Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02622-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02622-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02622-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02622-00
Demandante: CLAUDIA VICTORIA PAREJA MARTÍNEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, SALA
CUARTA DE DECISIÓN
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Claudia Victoria Pareja Martínez, a través de apoderado judicial,
instauró acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta
de Decisión2, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al trabajo y al «principio de favorabilidad».
Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 9 de octubre de 2025, proferida por la
autoridad judicial accionada que revocó la providencia del 28 de octubre de 2024,
dictada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, para,
en su lugar, negar las pretensiones elevadas por la actora en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 63001-
3333- 006-2021-00256-00/01.
1 Índice 003 de Samai. Tutela radicada el 7 de abril de 2026.
2 Sala integrada por los magistrados Luis Carlos Marín Pulgarín, Luis Carlos Alzate Ríos y Luis
Javier Rosero Villota
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Demandante: Claudia Victoria Pareja Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Cuarta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02622-00
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
ORDENAR a la Sala Cuarta de decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
QUINDÍO, para que dentro del término perentorio que considere la Sala, profiera
nuevo fallo de segunda instancia en el que se proteja el derecho al debido proceso
de mi mandante otorgando prevalencia y aplicación al principio de favorabilidad en la
resolución del caso en concreto.
TERCERO: ORDENAR Cualquier otra medida que bajo su facultad de Juez
Constitucional considere pertinente y necesaria para proteger y evitar la vulneración
de los derechos que se acusan como conculcados.3
1.3. Hechos
La señora Claudia Victoria Pareja Martínez, vinculada desde el 1 de julio de 1994
a la carrera administrativa de la Corporación Autónoma Regional del Quindío del
Quindío, en adelante CRQ, el 18 de marzo de 2021 solicitó a dicha entidad el
reconocimiento y pago de cesantías retroactivas; sin embargo, recibió respuesta
negativa mediante oficio 00004624-130-24 del 15 de abril de 2021,con fundamento
en la omisión legislativa absoluta frente al régimen aplicable a los funcionarios de
la CRQ, lo que conllevaba a equipararlos con el de los funcionarios públicos de la
rama ejecutiva del orden nacional y por tanto sujetos de régimen anualizado.
Por lo anterior, formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la CRQ para que se declarara la nulidad del
referido acto administrativo y se le reconociera el derecho a que sus cesantías
fueran liquidadas de forma retroactiva incluyendo los factores salariales como
prima de navidad, de servicios, bonificación por servicios prestados, entre otros.
Asunto que correspondió al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Armenia con radicado 63001-3333-006-2021-00256-00 que en sentencia del 28
de agosto de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones y ordenó a la
demandada «reconocer y liquidar las cesantías de la señora Claudia Victoria
Pareja Martínez, de forma retroactiva de conformidad con el artículo 17 de la Ley
6 de 1945, los Decretos 2567 de 1946 y 1160 de 1947 y demás normas
reglamentarias, y consignar al Fondo Nacional del Ahorro el mayor valor que se
genere respecto de las cesantías causadas desde el 01 de julio de 1994 hasta la
fecha de ejecutoria de la presente sentencia o hasta la fecha de desvinculación de
la demandante, si fuere anterior; tomando como base el último sueldo devengado
al momento de liquidarse la prestación, incluyendo todo lo recibido por concepto
de primas o bonificaciones en una doceava siempre que se encuentren señaladas
3 Transcripción literal que puede contener errores.
2
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Demandante: Claudia Victoria Pareja Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
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en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978».
Como sustento, señaló que el régimen aplicable a la demandante era el retroactivo
que rige a los empleados públicos del orden nacional y territorial, de conformidad
con la Ley 6 de 1945 y el Decreto 2767 de 1945, respectivamente, comoquiera que
al no corresponder la entidad demandada a un Ministerio, Departamento
Administrativo, Superintendencia, Establecimiento Público o Empresa Industrial y
Comercial del Estado, de acuerdo a lo previsto en el Decreto 3118 de 1968 que
contempla el régimen de cesantías anualizado del Fondo Nacional del Ahorro,
previsto para los empleados públicos vinculados a partir del 01 de enero de 1969,
no puede considerarse que la vinculación de la señora Pareja Martínez al Fondo
Nacional del Ahorro era obligatoria para dicha época.
