Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02639-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02639-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02639-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
21 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02639-00
Demandante: Luz Marina González Ovalle
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02639-00
Demandante: Luz Marina González Ovalle
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Tema: Tutela contra providencia judicial, nulidad y restablecimiento del
derecho
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por Luz Marina
González Ovalle contra la sentencia de 31 de julio de 2025, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con lo establecido en el
artículo 1° del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 7 de abril de 2026, la señora Luz Marina González Ovalle interpuso acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital, la seguridad social, la vida
digna, el debido proceso, de acceso a la administración de justicia, la tutela judicial
efectiva y la protección a la mujer de la tercera edad.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Que se tutelen de manera inmediata y efectiva mis derechos fundamentales al
mínimo vital, seguridad social, vida digna, debido proceso, acceso a la administración de
justicia, tutela judicial efectiva y la protección especial reforzada a la mujer de la tercera
edad, los cuales fueron vulnerados por las decisiones proferidas por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. al revocar la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y negar injustamente el
reconocimiento de la sustitución pensional a la que tengo derecho como cónyuge
sobreviviente del señor Efrain Cortes Forero (Q.E.P.D.).
2. Dejar sin efectos la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, por
incurrir en defectos fácticos y sustantivos, y por desconocer el precedente fijado por la
Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia y darle efectos retroactivos a la ley.
3. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B que, en un plazo
perentorio de 48 horas, emita una nueva decisión ajustada a los precedentes
constitucionales, confirmando la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que me concedió la pensión de sobreviviente, y condenar al pago de los intereses
moratorios y costas.
4. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a COLPENSIONES que reconozca y pague
la pensión de sobrevivientes a mi favor, conforme a las reglas de solidaridad que orientan
el sistema de seguridad social.
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5. Ordenar a COLPENSIONES el pago de las mesadas pensionales dejadas de percibir,
desde la fecha en que debió reconocerse mi derecho y hasta cuando se produzca el pago
efectivo, junto con los reajustes, intereses y costas de ambas instancias.
6. Adoptar las demás medidas necesarias para garantizar la protección integral y efectiva
de mis derechos fundamentales.».
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
Circunstancias que dieron origen al medio de control
La señora Luz Marina González Ovalle contrajo matrimonio católico con el señor
Efraín Cortés Forero (†), el 6 de enero de 1977. Sin embargo, «se separaron
judicialmente de manera indefinida, en agosto de 1986 (9 años de convivencia) […]
se separaron de bienes en febrero de 1988 […] se reconciliaron en 1989».
Relata la actora que, el señor Cortés Forero (†) «nunca constituyó una nueva familia, ni
convivió maritalmente con otra persona. Vivió solo hasta su muerte y continuó sosteniendo
económicamente nuestro hogar, enviando dinero de forma regular a través de nuestro hijo
FELIPE, lo que reafirma la continuidad del vínculo y la dependencia económica que yo tenía
respecto de él», afirmó, además, que «mi esposo siguió viviendo conmigo y nuestros hijos
de manera estable y continua hasta junio de 2002, compartiendo hogar, lecho, mesa,
responsabilidades y proyecto familiar. Esta convivencia evidencia la permanencia del núcleo
afectivo, familiar y económico propio de una unión matrimonial consolidada»
Mediante la Resolución 4430 del 15 de febrero de 2011, el Instituto de Seguros
Sociales le reconoció pensión de jubilación a Efraín Cortés Forero (†), con efectos a
partir del 5 de abril de 2010. El 27 de junio de 2017, falleció el beneficiario.
El 7 de noviembre de 2017, la señora Luz Marina González Ovalle, en calidad de
cónyuge, y el 28 de noviembre de 2017, la señora María Edilsa Suárez Tunarosa, en
calidad de presunta compañera permanente, solicitaron ante la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional del causante Efraín Cortés Forero (†).
Mediante la Resolución SUB 2153 del 5 de enero de 2018, Colpensiones negó el
reconocimiento de la sustitución pensional al concluir que, tras revisar el acervo
probatorio, ninguna de las solicitantes acreditó la convivencia en los términos exigidos
por la Ley 797 de 2003.
