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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02639-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02639-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 21 de mayo del 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó el amparo. En su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela sub examine. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02639-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02639-01
Accionante: LUZ MARINA GONZÁLEZ OVALLE
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial — Revoca el fallo que negó
el amparo y declara la improcedencia por falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación de la parte actora contra la sentencia proferida
el 21 de mayo del 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Lo anterior,
de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 10 de abril del 20262, el a quo admitió la acción constitucional y
mediante providencia del 5 de junio del 20263 se concedió la impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El 7 de abril del 2026, la señora Luz Marina González Ovalle instauró
acción de tutela en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado. Con la solicitud de amparo, pretende que se le protejan sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la vida en condiciones
dignas, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la tutela
judicial efectiva y a la «protección a la mujer de tercera edad».

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 005 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se tuvo como accionada a la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Además, se vinculó como terceros
con interés a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones; a la señora María
Edilsa Suárez Tunarosa y a la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
3 Índice 028 Samai.

1
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ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida el 31 de julio del 2025 por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado 4, que revocó la
providencia del 27 de abril del 2023 de la Subsección A de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había accedido parcialmente
a las pretensiones de la demanda5. Esto, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 25000-23-42-000-
2018-01556-00/01.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

I.- MANERA DE REMEDIAR LAS VIOLACIONES

1. Que se tutelen de manera inmediata y efectiva mis derechos
fundamentales al mínimo vital, seguridad social, vida digna, debido proceso,
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y la protección
especial reforzada a la mujer de la tercera edad, los cuales fueron vulnerados
por las decisiones proferidas por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. al revocar la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y negar injustamente
el reconocimiento de la sustitución pensional a la que tengo derecho como
cónyuge sobreviviente del señor Efrain Cortes Forero (Q.E.P.D.).

2. Dejar sin efectos la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN por incurrir en defectos fácticos y sustantivos, y por
desconocer el precedente fijado por la Corte Constitucional y la Corte
Suprema de Justicia y darle efectos retroactivos a la Ley.

3. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B que, en
un plazo perentorio, de 48 horas, emita una nueva decisión ajustada a los
precedentes constitucionales, confirmando la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que me concedió la pensión de
sobreviviente, y condenar al pago de los intereses moratorios y costas.

4. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a COLPENSIONES que
reconozca y pague la pensión de sobrevivientes a mi favor, conforme a las

4 La notificación personal se envió por correo electrónico del 17 de octubre del 2025. Índice 014

en Samai del proceso ordinario en segunda instancia.
5 Esta sentencia fue corregida mediante auto del 24 de agosto del 2023 en los siguientes términos:

«Segundo. Corregir la parte resolutiva de la providencia proferida el 27 de abril de 2023, la cual
queda así:
“Primero. Declarar no probada la excepción de prescripción de las mesadas pensionales, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones Nos. SUB 2153 del 05 de enero, SUB 38078
del 12 de febrero y DIR 3773 del 21 de febrero de 2018, por medio de las cuales la Administradora
Colombiana de Pensiones negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, a favor de la
señora Luz Marina González Ovalle y María Edilsa Suarez Tunarosa.
Tercero. Ordenar a título de restablecimiento del derecho, a la Administradora Colombiana de
Pensiones, a reconocer a favor de la señora Luz Marina González Ovalle en su condición de
cónyuge supérstite, el 100% de la pensión reconocida al causante Efraín Cortes Forero.
Cuarto. No condenar en costas y agencias en derecho, conforme a lo expuesto en las
consideraciones en precedencia.
Quinto. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES -, a
pagarle a la demandante los valores correspondientes al 100% de la pensión de sobreviviente de
que trata el ordinal tercero. El retroactivo será actualizado, de la forma expresada en la parte
motiva. Así mismo, deberá darse aplicación a lo dispuesto en los artículos 192 a 195 del
C.P.A.C.A.” […]» (Negrillas de la cita).
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reglas de solidaridad que orientan el sistema de seguridad social.

5. Ordenar a COLPENSIONES el pago de las mesadas pensionales dejadas
de percibir, desde la fecha en que debió reconocerse mi derecho y hasta
cuando se produzca el pago efectivo, junto con los reajustes, intereses y
costas de ambas instancias.

6. Adoptar las demás medidas necesarias para garantizar la protección
integral y efectiva de mis derechos fundamentales6.