Estimó que en el plenario no se probó que la señora Claudia Victoria Pareja
Martínez hubiese optado voluntariamente por el régimen anualizado de cesantías
y que aunque la actora se encontraba afiliada al Fondo Nacional del Ahorro «desde
su vinculación a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, según se
desprende de los extractos de cuenta individual de cesantías de fecha 27 de
septiembre de 2026, atendiendo los argumentos expuestos por el Tribunal
Administrativo del Quindío, esto no puede ser indicador de que la demandante
renunció voluntariamente al régimen retroactivo».
Decisión que fue objeto de recurso de apelación por la parte demandada y
revocada por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión, en
sentencia del 9 de octubre de 2025.
Sostuvo el ad quem que las Corporaciones Autónomas Regionales son entes
corporativos autónomos e independientes del orden nacional que no pertenecen a
las Ramas del Poder Público y que gozan de un régimen especial y de autonomía
directa proveniente del artículo 150 Constitucional numeral 7.°, por lo que el
régimen laboral de sus empleados es el establecido para los servidores del orden
nacional conforme a la naturaleza jurídica de la entidad y a la remisión establecida
en el Decreto 768 de 1994 al Decreto 1042 de 1978.
En ese entendido, concluyó que «hasta tanto no se reglamente el régimen bien
sea especial o lo integren al ordinario laboral existente, los servidores de las
Corporaciones Autónomas Regionales deberán regirse por las disposiciones de la
rama ejecutiva del orden nacional que sean compatibles y que no contravengan la
normativa especial que los reglamenta».
Advirtió que se apartaría de la interpretación razonada que en su momento adoptó
ese mismo tribunal, en la que se establecía que la sola afiliación al Fondo Nacional
del Ahorro no implicaba la renuncia al régimen retroactivo, salvo que existiera una
manifestación expresa de voluntad en tal sentido, esto tratándose de servidor
público de la CRQ vinculado antes del 30 de diciembre de 1996 a quien le era
3
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entonces aplicable el régimen retroactivo de cesantías previsto en la Ley 6 de 1945
y normas concordantes.
En su lugar, señaló que el Consejo de Estado4, en pronunciamiento reciente, que
acogería en adelante, respecto a un proceso que se adelantó en ese tribunal,
precisó que si bien «la vinculación de la demandante tuvo lugar el 13 de septiembre
de 1993, esto es, con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, cuando entró en
vigencia la Ley 344 [de 1996], lo que en principio la haría beneficiaria del régimen
de liquidación de sus cesantías con retroactividad; no puede pasarse por alto que
desde siempre estuvo afiliada al Fondo Nacional del Ahorro, entidad para la cual
el legislador previó un régimen de liquidación anual del auxilio en comento y, a
éste se acogió la demandante, sin que en momento alguno hubiera manifestado
su inconformidad o deseo de traslado, pues de ello no reposa prueba en el
expediente; lo cual sólo tuvo lugar cuando fueron liquidadas de manera definitiva
sus prestaciones sociales».
En consecuencia, reiteró el criterio de la Sala según el cual correspondía a la
demandante manifestar en cualquier momento que su afiliación en materia de
cesantías al FNA no le satisfacía y que prefería el régimen retroactivo anterior, sin
que ello ocurriera en el presente asunto, por lo que acogió los argumentos del
recurso apelación.
El anterior proveído se notificó a las partes por correo electrónico el 10 de octubre
de 20255.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora, indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes
defectos en la sentencia enjuiciada:
I. Defecto sustantivo y violación directa a la Constitución Política: al hacer
extensivo los efectos de normas que no eran aplicables al caso en concreto, en
especial las relativas al régimen anualizado de cesantías administrado por el
Fondo Nacional del Ahorro, creado mediante el Decreto 3118 de 1968.
Al respecto consideró que «con la entrada en vigencia de la Constitución Política
de 1991, las Corporaciones Autónomas Regionales pasaron a ser órganos
autónomos no pertenecientes a la rama ejecutiva del poder público, hecho que
adquiere marcada incidencia y relevancia en hora a determinar el régimen de
cesantías de sus funcionarios, y que de entrada hace inconstitucional la
aplicación del régimen estatuido en el Decreto 3118 de 1968 a aquellos
4 Consejo de Estado, Sección Segunda. Consejo Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez. 30 de
octubre de 2024. Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Radicación: 63-001-
23-33-000-2023-00016-01 (4955-2024)
5 Índice 015 en Samai expediente 63001-3333-006-2021-00256-01
4
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funcionarios públicos vinculados en vigencia del nuevo canon constitucional
cuyo ingreso en todo caso ocurrió antes del del 31 de diciembre de 1996,
momento a partir del cual se unificó el régimen de cesantías anualizadas para
todos los funcionarios públicos indistintamente de la naturaleza jurídica de la
entidad a la que pertenezcan».
