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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02629-00

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02629-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02629-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02629-00
Accionante: Wilson Arce Schwery y otros
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad Santiago de Cali y
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve la demanda en ejercicio de la acción de tutela interpuesta por el
señor Wilson Arce Schwery y otros contra el Auto núm. 1229 del 1 de octubre de
2025 y el Auto núm. 124 del 4 de febrero de 2026, proferidos por el Juzgado Segundo
Administrativo de Oralidad de Cali, y el Auto núm. 620 del 19 de noviembre de 2025,
expedido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que dieron por terminada
la acción popular.

SÍNTESIS1

Los accionantes cuestionan el Auto núm. 1229 del 1 de octubre de 2025 y el Auto
núm. 124 del 4 de febrero de 2026, proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo
de Oralidad de Cali, así como el Auto núm. 620 del 19 de noviembre de 2025,
expedido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que dieron por
terminada, por improcedente, la acción popular presentada por el señor Wilson Arce
Schwery y otros para la protección de los derechos colectivos al ambiente sano y al
equilibrio ecológico, cuyas pretensiones se encaminaron a que se dispusiera la
continuidad del Acuerdo Voluntario de Pago por Servicios Ambientales núm. 011-
2023 suscrito con el Municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Se declara improcedente
la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 8 de abril de 2026, los señores Wilson Arce Schwery, Alpidio Antonio Bernal
Cano, Fanny Bolaños Ochoa, Manuel Isidro Campo Reyes, Ana Ilsa Velasco Yandy,
Alba Cecilia Medina Yandy, María Elizabeth García Yandy, Luz Fany García Yandy,
Dora Nydia Garcia Yandy, Sandra Lesbia García Yandy, Carlos Alberto García
Yandy, Aurelio Guejia Yuli, Carlos Julio Guejia Dagua, Luis Andrés Guejia Dagua,

1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Improcedencia de la acción popular /
Controversias contractuales/ Improcedencia / Relevancia constitucional / salvamento de voto.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02629-00
Accionantes: Wilson Arce Schwery y otros
Se declara la improcedencia

María Nelly Guejia Cortés, Pedro Pablo Hoyos Ordóñez, Angelina Largo Ibito, Francy
Helena Leiton Ruiz, Jorge Lis Yatacué, Gustavo Mestizo Medina, Jaime Montoya,
Alicia Morales, Eludibia Ospina Ospina, Félix Pito, Robinson Quintero, Luis Carlos
Reyes Muñoz, Luis Fernando Reyes, Ruben Darío Reyes Muñoz, Luis Alberto Ruiz
Bonilla, Diego Alexánder Sacristán Aguirre, Nolberto Toconás Ulcué, Jeremías
Tróchez Cunda, Óscar Humberto Tróchez Ulchur, Miguel Ángel Vargas Biscué,
Idaliana Velasco, Yasmín Amalia Yande Velasco, Fidelino Villamil Candelo, Nicanor
Viscué Tróchez y Franqui Yule Patiño, por medio de apoderada judicial, interpusieron
acción de tutela en contra de las providencias dictadas dentro de la acción popular
radicada con el núm. 76001 33-33-002-2025-00056-00/01, que a continuación se
indican:

• Auto núm. 1229 del 1 de octubre de 2025, proferido por el Juzgado Segundo
Administrativo de Oralidad de Santiago de Cali, mediante el cual dispuso la
terminación del proceso.

• Auto núm. 620 del 19 de noviembre de 2025, proferido por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual rechazó por improcedente
el recurso de apelación contra el auto anterior y ordenó devolver el expediente
al juzgado de origen para que lo adecuara a recurso de reposición y resolviera
de fondo.

• Auto núm. 124 del 4 de febrero de 2026, proferido por el Juzgado Segundo
Administrativo de Oralidad de Santiago de Cali, mediante el que se resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra del Auto núm.
1229 del 1 de octubre de 2025.