La anterior decisión fue confirmada por medio de las resoluciones SUB 38078 del 12
de febrero de 2018 y DIR 5271 del 12 de marzo de 2018, que resolvieron los recursos
de reposición y de apelación.
El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
La señora Luz Marina González Ovalle interpuso el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de las
resoluciones SUB 2153 del 5 de enero, SUB 38078 del 12 de febrero y DIR 3773 del
21 de febrero de 2018, mediante las cuales la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones le negó el reconocimiento y pago de la sustitución de una
pensión de jubilación a ella y a María Edilsa Suárez Tunarosa, con ocasión del
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fallecimiento de Efraín Cortés Forero (†). En consecuencia, solicitó que se ordenara
el reconocimiento de la sustitución pensional desde el fallecimiento del causante.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia de 27 de abril de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, para el efecto declaró la nulidad de las resoluciones SUB 2153 del 5
de enero, SUB 38078 del 12 de febrero y DIR 3773 del 21 de febrero de 2018. Como
consecuencia, ordenó el reconocimiento de la sustitución pensional en un 100 % a
favor de la señora González Ovalle, como cónyuge del causante Efraín Cortés Forero
(†), sin embargo, negó el reconocimiento de intereses moratorios y la condena en
costas.
Las partes interpusieron recurso de apelación contra la decisión anterior.
Colpensiones solicitó su revocatoria, al considerar que las pruebas aportadas no
permitían tener certeza sobre la existencia de la relación entre la demandante y el
causante. Por su parte, la señora González Ovalle pidió la revocatoria parcial de la
decisión, con el fin de que se reconocieran los intereses moratorios y se impusiera
condena en costas a la entidad demandada.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 31 de
julio de 2025, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que la señora González Ovalle no acreditó
el requisito de vigencia de la sociedad conyugal durante los últimos 5 años previos al
deceso del causante.
3. Argumentos de la acción de tutela
Los argumentos de la parte actora están orientados a evidenciar la configuración de
un defecto sustantivo, pues considera que la autoridad judicial accionada al negar
las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
el cual pretendía el reconocimiento de la sustitución pensional del causante Efraín
Cortés Forero (†), «(…) violó la ley sustancial de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993
modificados por la Ley 797 de 2003 porque aplicó erróneamente la sentencia de
CONSTITUCIONALIDAD C 515 de 2019».
Adujo que ni ella ni su cónyuge —abogado y Fiscal Local— quisieron divorciarse y
que, al momento de la separación de bienes en 1988, no existía previsión alguna sobre
las futuras leyes pensionales, pues la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003 fueron
expedidas muchos años después; por ello, afirma que el Consejo de Estado aplicó
retroactivamente la Ley 797 de 2003 y desconoció la regla jurisprudencial reiterada
por la Corte Constitucional en las sentencias T-245 de 2017, SU-108 de 2020, SU-169
de 2024 y la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL7299-2015,
SL6519-2017, SL1399-2019, según las cuales los cinco años de convivencia pueden
acreditarse en cualquier tiempo mientras el matrimonio esté vigente.
Indicó que se configuró un defecto fáctico al desestimar una convivencia conyugal
de veintidós años por omitir, tergiversar o valorar de manera irrazonable pruebas
claras que acreditaban su condición de cónyuge supérstite y la convivencia efectiva.
Refirió que, al momento del fallecimiento, del causante, el vínculo matrimonial seguía
plenamente vigente y existía una prolongada, estable y demostrada vida en común
caracterizada por un lazo afectivo, familiar y económico sólido, pues durante veintidós
años asumió labores domésticas, de cuidado y administración del hogar que
permitieron la estabilidad emocional y laboral del causante, mientras el señor Cortés
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Forero (†) proveía el sustento; pese a este conjunto probatorio integral, la autoridad
judicial redujo su análisis a la exigencia infundada de acreditar convivencia física
inmediata en los últimos cinco años, desconociendo el carácter protector del derecho
a la seguridad social, el principio de solidaridad y la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional, que reconoce que el derecho pensional es fruto de un proyecto
matrimonial conjunto y que los cinco años de convivencia pueden acreditarse en
cualquier tiempo mientras el matrimonio esté vigente.