1.2. Hechos

4. La señora Luz Marina Gonzáles Ovalle demandó en nulidad y
restablecimiento del derecho a la Administradora Colombiana de Pensiones (en
adelante, Colpensiones), con el objeto de que anulasen las resoluciones SUB
2153 del 5 de enero, SUB 38078 del 12 de febrero y DIR 3773 del 21 de febrero
de 2018 mediante las cuales se le negó el reconocimiento y pago de la sustitución
de una pensión de jubilación a ella, como cónyuge supérstite, y a la señora María
Edilsa Suárez Tunarosa, como compañera permanente, del señor Efraín Cortés
Forero. Además, solicitó que se declarase que la señora María Edilsa Suárez
Tunarosa no tenía derecho a que se le reconociera dicha prestación.

5. Narró que, el 6 de enero de 1997, contrajo matrimonio católico con el señor
Efraín Cortés Forero, con quien procreó 2 hijos. También expuso que su cónyuge
falleció el 27 de junio del 2017. Antes de ello, el Instituto de Seguros Sociales
(ISS), le reconoció al señor Cortés la pensión de jubilación mediante Resolución
No. 4430 del 15 de febrero de 2011 en cuantía de $4.235.870

6. Afirmó que nunca se divorciaron porque «Mi cónyuge siendo abogado,
Fiscal Local, de la Fiscalía General de la Nación nunca quiso el divorcio. Y yo
tampoco quise el divorcio», que la convivencia matrimonial estuvo afectada por
múltiples infidelidades y maltratos físicos, psicológicos y verbales, lo que la «forzó
a aceptar la separación de bienes en febrero de 1.988 y nos separamos
judicialmente, de manera indefinida, en agosto de 1.986. pero en ningún
momento se anuló ni se extinguió el vínculo matrimonial, el cual se mantuvo
vigente hasta su muerte».

7. Sostuvo que, a pesar de la separación se bienes, se reconcilió con el señor
Efraín Cortés Forero en febrero de 1989, donde nació su segundo hijo. A raíz de
ello, manifestó que el causante siguió conviviendo con ella y sus hijos hasta junio
del 2002, «compartiendo hogar, lecho, mesa, responsabilidades y proyecto
familiar. Esta convivencia evidencia la permanencia del núcleo afectivo, familiar
y económico propio de una unión matrimonial consolidada».

8. Indicó que, luego, se separaron por los maltratos «verbales y
psicológicos», lo que la obligó a trasladarse a la casa de sus padres por su
seguridad y que «[a] pesar de la separación de hecho, EFRAÍN CORTES

6 Transcripción del escrito de tutela que puede contener errores.

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FORERO nunca constituyó una nueva familia, ni convivió maritalmente con otra
persona. Vivió solo hasta su muerte y continuó sosteniendo económicamente
nuestro hogar, enviando dinero de forma regular a través de nuestro hijo FELIPE,
lo que reafirma la continuidad del vínculo y la dependencia económica que yo
tenía respecto de él».

9. También afirmó que, el 28 de noviembre del 2017, la señora María Edilsa
Suárez Tunarosa rindió declaración en notaría en la que manifestó ser la
compañera permanente del causante. Sostuvo que, con fundamento en ello, le
solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, a
pesar de que nunca convivió con el señor Efraín Cortés Forero y que ocultó que
estaba casada con Juan Francisco Rincón Zamudio, con quien tiene 3 hijos y es
beneficiaria en salud en la EPS Sanitas, lo que demostraría la inexistencia de la
unión marital de hecho con el señor Efraín Cortés Forero.

10. Agregó que presentó denuncia contra la señora María Edilsa Suárez
Tunarosa por falso testimonio; que ella no se presentó a las audiencias del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; que en los «documentos
aportados por su apoderado se ocultó su domicilio, consignando como dirección
de la supuesta compañera la dirección del propio abogado, lo que evidencia
inconsistencias y falta de transparencia»; que ella ejerció actividad comercial al
estar inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá entre 1998 y 2010 y que
trabajó como manicurista en un establecimiento, lo que desvirtúa su dependencia
económica del causante.

11. La accionante también indicó que es una mujer de la tercera edad al tener
69 años y que, en consecuencia, es sujeto de especial protección constitucional.

12. En primera instancia, la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 27 de abril del 2023,
corregida el 24 de agosto del 2023, accedió a las pretensiones de la demanda y
ordenó reconocerle a la señora Luz Marina González Ovalle, en su condición de
cónyuge, el 100% de la pensión reconocida al señor Efraín Cortés Forero, al
considerar que probó la convivencia. Respecto a la señora María Edilsa Suárez
Tunarosa no accedió al reconocimiento de la sustitución pensional al no haberse
acreditado su convivencia y se dejó constancia de que no compareció al proceso.

13. Esta decisión fue apelada por Colpensiones y por la actora. En segunda
instancia, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a
través de providencia del 31 de julio del 2025, revocó la decisión del a quo.
Fundamentó su decisión en que el vínculo matrimonial fue disuelto mediante
sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito de Boyacá, en la que se
declaró la separación de cuerpos, lo que se enmarca en la causal 2 del artículo
1820 del Código Civil, referente a la sociedad conyugal se disuelve por la
separación judicial de cuerpos, salvo que ellos manifiesten su voluntad de
mantenerla.

