flexible, dando prevalencia al derecho sustancial sobre
el procesal, sea decir, en clave de “deducir, sin elucubraciones, cuál es el defecto que
la parte actora reprocha de la providencia” ello, de conformidad a la jurisprudencia del
Consejo de Estado.

1.2. Hechos

4. El 29 de junio de 2016, el Juzgado Primero Penal para Adolescentes con
Funciones de Control de Garantías de Quibdó impuso medida de internamiento
preventiva al menor Juan Andrés Palacio Asprilla y, en virtud de ello, lo dejó en
disposición del Centro Transitorio para Adolescentes del ICBF con sede en tal
municipio. Ese mismo día, el cuerpo del menor fue hallado sin vida y, con
posterioridad, se dictaminó que se trató de un homicidio por ahogamiento.

5. En consecuencia, 86 personas promovieron el medio de control de
reparación directa contra el ICBF, con el fin de que se le declarara administrativa
y patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la muerte del
menor. Este proceso se identificó con el radicado 27001-33-33-001-2016-00345-
00/01.

6. Mediante fallo del 4 de diciembre de 2017, el Juzgado Primero
Administrativo Oral de Quibdó accedió a las pretensiones de la demanda y
ordenó la indemnización por daño moral a favor de 54 de los accionantes, entre
quienes se encontraban los padres del menor, su «compañera permanente» y
algunos primos, tíos y amigos de la víctima directa. A su vez, la suma reconocida
a favor de la parte actora superó los topes establecidos por el Consejo de Estado
sobre la materia.

7. Como sustento de su decisión, la autoridad judicial argumentó que se
encontraba acreditada la responsabilidad del ICBF a título de falla del servicio, al
no brindar una pronta, eficaz y adecuada protección a la víctima, quien se
encontraba bajo su cuidado y, a su vez, en consideración a que la muerte fue
violenta y no accidental. Aunado a ello, concluyó que el ICBF incumplió con sus
obligaciones del orden nacional y convencional relacionadas con la protección
del menor y la garantía de sus derechos contra toda forma de violencia o maltrato.

8. Inconforme, el ICBF interpuso recurso de apelación, el cual se limitó a
reprochar la indebida valoración de las pruebas testimoniales, pues, adujo que
se estableció erróneamente que la institución no había propuesto la tacha de
falsedad de unos testimonios.

9. Por medio de fallo del 12 de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo del
Chocó confirmó integralmente la providencia de primera instancia. Como
fundamento de ello, consideró que no se encontraba algún «error protuberante»
en lo decidido en primera instancia con respecto a la valoración de las pruebas
pues, a pesar de que se consideró erróneamente que no se habían tachado de

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falso los testimonios, el juzgado estudió las pruebas en su integridad y les otorgó
un valor según su criterio.

10. Posteriormente, el ICBF interpuso acción de tutela contra el Juzgado
Primero Administrativo Oral de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó, al
considerar que sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia fueron vulnerados con ocasión de las sentencias proferidas en el
proceso de reparación directa referenciado con antelación. En concreto,
consideró que se incurrió en defecto fáctico por inadecuada valoración
probatoria, al fundamentar condenas a favor de las personas reconocidas dentro
del tercer, cuarto y quinto nivel de afectación, dado que la decisión se habría
sustentado en testimonios contradictorios. A su vez, alegó el desconocimiento de
la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

11. En fallo del 12 de febrero de 2019, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado negó lo pretendido mediante el mecanismo de amparo, al considerar que
los defectos alegados no se configuraron. El ICBF impugnó la decisión y, a través
de sentencia del 28 de marzo de 2019, la Sección Quinta de esta Corporación
modificó lo dictado en primera instancia y declaró la improcedencia de la acción
en lo relacionado con el desconocimiento del precedente. Esto, al considerar que
en el caso en concreto procedía el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia. A su vez, confirmó la negativa con respecto al defecto fáctico
formulado.