2. Los accionantes pretenden obtener el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

3. Los accionantes formularon las siguientes pretensiones (se transcribe):

“(…) PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
efectivo a la administración de justicia, a la prevalencia del derecho sustancial y al
principio de igualdad.
SEGUNDO: Que se dejen sin efectos los autos interlocutorios No. 1229 del 1 de
octubre de 2025 y No. 124 del 4 de febrero de 2026, proferidos por el Juzgado Segundo
Administrativo de Oralidad de Cali, así como el Auto No. 620 de fecha 19 de noviembre
de 2025, dictado por el Magistrado Ponente Andrés González Arango del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se disponga a continuar con el trámite
de la acción popular hasta la culminación del proceso mediante la correspondiente
sentencia, en atención a la inexistencia de otro medio judicial idóneo y eficaz,
garantizando así la emisión de una decisión de fondo que resuelva de manera definitiva
las pretensiones formuladas.
CUARTO: Ordenar al Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Cali que, dentro
del término señalado en la presente providencia, profiera un nuevo auto mediante el
cual disponga el desarchivo del proceso y ordene la continuación del trámite de la

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Se declara la improcedencia

demanda de acción popular hasta su culminación (Negrillas y mayúscula del texto
original).

B. Hechos

4. Al Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Cali le correspondió el
conocimiento de la acción popular interpuesta por los accionantes, identificada con
el radicado núm. 76001-33-33-002-2025-00056-00, en la que se cuestionó que el
Municipio de Jamundí, Valle del Cauca omitiera dar continuidad al Acuerdo
Voluntario de Pago por Servicios Ambientales (PSA) núm. 011-2023, celebrado el 15
de noviembre de 2023, en virtud del cual los beneficiarios se comprometieron a
conservar áreas y ecosistemas estratégicos de la cuenca del río Timba, colindantes
con el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, a cambio de un incentivo
económico que el municipio debía reconocerles como contraprestación por dichas
labores. Al omitir dar continuidad al acuerdo, el Municipio suspendió el pago del
incentivo, lo que, según los accionantes, configuró una amenaza inminente a los
derechos colectivos al ambiente sano y al equilibrio ecológico.

5. En audiencia de pacto de cumplimiento celebrada el 1 de octubre de 2025, el
Juzgado profirió el Auto núm. 1229, mediante el cual dio por terminado el proceso al
considerar improcedente el medio de control de acción popular, conforme al artículo
1 de la Ley 472 de 1998, por estimar que el medio de control judicial idóneo era de
controversias contractuales.

6. Contra dicha decisión la parte actora interpuso recurso de apelación, al considerar
que la acción popular constituía la única vía judicial disponible, por cuanto: (i) la
finalidad de la acción era evitar un daño contingente; (ii) no existió trámite en vía
gubernativa, al haberse comunicado la decisión del Municipio de manera verbal y sin
mediar acto administrativo; (iii) la acción de controversias contractuales no resultaba
procedente, al no existir un perjuicio económico cuantificable sino un daño
exclusivamente ambiental; y (iv) tampoco era procedente la acción ejecutiva, por
inexistencia de título ejecutivo, ni la acción de cumplimiento, por inexistencia de
norma o acto administrativo que impusiera una obligación concreta.

7. El recurso fue concedido por el Juzgado a cargo y el expediente fue remitido al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para lo de su competencia.

8. Mediante Auto núm. 620 del 19 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca rechazó por improcedente el recurso de apelación, al considerar
que, conforme al artículo 36 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con la sentencia
C-377 de 2002 de la Corte Constitucional, contra los autos proferidos en el trámite
de la acción popular únicamente procede el recurso de reposición, salvo cuando se
decreten medidas cautelares o se trate de la sentencia de primera instancia. En
consecuencia, ordenó devolver el expediente al juzgado de origen para que lo
adecuara a reposición y resolviera de fondo.