Sostuvo que la sentencia cuestionada es abiertamente irrazonable porque desconoce
el precedente constitucional —en especial la Sentencia T-582 de 2019— que
reconoce que el proyecto de vida matrimonial y el aporte doméstico, afectivo y
económico de la cónyuge son parte esencial de la construcción del derecho pensional,
y porque parte de premisas falsas al exigir convivencia física inmediata al fallecimiento
y asumir una ruptura inexistente del vínculo; afirma que durante veintidós años
contribuyó de manera determinante al hogar, lo que la jurisprudencia ha protegido
reiteradamente al permitir acreditar los cinco años de convivencia en cualquier tiempo
mientras el matrimonio esté vigente, criterio sostenido por la Corte Constitucional y la
Corte Suprema de Justicia; por ello, la decisión incurre en defecto fáctico por omitir y
tergiversar pruebas, en defecto sustantivo por interpretar contraevidentemente la Ley
797 de 2003, en desconocimiento del precedente y en aplicación retroactiva de la ley,
vulnerando los principios constitucionales de debido proceso, solidaridad, protección
a la familia y acceso a la justicia.
4. Trámite previo
El 10 de abril de 2026, el despacho de la ponente admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a la demandante y al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
en calidad de demandado y a la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones; a la señora María Edilsa Suárez Tunarosa y al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en condición de terceros con
interés.
5. La respuesta del demandado
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, guardó silencio.
6. Intervenciones de los terceros vinculados
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
aseguró que carece de legitimación en la causa por pasiva dentro de la presente
acción de tutela, porque los argumentos expuestos por la parte actora están
orientados a cuestionar exclusivamente la sentencia del Consejo de Estado en la cual
se revocó el fallo de esa subsección que había accedido a las pretensiones de
sustitución pensional y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
Aseguró que dentro del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho se proporcionaron plenamente las garantías del debido proceso, el derecho
de defensa y el principio de contradicción. Que no hubo ningún reproche frente a la
actuación procesal desplegada en esa instancia; por ello, al no existir conducta,
omisión o decisión atribuible que pueda constituir vulneración de derechos
fundamentales, la acción de tutela resulta improcedente respecto del Tribunal, pues
sus actuaciones se ajustaron a la normativa procesal vigente y no se acreditó
amenaza o afectación actual que justifique la intervención del juez constitucional.
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La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela, porque la accionante contaba con
mecanismos ordinarios de defensa para cuestionar los actos administrativos que
negaron la sustitución pensional; para el efecto se refirió al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.
Precisó que ya resolvió todas las solicitudes presentadas, que no existe actuación u
omisión atribuible a la entidad que vulnere derechos fundamentales y que la tutela no
puede utilizarse para reabrir un debate litigioso ya decidido por la jurisdicción
contenciosa, ni para sustituir los procedimientos ordinarios previstos por la ley. En
apoyo de ello, cita jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional sobre
subsidiariedad, improcedencia de la tutela para reconocimiento de prestaciones
económicas y respeto por la autonomía judicial.
Además, aseguró que acceder por vía de tutela a las pretensiones de la accionante
afectaría la sostenibilidad financiera del sistema pensional y el patrimonio público,
principios que obligan a que las prestaciones solo se reconozcan cuando cumplen
estrictamente los requisitos legales. Que los actos administrativos que negaron la
sustitución pensional están en firme, gozan de presunción de legalidad y no pueden
ser desconocidos mediante tutela, máxime cuando ya existe una sentencia del
Consejo de Estado que negó las pretensiones de la demandante, configurándose
incluso cosa juzgada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
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mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
Corresponde determinar si el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
incurrió en defectos sustantivo y fáctico, al revocar la decisión de primera instancia y
negar las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
en el cual pretendía el reconocimiento de la sustitución pensional como cónyuge del
causante Efraín Cortés Forero (†).
La Sala anticipa que, en el presente caso, se negarán las pretensiones de la acción
de tutela, porque no se advierte la configuración de ninguno de los defectos invocados,
por el contrario, la decisión cuestionada está debidamente sustentada y resulta
razonable.
