Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02635-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02635-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02635-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02635-00
Accionante: Wilson Rodríguez Maturana
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de
Decisión
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Negar el amparo porque no se demostraron los defectos alegados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela presentada por el señor Wilson Rodríguez Maturana, quien actúa
por conducto de apoderada, en contra del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Sala Tercera de Decisión, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al: «debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
tutela judicial efectiva, a la confianza legítima, a la igualdad, a la seguridad jurídica y
al principio pro homine », con ocasión de la sentencia del 26 de septiembre de 20251,
que confirmó la providencia del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Cartago de fecha 8 de noviembre de 20242 que negó las pretensiones de la demanda
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho seguido bajo
el radicado 76147-33-33-003-2022-00586-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela3 y del expediente, se colige que el señor Wilson
Rodríguez Maturana4 elevó el 14 de marzo de 2022 una solicitud de reconocimiento
pensional ante la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la cual no fue resuelta de manera
expresa, configurándose un acto administrativo ficto negativo el 14 de junio de 2022,
circunstancia por la que el actor decidió interponer una demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
1
Índice 16 del aplicativo SAMAI, exp. 76147-33-33-003-2022-00586-01. Notificada el 2 de octubre de 2025 con constancia de
ejecutoria del día 31 del mismo mes y anualidad.
2
Índice 2 del aplicativo SAMAI, certificado F054B8512279AEC6 3CAAFA9722BA67FE 74507AABAA3244DC
C945A2C0A7FDDBFB, 5_DemandaWeb_Anexos_EXPEDIENTEORDINARIO(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.
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Presentada el 8 de abril de 2026
4
Persona que ostenta la condición de docente, nacida el 7 de febrero de 1958.
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Acción De Tutela
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Accionante: Wilson Rodríguez Maturana
3. En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Cartago, mediante sentencia del 8 de noviembre de 20245, negó las pretensiones de
la demanda al considerar que, si bien el actor acreditó vinculaciones como docente
mediante órdenes de prestación de servicios con anterioridad al 26 de junio de 2003,
no demostró la realización de aportes al sistema de seguridad social en pensiones
durante dichos periodos, requisito indispensable para su cómputo conforme a la Ley
71 de 19886 y la Ley 33 de 19857.
4. Contra dicha decisión, el accionante interpuso recurso de apelación, el cual
fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca8 mediante sentencia
del 26 de septiembre de 2025, confirmando íntegramente la decisión del a quo, tras
establecer que varios de los tiempos alegados correspondían a relaciones
contractuales distintas a la labor docente o carecían de prueba sobre aportes
pensionales, así como la imposibilidad de extender el recobro de aportes a entidades
ajenas al ámbito del FOMAG.
5. Asimismo, el Tribunal determinó que, aun contabilizando los periodos
válidamente acreditados como docente, incluyendo vinculaciones por órdenes de
prestación de servicios en el Municipio de Pereira, el Departamento del Valle del
Cauca y el posterior nombramiento en provisionalidad y propiedad en el Municipio
de Cartago, el actor únicamente alcanzó un total de 16 años, 11 meses y 2 días de
servicio, inferior al mínimo de 20 años exigido por la Ley 33 de 1985 para acceder a
la pensión de jubilación.
2.2. Fundamento jurídico
6. El señor Rodríguez Maturana atribuyó a la providencia judicial cuestionada la
vulneración de sus derechos fundamentales al «debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la confianza legítima, a la
igualdad, a la seguridad jurídica y al principio pro homine», por considerar que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó el reconocimiento de la pensión de
jubilación con fundamento en una interpretación que, en su sentir, resulta contraria
al precedente judicial vigente en materia pensional docente.