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Accionantes: Wilson Arce Schwery y otros
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9.Mediante Auto núm. 124 del 4 de febrero de 2026, el Juzgado Segundo
Administrativo de Oralidad de Cali adecuó la apelación al recurso de reposición,
empero, resolvió no reponer el Auto núm. 1229 del 1 de octubre de 2025, debido a
que las pretensiones de los accionantes correspondían al medio de control de
controversias contractuales, previsto en el artículo 141 del CPACA.

C. Fundamentos de la vulneración

10. Los accionantes sostuvieron que las providencias cuestionadas, Auto núm. 1229
del 1 de octubre de 2025, Auto núm. 620 del 19 de noviembre de 2025 y Auto núm.
124 del 4 de febrero de 2026, vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia, a la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas y a la igualdad, al incurrir en violación directa de
la Constitución Política, al desconocer sus artículos 1, 2, 5, 13, 29, 83, 93, 228, 229
y 230, con fundamento en lo siguiente:

10.1. La acción popular constituía el único medio judicial idóneo y eficaz para evitar el
daño contingente alegado, sin que existiera trámite en vía gubernativa previo o acto
administrativo susceptible de control, y sin que resultara procedente la acción de
controversias contractuales, en la medida en que el perjuicio invocado era de
naturaleza exclusivamente ambiental y no admitía cuantificación económica, como sí
lo exige ese medio de control.

10.2. Al rechazar el recurso de apelación por razones formales y abstenerse de
pronunciarse de fondo sobre sus pretensiones, las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en un exceso ritual manifiesto que comportó una denegación de justicia.

10.3. El Juzgado de primera instancia incurrió en una contradicción al sostener que el
asunto correspondía a una controversia contractual, pero, a pesar de ello, se abstuvo
de adecuar la demanda a dicho mecanismo procesal, desatendiendo así la orden
impartida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en tal sentido, lo que
evidencia una incoherencia en su razonamiento jurídico y un desconocimiento de lo
dispuesto por su superior jerárquico.

D. Trámite procesal

11. Mediante auto del 14 de abril de 2026, se admitió la demanda de tutela2, se ordenó
la notificación al Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Santiago de Cali y
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en calidad de terceros con interés, al
Municipio de Jamundí (Valle del Cauca), a Parques Nacionales Naturales de
Colombia, a la Contraloría General de la Nación y a los señores Ricardo Guejia
Yatacué, Amanda Londoño Madrid Jildardo Londoño Madrid y Rocío Londoño
Madrid, quienes también actuaron como demandantes en la acción popular.

2 Índice 4 de Samai.

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Se declara la improcedencia

E. Oposiciones e intervenciones

12. El Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad Circuito Judicial de Santiago de
Cali3 no rindió informe dentro del trámite de la presente acción de tutela, y se limitó
a remitir el enlace del expediente para su consulta.

13. La Contraloría General de la República4 se opone a las pretensiones de la tutela
y solicita que se declare improcedente, por considerar que no se cumple el requisito
de subsidiariedad, ya que, a su juicio, los accionantes contaban con otro recurso
pendiente de interponer; sin embargo, no identifica cuál sería ese recurso y, de
manera contradictoria, afirma en el mismo escrito que los accionantes hicieron uso
de todos los mecanismos procesales dispuestos por la ley. Sostiene, además, que
no se acredita la existencia de una vía de hecho judicial, en la medida en que las
decisiones cuestionadas se profirieron conforme a las normas que regulan el trámite
de la acción popular, sin que se observe un defecto sustantivo, orgánico,
procedimental o fáctico, ni error en la valoración probatoria por parte de las
autoridades judiciales accionadas.

14. Parques Nacionales Naturales de Colombia5 solicita negar las pretensiones de la
tutela. En ese sentido, indicó que:

14.1.A través de la acción popular, los accionantes pretendían en realidad el
reconocimiento y pago de la suma de mil setenta y seis millones ochocientos mil
quinientos ochenta y dos pesos ($1.076.800.582) por concepto de servicios
ambientales, lo cual resulta improcedente, por cuanto, conforme a la jurisprudencia
del Consejo de Estado, la acción popular no tiene naturaleza indemnizatoria a favor
de particulares, salvo que la condena favorezca a una entidad pública que tenga a
su cargo la protección del derecho colectivo, supuesto que no se acredita en el
presente caso.

