Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02626-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02626-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02626-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
15 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02626-00
Accionante: JOSÉ MANUEL CHARRIS GUTIÉRREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra auto interlocutorio que negó el decreto de prueba pericial.
Se declara procedente y se ampara por configuración de defecto procedimental
absoluto.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
1. En nombre propio, José Manuel Charris Gutiérrez ejerció acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Séptimo (7º) Administrativo del
Circuito de Barranquilla, quienes respectivamente profirieron autos interlocutorios
en los que se negó el decreto de pruebas el 7 de mayo de 2025 y el 12 de febrero
de 2026, dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado 08001-33-33-007-2022-00063-00/01 y que fue iniciada por
el tutelante contra actos presuntos del Ejército Nacional. Con el fin de facilitar la
comprensión de los antecedentes se narran, en primer lugar, los del proceso judicial
ordinario y, en segundo lugar, los fundamentos del escrito de tutela.
Antecedentes del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 08001-33-33-007-2022-00063-00/01
2. El tutelante José Manuel Charris Gutiérrez fue incorporado al Ejército Nacional a
prestar el servicio militar obligatorio el 4 de noviembre de 2019. El actor prestó el
servicio militar en el Batallón de Infantería de Selva No. 19 General Joaquín París
del Cuarto Contingente. El 17 de noviembre de 2020, en cumplimiento de una orden
militar, el peticionario fue enviado a una zona rural inhóspita y selvática en el
municipio de Guaviare. En ese lugar, el demandante sufrió picaduras de mosquitos
que le transmitieron la enfermedad de leishmaniasis. Dicha patología causó
erupciones y lesiones cutáneas en el lado izquierdo del rostro tipo úlcera, en las
extremidades inferiores derechas, diabetes y afecciones cardiacas, entre otras.
3. El 27 de abril de 2021, el Ejército Nacional retiró al señor Charris Gutiérrez por
haber cumplido el ciclo del servicio militar obligatorio. El 9 de noviembre de 2021, él
presentó derecho de petición ante el Ministerio de Defensa, dirección de sanidad,
en la que solicitó que se le practicara examen médico laboral, con el fin de obtener
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02626-00
Accionante: José Manuel Charris Gutiérrez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
el reconocimiento y cancelación de la pensión de invalidez. Además, de manera
subsidiaria, solicitó que se reconozca y cancele la incapacidad permanente parcial.
4. El Ministerio de Defensa no contestó la petición, motivo por el cual, en criterio del
tutelante, se configuró el silencio administrativo negativo de conformidad con lo
establecido en el artículo 83 de la Ley 1437 de 2011. Con fundamento en lo anterior
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra dicho acto
presunto.
5. En primera instancia, la demanda correspondió al Juzgado Séptimo (7)
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, que en providencia de 7 de mayo
de 2025 resolvió: “negar el amparo de pobreza solicitado por la parte demandante”,
ajustar el presente trámite y en consecuencia se dictará sentencia anticipada por
escrito, prescindiendo de las audiencias inicial, de pruebas y de alegaciones y
juzgamiento; decidió tener como pruebas las allegadas en la demanda y con la
contestación; y correr traslado a las partes para que presenten sus alegatos de
conclusión para que se dicte sentencia anticipada.
6. Contra la anterior providencia se promovió recurso de apelación, en particular,
contra el numeral que cerraba la etapa probatoria, por considerar que la prueba
pericial solicitada en la demanda era fundamental. El medio de convicción consistía
en que la junta regional o nacional de invalidez rinda dictamen tendiente a
establecer la pérdida de capacidad laboral del accionante, con fundamento en la
historia clínica y el reconocimiento médico.
7. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, mediante providencia de 12
de febrero de 2026, confirmó el auto y devolvió al juzgado de origen.
Fundamentos del escrito de amparo
8. El tutelante sostiene que la acción de amparo satisface las causales generales
de procedencia formal. Afirmó que la decisión incurrió en un defecto sustantivo o
material pues los jueces “se excedieron en una omisión y exceso de acción al
denegar la práctica (sic) de una prueba pericial tan de vital importancia que era la
prueba idónea (prueba reina) para determinar el origen de la patología y la
consecuente disminución de su capacidad laboral, su negación conlleva
inexorablemente a que se profiera una sentencia absolutoria, conculcándose de
esta manera un derecho constitucional y legal de una pensión de invalidez o en su
defecto una indemnización por incapacidad permanente parcial”1.
