República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02622-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
30 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02622-01 (6637)
Accionante: Claudia Victoria Pareja Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: régimen de cesantías
aplicable a empleados de las Corporaciones Autónomas Regionales. Subtema 2:
requisitos generales de procedibilidad.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación presentada por Claudia Victoria Pareja Martínez contra la sentencia
del 7 de mayo de 2026, mediante la cual la Sección Quinta de esta Corporación
declaró improcedente la acción de tutela promovida contra la sentencia del 9 de
octubre de 2025, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo
del Quindío.
1. Síntesis del caso
Claudia Victoria Pareja Martínez interpuso acción de tutela contra la sentencia del
9 de octubre de 2025, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado número 63001-3333-006-2021-00256-01,
mediante la cual se revocó la decisión del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Armenia que había reconocido la aplicación del régimen retroactivo de cesantías
y, en su lugar, se negaron las pretensiones de la demanda.
La accionante sostuvo que la providencia vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso y al trabajo, así como el principio de favorabilidad, porque aplicó el
régimen anualizado con fundamento en el Decreto 1768 de 1994, expedido después
de su vinculación a la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), y porque
dedujo de su permanencia en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) una aceptación
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Accionante: Claudia Victoria Pareja Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
del cambio de régimen, pese a que no existía prueba de una manifestación expresa,
libre y voluntaria en ese sentido.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1.
De conformidad con los documentos que obran en el expediente, es posible
reconstruir los siguientes hechos jurídicamente relevantes:
2.
Claudia Victoria Pareja Martínez se vinculó a la CRQ el 1.º de julio de 1994,
mediante nombramiento en período de prueba, y tomó posesión ese mismo día en
el cargo de tecnóloga. La relación laboral se mantuvo vigente, por lo menos, hasta
la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
3.
Desde el inicio de su vinculación, la CRQ liquidó y consignó las cesantías de
la servidora bajo el sistema anualizado en el Fondo Nacional del Ahorro.
4.
El 18 de marzo de 2021, la señora Pareja Martínez solicitó a la CRQ que
reconociera y liquidara sus cesantías bajo el régimen retroactivo, con inclusión de
los factores salariales correspondientes. Sostuvo que, por haberse vinculado antes
del 31 de diciembre de 1996, conservaba ese régimen y no había manifestado su
voluntad de trasladarse al sistema anualizado.
5.
Mediante el Oficio 00004624-130-24 del 15 de abril de 2021, la CRQ negó la
solicitud. La entidad señaló que existía una omisión legislativa respecto del régimen
prestacional de los empleados de las corporaciones autónomas regionales y
consideró aplicables las disposiciones previstas para los servidores públicos del
orden nacional, conforme a la remisión contenida en el Decreto 1768 de 1994.
6.
La interesada promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra ese acto administrativo. Solicitó que se declarara su nulidad y que
se ordenara reconocer y liquidar sus cesantías de manera retroactiva desde la fecha
de posesión hasta el retiro, tomando en consideración los factores salariales
previstos legalmente.
7.
El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, en sentencia del 28
de agosto de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones. Consideró que la
demandante era beneficiaria del régimen retroactivo porque ingresó antes del 31 de
diciembre de 1996 y porque su afiliación al Fondo Nacional del Ahorro no acreditaba
una manifestación expresa, inequívoca y voluntaria de renuncia a dicho régimen.
8.
En consecuencia, el juzgado anuló el oficio demandado y ordenó a la CRQ
liquidar retroactivamente las cesantías desde el 1 de julio de 1994, con base en el
último salario y los factores previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
También dispuso descontar las sumas ya reconocidas y consignar en el Fondo
Nacional del Ahorro el mayor valor resultante.
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9.
La CRQ apeló la decisión. Alegó que, de conformidad con la Ley 99 de 1993
y el Decreto 1768 de 1994, a los empleados de las corporaciones autónomas
regionales les resultaban aplicables las normas de las entidades descentralizadas
del orden nacional y que la afiliación de la demandante al Fondo Nacional del Ahorro
desde el comienzo de la relación laboral demostraba la aplicación legítima del
régimen anualizado.
10.
Mediante sentencia del 9 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Quindío revocó la decisión y negó las pretensiones. Consideró que el Decreto 1768
de 1994 permitía aplicar a los servidores de las CAR el régimen laboral nacional y
que la permanencia de la demandante en el Fondo Nacional del Ahorro, sin
manifestar oportunamente su inconformidad, impedía reconocerle posteriormente el
régimen retroactivo.
11.
El Tribunal indicó que modificaba el criterio previamente sostenido por esa
corporación y acogía la postura de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
expresada en una sentencia del 30 de octubre de 2024. Según esa providencia, la
afiliación al Fondo Nacional del Ahorro no era arbitraria y determinaba la aplicación
del sistema anualizado cuando el servidor había permanecido vinculado a dicho
fondo sin solicitar el cambio de régimen.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
12.
La señora Claudia Victoria Pareja Martínez, por medio de apoderado,
promovió acción de tutela contra la sentencia del 9 de octubre de 2025, proferida
por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 63001-3333-006-2021-00256-
011. Consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al
trabajo en condiciones de justicia y equidad y a la aplicación del principio de
favorabilidad laboral. La tutela solicitó que el juez constitucional dejara sin efectos
la providencia cuestionada y ordenara al Tribunal dictar una nueva sentencia con
observancia de las garantías constitucionales invocadas.
13.
La solicitud de amparo formuló como problema central si, ante la falta de una
ley que regule el régimen prestacional de los servidores de la CRQ, era
constitucionalmente admisible extender a la accionante el régimen anualizado
mediante un decreto posterior a su vinculación. La parte actora sostuvo que el
Tribunal no se limitó a interpretar las normas preexistentes, sino que utilizó el
Decreto 1768 de 1994 para definir el régimen de cesantías de una persona que
había ingresado a la entidad el 1.º de julio de 1994, mientras que aquel decreto fue
expedido el 3 de agosto siguiente. Según el argumento de la tutela, esa aplicación
retroactiva afectó derechos laborales nacidos desde el inicio de la relación.
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02622-01, índice 2, certificado 593B1ABECD47C9AB
A3F1B3E051F4575C A172E21251E29A81 88B467711EDAC00E. La acción de tutela fue radicada el 7 de abril
de 2026.
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14.
Como primer cargo específico, alegó el defecto sustantivo y la violación directa
de la Constitución. Afirmó, en ese sentido, que el Decreto 3118 de 1968 creó el
sistema anualizado del FNA para determinados empleados de la Rama Ejecutiva
del orden nacional, entre ellos los servidores de establecimientos públicos. Sin
embargo, para el momento en que la accionante ingresó, la Constitución de 1991 y
la Ley 99 de 1993 ya habían reconocido a las CAR un régimen de autonomía que,
según la demanda, impedía tratarlas como establecimientos públicos o entidades
descentralizadas ordinarias de la Rama Ejecutiva. De allí derivó que las
disposiciones del Decreto 3118 no podían extenderse automáticamente a sus
empleados.
15.
Para sustentar ese cargo, la tutela reconstruyó las variaciones de la
jurisprudencia constitucional sobre la naturaleza jurídica de las CAR. Reconoció que
la CRQ fue creada bajo la vigencia de la Constitución de 1886 como un
establecimiento público descentralizado, pero sostuvo que esa caracterización fue
modificada por la Constitución de 1991. Citó decisiones que las han considerado
entidades nacionales, organismos intermedios, entes autónomos y, en la
jurisprudencia más reciente, entidades «sui generis» que no encajan estrictamente
en la descentralización por servicios ni en la territorial. A partir de esa evolución,
afirmó que el Tribunal adoptó la caracterización menos favorable al equiparar a la
CRQ con las entidades sometidas al régimen anualizado.