12. La Corte Constitucional seleccionó el asunto para revisión y, por medio de
la sentencia T-147 del 21 de mayo de 2020 dejó sin efectos los fallos dictados en
el proceso de reparación directa y ordenó al Juzgado Primero Administrativo Oral
de Quibdó que profiriera una sentencia de reemplazo en la que, además de
atender a lo considerado por el Alto Tribunal, tuviera en cuenta el pago realizado
por el ICBF y, así, tomar las medidas respectivas para determinar las
compensaciones y descuentos a que hubiera lugar. A su vez, compulsó copias
de la tutela, sus anexos y de dicha decisión al Consejo Superior de la Judicatura
y a la Fiscalía General de la Nación para que adelantaran las acciones que
estimaran pertinentes en el marco de sus competencias.

13. Como fundamento de su decisión, el Alto Tribunal concluyó que se
configuró un defecto fáctico por indebida valoración probatoria en el
reconocimiento y tasación de los perjuicios morales. Lo anterior, en la medida en
que las autoridades accionadas dieron pleno valor probatorio a los testimonios
rendidos en el proceso, los cuales fundamentaron tales decisiones, sin tomar en
consideración que aquellos fueron cuestionados desde la etapa de alegatos de
conclusión.

14. En dicha medida, sostuvo que las pruebas no fueron apreciadas en
conjunto, de conformidad con las reglas de la sana crítica, puesto que los

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testimonios no acreditaron los elementos por los cuales se reconoció la calidad
de compañera permanente de una de las demandantes y la razón por la que la
madre de esta última fue reconocida dentro del primer grado de relación afectiva
de la víctima directa, teniendo en cuenta que no se encontraba en ningún grado
de consanguinidad o de afinidad cobijado en este nivel. Aunado a ello, concluyó
que no se efectuó un análisis individual sobre las personas que se encontraban
en los niveles 3, 4 y 5 de consanguinidad y afinidad con el fin de verificar la
afectación de mayor intensidad y gravedad del perjuicio.

15. En virtud de lo anterior, el 19 de enero de 2021, el juzgado decretó, de
oficio, varios interrogatorios de los demandantes y un dictamen pericial.
Posteriormente, mediante fallo del 26 de abril de 2021, dicha autoridad judicial
condenó al ICBF al pago de la indemnización a favor de 54 personas por
concepto de daños inmateriales en la modalidad de daño moral, entre quienes se
encontraban la madre, el padre, el padre de crianza, la «compañera
permanente», la «suegra», hermanos, tíos, sobrinos, primos y amigos de la
víctima directa.

16. La autoridad judicial consideró que los alegatos de conclusión del ICBF no
desvirtuaron los hechos probados en relación con el daño causado a los
demandantes. A su vez, concluyó que los rubros superaban los topes fijados por
el precedente aplicable, dado que la víctima directa era un menor de edad y
sujeto de especial protección constitucional, quien murió por ahogamiento en las
instalaciones de la entidad. También sostuvo que su extenso núcleo familiar
pertenecía a una comunidad «del pacífico colombiano y/o afrochocoano, fundada
en la solidaridad (común unidad), en la que sus miembros entre sí se
demostraban grandes muestras de cariño y afecto», motivo por el cual era
necesario aplicar un enfoque diferencial al asunto.

17. Dicha decisión fue apelada y, mediante sentencia del 25 de febrero de
2022, el Tribunal Administrativo del Chocó la modificó parcialmente en lo
relacionado con las indemnizaciones reconocidas y, de tal forma, excluyó a la
compañera permanente y a la madre de esta última, como consecuencia del
desistimiento de las respectivas pretensiones.

18. A raíz de tales decisiones, el ICBF presentó demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa5 contra la Nación, Rama Judicial, al
considerar que tanto las sentencias de primera y segunda instancia, como la de
reemplazo, dictadas en el proceso tramitado por la muerte del menor, incurrieron
en error judicial. Lo anterior, al considerar que se configuró una indebida
valoración probatoria y desconocimiento del precedente relacionado con la
calificación del perjuicio moral y los topes indemnizatorios a favor de los
demandantes. Aunado a ello, el ICBF consideró que se omitió lo ordenado en la
sentencia T-147 de 2020 por la Corte Constitucional en relación con la

5 Proceso que se identificó con el radicado 5000-23-36-000-2020-00134-00/01.

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compensación del pago que ya había asumido por la condena impuesta, la cual
consideró injusta.