Adujo que equiparar a la CRQ con los establecimientos públicos del orden
nacional cuando median derechos laborales prestacionales, vulnera el principio
constitucional de favorabilidad y transgrede el régimen autónomo consagrado
en la Constitución para este tipo de entidades.
Para el efecto, aludió a las normas que abordan la naturaleza jurídica de la CRQ,
creada a través de la Ley 66 de 1964 como un establecimiento público
descentralizado, perteneciente a la rama ejecutiva del poder público del orden
nacional en vigencia de la Constitución Política de 1886 pero que en virtud de
lo estatuido por el numeral 7, artículo 150 de la Constitución de 1991 adquirieron
un régimen autonómico que las separó definitivamente de la rama ejecutiva del
poder público.
Así, se refirió al artículo 23 de la Ley 99 de 1993 y a las sentencias de la Corte
Constitucional C-423 de 1994, C-593 de 1995, C-428 de 1997, C-596 de 1998
para concluir que las CAR son organismos autónomos e independientes que no
pertenecen a ninguna rama del poder público, de manera que no se definen de
forma irrestricta como organismos de nivel central, territorial o nacional, siendo
ello relativo a la circunstancia del caso.
Igualmente, sobre el régimen prestacional de los funcionarios de las
Corporaciones Autónomas, señaló que, si bien existe una omisión legislativa
absoluta al respecto, el artículo 2° del Decreto 1768 de 1994 no es aplicable
para regular los salarios y prestaciones sociales de tales servidores y por tanto
es improcedente aplicarla de manera retroactiva a la señora Pareja Martínez,
pues la vinculación de esta se dio del 1 de julio de 1994 mientras que la norma
en cita se profirió el 3 de agosto del mismo año, aunado a que lo que se debate
acá son derechos laborales ciertos e irrenunciables y, sobre todo, por cuanto
sus disposiciones se tornarán menos favorables.
II. Defecto fáctico: por cuanto no obra prueba en el proceso que demuestre la
existencia de consentimiento o manifestación expresa, ni la firma de documento
alguno que indicara que la señora Claudia Victoria Pareja Martínez optó de
manera consciente y expresa por el régimen anualizado, lo que en su sentir
constituye en un requisito indispensable, comoquiera que ni el legislador, ni el
gobierno nacional a través del reglamento, establecieron algún tipo presunción
de cara al cambio de régimen de cesantías de los funcionarios públicos que
tuviesen dicha posibilidad.
5
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1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 13 de abril de 2026 se admitió la acción de tutela y ordenó notificar a
la parte accionante6 y, como parte accionada, al Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Cuarta de Decisión.7
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Armenia «primera instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho» y a la Corporación Autónoma Regional del Quindío «parte demandada
del ordinario».8
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa9
El despacho remitió el enlace de acceso al expediente digitalizado del medio de
control objeto de acción sin realizar pronunciamiento alguno frente a la misma.
1.6.2. Tribunal Administrativo del Quindío10
El magistrado ponente aludió que la tutela carece del requisito de relevancia
constitucional conforme a las subreglas fijadas por la Corte Constitucional,
particularmente en las sentencias SU-215 de 2022 y SU-125 de 2025. Esto por
cuanto el debate plantado es de naturaleza eminentemente legal y prestacional en
tanto la accionante no está de acuerdo con el criterio jurídico que orientó el sentido
de la sentencia cuestionada.
Igualmente, manifestó que la actora no identificó claramente los yerros que habrían
generado la supuesta vulneración de derechos fundamentales, pues los
argumentos empleados se limitan a reiterar las tesis jurídicas formuladas en el
proceso ordinario y en especial «en torno a la aplicación del principio de
favorabilidad, la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales
y la inaplicación del régimen anualizado de cesantías, sin estructurar de manera
técnica la configuración de un defecto específico o irregularidad que obre como
6 Índice 008 de Samai.