De manera previa se hará referencia a la falta de legitimación en la causa por pasiva
alegada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A.
Falta de legitimación en la causa por pasiva
En cuanto a la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
formulada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, es preciso señalar que dicha autoridad fue vinculada al trámite
constitucional en calidad de tercero con interés, por haber proferido la decisión de
primera instancia posteriormente revocada por la sentencia cuestionada dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, circunstancia que justifica
plenamente su participación en esta actuación. Por lo tanto, se negará la solicitud.
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
(i) Requisito general de relevancia constitucional
La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general porque
la actora invoca la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, la
seguridad social, la vida digna, el debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, la tutela judicial efectiva y la protección a la mujer de la tercera edad, se
sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada
afecta dichos derechos, no se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los
cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi. Tampoco se emplea como una
instancia adicional, porque en primera instancia se había accedido a las pretensiones
de la demanda y fue con ocasión a la providencia acá cuestionada que se
desestimaron las pretensiones de la tutelante.
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Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela
contra providencia judicial, se estaría afectando los derechos fundamentales de la
parte actora, en la medida que se trata del reconocimiento de una sustitución
pensional a favor de una persona de la tercera edad.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,
pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la
sentencia de segunda instancia fue proferida el 31 de julio de 2025, notificada
mediante correo electrónico enviado el 17 de octubre de 2025, y el ejercicio de la
acción de tutela tuvo lugar el 8 de abril de 2026.
En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora;
(v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y, (vi) no se están cuestionando sentencias de tutela.
Por lo que la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos invocados.
El caso concreto
La señora Luz Marina González Ovalle promovió la presente acción de tutela con el
fin de que se deje sin efectos la sentencia del 31 de julio de 2025, proferida por la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante la cual se revocó
la decisión de primera instancia y, en su lugar, se negaron las pretensiones del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso contra
Colpensiones. En dicho proceso, la accionante solicitaba que se ordenara a su favor,
en calidad de cónyuge, la sustitución pensional del causante Efraín Cortés Forero (†);
sin embargo, la autoridad judicial concluyó que no acreditó el requisito de convivencia
permanente durante los cinco años anteriores al fallecimiento.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, accedió a las pretensiones del medio de control. Como fundamento
señaló que la convivencia de Luz Marina González Ovalle como cónyuge no estaba
en discusión y sí fue plenamente acreditada, mientras que María Edilsa Suárez
Tunarosa no demostró convivencia alguna con el causante ni compareció al proceso;
por ello, conforme a la jurisprudencia sobre convivencia simultánea, se reconoció que
la única beneficiaria del 100% de la sustitución pensional debía ser la señora González
Ovalle.
Ambas partes apelaron la decisión anterior. Colpensiones solicitó su revocatoria total,
al considerar que las pruebas allegadas no permitían acreditar con certeza la
existencia de una relación entre la demandante y el causante. A su turno, la señora
González Ovalle pidió la revocatoria parcial del fallo, con el fin de que se reconocieran
los intereses moratorios y se impusieran costas a la entidad demandada.
Como se indicó, en la sentencia acusada se revocó la decisión de primera instancia y
se negaron las pretensiones de la demanda al considerar que no se acreditó el
requisito de convivencia durante los cinco años anteriores al fallecimiento entre el
causante y la señora González Ovalle, como lo prevé la Ley 797 de 2003.
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Según la tutelante, la providencia cuestionada incurrió en defectos sustantivo,
fáctico y por desconocimiento del precedente, porque al negar la sustitución
pensional del causante Efraín Cortés Forero (†), aplicó erróneamente los artículos 47
y 74 de la Ley 100 de 1993 modificados por la Ley 797 de 2003, desconociendo el
precedente constitucional y aplicando retroactivamente dicha normativa. Que ni ella ni
su cónyuge quisieron divorciarse y que la separación de bienes de 1988 no podía
interpretarse como ruptura del vínculo, máxime cuando las leyes pensionales fueron
expedidas años después.