19. El 9 de enero de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C admitió la demanda y ordenó su notificación a la
Nación, Rama Judicial y al Ministerio Público.

20. Mediante sentencia del 27 de septiembre de 2023, el Tribunal negó las
pretensiones del medio de control, al estimar, en primer lugar, que las
providencias dictadas el 4 de diciembre de 2017 y el 12 de julio de 2018 fueron
dejadas sin efectos por la Corte Constitucional y que, por tanto, no se podía
calificar un error judicial a partir de tales decisiones. Asimismo, indicó que la
decisión de reemplazo dictada mantuvo la condena contra el ICBF y, en relación
con la compensación ordenada por la Corte, restó las costas procesales. Con
respecto al fondo del asunto, argumentó que se apreciaba un mayor análisis
probatorio de las pruebas testimoniales que acreditaban el daño moral a favor de
las 54 personas, además de la justificación del reconocimiento indemnizatorio
con respecto a cada uno de los niveles de parentesco y afinidad previstos por el
Consejo de Estado y, así, del aumento de los topes señalados.

21. Inconforme, el ICBF promovió recurso de apelación. De tal forma, por
medio de fallo del 7 de noviembre de 2025, la Sección Tercera del Consejo de
Estado revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró administrativa
y patrimonialmente responsable a la Nación, Rama Judicial por la falla del servicio
en la que incurrió al imponer la condena patrimonial al ICBF por la muerte del
menor. En virtud de lo anterior, condenó a la demandada a pagar a favor del
ICBF, por daño emergente, la totalidad del capital adeudado y actualizado a la
fecha, esto es, a la suma de $3.496’362.785.

22. De igual forma, exhortó a la Nación, Rama Judicial para que estudiara la
viabilidad de promover un proceso de repetición contra los servidores públicos
que intervinieron en el proceso de reparación directa con radicado 2016-00345-
01. Finalmente, compulsó copias de la sentencia a la Fiscalía General de la
Nación y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que, en ejercicio de
sus competencias, determinaran si se incurrió en responsabilidad penal y
disciplinaria con ocasión de los hechos estudiados.

23. Como sustento de la decisión sostuvo que las providencias en las que se
impuso la condena al ICBF «fueron dictadas con extrema deficiencia probatoria,
legal y jurisprudencial».

24. Con respecto al fallo dictado por el Juzgado Primero Administrativo Oral
de Quibdó el 4 de diciembre de 2017, afirmó que no se analizó detalladamente
la situación de cada uno de los demandantes y la forma en la que se verificó el
cumplimiento de los requisitos jurisprudenciales exigidos. En tal sentido,
consideró que la autoridad judicial se limitó a relacionar sus nombres, a cuyos

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testimonios les dio pleno valor «por su espontaneidad y por no haber sido
cuestionados», sin efectuar un juicio de valor ponderado y completo del medio
probatorio. En tal sentido, aseguró que no era posible deducir la forma en la que
habría llegado a las conclusiones adoptadas en el fallo. A su vez, advirtió que no
se tomó en consideración de forma mínima ni hubo un pronunciamiento de fondo
sobre los cuestionamientos que el ICBF elevó con respecto a tales testimonios,
a pesar de las inconsistencias que habría identificado.

25. Del mismo modo, concluyó que el Juzgado no atendió a los parámetros
sobre la tasación del daño moral en casos de muerte y los topes indemnizatorios,
puesto que no verificó las circunstancias de intensidad y gravedad del daño moral
ni motivó la cuantía de manera proporcional a la intensidad del daño.

26. Finalmente, en relación con el Tribunal Administrativo del Chocó, aseguró
que pasó por alto lo expuesto con antelación, pues tomó una decisión en la que
estuvo conforme con el fallo carente de análisis probatorio dictado en primera
instancia.

1.3. Sustento de la vulneración

27. El señor Romaña Tello afirmó que actuaba en su calidad de titular del
Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó y consideró que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en defecto procedimental absoluto, en la
medida en que no lo vincularon en calidad de integrante de la parte pasiva o
tercero con interés al proceso de reparación directa con radicado 5000-23-36-
000-2020-00134-00/01, pues este se tramitó únicamente contra la Nación, Rama
Judicial.