7Índice 009 de Samai. La notificación fue enviada al correo:
sectribadmarm@cendoj.ramajudicial.gov.co
8 Índice 009 de Samai. La notificación fue enviada a los correos notificacionesjudiciales@crq.gov.co
y j06admctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co
9 Índice 014 de Samai.
10Índice 015 de Samai.
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causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales».
De otro lado, desvirtuó la existencia de un posible defecto sustantivo en razón a la
estricta sujeción del marco normativo y jurisprudencial aplicable al régimen de
cesantías de los servidores públicos de las Corporaciones Autónomas Regionales,
particularmente en lo concerniente a su naturaleza jurídica, el alcance de la Ley
99 de 1993 y la aplicación del Decreto 1768 de 1994. Por lo que estimó que la
decisión valoró los elementos de juicio allegados al proceso y expuso de manera
clara y suficiente las razones que la sustentaron.
De igual modo, descartó la configuración de alguna vulneración directa a la
Constitución Política en tanto la providencia cuestionada no desconoció de manera
flagrante ni evidente mandatos superiores, sino que resolvió la controversia con
fundamento en la interpretación sistemática de normas legales y decisión judicial
aplicable al caso concreto.
1.6.3. Corporación Autónoma Regional del Quindío 11
La entidad señaló que los cuestionamientos de la actora no se dirigen contra un
acto administrativo de la CRQ sino contra la actividad hermenéutica desplegada
por el juez de segunda instancia, y en consecuencia la presunta vulneración no le
sería imputable por carecer de competencia para fijar el sentido de la providencia.
Señaló que el debate en torno a la naturaleza sui generis de las Corporaciones
Autónomas Regionales, su autonomía constitucional y la presunta existencia de
una omisión legislativa en la definición de su régimen prestacional, particularmente
en materia de cesantías de sus servidores, se trata de un asunto de interpretación
normativa propio del juez natural del proceso contencioso administrativo.
Aludió en tal sentido a la improcedencia de la tutela por pretender reabrir la
discusión ya agotada en el proceso ordinario con el único propósito de obtener un
resultado distinto al alcanzado en segunda instancia.
Con fundamento en lo anterior, solicitó que declarara su falta de legitimación en la
causa por pasiva.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora Claudia Victoria Pareja Martínez contra el Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión, de conformidad con lo
11 Índice 016 de Samai.
7
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establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
2.2. Cuestión previa
La CRQ aludió en el escrito de contestación a su falta de legitimación en la causa
por pasiva y solicitó su desvinculación de la presente acción.
Sin embargo, se advierte que el llamado realizado a la citada entidad se hizo en
calidad de tercero por tener interés en el resultado que se adopte en este asunto
tras haber fungido como parte demandada en el proceso ordinario dentro del cual
se profirió la providencia cuestionada.
2.3. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a esta Corporación resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se determinará si:
• ¿El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión, vulneró las
garantías invocadas por la accionante, con ocasión de la sentencia del 9 de
octubre de 2025, proferida por la autoridad judicial accionada que revocó la
providencia del 28 de octubre de 2024, dictada por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, para, en su lugar, negar las
pretensiones elevadas por la actora en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 63001-3333- 006-
2021-00256-00/01?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, (iii) el caso
concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201212
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8
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tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13 y declaró su
procedencia.14
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202215 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
14 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
15 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
9
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de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal16
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico17; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional18.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal19”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales20”.
16 Sentencia SU-573 de 2019.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-103 de 2022.
19 Sentencia SU-103 de 2022.
20 Sentencia SU-128 de 2021.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Claudia Victoria Pareja Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Cuarta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02622-00
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto21, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal22.
(Resaltado de la Sala)
2.6. Caso Concreto
En el presente asunto, la señora Claudia Victoria Pareja Martínez cuestionó la
providencia del 9 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Cuarta de Decisión, que revocó la sentencia del 28 de agosto de
2024, dictada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia,
para, en su lugar, negar las pretensiones por ella elevadas dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado
63001-3333-006-2021-00256-00/01.
Lo anterior, ya que, a su juicio, se incurrió en defecto sustantivo y violación directa
a la Constitución Política al hacerse extensivo los efectos de normas que, a su
criterio, no eran aplicables para el caso concreto, en especial las relativas al
régimen anualizado de cesantías administrado por el Fondo Nacional del Ahorro -
FNA, creado mediante el Decreto 3118 de 1968.
