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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02615-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02615-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 16 de julio de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la tutela frente a los cuestionamientos respecto del estudio de la caducidad, y DECLARAR IMPROCEDENTE lo que concierne a la condena en costas. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Juzgado 64 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02615-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02615-01
Accionantes: YOLANDA SANJUÁN ARÉVALO Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Tema: Caducidad del medio de control de reparación directa en casos
de desaparición forzada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 16 de julio de
2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto
1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como
el Acuerdo 080 de 20191,de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 14 de abril de 20262, el a quo admitió la acción constitucional y,
mediante la providencia del 5 de agosto de 2026 concedió la impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Yolanda Sanjuán Arévalo, Eduvina Sanjuán Arévalo, María Teresa
Sanjuán Arévalo, Giovanny Sanjuán Arévalo, y Carlos Sanjuán Arévalo, actuando
por conducto de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2 Al respecto, se notificó como accionado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Tercera, Subsección A. Asimismo, se dispuso notificar como terceros con interés a Mariela
Sanjuán Arévalo (quien también actuó en calidad de demandante en el proceso de reparación
directa); a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional (autoridad que actuó como
demandada en el proceso); al Juzgado 64 Administrativo del circuito de Bogotá, (autoridad que
dictó sentencia de primera instancia en el proceso de reparación directa); al Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A (autoridad que conoció del recurso extraordinario de revisión
presentando en contra de la sentencia de reparación directa radicado 11001-03-26-000-2024-
00112-00) a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público,
vinculados al proceso; y a los demás demandantes, demandados y terceros que participaron en
el proceso 11001- 33-43-064-2017-00160-00.

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Accionantes: Yolanda Sanjuán Arévalo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
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procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral.

2. El grupo actor le atribuyó la trasgresión de sus garantías constitucionales
a la sentencia proferida el 13 de julio de 2023, por la autoridad judicial accionada,
en el proceso de reparación directa identificado con el radicado núm. 11001-33-
43-064-2017-00160-01, promovido por los accionantes, en calidad de herederos
de sus padres3, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

3. En concreto, la parte tutelante solicitó lo siguiente:

1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y reparación integral de los tutelantes.
2. . Solicito que se deje sin efectos la sentencia del 13 de julio de 2023, emitida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que revocó la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá del 4 de febrero de
2022, y ORDENE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que profiera una
nueva sentencia respetando el precedente jurisprudencial.

1.2. Hechos

4. Alfredo Rafael Sanjuán Arévalo y Samuel Humberto Sanjuán Arévalo,
hermanos de los accionantes, salieron de su domicilio ubicado en Bogotá, en
distintas horas, el 8 de marzo de 1982, fecha desde la cual se desconoce su
paradero.

5. En 1988 se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos por la desaparición de Alfredo Rafael y Samuel Humberto
Sanjuán Arévalo, así como de otras personas.

6. Sobre los anteriores hechos se pronunció el Comité de Derechos
Humanos – Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en decisión del
22 de noviembre de 1989. Allí reposa la declaración rendida por Elcida Arévalo
Pérez (madre de los desaparecidos y los tutelantes), quien indicó que «algunos
vecinos le dijeron ese mismo día que unos individuos armados, provistos de
radioteléfonos portátiles, estuvieron vigilando la casa, preguntaron por las
actividades de la familia Sanjuán y se identificaron como agentes de la “F2”».

7. Los progenitores de los hermanos Sanjuán Arévalo fallecieron el 9 de abril
de 19894 y 16 de septiembre de 20065.

8. Con posterioridad, Yolanda Sanjuán Arévalo, Eduvina Sanjuán Arévalo,
María Teresa Sanjuán Arévalo, Giovanny Sanjuán Arévalo, Carlos Sanjuán

3 Alfredo Sanjuán y Elcida Arévalo.
4 Alfredo Sanjuán Quintero.
5 Elcida Arévalo Pérez.

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Arévalo y Mariela Sanjuán Arévalo6, en su condición de hermanos de Alfredo y
Samuel Sanjuán Arévalo, el 21 de enero de 20097 celebraron una conciliación
extrajudicial con la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en la que
se les reconoció a título de perjuicios morales la suma de 100 salarios mínimos
legales mensuales vigentes a cada uno de ellos.

9. El acuerdo conciliatorio fue aprobado en providencia del 12 de junio de
2009 y mediante Resolución 0034 del 19 de enero de 2010 la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional dispuso el pago de $ 340.555.846 a favor de los
convocantes.

10. El 15 de diciembre de 2016, los hermanos de los desaparecidos
presentaron una nueva solicitud de conciliación extrajudicial en procura de agotar
el requisito previo a acudir en sede de reparación directa, la cual fue declarada
fallida el 24 de febrero de 2017.

11. Con ocasión de lo indicado, el 29 de marzo de 2017, Yolanda Sanjuán
Arévalo, Eduvina Sanjuán Arévalo, María Teresa Sanjuán Arévalo, Giovanny
Sanjuán Arévalo, Carlos Sanjuán Arévalo y Mariela Sanjuán Arévalo, presentaron
el medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, en calidad de herederos de sus padres fallecidos, en
procura de que se declarara la responsabilidad de las demandadas por «la
detención y posterior desaparición forzada de ALFREDO RAFAEL y SAMUEL
HUMBERTO SANJUAN AREVALO, a manos de miembros de la policía nacional,
en hechos ocurridos en Bogotá el 08 de marzo de 1982».

12. En sentencia del 4 de febrero de 2022, el Juzgado 64 Administrativo del
Circuito de Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Frente a la caducidad del medio de control, puso de presente que está en curso
un proceso penal en el que se investigan los hechos de detención y desaparición
de los hermanos Sanjuán Arévalo en el que no se ha dictado sentencia de
primera instancia, aunado a que no hay certeza del día en el que efectivamente
desaparecieron8.

