Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02629-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02629-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02629-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02629-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
9 de septiembre de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02629-01
Demandante: Wilson Arce Schwery y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 9 de septiembre de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02629-01
Demandante: WILSON ARCE SCHWER Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO
Temas: Contra providencias judiciales dictadas en el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos. Auto que dio por
terminado el proceso. Defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, sustantivo y por violación directa de la Constitución.
Ampara.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 18
de junio de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que
declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 7 de abril de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderada,
Wilson Arce Schwery, Alpidio Antonio Bernal Cano, Fanny Bolaños Ochoa, Manuel Isidro
Campo Reyes, Ana Ilsa Velasco Yandy, Alba Cecilia Medina Yandy, María Elizabeth
García Yandy, Luz Fany García Yandy, Dora Nydia García Yandy, Sandra Lesbia García
Yandy, Carlos Alberto García Yandy, Aurelio Guejia Yuli, Carlos Julio Guejia Dagua, Luis
Andrés Guejia Dagua, María Nelly Guejia Cortés, Pedro Pablo Hoyos Ordóñez, Angelina
Largo Ibito, Francy Helena Leiton Ruiz, Jorge Lis Yatacué, Gustavo Mestizo Medina,
Jaime Montoya, Alicia Morales, Eludibia Ospina Ospina, Félix Pito, Robinson Quintero,
Luis Carlos Reyes Muñoz, Luis Fernando Reyes, Ruben Darío Reyes Muñoz, Luis Alberto
Ruiz Bonilla, Diego Alexánder Sacristán Aguirre, Nolberto Toconás Ulcué, Jeremías
Tróchez Cunda, Óscar Humberto Tróchez Ulchur, Miguel Ángel Vargas Biscué, Idaliana
Velasco, Yasmín Amalia Yande Velasco, Fidelino Villamil Candelo, Nicanor Viscué
Tróchez y Franqui Yule Patiño pidieron la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de los siguientes autos
dictados en el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos con
radicado 76001 33-33-002-2025-00056-00/01:
• Del 1 de octubre de 2025, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de
Cali, con el que se dio por terminado el proceso.
• Del 19 de noviembre de 2025, dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por medio del cual se rechazó por improcedente el recurso de apelación
presentado contra la decisión relacionada en el párrafo anterior.
• Del 4 de febrero de 2026, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Cali,
en el que se decidió no reponer la providencia del 1 de octubre de 2025.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02629-01
Demandante: Wilson Arce Schwery y otros
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración
de justicia, a la prevalencia del derecho sustancial y al principio de igualdad.
SEGUNDO: Que se dejen sin efectos los autos interlocutorios No. 1229 del 1 de octubre de 2025 y No.
124 del 4 de febrero de 2026, proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Cali,
así como el Auto No. 620 de fecha 19 de noviembre de 2025, dictado por el Magistrado Ponente Andrés
González Arango del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se disponga a continuar con el trámite de la acción
popular hasta la culminación del proceso mediante la correspondiente sentencia, en atención a la
inexistencia de otro medio judicial idóneo y eficaz, garantizando así la emisión de una decisión de fondo
que resuelva de manera definitiva las pretensiones formuladas.
CUARTO: Ordenar al Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Cali que, dentro del término
señalado en la presente providencia, profiera un nuevo auto mediante el cual disponga el desarchivo
del proceso y ordene la continuación del trámite de la demanda de acción popular hasta su culminación.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
Manifestó la parte actora que, como propietarios, poseedores y ocupantes de varios
predios, suscribieron con el municipio de Jamundí el Acuerdo Voluntario de Pago de
Servicios Ambientales (PSA) 011-2023, con el fin de proteger áreas estratégicas de
ecosistemas de interés como el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.
Que el acuerdo tuvo una vigencia limitada, hasta el 31 de diciembre de 2023, pese a que
los resultados fueron positivos y cumplieron con los compromisos adquiridos. Que el ente
territorial no garantizó la continuidad ni la renovación de los incentivos en la vigencia fiscal
del año 2024.
Que la suspensión de los incentivos económicos los dejó sin sustento para continuar con
las actividades de protección ambiental, lo que, a su juicio, generaba una amenaza y
vulneración de los derechos colectivos al ambiente sano y al equilibrio ecológico.
