Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02642-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02642-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02642-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
15 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02642-00
Accionantes: Salud Total EPS S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02642-00
Accionantes: Salud Total EPS S.A
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Primera-Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Relevancia constitucional – Improcedencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por Salud Total EPS S.A. contra del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección C y el
Juzgado 607 Administrativo Transitorio de Bogotá – hoy Juzgado 807 Administrativo
Transitorio de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Salud Total EPS S.A., por conducto de apoderada judicial1, interpuso acción de tutela
con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia 2, que estima vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección C y el
Juzgado 607 Administrativo Transitorio de Bogotá – hoy Juzgado 807 Administrativo
Transitorio de Bogotá.
Lo anterior, con ocasión del auto proferido por ese juzgado el 8 de agosto de 2025,
mediante el cual rechazó la demanda dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-33-33-607-
2025-00061-00/01, así como de la providencia del 22 de agosto de 2025, por medio
de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra dicha decisión.
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Poder conferido a la abogada Elizabeth Obando Charry. Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02642-00
Accionantes: Salud Total EPS S.A.
La parte accionante también atribuyó la vulneración de las referidas garantías
fundamentales a la providencia proferida el 24 de septiembre de 20253 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección C que, al resolver el
recurso de apelación formulado contra el proveído del 8 de agosto de 2025, confirmó
la decisión adoptada en primera instancia.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. El 31 de agosto de 2020, Salud Total EPS S.A. presentó demanda con el fin de
obtener el reconocimiento y pago de 116 recobros por servicios y tecnologías en salud
no POS, por valor de $71.501.687,54, junto con intereses moratorios o indexación
respectiva.
2.2. El conocimiento del asunto correspondió inicialmente al Juzgado Veintitrés
Laboral de Bogotá, autoridad que, mediante auto del 19 de noviembre de 2020, se
declaró incompetente y remitió el expediente a la Superintendencia Nacional de
Salud. Esta entidad promovió conflicto negativo de jurisdicción y envió el expediente a
la Corte Constitucional, Corporación que, mediante auto 1047 del 27 de julio de 2022,
se inhibió de resolverlo y remitió el asunto al Tribunal Superior de Bogotá-Sala
Laboral.
2.3. Posteriormente, mediante providencia del 8 de febrero de 2023, el referido
tribunal remitió el expediente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En
consecuencia, el asunto fue asignado al Juzgado Sesenta y Ocho Administrativo de
Bogotá, despacho que, por auto del 2 de febrero de 2024, adecuó la demanda al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho e inadmitió el libelo. Más
adelante, mediante auto del 12 de marzo de 2025, remitió el expediente al Juzgado
608 Administrativo Transitorio de Bogotá, en cumplimiento del Acuerdo CSJBTA25-14
del 5 de marzo de 2025.
2.4. El Juzgado 608 Administrativo Transitorio de Bogotá, mediante auto del 29 de
abril de 2025, declaró la indebida acumulación de pretensiones, escindió la demanda
y asumió el conocimiento respecto de la comunicación UTF2014-OPE-11692 del 7 de
abril de 2016, mientras que el resto se sometió a reparto.
2.5. El asunto relacionado con la comunicación UTF2014-OPE-14960 del 2 de
noviembre de 2016 fue asignado al Juzgado 607 Administrativo Transitorio de
Bogotá, bajo el radicado número 11001-33-33-607-2025-00061-00. Dicha autoridad
judicial, mediante auto del 13 de junio de 2025, requirió a la parte demandante para
que aportara el enlace que permitiera el acceso a unas pruebas documentales e
informara si, respecto de la mencionada comunicación, había formulado objeciones;
en caso afirmativo, debía allegar la respectiva respuesta.
3
A pesar de que la parte actora afirmó que la providencia fue proferida el 30 de septiembre de 2025, lo cierto es
que esa fecha corresponde a su notificación y realmente la decisión fue emitida el 24 de septiembre del mismo
año.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02642-00
Accionantes: Salud Total EPS S.A.
2.6. Con posterioridad, mediante auto del 8 de agosto de 2025, el mencionado
juzgado aplicó las reglas de transición fijadas en el auto 1942 de 2023 de la Corte
Constitucional y concluyó que el término de prescripción aplicable era de tres (3)
años, de conformidad con el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo. Precisó
que dicho término comenzó a contabilizarse a partir del oficio del 8 de noviembre de
2016, razón por la cual vencía el 9 de noviembre de 2019. En consecuencia,
determinó que la demanda presentada el 31 de agosto de 2020 se encontraba
prescrita.