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14. En ese sentido, recordó que, «para efectos del reconocimiento de la
prestación objeto de estudio, cuando quien la pretende sustenta su derecho en
la calidad de cónyuge, es requisito sine qua non que la sociedad conyugal se
encuentre vigente, puesto que su disolución y liquidación implicaría la pérdida del
derecho a la sustitución pensional».

15. Por tanto, determinó que la señora Luz Marina González Ovalle no tenía
derecho al reconocimiento de la sustitución pensional, toda vez que la sociedad
conyugal se disolvió con la separación judicial de cuerpos, y en atención a que
no se manifestó la voluntad de que aquella siguiera vigente y tampoco acreditó
que durante los 5 años anteriores al deceso del señor Efraín Cortés Forero
hubiera tenido con él una convivencia efectiva en el marco de una relación de
apoyo mutuo, comprensión y vida en común. Lo anterior, máxime cuando el
causante vivía solo al momento de la muerte, ya que la última convivencia finalizó
en 2002.

1.3. Sustento de la vulneración

16. La señora González Ovalle argumentó que, se incurrió en un defecto
fáctico al indicar que no se acreditó la vigencia de la sociedad conyugal ni la
convivencia durante los últimos 5 años de vida, pues ello desconoció el hogar
que constituyeron y que ninguno de los dos constituyó uno nuevo al no haber
tenido más parejas.

17. En ese sentido, afirmó que la decisión cuestionada vulneró sus derechos
fundamentales porque no tuvo en cuenta que se acreditó una convivencia
conyugal de 22 años «(nueve años entre 1977 y 1986 y luego durante 13 años,
1989 a 2002)», lo que indica que se omitió, tergiversó y valoró de manera
irrazonable lo siguiente:

1. La existencia indiscutible del vínculo matrimonial vigente al momento del
deceso.

2. La prolongada y estable vida en común que tuve con mi cónyuge.

3. La continuidad del lazo afectivo, personal y familiar que caracterizó nuestra
relación.

4. La dependencia económica real y comprobada que yo mantenía respecto
de mi cónyuge, derivada de la distribución de roles dentro del hogar y de las
condiciones particulares de nuestra convivencia.

5. Pese a la claridad de estos elementos, la autoridad judicial accionada
ignoró este conjunto probatorio integral, limitando su análisis a la mera
constatación de una convivencia física inmediata a los últimos cinco años de
vida del causante, exigencia que carece de respaldo normativo y contradice
el carácter protector y prevalente del derecho a la seguridad social y de la
familia.

6. Los Magistrados omitieron valorar que nuestra vida en común se
desarrolló bajo los principios de solidaridad y apoyo mutuo, indispensables

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para la construcción del derecho pensional. Esta interpretación desconoce la
línea jurisprudencial reiterada de la Corte Constitucional.

7. La Corte Constitucional ha sido clara en señalar que el derecho pensional
del afiliado no es el resultado exclusivo del esfuerzo individual del afiliado,
sino la consecuencia de una construcción conjunta derivada de la vida
matrimonial.

8. El matrimonio, implica trabajo no remunerado, apoyo emocional,
administración del hogar, acompañamiento permanente y sacrificios
compartidos, todos ellos elementos que permiten que el afiliado pueda
sostener su actividad laboral y, en consecuencia, consolidar su derecho
pensional.

9. Durante veintidós años de convivencia aporté de manera constante y
determinante a ese proyecto de vida común asumiendo labores domésticas,
de cuidado y administración del hogar que facilitaron la estabilidad
emocional, económica y funcional de mi cónyuge, cuidé a los dos hijos
matrimoniales Pedro Alejandro y Felipe Efrain, y mi cónyuge suministraba
los alimentos para el hogar.

10. Este aporte indirecto pero esencial que hice como cónyuge se encuentra
protegido por el principio de solidaridad que rige la seguridad social y que,
conforme a la jurisprudencia reiterada, fundamenta el derecho de la cónyuge
supérstite a la pensión de sobrevivientes, incluso cuando haya existido
separación de hecho.

18. Afirmó que existe defecto sustantivo porque se violaron los artículos 47
y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 797 del 2003 al aplicar
erróneamente la sentencia C-515 del 2019. Indicó que la norma que tuvo en
cuenta la autoridad judicial accionada se refiere a la convivencia entre cónyuge y
compañera permanente, pero no existió la segunda, ni menos convivencia
simultánea.