3.2. Actuación judicial
Los hoy tutelantes promovieron demanda en ejercicio del medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos contra el municipio de Jamundí y la Unidad
Administrativa de Parques Nacionales Naturales de Colombia, para que se ordenara la
protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico
y al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
En consecuencia, pidieron que se ordenara: i) al municipio de Jamundí que suscribiera
un nuevo acuerdo voluntario PSA y les pagara un incentivo por el término de 12 meses,
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, por la suma de $1.092.151.970 y, ii) a
la unidad administrativa de Parques Nacionales Naturales de Colombia que realizara
seguimiento, monitoreo y control al proyecto de PSA.
La demanda se adelantó bajo el radicado 76001 33-33-002-2025-00056-00 y
correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Cali que, el 1 de octubre de 2025,
en audiencia de pacto de cumplimiento, dio por terminado el proceso, en atención a que
el medio de control al que se había acudido no era el adecuado, conforme a lo dispuesto
en el artículo 1 de la Ley 472 de 1998, debido a que, a través del mencionado medio de
control, no era posible ordenar a la entidad demandada que suscribiera un acuerdo
voluntario.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02629-01
Demandante: Wilson Arce Schwery y otros
Inconformes, los demandantes interpusieron recurso de apelación, en el que
manifestaron que se estaban vulnerando sus derechos colectivos reclamados, al tener
en cuenta que la finalidad de los acuerdos voluntarios a los que no se les dio continuidad
era la preservación ambiental. Que, además, eran familias víctimas del conflicto armado
en razón del uso que se le estaba dando al suelo.
Que la continuidad de los acuerdos implicaría la conservación natural de los predios
objeto del medio de control. Que la omisión del municipio en suscribir nuevos acuerdos
permitiría que, en el territorio, eventualmente, se desarrollaran operaciones de
narcotráfico y minería ilegal. Que sí se estaban vulnerando los derechos colectivos
reclamados y por ellos fue que en un principio se firmó el acuerdo.
Que la no firma de nuevos acuerdos afectaría la subsistencia de las familias
demandantes. Que habían probado que la entidad territorial sí contaba con presupuesto
para suscribir nuevos acuerdos. Que el Parque Nacional Natural Farallones de Cali surtía
de agua al municipio de Jamundí y que, si no se firmaban nuevos acuerdos, el municipio
podría presentar escasez de agua.
El 3 de octubre de 2025, los demandantes presentaron memorial de ampliación del
recurso de apelación, en el que indicaron que los acuerdos voluntarios eran una
estrategia que reconocía y apoyaba la labor de conservación de ecosistemas naturales
y, además, fortalecía los derechos de las comunidades a un ambiente sano.
Que impedir la continuidad de los acuerdos ocasionaría un perjuicio inminente a los
derechos colectivos alegados. Que el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 establecía que
a través del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos se podía
pedir que la autoridad competente adoptara las medidas necesarias para salvaguardar
los derechos colectivos y evitar un daño contingente.
Que ese medio de control era la única vía judicial con la que contaban para reclamar la
protección de sus derechos colectivos. Que el medio de control de controversias
contractuales no resultaba procedente, en la medida en que se exigía un perjuicio
económico cierto y cuantificable y, por el contrario, en ese caso las pretensiones eran de
naturaleza ambiental.
Que una demanda ejecutiva no era viable, debido a que no existía una obligación clara,
expresa y exigible.
Por auto del 19 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
rechazó por improcedente el recurso de apelación y ordenó al juzgado de instancia que
lo adecuara al recurso de reposición.
Afirmó que en el trámite del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos solo era procedente el recurso de reposición, de acuerdo con lo ordenado en
el artículo 36 de la Ley 472 de 1998. Que el legislador solo había previsto la procedencia
del recurso de apelación contra el auto que decretaba medidas cautelares y contra la
sentencia de primera instancia.