16.
Del mismo modo, la parte añadió un argumento de reserva legal. Sostuvo que,
conforme al artículo 150 de la Constitución, la fijación del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos requiere intervención del legislador y no
podía quedar definida por el Decreto 1768 de 1994. La tutela caracteriza esa norma
como expedida en ejercicio de facultades conferidas por la Ley 99 de 1993 y afirma
que, aun si se le reconociera fuerza de ley, el Ejecutivo no estaba habilitado para
regular esa materia. En todo caso, insistió en que la norma era posterior a la
vinculación de la actora y que su aplicación resultaba desfavorable.
17.
La tutela también reprochó que el Tribunal no hubiera aplicado ni explicado
suficientemente la inaplicación del principio de favorabilidad. Según la demandante,
el propio fallo admitió la existencia de un vacío normativo y la falta de claridad sobre
la naturaleza jurídica de las CAR. En ese escenario, debía escoger, entre las
interpretaciones razonablemente posibles, la que protegiera en mayor medida los
derechos laborales. Para la accionante, esa interpretación era la aplicación del
régimen retroactivo previsto en la Ley 6.ª de 1945 y sus normas reglamentarias,
pues al momento de su vinculación el régimen anualizado del FNA estaba previsto
para entidades de la Rama Ejecutiva a las que la CRQ ya no pertenecía.
18.
Como segundo cargo planteó el defecto fáctico, en el que cuestionó que el
Tribunal dedujera la aceptación del régimen anualizado del hecho de que la
servidora permaneciera afiliada al FNA y no hubiera expresado antes su
inconformidad. La demanda sostuvo que en el proceso no existía formulario,
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solicitud, autorización ni manifestación expresa que demostrara que Claudia Pareja
había optado consciente y voluntariamente por ese régimen. En su criterio, la
afiliación a una entidad administradora no equivalía necesariamente a un cambio de
sistema de liquidación y no podía presumirse una renuncia a un régimen laboral
más favorable.
19.
La actora invocó jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
según la cual el traslado de un servidor beneficiario del régimen retroactivo al
anualizado requería una manifestación expresa. Por ello, afirmó que el Tribunal
alteró indebidamente la carga argumentativa: en lugar de exigir a la CRQ demostrar
la voluntad de cambio, reprochó a la trabajadora no haber solicitado durante años
la aplicación del régimen retroactivo. La tutela consideró que esa inferencia no tenía
respaldo probatorio y desconocía que la afiliación había sido efectuada por la
entidad bajo la consideración de que era obligatoria, no como resultado de una
elección de la empleada.
20.
Respecto del precedente utilizado por el Tribunal, la demanda destacó que la
sentencia de la Sección Segunda del 30 de octubre de 2024 se refería a una
servidora vinculada el 15 de septiembre de 1993, antes de la Ley 99 de 1993,
cuando la CRQ aún era considerada establecimiento público. Claudia Pareja, en
cambio, ingresó después de esa ley y antes del Decreto 1768 de 1994. La acción
utilizó esa diferencia para sostener que el precedente no resolvía el supuesto
temporal específico del caso y que el Tribunal no justificó suficientemente por qué
extendía su regla a una relación surgida bajo un marco jurídico distinto.
21.
Finalmente, y con base en lo anterior, la solicitante pretende lo siguiente:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, el principio de
favorabilidad laboral, y el derecho al trabajo bajo criterios de justicia y equidad dada
la naturaleza del auxilio y su íntima relación con la dignidad humana y su
remuneración mínima, vital y móvil de la señora CLAUDIA VICTORIA PAREJA
MARTÍNEZ vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, Sala
Cuarta de decisión, M.P LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN, Sentencia 0209-002-
2025 del 09 de Octubre de 2025, radicado: 63001-3333-006-2021-00256-01 en el
marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho laboral en contra de la
Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ-.
SEGUNDO: ORDENAR a la Sala Cuarta de decisión del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, para que dentro del término perentorio que
considere la Sala, profiera nuevo fallo de segunda instancia en el que se proteja el
derecho al debido proceso de mi mandante otorgando prevalencia y aplicación al
principio de favorabilidad en la resolución del caso en concreto.
TERCERO: ORDENAR Cualquier otra medida que bajo su facultad de Juez
Constitucional considere pertinente y necesaria para proteger y evitar la vulneración
de los derechos que se acusan como conculcados.
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2.3. Trámite procesal
22.
A través del auto del 13 de abril de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela promovida por Claudia Victoria Pareja Martínez
contra la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío. En la
misma providencia ordenó notificar a los magistrados que profirieron la sentencia
cuestionada, vinculó como terceros con interés a la Corporación Autónoma Regional
del Quindío y al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, solicitó la
remisión íntegra del expediente ordinario, dispuso la publicación de la tutela y del
auto admisorio, tuvo como pruebas los documentos aportados y reconoció
personería al apoderado de la accionante.
2.4. Intervenciones
23.
El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia remitió las pruebas
requeridas en el referido auto admisorio a través de un memorial fechado el 16 de
abril de 20262. Sin embargo, guardó silencio respecto de las peticiones de la acción
de tutela.
24.
Por su parte, el Tribunal Administrativo del Quindío, solicitó declarar
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional y por no
haberse identificado razonablemente los defectos atribuidos a la providencia3. Adujo
que la controversia era de naturaleza legal y prestacional, y que la accionante
pretendía reabrir, como una tercera instancia, el debate sobre el régimen de
cesantías aplicable.
25.
Subsidiariamente, afirmó que no se configuró ni el defecto sustantivo ni el
defecto de violación directa de la Constitución, pues la sentencia se sustentó en el
marco normativo aplicable y en el criterio adoptado por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en un caso relacionado con empleados de la CRQ. Agregó que
no procedía aplicar el principio de favorabilidad, debido a que no existía una duda
interpretativa, y que el desacuerdo de la actora con la solución adoptada no
demostraba arbitrariedad judicial.
26.
Mediante memorial del 16 de abril de 2026, la CRQ solicitó, a su turno, que se
declare la improcedencia de la tutela respecto de la entidad y que se ordene su
desvinculación, porque la vulneración provendría exclusivamente de la sentencia
del Tribunal Administrativo del Quindío4. Sostiene que no profirió la providencia
cuestionada ni tiene competencia para modificarla, por lo que carece de legitimación
en la causa por pasiva. También afirma que la accionante pretende utilizar la tutela
como una tercera instancia para reabrir una controversia legal y prestacional ya
2
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3
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02622-01 (6637)
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Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
resuelta, sin demostrar un defecto judicial específico. Subsidiariamente, pide que
cualquier eventual orden de amparo se dirija únicamente contra la autoridad judicial
accionada y no le imponga obligaciones a la CRQ.
2.5. Sentencia de primera instancia
27.
Mediante sentencia del 7 de mayo de 20265, la Sección Quinta del Consejo de
Estado examinó la acción de tutela promovida contra la decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío. La Sala reconstruyó el proceso ordinario y precisó que
el juzgado había reconocido el régimen retroactivo de cesantías, al considerar que
la vinculación al Fondo Nacional del Ahorro no demostraba una renuncia expresa a
ese régimen. También señaló que el Tribunal revocó esa decisión porque entendió
aplicables las normas laborales del orden nacional y acogió el criterio reciente de la
Sección Segunda, según el cual la afiliación prolongada al FNA, sin manifestación
de inconformidad, determinaba la aplicación del sistema anualizado.
28.