13. Sobre la excepción de cosa juzgada propuesta por la parte demandada, el
juzgado explicó que la conciliación extrajudicial aprobada en providencia del 12
de junio de 2009 fue suscrita y aceptada por los hermanos en tal calidad, por lo
que no hay coincidencia de partes para que opere la figura, dado que en la

6 De quien se allegó el registro civil de defunción y reposa en el índice 10 del expediente de

primera instancia.
7 Después de la muerte de sus padres.
8 Sobre el daño antijurídico mencionó que se concretó con la detención de los hermanos Sanjuán

Arévalo que ocurrió el 8 de marzo de 1982, y su posterior desaparecimiento. Con relación a la
falla de la administración se encontró demostrada porque los agentes estatales incumplieron sus
deberes constitucionales y desconocieron sus obligaciones de devolver a los ciudadanos en las
mismas condiciones en las que fueron retenidos. Además, se comprobó que los agentes del F2
capturaron a los hermanos en medio de la investigación que se adelantó por el secuestro de 3
menores de edad.

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demanda de reparación directa acudieron como herederos de sus padres.

14. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional apeló la decisión de
primer grado. Sobre la caducidad, adujo que los demandantes tuvieron
conocimiento de la desaparición de sus familiares desde 1982, por lo que es
desde ese momento que se debe contar el término para acudir a la jurisdicción
contenciosa. Además, frente al nexo de causalidad indicó que no se demostró la
participación de miembros del cuerpo de la Policía Nacional, ni indicios de que
agentes estatales fueran responsables de la desaparición.

15. En fallo del 13 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A revocó lo decidido por el a quo
para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas
por agencias en derecho a la parte demandante.

16. Como fundamento, explicó que, si bien para casos como el presente se
diseñó una regla especial, consistente en que, la caducidad se cuenta desde el
momento en que aparezca la víctima, o desde la ejecutoria del fallo penal, lo
cierto es que esta tiene sentido para los damnificados que se encuentran en
situación de incertidumbre sobre sus familiares.

17. Así, consideró que, aunque para el asunto no existía fallo penal, ni habían
aparecido los hermanos Sanjuán Arévalo, el núcleo familiar demandante tenía
pleno conocimiento de los hechos, puesto que acudieron tanto al órgano judicial
nacional, como al internacional, suscribieron un acuerdo conciliatorio por los
mismos hechos, e incluso fueron debidamente indemnizados.

18. En ese sentido, sostuvo que no era de recibo analizar el término de
caducidad para cada miembro del grupo familiar de forma aislada cuando se trata
de la misma situación fáctica, como en el caso, puesto que los demandantes,
incluso como herederos de sus padres, tenían pleno conocimiento sobre la
responsabilidad de los agentes del Estado desde el 21 de enero de 2009,
momento en el que celebraron la conciliación extrajudicial. Es decir que, tuvieron
hasta el 24 de enero de 2011 para acudir a la jurisdicción contenciosa, pero lo
hicieron hasta el 29 de marzo de 2017, por lo que se declaró la caducidad del
medio de control.

19. Finalmente, explicó que los demandantes tenían la vocación hereditaria
desde la fecha de elaboración de la escritura pública de liquidación de sucesión
intestada9, que data del 15 de octubre de 2013, por lo que, incluso contando
desde ese día igualmente corresponde declarar la caducidad de la acción.

20. Contra la anterior decisión, la parte demandante presentó incidente de
nulidad por un presunto indebido conteo del término de caducidad, el cual fue

9 En dicho documento igualmente «manifestaron tener conocimiento real y cierto de la
desaparición de sus familiares y de la participación de la Policía Nacional en los hechos».

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resuelto de forma negativa mediante auto del 16 de noviembre de 2023.

21. Por último, los accionantes ejercieron el recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia del tribunal, el cual sustentaron en la configuración de la
causal 5ª del artículo 250 del CPACA, por inaplicación de la regla especial
prevista para los casos de desaparición forzada, dispuesta en los artículos 136.8
del CCA, 164 del CPACA y en la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

22. En sentencia del 25 de noviembre de 2025, la Sección Tercera del Consejo
de Estado lo declaró infundado. Al respecto, afirmó que la regla especial referida
por el grupo actor opera para los eventos en los que la víctima y sus familiares
se encuentran en incertidumbre y no pueden ejercer en debida forma las acciones
indemnizatorias.

23. Sin embargo, en el presente, aunque los familiares de los demandantes
no habían aparecido, ni existía un fallo penal que declarara el desaparecimiento,
lo cierto es que tenían pleno conocimiento de los hechos acaecidos y de la
responsabilidad del Estado al punto que, conciliaron con la entidad responsable
una indemnización desde el 21 de enero de 2009 y fueron indemnizados en su
calidad de hermanos.

1.3 Sustento de la vulneración

24. La parte accionante precisó que la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
reparación integral, se concreta en los defectos sustantivo y de desconocimiento
del precedente en los que habría incurrido el tribunal accionado al declarar la
caducidad del medio de control y al condenarla en costas.

25. Frente a la oportunidad para ejercer el medio de control de reparación
directa, indicó que el tribunal aplicó indebidamente la regla general especial del
artículo 164.2.i) del CPACA, porque se declaró la caducidad de la acción, sin
tener en cuenta que discutió una desaparición forzada de dos personas cuyos
cuerpos no han aparecido y tampoco hay sentencia penal definitiva.

26. Con lo anterior, afirmó que se desconoció la Sentencia de Unificación del
29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que distinguió
de forma expresa el conteo del término de caducidad cuando se trata de
desaparición forzada.

27. También manifestó que la autoridad judicial accionada obvió la sentencia
SU-168 de 2023 de la Corte Constitucional que establece que la desaparición
forzada es una conducta continuada y la confesión del responsable no implica la
cesación de los hechos dañosos. Sobre este último punto, aclaró que, para el
máximo tribunal constitucional, la confesión de quien ejecuta la desaparición no
es suficiente para afirmar que a partir de ese momento se inicia el término de

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caducidad, dado que no ha cesado la conducta porque subsiste la falta de cuerpo
o sentencia penal, se desconoce el paradero del desaparecido y la certeza de
sus restos.

28. En ese sentido, adujo que solo se puede iniciar a contabilizar la caducidad
del medio de control si aparece la víctima, cuando es liberada o se hallan e
identifican sus restos, o cuando existe un fallo definitivo adoptado en un proceso
penal.