9. Igualmente invocó un defecto procedimental, pues en su criterio se le cercenó la
etapa probatoria para hacer valer sus pretensiones. En esa medida, le negaron el
derecho a ejercer la contradicción y la defensa, ello con la respectiva conculcación
del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, modificada por la “ley 1280 de 2021” (sic).
Invocó, un segundo cargo por defecto procedimental, sustentado en que, la decisión
de no decretar la prueba solicitada “debía acamparse (sic) a lo establecido en el
decreto 1796 de 2004 (sic), art. 2, por el cual se regula la evaluación de la capacidad
1 Folio 4 de escrito de demanda.
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Accionante: José Manuel Charris Gutiérrez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
psicofísica y de la disminución de la capacidad laboral de los miembros de la Fuerza
Pública”. Agregó:
“El defecto procedimental consiste en que esta prueba pericial solicitada no es
impertinente, no es inconducente, no es inútil, todo lo contrario, es una prueba
idónea. Conducente, útil, pertinente de vital importancia para el total
esclarecimiento del proceso ya que la pretensión es una pensión de invalidez y
las pensiones de invalidez se soportan con dictámenes médicos laborales que
determine el origen de la enfermedad y la consecuente disminución de su
capacidad laboral, por lo tanto, estamos en presencia de un error procedimental,
ya que el Art. 167 del C.G.P. aplicable por analogía de conformidad 306 de la
Ley 1437 del 2011”.
10. Sostuvo que el yerro se debe a que el juzgado y el tribunal no se percataron que
el tutelante había solicitado a través de derecho de petición de 9 de noviembre de
2021, el mismo contenido de la prueba, y que dicho derecho de petición no fue
contestado.
11. Mencionó un defecto fáctico al no haber valorado que a través de derecho de
petición de 9 de noviembre de 2021 solicitó la valoración médico legal. Adujo: “El
error o defecto factico en que se incurrió conste (sic) en no haberse valorado estas
pruebas documentales del derecho de petición y de la demanda que son pruebas
para determinar que la prueba pericial si se había solicitado ante la entidad
competente”2.
12. Solicitó que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y actos propios consagrados en
nuestra Constitución Política y se dejen sin efecto las providencias de 7 de mayo de
2025 y 12 de febrero de 2026 y en consecuencia se emita nueva providencia en el
sentido que se ordene la práctica de la prueba pericial de valoración médico legal
ante la junta.
Trámite del amparo
13. El 9 de abril de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y vinculó
como partes y terceros con interés. En particular, al Tribunal Administrativo del
Atlántico, al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla, a la Nación
• Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, al ministerio público y los demás
intervinientes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con número 08001-33-33-007-2022-00063-00/01.
14. Notificada la demanda3, intervino el delegado del Ministerio Público4, quien
indicó que no es tercero con interés en las resultas del proceso ni de la acción de
tutela, por lo que solicitó que se disponga la vinculación del trámite, toda vez que no
es parte del proceso contencioso administrativo en el que se profirieron las
decisiones atacadas.
2 Folio 9 del escrito de amparo
3 Índices samai 5, 6 y 7.
4 Índice samai 11.
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Accionante: José Manuel Charris Gutiérrez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
15. El Juzgado Séptimo Administrativo de la Ciudad de Barranquilla5 intervino
para remitir al expediente el enlace en que se encuentra el expediente digital del
proceso ordinario.
16. Las demás instituciones, a pesar de que fueron adecuadamente notificadas,
guardaron silencio6.
CONSIDERACIONES
Competencia
17. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Cuestión previa
18. La Procuraduría General de la Nación intervino con el fin de solicitar su
desvinculación del trámite de amparo. Argumentó que es parte dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento en que se profirieron las decisiones atacadas, motivo
por el cual, el sentido de la sentencia de tutela no tiene el alcance de afectar
potencialmente.
19. Puesto que, conforme el precedente de la Corte Constitucional 7, el tercero con
interés dentro de un proceso de amparo contra providencia judicial se extiende a las
partes del proceso ordinario y aquellas personas que pudieran verse afectadas por
la sentencia, se estima que, en el caso concreto, dado que, la Procuraduría General
de la Nación no participó dentro del radicado 08001-33-33-007-2022-00063-00, no
tiene interés en las resultas de trámite constitucional y será desvinculado.