Aunado a lo anterior, aseguró que la autoridad judicial ignoró la jurisprudencia
reiterada de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, según la cual los cinco
años de convivencia pueden acreditarse en cualquier tiempo mientras el matrimonio
esté vigente, y desestimó de manera irrazonable pruebas claras que demostraban una
convivencia efectiva de veintidós años, su aporte doméstico, afectivo y económico al
proyecto de vida común y la vigencia del vínculo matrimonial; por ello, considera que
la decisión es abiertamente irrazonable, parte de premisas fácticas y jurídicas falsas,
desconoce el principio de solidaridad, vulnera el debido proceso y la protección a la
familia, e interpreta de manera contraevidente la Ley 797 de 2003.
De los defectos sustantivo4 y por desconocimiento del precedente judicial5
Lo primero que debe indicarse es que el análisis normativo y jurisprudencial hecho por
la autoridad judicial accionada fue acertado, en tanto se pronunció sobre los artículos
46 y 47 de la Ley 100 de 1993 modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de
2003, según los cuales tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros
del grupo familiar del beneficiario de la prestación que fallezca. Existiendo tres grupos
de beneficiarios excluyentes entre sí, a saber: «i) cónyuge o compañera permanente,
hijos con derecho y/o inválidos; ii) padres con derecho; y iii) hermanos con derecho».
Precisó que, respecto del primer grupo, esto es, la cónyuge o compañera permanente,
el reconocimiento de la prestación era vitalicia si tenía más de 30 años la beneficiaria,
4
Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el
denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable
al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no
guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se
predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas
interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución
Política).
Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es
claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable
o desproporcionada), y, finalmente, (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva (Sentencia T – 462 de 2003, Corte Constitucional).
5
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado
y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye
las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los
jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el
órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del
precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos
supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de vinculación del
precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede
desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha
advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico,
siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez
corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
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pero con la condición de «Edad cumplida al momento del fallecimiento y demuestre vida
marital y convivencia durante los 5 años anteriores a la muerte».
Luego se refirió a la exigencia de los 5 años de convivencia, conforme a lo previsto
por la Corte Constitucional en sentencia C-1094 de 2003, en la que dicha norma fue
declarada exequible, justamente porque el requisito de convivencia con el fallecido
por no menos de cinco años continuos con anterioridad a su muerte evitaba el
establecimiento de relaciones de convivencia de última hora con el fin de acceder a
pensiones de sobrevivientes.
También trajo a colación la sentencia C-515 de 2019, al estudiar una demanda de
inconstitucionalidad contra el mismo inciso, concretamente con la expresión «con la
cual existe la sociedad conyugal vigente», concluyó que los cónyuges separados de
hecho con sociedad conyugal vigente y aquellos que disolvieron voluntariamente ese
vínculo no están en la misma situación jurídica ni fáctica, pues en estos últimos no
subsisten lazos afectivos ni económicos; por ello, no superan el juicio de igualdad y la
diferencia de trato prevista en la ley resulta constitucional.
Entonces, la Corte ha establecido que, por regla general, el cónyuge solo conserva el
derecho a la pensión de sobrevivientes si la sociedad conyugal sigue vigente, pues su
disolución implica la pérdida del derecho; sin embargo, excepcionalmente puede
reconocerse la prestación aun cuando la sociedad conyugal haya sido liquidada,
siempre que se demuestre convivencia con el causante durante los cinco años previos
al fallecimiento.
Concluyó, entonces, que «(…) disolución de la sociedad conyugal es una
circunstancia determinante para que se pierda el derecho que otorga la Ley 100 de
1993, a menos que se demuestre el apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la
comprensión y la vida en común durante los últimos 5 años a la muerte del pensionado
o afiliado, o, en su defecto, que pruebe que la sociedad conyugal que se conformó,
producto del matrimonio, no ha perdido los efectos patrimoniales».
Conviene señalar que el análisis efectuado en la providencia cuestionada es reiterado
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el sentido de determinar que, por
regla general,, «(…) para establecer si el cónyuge tiene la calidad de beneficiario de la
sustitución pensional, es necesario que la sociedad conyugal se encuentre vigente». Sin
embargo, «(…) se ha aceptado la posibilidad de otorgar el derecho aunque la sociedad
conyugal haya sido disuelta y liquidada, siempre que se demuestre que hubo convivencia con
el causante durante los cinco años previos al fallecimiento, al considerarse que ese escenario
no impide la continuidad de la vida en común»6.