28. De tal forma, argumentó que se desconocieron las reglas sobre integración
del contradictorio y litisconsorcio necesario y, como consecuencia de ello, se
vulneraron sus derechos de defensa y contradicción, tomando en consideración
que la sentencia del 7 de noviembre de 2025 ordena tanto una compulsa de
copias, como una condena patrimonial susceptible de afectar sus intereses
jurídicos y personales.

29. Aunado a lo anterior, puso de presente que la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado actuó como una instancia adicional del primer
proceso de reparación directa que se adelantó contra el ICBF, con lo que
desconoció los principios de autonomía e independencia judicial. En tal sentido,
sostuvo que esta autoridad judicial valoró pruebas que se incorporaron por fuera
de la etapa procesal correspondiente y, con fundamento en ello, condenó a la
Rama Judicial.

30. A su vez, señaló que la autoridad judicial accionada fundamentó su
decisión, entre otras, en pruebas que fueron incorporadas al proceso de manera
irregular. A su juicio, las «pruebas sobrevinientes que surgieron con posterioridad

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a la expedición de la sentencia de reemplazo No. 90 del 26 de abril de 2021» no
podían ser valoradas dado que «dichos documentos no fueron incorporados al
proceso (…) de allí que su valoración resultaba inocua y violatoria del orden
constitucional y legal».

31. En dicha medida, citó textualmente el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011
y sostuvo que, con fundamento en tal norma, las pruebas aportadas en la etapa
de alegaciones y juzgamiento «resultaban espurias y extemporáneas». De
conformidad con ello, aseguró que «al Consejo de Estado le estaba vedado
referirse en la sentencia de 07 de noviembre de 2025, al monto de la condena
que se estableció en la sentencia de reemplazo proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó» o al desistimiento de las pretensiones de la demanda
que formularon los demandantes.

32. Finalmente, aseguró que no se acreditó el dolo o la culpa grave de los
servidores judiciales que profirieron las decisiones cuestionadas por el ICBF y, a
pesar de ello, se declaró la responsabilidad patrimonial de la Rama Judicial bajo
el título de falla del servicio. Por tanto, indicó que se desconoció el artículo 90 de
la Constitución, la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia del Consejo de Estado
sobre responsabilidad subjetiva de agentes estatales, dado que se atribuyó
responsabilidad a la Rama Judicial únicamente porque las providencias iniciales
fueron posteriormente infirmadas por la Corte Constitucional.

1.4. Intervenciones

33. La Sección Tercera, Subsección C del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó que se declare la improcedencia de la acción por falta de
legitimación en la causa por activa, en la medida en que el señor Yeferson
Romaña Tello no fue identificado como demandado en el medio de control en el
que se dictó la decisión cuestionada. A su vez, tampoco se identificó que el actor
hubiera solicitado ser vinculado.

34. La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado también
pidió que se declare la improcedencia de la acción por falta de legitimación en la
causa por activa, puesto que el tutelante no fue parte del proceso ordinario y que,
en todo caso, tampoco se dictó una decisión en su contra ni se impuso alguna
condena, sanción u orden concreta.

35. El ICBF señaló que la acción es improcedente, puesto que no estuvo
sustentada en ninguno de los requisitos especiales de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales. De igual forma, expuso que la vinculación como
llamado en garantía del actor era facultativa de la parte demandada, por lo cual
no se podría configurar una irregularidad procesal.

36. El Tribunal Administrativo del Chocó identificó las actuaciones surtidas
en el proceso de reparación directa que se adelantó contra el ICBF y aseguró

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que no se vulneraron los derechos fundamentales de las partes pues, por el
contrario, se respetaron sus garantías procesales.

37. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial manifestó que
coadyuvaba la acción de tutela con el objeto de que se dejara sin efectos la
sentencia del 7 de noviembre de 2025, pues, a su juicio, se vulneró la legislación
vigente al incorporar pruebas sobrevinientes por el ICBF y, de tal forma, se
generó un perjuicio patrimonial a la Rama Judicial. Aunado a ello, informó que en
el asunto se encontraba en estudio la interposición de un recurso extraordinario
de revisión.