Que el juzgado debía tener en cuenta el artículo 23 de la Ley 472 de 1998 y la sentencia
de unificación del 26 de agosto de 2021, proferida por el Consejo de Estado 1, en la que
se resolvió:
PRIMERO: UNIFICAR LA JURISPRUDENCIA en el sentido de que, en las acciones populares no
procede la excepción de indebida acumulación de pretensiones, la inadmisión de la demanda o su
rechazo, negar las pretensiones, declarar la improcedencia de la acción, ni la sentencia inhibitoria,
cuando tales decisiones se funden en la inclusión de pretensiones incompatibles con la acción popular.
En caso de que la demanda incluya pretensiones que no puedan resolverse mediante la acción popular,
1 Expediente: 11001-33-31-017-2008-00266-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02629-01
Demandante: Wilson Arce Schwery y otros
el juez debe readecuar oficiosamente el trámite, según el mecanismo que corresponda. La readecuación
procesal de la demanda puede ser total o respecto de ciertas pretensiones.
Finalmente, por proveído del 4 de febrero de 2026, el Juzgado Segundo Administrativo
de Cali adecuó los argumentos de la parte actora al recurso de reposición y decidió
mantener la decisión recurrida.
Dijo que los argumentos de la parte demandante pertenecían al medio de control de
controversias contractuales. Que los accionantes contaban con otro medio de defensa
judicial. Que no entraría en el debate del medio de control pertinente, porque su labor no
era asesorar.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora nada dijo sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del
asunto, si bien no identificaron los defectos que alegarían, la Sala los resumirá en los
siguientes vicios de fondo.
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto porque el tribunal demandado, al
no proferir una decisión de fondo, transgredió el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas, previsto en el artículo 228 de la Constitución.
Señaló que ese mandato constitucional imponía al operador judicial el deber de
interpretar y aplicar las normas procesales como un instrumento al servicio de la
efectividad de los derechos materiales y no como barreras que impidieran su
materialización.
Que, por su parte, el Juzgado Segundo Administrativo de Cali desconoció la orden
impartida por el tribunal de adecuar la demanda al medio de control que corresponda.
Que, en todo caso, el asunto no se trataba de una controversia de carácter contractual.
Que las decisiones del juzgado obstaculizaban el ejercicio legítimo del derecho de acción
y desconocían la garantía de tutela judicial efectiva.
Defecto sustantivo por desconocimiento de los artículos 9 de la Ley 472 de 1998 y 144
del CPACA, que, según la parte actora, establecían que a través del medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos se podía solicitar a la autoridad competente
que adelantara las medidas necesarias para salvaguardar los derechos reclamados.
Que el objetivo de su demanda era evitar un daño contingente, para prevenir un perjuicio
inminente de desprotección ambiental del parque nacional natural Farallones de Cali.
Que el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos era el único
mecanismo judicial idóneo con el que disponía.
Que la negativa de dar trámite a sus pretensiones desconocía sus derechos al debido
proceso y al juez natural. Que se debía dar aplicación al principio pro actione, para aplicar
las normas procesales y favorecer el acceso efectivo a la administración de justicia.
Que el medio de control de controversias contractuales no resultaba idóneo porque
implicaba que se acreditaran perjuicios económicos ciertos, determinables y
cuantificables. Que, por el contrario, sus pretensiones no revestían naturaleza económica
ni patrimonial, sino exclusivamente ambiental. Que los incentivos económicos que se
reconocen a través de los PSA no tenían la finalidad de resarcir perjuicios patrimoniales
ni generar un lucro, que esos incentivos buscaban promover conductas encaminadas a
la preservación del ambiente y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos.
Que en su caso se justificaba la excepción a la regla general de improcedencia del medio
de control de protección de derechos e intereses colectivos, en la medida en que: i) la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02629-01
Demandante: Wilson Arce Schwery y otros
controversia era de naturaleza eminentemente ambiental; ii) los efectos trascendían la
esfera individual y repercutían directamente sobre intereses colectivos y, iii) no existía
otro mecanismo judicial eficaz que permitiera la tutela oportuna de los derechos
reclamados.
Violación directa de la Constitución porque las autoridades judiciales demandadas
transgredieron los artículos 1, 2, 5, 13, 29, 83, 228, 230 y 229 superiores.