2.7. La parte demandante interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de
apelación. Sostuvo que la prescripción no podía declararse de oficio, de conformidad
con lo previsto en el artículo 282 del Código General del Proceso y el numeral 3 del
artículo 175 del CPACA. Asimismo, alegó que el término prescriptivo se interrumpió
con la reclamación administrativa presentada el 5 de abril de 2019 y que debía
tenerse en cuenta la suspensión de términos derivada del Decreto 564 de 2020,
vigente entre el 16 de marzo y el 1.º de julio de 2020.
Adicionalmente, cuestionó la interpretación del artículo 73 de la Ley 1753 de 2015, al
señalar que el trámite de recobros no interrumpe la prescripción y que el análisis
debía efectuarse conforme a la jurisprudencia constitucional y a las normas laborales
aplicables.
2.8. El Juzgado 607 Administrativo Transitorio de Bogotá, mediante auto del 22 de
agosto de 2025, negó la reposición. Para tal efecto, reiteró la aplicación de las reglas
de transición fijadas por la Corte Constitucional y concluyó que el término de
prescripción no se interrumpió ni se suspendió en los términos alegados por la parte
demandante, al considerar que se trataba de un procedimiento especial que
culminaba con la última glosa formulada. Finalmente, concedió el recurso de
apelación.
2.9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección A,
mediante providencia del 8 de agosto de 2025, confirmó la decisión impugnada.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
Como pretensiones la parte actora solicitó lo siguiente:
“PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales indicados y que fueron
conculcados por EL JUZGADO 607 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE
BOGOTÁ y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B- ORAL – BOGOTÁ dentro del proceso
11001333360720250006101 - 11001333360720250006100 como consecuencia
de haber proferido las siguientes decisiones Auto del 08 de agosto de 2025, Auto
del 22 de agosto de 2025 y Auto del 30 de septiembre de 2025, que vulneraron los
derechos al debido proceso, Derecho a la salud, acceso a la administración de
justicia de Salud Total EPS S - S.A.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02642-00
Accionantes: Salud Total EPS S.A.
SEGUNDA: que como consecuencia del amparo solicitado se deje sin efectos las
providencias judiciales cuestionadas proferidas por EL JUZGADO 607
ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE BOGOTÁ y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B- ORAL – BOGOTÁ
notificada el mes de noviembre del mismo año, bajo radicado
11001333360720250006101 - 11001333360720250006100 y se ordene la
emisión de una nueva decisión que respete las garantías fundamentales
invocadas en la presente acción de tutela.
TERCERA: Que se adopten medidas necesarias para evitar que en el futuro para
evitar que en el futuro se repitan las vulneraciones a los derechos mencionados
en la presente acción de tutela”4.
Como fundamento de sus pretensiones, sostuvo que las autoridades judiciales
accionadas vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto no
aplicaron de manera coherente las reglas de transición fijadas por la Corte
Constitucional en los autos 389 de 2021 y 1942 de 2023, providencias en las cuales
se establecieron lineamientos específicos dirigidos a flexibilizar determinados
requisitos en las demandas tramitadas ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Precisó que dicha omisión adquiría especial relevancia frente al
análisis del presupuesto de caducidad, el cual, a su juicio, debía examinarse conforme
a las normas laborales aplicables.
Asimismo, afirmó que las autoridades accionadas desconocieron el derecho a la
igualdad y el principio de seguridad jurídica, al declarar la caducidad del medio de
control sin efectuar un análisis conforme a los criterios fijados por la Corte
Constitucional en los autos 389 de 2021 y 1942 de 2023, ni considerar las
disposiciones laborales relativas a la prescripción contenidas en el artículo 488 del
Código Sustantivo del Trabajo y en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social, la regulación de la reclamación administrativa prevista en el
artículo 4 de la Ley 712 de 2001 y las reglas sobre suspensión de términos judiciales
establecidas por los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura
Igualmente, indicó que se configuró un defecto sustantivo por dos razones. En primer
lugar, señaló que se desconoció lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del
Proceso, según el cual el juez no puede declarar de oficio la prescripción, dado que
esta constituye una facultad potestativa de las partes, quienes pueden alegarla
mediante las excepciones correspondientes o renunciar a ella. En segundo término,
afirmó que las autoridades accionadas omitieron aplicar los mandatos previstos en los
artículos 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social, relativos al cómputo e interrupción de la prescripción en
materia laboral, pese a que el auto 1942 de 2023 de la Corte Constitucional ordena
observar dichas disposiciones en asuntos como el examinado.
4. Trámite de tutela e intervenciones
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3FEA3CAB3DF87F24 1244868A2C82129F.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02642-00
Accionantes: Salud Total EPS S.A.
Mediante auto del 10 de abril de 2026 5, el Despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela; vinculó en calidad de tercera con interés a la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud-
ADRES; solicitó a las autoridades judiciales accionadas el envío del expediente del
proceso ordinario; ordenó la notificación a las partes y dispuso la suspensión de los
términos.