29. Ahora bien, frente a las costas procesales, explicó que solo pueden ser
ordenadas en la medida de su causación, lo cual no ocurrió en el presente asunto.
Esto, pues estimó que el tribunal no motivó dicha condena y desconoció lo
dispuesto en el artículo 365.4 del CGP y la Sentencia C-157 de 2013, que
ratificaron que esa sanción exige que se demuestre su causación o que el obrar
de la parte haya sido con temeridad o mala fe. Aunado a ello, alegó que la
demandada no lo solicitó, por lo que el fallo fue incongruente con lo pedido en la
apelación.

1.4. Intervenciones

30. El Juzgado 64 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva
porque la decisión cuestionada fue únicamente la proferida por el juez de
segunda instancia.

31. La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado precisó que
no se presentó ningún cuestionamiento dirigido a reprochar la sentencia del
recurso extraordinario de revisión.

32. La Policía Nacional solicitó que se nieguen las pretensiones porque la
parte actora pretende convertir la tutela en una instancia adicional, aunado a que,
no se evidencia la posible configuración de un perjuicio irremediable o
vulneración de derechos fundamentales.

33. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, solicitó que se declare la improcedencia de la tutela o se nieguen
las pretensiones. Explicó que no se vulneraron los derechos fundamentales en
tanto que se admitió el recurso de apelación, se decidieron todos los puntos, y el
hecho de haber revocado la decisión de primer grado per se, no implica que se
concreten los defectos invocados, los cuales carecen de vocación de
prosperidad.

1.5. Sentencia de primera instancia

34. En sentencia del 16 de julio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente el mecanismo constitucional de la referencia,
porque no satisfizo el requisito de la inmediatez. Lo anterior, en la medida en que

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se cuestiona la providencia del proceso ordinario que fue proferida el 13 de julio
de 2023, se notificó el 2 de agosto del mismo año, y la tutela se interpuso el 7 de
abril de 2026.

35. Además, explicó que el trámite del recurso extraordinario de revisión no
suspende el cumplimiento de las sentencias, por lo que no puede contabilizarse
desde ese momento el término de oportunidad, ni median razones que permitan
su flexibilización.

1.6. Impugnación

36. El apoderado del grupo actor solicitó que se revoque la decisión del a quo
y se amparen sus derechos fundamentales, con fundamento en que sí satisfizo
el requisito de la inmediatez. Al respectivo, sostuvo que la tutela se presentó
pasados 3 meses y 8 días después de la última decisión adoptada en relación
con el proceso, si se tiene en cuenta la sentencia del recurso extraordinario de
revisión.

37. Además, puso de presente que previo, a acudir en sede de tutela, debía
agotar los medios judiciales de defensa procedentes, para no hacer un uso
indebido de la acción constitucional, por lo que interpuso el recurso extraordinario
de revisión.

38. Finalmente, indicó que los accionantes gozan de especial protección
constitucional al ser víctimas de desaparición forzada de sus familiares, en el
marco del conflicto armado. En ese sentido, sostuvo que era deber del juez
aplicar un enfoque diferencial en la sentencia.

II. CONSIDERACIONES

39. La Sala revocará la sentencia proferida el 16 de julio de 2026 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la acción. En su lugar, negará las pretensiones relacionadas
con el cuestionamiento del cómputo del término de caducidad y declarará la
improcedencia de los cargos relativos a la condena en costas procesales.

40. Para ello, la Sección estudiará las siguientes cuestiones, a saber: (i) el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de tutela contra
providencia judicial; (ii) la jurisprudencia sobre el fenómeno de caducidad y su
relación con el derecho de acceso a la administración de justicia y el principio de
seguridad jurídica; (iii) la caducidad en el medio de control de reparación directa
en casos de desaparición forzada; y (iv) el estudio de la configuración de los
defectos alegados en el caso concreto.

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2.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

41. El Consejo de Estado10 y la Corte Constitucional11, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales12 y a la configuración de algún
defecto especial13 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

42. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

43. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple
parcialmente con los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa
a exponerse.

44. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra, que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

45. Los señores Carmen Yolanda Sanjuán Arévalo, Eduvina Sanjuán Arévalo,
María Teresa Sanjuán Arévalo, Giovanny Sanjuán Arévalo y Carlos Sanjuán
Arévalo están legitimados en la causa por activa, por ser quienes promovieron la
demanda de reparación directa cuya sentencia de segunda instancia se
cuestiona por esta vía.

46. A su vez, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
12 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
13 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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Subsección A
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Sección Tercera, Subsección A está legitimado en la causa por pasiva, por ser la
autoridad judicial que profirió la decisión controvertida.

47. Ahora bien, el Juzgado 64 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial
de Bogotá solicitó ser desvinculado con fundamento en que carece de
legitimación en la causa por pasiva. La Sala negará lo pedido, comoquiera que
su vinculación obedece a que fungió como juez natural de primera instancia, por
lo que, eventualmente podrían impartirse órdenes que le corresponda acatar de
cara a la posible trasgresión de derechos fundamentales.

48. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la
acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del
momento en el que ocurre la situación que presuntamente vulnera o amenaza el
derecho fundamental14.

49. Para la Sección Cuarta, el presente requisito no se encontraba satisfecho
en tanto que la sentencia cuestionada fue proferida el 13 de julio de 2023 y la
tutela se presentó el 7 de abril de 2026. Por su parte, el grupo actor reprochó tal
argumento con sustento en que la inmediatez debió contarse desde la sentencia
que resolvió el recurso extraordinario de revisión, proferida el 25 de noviembre
de 2025.

50. Sobre el término oportuno para acudir en sede de tutela contra providencia
judicial, esta Sección ha mantenido la postura de que no deben transcurrir más
de seis meses desde el día siguiente a la ejecutoria de la decisión cuestionada.
Sin embargo, la Corte Constitucional ha establecido que, en algunos casos, el
requisito de la inmediatez está estrechamente relacionado con el de
subsidiariedad, en especial, cuando hay discusión respecto a si se debe agotar
previamente, por ejemplo, el recurso extraordinario de revisión15.