Determinación del problema jurídico
20. A juicio de esta Sala, deberá establecerse si la acción de tutela satisface las
causales generales de procedencia de tutela concretamente, el requisito de
subsidiariedad, dado que cuestiona un auto que negó el decreto de pruebas dentro
de un proceso judicial de nulidad y restablecimiento del derecho que aún está
pendiente de agotar etapas e instancias. En caso de determinar que la petición de
amparo es procedente desde la perspectiva del requisito de subsidiariedad, se
examinarán las demás causales de procedencia.
21. Como problema jurídico de fondo, esta Subsección debe establecer si la
decisión del juzgado accionado, confirmada por el Tribunal Administrativo,
5 Índice samai 13.
6 Índice samai 7 certificado D98D8FC49CA3C62A DC1C4385E57122B1 C0D45DBED82DA142
45CCC65971FECD82
7 Corte Constitucional Sentencia SU-565 de 2015. En el mismo sentido, sentencia dentro del
radicado 11001-03-15-000-2024-01072-01. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
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Accionante: José Manuel Charris Gutiérrez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
relacionada con prescindir de la etapa probatoria, negar la prueba pericial solicitada,
y aplicar el procedimiento de sentencia anticipada a la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho de la parte actora, vulnera su derecho al debido
proceso, al incurrir en el defecto procedimental absoluto, sustantivo o fáctico,
invocados por el tutelante.
22. Para resolver los problemas jurídicos propuestos, se reiterará el precedente
sobre procedencia de la acción de tutela contra providencias proferidas dentro de
procesos judiciales, y luego se estudiará el caso concreto. Por economía procesal,
solo si se encuentra que no se configura el alegado defecto procedimental absoluto
procederá el estudio de los demás8.
Causales genéricas de procedencia de tutela contra providencia judicial
23. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 20059,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.
24. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar10: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela11, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional12 o el Consejo de Estado13,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP14; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable15 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
8 Corte Constitucional, Sentencia T-082 de 2023.
9 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
10 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
11 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
13 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
15 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Accionante: José Manuel Charris Gutiérrez
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Referencia: Primera instancia de acción de tutela
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
25. Lo anterior cobra especial importancia, cuando se trata de autos interlocutorios,
toda vez que: “i) no se trata de decisiones definitivas; ii) la persona tiene a su
disposición distintos recursos jurídicos para controvertir el auto, en el marco del
proceso judicial en el cual fue emitido y, además, iii) tiene la posibilidad de recurrir
la decisión final.” Sin embargo, se ha admitido la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra autos interlocutorios cuando se demuestra la existencia de
un perjuicio irremediable. La Sentencias T-511 de 2020 reiterando la SU-659 de
2015, precisó las condiciones de procedencia de la acción de tutela contra autos
interlocutorios:
“ En lo que respecta a la tutela contra autos, de cara a determinar la
procedencia del amparo, es necesario diferenciar si se trata de autos de trámite
o interlocutorios. Según la jurisprudencia constitucional, en relación con estos
últimos, la acción de tutela procede en los siguientes eventos: i) cuando “se
evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las
partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa
judicial”; ii) si “a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos
para proteger los derechos afectados o amenazados”; o iii) si “la protección
constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable”. En cualquier
caso, el juez debe verificar el cumplimiento de “los requisitos generales de
procedencia y presentarse al menos una de las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que han sido
fijados por esta [Corte]”(negrilla y subrayado fuera del texto)
26. En relación con el concepto de perjuicio irremediable, el artículo 8° del Decreto
2591 de 1991 precisa que incluso en presencia de un mecanismo judicial ordinario
o extraordinario pendiente de agotar, la tutela resulta procedente cuando el tutelante
está ante el riesgo de la consumación de un perjuicio irremediable, entendido como
un hecho urgente, cierto, grave e inminente. Este se entiende como un riesgo 16
grave, el cual supone “un detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material)”. Además, debe ser necesario adoptar medidas urgentes
para superar el daño, comprendidas “como una respuesta adecuada frente a la
inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades
del caso”. Además, la medida de protección debe ser “impostergable”. Esto es
referido a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un
daño antijurídico irreparable”.
27. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales17.
16
Cfr. SU-179 de 2021
17
Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial”.