7. En desarrollo de dicho planteamiento, invocó la existencia de un presunto
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, indicando de manera
expresa que la autoridad judicial habría desconocido la sentencia de unificación del
25 de abril de 20199 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
5
El a quo negó las pretensiones de la demanda al considerar que el actor no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos
para el reconocimiento de la pensión de jubilación reclamada. Precisó que, si bien era posible computar tiempos laborados
como docente bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios, ello exigía la demostración de los aportes al sistema
de seguridad social en pensiones durante dichos periodos, carga que correspondía al demandante. En ese sentido, advirtió
que, respecto de los periodos alegados como contratista docente, no obraba prueba del pago de cotizaciones, por lo que tales
tiempos no podían ser tenidos en cuenta para efectos pensionales, en atención al principio de sostenibilidad financiera del
sistema. Con fundamento en lo anterior, concluyó que el actor no acreditaba el tiempo mínimo requerido para acceder a la
prestación bajo las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, y que, en consecuencia, no había lugar al reconocimiento de la pensión
solicitada
6
Ley 71 de 1988. “Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones”. Reglamentada por el
Decreto Nacional 1073 de 2002.
7
Ley 33 de 1985. “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales
para el Sector Público.”
8
El ad quem, confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones del actor encaminadas al reconocimiento de
la pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985. La corporación reiteró el marco normativo aplicable al régimen pensional
docente, a la luz de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y de la sentencia de unificación del Consejo de Estado
del 25 de abril de 2019 (SUJ-014-CE-S2-2019). Si bien reconoció que el actor era beneficiario del régimen de transición y
computó determinados períodos como docente, incluso bajo órdenes de prestación de servicios, concluyó que solo acreditó 16
años, 11 meses y 2 días de servicio, descartando otros tiempos por no cumplir los requisitos legales o probatorios. En
consecuencia, el Tribunal determinó que no se satisfacía el requisito mínimo de veinte (20) años de servicio exigido por la Ley
33 de 1985, razón por la cual confirmó la negativa del reconocimiento pensional.
9
Radicado 68001-23-33-000-2015-00569-01 (SUJ-014-CE-S2-2019), consejero ponente César Palomino Cortés.
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Acción De Tutela
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Accionante: Wilson Rodríguez Maturana
Estado, en la cual se fijaron reglas sobre la aplicación del régimen de la Ley 33 de
198510 a docentes oficiales vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 812
de 200311 y la posibilidad de computar tiempos de servicio docente prestados
mediante órdenes de prestación de servicios.
8. La parte actora sostuvo que dicha providencia estableció que la modalidad
contractual utilizada para la vinculación docente no desvirtuaba la naturaleza del
servicio educativo prestado, ni habilitaba a trasladar al trabajador las omisiones de
la administración en materia de cotizaciones, al tratarse de aportes de carácter
imprescriptible, conforme al artículo 48 de la Constitución Política y a los principios
de favorabilidad y condición más beneficiosa.
9. Adicionalmente, el actor adjuntó y referenció otras providencias12 proferidas
con posterioridad por esta corporación, relacionadas con la imprescriptibilidad de los
aportes y el reconocimiento de tiempos docentes prestados mediante órdenes de
prestación de servicios como precedentes desconocidos por la autoridad judicial
accionada.
10. A juicio del accionante, el Tribunal se habría apartado de esa línea
jurisprudencial al exigir la acreditación de cotizaciones para validar determinados
tiempos de servicio, trasladando indebidamente al trabajador una carga que
correspondería a las entidades empleadoras, lo que sostuvo, implica una restricción
injustificada del derecho pensional.
11. No obstante, respecto de estas decisiones adicionales, la parte actora se limitó
a su referencia general y a anexarlas al escrito de tutela, sin identificar la ratio
decidendi concreta que estimó aplicable a su asunto, sin desarrollar un ejercicio de
contraste fáctico y normativo con su situación particular ni explicar de qué manera
dichas providencias habrían sido desconocidas por el Tribunal o resultarían
determinantes para un sentido diferente en la decisión.
12. Adicionalmente el actor planteó la configuración de un defecto fáctico, al
considerar que la autoridad judicial desestimó pruebas que, en su criterio,
acreditaban tiempos de servicio en el sector público, sin realizar una valoración
integral del acervo probatorio.
13. En concreto, reprochó la exclusión de las certificaciones relativas a la
prestación de servicios en la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
10
Ley 33 de 1985. “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales
para el Sector Público.”