38. El señor Emilio Salas manifestó que coadyuvaba en su integridad la
solicitud de tutela en atención a que conformó la parte actora del proceso de
reparación directa que se adelantó contra el ICBF y afirmó que la sentencia del 7
de noviembre de 2025 vulneró los derechos fundamentales ante la condena
impuesta a la Rama Judicial.

1.5. Sentencia de primera instancia

39. Mediante fallo del 4 de mayo de 2026, la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el
requisito de subsidiariedad. A su vez, tuvo como coadyuvantes a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y al señor Emilio Salas.

40. Frente a tal requisito, aseguró que la actora contaba con el incidente de
nulidad por la causal definida en el numeral 8 del artículo 133 del Código General
del Proceso, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 134 de dicha
normatividad. Lo anterior, con el fin de que el actor alegue la falta de notificación
y de vinculación al proceso de reparación directa con radicado 2020-00134-
00/01.

41. En el mismo sentido, agregó que no se expusieron argumentos que
justificaran la configuración de un perjuicio irremediable o que permitan
comprender la imposibilidad de ejercer las herramientas procesales respectivas,
motivo por el cual no era posible flexibilizar la procedibilidad de la acción.

1.6. Impugnaciones

42. El señor Yeferson Romaña Tello sostuvo que en la sentencia T-147 de
2020 la Corte Constitucional estableció que, a pesar de que el ICBF estuvo
formalmente vinculado al proceso de reparación directa y pudo ejercer su
derecho de defensa, era necesario flexibilizar en ese proceso el requisito de
subsidiariedad, con fundamento en el riesgo que implicaba la controversia para
los recursos públicos. En dicho sentido, alegó que era un «contrasentido jurídico»
que en el presente proceso no se flexibilizara dicho requisito, aun cuando su
situación financiera «es infinitamente más gravosa» e implicaba una afectación a

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su mínimo vital.

43. A su vez, afirmó que el incidente de nulidad es una herramienta ineficaz e
inadecuada, pues la sentencia ya se encuentra ejecutoriada y, por tanto, está
surtiendo efectos, mientras que dicho mecanismo no cuenta con la virtualidad de
suspender la decisión. De igual forma, indicó que «un simple incidente procesal
ordinario no está diseñado para reparar la vulneración sistemática de un derecho
fundamental», puesto que se trata de un mecanismo que carece de términos
perentorios y que «se tramita ante despachos colapsados por la probada
congestión judicial».

44. Por otra parte, aseguró que, a diferencia de lo considerado por el juez de
la primera instancia, en su caso el perjuicio irremediable está acreditado, puesto
que la sentencia del 7 de noviembre de 2025 ordenó de forma inmediata la
compulsa de copias penales y disciplinarias en su contra, motivo por el cual el
inicio de estas acciones no es un riesgo hipotético, sino real y cierto. Aunado a
ello, afirmó que en la sentencia cuestionada se «ordenó exhortar» a la Rama
Judicial para que iniciara una acción de repetición y los correspondientes cobros
ejecutivos en su contra por una cuantía que no está en la capacidad económica
de asumir.

45. Del mismo modo, expuso que, de conformidad con el artículo 285 del
Código General del Proceso, una sentencia no es revocable ni reformable por
parte del juez que la pronunció y, por tanto, ante la eventual formulación de un
incidente de nulidad «se genera una tensión normativa e institucional insalvable».
Esto, en la medida en que, desde la perspectiva del actor, «el juez ordinario
carece de la competencia funcional para retrotraer los efectos de su propia
sentencia una vez que está ha sido ejecutoriada».

46. En este orden de ideas, consideró necesaria la intervención del juez de
tutela, pues la sentencia cuestionada se fundamentó en «pruebas
constitucionalmente nulas», al haberse configurado la vulneración a su derecho
al debido proceso por indebida integración del contradictorio y, con ello, al ser
excluido del debate probatorio ordinario.

47. Asimismo, aseguró que las decisiones que dictó como juez primero
administrativo de Quibdó fueron proferidas de conformidad con la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014 del Consejo de Estado y que la intervención
de múltiples autoridades judiciales en el proceso, tanto en sede de reparación
directa como de tutela, acreditaba «con absoluta claridad que lo acaecido en este
debate jurídico fue una legítima y compleja divergencia de criterios
hermenéuticos». Por tanto, argumentó que, en la sentencia enjuiciada, la Sección
Tercera, Subsección A de esta Corporación hizo «prevalecer un criterio de
autoridad y jerarquía», sin demostrar algún error o dolo en su actuar.