La Sección Quinta del Alto Tribunal identificó que la accionante atribuía a la
providencia defectos sustantivo y fáctico, además de una violación directa de la
Constitución. El primer reproche se fundamentó en la aplicación del Decreto 1768
de 1994 a una relación laboral iniciada antes de su expedición, en la equiparación
de la CRQ con entidades descentralizadas del orden nacional y en la omisión del
principio de favorabilidad. El defecto fáctico se sustentó en que no existía prueba de
una manifestación expresa, consciente y voluntaria mediante la cual la actora
hubiera optado por el régimen anualizado, pese a lo cual el Tribunal dedujo esa
aceptación de su permanencia en el Fondo Nacional del Ahorro.
29.
Antes de analizar esos cuestionamientos, la Sala estudió el requisito general de
relevancia constitucional. Con apoyo en la sentencia SU-215 de 2022, sostuvo que
la tutela contra providencias judiciales debe plantear una discusión clara y directa
sobre el contenido o afectación grave de un derecho fundamental, y no limitarse a
una controversia legal, económica o interpretativa. Destacó que el juez
constitucional realiza un juicio de validez de la providencia y no de corrección
jurídica, por lo que no puede sustituir al juez natural en la interpretación de las
normas, la valoración de las pruebas o la elección del precedente aplicable, salvo
que se demuestre una actuación claramente arbitraria o abiertamente contraria a
los derechos fundamentales.
30.
Al aplicar esas reglas, la Sección Quinta concluyó que los argumentos de la
tutela reproducían, en esencia, la controversia debatida en el proceso ordinario: la
naturaleza jurídica de las CAR, el régimen de cesantías aplicable, el alcance
temporal del Decreto 1768 de 1994 y los efectos de la afiliación al FNA. Consideró
que el Tribunal había estudiado las normas y la jurisprudencia pertinentes, había
explicado el cambio de su precedente horizontal y había acogido una decisión
reciente de la Sección Segunda. Por ello, estimó que la accionante buscaba imponer
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02622-01, índice 20, certificado 594D33C9D325A81D
B4FE585A0AC1406D C171DD18398ED157 8BD264DC47D7D4AB.
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Accionante: Claudia Victoria Pareja Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
una interpretación distinta de la adoptada por el juez ordinario y convertir la tutela
en una instancia adicional, sin demostrar una tensión constitucional notoria que
justificara la intervención excepcional del juez de amparo.
31.
En consecuencia, la Sala declaró improcedente la tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional. Asimismo, negó la solicitud de desvinculación
presentada por la CRQ, al aclarar que esta entidad había sido convocada como
tercera con interés, debido a que fue la parte demandada en el proceso ordinario y
podía resultar afectada por una eventual decisión de amparo.
2.6. Impugnación contra la sentencia de primera instancia
32.
El 14 de mayo de 2026, la accionante impugnó la sentencia que declaró
improcedente el amparo por falta de relevancia constitucional. Manifestó que la
Sección Quinta descontextualizó la controversia al entender que la tutela pretendía
obtener directamente el reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas. Aclaró
que la solicitud se dirigía a proteger el debido proceso y a ordenar al Tribunal
Administrativo del Quindío dictar una nueva sentencia, sin aplicar retroactivamente
el Decreto 1768 de 1994 y con un análisis expreso del principio de favorabilidad.
Según la impugnación, la primera instancia redujo indebidamente el asunto a una
discrepancia legal y omitió examinar los defectos sustantivo y fáctico formulados en
la demanda.
33.
En relación con la relevancia constitucional, afirmó que el debate compromete
la aplicación de los artículos 29, 53 y 150 de la Constitución. Explicó que la
accionante se vinculó a la CRQ el 1.º de julio de 1994, mientras que el Decreto 1768
fue expedido el 3 de agosto siguiente, de modo que la providencia cuestionada
habría utilizado una disposición posterior para definir desfavorablemente su régimen
prestacional. Agregó que, aunque ese decreto no establece directamente un
régimen de cesantías, el Tribunal lo empleó como fundamento para remitirse a las
normas aplicables a las entidades descentralizadas del orden nacional y, por esa
vía, someter a la servidora al sistema anualizado previsto en el Decreto 3118 de
1968.
34.
La recurrente adujo que la controversia no es exclusivamente económica ni de
mera legalidad, porque exige determinar si la CRQ podía ser equiparada a un
establecimiento público o a una entidad descentralizada por servicios. Indicó que la
jurisprudencia constitucional más reciente caracteriza a las CAR como entidades
autónomas y sui generis, que no encajan en las categorías ordinarias de
descentralización administrativa. Por ello, consideró que el Tribunal aplicó la
interpretación menos favorable y omitió justificar por qué no acudía al principio
previsto en el artículo 53 de la Constitución, pese a la ausencia de una regulación
legislativa clara sobre el régimen prestacional de los servidores de esas
corporaciones. En su criterio, dicha omisión comprometió directamente el debido
proceso de la accionante.
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Accionante: Claudia Victoria Pareja Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
35.
Como elemento adicional, la impugnación citó una sentencia de tutela de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, también del 7 de mayo de 2026, en la que
se habría considerado superado el requisito de relevancia constitucional en un
asunto análogo sobre el régimen de cesantías de empleados de una corporación
autónoma regional6. Según el memorial, esa providencia de primera instancia
reconoció que una indebida determinación del régimen aplicable podía
comprometer derechos laborales y que la demandante no contaba con otro medio
para controvertir los argumentos de la sentencia de segunda instancia que había
revocado una decisión favorable. Con base en ello, sostuvo que la Sección Quinta
aplicó de manera excesivamente restrictiva el examen de procedibilidad.
36.
Finalmente, reiteró la configuración del defecto fáctico. Señaló que no existía
documento alguno que acreditara que Claudia Victoria Pareja Martínez hubiera
solicitado o aceptado expresamente su sometimiento al régimen anualizado. Por el
contrario, destacó que el oficio de la CRQ del 15 de abril de 2021 reconocía que no
obraba prueba de su consentimiento y mostraba que la afiliación al FNA fue
realizada por la entidad, bajo la consideración de que era obligatoria. A juicio de la
impugnante, el Tribunal omitió valorar ese elemento y dedujo una aceptación
voluntaria de la mera permanencia en el fondo, pese a que la jurisprudencia
invocada exigía una manifestación expresa para el cambio de régimen.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
37.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 7 de mayo de
2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa de las partes
38.
La legitimación en la causa por activa de Claudia Victoria Pareja Martínez está
acreditada, por cuanto fue la parte demandante dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la providencia judicial
cuestionada y, por tanto, es la titular de los derechos fundamentales cuya
vulneración alega.
6
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 7 de mayo de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-01636-00,
M.P. Wilson Ramos Girón. Es importante indicar que la Sala no desconoce que, mediante sentencia del 25 de
junio de 2026, la Sección Primera de esta Corporación revocó el fallo de tutela invocado por la accionante y
declaró improcedente el amparo promovido en un asunto semejante, por falta de relevancia constitucional. No
obstante, la Subsección se aparta respetuosamente de esa conclusión, pues considera que los
cuestionamientos formulados en este caso en concreto no se limitan a proponer una interpretación legal
alternativa, sino que plantean la aplicación, para definir el régimen prestacional de la accionante desde el inicio
de su vínculo, de una disposición expedida con posterioridad, así como la atribución de efectos jurídicos de
consentimiento tácito a una conducta que el ordenamiento no reconoce como suficiente para modificar el
régimen de cesantías. Esas circunstancias comprometen directamente el debido proceso y justifican el examen
excepcional de la providencia judicial. Ver Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 25 de junio de
2026, exp. 11001-03-15-000-2026-01636-01, M.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02622-01 (6637)
Accionante: Claudia Victoria Pareja Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
39.