51. Al respecto, en la Sentencia T-458 de 2016 la Corte Constitucional
concluyó que, contrario a la postura que venían sosteniendo las Secciones
Primera y Quinta del Consejo de Estado, para dicha época, la presentación del
referido recurso extraordinario sí debe ser tenido en cuenta para en el análisis de
la inmediatez. En palabras del alto tribunal constitucional:

14 Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019.
15 La discusión se analizó, entre otras, en la Sentencia T-458 de 2016, en la que el alto tribunal

constitucional indicó lo siguiente: «[e]ncuentra la Sala de Revisión que existe una controversia
interpretativa sobre el análisis del principio de inmediatez en el uso de la acción de tutela contra
sentencias en materia de acciones populares y su relación con el principio de subsidiariedad. En
concreto, se plantea si debe agotarse previamente el recurso extraordinario de revisión para
acreditar que se acude a la tutela como mecanismo subsidiario, o si por el contrario, puede
descartarse dicho recurso y acudirse directamente a la acción de tutela, a pesar de la existencia
del recurso extraordinario de revisión. Para ello, la Sala de Revisión analizará en detalle la
jurisprudencia de la Corte en materia de principio de subsidiariedad, y en particular el recurso de
revisión en los procesos constitucionales de acciones populares y de grupo, para luego
determinar el parámetro de inmediatez que se debe considerar en el presente asunto».

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Por otra parte, y como otro argumento que sustenta el rechazo a la
interpretación del Consejo de Estado sobre el recurso de revisión, la Corte
Constitucional de forma sistemática y en concordancia con la regla general
sobre la subsidiaridad, ha indicado que el recurso de revisión de las
sentencias, sean en materia civil, penal o contencioso administrativa es un
mecanismo idóneo, el cual deberá agotarse de manera previa a la acción de
tutela, tomando en consideración siempre las circunstancias específicas del
caso concreto, con el fin de evaluar en detalle si el recurso o acción de
revisión permiten la protección de los derechos fundamentales que se
consideran afectados.

Finalmente, considera la Sala de Revisión que aceptar la interpretación del
Consejo de Estado, según la cual no se requiere agotar el recurso de revisión
para acreditar el requisito de inmediatez, cuando al mismo tiempo, el
precedente de la Corte Constitucional dicta que debe agotarse todos los
recursos para acreditar el requisito de subsidiariedad, conduciría
inevitablemente a una situación contradictoria que hace nugatorio el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia. Por todo lo anterior, la
Sala de Revisión se aparta de la interpretación del Consejo de Estado, y
acoge el precedente que sobre subsidiariedad y su relación con la inmediatez
viene desarrollando la Corte Constitucional (énfasis de la Sala).

52. Así las cosas, se recuerda en este punto que la tutela cuestiona a través
de la proposición de los defectos sustantivo y de desconocimiento del
precedente, el indebido conteo del término de caducidad por la inaplicación de la
regla especial del artículo 164 del CPACA y sentencias de unificación sobre la
materia. Igualmente, la parte actora reprocha la condena de costas por ausencia
de motivación y por la violación del principio de congruencia externa.

53. Pues bien, en sede extraordinaria los accionantes cuestionaron
igualmente la sentencia del 13 de julio de 2023, con base en la causal del artículo
250.5 ibidem, por supuesta indebida aplicación de la regla especial de caducidad
para el delito de desaparición forzada cuando se acude en sede de reparación
directa. Además, frente a las costas alegaron la ausencia de motivación de dicha
condena.

54. En ese sentido, se observa que los cuestionamientos que se proponen en
esta oportunidad coinciden con los mismos dos puntos que se cuestionaron en
sede de revisión. Por tanto, esta Sala de decisión no estima adecuado castigar
al grupo actor por no acudir al ejercicio de este mecanismo en cuanto se les
notificó la segunda instancia del proceso ordinario, porque precisamente la
acción de tutela debe utilizarse como un mecanismo subsidiario, a fin de evitar
que el juez de tutela desplace la competencia de los jueces ordinarios.

55. Por lo expuesto, la inmediatez debe contarse desde el día siguiente a la
ejecutoria de la sentencia que definió el recurso extraordinario de revisión,
conforme a las circunstancias fácticas que rodean el presente caso. Por ende, se
encuentra satisfecho el requisito sub examine, dado que, entre la notificación de
la sentencia que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión (3 de
diciembre de 2025) y la interposición de la acción de tutela (7 de abril de 2026),

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transcurrieron menos de 6 meses, lo que da cuenta del ejercicio oportuno de este
mecanismo constitucional.

56. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales16: i) como
mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo17 y eficaz18 y, ii) como mecanismo de protección
transitoria.

57. Esta Sección considera que se cumplió con dicho presupuesto, dado que
la parte tutelante no cuenta con otros mecanismos judiciales para solicitar el
amparo de sus derechos fundamentales, toda vez que la acción se interpone
contra la providencia de segundo grado del proceso ordinario, e incluso contra
esta se presentó el recurso extraordinario de revisión.

58. Naturaleza de la decisión cuestionada. Se supera este presupuesto, ya
que no se controvierte una decisión de tutela, pues la providencia reprochada fue
proferida al interior del trámite del medio de control de reparación directa. Del
mismo modo, el fallo sub judice tampoco fue dictada en el marco de un proceso
de control abstracto de constitucionalidad ni corresponde a una sentencia
interpretativa adoptada por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la
Paz.

59. Identificación razonable de los hechos. Finalmente, en la solicitud de
amparo se presentó la explicación de los hechos y argumentos por los que la
parte actora consideró que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales.
Por ende, cumplió con la carga mínima de dar las razones por las cuales
considera que la autoridad accionada incurrió en una vulneración de las
garantías.

60. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se

16 Sentencia T-183 de 2024.
17 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para

producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
18 Ib. La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial

está diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.

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desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

61. En el sub judice, debe recordarse que la parte tutelante centró la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales en que la decisión censurada
incurrió en los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente. Esto,
porque se desconoció la regla especial de caducidad de la reparación directa en
los eventos de desaparición forzada y porque se profirió una condena en costas
sin motivación sobre su causación y con violación del principio de congruencia.