48. A su vez, puso de presente que dicho fallo sentó un «precedente nefasto»,

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según el cual, en asuntos en los que una sentencia sea infirmada por un superior
jerárquico o en sede de revisión constitucional, proceden automáticamente tanto
una condena patrimonial contra la Rama Judicial, como acciones penales y
disciplinarias contra los jueces que dictaron tales decisiones. Bajo esta lógica,
explicó que tal postura vulnera los principios de autonomía e independencia
judicial.

49. Finalmente, afirmó que, con ello, se desconoció la sentencia del 27 de abril
de 2026 (radicado 27001-23-33-000-2016-00108-02) en el que el Consejo de
Estado estableció que la revocatoria o anulación de una decisión no configura en
sí misma un daño antijurídico indemnizable.

50. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en calidad de
coadyuvante, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y se
suspendan los trámites ejecutivos derivados de la sentencia del 7 de noviembre
de 2025.

51. De tal forma, argumentó que el asunto es relevante a nivel constitucional,
dado que trasciende una discusión meramente legal, pues, a su juicio, en la
sentencia cuestionada se incorporaron pruebas sobrevinientes y se desconoció
la fijación del litigio, con lo que se generó un perjuicio patrimonial cierto y actual
a la Rama Judicial. A su vez, aseguró que el fallo cuestionado compromete
principios superiores como la legalidad del gasto público y la protección del
patrimonio estatal al generar un impacto directo en el erario.

52. Por su parte, afirmó que el incidente de nulidad no es eficaz pues «su
trámite implica una demora judicial considerable que permitiría la ejecución de
actos derivados de la sentencia del 7 de noviembre de 2025» y, del mismo modo,
«pondría en riesgo la eficacia de cualquier eventual decisión de nulidad o
revisión».

53. Indicó que, contrario a lo considerado por el juez de primera instancia, en
el asunto se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable por las
siguientes razones: (i) el ICBF ya desembolsó una suma de dinero en
cumplimiento de las sentencias anuladas, lo que constituye un daño cierto y
actual; (ii) el proceso ejecutivo derivado del fallo del 7 de noviembre puede
iniciarse desde octubre del 2026, lo que evidencia la inminencia del daño; (iii) la
magnitud de la condena afecta directamente el patrimonio de la Nación, lo que
configura un daño de gravedad constitucional.

1.7. Manifestación de impedimento

54. El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, mediante escrito del 4 de
agosto de 2026, manifestó́ estar impedido para conocer de la acción
constitucional del asunto. Consideró que estaba inmerso en la causal 5.º del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal

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55. Al respecto, por auto de la misma fecha de la presente providencia, la Sala
declaró infundada la causal, pues no se encontró acreditado el supuesto de
hecho establecido en la norma.

II. CONSIDERACIONES

56. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Yeferson Romaña
Tello. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se supera el requisito
general de subsidiariedad.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

57. El Consejo de Estado6 y la Corte Constitucional7, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales8 y a la configuración de algún
defecto especial9 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

58. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del
asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

59. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.

María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de

2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
8 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto

decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
(vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
9 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o

sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y
(viii) violación directa de la Constitución.

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controvertirse estas (pasiva).

60. La Sala advierte que el señor Romaña Tello está legitimado en la causa
por activa, en la medida en que, si bien no hizo parte del medio de control objeto
de esta acción, sus argumentos se centran en alegar una indebida integración
del contradictorio en dicho proceso. Por tanto, su falta de notificación, vinculación
o comunicación de la existencia de dicho trámite es la que alega como la principal
causal de vulneración de sus derechos al debido proceso y de defensa.

61. En efecto, las razones presentadas están dirigidas a advertir que fue
precisamente esta omisión por parte de las autoridades judiciales accionadas la
que le impidió ser partícipe del medio de control y, de tal forma, alegar las
irregularidades que, a su juicio, tuvieron lugar en dicho trámite. En dicha medida,
la Sala considera que el actor está legitimado en la causa por activa para
promover el presente litigio constitucional.