19. Refirió que «Mi cónyuge siendo abogado, Fiscal Local, de la Fiscalía
General de la Nación nunca quiso el divorcio. Y yo tampoco quise el divorcio».
Sostuvo que, en 1988, cuando realizaron la separación de bienes, no tenían
expectativas de que habría leyes posteriores que regularían las pensiones y que
«No teníamos el don de la adivinación». En ese sentido, señaló que las leyes 100
de 1993 y 797 del 2003 son posteriores a la liquidación de la sociedad conyugal.
Por tanto, adujo que la Subsección accionada aplicó retroactivamente leyes a
situaciones ocurridas con anterioridad, pues ignoró la regla según la cual los 5
años de convivencia podían acreditarse en cualquier tiempo, siempre que el
vínculo matrimonial esté vigente.

20. Agregó que, se incurrió en desconocimiento del precedente porque, de
acuerdo con las sentencias SL7299-2015, SL6519-2017, SL1399-2018 y
SL2010- 2019 de la Corte Suprema de Justicia y T-245 de 2017, SU108 de 2020,
SU-169 de2024 de la Corte Constitucional, los 5 años de convivencia exigidos
por el artículo 47 de la Ley 100 pueden acreditarse en cualquier tiempo, siempre
que el vínculo matrimonial esté vigente, sin que se pueda exigir que se demuestre

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la convivencia o un vínculo afectivo a la fecha del fallecimiento7.

21. También refirió que la Corte Constitucional en la sentencia T-582 del 2019,
estableció de manera expresa que «Una pareja que entregó parte de su
existencia a la conformación de un proyecto de vida común, que incluso cooperó
con su compañía y su fortaleza a que el trabajador construyera la pensión, se ve
desprovista del sostén que aquel le proporcionaba con su fallecimiento»8. Ello,
en razón a que, en su opinión, su aporte al hogar fue el que le permitió al señor
Efraín Cortés Forero consolidar su derecho pensional.

1.4. Intervenciones

22. Colpensiones indicó que no existe ningún proceso ordinario pendiente
por cumplir por su parte. También hizo un recuento de los antecedentes
administrativos y judiciales, y solicitó que se niegue la acción de tutela, toda vez
que no se cumplen con los requisitos de procedibilidad del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 y tampoco se demostró que haya vulnerado los derechos
fundamentales de la actora.

23. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca indicó que todos los cargos se plantearon contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al haber revocado
la decisión que había adoptado en primera instancia. Por ende, afirmó que carece
de legitimación en la causa por pasiva.

1.5. Sentencia de primera instancia

24. Mediante fallo del 21 de mayo del 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado negó las pretensiones al considerar que, frente a los defectos sustantivo
y desconocimiento del precedente, la autoridad judicial accionada realizó un
análisis normativo y jurisprudencial acertado, en tanto la actora sostiene que se
aplicaron normas de manera retroactiva, pero la jurisprudencia ha establecido
que son aplicables las normas vigentes al momento en que se causa el derecho,
es decir, al día del fallecimiento del pensionado. Por este motivo, no es correcto
aplicar la legislación vigente al momento de la separación de bienes. En
consecuencia, determinó que «la aplicación de la Ley 797 de 2003 no constituye
retroactividad prohibida, sino la correcta aplicación de la ley vigente al momento
del fallecimiento del señor Cortés Forero».

25. Frente al desconocimiento del precedente de la Corte Suprema de

7 La accionante únicamente las enunció y citó un extracto solo de la sentencia SL7299-2015.
8 Verificada la sentencia referida, se advierte que la Corte continúa dicha regla así: «Una pareja

que entregó parte de su existencia a la conformación de un proyecto de vida común, que incluso
cooperó con su compañía y su fortaleza a que el trabajador construyera la pensión, se ve
desprovista del sostén que aquel le proporcionaba con su fallecimiento; situación que es más
palmaria cuando es la mujer quien queda sin ese apoyo, en tanto su incorporación al mercado
laboral ha sido tardía, relegada históricamente al trabajo no remunerado o a labores periféricas
que no han estado cubiertas por los sistemas de seguridad social».
7
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Justicia, indicó que no constituye precedente obligatorio para el Consejo de
Estado por no ser su superior jerárquico. Señaló, además, que la tesis referente
a que los 5 años de convivencia deben probarse en cualquier tiempo, ha sido
revaluada por la Corte Constitucional. Para tales efectos, sostuvo que en la
sentencia SU-149 de 2021 se dejó sin efectos una sentencia de la Corte Suprema
de Justicia que había aplicado dicha tesis y citó el siguiente extracto:

la Sentencia SU-428 de 2016 es el precedente de la Corte Constitucional en
la materia. Además, la ratio decidendi de esta providencia señala que, para
que la compañera permanente supérstite del afiliado tenga derecho a la
pensión de sobrevivientes en forma vitalicia, deberá acreditar la convivencia
con el causante por lo menos durante cinco años antes de su fallecimiento.
Este pronunciamiento es vinculante para la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia pues es anterior a la Sentencia del 3 de junio de
2020.