62. La Sala comienza por advertir que, en relación con la condena en costas,
la acción no supera el requisito en cuestión. La ausencia de motivación y la
decisión extra petita que invocan los accionantes fue debidamente estudiada en
la sentencia del recurso extraordinario de revisión, en la que se concluyó por la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, lo siguiente:

25. Frente al reproche atinente a que la decisión del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca adolece de un defecto sustantivo, por condenar en costas
a favor del Ministerio de Defensa - Policía Nacional, puntualmente por
concepto de agencias en derecho, sin exponer los motivos que daban lugar
a su imposición por ambas instancias y sin que existieran pruebas de su
causación, son razones que no son pasibles de encuadrar en la causal
invocada, más aún cuando el régimen para su imposición es objetivo.

26. La Sala Plena Contenciosa de esta Corporación ha precisado que la
nulidad originada en la sentencia por indebida motivación se configura
únicamente ante la ausencia absoluta de pronunciamiento del juez sobre las
razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión, al
punto de que no se puedan conocer los motivos por los cuales se adoptó la
misma. Por tanto, la aludida causal no puede invocarse para criticar la
valoración probatoria, la coherencia de las premisas argumentativas y la
insuficiencia en la motivación, pues una argumentación en tal dirección
revela que la real intención es instrumentalizar el recurso para reabrir un
debate probatorio que materialmente constituiría una tercera instancia.

63. Así las cosas, la cuestión que propone la parte actora, además de ser
exclusivamente económica, recae en un debate estudiado por los jueces
ordinarios y extraordinario, ultimo en el cual se concluyó que la decisión sí estuvo
motivada, contrario a lo que sostiene la parte tutelante.

64. Luego, el debate frente a las costas ya fue zanjado, lo que evidencia que
el propósito de los actores es reabrir este debate, con el único fin de que se
revoque la condena en costas; asunto que no reviste relevancia constitucional.

65. Al respecto, se reitera que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la
órbita de los jueces naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por
los actores dentro del trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran todos los
reparos por decisiones judiciales desfavorables, sin el contraste de un indebido

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e irracional estudio por parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el
principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo
constitucional en una tercera instancia19.

66. Ahora bien, los reproches endilgados al estudio de la caducidad sí tienen
relevancia constitucional, en tanto aluden a la posible inaplicación de la regla
especial de caducidad prevista por el legislador para los casos de desaparición
forzada, cuando se desconoce el paradero de la víctima y aún no existe sentencia
penal ejecutoriada. Adicionalmente, los cargos ponen de presente el posible
desconocimiento del precedente de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la materia.

67. A lo anterior, se suma que los cargos, además de contar con suficiente
carga argumentativa, explican que con su concreción se impidió el acceso a la
administración de justicia de un grupo familiar asediado por la violencia, se les
desconoció el debido proceso y se les imposibilitó acceder a una reparación
integral.

68. Así, para la Sala, los cuestionamientos sobre los que se soporta el
indebido conteo del término de caducidad para el grupo actor sí revisten
relevancia constitucional. Por tanto, es necesaria la intervención del juez de tutela
que evalúe si se cercenaron los derechos fundamentales de los tutelantes para,
eventualmente, adoptar medidas de protección, si a ellas hay lugar, en caso de
que se configuren los defectos invocados.

69. Por ende, se superará este requisito solo en relación con la indebida
aplicación de la regla especial de la caducidad en casos de desaparición forzada.

2.2. Estudio del caso concreto

2.2.1. La caducidad y su relación con el derecho de acceso a la
administración de justicia y el principio de seguridad jurídica

70. La caducidad fue diseñada esencialmente para proteger dos bienes
jurídicos de gran importancia en nuestro orden constitucional, por un lado, el
derecho de acceso a la administración de justicia, y por otro, el principio de
seguridad jurídica.

71. En lo que concierne al primero de ellos, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que es menester que exista un término de caducidad de las acciones
judiciales, pues «el derecho de acceso a la administración de justicia sufriría una
grave distorsión en su verdadero significado si pudiera concebirse como una
posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15

de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.

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especie»20. Ciertamente, la posibilidad indefinida e irrestricta de acudir al aparato
judicial conduciría a la parálisis absoluta del sistema judicial, «comoquiera que
derivaría en “la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales
posibilidades de resolución de sus conflictos”»21.

72. En cuanto a la seguridad jurídica y su relación con la caducidad, en
sentencia C-115 de 1998, la Corte Constitucional indicó que:

[…] surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por los
medios judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños
antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces, una
garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado
determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo
legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho
cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley
ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del
fenómeno indicado.

73. En ese sentido, la caducidad no constituye un obstáculo para el acceso a
al aparato judicial y tampoco una denegación de justicia a las víctimas, pues «mal
podría violarse este derecho respecto de quien gozando de la posibilidad de
ejercerlo, opta por la vía de la inacción. Es imposible que pueda desconocerse o
vulnerarse el derecho de quien ha hecho voluntaria dejación del mismo,
renunciando a su ejercicio o no empleando la vigilancia que la preservación de
su integridad demanda»22.

74. Entonces, dicho fenómeno supone una «garantía de certeza»23 acerca de
los términos con los que cuentan los administrados para el ejercicio de sus
derechos, a fin de resguardar el interés general y el principio de seguridad jurídica
que subyace en la necesidad de evitar que la responsabilidad estatal frente a un
hecho concreto pueda discutirse indefinidamente, en detrimento del erario y del
funcionamiento del Estado y de la administración de justicia.

2.2.2. Estándares legales y jurisprudenciales de la regla especial de
caducidad en acciones de reparación directa en casos de desaparición
forzada

75. Como viene de verse, la parte actora considera que la decisión
cuestionada incurrió en los defectos sustantivo y de desconocimiento del
precedente con relación al estudio de caducidad, porque se aplicó indebidamente
la regla dispuesta en el artículo 164.2 del CPACA, zanjada en las sentencias del
29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado y SU-168 de
2023 de la Corte Constitucional, al no tener en cuenta que sus familiares no han

20 Corte Constitucional, Sentencia SU-312 de 2020.
21 Id.
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-312 de 2020.
23 Corte Constitucional, Sentencia SU-312 de 2020.

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aparecido, ni hay sentencia penal a partir de la cual sea posible iniciar el conteo
de la caducidad.