62. A su vez, se evidencia que la Sección Tercera, Subsección A del Consejo
de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C están legitimados en la causa por pasiva al haber proferido las
providencias controvertidas en este proceso. Sin embargo, se advierte que el
estudio se centrará exclusivamente en el fallo de segunda instancia, debido a que
fue el que puso fin al trámite.

63. Por su parte, la Sala considera que el ICBF no está legitimado en la causa
por pasiva, puesto que contra esta entidad el actor no formuló ninguna pretensión
o argumento en específico ni identificó alguna acción u omisión que hubiera
producido alguna vulneración de sus derechos fundamentales. No obstante, dado
que conformó el extremo activo del proceso de reparación directa del cual se
deriva la transgresión de garantías constitucionales alegadas, se le tendrá como
tercero con interés.

64. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales10: i) como
mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo11 y eficaz12; y, ii) como mecanismo de protección
transitorio.

65. Para la Sala, este requisito no se advierte cumplido en la medida en que,
al igual que el juez de la primera instancia, se considera que el actor contó con
el incidente de nulidad para alegar la indebida integración del contradictorio que

10 Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2024.
11 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para producir el

efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de 2019.
12 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está diseñado

para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.

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sustenta la interposición del presente mecanismo constitucional.

66. Se destaca que en aquellos casos en los que se pretende controvertir la
omisión de integrar en debida forma el contradictorio, la Corte Constitucional13 ha
puesto de presente que la parte interesada cuenta con la posibilidad de promover
el incidente de nulidad, mediante el cual se puede invocar la configuración de la
causal establecida en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del
Proceso que establece lo siguiente:

ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte,
solamente en los siguientes casos:
(…)
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la
demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas
que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra
persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una
providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago,
el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la
actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado
en la forma establecida en este código.

67. Esta norma es aplicable al proceso de reparación directa, en virtud de la
remisión al Código General del Proceso que establece el artículo 208 de la Ley
1437 de 2011 que dispone que «serán causales de nulidad en todos los procesos
las señaladas en el Código de Procedimiento Civil y se tramitarán como
incidente». Aunado a lo anterior, el artículo 210 del CPACA establece la
posibilidad de promover el respectivo incidente de nulidad, incluso después de
haberse dictado sentencia de instancia. En efecto, tal disposición establece lo
siguiente: «el incidente deberá proponerse verbalmente o por escrito durante las
audiencias o una vez dictada la sentencia, según el caso, con base en todos
los motivos existentes al tiempo de su iniciación».

68. Por tanto, debido a que el litigio propuesto mediante este mecanismo
constitucional se fundamenta en una supuesta indebida integración del
contradictorio, la Sala considera que el actor contó con el incidente de nulidad
desde el momento en el que tuvo conocimiento de la existencia del medio de
control en el que considera que se configuró la causal aludida. En efecto, la Corte
Constitucional14 ha establecido que, en estos casos, el incidente de nulidad debe
promoverse «tan pronto como la persona afectada tenga “conocimiento” de la
existencia del proceso y advierta la nulidad». Al respecto, ha establecido el alto
tribunal que el deber procesal del interesado de alegar la nulidad por la indebida
integración del contradictorio tan pronto tiene conocimiento de ello, se deriva de
los principios de convalidación y lealtad procesal del régimen de nulidades.

13 Sentencia T-481 de 2024.
14 Sentencia T-481 de 2024.

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69. Ahora bien, la Sala no pasa por alto que, en su escrito de impugnación, el
actor indicó que era necesario que se flexibilizara el estudio de este requisito
dada la configuración del perjuicio irremediable derivada de: (i) la afectación a su
mínimo vital dada la cuantía de la condena; (ii) por la orden de compulsar copias
con el fin de que se adelanten investigaciones penales y disciplinarias en su
contra, lo que genera un riesgo real y actual, (iii) el exhorto a la Rama Judicial
para que iniciara una acción de repetición en su contra.