La actora sostiene que, para la fecha en que se produjo la separación de bienes con
el causante (1988), no podía prever la expedición de normas pensionales posteriores
y, por tanto, considera indebida su aplicación retroactiva. No obstante, es preciso
reiterar que en materia pensional la regla consolidada por la jurisprudencia establece
que las normas aplicables son las vigentes al momento en que se causa el derecho,
y en el caso de la sustitución pensional, dicho derecho se causa con el fallecimiento
del afiliado o pensionado. En consecuencia, la prestación debe analizarse conforme
al marco normativo existente al momento del deceso, y no según la legislación vigente
al tiempo de la separación de bienes. Bajo esta premisa, los argumentos de la
tutelante carecen de sustento, pues la aplicación de la Ley 797 de 2003 no constituye
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 28 de octubre de 2016, número
interno (2650-15), reiterada en la sentencia de 12 de marzo de 2026, exp. 25000 23 42 000 2020 00393 02 (1636-2023), C.P.
Dr. Juan Camilo Morales Trujillo.
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retroactividad prohibida, sino la correcta aplicación de la ley vigente al momento del
fallecimiento del señor Cortés Forero.
Ahora, sobre el desconocimiento del precedente de la Corte Suprema de Justicia,
conviene decir que, en primer lugar, no constituye precedente obligatorio para el
Consejo de Estado, por cuanto no es superior jerárquico. Y, en segundo lugar, la tesis
planteada en esa sentencia, esto es, que los 5 años de convivencia deben probarse
en cualquier tiempo, ha sido revaluada por la Corte Constitucional. En efecto, en la
sentencia SU-149 de 2021 se dejó sin efectos una sentencia dictada por la Corte
Suprema de Justicia que había aplicado esa tesis y precisó que «la Sentencia SU-428
de 2016 es el precedente de la Corte Constitucional en la materia. Además, la ratio decidendi
de esta providencia señala que, para que la compañera permanente supérstite del afiliado
tenga derecho a la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia, deberá acreditar la
convivencia con el causante por lo menos durante cinco años antes de su fallecimiento. Este
pronunciamiento es vinculante para la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia pues es anterior a la Sentencia del 3 de junio de 2020».
En consecuencia, se advierte que el análisis normativo y jurisprudencial realizado por
el Consejo de Estado se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico, resulta razonable
y fue aplicado conforme al marco legal vigente al momento de los hechos. La autoridad
judicial no solo interpretó adecuadamente las disposiciones pertinentes, sino que
también armonizó su decisión con la jurisprudencia constitucional y contenciosa
aplicable, garantizando coherencia, proporcionalidad y respeto por los criterios fijados
para el reconocimiento de la sustitución pensional.
Del defecto fáctico7
La actora alegó una indebida valoración probatoria, sin embargo, la Sala advierte que
en la providencia cuestionada, se tuvieron en cuenta las siguientes pruebas:
(i) Registro civil de matrimonio (1977), matrimonio católico entre Efraín Cortés Forero
(†) y Luz Marina González; se deja constancia de separación de cuerpos por
sentencia del Tribunal Superior de Boyacá.
(ii) Registros civiles de nacimiento de los hijos Pedro Alejandro (1977) y Felipe Efraín
(1993).
(iii) Resolución 0032244 del 28 de julio de 2009, mediante la cual Colpensiones
reconoció la pensión de jubilación a favor de Efraín Cortés Forero (†).
(iv) Carta del 4 de marzo de 2012, en la que Efraín Cortés Forero (†) informa a la
administración de su edificio que vive solo y padece quebrantos de salud.
(v) Registro civil de defunción del causante, de 27 de junio de 2017.
(vi) Declaraciones extraprocesales (octubre de 2017): hermanas del causante,
hermana de la demandante y la propia demandante afirman convivencia
intermitente hasta 2002 y que el causante vivió solo en sus últimos años.
(vii) Resolución SUB 2153 del 5 de enero de 2018, en la que Colpensiones negó la
sustitución pensional, porque no se acreditó convivencia con ninguna de las
solicitantes en los cinco años previos al fallecimiento.