Por su parte, la legitimación en la causa por pasiva recae en el Tribunal
Administrativo del Quindío, autoridad judicial que expidió la sentencia del 9 de
octubre de 2025, respecto de la cual la actora atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales.
3.3. Problema jurídico
40.
Se contrae a determinar lo siguiente: ¿Satisface la solicitud de amparo los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales? Y, de acreditarse el cumplimiento de tales exigencias, ¿incurrió el
Tribunal Administrativo del Quindío en un defecto sustantivo al concluir que Claudia
Victoria Pareja Martínez estaba sometida al régimen anualizado de cesantías
administrado por el Fondo Nacional del Ahorro, pese a haberse vinculado a la CRQ
el 1º de julio de 1994, al aplicar para tal efecto el Decreto 1768 de 1994 y atribuir a
su afiliación y permanencia en dicho fondo efectos de cambio de régimen sin
manifestación expresa de voluntad?
41.
La Sala considera que para resolver ambos interrogantes es pertinente estudiar
la sentencia del 9 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío, contra la cual se interpuso la acción de tutela.
3.4. Estudio de la sentencia del 9 de octubre de 2025 del Tribunal
Administrativo del Quindío
42.
En esta decisión, el Tribunal reconoció que durante varios años había sostenido
una línea jurisprudencial favorable a los empleados de las Corporaciones
Autónomas Regionales vinculados antes de 1996, pues se consideraba que dichos
servidores eran beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías y que la sola
afiliación al Fondo Nacional del Ahorro no implicaba el abandono de ese derecho.
Además, se exigía una manifestación expresa, libre e informada del trabajador para
entender que había renunciado al régimen retroactivo y optado por otro sistema de
liquidación de cesantías.
No obstante, el operador judicial decidió apartarse de ese criterio y acoger el
precedente reciente del Consejo de Estado contenido en la sentencia del 30 de
octubre de 20247, proferida dentro del proceso promovido por María Cristina López
Castaño contra la CRQ. En esa providencia, la Sección Segunda, Subsección A de
esta corporación concluyó que la afiliación de los servidores de la CRQ al Fondo
Nacional del Ahorro no fue una actuación arbitraria o ilegal de la entidad, sino una
consecuencia del marco normativo aplicable. Por ello, determinó que dichos
servidores debían entenderse cobijados por el régimen anualizado de cesantías
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de octubre de 2024, exp. 63-001-23-
33-000-2023-00016-01 (4955-2024), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez. En Samai, exp. 63001-23-33-000-2023-
00016-01, índice 9, certificado 6A7ED281F0328BF9 1B8FF8D7646F33E8 85A2FBFAEE58EB7E
62EBA26D5481B899.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02622-01 (6637)
Accionante: Claudia Victoria Pareja Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
administrado por el Fondo Nacional del Ahorro y no por el régimen retroactivo
reclamado posteriormente.
Al estudiar el régimen jurídico aplicable, el Tribunal concluyó que, aunque las
Corporaciones Autónomas Regionales son entidades autónomas e independientes
que no pertenecen a ninguna rama del poder público, la Ley 99 de 1993 y el Decreto
1768 de 1994 disponen que, en ausencia de regulación específica, les son
aplicables las normas previstas para las entidades descentralizadas del orden
nacional. Con base en esa remisión normativa, se consideró que en materia
prestacional los servidores de la CRQ debían regirse por las disposiciones
compatibles del orden nacional, dentro de las cuales se encontraba el sistema de
cesantías administrado por el Fondo Nacional del Ahorro. En consecuencia,
entendió que la afiliación de la ahora accionante a dicho fondo desde el inicio de su
vinculación se ajustó a derecho.
A partir de esa interpretación, el Tribunal concluyó que el elemento decisivo para
resolver el caso no era únicamente que la demandante se hubiera vinculado antes
del 31 de diciembre de 1996, sino que desde el comienzo de la relación laboral
estuvo afiliada al Fondo Nacional del Ahorro y sus cesantías fueron administradas
bajo el esquema anualizado propio de ese sistema. Además, resaltó que durante
toda su permanencia en la entidad nunca objetó esa situación ni solicitó la aplicación
de un régimen diferente. Por ello revocó la sentencia de primera instancia (que
había sido favorable a la actora), negó las pretensiones de la demanda y concluyó
que Claudia Victoria Pareja Martínez no es beneficiaria del régimen retroactivo de
cesantías, sino del régimen anualizado administrado por el Fondo Nacional del
Ahorro.
3.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
43.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de unos requisitos generales y
específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un
uso abusivo de este mecanismo constitucional9.
44.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial «subsidiariedad»;
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
«inmediatez»;
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02622-01 (6637)
Accionante: Claudia Victoria Pareja Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
45.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales y, por tanto,
constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
46.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, una de las siguientes causales o defectos: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución10.
3.6. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad para el caso
concreto
47.
En el presente asunto, la Sala encuentra satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, por las razones
que se exponen a continuación.
48.
En primer lugar, el asunto reviste relevancia constitucional, porque la accionante
no cuestiona únicamente la interpretación de las normas que regulan los sistemas
de liquidación de cesantías, y en ese sentido no se trata de una mera objeción legal
o económica contra la providencia judicial. Su reproche, en cambio, se dirige a
demostrar que el Tribunal Administrativo del Quindío le atribuyó el régimen
anualizado de cesantías con fundamento en disposiciones que podrían no resultar
aplicables a su situación. En particular, sostiene que el Decreto 1768 de 1994 fue
expedido después de su vinculación a la CRQ; que el Decreto 3118 de 1968 no
incluyó expresamente a las corporaciones autónomas regionales entre las
entidades sometidas al sistema del Fondo Nacional del Ahorro; y que la naturaleza
autónoma y «sui generis» de aquellas impediría equipararlas, sin una justificación
suficiente, a los establecimientos públicos del orden nacional.
49.
A lo anterior se suma el hecho de que el Tribunal habría deducido la aceptación
del régimen anualizado de la permanencia de la señora Claudia Victoria Pareja
10
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02622-01 (6637)
Accionante: Claudia Victoria Pareja Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
Martínez en el Fondo Nacional del Ahorro, pese a que, según la tutela, no existía
una manifestación expresa mediante la cual hubiera optado por ese sistema.
También se reprocha que, ante la incertidumbre normativa reconocida por la propia
providencia sobre el régimen prestacional de quienes trabajan en las CAR, no se
hubiera examinado suficientemente la aplicación del principio de favorabilidad.
Estos cuestionamientos permiten advertir, al menos en principio, una posible
afectación del debido proceso, entendido como el derecho a que la controversia sea
resuelta con fundamento en las normas aplicables, mediante una valoración
razonable de los argumentos y de las pruebas determinantes.
50.
La controversia también puede comprometer el derecho al trabajo en
condiciones dignas y justas. Las cesantías son una prestación derivada de la
relación laboral y su forma de liquidación determina el valor que corresponde al
servidor por el tiempo trabajado. Por ello, la eventual aplicación de un régimen que
no fuera el jurídicamente procedente podría afectar el contenido de una garantía
laboral y desconocer los principios constitucionales que orientan la protección del
trabajo. En esas condiciones, el debate no se reduce a una diferencia económica
entre dos liquidaciones, sino que comprende la forma en que una autoridad judicial
definió los derechos prestacionales de la accionante.
51.