76. Pues bien, a efectos de dilucidar los cargos, la Sala expondrá brevemente
los estándares legales y jurisprudenciales en materia de caducidad del medio de
control de reparación directa a propósito de los delitos de lesa humanidad, con
especial énfasis en hechos derivados de la desaparición forzada. Enseguida,
indicará por qué la providencia enjuiciada no aplicó de forma indebida tales
reglas.

77. El artículo 7 de la Ley 589 de 2000 fijó una regla especial en materia de
caducidad cuando el caso se relaciona con víctimas de desaparición forzada, en
virtud del cual se contabiliza el término desde la ejecutoria del fallo penal definitivo
o desde la aparición de la víctima, «sin perjuicio de que la demanda pueda
instaurarse desde que ocurrieron los hechos». La mencionada tesis fue
reproducida en el artículo 136.8 del CCA y más tarde en el 164 del CPACA, así:

ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La
demanda deberá ser presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse
dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la
fecha de su ocurrencia.
Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación
directa derivada del delito de desaparición forzada se contará a partir de
la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del
fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la
demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que
ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición; [énfasis de la
Sala]

78. En atención a la divergencia de criterios existente al interior de la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en relación con la
manera de interpretar la disposición de la referencia, dicha sección en sentencia
del 29 de enero de 2020 decidió unificar su postura en este tema.

79. En líneas generales, en dicha providencia se dispuso que: i) al medio de
control de reparación directa por delitos de lesa humanidad sí le es aplicable la
caducidad, ii) dicho término es el contemplado por el legislador, iii) este plazo,
salvo el caso de la desaparición forzada que tiene regulación expresa, se
computa no solo desde la ocurrencia del hecho, sino también desde cuando
los afectados conocieron o debieron conocer la participación del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial y iv) el
término puede ser inaplicado cuando se observan situaciones que hubieran

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impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción.

80. Conviene destacar que la Corte Constitucional por su parte, también
unificó su postura a propósito de lo resuelto por esta colegiatura. Así, en
sentencia SU-312 de 2020 acogió la interpretación realizada por la Sección
Tercera, tras advertir que la misma era «razonable y proporcional desde una
perspectiva constitucional y convencional, incluso en casos en los que el daño
que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa humanidad, un crimen
de guerra o genocidio»24.

81. En la mencionada providencia, se recalcó la necesidad de que exista un
término de caducidad en este tipo de acciones judiciales, en la medida en que
«el derecho de acceso a la administración de justicia sufriría una grave distorsión
en su verdadero significado si pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada,
[…] sin condicionamientos de ninguna especie»25.

82. Con posterioridad, en la SU-168 de 2023 la Corte Constitucional estudió
la decisión dictada el 21 de mayo de 2021 por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la cual se declaró la caducidad del medio de
control de reparación directa a pesar de que, para el momento del fallo se
desconocía el paradero de la víctima y no se había proferido sentencia en
proceso penal. Al respecto, el Alto Tribunal Constitucional revocó tal decisión, y
dispuso la expedición de una de reemplazo, con fundamento en que el juez
ordinario desconoció la regla especial de caducidad zanjada el 29 de enero de
2020.

83. El Alto Tribunal Constitucional hizo especial énfasis en que no puede
computarse el término de caducidad desde el momento en el que las víctimas
conocen sobre la participación del Estado en los hechos de desaparición forzada,
como lo sería una confesión, porque el delito es continuado y el daño persiste
hasta tanto se conozca el paradero exacto de la persona o de sus restos.

84. En el sub judice, se concluyó sobre la regla en cuestión que, si bien los
familiares de los accionantes no han aparecido, ni existe sentencia penal, lo cierto
es que el núcleo familiar (víctimas directas, dentro de las que estarían padres,
hermanos o eventuales hijos) acudió al órgano nacional como al internacional
para reclamar su reparación, luego llegaron a un acuerdo conciliatorio, en el año
2009, con la Policía Nacional por los hechos que se debatieron en el proceso, y
fueron indemnizados por el desaparecimiento de sus familiares.

85. Al respecto, en la tutela se aduce que para el tribunal bastó con la
confesión de los responsables de los hechos dañosos para iniciar el cómputo de
la caducidad, con desconocimiento de la conducta continuada del
desaparecimiento y la ausencia de sentencia penal, y con omisión de las tesis

24 Corte Constitucional, sentencia SU-312 de 2020.
25 Ibidem.

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jurisprudenciales antes mencionadas.

86. En ese sentido, dista la interpretación de los accionantes con la realmente
abordada por el juez ordinario en la medida en que este reconoció las
particularidades a las que aluden en la tutela. Además, no es cierto que haya
iniciado el conteo de la caducidad desde la confesión de las entidades
demandadas.

87. Lo anterior, dado que tuvo en consideración que las víctimas directas,
(núcleo familiar) del cual no puede distinguirse entre padres o hermanos, además
de haber sido efectivamente reparadas, llegaron a un acuerdo conciliatorio con
plenos efectos jurídicos, aprobado en una sentencia judicial.

88. Ahora bien, se puso de presente que los padres de los tutelantes, en
nombre de quienes promovieron la demanda de reparación directa, fallecieron el
9 de abril de 198926 y 16 de septiembre de 200627, mientras que la conciliación
extrajudicial celebrada ante la Procuraduría 50 Judicial Administrativa se celebró
el 21 de enero de 2009, es decir, con posterioridad al fallecimiento de los
progenitores. Así, no hay razón alguna que les impidiera, en el momento en que
acudieron como víctimas directas de los hechos (núcleo familiar) a conciliar con
la Policía Nacional, hacerlo también en nombre de sus padres, y no solo en su
calidad de hermanos.

89. Además, el tribunal reforzó su teoría en que la calidad de herederos en la
que acudieron la ostentan los accionantes desde la suscripción de la escritura
pública de liquidación de sucesión intestada que data del 15 de octubre de 2013,
mientras que la demanda de reparación directa se presentó el 29 de marzo de
2017, por lo que incluso contando desde la fecha en la que adquirieron la
condición de herederos, no es posible superar la caducidad.