5. Intervenciones
El Juzgado Segundo Administrativo de Cali compartió el enlace del medio de control
de protección de derechos e intereses colectivos con radicado 76001 33-33-002-2025-
00056-00/01 y dijo que se atenía a lo resuelto por el juez constitucional.
La Contraloría General de la República manifestó que se oponía a la prosperidad de
las pretensiones de la parte actora, debido a que carecían de fundamento fáctico y
jurídico.
Que se empleaba la acción de tutela como una instancia adicional del proceso ordinario.
Que no se cumplían los requisitos generales de procedibilidad, especialmente el de
subsidiariedad, porque no se configuraba la amenaza de los derechos fundamentales
reclamados ni riesgo de un perjuicio irremediable. Que no se evidenciaba la configuración
de alguna vía de hecho.
La unidad administrativa de Parques Nacionales Naturales solicitó que se denegaran
las pretensiones de la acción de tutela, porque la parte actora no logró probar alguna
causal procesal o sustancial que permitiera la intervención del juez constitucional.
Dijo que la solicitud de amparo se fundamentaba en apreciaciones subjetivas, para
convertir la acción de tutela en una tercera instancia del medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos. Que, en todo caso, a través del medio de control de
protección de derechos colectivos no se podía perseguir el pago de la suma de
$1.076.800.582.
Los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el alcalde del
municipio de Jamundí y los señores Ricardo Guejia Yatacué, Amanda Londoño
Madrid, Jildardo Londoño Madrid y Rocío Londoño Madrid no se pronunciaron, pese
a que fueron debidamente notificados.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, declaró improcedente la acción
de tutela, al considerar que incumplía el requisito de relevancia constitucional, porque el
debate propuesto ya había sido objeto de pronunciamiento por parte del juez natural de
la causa.
Uno de los magistrados que integra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, salvó su voto; sin embargo, los argumentos desarrollados están relacionados con otra
acción de tutela.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.
Argumentaron que el problema jurídico propuesto era de naturaleza constitucional y no
se dirigía a cuestionar la interpretación adoptada por los jueces ordinarios ni a convertir
la acción de tutela en una instancia adicional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02629-01
Demandante: Wilson Arce Schwery y otros
Que la controversia constitucional radicaba en que las decisiones cuestionadas
impidieron que obtuvieran una decisión de fondo respecto de sus pretensiones, con lo
que se configuraba una denegación material del acceso a la administración de justicia.
Que en el escrito de demanda de tutela identificaron de forma clara, expresa e inequívoca
la vulneración de los derechos fundamentales reclamados, con la expedición de las
decisiones acusadas. Que sus argumentos no se dirigían a cuestionar la legalidad de las
providencias controvertidas ni manifestar inconformidades con la interpretación de las
normas procesales.
Que la decisión impugnada no resolvió los argumentos relacionados con la denegación
de acceso a la administración de justicia por parte de las autoridades judiciales
demandadas. Que pretendía que se ordenara continuar con el proceso ordinario y que
se profiriera la correspondiente sentencia de mérito, ante la inexistencia de otro
mecanismo judicial idóneo y eficaz que permitiera obtener una decisión definitiva sobre
las pretensiones que formularon.
Que, en consecuencia, el asunto sí tenía relevancia, por cuanto trascendía el ámbito de
la mera legalidad y se situaba en el plano constitucional, al involucrar la vulneración de
los derechos fundamentales de acceso efectivo a la administración de justicia, a la tutela
judicial efectiva, al debido proceso y a la prevalencia del derecho sustancial.
Finalmente, que el asunto tenía especial trascendencia constitucional por involucrar
derechos e intereses colectivos de naturaleza ambiental.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela.
La Sala anticipa que revocará la decisión impugnada, para, en su lugar, amparar los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de
la parte actora.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y (iii) el análisis del caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02629-01
Demandante: Wilson Arce Schwery y otros
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la presente acción de tutela cumple los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La relevancia constitucional del asunto está acreditada, toda vez que se trata de una
decisión que dio por terminado el medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos promovido por los demandantes en la etapa inicial del proceso, se cuestionan
de manera directa las razones de la providencia atacada, no alude a una discusión de
orden legal o económico y cumple con la carga argumentativa de señalar que, si
existieran los errores que alega la parte actora, se estarían vulnerando sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con
la verificación del expediente ordinario, la providencia acusada fue comunicada por
correo electrónico del 6 de febrero de 2026, de modo que fue notificada el 10 de febrero
siguiente, y la demanda de tutela fue radicada el 7 de abril de 2026, esto es, un mes y 28
días después, término que no supera los seis meses fijados por la Sala Plena de esta
Corporación para presentar acciones de tutela.