Consideró que el único régimen de cesantías que le era aplicable es el retroactivo,
previsto para los funcionarios que se vincularon antes del 30 de diciembre de 1996,
teniendo en cuenta la ausencia de regulación específica en materia de salarios y
prestaciones sociales para los funcionarios vinculados a las Corporaciones
Autónomas Regionales
Igualmente, estimó que el juez contencioso incurrió en defecto fáctico al fundar su
decisión en la conducta que asumió la demandante quien no manifestó
inconformidad alguna en su momento respecto a su afiliación en el FNA, cuando
en realidad no obra en el proceso prueba que demuestre la existencia de
consentimiento o manifestación expresa, ni la firma de documento alguno que
indicara que la señora Pareja Martínez optó de manera consciente y expresa por
el régimen anualizado.
21 Sentencia SU-573 de 2019.
22 Ibid.
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A su juicio, el operador judicial no efectuó una apreciación racional e integral de
las pruebas pasando por alto que la afiliación de la demandante al FNA no estaba
condicionada a su voluntad, «sino que ello ocurría porque la entidad la consideraba
como una funcionaria de obligatoria afiliación a dicho fondo, al entender que a la
misma le aplicaba lo pertinente a las entidades pertenecientes a la rama ejecutiva
del nivel nacional, específicamente los establecimientos públicos».
Entonces, respecto a lo alegado por la actora, la Sala evidencia que los
argumentos planteados, pese a que hacen alusión a un lenguaje constitucional,
realmente denotan una inconformidad con la decisión proferida por el juez
contencioso, por lo que este mecanismo se torna improcedente al no cumplir el
requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse.
Se observa que la causa de la queja planteada en esta tutela guarda estrecha
relación con los argumentos expuestos en el medio de control formulado por el
extremo actor contra la entidad demandada, por el no reconocimiento y pago de la
sanción contemplada en la Ley 244 de 1995 de la cual estima ser beneficiaria.
En efecto, la señora Claudia Victoria Pareja Martínez aludió en el proceso
contencioso a la interpretación que se debía dar a diversas disposiciones
normativas que consagraron el régimen retroactivo de cesantías creado mediante
la ley 6 de 1945 así como a la omisión legislativa que existe en torno a las
prestaciones sociales de los servidores vinculados a las Corporaciones
Autónomas Regionales. A su juicio, la providencia cuestionada incurrió en una
interpretación errónea del régimen aplicable, al desconocer la naturaleza jurídica
de las Corporaciones Autónomas Regionales, aplicar de manera retroactiva
normas posteriores a su vinculación y omitir el principio de favorabilidad en materia
laboral.
No obstante, el tribunal accionado al abordar la resolución del caso, luego de
analizar el régimen laboral de los servidores que trabajan en las dichas
Corporaciones, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1768
de 1994, las disposiciones invocadas por la actora como el artículo 12 de la Ley 6
de 1945 y demás normas que regulan el asunto, consideró que a la demandante
no le era aplicable el régimen retroactivo invocado sino el anualizado, atendiendo
además el reciente pronunciamiento de la Sección Segunda de esta Corporación
en sentencia del 30 de octubre de 2024 donde también se evalúo la conducta
asumida por la usuaria que no manifestó en su momento inconformidad alguna
respecto a su afiliación en el FNA, entidad para la cual el legislador previó un
régimen de liquidación anual del auxilio en comento.
Al respecto el juez contencioso señaló lo siguiente:
«[…] en el pasado había sostenido [el Tribunal] que, dada la fecha de vinculación del
servidor público a la CRQ -antes del 30 de diciembre de 1996, le era entonces
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aplicable el régimen retroactivo de cesantías previsto en la Ley 6 de 1945 y normas
concordantes. Bajo esta línea, se razonaba que, si bien coexistían para esa época el
sistema de liquidación anual de la Ley 50 de 1990 —aplicable al sector privado— y el
régimen administrado por el Fondo Nacional del Ahorro creado por el Decreto 3118
de 1968 —para los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional—, ninguno
de ellos cobijaba a las Corporaciones Autónomas Regionales, en cuanto estas son
órganos autónomos e independientes, con naturaleza jurídica especial y distinta de
las ramas del poder público. En consecuencia, se entendía que la sola afiliación al
Fondo Nacional del Ahorro no implicaba la renuncia al régimen retroactivo, salvo que
existiera una manifestación expresa de voluntad en tal sentido.