14.2. Las providencias cuestionadas no incurrieron en una irregularidad procesal o
sustancial grave que justifique la intervención del juez constitucional, en la medida
en que se profirieron conforme a las normas que regulan el trámite de la acción
popular.

14.3.La acción de tutela se fundamenta en apreciaciones subjetivas que pretenden
convertirla en una tercera instancia, lo cual resulta jurídicamente inviable, dado el
carácter perentorio y preclusivo de los términos judiciales en cada una de las etapas
procesales agotadas.

15. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Municipio de Jamundí, Valle del
Cauca, y los señores Ricardo Guejia Yatacué, Amanda Londoño Madrid, Jildardo
Londoño Madrid y Rocío Londoño Madrid, quienes también actuaron como

3 Índice 13 de Samai.
4 Índice 16 de Samai.
5 Índice 17 de Samai.

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demandantes en la acción popular, no rindieron informe dentro del trámite de la
presente acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

16. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para resolver la demanda de tutela interpuesta por el señor Wilson Arce Schwery y
otros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de
Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Decisión objeto de estudio

17. Si bien los accionantes cuestionan el Auto núm. 1229 del 1 de octubre de 2025 y
el Auto núm. 124 del 4 de febrero de 2026, proferidos por el Juzgado Segundo
Administrativo de Oralidad de Cali, así como el Auto núm. 620 del 19 de noviembre
de 2025, expedido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la decisión que
debe ser objeto de estudio es el Auto núm. 124 del 4 de febrero de 2026, pues fue
esta la que, al resolver el recurso de reposición, confirmó la terminación de la acción
popular.

H. Sentido de la decisión

18. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante pretende convertir el
mecanismo de amparo en una instancia adicional para cuestionar la interpretación
del Juez Segundo Administrativo de Oralidad Santiago de Cali e insistir en que la
acción popular es el medio idóneo para tramitar sus pretensiones en defensa de los
derechos colectivos al ambiente sano y al equilibrio ecológico, relacionadas con la
continuidad del Acuerdo Voluntario de Pago por Servicios Ambientales núm. 011-
2023 suscrito con el Municipio de Jamundí, Valle del Cauca. En tal virtud, por razones
metodológicas la Sala se abstendrá de efectuar el estudio de los demás requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judiciales6

6 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Corte Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de
evidente relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y
extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y
que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se
trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).

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I. El requisito de relevancia constitucional

19. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales 7 . En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada 8 , con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial”.

20. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia
constitucional. De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se
involucre en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones9.

21. En la sentencia SU-215 de 2022 10 , la Corte Constitucional identificó los
siguientes criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la
acción de tutela contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia
constitucional:

i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto
meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe ser trascendente
para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política o para la
determinación del alcance de un derecho fundamental;

ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como
una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir debates meramente legales y
la solicitud debe trascender la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por
los jueces naturales;

iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia
judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces, no basta con la
sola referencia a la afectación de las garantías superiores para encontrar probada la
relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental; y el examen de la acción
de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales.

7 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
8 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021,

M.P. Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
9 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210

de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P.
Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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22. Para la Corte Constitucional11, el requisito de relevancia constitucional comporta
tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.

23. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales
que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el
sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del
juez constitucional”12.

J. La falta de relevancia constitucional en el caso concreto

24. La Sala advierte que la demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues su finalidad es reabrir la discusión de la procedencia de la acción
popular con radicado núm. 76001 33-33-002-2025-00056-00/01, mediante los mismos
argumentos planteados en el recurso de reposición que interpuso contra el Auto núm.
124 del 4 de febrero de 2026, sin plantear un cuestionamiento de índole
constitucional que amerite un análisis de fondo por el juez de tutela.