La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado
que promovió el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos y
cuestiona la providencia que puso fin a ese proceso de forma anticipada. Además,
tampoco se evidencia la viabilidad del recurso extraordinario de revisión contra la
providencia atacada, puesto que no parece que pueda encuadrarse en alguna de las
causales de procedibilidad previstas en el artículo 250 del CPACA. Así como tampoco la
procedencia del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, porque este solo
procede cuando la decisión cuestionada contraríe o se oponga a una sentencia de
unificación.
Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es,
expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene de advertir que la autoridad judicial demandada incurrió en defectos
procedimentales por exceso ritual manifiesto, sustantivo y en violación directa de la
Constitución.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora controvierte
una providencia que puso fin al medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos.
4. Análisis del caso concreto
La Sala empieza por precisar que, si bien la parte demandante cuestiona los autos del 1
de octubre de 2025, del 19 de noviembre de 2025 y del 4 de febrero de 2026, proferidos
en el proceso con radicado 76001 33-33-002-2025-00056-00/01, el análisis de los cargos
propuestos se centrará en la última providencia por ser la que decidió de manera definitiva
sobre el asunto.
Ahora bien, la parte actora alegó que el Juzgado Segundo Administrativo de Cali incurrió
en defectos procedimentales por exceso ritual manifiesto, sustantivo y en violación directa
de la Constitución, al dar por terminado el medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos que promovió contra el municipio de Jamundí y la unidad
administrativa especial Parques Nacionales Naturales de Colombia.
La Sala precisa que estudiará los cargos de manera conjunta porque apuntan a demostrar
que no se debió dar por terminado el proceso objeto de la presente acción constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02629-01
Demandante: Wilson Arce Schwery y otros
Para resolver tales cargos, la Sala estima necesario referirse a las actuaciones surtidas
en el proceso con radicado 76001 33-33-002-2025-00056-00/01 y al análisis realizado en
la providencia del 4 de febrero de 2026.
Los hoy tutelantes promovieron demanda en ejercicio del medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos contra el municipio de Jamundí y la Unidad
Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, para que se
ampararan sus derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del
equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, la
conservación de especies animales y vegetales y la protección de áreas de especial
importancia ecológica.
Pidieron que, como consecuencia de lo anterior, se ordenara al municipio de Jamundí
suscribir un acuerdo voluntario de pago por servicios ambientales (PSA) desde el 1 de
enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 por la suma de $1.076.800.582 y que
año a año se suscribiera un nuevo acuerdo. Adicionalmente, solicitaron que la Unidad
Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia verificara que el
acuerdo fuera suscrito conforme a lo establecido en la correspondiente sentencia y que
velara por su escrito cumplimiento.
La demanda se adelantó bajo el radicado 76001 33-33-002-2025-00056-00 y
correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Cali que, en audiencia de pacto de
cumplimiento del 1 de octubre de 2025, dio por terminado el proceso, en atención a que
el medio de control alegado por los demandantes no era el adecuado, conforme con el
artículo 1 de la Ley 472 de 1998.
Inconformes, los demandantes presentaron recurso de apelación, en el que manifestaron
que se les estaban vulnerando sus derechos colectivos a un ambiente sano, a la
asistencia del equilibrio ecológico y al aprovechamiento racional de los recursos
naturales, al no dar continuidad a los acuerdos voluntarios que buscaban la preservación
ambiental.
Que la continuidad de los acuerdos implicaría la conservación natural de los predios
objeto del medio de control e impediría que se ejecutaran actividades ilegales que
pudieran atentar contra el medio ambiente. Que si no se suscribían nuevos acuerdos, se
afectarían sus niveles de subsistencia. Que el parque nacional Farallones de Cali surtía
de agua al municipio de Jamundí y que,si no se firmaban nuevos acuerdos, el municipio
podría presentar escasez de agua.