70. Sin embargo, ninguna de esas cuestiones permite constatar la
configuración de un perjuicio irremediable que torne procedente esta acción.
Todas las razones expuestas parten de supuestos eventuales e hipotéticos, en
tanto no hay prueba alguna de que a la fecha se haya iniciado proceso de
repetición en contra del actor y, en cualquier caso, sería en dicho escenario
procesal en el que el actor estaría llamado a defender sus intereses.

71. A su vez, si bien se ordenó compulsar copias de dicho fallo a la Fiscalía
General de la Nación y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con el fin de
determinar si se incurrió en responsabilidad penal y disciplinaria, lo cierto es que
dicha decisión, en sí misma, no implica perjuicio alguno que tenga el carácter de
actual, real y concreto. En efecto, si bien el accionante es titular del despacho
judicial que profirió una de las providencias de las cuales se derivó el error judicial
estudiado en el trámite de reparación directa, esta condición no configura alguna
amenaza o riesgo inminente a sus derechos fundamentales.

72. Lo anterior, pues, en primer lugar, no se acreditó que en la actualidad se
adelante alguna actuación penal o disciplinaria en su contra. En segundo lugar,
el simple hecho de que, en virtud de aquella orden, eventualmente se dé trámite
a algún proceso de esta naturaleza contra el tutelante, no significa
intrínsecamente una transgresión de garantías fundamentales. Ciertamente,
dicha situación implicaría simplemente el ejercicio del poder punitivo del Estado
en el marco de procedimientos en los que el señor Romaña Tello contaría con
los distintos mecanismos procesales y de defensa previstos por el ordenamiento.

73. En el mismo sentido, la Sala considera que de un eventual proceso de
repetición que se adelantara contra el funcionario judicial no es posible derivar
un perjuicio irremediable que posibilite la flexibilización del presente requisito de
subsidiariedad. En primera medida, porque este es un escenario meramente
hipotético del cual no es posible derivar algún riesgo o amenaza concreta o
inminente. Aunado a ello, ante un trámite de esta naturaleza el actor contaría con
los mecanismos previstos por las normas aplicables al caso para el ejercicio y la
garantía de sus derechos fundamentales, tales como la defensa y contradicción.

74. Por su parte, tampoco se pasa por alto que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial en el escrito de impugnación que allegó en su calidad de
coadyuvante, alegó la configuración de un perjuicio irremediable relacionado con

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el detrimento del erario y del patrimonio estatal como consecuencia del fallo
enjuiciado. Sin embargo, al respecto es pertinente advertir que esta situación no
guarda relación directa con el objeto del litigio, esto es, la presunta vulneración
de los derechos fundamentales del señor Romaña Tello como producto de la
decisión dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado. En dicha medida, del eventual impacto financiero que podría generar una
decisión de esta naturaleza para el Estado no se deriva una amenaza inminente
ni un perjuicio irremediable para las garantías constitucionales en tensión en el
presente litigio.

75. Al respecto, es necesario poner de presente que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial cuenta con los distintos mecanismos judiciales previstos
por el ordenamiento para la defensa del erario, el patrimonio público entre otras
garantías constitucionales que pueda eventualmente considerar transgredidas en
virtud de la providencia dictada por la autoridad judicial accionada.

76. Finalmente, si bien el actor formuló argumentos relacionados con las
consideraciones de la providencia, lo cierto es que el actor centró su
argumentación en la vulneración de sus garantías fundamentales ante la indebida
integración del contradictorio que alegó. Sin embargo, en gracia de discusión,
tales razones no cuentan con la entidad requerida para ser estudiadas por esta
Sala en su calidad de juez constitucional, puesto que no exponen ciertamente
una situación concreta que comprometa la transgresión o amenaza de los
derechos fundamentales del señor Romaña Tello. Lo anterior, dado que
corresponden a apreciaciones subjetivas en relación con la decisión adoptada en
el proceso de reparación directa, que no cuentan con la carga argumentativa
requerida por medio de la cual se exponga un litigio de naturaleza constitucional
y que implique la intervención del juez de tutela.

2.2. Conclusión

77. Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia del 4 de mayo de 2026
dictada por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado que
declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia por no superar el
requisito de subsidiariedad

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de mayo de 2026 dictada por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Yeferson Romaña
Tello.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con aclaración de voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
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18
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