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Referencia: Primera instancia de acción de tutela
28. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.
i.Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida
por un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii.Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado
asunto;
iii.Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
iv.Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias
a la garantía de los derechos fundamentales.
v.Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir
en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada
en el caso;
vi.Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
vii.Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los
dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga
de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.
viii.Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución,
le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.
Análisis del caso concreto
29. El estudio de la presente causa se desarrollará en dos etapas. Inicialmente, la
Sala verificará si la acción de tutela satisface los requisitos generales de
procedibilidad contra providencias judiciales. Solo en caso de superar ese examen
preliminar, se abordará el estudio de fondo, orientado a determinar si las
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02626-00
Accionante: José Manuel Charris Gutiérrez
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autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos procedimental
absoluto, sustantivo o fáctico alegados por la parte actora.
Estudio de procedibilidad de la acción de tutela
30. Respecto de la legitimación en la causa por activa, quien ejerce el medio
constitucional de amparo de derechos fundamentales es la persona que es
demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado 08001-33-33-007-2022-00063-01, y la ejerce contra la
autoridad judicial que profirió el auto censurado: Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección B, lo que constata la legitimación en la causa por pasiva.
31. Respecto del requisito de relevancia constitucional, la Sala advierte que se
encuentra acreditado. En efecto, el escrito de amparo expone razones concretas
orientadas a demostrar que la decisión cuestionada pudo afectar el ejercicio de los
derechos de defensa y contradicción de la parte actora, en la medida en que negó
el decreto de una prueba pericial que consideraba necesaria, prescindió de la etapa
probatoria y dio aplicación al trámite de sentencia anticipada.
32. Además, en casos similares18, esta Subsección ha señalado que, aunque la
decisión del juez administrativo de prescindir de la etapa probatoria y proferir
sentencia anticipada cuenta con respaldo normativo, su ejercicio no puede
traducirse en una restricción injustificada del derecho de las partes a aportar y
practicar los medios de prueba necesarios para sustentar sus pretensiones. Por ello,
cuando el asunto no es de puro derecho y exige actividad probatoria, la supresión
de esa etapa puede tener incidencia constitucional en el derecho al debido proceso.
En esa medida, el auto del 12 de febrero de 2026, mediante el cual se confirmó la
decisión de prescindir de la etapa probatoria y aplicar el trámite de sentencia
anticipada, reviste relevancia constitucional, pues plantea una discusión sobre si la
negativa del decreto y práctica de la prueba solicitada limitó injustificadamente el
derecho de defensa y contradicción de la parte actora.
33. Respecto al requisito de subsidiariedad, la Sala advierte que la providencia
cuestionada corresponde a un auto interlocutorio. En esa medida, la procedencia
de la acción de tutela es excepcional, pues no se dirige contra la sentencia que pone
fin al proceso, sino contra una decisión adoptada durante su trámite. No obstante,
la jurisprudencia constitucional ha admitido que ciertos autos interlocutorios puedan
ser cuestionados mediante tutela cuando producen efectos definitivos, relevantes o
difícilmente reversibles, como ocurre, por ejemplo, con el auto que rechaza una
demanda19. En el presente caso, esa regla resulta aplicable, en tanto se cuestiona
el auto que prescindió de la etapa probatoria y dispuso continuar el trámite por la
vía de la sentencia anticipada, pese a que la parte actora solicitó el decreto de una
prueba pericial que considera fundamental para sustentar sus pretensiones.
18 Sentencia de 28 de junio de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-00771-01. Sentencia de 25 de
noviembre de 2025, radicado 11001-03-15-0002025-06788-00.
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2021.
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34. En el caso concreto, el auto que decide prescindir de la etapa probatoria y por
esa vía, negar el decreto de la prueba solicitada, es un auto que no puede ser
cuestionado por ningún medio judicial. Razón por la cual, en el caso concreto, se
satisface el requisito de subsidiariedad.
35. Adicionalmente el tutelante identifica adecuadamente los hechos y fundamentos
de la supuesta vulneración. Finalmente, la providencia cuestionada fue proferida el
12 de febrero de 2026 y la acción de tutela fue ejercida el 7 de abril del mismo año,
es decir, dentro del plazo razonable indicado por la corte constitucional.