Esta conclusión no significa que el juez de tutela deba aceptar la interpretación
propuesta por la actora, ni que cualquier desacuerdo sobre el régimen de cesantías
aplicable adquiera relevancia constitucional. Tampoco supone anticipar que la
señora Pareja Martínez era efectivamente beneficiaria del sistema retroactivo.
Significa únicamente que los reproches planteados permiten examinar si el Tribunal
aplicó de manera razonable las normas vigentes para la fecha de vinculación,
consideró adecuadamente la naturaleza jurídica de la CRQ, valoró los elementos
relacionados con la afiliación al FNA y explicó la incidencia del principio de
favorabilidad en la solución del caso. Por lo anterior, se revocará la sentencia de
primera instancia, que declaró la improcedencia del recurso de amparo por no haber
cumplido el requisito de relevancia constitucional.
52.
Asimismo, se cumple el requisito de subsidiariedad. La controversia fue
tramitada a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y
contó con dos instancias. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia
accedió parcialmente a las pretensiones y, con ocasión de la apelación presentada
por la CRQ, el Tribunal Administrativo del Quindío revocó esa decisión mediante la
sentencia ahora cuestionada. Contra esta última no procedía recurso ordinario y los
reproches formulados en la tutela (relacionados con la indebida aplicación
normativa, la valoración de la afiliación al FNA y la posible violación directa de la
Constitución) no corresponden a las causales propias de los recursos
extraordinarios previstos en el CPACA.
53.
También se satisface el requisito de inmediatez, puesto que la sentencia
cuestionada fue proferida el 9 de octubre de 2025 y notificada a las partes el 10 de
octubre siguiente. La acción de tutela, a su turno, fue presentada el 7 de abril de
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02622-01 (6637)
Accionante: Claudia Victoria Pareja Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
2026. Por tanto, entre la notificación de la providencia y la interposición del amparo
transcurrió un término inferior a seis meses, que resulta razonable y proporcionado
para controvertir una decisión judicial.
54.
Aunque los reparos no se plantean como una irregularidad meramente procesal,
los defectos alegados tendrían, de demostrarse, incidencia directa en el sentido de
la sentencia cuestionada. En efecto, si se concluyera que el Decreto 1768 de 1994
no podía emplearse para definir el régimen prestacional de una persona vinculada
antes de su expedición, que la CRQ no estaba comprendida en el ámbito del
Decreto 3118 de 1968, o que la afiliación al FNA no acreditaba la aceptación del
sistema anualizado, podría variar la conclusión acerca del régimen de cesantías
aplicable y, por consiguiente, el sentido de la decisión ordinaria.
55.
De igual manera, la solicitud de amparo identifica suficientemente los hechos
que la accionante considera generadores de la vulneración, la providencia
cuestionada y los derechos fundamentales presuntamente afectados. La actora
atribuyó a la sentencia un defecto sustantivo y una violación directa de la
Constitución, por la aplicación de normas que estima posteriores o ajenas a su
situación, así como un defecto fáctico, por haber inferido su consentimiento para
pertenecer al régimen anualizado sin que existiera una manifestación expresa.
Tales planteamientos permiten delimitar con claridad el objeto del control
constitucional.
56.
Finalmente, la decisión cuestionada no fue proferida dentro de otro trámite de
tutela, sino en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido contra la CRQ. Por tanto, no se trata de una acción de tutela
contra una sentencia de la misma naturaleza.
57.
En conclusión, la Sala considera cumplidos los requisitos generales de
procedibilidad y, en consecuencia, abordará el defecto sustantivo atribuido a la
sentencia del 9 de octubre de 2025. Dentro de ese análisis examinará tanto el
régimen aplicable al momento de la vinculación como los efectos jurídicos que el
Tribunal atribuyó a la afiliación y permanencia de la accionante en el Fondo Nacional
del Ahorro.
3.7. Régimen de liquidación de cesantías de los empleados públicos
3.7.1. Evolución del régimen de liquidación de las cesantías
58.
La Ley 6.ª de 1945 reguló el régimen de cesantías retroactivo, caracterizado por
liquidar la prestación con fundamento en el último salario devengado. En su artículo
17 dispuso:
Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de
las siguientes prestaciones sociales: a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo
o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá
en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02622-01 (6637)
Accionante: Claudia Victoria Pareja Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
59.
La norma reconoció, entonces, un mes de remuneración por cada año de
servicios y vinculó la liquidación de la prestación con la remuneración
correspondiente al servidor. Este derecho prestacional se extendió a los empleados
de los departamentos, intendencias, comisarías y municipios mediante el Decreto
2767 de 1945, que determinó las prestaciones sociales de los empleados y obreros
al servicio de los departamentos y municipios. De esa manera, el sistema
inicialmente previsto para los servidores nacionales se proyectó también al nivel
territorial.
60.
Posteriormente, la Ley 65 de 1946 modificó las disposiciones sobre cesantías y
estableció lo siguiente:
Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera
administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado
continua o discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante, cualquiera
que sea la causa de retiro.
Parágrafo. Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6 de
1945, y a los trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los artículos
12 y 36 de la misma Ley.
61.
Por su parte, el Decreto 2567 de 1946 definió los parámetros para la liquidación
de la prestación en los siguientes términos:
Artículo 1º. El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al
servicio de la Nación, los Departamentos y los Municipios, se liquidará de conformidad
con el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido
modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el
promedio de lo devengado en los últimos doce meses, o en todo el tiempo de servicio,
si este fuere menor de doce meses.
62.
Más adelante, el artículo 6º del Decreto 1160 de 1947 reiteró el derecho al
auxilio de cesantías de los empleados al servicio de la Nación, cualquiera fuera la
rama del poder público a la que pertenecieran, su modalidad de vinculación o la
causa del retiro. De igual manera, precisó que la prestación equivalía a un mes de
salario por cada año de servicio o proporcionalmente por la fracción
correspondiente, y mantuvo como regla de liquidación el último salario devengado
o, cuando este hubiera variado durante los tres meses anteriores, el promedio de
los últimos doce meses.
63.
Del anterior recuento se desprende que, hasta ese momento, el régimen general
de cesantías de los empleados públicos tenía carácter retroactivo. Esto significaba
que la prestación se liquidaba al momento de hacerse exigible tomando en
consideración todo el tiempo de servicio y el último salario devengado (o el promedio
aplicable cuando la remuneración hubiera variado), de modo que los incrementos
15
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02622-01 (6637)
Accionante: Claudia Victoria Pareja Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
salariales posteriores podían repercutir sobre las cesantías causadas durante los
años anteriores.
64.
Sin embargo, la forma de liquidación de las cesantías fue modificada
paulatinamente mediante la introducción del régimen anualizado. Así, el Decreto
3118 de 1968, que creó el Fondo Nacional del Ahorro, dispuso la liquidación anual
para los empleados públicos y trabajadores oficiales de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional. En su artículo
27 se señaló lo siguiente:
Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de enero de 1969,
los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, establecimientos
públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía que
anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados. La liquidación anual
así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse, aunque en años
posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador.
65.
A diferencia del régimen retroactivo, la liquidación correspondiente a cada
anualidad quedaba definitivamente consolidada y no podía ser recalculada por
incrementos salariales posteriores.
66.
Respecto del sector privado, por su parte, la Ley 50 de 1990 adoptó un sistema
de liquidación anual. Con posterioridad, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 extendió
esa modalidad a las personas que se vincularan a los órganos y entidades del
Estado desde la entrada en vigor de la ley, ocurrida el 31 de diciembre de 1996. La
disposición estableció lo siguiente:
[S]in perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a
partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos
y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo.
67.