26. Sobre el defecto fáctico, indicó las pruebas que valoró la autoridad judicial
accionada y lo que dijo en su análisis probatorio. Con fundamento en ello, el a
quo constitucional determinó que las pruebas allegadas al proceso se valoraron
de manera integral y de acuerdo con los principios de la sana crítica, frente a
establecer si existió o no la convivencia antes del fallecimiento del causante.

27. Al respecto, también señaló que la accionante fue quien no cumplió con
su carga probatoria, toda vez que «se evidencia que las pruebas aportadas por
la actora demostraban la existencia de una separación de cuerpos declarada
judicialmente y, aunque posteriormente se acreditó una reconciliación, tanto los
documentos como los testimonios —incluida la propia declaración de la
demandante— coincidieron en señalar que la convivencia efectiva con el
causante se extendió únicamente hasta el año 2002. Esto implica que la vida en
común cesó aproximadamente diez años antes del fallecimiento del señor Cortés
Forero (q.e.p.d.), ocurrido en 2017. En consecuencia, aun bajo una valoración
integral y conforme a la sana crítica, el acervo probatorio no permitía acreditar el
requisito legal de convivencia durante los cinco años previos al deceso, exigencia
indispensable para el reconocimiento de la sustitución pensional cuando la
sociedad conyugal ha dejado de operar en la práctica».

1.6. Impugnación

28. La parte accionante impugnó indicando que para ella era imposible saber
en 1988 que, posterior a la separación de bienes, iba a crearse una norma que
impidiera la sustitución pensional, máxime cuando la Ley 797 del 2003 rige hacia
el futuro y no se puede aplicar de manera retroactiva.

29. Indicó que la Subsección accionada no tuvo en cuenta la convivencia
durante 22 años, ni que su matrimonio estuviera vigente hasta el fallecimiento del
cónyuge. Afirmó que, para la autoridad judicial accionada, ella tenía que volver a
vivir con el señor Efraín Cortés Forero «-así fuera víctima de maltrato- que fue lo
que me llevó a separarme de cuerpos para que la convivencia en los últimos
cinco años antes del fallecimiento me diera el derecho a la pensión», conclusión
8
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en la que se equivoca.

30. También manifestó «[l]amentablemente lo que importa es confirmar que el
CONSEJO DE ESTADO obró "legalmente" cuando es todo lo contrario. No
importa mi derecho fundamental a percibir la pensión de sobrevivientes a que
tengo derecho sino que el CONSEJO DE ESTADO no se equivocó. En dónde
quedan los derechos humanos protegidos por la CONVENCIÓN AMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS a un debido proceso».

II. CONSIDERACIONES

31. La Sala revocará la decisión de primera instancia dictada el 21 de mayo
del 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó el amparo, para,
en su lugar, declarar su improcedencia, por cuanto en el sub examine no se
acredita el requisito general de relevancia constitucional.

2.1. Caso concreto

La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

32. El Consejo de Estado9 y la Corte Constitucional10 han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales11 y a la configuración de algún
defecto especial12 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

33. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
10 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
11 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez;

(v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
12 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
9
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Accionante: Luz Marina González Ovalle
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02639-01

34. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

35. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

36. La Sala advierte que la señora Luz Marina González Ovalle está
legitimada en la causa por activa, por cuanto fue la parte demandante del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó la providencia
cuestionada mediante esta acción constitucional. De igual manera, la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado está legitimada en la causa por
pasiva al ser la autoridad judicial que profirió la sentencia controvertida mediante
esta vía.

37. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional13, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretenden reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

38. Como se expuso previamente, a juicio de la parte tutelante, la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia
proferida el 31 de julio del 2025 transgredió sus derechos fundamentales al
revocar la sentencia de primera instancia del proceso ordinario que había
accedido a reconocerle la pensión de sobrevivientes.

39. En ese sentido, indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto fáctico porque no valoró integralmente las pruebas que acreditaron 22
años de convivencia con el causante y que su vínculo matrimonial se mantuvo
vigente, es decir, que no se divorciaron, pero sí hubo separación judicial de
cuerpos, como tampoco tuvo en cuenta la continuidad del lazo afectivo, personal
y familiar, la dependencia económica, el apoyo mutuo y la solidaridad; ni que el
derecho pensional del afiliado no es el resultado exclusivo del esfuerzo individual
del afiliado, sino la consecuencia de una construcción conjunta derivada de la
vida matrimonial.