El 3 de octubre de 2025, los demandantes presentaron memorial de ampliación del
recurso de apelación, en el que señalaron que los acuerdos voluntarios eran una
estrategia que reconocía y apoyaba la labor de conservación de ecosistemas naturales y
fortalecía los derechos de las comunidades a un ambiente sano.
Que, si no se suscribían nuevos acuerdos, se ocasionaría un perjuicio inminente a los
derechos colectivos alegados. Que el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 establecía que
a través del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos se podía
solicitar que la autoridad competente emprendiera las medidas necesarias para
salvaguardar los derechos colectivos y evitar un daño contingente. Que ese medio de
control era la única vía judicial con la que contaban para reclamar la protección de sus
derechos colectivos.
Que el medio de controversias contractuales no resultaba procedente, porque sus
pretensiones eran de naturaleza ambiental. Que una demanda ejecutiva no era viable,
puesto que no existía una obligación clara, expresa y exigible.
El 19 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca rechazó por
improcedente el recurso de apelación y ordenó al juzgado de instancia que lo adecuara
al recurso de reposición.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02629-01
Demandante: Wilson Arce Schwery y otros
Explicó que en el trámite del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos solo era procedente el recurso de reposición, de acuerdo con lo ordenado en
el artículo 36 de la Ley 472 de 1998. Que el legislador solo había previsto la procedencia
del recurso de apelación contra el auto que decretaba medidas cautelares y contra la
sentencia de primera instancia.
Que exhortaba al juzgado a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de
la Ley 472 de 1998, que disponía que las excepciones propuestas en el medio de control
de protección de derechos e intereses colectivos debían ser resueltas en la
correspondiente sentencia.
Que, además, debía tener en cuenta que el Consejo de Estado4 había unificado su
jurisprudencia en lo correspondiente a las excepciones propuestas en el medio de control
de protección de derechos e intereses colectivos de la siguiente forma:
PRIMERO: UNIFICAR LA JURISPRUDENCIA en el sentido de que, en las acciones populares, no
procede la excepción de indebida acumulación de pretensiones, la inadmisión de la demanda o su
rechazo, negar las pretensiones, declarar la improcedencia de la acción, ni la sentencia inhibitoria,
cuando tales decisiones se funden en la inclusión de pretensiones incompatibles con la acción popular.
En caso de que la demanda incluya pretensiones que no puedan resolverse mediante la acción popular,
el juez debe readecuar oficiosamente el trámite, según el mecanismo que corresponda. La readecuación
procesal de la demanda puede ser total o respecto de ciertas pretensiones.
Finalmente, por auto del 4 de febrero de 2026, el Juzgado Segundo Administrativo de
Cali resolvió adecuar los argumentos de la parte actora al recurso de reposición; sin
embargo, confirmó la decisión del 1 de octubre de 2025, que había dado por terminado
el proceso.
Señaló que los argumentos de la parte actora no tenían vocación de prosperidad. Que
las apreciaciones jurídicas de los demandantes pertenecían al medio de control de
controversias contractuales. Que, si las pretensiones de la parte actora eran procedentes
o no, era un asunto que debía determinar otro juez, al existir otro medio de defensa
judicial. Que no entraría en el debate del medio de control pertinente, porque su labor no
era asesorar.
Que esa era una decisión en la que en su momento ofreció una carga argumentativa y
que mantendría, al cumplir lo ordenado por el tribunal.
A partir de lo anterior, para la Sala, el Juzgado Segundo Administrativo de Cali transgredió
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
de la parte actora, al cumplir parcialmente con lo ordenado por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca en el auto del 19 de noviembre de 2025.
La Sala observa que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenó al Juzgado
Segundo Administrativo de Cali que adecuara los argumentos del recurso de apelación
presentado por los demandantes al recurso de reposición, que era el procedente.
Además, que tuviera en cuenta la sentencia de unificación del 26 de agosto de 2021,
proferida por el Consejo de Estado, en la que se había advertido que en el medio de
control de protección de derechos e intereses colectivos no procedía la declaratoria de
improcedencia ni sentencia inhibitoria, cuando esas decisiones se fundamentaran en la
inclusión de pretensiones incompatibles con el mencionado medio de control. Que era
deber del juez adecuar oficiosamente el trámite, según el mecanismo que correspondiera.