25. La parte accionante atribuye al Auto núm. 124 del 4 de febrero de 2026 una
violación directa de la Constitución, derivada, según su criterio, de haber declarado
improcedente la acción popular, bajo el entendido de que el asunto debía tramitarse
por el medio de control de controversias contractuales previsto en el artículo 141 del
CPACA13, y no por el mecanismo consagrado en la Ley 472 de 1998, “por la cual se
desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.

26. En ese sentido, indicó que el medio de control idóneo para reclamar la continuidad
del Acuerdo Voluntario de Pago por Servicios Ambientales núm. 011-2023 era la
acción popular, por cuanto no existió trámite en vía gubernativa previo, el perjuicio
invocado era de naturaleza ambiental y no admitía cuantificación económica, y no

11 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
12 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
13 “ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un contrato

del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se
declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que
se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y
condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no
se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de
los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en
su defecto, del término establecido por la ley. (…)”.

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resultaban procedentes ni el medio de controversias contractuales, ni la acción
ejecutiva ni la de cumplimiento.

27. En efecto, los accionantes promovieron demanda en ejercicio de la acción popular
contra el Municipio de Jamundí, Valle del Cauca, con el fin de obtener: (i) la
protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia
del equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales; (ii) que se ordene al ente territorial accionado celebrar nuevamente el
Acuerdo Voluntario de Pago por Servicios Ambientales con los accionantes y con la
Asociación de Moreros La Borrascosa, y (iii) el consecuente pago del incentivo
pactado por el término de doce (12) meses, comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2024, equivalente a la suma de mil noventa y dos millones ciento
cincuenta y un mil novecientos setenta pesos ($1.092.151.970).

28. El 1° de octubre de 2025 se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento,
en la cual se profirió el Auto núm. 1229, mediante el cual se dio por terminado el
proceso al no constituir la acción popular el medio de control idóneo, a la luz del
artículo 1 de la Ley 472 de 1998, decisión adoptada con fundamento en los
argumentos expuestos por el Municipio de Jamundí, Valle del Cauca y por la
Procuraduría General de la Nación.

29. Inconforme con esa decisión, los accionantes interpusieron recurso de apelación,
sustentado oralmente en la audiencia y ampliado por escrito dentro del término legal,
en el que sostuvieron que la acción popular constituía el único mecanismo judicial
idóneo para la protección de los derechos colectivos invocados, dado que: (i) no
existió trámite en vía gubernativa; (ii) la acción de controversias contractuales exige
perjuicios económicos cuantificables, lo que resulta imposible tratándose de un daño
de naturaleza ambiental; (iii) la acción ejecutiva carecía de título exigible; y (iv) la
acción de cumplimiento no era viable al no existir norma o acto administrativo que
impusiera la obligación de suscribir el acuerdo. Además, indicaron que de no darse
continuidad al Acuerdo Voluntario de Pago por Servicios Ambientales, los
accionantes reanudarían actividades de tala, minería y uso de agroquímicos,
configurando un daño contingente e irreversible para las áreas de conservación. En
tal sentido, manifestaron:

“(…) En este caso, el objetivo es evitar un daño contingente, es decir, prevenir un
perjuicio inminente que aún no se ha materializado. Sin embargo, si el municipio de
Jamundí no suscribe el acuerdo, el daño podría materializarse, ya que las áreas
destinadas a preservación y conservación que los accionantes se comprometieron a
proteger en el marco del acuerdo voluntario suscrito en el 2023 quedarían
desprotegidas. En otras palabras, dichas zonas, bajo medidas de preservación y
conservación gracias al acuerdo voluntario, perderían dicha protección ambiental.