13 Sentencia SU-215 de 2022.

10
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40. También en un defecto sustantivo porque se aplicó de manera
retroactiva la Ley 797 del 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100
de 1993 y la sentencia C-515 del 2019 de la Corte Constitucional, toda vez que
la norma se refiere a la convivencia simultánea con cónyuge y compañera
permanente, lo cual no ocurrió en el sub examine. Por ello, afirmó que se ignoró
la regla según la cual los 5 años de convivencia podían acreditarse en cualquier
tiempo, siempre que el vínculo matrimonial esté vigente.

41. Por último, señaló que se desconoció el precedente, porque, de acuerdo
con las sentencias SL7299-2015, SL6519-2017, SL1399-2018 y SL2010- 2019
de la Corte Suprema de Justicia y T-245 de 2017, SU108 de 2020, SU-169 de
2024 de la Corte Constitucional, los 5 años de convivencia exigidos por el artículo
47 de la Ley 100 pueden acreditarse en cualquier tiempo, siempre que el vínculo
matrimonial esté vigente, sin que se pueda exigir que se demuestre la
convivencia o un vínculo afectivo a la fecha del fallecimiento.

42. También citó la sentencia T-582 del 2019, argumentando que la Corte
Constitucional ha reconocido que el derecho pensional del causante se construye
no solamente con su esfuerzo, sino de manera conjunta con su cónyuge, lo que
puede observarse en el trabajo no remunerado, el apoyo emocional, la
administración del hogar, el acompañamiento permanente y los sacrificios en
común, y que, cuando el cónyuge fallece, el supérstite se ve desprovisto del
sostén que aquel le proporcionaba antes de su deceso.

43. En ese sentido, indicó que, durante 22 años de convivencia aportó al
proyecto de vida conjunto, asumiendo labores «domésticas, de cuidado y
administración del hogar que facilitaron la estabilidad emocional, económica y
funcional de mi cónyuge, cuidé a los dos hijos matrimoniales […], y mi cónyuge
suministraba los alimentos para el hogar». De lo anterior, la tutelante deduce que
su aporte al hogar fue el que le permitió al señor Efraín Cortés Forero consolidar
su derecho pensional.

44. Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que, frente al defecto
de desconocimiento del precedente no se cumple con la carga mínima
argumentativa.

45. Esto porque la actora se limitó a enunciar que se desconocieron las
sentencias SL6519-2017, SL1399-2018 y SL2010- 2019 de la Corte Suprema de
Justicia y T-245 de 2017, SU-108 de 2020 y SU-169 de 2024 de la Corte
Constitucional, ya que el Consejo de Estado «ignoró la regla vinculante según la
cual los cinco años de convivencia pueden acreditarse en cualquier tiempo,
siempre que el vínculo matrimonial esté vigente». Sin embargo, no estableció en
qué consiste la similitud fáctica y jurídica entre esos casos y el suyo, ni por qué
tales decisiones judiciales constituyen un precedente de obligatoria aplicación a
la autoridad judicial demandada, especialmente, en lo que respecta a las
decisiones de la Corte Suprema de Justicia.

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46. Por último, respecto a la sentencia T-582 del 2019, si bien argumentó que,
cuando el cónyuge pensionado fallece, queda desprovisto el supérstite que le
ayudó con su esfuerzo y contribución a obtener el derecho pensional, la Sala
advierte que, se echa de menos que la accionante hubiese explicado cómo dicha
cita constituye una verdadera regla de derecho aplicable a su caso.

47. En consecuencia, el cargo de desconocimiento del precedente no cumple
con la carga mínima argumentativa y, en consecuencia, no supera la relevancia
constitucional.

48. Ahora bien, respecto de los defectos fáctico y sustantivo, se advierte que
busca cuestionar que no se le haya reconocido la pensión de sobrevivientes, a
pesar de que hubo separación judicial de bienes, pero no divorcio, y que convivió
con el señor Efraín Cortés Forero por más de 22 años, por lo que se aplicó de
manera retroactiva la Ley 797 del 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la
Ley 100 de 1993 y que se interpretó de forma indebida la sentencia C-515 del
2019 de la Corte Constitucional, toda vez que la norma se refiere a la convivencia
simultánea con cónyuge y compañera permanente, lo cual no ocurrió en su
situación. En consecuencia, indicó que la autoridad judicial accionada ignoró la
regla según la cual los 5 años de convivencia podían acreditarse en cualquier
tiempo, siempre que el vínculo matrimonial esté vigente.

49. Sin embargo, revisada la decisión cuestionada, no se advierte, prima facie,
una valoración irracional o arbitraria de las pruebas y de las normas aplicables al
caso en concreto, como se exige para acreditar la procedencia de este
mecanismo constitucional cuando se cuestiona una decisión de una alta Corte14.