La regla tuvo efectos hacia el futuro y comprendió a quienes se vincularán desde
la vigencia de la ley, pero no dispuso por sí misma el traslado al régimen anualizado
de quienes ya se encontraban al servicio del Estado. Incluso, esa misma norma
contenía un inciso que autorizaba al Gobierno a crear programas e incentivos para
que los servidores públicos sometidos al régimen retroactivo se acogieran al de
liquidación anual. La Corte Constitucional declaró inexequible tal disposición, pues
representaba «una autorización indeterminada, tanto desde el punto de vista
16
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02622-01 (6637)
Accionante: Claudia Victoria Pareja Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
material como desde el temporal, para que el Ejecutivo cumpla una función
indudablemente legislativa»11.
68.
Por otra parte, el artículo 2º del Decreto 1252 de 2000 estableció que los
servidores públicos que venían disfrutando del sistema retroactivo continuarían
sometidos a este hasta la terminación de su vinculación con la respectiva entidad.
En igual sentido, el artículo 3º del Decreto 1919 de 2002 mantuvo el régimen
retroactivo de los empleados públicos a quienes ya se les estuviera aplicando.
3.7.2. El régimen de liquidación de cesantías aplicable a los servidores de las
corporaciones autónomas regionales antes del Decreto 1768 de 1994
69.
El análisis adquiere particularidades respecto de quienes prestan sus servicios
en las corporaciones autónomas regionales, pues el numeral 7º del artículo 150 de
la Constitución atribuyó al Congreso la regulación de la creación y funcionamiento
de estas entidades dentro de un régimen de autonomía. En desarrollo de ese
mandato, el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 las definió como entes corporativos de
carácter público, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio
propio y personería jurídica. A su vez, el artículo 40 de la Ley 489 de 1998 las incluyó
entre las entidades estatales sujetas a un régimen especial.
70.
En materia de personal, el artículo 12 del Decreto 1768 de 1994 estableció que
quienes prestan servicios en las corporaciones tienen, por regla general, la
condición de empleados públicos y que, excepcionalmente, son trabajadores
oficiales quienes desarrollan actividades de construcción y sostenimiento de obras
públicas. Por consiguiente, cuando se alude de manera general a los «trabajadores
de las CAR», debe distinguirse entre empleados públicos (que constituyen la regla)
y trabajadores oficiales (que corresponden a la excepción definida por la actividad
desempeñada).
71.
Al mismo tiempo, el artículo 2º de la misma normativa indicó que las
corporaciones autónomas regionales se regirían por la Ley 99 de 1993, por ese
decreto y por las normas que los sustituyeran o reglamentaran, y añadió que, en lo
compatible, se les aplicarían las disposiciones previstas para las entidades
descentralizadas del orden nacional. Esta remisión ha sido empleada para sostener
que, ante la inexistencia de una regulación especial, el régimen de sus servidores
puede integrarse con las normas laborales y prestacionales del orden nacional.
72.
Sin embargo, el Decreto 3118 de 1968 no mencionó expresamente a las
corporaciones autónomas regionales. Su ámbito de aplicación comprendió a los
servidores de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del
orden nacional. Por ello, para establecer si el sistema anualizado cobijaba a una
persona vinculada a una CAR antes de la expedición de la Ley 344 de 1996 no
basta constatar que se trataba de una empleada pública. Es indispensable
11
Corte Constitucional, sentencia C-428 de 1997.
17
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02622-01 (6637)
Accionante: Claudia Victoria Pareja Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
determinar si, para la fecha de ingreso, la respectiva corporación se encontraba
comprendida en alguna de las categorías previstas en el Decreto 3118 de 1968 o si
existía una remisión normativa vigente que permitiera aplicarle el régimen de las
entidades descentralizadas nacionales.
73.
Esta distinción es especialmente relevante para las personas vinculadas
después de la Ley 99 de 1993 y antes del Decreto 1768 de 1994. Durante ese
intervalo, las corporaciones autónomas regionales ya habían sido definidas
constitucional y legalmente como entes corporativos autónomos, pero aún no se
había expedido la norma reglamentaria que remitiera, en lo compatible, al régimen
de las entidades descentralizadas del orden nacional. Por ello, la determinación de
las cesantías aplicables exige examinar las normas vigentes en el momento exacto
de la vinculación, sin atribuir efectos anteriores a disposiciones expedidas con
posterioridad.
74.
Un problema adicional consiste en establecer si la afiliación de una persona al
Fondo Nacional del Ahorro implicaba necesariamente su traslado desde el régimen
retroactivo hacia el sistema anualizado. Sobre este asunto debe precisarse que la
Ley 432 de 1998 dispuso la afiliación obligatoria a dicho fondo de quienes
pertenecieran a la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, dejando a
salvo de aquella obligación al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, así como a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
75.
La misma ley permitió la afiliación de los demás servidores del Estado y de sus
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Además, previó
expresamente que, cuando el afiliado estuviera cobijado por el régimen retroactivo,
el mayor valor derivado de esa forma de liquidación continuaría a cargo de la entidad
empleadora. Esta previsión demuestra que la afiliación al FNA y el régimen
sustantivo de cesantías son cuestiones relacionadas, pero conceptualmente
distintas, pues el fondo puede administrar los recursos de una persona que
conserve la retroactividad.
76.
En concordancia con lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
determinado que, cuando un servidor beneficiario del régimen retroactivo pretende
trasladarse al anualizado, debe manifestar expresamente su voluntad ante la
administración. De no existir esa manifestación, o de no surtirse los trámites
subsiguientes previstos en el Decreto 1582 de 1998, la afiliación al fondo supone
únicamente un cambio en la entidad administradora de los recursos, pero no la
modificación tácita del sistema de liquidación.
77.
Por ejemplo, en sentencia del 5 de mayo de 2022, la Sección Segunda resolvió
el caso de una servidora pública vinculada al departamento de Bolívar que
posteriormente fue afiliada al fondo de cesantías Porvenir. En esa oportunidad, la
Sala concluyó que la empleada conservaba el régimen retroactivo porque su
vinculación había comenzado antes de la Ley 344 de 1996 y no existía prueba de
18
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02622-01 (6637)
Accionante: Claudia Victoria Pareja Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
que hubiera manifestado, de manera expresa y voluntaria, su decisión de
trasladarse al sistema anualizado. Por ello, precisó que la sola afiliación a un fondo
privado no produce ese cambio, pues también es posible que el fondo administre
los recursos de una persona cobijada por la retroactividad12.
3.8. Sobre los defectos alegados en la acción de tutela
3.8.1. Defecto sustantivo
78.
La jurisprudencia constitucional ha determinado que el defecto sustantivo se
configura, entre otros eventos, cuando la autoridad judicial funda su decisión en una
disposición que no resulta aplicable al caso, deja de aplicar la norma que debía
gobernarlo o atribuye a una regla un alcance incompatible con su contenido,
vigencia o ámbito material. Su configuración exige que el yerro sea determinante
para la decisión y trascienda una simple diferencia interpretativa13.
79.
En el presente asunto, la Sala encuentra configurado el defecto sustantivo,
porque el marco normativo vigente para la fecha en que Claudia Victoria Pareja
Martínez se vinculó a la CRQ conduce a la conclusión de que se encontraba
cobijada por el régimen retroactivo de cesantías. No obstante, el Tribunal le aplicó
el sistema anualizado previsto en el Decreto 3118 de 1968 con fundamento en la
remisión contenida en el artículo 2º del Decreto 1768 de 1994, pese a que esta
última disposición fue expedida con posterioridad a su ingreso y no estableció
directamente un régimen de cesantías para los servidores de las corporaciones
autónomas regionales.
80.