11
Ley 812 de 2003. "Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario"- Derogada
por el art. 276, Ley 1450 de 2011, salvo los arts. 20, 59, 61, 64, 65, 81 y 121 NOTA: Mediante el artículo 160 de la Ley 1151
de 2007, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, se dispuso que continúan vigentes los artículos 13,
14, 20, 21, 38 reemplazando la expresión "el CNSSS" por "la Comisión de Regulación en Salud", 43, 51, 59, 61, el parágrafo
del artículo 63, 64, 65 para el servicio de gas natural 69, 71, 75, 81, 82, 86, 92, 99, 103, 110, 121 y 131, de la Ley 812 de
2003. Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 177 de 2004, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional
975 de 2004, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 3111 de 2004 , Reglamentada parcialmente por el Decreto
Nacional 973 de 2005.
12
Entre las que citó siguientes: 1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera
Ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello, sentencia del 20 de marzo de 2025, rad. No. 11001-03-15-000 2024-06972-00,
demandante José Ignacio Quintana Soto contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 2. Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello, sentencia del 22 de mayo
de 2025, rad. No. 11001-03-15-000 2025-01077-00, demandante Yamileth Trujillo López contra el Tribunal Administrativo del
Huila. 3. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejero Ponente: Wilson Ramos Girón
(E), sentencia del 19 de junio de 2025, radicado No. 11001-03-15-000-2025 00799-01, demandante Clara Inés Ortiz Londoño
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 4. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 10 de julio de 2025, rad. No. 11001
03-15-000-2025-01495-01, 5. Sentencia de 6 de febrero de 2020 (C.P. Gabriel Valbuena Hernández), relativa al cómputo de
tiempos OPS para efectos pensionales; y 6. providencias más recientes del año 2024, entre ellas la de 18 de abril de 2024
(C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar) y la de 20 de junio de 2024 (C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez).
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Sostenible del Chocó (CODECHOCÓ), a certificaciones sobre labores
desempeñadas en la UMATA y a una certificación de labor docente en una institución
vinculada a la Diócesis de Istmina, cuya naturaleza jurídica, en el sentir del actor,
debió ser esclarecida por el juez de manera oficiosa.
14. Finalmente, adujo que la no valoración conjunta de dichos elementos
probatorios impidió reconocer la totalidad del tiempo servido, circunstancia que
habría sido determinante en la negativa del derecho pensional y que, en su criterio,
configuró un error de hecho con incidencia directa en la decisión judicial.
2.3. Pretensiones
15. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo siguiente:
«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA en la sentencia proferida el día 26 de septiembre de 2025 dentro del
medio de control con radicado No. 76147-33-33-003-2022-00586-01,
transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA,
CONFIANZA LEGÍTIMA, IGUALDAD y SEGURIDAD JURÍDICA del señor
WILSON RODRÍGUEZ MATURANA, atendiendo que la decisión no se ajusta a
los hechos debidamente acreditados en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA dejar sin efectos la providencia
referida en el numeral anterior y, se profiera una nueva con observancia de la
normatividad que define el régimen pensional del personal docente y, la
valoración de la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.
2.4. Intervenciones
16. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante el auto del 9 de abril
de 202613 a través del cual se ordenó notificar a la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como accionado y al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Cartago, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional
• Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Municipio de Cartago -
Secretaría de Educación, como terceros interesados en el resultado del proceso.
17. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado para lo de su competencia y se reconoció personería a la apoderada de la
parte actora en los términos y para los fines conferidos en el poder especial obrante
en el expediente.
2.4.1 El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartago, Valle del
Cauca14 remitió el vínculo de acceso al expediente, pero no realizó ningún
pronunciamiento adicional.
2.4.2. La Nación – Ministerio de Educación Nacional15 solicitó ser desvinculada
del trámite alegando su falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que la
solicitud de amparo se dirigió exclusivamente contra la providencia judicial proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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Índice 5 del aplicativo SAMAI
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Índice 10 del aplicativo SAMAI
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18. De manera subsidiaria, solicitó declarar la improcedencia de la acción, al
considerar que esta pretende controvertir una decisión judicial mediante un
mecanismo excepcional, desconociendo el principio de autonomía e independencia
judicial y la prohibición de convertir la tutela en una tercera instancia.
