Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02633-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02633-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02633-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Henner Ademir Vallecilla Tejada.
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02633-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El señor Henner Ademir Vallecilla Tejada en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda
contra la Red de Salud del Norte ESE, con el fin de que se declarara la
nulidad del acto administrativo ficto que negó el reconocimiento y pago
de sus acreencias laborales.
1.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia
de 25 de julio de 2024 accedió a las pretensiones de la demanda en el
sentido de que declaró la existencia de la relación laboral entre el señor
Henner Ademir Vallecilla Tejada y la Red de Salud del Norte ESE y, en
consecuencia, la condenó al pago de las acreencias laborales. Asimismo,
condenó a la Aseguradora de Fianzas SA a reintegrarle a la demandada
el pago de la condena hasta el monto asegurado.
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1.3. Inconforme con la decisión anterior la entidad demandada y la
Aseguradora de Fianzas SA presentaron recurso de apelación.
1.4. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante decisión de 16 de octubre de 2025 revocó la sentencia de
primera instancia, al no encontrar probado el elemento de la
subordinación, dado que aun cuando el demandante cumplió actividades
pertenecientes a un cargo que existía en la planta de la entidad, “[…] este
solo hecho no es suficiente para acreditar el contrato realidad, pues se
reitera, en la jurisdicción contencioso administrativo, quien pretenda la
declaratoria de una relación laboral encubierta con entidades del Estado
debe probar que en el desarrollo de su servicio se configuraron los tres
elementos esenciales, a saber, prestación personal del servicio,
remuneración y, especialmente, subordinación […]”.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico por indebida valoración probatoria al “[…] omitir analizar de manera
integral elementos determinantes como los testimonios de personas que
laboraron con el accionante, las planillas de turnos y las circulares
institucionales, los cuales evidencian la inserción del accionante en la
estructura organizativa de la entidad y el ejercicio del poder subordinante […]”.
Afirmó que la autoridad accionada incurrió en defecto sustantivo al considerar
que “[…] aplicó de manera fragmentada e irrazonable el precedente contenido
en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, desnaturalizando su
alcance al analizar de forma aislada los indicios de subordinación, cuando
estos debían ser valorados de manera integral […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
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“[…] PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA
SEGURIDAD SOCIAL del accionante, por las razones expuestas en la
presente acción de tutela.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia
proferida el dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por el
Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado No.
76001-23-33-000-2021-00466-01 (5687 2024), mediante la cual se revocó
la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca y, en su lugar, se negaron las pretensiones de la
demanda.
TERCERO. ORDENAR al Consejo de Estado – Sección Segunda,
Subsección A, que, en el marco de sus competencias, dentro de un
término razonable contado a partir de la notificación del fallo de tutela,
profiera una nueva decisión, en la cual:
i. Valore de manera integral, conjunta y razonable el material probatorio
obrante en el expediente, en especial la prueba indiciaria relacionada con
la subordinación.
ii. Aplique correctamente el precedente contenido en la Sentencia de
Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del Consejo de Estado, valorando de
forma conjunta los indicios de subordinación.
iii. Observe el precedente constitucional fijado por la Corte Constitucional,
en particular en la Sentencia T-366 de 2023, en relación con la
acreditación de la subordinación mediante prueba indiciaria y la
inexistencia de tarifa probatoria.
iv. Respete el principio de primacía de la realidad sobre las formas,
atendiendo a las condiciones reales en que se desarrolló la prestación del
servicio.
CUARTO. ADOPTAR las demás medidas que el juez constitucional
considere necesarias para garantizar la protección efectiva de los
derechos fundamentales vulnerados […]”. [sic en toda la cita]
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Mediante auto de 10 de abril de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a la Red de Salud
del Norte ESE, a las sociedades Liberty Seguros SA, Seguros del Estado SA
y Compañía Aseguradora de Fianzas SA - Confianza, en calidad de terceros
con interés directo en el resultado del proceso.
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III. INTERVENCIONES
1. La Red de Salud del Norte ESE solicitó su desvinculación de la acción de
tutela, al considerar que no tiene competencias para cumplir con las
pretensiones del accionante, además indicó que comparte “[…] lo que enuncia
la autoridad judicial que interpreta que no existió turnos, órdenes y horarios,
no basta con que las partes acuerden que entre ellos hubo un nexo, sino que
es indispensable que en el proceso queden acreditados los diferentes medios
de prueba las condiciones, actividades, y demás supuestos que permitan
inferir sin duda que el trabajador destinó su fuerza al cumplimiento de las
funciones impuestas […]”.
2. La sociedad HDI Seguros Colombia SA- antes Liberty Seguros SA- solicitó
su desvinculación de la presente acción de tutela, al considerar que, conforme
a los hechos expuestos y a las pretensiones formuladas por el accionante, no
ha incurrido en acción u omisión alguna que pueda tener incidencia en la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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2. Cuestión previa
La Sala advierte que la Red de Salud del Norte ESE y la sociedad HDI Seguros
Colombia SA solicitaron su desvinculación del presente trámite de tutela.
La Sala considera que, comoquiera que tanto la Red de Salud del Norte ESE
como la sociedad HDI Seguros Colombia SA -antes Liberty Seguros SA-
fungieron como parte procesal dentro del proceso objeto de estudio
identificado con el radicado núm. 76001-23-33-000-2021-00466-01, les asiste
interés directo en la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón
por la que se les negará la solicitud de desvinculación.
3. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
4. Caso concreto
4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
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requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada el 16 de
octubre de 2025 en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicación núm. 76001-23-33-000-2021-00466-01.
Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
[…]” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.
Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que la autoridad accionada negó el reconocimiento y pago de sus acreencias
laborales al no efectuar una debida valoración probatoria de los elementos que
acreditaban la existencia de un contrato realidad conforme a la jurisprudencia
imperante sobre la materia, argumentos que ya fueron resueltos dentro del
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proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de esta acción de
tutela.
En este punto, resulta preciso señalar que de conformidad con los principios
de libre valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos
228 y 230 de la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades
para valorar las pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural
de la causa a quien le corresponde determinar el valor de cada medio de
prueba, bajo las reglas de la sana crítica.
De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por una
inconformidad con la valoración de las pruebas solo tiene cabida cuando la
decisión contenga errores graves que desconozcan los principios de la sana
crítica. En esta oportunidad lo perseguido por el extremo accionante es
controvertir el análisis probatorio efectuado por el juez contencioso, lo que
claramente constituye una desnaturalización de este mecanismo, en tanto que
está siendo utilizado como una tercera instancia.
Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta transgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el
juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la
acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.
Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
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F A L L A:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Red
de Salud del Norte ESE y la sociedad HDI Seguros Colombia SA -antes Liberty
Seguros SA-, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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