Está acreditado en el expediente que la accionante se vinculó a la CRQ el 1º de
julio de 199414. Para esa fecha ya estaba vigente la Ley 99 de 1993, cuyo artículo
23 definió a las corporaciones autónomas regionales como entes corporativos de
carácter público, creados por la ley, con autonomía administrativa y financiera,
patrimonio propio y personería jurídica. En cambio, el Decreto 1768 de 1994, al que
acudió el Tribunal para aplicar las normas de las entidades descentralizadas del
orden nacional, solo fue expedido el 3 de agosto de 199415.
81.
Como se explicó en el acápite que antecede, el régimen general que precedió
a la liquidación anual del auxilio de cesantías era el previsto en la Ley 6ª de 1945,
la Ley 65 de 1946 y los decretos 2567 de 1946 y 1160 de 1947. En casos
semejantes, esta Sala ha explicado que dicho sistema tenía carácter retroactivo,
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de mayo de 2022. Ver en Samai, exp.
13001-23-33-000-2015-00096-01 (5205-2019), índice 14, certificado 09ECD16273F8BA25
0B5F736A3437B129 6CDB10E22E5F77A2 C34618A99B3FAB01.
13
Entre otras, ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-590 de 2005, SU-155 de 2023, SU-
556 de 2016, SU-395 de 2017, SU-116 de 2018, SU-453 de 2019, SU-574 de 2019, SU-424 de 2021, y T-084
de 2025.
14
Corporación Autónoma Regional del Quindío, Certificación Laboral No. 62 del 4 de marzo de 2021, en Samai,
exp. 11001-03-15-000-2026-02622-01, índice 14, certificado 1DE1E8A2E3B7054F 339B737E133BC128
1EFBFAD3A402A9A7 7F0EE58F374922AB, folio 59.
15
Y, habría que añadir que fue publicado el 5 de agosto de 1994. En Imprenta Nacional de Colombia. (1994, 5
de agosto). Diario Oficial, No. 41477.
19
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02622-01 (6637)
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porque comprendía todo el tiempo servido y permitía que la remuneración final
incidiera en la liquidación acumulada16. Por su parte, el Decreto 3118 de 1968
introdujo la liquidación anual para los servidores de las entidades nacionales
expresamente señaladas en esa normativa, entre las cuales no incluyó a las
corporaciones autónomas regionales.
82.
Ahora, para el 1º de julio de 1994, la CRQ ya se encontraba sujeta a la
configuración institucional introducida por la Ley 99 de 1993. La jurisprudencia
constitucional ha señalado, con fundamento en esa configuración, que las CAR
tienen naturaleza sui generis, pues no encajan estrictamente en las categorías
ordinarias de descentralización ni pertenecen a alguna de las ramas del poder
público17. Por tanto, la sola condición de empleada pública de la accionante no
bastaba para ubicarla dentro del ámbito subjetivo del Decreto 3118 de 1968.
83.
En consecuencia, para el 1º de julio de 1994 no existía una disposición que
sometiera a los empleados de la CRQ al régimen anualizado, ni se había expedido
una norma que permitiera aplicarles, por remisión, el régimen de las entidades
descentralizadas del orden nacional. Por tanto, al momento de su vinculación,
Claudia Victoria Pareja Martínez estaba cobijada por el régimen general retroactivo
de cesantías.
84.
Esta conclusión no se deriva solamente de que su ingreso hubiera ocurrido
antes del 31 de diciembre de 1996. Obedece, principalmente, a que, en la fecha
exacta de su vinculación, la CRQ no pertenecía a alguna de las categorías que el
Decreto 3118 de 1968 había sometido al sistema anualizado y aún no se había
expedido el Decreto 1768 de 1994. De este modo, la aplicación del régimen
retroactivo surge de las normas vigentes al comenzar la relación laboral y no de la
sola circunstancia cronológica de que la servidora hubiera ingresado antes de la Ley
344 de 1996.
85.
El Decreto 1768 de 1994 no modificó esa situación. Su artículo 2º dispuso que
a las corporaciones se les aplicarían, en lo compatible, las normas previstas para
las entidades descentralizadas del orden nacional, mientras que el artículo 12
adoptó para sus empleados el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos
del Decreto 1042 de 1978. Ninguna de esas disposiciones estableció un nuevo
régimen de cesantías, ordenó el traslado al sistema anualizado de los servidores
vinculados con anterioridad o reguló las consecuencias prestacionales de ese
eventual cambio.
86.
Por ello, la cláusula general de remisión contenida en el Decreto 1768 de 1994
no podía utilizarse para atribuir efectos anteriores a su expedición ni para alterar, de
manera implícita, el régimen bajo el cual había comenzado la relación laboral. La
providencia cuestionada no identificó una disposición que autorizara ese efecto ni
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de marzo de 2026, exp. 47001-23-33-
000-2021-00176-01 (6760-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
17
Corte Constitucional, sentencias C-145 de 2021, C-554 de 2007, C-596 de 1998, C-275 de 1998.
20
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02622-01 (6637)
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explicó cómo una norma posterior, que no reguló expresamente las cesantías, podía
convertir en anualizado el régimen aplicable a la servidora desde el 1º de julio de
1994. En realidad, el Tribunal empleó esa remisión para incorporar indirectamente
el Decreto 3118 de 1968 a una situación que no se encontraba originalmente
comprendida en su ámbito de aplicación.
87.
La Ley 344 de 1996 tampoco desvirtúa esta conclusión. Su artículo 13 extendió
el sistema anualizado a las personas que se vincularan a los órganos y entidades
del Estado a partir de su publicación, ocurrida el 31 de diciembre de 1996 18, pero
no dispuso el traslado automático de quienes ya se encontraban vinculados. Para
ese momento, Claudia Victoria Pareja Martínez llevaba aproximadamente dos años
y seis meses al servicio de la CRQ, de modo que esa ley no podía constituir el
fundamento para modificar el régimen que la cobijaba.
88.
Tampoco resultaba trasladable, sin efectuar una distinción, la sentencia de la
Sección Segunda del 30 de octubre de 202419 en la que se apoyó el Tribunal para
adoptar su decisión. Aquel proceso se refería a una servidora que ingresó a la CRQ
en septiembre de 1993, antes de la expedición de la Ley 99 de ese año, cuando la
entidad conservaba la configuración jurídica que había tenido bajo el ordenamiento
anterior. Claudia Victoria Pareja Martínez se vinculó, en cambio, después de la Ley
99 de 1993 y antes del Decreto 1768 de 1994. La diferencia temporal era
jurídicamente relevante porque modificaba el marco normativo vigente al iniciarse
cada relación laboral, pero no fue examinada por la autoridad accionada.
89.
La equiparación de la CRQ con las entidades descentralizadas comprendidas
en el Decreto 3118 de 1968 fue la premisa que le permitió al Tribunal concluir que
la actora siempre había pertenecido al sistema anualizado. Sin embargo, excluida
esa premisa, las normas vigentes el 1º de julio de 1994 conducían a establecer que
estaba cobijada por el régimen retroactivo desde el inicio de su vinculación.
90.
Ahora bien, establecido que la accionante se encontraba sometida al régimen
retroactivo desde el inicio de su vinculación, corresponde determinar si su afiliación
y permanencia en el Fondo Nacional del Ahorro podían modificar válidamente esa
situación. Es importante aclarar que, aunque la acción de tutela formuló este
cuestionamiento bajo la denominación de defecto fáctico, la Sala advierte que su
núcleo es sustantivo, pues la controversia no recae sobre la existencia de la
afiliación ni sobre la valoración de una prueba determinada, sino sobre los efectos
jurídicos que el Tribunal atribuyó a esas circunstancias. En concreto, debe
establecerse si la sola permanencia de la servidora en el FNA, sin manifestación
expresa de voluntad, podía entenderse como aceptación del régimen anualizado y
producir el cambio del sistema de liquidación que inicialmente la cobijaba.