19. Finalmente, sostuvo que el asunto carecía de relevancia constitucional, por
tratarse de una controversia de naturaleza esencialmente económica y legal, sin
acreditarse la configuración de un perjuicio irremediable ni la vulneración directa de
derechos fundamentales que habilitara la intervención del juez constitucional.
2.4.3. La Fiduprevisora S.A.16, en su condición de administradora y vocera del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, solicitó su
desvinculación del trámite constitucional, al señalar que carece de legitimación en la
causa por pasiva, en tanto no es la entidad competente para definir el reconocimiento
del derecho pensional reclamado, sino que actúa como pagadora y gestora de los
recursos del fondo.
20. Adicionalmente, solicitó declarar la improcedencia de la acción o en subsidio
negar el amparo solicitado, pues afirmó que el actor adquirió la condición de docente
afiliado al FOMAG con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
por lo que su situación pensional se rige por el régimen general previsto en la Ley
100 de 1993, sin que se configure vulneración alguna de derechos fundamentales.
2.4.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio.
2.4.5. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
21. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el acuerdo 080 de 201917 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De las solicitudes de desvinculación
22. Tanto la Nación - Ministerio de Educación Nacional como la Fiduprevisora
18
S.A. solicitaron ser desvinculadas de la acción aduciendo que no se encuentran
legitimadas en la causa por pasiva. No obstante, dicha solicitud no se aceptará, en
consideración a que fueron vinculadas a la presente acción en calidad de terceros
interesados y se hace necesario garantizar su derecho de defensa.
3.2.2. Del alcance del estudio de los defectos alegados
23. En primer lugar, en relación con el cargo por desconocimiento del precedente
judicial, la Sala precisa que dicho reproche presenta dos dimensiones diferenciables,
16
Índice 15 del aplicativo SAMAI
17 Reglamento interno del Consejo de Estado.
18
Esta entidad tiene la calidad de tercero interesado de manera indirecta, pues actúa como administradora y vocera del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
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las cuales deben ser tratadas de manera autónoma.
24. De una parte, el actor invocó de manera expresa un presunto defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente fijado en la sentencia de unificación
de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019
(SUJ-014-CE-S2-2019), providencia de carácter vinculante y directamente
relacionada con el asunto objeto de debate.
25. De otra parte, si bien el accionante adjuntó y mencionó otras providencias
posteriores proferidas por esta corporación, la Sala observa que respecto de estas
no se estructuró un cargo autónomo por desconocimiento del precedente, en tanto
no se identificó la regla decisoria aplicable, ni se efectuó un ejercicio de contraste
fáctico y normativo, ni se explicó la incidencia concreta de tales decisiones en el
sentido del fallo cuestionado.
26. En consecuencia, dichas providencias adicionales no serán analizadas en
sede constitucional como precedente presuntamente desconocido, no porque
carezcan de relevancia en abstracto, sino porque no se cumplió con la carga
argumentativa mínima exigida para la configuración del defecto, circunstancia que
no vulnera el debido proceso ni el acceso a la administración de justicia, habida
cuenta de que el juez constitucional no está llamado a reconstruir de oficio reproches
que no fueron debidamente formulados por la parte accionante.
27. Así las cosas, delimitado el alcance del control constitucional, la Sala
procederá a analizar el defecto sustantivo exclusivamente respecto de la sentencia
de unificación del 25 de abril de 2019, así como el defecto fáctico alegado, conforme
a los parámetros jurisprudenciales aplicables.
3.3. Problema jurídico
28. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales de la
acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, Sala Tercera de Decisión, con ocasión de su sentencia del 26 de
septiembre de 202519, que confirmó la providencia del Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Cartago de fecha 8 de noviembre de 202420 que negó
las pretensiones de la demanda dentro del medio de nulidad y restablecimiento del
derecho seguido bajo el radicado 76147-33-33-003-2022-00586-00/01, incurrió en
los defectos sustantivo21 y fáctico, y si con ello presuntamente vulneró los derechos
fundamentales invocados por el señor Wilson Rodríguez Maturana.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
29. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
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ejecutoria del día 31 del mismo mes y anualidad.