90. Debido a lo anterior, la Sala procederá a explicar por qué el tribunal no se
apartó de la referida regla especial de caducidad y el interés directo que deben
tener los afectados frente a la petición indemnizatoria, en aras de establecer por
qué la sentencia del 13 de julio de 2023 no incurrió en los defectos invocados ni
desconoció los derechos fundamentales de los accionantes.

2.2.3. La providencia del 13 de julio de 2023, proferida por la autoridad
judicial accionada, no incurrió en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente

91. Se precisa en este punto que el defecto de desconocimiento del
precedente se configura cuando la autoridad judicial se aparta, sin justificación
alguna, de una regla de derecho contenida en una decisión judicial anterior que

26 Alfredo Sanjuán.
27 Elcida Arévalo Pérez.

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guarda analogía fáctica y jurídica con el caso sometido a estudio28.

92. A su vez, en lo que concierne al defecto sustantivo, la Corte
Constitucional29 ha explicado que este se presenta cuando «la autoridad judicial
aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que
evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados
mínimos de la razonabilidad jurídica»30.

93. Para la Sala, la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos
alegados ni vulneró los derechos fundamentales de los accionantes. Por el
contrario, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca valoró las circunstancias
particulares que rodean el presente asunto, y, acorde con ellas, concluyó
razonablemente que en el caso sub judice operó el fenómeno de la caducidad.
En concreto, el tribunal explicó por qué no era posible aplicar de forma mecánica
o irrestricta la regla contenida en el artículo 164 del CPACA, ante la mera
ausencia de una sentencia penal ejecutoriada o de la inexistencia de los cuerpos
de las víctimas.

94. Como se expuso previamente, los accionantes promovieron el medio de
control de reparación directa en calidad de herederos de sus padres, pese a que,
más de 7 años antes, comparecieron a una audiencia de conciliación ante la
Procuraduría 50 Judicial Administrativa para reclamar, en nombre propio, la
responsabilidad patrimonial del Estado por los mismos hechos que
posteriormente invocaron en sede judicial.

95. En ese contexto, resulta pertinente precisar que la sentencia del 12 de
junio de 2009, mediante la cual se aprobó el acuerdo conciliatorio y que fue
tomada por el tribunal como punto de referencia para el cómputo de la caducidad,
no constituye una confesión ni puede equipararse a esta, como lo pretenden los
actores. En efecto, la conciliación celebrada entre la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional y los aquí accionantes no se limitó al
reconocimiento de que sus hermanos fueron víctimas de desaparición forzada
tras una detención injustificada de la que nunca regresaron.

96. Dicha decisión reviste la naturaleza de providencia judicial y, en
consecuencia, produce los mismos efectos que cualquier sentencia ejecutoriada
proferida por un juez de la República, que hizo tránsito a cosa juzgada. En ese
sentido, el hecho de que los accionantes no hubieran comparecido a la
conciliación también en calidad de herederos de sus padres, pese a contar para
entonces con dicha condición, incluso acreditada mediante escritura pública, no
constituye una circunstancia apta para justificar su posterior inactividad, ya fuera
28 Corte Constitucional, Sentencias SU-295 de 2023, SU-446 de 2022, SU-317 de 2021, entre

otras.
29 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002., T-043 de 2005, T-295 de 2005, T-657 de

2006, T-686 de 2007, T-743 de 2008, T-033 de 2010, T-792 de 2010, entre otras.
30 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002, T-043 del 2005, T-295 de 2005, T-657 del

2006, T-686 del 2007, T-743 del 2008, T-033 de 2010, T-792 de 2010, entre otras.

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para conciliar en esa calidad o para acudir oportunamente ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo en procura de obtener la correspondiente
reparación.

97. En otras palabras, conforme a las particularidades del caso, la Sala no
encuentra fundamento que permita aplicar de forma irrestricta la regla especial
sobre la caducidad del medio de control de reparación directa en asuntos de
desaparición forzada, con el propósito de habilitar a los tutelantes para reclamar
la presunta responsabilidad estatal, como herederos de sus padres, fallecidos
desde 1989 y 2006. Ello, especialmente si se tiene en cuenta que, como
integrantes del mismo núcleo familiar, previamente conciliaron y obtuvieron una
reparación económica en calidad de hermanos de las víctimas, mediante acuerdo
aprobado judicialmente en enero de 2009.

98. Al respecto, cabe destacar que, si bien toda persona natural o jurídica que
haya sufrido un daño antijurídico atribuible a una autoridad pública está
legitimada para promover la correspondiente acción de reparación directa,
siempre que ostente un interés directo o indirecto en la pretensión indemnizatoria
(ya sea por haber padecido efectivamente el daño o por haber adquirido los
derechos para reclamarlos judicialmente por causa sucesoral o mediante acto
entre vivos31), ello no significa que la pretensión de reparación en todos esos
casos tenga la misma connotación iusfundamental.

99. Sin duda alguna, para esta Sala, el derecho a la reparación integral a las
víctimas de graves violaciones de derechos humanos se relaciona
intrínsecamente con su condición de damnificados del hecho dañoso, y no con la
simple calidad de herederos. En estos últimos casos, la reparación alude a un
simple interés herencial, con connotación patrimonial; máxime cuando, en el caso
concreto, ya recibieron la indemnización correspondiente en su calidad de
víctimas indirectas.

100. Así las cosas, no existe razón válida que habilite al juez contencioso
administrativo, ni al constitucional, para desconocer que la actuación desplegada
por la parte actora obedeció a una omisión atribuible a su propio comportamiento
procesal. Lo anterior, por cuanto los accionantes adquirieron la calidad de
herederos con anterioridad a la conciliación celebrada con la Policía Nacional y,
pese a ello, no ejercieron las acciones correspondientes en esa condición. En
consecuencia, la regla de caducidad no puede extenderse a este caso por la sola
inexistencia de una sentencia penal condenatoria o la persistencia de la
desaparición de sus familiares.

101. A ello se suma que las pretensiones formuladas en la demanda cuya
sentencia se pretende controvertir se circunscriben exclusivamente al ámbito
sucesoral, en la medida en que los demandantes ya fueron indemnizados por los

31 Énfasis

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hechos dañosos mediante el acuerdo conciliatorio celebrado con la
administración.