18
Imprenta Nacional de Colombia. (1996, 31 de diciembre). Diario Oficial, No. 42951.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de octubre de 2024, exp. 63-001-23-
33-000-2023-00016-01 (4955-2024), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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91.
Como se explicó en el marco normativo, la afiliación al Fondo Nacional del
Ahorro y el régimen sustantivo de liquidación de las cesantías son cuestiones
relacionadas, pero distintas. Aunque el FNA administra ordinariamente recursos de
servidores sometidos al régimen anualizado, la Ley 432 de 1998 estableció
expresamente la posibilidad de que una persona afiliada conservara el sistema
retroactivo, caso en el cual el mayor valor resultante continuaría a cargo de la
entidad empleadora20. Por tanto, la sola consignación de las cesantías en ese fondo
no demostraba que la servidora hubiera pertenecido desde el comienzo al régimen
anualizado ni que posteriormente hubiera aceptado trasladarse a él.
92.
En el expediente tampoco se acreditó una manifestación expresa, libre y
voluntaria mediante la cual Claudia Victoria Pareja Martínez hubiera decidido
acogerse al régimen anualizado, ni la realización de los trámites exigidos para ese
cambio. De conformidad con el criterio expuesto por la Sección Segunda en la
sentencia del 5 de mayo de 2022, citada con antelación, la afiliación a un fondo de
cesantías no produce por sí misma el traslado, pues puede significar únicamente un
cambio en la entidad administradora de los recursos. Pese a ello, el Tribunal
atribuyó a la permanencia de la accionante en el FNA y a la ausencia de una
inconformidad anterior el efecto jurídico de una aceptación tácita que el régimen
aplicable no autorizaba.
93.
El principio de favorabilidad reforzaba, aunque no constituía por sí solo, la
solución expuesta. En efecto, la aplicación del régimen retroactivo no surge
simplemente de escoger la interpretación económicamente más beneficiosa, sino
de la identificación de las normas vigentes para la fecha de vinculación. Sin
embargo, aun si se aceptara la existencia de una duda razonable sobre los efectos
del Decreto 1768 de 1994, el Tribunal debía explicar por qué escogía la
interpretación que conducía al sistema anualizado y descartaba aquella que
preservaba el régimen laboral aplicable cuando comenzó la relación.
94.
Los errores advertidos fueron determinantes para el sentido de la decisión. La
incorrecta determinación del régimen inicial y la atribución de efectos jurídicos de
consentimiento tácito a la afiliación y permanencia en el FNA permitieron al Tribunal
concluir que la actora siempre había pertenecido al sistema anualizado y que no
tenía derecho a la reliquidación solicitada.
95.
Esta actuación vulneró el debido proceso de la accionante, porque su
controversia fue resuelta mediante la aplicación de un régimen que no gobernaba
su situación al iniciarse el vínculo y mediante la atribución a su conducta de unos
efectos jurídicos que las normas aplicables no establecían.
20
Según el parágrafo del artículo 5º de la Ley 432 de 1998, «[e]n los casos en que los servidores públicos
tengan régimen de retroactividad en las cesantías, el mayor valor será responsabilidad de la entidad
empleadora». La misma distinción aparece en el Decreto 1582 de 1998, cuyo artículo 2º autorizó a las
administradoras de cesantías para manejar en cuentas individuales los recursos correspondientes a servidores
territoriales sometidos al régimen retroactivo y dejó a cargo de la entidad empleadora el mayor valor que
resultara de esa modalidad.
22
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3.8.2. Sobre los demás defectos invocados
96.
La accionante también atribuyó a la providencia cuestionada un defecto fáctico
y una violación directa de la Constitución. Sin embargo, la Sala no encuentra
acreditada la configuración autónoma de esas causales. En cuanto al primero, no
existe controversia sobre la afiliación y permanencia de Claudia Victoria Pareja
Martínez en el Fondo Nacional del Ahorro, ni se advierte que el Tribunal hubiera
omitido, alterado o valorado irrazonablemente una prueba determinante. Como se
explicó, la imprecisión radicó en los efectos jurídicos que atribuyó a esas
circunstancias, aspecto que fue examinado y resuelto como parte del defecto
sustantivo.
97.
Tampoco se acreditó una violación directa de la Constitución distinta del defecto
ya establecido. Los cuestionamientos relacionados con el debido proceso, el
derecho al trabajo y el principio de favorabilidad se sustentaron en la indebida
determinación del régimen legal aplicable y en la atribución de un consentimiento
tácito no previsto por el ordenamiento. Por tanto, la afectación de los derechos
fundamentales deriva del defecto sustantivo comprobado, sin que resulte necesario
ni procedente declarar configurada adicionalmente una causal autónoma de
violación directa de la Constitución.
4. Conclusión
98.
La Sala concluye que el Tribunal Administrativo del Quindío incurrió en defecto
sustantivo al someter a Claudia Victoria Pareja Martínez al régimen anualizado de
cesantías. Para la fecha de su vinculación a la CRQ, el 1º de julio de 1994, ya estaba
vigente la configuración especial de las corporaciones autónomas regionales
prevista en la Ley 99 de 1993, pero aún no se había expedido el Decreto 1768 de
1994. Por ello, no existía una disposición que permitiera aplicarle, por remisión, el
régimen previsto en el Decreto 3118 de 1968 para determinadas entidades del
orden nacional, de modo que la accionante quedó cobijada desde su ingreso por el
régimen general retroactivo.
99.
Esa situación tampoco fue modificada posteriormente. La Ley 344 de 1996
estableció el sistema anualizado para quienes se vincularán al Estado desde su
entrada en vigor, cuando la accionante ya llevaba más de dos años al servicio de la
CRQ. A su vez, la afiliación y permanencia en el Fondo Nacional del Ahorro no
demostraban por sí solas el traslado de régimen, pues este exigía una manifestación
expresa, libre y voluntaria que no fue acreditada. En consecuencia, el Tribunal
atribuyó a esas circunstancias efectos jurídicos que el ordenamiento no prevé y
desconoció el marco normativo aplicable al inicio de la relación laboral.
100.
La configuración del defecto sustantivo fue determinante para negar las
pretensiones del proceso ordinario y vulnerar los derechos fundamentales de la
accionante al debido proceso y al trabajo. Por consiguiente, se revocará la sentencia
23
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02622-01 (6637)
Accionante: Claudia Victoria Pareja Martínez
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del 7 de mayo de 2026, que declaró improcedente la acción de tutela; en su lugar,
se concederá el amparo, se dejará sin efectos la sentencia del 9 de octubre de 2025
y se ordenará al Tribunal Administrativo del Quindío proferir una nueva decisión,
con observancia de las consideraciones expuestas en esta providencia.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Revocar la sentencia del 7 de mayo de 2026, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela
promovida por Claudia Victoria Pareja Martínez. En su lugar, amparar sus derechos
fundamentales al debido proceso y al trabajo.
Segundo: Dejar sin efectos la sentencia del 9 de octubre de 2025, proferida por la
Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001-3333-006-2021-
00256-01.
Tercero: Ordenar a la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del
Quindío que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera una nueva sentencia de segunda instancia, de conformidad
con las consideraciones expuestas en la parte motiva.
Cuarto: Notificar esta providencia a las partes y a los terceros con interés por el
medio más expedito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Quinto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
24
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02622-01 (6637)
Accionante: Claudia Victoria Pareja Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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