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Por el supuesto desconocimiento del precedente contenido en la sentencia de unificación de la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019 (SUJ-014-CE-S2-2019)
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amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
30. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
31. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí
que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
32. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable;
(iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que
la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional, salvo en lo
relacionado con el desconocimiento del precedente contenido en la sentencia
de unificación de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado del
25 de abril de 2019 (SUJ-014-CE-S2-2019) que alega como desconocida, teniendo
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en cuenta que la parte actora tenía a su disposición el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia contemplado en el artículo 256 del CPACA, el cual
procede según lo previsto en numeral 4.° del artículo 257 del CPACA.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional el
8 de abril de la presente vigencia se realizó dentro de un lapso «razonable y
proporcionado», toda vez que la providencia judicial cuestionada, proferida el 26 de
septiembre de 2025, fue notificada el 2 de octubre del año referido y quedó
ejecutoriada el día 31 del mismo mes y anualidad.
3.4.1.4. En ese entendido el asunto por resolver es de relevancia constitucional, en
la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al
«debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva,
a la confianza legítima, a la igualdad, a la seguridad jurídica y al principio pro
homine», como consecuencia de un defecto fáctico, el cual se encuentra
fundamentado razonablemente.
3.4.1.5. Finalmente, la acción de tutela no se interpone en contra de una decisión
proferida en el marco de otra de la misma naturaleza.
33. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
34. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional22 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa23, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
b. Una dimensión positiva24, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia
pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha
debido admitir ni valorar.
35. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al
funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un
análisis individual y conjunto de los elementos probatorios» 25. Negrillas de la Sala.
36. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
22
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998,
T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
23
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
24
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02635-00
Accionante: Wilson Rodríguez Maturana
3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el asunto
bajo examen
37. El actor sostuvo que la providencia incurrió en un defecto fáctico al
supuestamente desestimar pruebas relevantes para acreditar el tiempo de servicio
requerido; no obstante, del examen integral del fallo esta Sala evidencia que el
Tribunal identificó, relacionó y valoró de manera expresa cada uno de los medios de
prueba allegados26 al igual que el a quo, descartándose una desatención probatoria
estructural, por lo que se advierte de entrada que el defecto alegado no se configuró.
38. Así las cosas, lejos de prescindir del acervo probatorio, la autoridad judicial
realizó una valoración individualizada y razonada, precisando el contenido y alcance
jurídico de cada certificación, a efectos de determinar su aptitud para ser computada
dentro del régimen pensional invocado.
39. En relación con los periodos certificados por CODECHOCÓ27, el Tribunal
examinó el documento aportado y concluyó expresamente que la vinculación allí
acreditada correspondía a una relación contractual distinta, lo cual impedía su
equiparación a tiempo de servicio docente oficial para efectos del régimen
reclamado.
40. En ese entendido, esta Subsección evidencia que esta conclusión no
constituye una negligencia probatoria, sino una calificación jurídica razonada del
hecho acreditado, decisión que adicionalmente se encuentra dentro del ámbito de
autonomía del juez natural y no puede ser sustituida por el juez constitucional.
41. Por otro lado, respecto de los servicios prestados en la UMATA, el Tribunal
reconoció la existencia de certificaciones, pero explicó de manera expresa que estas
no acreditaban28 los presupuestos necesarios para su incorporación al cómputo
pensional, dada la ausencia de elementos que permitieran ordenar recobro alguno.
42. En cuanto al tiempo certificado por la Diócesis de Istmina, el Tribunal identificó
una incertidumbre probatoria29 determinante relacionada con la naturaleza jurídica
de la institución educativa, circunstancia que impedía tener dicho período como
tiempo oficial sin una acreditación adicional.