50. Sobre el particular, se observa que la Subsección B accionada delimitó el
asunto a determinar si la demandante ostentaba la calidad de cónyuge del señor
Efraín Cortés Forero y si, en consecuencia, era acreedora de la sustitución
pensional.

51. Para tales efectos, analizó las siguientes pruebas:

Al respecto, la Sala encuentra que: i) según el registro civil de matrimonio, el
6 de enero de 1977, Efraín Cortés Forero y Luz Marina González Ovalle se
casaron. Asimismo, en la parte inferior de este documento obra anotación
según la cual, entre los contrayentes hubo separación de cuerpos, según la
sentencia del «Tribunal Superior del Distrito de Boyacá»; ii) en virtud de lo
manifestado por Efraín Cortés Forero, el 4 de marzo de 2012, mediante oficio
enviado el 24 de febrero de ese año al administrador de la propiedad
horizontal en la cual vivía, y por sus hermanas Cándida Rosa Cortés Forero
y María Imelda Cortés Forero, el causante vivió solo los últimos años de su
vida; iii) según lo indicado por la demandante en la declaración extra proceso
del 27 de octubre de 2017, se separó judicialmente del causante, lo cual
narró en los siguientes términos: «convivimos por espacio de 13 años porque
nos separamos judicialmente, de manera indefinida, en agosto de 1986; nos
separamos de bienes en febrero de 1988 y nos reconciliamos en febrero de
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.
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1989; que durante la reconciliación nació Felipe Efraín Cortés González el 4
de octubre de 1993; que compartimos techo, lecho y mesa de forma estable
y sin interrupciones hasta junio de 2002».

52. También realizó un recuento de las normas aplicables y la evolución
jurisprudencial, e, igualmente, explicó los efectos jurídicos de la separación de
cuerpos de hecho y judicial, donde ratificó su postura, como se observa del
siguiente extracto de la sentencia cuestionada:

En ese sentido, cuando la separación de cuerpos es de hecho, los efectos
patrimoniales del vínculo matrimonial persisten y, en consecuencia, el
cónyuge no pierde el derecho a sustituir la prestación del pensionado
fallecido, mucho más cuando la separación de hecho ha sido justificada.

Sobre la justificación aludida se ha precisado que «[c]onforme a la
jurisprudencia constitucional y laboral, constituye justa causa de la
interrupción de la convivencia, entre otras, la fuerza mayor, impedimentos de
salud de alguno de los cónyuges o situaciones no imputables al cónyuge
supérstite, tales como escenarios “en los que el presunto beneficiario ha sido
sometido a maltrato físico o psicológico”».

En tales situaciones, y con el fin de proteger al cónyuge supérstite afectado
por el actuar del pensionado fallecido, se ha señalado que conserva su
derecho a la sustitución pensional, pues no fue su culpa la ruptura de la
convivencia.

Esta Corporación ha indicado que a efectos de determinar si el o la cónyuge
es beneficiaria del derecho a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución
pensional se requiere que la sociedad conyugal esté vigente, pues su
liquidación y disolución implicaría, en principio, la pérdida del derecho,
incluso aun cuando el vínculo matrimonial permaneciera activo, porque una
vez realizada la separación de bienes, los haberes del pensionado o afiliado
dejan de ser parte de la masa patrimonial que alguna vez conformaron. No
obstante, se ha admitido la posibilidad de reconocer el derecho, pese a la
liquidación y disolución de la sociedad conyugal, siempre que se pruebe la
convivencia con el causante durante los 5 años anteriores al fallecimiento,
considerando que tal escenario, no impide que la vida en común continúe.

En otras palabras, la disolución de la sociedad conyugal es una circunstancia
determinante para que se pierda el derecho que otorga la Ley 100 de 1993,
a menos de que se demuestre el apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la
comprensión y la vida en común durante los últimos 5 años a la muerte del
pensionado o afiliado, o, en su defecto, que pruebe que la sociedad conyugal
que se conformó, producto del matrimonio, no ha perdido los efectos
patrimoniales.

53. Con fundamento en lo anterior, explicó que, para efectos del
reconocimiento de la sustitución pensional del cónyuge supérstite, es necesario
que la sociedad conyugal se encuentre vigente, dado que su disolución y
liquidación implica la pérdida del derecho prestacional, o, en su defecto, que se
acredite el requisito de convivencia en los cinco años anteriores a la muerte.