7
Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la
actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre cuando se produce la
negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
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(viii) Resoluciones SUB 38078, DIR 3773, SUB 47979 y DIR 5271 (febrero-marzo de
2018): Colpensiones confirma la negativa del reconocimiento pensional.
(ix) Testimonios en audiencia del 16 de marzo de 2022:
• María Angélica González (hermana de la demandante): confirma matrimonio,
separación de cuerpos, ausencia de divorcio y apoyo económico del causante.
• María Imelda Cortés Forero (hermana del causante): confirma matrimonio,
separación por mal carácter, ausencia de divorcio y apoyo permanente del
causante a su familia.
Al valorar el anterior acervo probatorio la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado determinó que la señora González Ovalle no cumplió el requisito
de convivencia exigido por la Ley 797 de 2003, por las siguientes razones:
«43. Al respecto, la Sala encuentra que: i) según el registro civil de matrimonio, el 6 de
enero de 1977, Efraín Cortés Forero y Luz Marina González Ovalle se casaron. Asimismo,
en la parte inferior de este documento obra anotación según la cual, entre los contrayentes
hubo separación de cuerpos, según la sentencia del «Tribunal Superior del Distrito de
Boyacá»; ii) en virtud de lo manifestado por Efraín Cortés Forero, el 4 de marzo de 2012,
mediante oficio enviado el 24 de febrero de ese año al administrador de la propiedad
horizontal en la cual vivía, y por sus hermanas Cándida Rosa Cortés Forero y María Imelda
Cortés Forero, el causante vivió solo los últimos años de su vida; iii) según lo indicado por
la demandante en la declaración extra proceso del 27 de octubre de 2017, se separó
judicialmente del causante, lo cual narró en los siguientes términos: «convivimos por
espacio de 13 años porque nos separamos judicialmente, de manera indefinida, en agosto
de 1986; nos separamos de bienes en febrero de 1988 y nos reconciliamos en febrero de
1989; que durante la reconciliación nació Felipe Efraín Cortés González el 4 de octubre de
1993; que compartimos techo, lecho y mesa de forma estable y sin interrupciones hasta
junio de 2002» [Se resalta].
44. De acuerdo con lo anterior se encuentra que, si bien entre la demandante y el
pensionado existió un vínculo matrimonial, este fue disuelto a través de la sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito de Boyacá, con la que se declaró la
separación de cuerpos [según consta en el registro civil de matrimonio], situación que se
configura en una de las causales establecidas en el artículo 1820 del Código Civil, según
el cual la sociedad conyugal se disuelve: «2.) Por la separación judicial de cuerpos, salvo
que fundándose en el mutuo consentimiento de los cónyuges y siendo temporal, ellos
manifiesten su voluntad de mantenerla».
45. Ahora, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta providencia,
para efectos del reconocimiento de la prestación objeto de estudio, cuando quien la
pretende sustenta su derecho en la calidad de cónyuge, es requisito sine qua non que la
sociedad conyugal se encuentre vigente, puesto que su disolución y liquidación implicaría
la pérdida del derecho a la sustitución pensional.
46. Así las cosas, para la Sala la demandante no tenía derecho al reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes puesto que, al momento del fallecimiento del causante, la
sociedad conyugal se encontraba disuelta, esto porque se separó judicialmente de
cuerpos y no acreditó que, como lo establece el ordenamiento jurídico, hubiesen
manifestado su voluntad de mantenerla. Asimismo, tampoco acreditó que durante los 5
años anteriores al deceso hubiese tenido con él una convivencia efectiva en el marco de
una relación de apoyo mutuo, comprensión y vida en común.