26
“Visto el expediente, se encuentra certificación expedida por el secretario general de la Corporación Autónoma Regional para
el Desarrollo Sostenible del Chocó –CODECHOCÓ–…”
27
Providencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 26 de septiembre de 2025. - “…Es de anotar que los anteriores
tiempos de servicio no pueden ser tenidos en cuenta para el logro de las pretensiones, toda vez que, si bien en la demanda
fue señalado que el demandante laboró como empleado público en Codechocó, lo cierto es que, conforme a la
certificación anexa se evidencia que fungió realmente como contratista de la entidad, debiendo precisarse que la
sentencia de unificación a aplicar en el sublite del 25 de abril de 2019 que habilita a tener en cuenta los tiempos de
OPS y el recobro de aportes por parte del FOMAG, lo es en relación con la labor docente por la naturaleza de la
prestación del servicio y no resulta de carácter extensiva para desvirtuar las demás relaciones contractuales con otras
entidades, máxime destacando que el OPS es una figura contractual válida, sin que este proceso sea el escenario propicio
para determinar si el demandante al interior de Codechocó cumplía o no con los elementos de una relación laboral
encubierta.…” Negrillas y subrayas de esta Sala.
28
Providencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 26 de septiembre de 2025. - “…En igual sentido se resuelve
respecto del tiempo laborado por el actor en la UMATA, en el cual, al menos por el tiempo de director se puede inferir que era
empleado público, sin embargo, se reitera que, debió allegar constancia de los tiempos cotizados ante la imposibilidad
de ordenar al FOMAG, como entidad de previsión docente, el recobro de aportes por empleos de naturaleza distinta y
a entidades ajenas al marco docente. …” Negrillas y subrayas de esta Sala.
29
Ibidem, “…Respecto del tiempo de servicio certificado por la Diócesis de Istmina, Tadó – Chocó en el que el demandante sí
fungió como docente, es de advertir que no es claro si la institución educativa era oficial o de naturaleza privada, toda vez que,
no se hace precisión al respecto …” Subrayas de esta Sala.
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Accionante: Wilson Rodríguez Maturana
43. Esta última apreciación no revela arbitrariedad ni desconocimiento de la
prueba, sino un juicio razonado de suficiencia probatoria, pues corresponde a la parte
interesada acreditar los supuestos fácticos que sustentan la pretensión, sin que sea
exigible al juez suplir dichas deficiencias como pareció entenderlo la parte actora.
44. Ahora bien, el Tribunal dejó constancia expresa de que este aspecto no fue
objeto de controversia en el recurso de apelación, elemento que refuerza la
regularidad del trámite procesal y descarta la existencia de una valoración probatoria
indebida con incidencia constitucional.
45. En contraste, la autoridad judicial sí procedió a reconocer y computar 30 todos
los períodos respecto de los cuales existía claridad probatoria y pertinencia jurídica,
realizando un cómputo acumulado, detallado y verificable del tiempo docente
efectivamente acreditado.
46. Así las cosas, la negativa al reconocimiento pensional no se fundamentó en
la omisión o tergiversación de las pruebas, sino en la constatación objetiva de que el
tiempo de servicio acreditado resultaba insuficiente frente al umbral legal exigido,
conclusión que se deriva racionalmente del acervo probatorio y hace que el defecto
fáctico alegado se advierta inexistente.
47. Visto lo anterior, lo que se observa es que la decisión cuestionada se ajustó
al ordenamiento jurídico y no se configuró vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados en esta sede constitucional.
48. En consecuencia, la Sala procederá a negar el amparo constitucional
reclamado por la parte accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la solicitud de desvinculación de la acción presentada por la Nación
• Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora S.A por las razones expuestas
en el numeral 3.2.1. de la presente providencia.
Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Wilson Rodríguez Maturana, por conducto de apoderada judicial, en contra del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
30
Ibidem , “…el demandante logró acreditar por su labor docente, inicialmente mediante órdenes de prestación de servicios
con el municipio de Pereira (1 año, 2 meses y 29 días); con órdenes de prestación de servicios con el Departamento del Valle
del Cauca (1 año, 2 meses y 29 días) y posteriormente como docente oficial en provisionalidad y propiedad con el municipio
de Cartago (15 años, 2 meses y 10 días), para un total de tiempo docente de 16 años, 11 meses y 2 días. …”
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Accionante: Wilson Rodríguez Maturana
2591 de 1991.
Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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