Sin embargo, y como se vio, el Juzgado Segundo Administrativo de Cali no atendió la
segunda orden impartida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca relacionada
con la adecuación de las pretensiones al medio de control que corresponda, que había
sido fundamentada en el precedente vinculante sobre la materia.
4 Sentencia del 26 de agosto de 2021, proferida por el Consejo de Estado, en el expediente 11001-33-31-017-2008-
00266-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02629-01
Demandante: Wilson Arce Schwery y otros
La Sala advierte que la Ley 472 de 1998 no provee la declaratoria de improcedencia del
medio de control de protección de derechos e intereses colectivos porque las
pretensiones no pueden tramitarse a través de ese mecanismo y, en ese orden, es deber
del juez readecuar procesalmente las pretensiones.
Al respecto, la citada sentencia de unificación del 26 de agosto de 2021 explicó que:
18. El proceso mediante el cual se tramitan las demandas de acción popular responde a las
características de especialidad y de eficacia procesal. Especialidad, ya que las distintas actuaciones
procesales se encuentran regladas en la Ley 472 de 1998 (Ley de acciones populares y acciones de
grupo, LAPAG, en adelante) y únicamente puede recurrirse a la integración normativa con las normas
procesales generales propias de la jurisdicción competente, cuando se trate de un asunto no regulado
por completo en la norma especial y, además, la integración normativa resulte compatible con las
características y finalidades de la acción popular. Eficacia procesal, ya que, en virtud del principio de
instrumentalidad de las formas, el trámite de las acciones populares debe guiarse por la búsqueda de
la eficacia del derecho sustancial, particularmente, del derecho de acceso a la administración de justicia
y de la protección adecuada de los derechos e intereses colectivos. Igualmente, se trata de una
regulación con formas mínimas; su trámite es preferente (artículo 6 de la LAPAG) y no se rige por la
regla procesal dispositiva, sino por la inquisitiva, que implica el deber del juez de impulsar de oficio el
proceso, en aras de llegar a una decisión de fondo (artículo 5 de la LAPAG). 19. A partir de la especialidad procesal de las acciones populares, el rechazo de la demanda (1) procede
de plano o in limine, únicamente en caso de cosa juzgada o de agotamiento de la jurisdicción;
igualmente, (2) es posible rechazar la demanda luego de su inadmisión (3) por una de dos causales: a-
no haber corregido adecuada y oportunamente la demanda inadmitida, o porque luego de la inadmisión,
b- se confirma que el asunto se encuentra actualmente siendo debatido en otro proceso de acción
popular y, por lo tanto, ocurrió el denominado “agotamiento de la jurisdicción”. En otras palabras, el
agotamiento de la jurisdicción provoca rechazo de plano de la demanda, cuando se advierte claramente
la triple identidad en la etapa de admisión, pero es legítimo inadmitir cuando existan dudas acerca de la
identidad de partes, de causa o de objeto de los procesos; ello para permitir que el accionante precise
o aclare los elementos que permiten concluir si se trata de un asunto en curso o que ya ha sido fallado. Es por ello que las causales de rechazo de la demanda diferentes a la no corrección de la demanda
inadmitida, previstas en el CCA/CPACA, no son aplicables a este proceso. No es legítimo que el juez
rechace la demanda porque se incluyeron pretensiones que podían tramitarse mediante otro proceso,
ya que la acción popular no es un mecanismo subsidiario, sino principal. Tampoco es válido inadmitir y
rechazar las demandas de acción popular con el argumento de que se formularon pretensiones
incompatibles con este mecanismo, particularmente, cuando se solicitan condenas para reparar
perjuicios individuales. 20. Justamente en el caso de incluir pretensiones ajenas a la finalidad de la acción popular o
incompatibles con ella, la LAPAG previó la readecuación procesal del asunto, como una regla clara que
excluye la inadmisión de la demanda, el rechazo y las sentencias inhibitorias por inepta demanda o
indebida escogencia de la acción: “Promovida la acción, es obligación del juez impulsarla oficiosamente
y producir decisión de mérito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destitución. Para
este fin el funcionario de conocimiento deberá adoptar las medidas conducentes para adecuar la
petición a la acción que corresponda” (inciso final del artículo 5 LAPAG – subrayas agregadas-).