54. Entonces, del análisis probatorio y jurídico, la Subsección B determinó que
existió un vínculo matrimonial, que fue disuelto mediante sentencia judicial de

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separación de cuerpos y que, de acuerdo con el artículo 1820 del Código Civil,
las partes no manifestaron su voluntad de mantener la sociedad conyugal:

De acuerdo con lo anterior se encuentra que, si bien entre la demandante y
el pensionado existió un vínculo matrimonial, este fue disuelto a través de la
sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito de Boyacá, con la que
se declaró la separación de cuerpos [según consta en el registro civil de
matrimonio], situación que se configura en una de las causales establecidas
en el artículo 1820 del Código Civil, según la el cual la sociedad conyugal se
disuelve: «2.) Por la separación judicial de cuerpos, salvo que fundándose
en el mutuo consentimiento de los cónyuges y siendo temporal, ellos
manifiesten su voluntad de mantenerla».

55. Por este motivo, encontró que a la señora Luz Marina González Ovalle no
era posible reconocerle la sustitución pensional, toda vez que, al momento del
fallecimiento del causante, la sociedad conyugal estaba disuelta por la
separación judicial de cuerpos, pues, no se manifestó la voluntad de mantenerla
y, tampoco acreditó que haya convivido con el señor Efraín Cortés Forero los
últimos 5 años previos a su muerte, ya que él vivía desde que cesó la convivencia
en el 2002.

56. Dicha conclusión, se fundó en la sentencia C-515 del 2019, en relación
con la cual la Subsección B expuso que:

En este sentido en el marco normativo se indicó que la Corte Constitucional
en la sentencia C-515 de 2019, al estudiar la constitucionalidad de la
expresión «con la cual existe la sociedad conyugal vigente» señaló que: «el
cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente mantiene en su
totalidad los efectos de orden patrimonial. Si bien existe una ruptura de la
cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de haber existido por lo
menos 5 años-, los cónyuges no han expresado su deseo de dar por
terminada su sociedad conyugal, al punto que preservan el vínculo
económico y los derechos que de este se derivan. Por otro lado, en el caso
del cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal disuelta, por decisión
libre de los cónyuges se extinguen los efectos patrimoniales del vínculo
matrimonial, aunado a la separación de hecho, por lo que, no existen en este
caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su calidad de
beneficiario».

Por lo anterior, esta Sala revocará la sentencia de primera instancia

57. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de relevancia constitucional puesto que la parte actora
presentó argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del trámite y,
con ello, reabrir la discusión en materia probatoria y legal sobre la procedencia
de que se le reconozca la pensión de sobrevivientes.

58. Además, si bien la actora en la tutela hace referencia a que la separación
judicial de bienes obedeció a los maltratos que recibió por parte del causante,
también se advierte que en la sentencia cuestionada se explicó que esta es una
justa causa en la separación de cuerpos de hecho, pero en el sub examine, hubo
separación judicial, como anteriormente se indicó en un extracto de la sentencia

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cuestionada:

En ese sentido, cuando la separación de cuerpos es de hecho, los efectos
patrimoniales del vínculo matrimonial persisten y, en consecuencia, el
cónyuge no pierde el derecho a sustituir la prestación del pensionado
fallecido, mucho más cuando la separación de hecho ha sido justificada.

Sobre la justificación aludida se ha precisado que «[c]onforme a la
jurisprudencia constitucional y laboral, constituye justa causa de la
interrupción de la convivencia, entre otras, la fuerza mayor, impedimentos de
salud de alguno de los cónyuges o situaciones no imputables al cónyuge
supérstite, tales como escenarios “en los que el presunto beneficiario ha sido
sometido a maltrato físico o psicológico”».

En tales situaciones, y con el fin de proteger al cónyuge supérstite afectado
por el actuar del pensionado fallecido, se ha señalado que conserva su
derecho a la sustitución pensional, pues no fue su culpa la ruptura de la
convivencia15.

59. En tales términos, se evidencia que la parte accionante, más allá de
proponer un debate que dé cuenta de la posible vulneración de una garantía
constitucional, en realidad, expone su discrepancia con lo decidido por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, al haber revocado la sentencia de la
Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le había
reconocido la sustitución pensional.

60. Además, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una decisión
judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos fundamentales,
no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el presupuesto
bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial medie un
ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al
alcance, contenido o goce de una garantía ius-fundamental.

61. Por último, es relevante indicar que, cuando se cuestiona una providencia
de un órgano de cierre, como lo es la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la procedencia es aún más excepcional y debe ser más
restrictivo el análisis del presupuesto bajo estudio.

2.2. Conclusión

62. Así las cosas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con el fin de declarar la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia.

15 Al respecto, se destaca que en las sentencias SU-056 de 2025, SU-108 de 2020, T-392 de

2016 y T-581 de 2019, todas de la Corte Constitucional, se precisó que la justa causa en la
separación de hecho no implica prescindir de la prueba de la permanencia del afecto, el auxilio
mutuo y económico, así como el acompañamiento espiritual, característico de la vida en pareja.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 21 de mayo del 2026 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó el amparo. En su lugar,
DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela sub examine.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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