36. Por último, esta demanda se dirige contra un auto interlocutorio, descartando
que se trate de una tutela contra una sentencia de tutela, una providencia de
constitucionalidad proferida por el Consejo de Estado o la Corte Constitucional o
una sentencia interpretativa de la sección de apelación del tribunal para la paz de la
JEP.
Estudio de los defectos de la acción de tutela
37. En relación con el examen de fondo, esta Sala examina en primer lugar si la
autoridad judicial invocada incurrió en el defecto procedimental absoluto por
prescindir de la etapa probatoria, dar el trámite de sentencia anticipada y negar la
práctica de la prueba pericial solicitada.
38. La Corte Constitucional ha identificado varios escenarios frente a los cuales se
puede estar en presencia de un defecto procedimental. En primer lugar, el defecto
procedimental absoluto, que ocurre cuando el funcionario judicial actúa por fuera de
los postulados procesales aplicables al caso, que generan una decisión arbitraria
lesiva de derechos fundamentales20. En segundo lugar, el exceso ritual manifiesto,
que ocurre cuando “un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un
obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones
devienen en una denegación de justicia”21. En tercer lugar, el desconocimiento del
principio de congruencia o consonancia, que se presentan ante la falta de conexión
con los hechos y las pretensiones de la demanda22 o una decisión incoherente entre
sus partes23. Sin embargo, la Corte ha precisado que la activación de esta causal
requiere que ese error esté acompañado de una motivación insuficiente. En cuarto
lugar, en las ocasiones en que el funcionario judicial omite etapas o fases
sustanciales del procedimiento establecido, lo que apareja la infracción de los
derechos de defensa y contradicción de una de las partes del proceso 24. En quinto
lugar, cuando existe en el proceso una demora injustificada que obstaculiza emitir
una decisión que resuelva la causa de forma definitiva25. En sexto lugar, ante la
vulneración del desconocimiento de “los derechos fundamentales al debido
proceso, al derecho de defensa y de contradicción, y por desconocimiento del
principio de legalidad”26
20 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2013 y T-391 de 2014.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-104 de 2014.
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 2012.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007.
24 Corte Constitucional, Sentencias SU-388 de 2021 y SU-418 de 2020.
25 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2021 y SU-061 de 2018.
26 Sentencias SU-388 de 2021, SU-108 de 2020, SU-573 de 2017
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02626-00
Accionante: José Manuel Charris Gutiérrez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
39. Conforme a la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, la
Subsección reconoce que el juez puede prescindir de la etapa probatoria cuando el
asunto sea de puro derecho o no resulte necesario practicar pruebas. Sin embargo,
en el caso sub lite, no se estaba ante una controversia exclusivamente jurídica, pues
la prueba pericial solicitada por el tutelante podía resultar relevante para sustentar
sus pretensiones. Por ello, no era suficiente descartar su decreto con fundamento
en un error formal en la denominación de la autoridad pericial, consistente en no
haber precisado que se trataba de la Junta Médico-Laboral Militar y de Policía.
40. En el auto del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, de 12 de febrero
de 2026, proferido en sede de segunda instancia, contra el auto que negó el decreto
de la prueba pericial, dentro del radicado 08001-33-33-007-2022-00063-01, la
Corporación judicial examinó que, la prueba solicitada por el tutelante “era un
dictamen de la junta regional o nacional de calificación de invalidez”, la cual se
regula por la reglas del régimen general de la seguridad social, pero que, en
atención a la calidad del demandante y de la entidad demandada, además del
régimen de seguridad social aplicable, esto es de la fuerza pública, lo aplicable era
solicitar la prueba ante la junta médico-laboral de sanidad Militar, y en segunda
instancia, ante el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar. Al respecto, concluyó
lo siguiente:
“Dentro de dicho contexto, resultan entendibles las razones expuestas por la
primera instancia -lo que torna impróspera la alzada e impone la confirmación
de la decisión recurrida-, pues si el actor pretende el reconocimiento de una
prestación periódica derivada del servicio militar obligatorio, no resulta
procedente que la eventual calificación de su pérdida de capacidad laboral sea
realizada por las juntas de calificación del régimen común, sino por los órganos
especializados previstos en el régimen especial que le es aplicable.”27
41. En efecto, examinada la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el
actor solicitó. Se lee:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 226 del C.G.P. aplicable por
remisión expresa del artículo 306 del CPACA, que por la Junta Regional o
Nacional de Invalidez, se rinda el respectivo dictamen, tendiente a establecer la
pérdida de la capacidad laboral del accionante, con fundamento en la historia
clínica y el reconocimiento médico, el origen de las patologías y la disminución
de su capacidad laboral y demás conclusiones médicas laborales”28
42. El solo yerro en la denominación del medio de prueba pericial no debía traer
como consecuencia la negativa de su decreto y práctica, pues el juez administrativo
tiene la competencia para interpretar la demanda y encauzar adecuadamente la
petición probatoria, especialmente en este caso, en la que el tutelante erró el
nombre de la autoridad que realiza el examen médico legal, pero resulta inequívoco
qué medio de prueba está solicitando, y cuál es la autoridad militar y policial que
debe realizarlo. En esa medida, no podía prescindirse de la etapa probatoria y
debería accederse al medio pericial solicitado, indicando cuál es la autoridad
27 Folio 4 del auto atacado, dentro del expediente 08001333300720220006300. Allegado al
expediente de tutela.