47. Esto es así, toda vez que de las pruebas documentales y testimoniales se extrae que
entre el causante y la demandante no existía apoyo mutuo, ni vida en común, ni una
relación de convivencia caracterizada por la clara e inequívoca vocación de estabilidad y
permanencia, comoquiera que tenían hijos mayores de edad y cada uno vivía en su
apartamento, tanto así que en el oficio mediante el cual Efraín Cortés Forero indicó los
motivos de su inasistencia a la asamblea general de copropietarios, resumió que tuvo una
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urgencia médica provocada por la enfermedad de diabetes que padecía y que vivía solo
en el apartamento. Aunado a esto, según los elementos probatorios allegados al plenario
no fue debidamente comprobada una convivencia durante los 5 años anteriores al
fallecimiento del causante, pues de las pruebas testimoniales, únicamente se puede
concluir que en los últimos años de vida vivió solo en su apartamento, pues si bien, los
testigos señalaron que con posterioridad a la separación de cuerpos se «reconciliaron» e
iniciaron una nueva convivencia, esta finalizó en el año 2002, es decir, más de 10 años
antes de su fallecimiento.
48. En este sentido en el marco normativo se indicó que la Corte Constitucional en la
sentencia C-515 de 2019, al estudiar la constitucionalidad de la expresión «con la cual
existe la sociedad conyugal vigente» señaló que: «el cónyuge separado de hecho con
sociedad conyugal vigente mantiene en su totalidad los efectos de orden patrimonial. Si
bien existe una ruptura de la cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de haber
existido por lo menos 5 años-, los cónyuges no han expresado su deseo de dar por
terminada su sociedad conyugal, al punto que preservan el vínculo económico y los
derechos que de este se derivan. Por otro lado, en el caso del cónyuge separado de hecho
con sociedad conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se extinguen los efectos
patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación de hecho, por lo que, no
existen en este caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su calidad de
beneficiario».»
A partir de lo expuesto, se advierte que las pruebas allegadas al proceso fueron
valoradas de manera integral y conforme a los principios de la sana crítica. La
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no aplicó una tarifa legal
probatoria ni exigió un medio específico para acreditar la convivencia entre la
demandante y el causante; por el contrario, efectuó un análisis razonado del conjunto
probatorio disponible.
Al respecto, se evidencia que las pruebas aportadas por la actora demostraban la
existencia de una separación de cuerpos declarada judicialmente y, aunque
posteriormente se acreditó una reconciliación, tanto los documentos como los
testimonios —incluida la propia declaración de la demandante— coincidieron en
señalar que la convivencia efectiva con el causante se extendió únicamente hasta el
año 2002. Esto implica que la vida en común cesó aproximadamente diez años antes
del fallecimiento del señor Cortés Forero (†), ocurrido en 2017. En consecuencia, aun
bajo una valoración integral y conforme a la sana crítica, el acervo probatorio no
permitía acreditar el requisito legal de convivencia durante los cinco años previos al
deceso, exigencia indispensable para el reconocimiento de la sustitución pensional
cuando la sociedad conyugal ha dejado de operar en la práctica. Por ello, conforme al
marco normativo aplicable y a la jurisprudencia reiterada, la actora no cumplió con la
carga de demostrar los hechos constitutivos de su derecho, lo que impedía acceder a
la prestación reclamada.
Entonces, fue la propia demandante quien incumplió con la carga procesal de
demostrar los hechos constitutivos de sus pretensiones, pues no aportó elementos
suficientes, coherentes y concluyentes que permitieran acreditar la convivencia
efectiva durante los cinco años previos al fallecimiento del señor Cortés Forero (†). En
este sentido, la decisión judicial no desconoce el derecho probatorio ni impone
exigencias indebidas, sino que se limita a aplicar el principio de que quien afirma un
hecho debe probarlo, especialmente en materia de prestaciones económicas de
carácter pensional, donde la acreditación de los requisitos legales es indispensable
para el reconocimiento del derecho.
En efecto, en el presente caso la demanda de tutela tiene como fin dejar sin efectos
una decisión que fue adoptada conforme con los parámetros legales y
jurisprudenciales.
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Demandante: Luz Marina González Ovalle
En el sub lite no se advierte entonces que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, haya adoptado una decisión arbitraria o caprichosa, ni transgresora de
los derechos fundamentales cuyo amparo aquí se reclama, luego, corresponde a la
Sala negar el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar la solicitud de desvinculación formulada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, conforme con lo expuesto en la
parte motiva.
2. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por Luz Marina González
Ovalle contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por las razones
expuestas en la parte considerativa.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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