El acuerdo voluntario PSA No. 011-2023, al que se pretende no dar continuidad, tiene
como finalidad que los beneficiarios conserven, mediante acciones de preservación y/o
restauración, las áreas y ecosistemas estratégicos ubicados en la cuenca del río
Timba, los cuales proveen servicios ambientales esenciales, como la regulación,
provisión y mejora de la calidad del recurso hídrico.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02629-00
Accionantes: Wilson Arce Schwery y otros
Se declara la improcedencia

(…)
Si no se otorga continuidad al acuerdo, y en ausencia de su suscripción, las áreas
destinadas a preservación y conservación quedarían desprotegidas. En consecuencia,
los accionantes podrían llevar a cabo actividades como la tala de árboles, la
explotación minera o el uso de agroquímicos nocivos para el medio ambiente, lo que
generaría un impacto negativo en la calidad del recurso hídrico. En resumen, se
habilitaría la realización de todas aquellas prácticas que el acuerdo voluntario buscaba
precisamente restringir.
(…)
La finalidad de la acción popular presentada no es solicitar perjuicios económicos, sino
expresar de manera clara y precisa cómo se debe suscribir el acuerdo voluntario, en
caso de que el Juez acceda a las pretensiones de la demanda. El Juez sí acoge dichas
pretensiones podrá emitir una orden de hacer, lo que implica la realización de una
actividad de hecho, como en este caso, la obligación del accionado de suscribir el
acuerdo voluntario de pago por servicios ambientales tal como fue originalmente
pactado en el PSA No. 011-2023, suscrito el 15 de noviembre de 2023. Dicha orden
de hacer deberá definir de manera precisa la conducta que se debe cumplir, con el fin
de evitar el daño contingente, y prevenir que se repitan las omisiones que justificaron
la acción de la demanda. Todo ello con el fin de que, una vez se profiera sentencia,
esta pueda ser ejecutada a través del proceso correspondiente, siendo indispensable,
para tal efecto, la determinación precisa del incentivo al que tiene derecho cada
accionante, por concepto de incentivo anual a partir del año 2024 y hasta que se
configure el pago total, conforme a lo estipulado en el Acuerdo Voluntario PSA No. 011-
2023.

Esta acción popular constituye la única vía judicial idónea para los accionantes con el
fin de obtener la protección de sus derechos e intereses colectivos. Ello se debe a que
no existió trámite en vía gubernativa, pues el Municipio de Jamundí determinó no darle
continuidad al acuerdo voluntario, decisión que fue comunicada verbalmente a los
accionantes, sin que mediara acto administrativo alguno.

Por otra parte, la acción de controversia contractual no resulta procedente, dado que
este mecanismo exige la existencia de un perjuicio económico cierto y cuantificable —
como el daño emergente o el lucro cesante—, mientras que en el presente caso el
perjuicio alegado es de naturaleza exclusivamente ambiental. De igual forma, la acción
ejecutiva tampoco sería viable, toda vez que no existe una obligación clara, expresa y
exigible, es decir, no se cuenta con un título ejecutivo. Finalmente, la acción de
cumplimiento tampoco resulta procedente, en la medida en que no existe norma
nacional ni acto administrativo que imponga la obligación de suscribir el acuerdo
voluntario objeto de controversia.

Los accionantes no disponen de otro mecanismo legal idóneo para la defensa de
los derechos e intereses colectivos invocados, por cuanto no contaron con una
vía gubernativa y las acciones de controversia contractual, ejecutiva y de
cumplimiento no resultan procedentes en el presente caso. Siendo la acción
popular el único mecanismo jurídico posible. (…)” (negrilla por fuera del texto).