102. Por ende, la Sala destaca, en primer término, que el presente asunto
difiere sustancialmente del estudiado por la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-168 de 2023. En aquella oportunidad, el cómputo de la caducidad fue
efectuado a partir de las confesiones realizadas por exjefes paramilitares
sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En contraste, en el caso
bajo examen existe un acuerdo conciliatorio libre y voluntariamente celebrado
entre la Policía Nacional y Yolanda Sanjuán Arévalo, Eduvina Sanjuán Arévalo,
María Teresa Sanjuán Arévalo, Giovanny Sanjuán Arévalo y Carlos Sanjuán
Arévalo, así como una sentencia judicial ejecutoriada, de fecha 12 de junio de
2009, que aprobó dicho acuerdo antes de su efectivo cumplimiento y pago.

103. De otra parte, la regla de unificación fijada en la sentencia del 29 de enero
de 2020 estableció que, en los eventos de desaparición forzada, el término de
caducidad se computa desde la ejecutoria de la sentencia penal condenatoria o
desde la aparición de la víctima o de sus restos. Sin embargo, aunque en este
asunto no existe una sentencia penal condenatoria, sí obra una providencia
judicial ejecutoriada que aprobó un acuerdo conciliatorio suscrito por las mismas
personas que, años después, promovieron una acción de reparación directa por
los mismos hechos victimizantes, aunque bajo una calidad distinta.

104. Para la Sala, la aplicación irrestricta de la regla especial prevista para los
casos de desaparición forzada, sin consideración a las particularidades del
asunto sometido a examen, resultaría contraria a los principios de seguridad
jurídica y de certeza que sustentan la institución de la caducidad. En efecto, esta
figura tiene como finalidad impedir que, sin justificación razonable, las
reclamaciones indemnizatorias contra el Estado puedan plantearse de manera
indefinida en el tiempo.

105. En tal sentido, los accionantes contaban con los elementos de juicio
necesarios y con pleno conocimiento de los hechos para promover
oportunamente una acción de reparación directa en calidad de herederos de sus
padres, e incluso con una sentencia judicial en la que consta la responsabilidad
del Estado. Además, habían obtenido una reparación económica mediante
conciliación con la misma entidad demandada por los perjuicios derivados de la
desaparición forzada de sus hermanos, escenario en el cual también pudieron
reclamar, desde entonces, las eventuales pretensiones que estimaran
procedentes en ambas calidades.

106. En consecuencia, esta Corporación concluye que la sentencia proferida el
13 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, no vulneró los derechos fundamentales de los
accionantes ni incurrió en los defectos sustantivo o de desconocimiento del
precedente. Lo anterior, por cuanto no existió obstáculo alguno que les impidiera

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a los tutelantes acudir oportunamente a la administración de justicia para
reclamar la reparación derivada de la desaparición forzada de sus hermanos, en
su condición de herederos de sus padres.

107. Tanto es así que los accionantes celebraron una conciliación con la Policía
Nacional y recibieron una indemnización económica por los hechos objeto de
controversia, en un momento en el que ya ostentaban la calidad de herederos de
sus padres. Por ende, no resulta jurídicamente admisible pretender que,
transcurridos más de 7 años desde dicho acuerdo, se les habilite nuevamente
para reclamar por los mismos hechos —esta vez como herederos de sus
padres— la responsabilidad del Estado, bajo el argumento de que no existe
sentencia penal condenatoria o de que aún no han sido hallados los cuerpos de
sus familiares desaparecidos. Aceptar una tesis contraria, implicaría habilitar
indefinidamente en el tiempo el ejercicio del medio de control.

108. A modo de conclusión, la Sala destaca que, al realizar un ejercicio de
ponderación entre el derecho de acceso a la administración de justicia y el
principio de seguridad jurídica, en el presente asunto corresponde otorgar
prevalencia a este último, sin que ello resulte irrazonable o desproporcionado.

109. Lo anterior, por cuanto los accionantes tuvieron la oportunidad efectiva de
acudir a los mecanismos administrativos y judiciales previstos para la protección
de sus derechos, mediante el acuerdo de conciliación celebrado con la Policía
Nacional y, posteriormente, a través del control judicial surtido con ocasión de la
aprobación de este mediante la sentencia del 12 de junio de 2009. En efecto,
mediante esta decisión debidamente ejecutoriada se reconoció la
responsabilidad estatal por los hechos aquí alegados y se avaló la reparación
acordada libremente por las partes, de manera que su derecho de acceso a la
justicia se encuentra materialmente satisfecho.

110. Finalmente, se resalta que la institución de la caducidad fue concebida
para impedir la reclamación indefinida de pretensiones indemnizatorias. Esta
conclusión adquiere especial relevancia en eventos como el presente, en los que
ya existe una decisión judicial ejecutoriada que hizo tránsito a cosa juzgada
respecto del hecho dañoso, de la responsabilidad de la administración y de la
reparación reconocida a quienes ahora promueven una nueva reclamación bajo
una calidad jurídica distinta, pero correspondiendo materialmente a las mismas
personas beneficiarias del acuerdo previamente aprobado.

111. Admitir lo contrario supondría permitir un ejercicio desproporcionado del
derecho a la administración de justicia al desconocer los efectos de la cosa
juzgada y vaciar de contenido los principios de seguridad jurídica y certeza de las
relaciones jurídicas, toda vez que avalaría que una controversia anteriormente
resuelta sea reabierta con el propósito de obtener una nueva reparación por los
mismos hechos, respecto de los mismos sujetos procesales.

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2.3. Conclusión

112. La Sala revocará la sentencia del 16 de julio de 2026 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional. En su lugar, se
negará el amparo de los derechos invocados por los accionantes, al no
configurarse los defectos alegados en relación con los cuestionamientos
formulados respecto del análisis de la caducidad. Asimismo, se declarará la
improcedencia en lo concerniente a los reparos dirigidos contra la condena en
costas procesales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 16 de julio de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar, NEGAR las pretensiones de
la tutela frente a los cuestionamientos respecto del estudio de la caducidad, y
DECLARAR IMPROCEDENTE lo que concierne a la condena en costas.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Juzgado 64 Administrativo
de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con salvamento de voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

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Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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