De igual modo, se resaltaba por parte de este Tribunal que la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia había exigido la presencia de un consentimiento informado
como requisito para el traslado de régimen, por lo que no resultaba suficiente la simple
firma de formularios de afiliación. En tal medida, la carga de la prueba recaía en la
administración o en el fondo administrador, quienes debían acreditar que el trabajador
comprendió los alcances del cambio y que su aceptación fue libre, consciente y
desprovista de vicios. A falta de esa prueba, la Corporación concluía que la parte
actora debía permanecer amparada por el régimen retroactivo de cesantías.
Sin embargo, el Consejo de Estado, en pronunciamiento reciente respecto de un
proceso de esta Corporación, precisó que la reclamación de la demandante carecía
de fundamento jurídico, toda vez que, contrario a lo concluido por este Tribunal, su
adscripción al Fondo Nacional del Ahorro respondió al marco normativo vigente y no
a una actuación arbitraria, por lo que la prestación debía liquidarse bajo el sistema
anualizado de cesantías».
Así, en el asunto que nos concierne realizar el estudio de los defectos invocados
conllevaría centrarnos nuevamente en establecer si a la demandante le era o no
aplicable el régimen retroactivo de cesantías, lo que tornaría la presente acción
constitucional en una instancia adicional a las ya surtidas en el proceso ordinario.
Se observa que, si bien la parte actora intenta exponer las razones por las cuales
considera que la autoridad judicial accionada incurrió en una vulneración de sus
derechos fundamentales, en realidad lo que se evidencia es una simple
inconformidad con la interpretación realizada por el ad quem, la jurisprudencia
utilizada para resolver su caso, la valoración de las pruebas efectuadas y las
conclusiones a las cuales se arribó en sede de segunda instancia, lo cual, per se,
no implica una trasgresión de las mencionadas garantías.
Es preciso mencionar que la valoración de los medios de prueba es un ejercicio
intelectual en el que el director del proceso, aplicando las reglas de la sana crítica
y las máximas de la experiencia, determina el valor que asigna a cada uno de
estos. Lo cual, se encuentra cobijado por la independencia y autonomía que gozan
las autoridades judiciales, por lo que, salvo en casos excepcionalísimos, no es
viable su reproche en este escenario constitucional.
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Así las cosas, para el caso concreto, no resulta notoria la tensión entre los
derechos fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial
demandada, que amerite la intervención del juez constitucional, en tanto que, la
acción de tutela no se encuentra instituida para resolver asuntos de tal naturaleza
legal.
Entrar a estudiar la decisión judicial acusada, sin sustentarse, ni demostrarse la
transgresión de los derechos fundamentales invocados por la accionante, resulta
contraria a la naturaleza del juez constitucional que está llamado a proteger
aquellas garantías fundamentales vulneradas y a proferir decisiones encaminadas
a restablecer las mismas.
La Corte Constitucional ya ha decantado que la acción de tutela no es una vía
alterna, ni un mecanismo para rectificar decisiones judiciales en firme, ni para
desautorizar interpretaciones jurídicas que se hacen dentro del marco de la
autonomía y de la independencia propia de los jueces, ni el instrumento para atacar
o impugnar las decisiones judiciales que tienen fuerza ejecutoria.23
Es evidente que la controversia esbozada por el extremo actor no satisface el
requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se circunscribe a
aspectos legales y lo que busca es imponer su criterio, el cual estima más
acertado, sobre el del operador judicial, lo cual denota un desconcierto respecto al
sentido de la decisión y no una verdadera transgresión a derechos fundamentales.
En suma, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar las providencias
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que
el debate legal planteado por la parte actora, se reitera, busca mutar el amparo
constitucional en una instancia adicional y reabrir la discusión jurídica ya zanjada
por el juez contencioso, conforme las etapas que para tal efecto estableció el
legislador.
De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo se torna improcedente por no superar el requisito de relevancia
constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
23 Sentencia SU134 del 21 de abril de 2022. Magistrado Ponente José Fernando Reyes Cuartas.
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FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Corporación
Autónoma Regional del Quindío.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la
señora Claudia Victoria Pareja Martínez, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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