Este
mandato es la concreción del deber que asiste a todos los jueces de la República de interpretar las
demandas, a partir de los hechos y de las pretensiones formuladas, para hacer efectivo el acceso a la
administración de justicia y dar prevalencia al derecho sustancial, sobre las formas (artículos 29, 228 y
229 de la Constitución) y dicha interpretación conduce a dar el trámite procesal que resulte congruente
con la demanda, más allá del mecanismo invocado.
En consecuencia, en esa providencia se unificó la jurisprudencia en el siguiente sentido
de:
PRIMERO: UNIFICAR LA JURISPRUDENCIA en el sentido de que, en las acciones populares no
procede la excepción de indebida acumulación de pretensiones, la inadmisión de la demanda o su
rechazo, negar las pretensiones, declarar la improcedencia de la acción, ni la sentencia inhibitoria,
cuando tales decisiones se funden en la inclusión de pretensiones incompatibles con la acción popular.
En caso de que la demanda incluya pretensiones que no puedan resolverse mediante la acción popular,
el juez debe readecuar oficiosamente el trámite, según el mecanismo que corresponda. La
readecuación procesal de la demanda puede ser total o respecto de ciertas pretensiones.
Adicionalmente, el artículo 5 de la Ley 472 de 1998 dispone que <<promovida la acción, es
obligación del Juez impulsarla oficiosamente y producir decisión de mérito so pena de incurrir en
falta disciplinaria, sancionable con destitución. Para este fin el funcionario de conocimiento
deberá adoptar las medidas conducentes para adecuar la petición a la acción que corresponda>>.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02629-01
Demandante: Wilson Arce Schwery y otros
A su vez, el artículo 34 ibidem contempla la posibilidad de que el juez en la
correspondiente sentencia adopte las medidas que considere necesarias para
salvaguardar los derechos e intereses colectivos lesionados.
Ahora bien, la Corte Constitucional5 ha señalado que el acceso efectivo a la
administración de justicia tiene dos dimensiones, a saber:
(i) la posibilidad de acudir ante un juez o tribunal a presentar las pretensiones para la protección de sus
derechos o intereses y (ii) que dicho acceso a la justicia sea efectivo, al obtener la resolución de fondo
de las pretensiones presentadas y que la misma se pueda hacer efectiva a través de su correcta
ejecución.
Lo anterior implica que el derecho de acceso efectivo a la administración de justicia no
se configura con el simple hecho de acudir ante la jurisdicción, sino que también
comprende la obtención de una solución de fondo a las pretensiones propuestas ante el
juez.
Para la Sala, resulta claro que, con la providencia del 4 de febrero de 2026, el Juzgado
Segundo Administrativo de Cali impidió que los hoy tutelantes obtuvieran una decisión de
fondo sobre las pretensiones que formularon en contra del municipio de Jamundí y la
Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, con lo que
transgredió sus derechos reclamados.
Por lo anterior, se revocará la decisión impugnada, para, en su lugar, amparar los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de
los tutelantes.
En consecuencia, se dejará sin efectos el auto del 4 de febrero de 2026, dictado por el
Juzgado Segundo Administrativo de Cali en el proceso con radicado 76001 33-33-002-
2025-00056-00/01, para que se profiera providencia de reemplazo en la que se tengan
en consideración las razones expuestas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Revocar la decisión impugnada, para, en su lugar:
2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la parte actora.
3. Dejar sin valor ni efecto el auto del 4 de febrero de 2026, dictado por el Juzgado
Segundo Administrativo de Cali en el proceso con radicado 76001 33-33-002-2025-
00056-00/01.
4. Ordenar al Juzgado Segundo Administrativo de Cali que, en el término de 20 días,
contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte providencia de reemplazo, en
la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.
5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5 Sentencia T-608 de 2019
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02629-01
Demandante: Wilson Arce Schwery y otros
7. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 6
6 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto, se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, escribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.