28 Escrito de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02626-00
Accionante: José Manuel Charris Gutiérrez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
administrativa que debe realizar el examen médico, atendiendo al régimen jurídico
de la seguridad social de los miembros y ex miembros de la fuerza pública.
43. En este contexto, la actuación del Tribunal encaja en el escenario de defecto
procedimental absoluto en el que el funcionario judicial omite una etapa sustancial
del procedimiento y, con ello, afecta los derechos de defensa y contradicción de una
de las partes. En efecto, aunque la sentencia anticipada es una herramienta
procesal válida cuando el asunto es de puro derecho o cuando no se requiere
actividad probatoria adicional, su aplicación no puede desconocer que existen
controversias cuya definición exige la práctica de pruebas relevantes. En este caso,
la parte actora solicitó una prueba pericial dirigida a establecer su pérdida de
capacidad laboral, el origen de sus patologías y las consecuencias médico-laborales
derivadas de la enfermedad que atribuye a la prestación del servicio militar
obligatorio. Por tanto, la etapa probatoria no era un trámite imprescindible, sino una
fase sustancial para acreditar los supuestos fácticos de sus pretensiones.
44. Así, al confirmar la decisión de prescindir de la etapa probatoria, negar la prueba
pericial solicitada y continuar el proceso bajo el trámite de sentencia anticipada, el
Tribunal impidió que el demandante ejerciera plenamente su derecho a probar. La
negativa se fundamentó en un error formal en la identificación de la autoridad
llamada a practicar el dictamen, pese a que era claro que el actor pretende una
valoración médico-laboral conforme al régimen especial aplicable a los miembros y
exmiembros de la Fuerza Pública. En esas condiciones, el juez administrativo debía
encauzar la solicitud probatoria y precisar la autoridad competente para practicarla,
en lugar de cerrar la etapa probatoria. Al no hacerlo, omitió una fase sustancial del
procedimiento y restringió injustificadamente los derechos de defensa y
contradicción del tutelante, lo que configura el defecto procedimental absoluto
alegado.
45. Por tal razón, se ampara el derecho al debido proceso del tutelante, pues la
decisión atacada incurrió en el defecto procedimental absoluto, explícitamente
invocado en el escrito de tutela, al cercenar, en el caso concreto, la etapa que
permitía el decreto y la práctica de una prueba, bajo el argumento de que el
demandante erró en la denominación de la autoridad encargada de realizar el
examen médico legal, cuando resulta evidente que el demandante solicita la
práctica de la junta médico legal a cargo del tribunal militar y policial.
46. En consecuencia, se dejará sin efecto, el auto de 12 de febrero de 2026 proferido
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B y se ordenará que profiera un
auto de reemplazo que atienda a las consideraciones de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02626-00
Accionante: José Manuel Charris Gutiérrez
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
RESUELVE
PRIMERO: DESVINCULAR del presente trámite constitucional a la Procuraduría
General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor José
Manuel Charris Gutiérrez.
TERCERO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto del 12 de febrero de
2026, proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado
08001-33-33-007-2022-00063-01.
CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B que,
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera
una decisión de reemplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente fallo, en especial lo relativo a la necesidad
de garantizar la etapa probatoria y de encauzar la solicitud de prueba pericial
conforme al régimen especial aplicable a los miembros y exmiembros de la Fuerza
Pública.
QUINTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio
más expedito.
SEXTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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