30. Mediante auto del 19 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca rechazó por improcedente el recurso de apelación, dado que, conforme
al artículo 36 de la Ley 472 de 1998, contra los autos dictados en el trámite de la
acción popular solo procede el recurso de reposición, salvo medida cautelar o
sentencia de primera instancia. En consecuencia, ordenó devolver el expediente al
juzgado de origen para que se adecuara el recurso, lo tramitara como reposición y lo
resolviera de fondo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02629-00
Accionantes: Wilson Arce Schwery y otros
Se declara la improcedencia

31. En cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal, el Juzgado Segundo
Administrativo de Oralidad de Cali adecuó la apelación interpuesta al recurso de
reposición y, mediante Auto núm. 124 del 4 de febrero de 2026, decidió no reponer
el Auto núm. 1229 del 1.º de octubre de 2025, que había dado por terminado el
proceso. Fundamentó su decisión en que los argumentos de los accionantes
carecían de vocación de prosperidad, debido a que las pretensiones de la demanda
de acción popular correspondían, en realidad, a las del medio de control de
controversias contractuales, cuya procedencia debía ser definida por otro juez. Sobre
el particular, expuso lo siguiente:

“(…) En el presente asunto el Despacho, en la audiencia de Pacto de Cumplimiento
adoptó la decisión por auto No. 1229 del 01 de octubre de 2025 de dar por terminado
el proceso de la referencia, atendiendo a que el medio de control no es el adecuado
conforme al art 1 de la ley 472 de 1998.
La apoderada de los accionantes interpone RECURSO DE APELACION.
(…)
Ninguno de tales argumentos, ni los iniciales ni los posteriores tienen vocación de
prosperidad. Las meras apreciaciones jurídicas, a mi juicio, pertenecen al medio de
control de controversias contractuales.
Art. 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del
Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su
revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos
administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los
perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado
podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de
mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los
dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo
acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad
contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este
Código, según el caso.”

En suma, a mi juicio -si es o no procedente lo determina otro juez- existe otro medio
de defensa judicial, como lo indicaba el Ministerio Público al descorrer el traslado del
recurso señalando que no corresponde a este medio de control, que en todo caso
excluye, que es lo que resulta relevante para el despacho, el conocimiento de la
presente acción. No entraré ni ahora ni luego en el debate del medio de control
pertinente, porque no es dable asesorar. Esta no es una conversación: es una decisión
para la cual en su momento se ofreció una carga argumentativa y que ahora es
mantenida, cumpliendo lo ordenado por el Tribunal. En estos términos dejo resuelto el
recurso, pues no siendo apelable según se indica como regla general para toda clase
de proceso -art. 243.2, ley 1437-, se adecúa a reposición -Parágrafo, art. 318, ley 1564.
(…)”.

32. De lo expuesto se advierte que los planteamientos formulados por los accionantes
recaen sobre aspectos que fueron expresamente examinados por la autoridad
judicial accionada al resolver el recurso de reposición. Los argumentos relativos a la
idoneidad de la acción popular como único mecanismo judicial procedente para la
protección de los derechos colectivos invocados fueron considerados por el Juzgado,
que aun así concluyó que las pretensiones formuladas, al derivarse de las
obligaciones contenidas en el Acuerdo Voluntario de Pago por Servicios
Ambientales, correspondían al medio de control de controversias contractuales,
conforme al artículo 141 del CPACA, sin que ello implicara un pronunciamiento sobre

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Accionantes: Wilson Arce Schwery y otros
Se declara la improcedencia

la idoneidad de dicho mecanismo, asunto que, según indicó, correspondía definir a
otro juez.

33. Así las cosas, es claro que la controversia planteada en la presente acción de
tutela carece de relevancia constitucional, pues se limita a cuestionar la decisión
adoptada por la autoridad judicial accionada al resolver el recurso de reposición, esto
es, un asunto de naturaleza estrictamente legal relacionado con la procedencia del
medio de control de protección de derechos e intereses colectivos frente al de
controversias contractuales. Dicho debate ya fue objeto de pronunciamiento expreso
por el juez natural del proceso, y la sola inconformidad de los accionantes no habilita
la intervención del juez constitucional, cuyo ámbito de actuación se circunscribe a la
protección de derechos fundamentales y no a la corrección de interpretaciones
legales razonablemente sustentadas.

34. Enconsecuencia, la Sala declarará improcedente la demanda de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz

TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Salva voto

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