Una vez surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. La Juzgado 807 Administrativo Transitorio de Bogotá 6 explicó el trámite que
en su momento le impartió el Juzgado 607 Administrativo de Bogotá al proceso en el
que se profirieron las providencias aquí acusadas, a partir del cual solicitó negar las
pretensiones de amparo en razón a que la decisión judicial se encuentra debidamente
fundamentada tanto en la normatividad aplicable como en las reglas de transición
fijadas por la Corte Constitucional en los autos 389 de 2021 y 1942 de 2023.
4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección
C7 solicitó declarar la improcedencia de la acción, en tanto lo pretendido por la parte
accionante era debatir en sede de tutela aspectos procesales y jurídicos que
desbordan su ámbito de competencia
Indicó que las razones de hecho y de derecho que motivaron la decisión se
encuentran en la providencia cuestionada, “en la que se aplicaron las reglas de
transición dispuestas por la Corte Constitucional en el auto 1942 de 2023 a los
asuntos de recobros, específicamente la relativa a definir la oportunidad para
presentar la demanda según el término que debió tener en cuenta el Juez Laboral y
de la Seguridad Social, definido en el artículo 488 del C.S.T., de 3 años a partir de que
la respectiva obligación se haya hecho exigible, y descartó la aplicación de la
interrupción de que trata el artículo 489 ibidem y 151 del Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social por reclamación posterior porque las normas del
procedimiento especial de recobros consagran que el hito temporal inicial es la
comunicación de glosas y este juicio no se refiere a una reclamación de un
trabajador”8.
4.3. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud-ADRES9 sostuvo que la solicitud de amparo no cumplía con los
requisitos de relevancia constitucional, en tanto las providencias censuradas fueron
proferidas conforme a derecho, y por cuanto no se buscaba la corrección de un vicio
procesal, en consecuencia, requirió que se declare improcedente la tutela.
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8
Ibid.
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Índice 00014 del aplicativo SAMAI, certificado 0459038431D70C2F DB9295F307B047EE 7C433A275CF5E2D6
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02642-00
Accionantes: Salud Total EPS S.A.
Adicionalmente, sostuvo que tampoco se superaba el requisito de inmediatez por
haber transcurrido cerca de 7 meses entre la expedición del auto cuestionado y la
interposición de la solicitud de amparo.
De otra parte, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto no había
vulnerado ningún derecho fundamental de la parte accionante, pues, no era la
accionada ni había dictado las decisiones judiciales cuestionadas, por lo que no
existía fundamento legal para su vinculación en el presente trámite.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto
Salud Total EPS S.A. es la titular de los derechos fundamentales que afirma le fueron
vulnerados, en su condición de demandante dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-33-33-607-
2025-00061-00/01.
2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por
pasiva por cuanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-
Subsección C y el Juzgado 607 Administrativo Transitorio de Bogotá (hoy Juzgado
807 Administrativo Transitorio de Bogotá), fueron las autoridades que profirieron las
decisiones que, según la tutelante, vulneraron sus derechos fundamentales.
2.3. Antes de continuar con el análisis de los defectos invocados, la Sala pone de
presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas tanto en
primera, como en segunda instancia, circunscribirá su análisis a la providencia del 24
de septiembre de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Primera-Subsección C, por cuanto fue la providencia que puso fin a la
actuación.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
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Accionantes: Salud Total EPS S.A.
4. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200510 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela11 y otros de carácter específico, que tocan
con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto12.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional” 13.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
10
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de
tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios
antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de
fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que
se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que
generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el
fallo censurado no sea de tutela
12
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a)
Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o
sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución
Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en
el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02642-00
Accionantes: Salud Total EPS S.A.
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez
que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 14.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que
la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y
generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y
fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
14
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02642-00
Accionantes: Salud Total EPS S.A.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto15.
5. Caso concreto
La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. Del examen del escrito de tutela se observa que la parte actora cuestiona, en
esencia, la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Primera-Subsección C, al considerar que no se aplicaron las reglas de
transición fijadas por la Corte Constitucional en los autos 389 de 2021 y 1942 de 2023,
particularmente en lo relacionado con el análisis de la caducidad a la luz de las
normas laborales aplicables.
Asimismo, sostuvo que se configuró un defecto sustantivo, por cuanto las autoridades
judiciales accionadas declararon de oficio la prescripción, en contravía de lo dispuesto
en el artículo 282 del Código General del Proceso, y omitieron aplicar las
disposiciones laborales relativas al cómputo e interrupción de la prescripción.
5.2. Ahora bien, del análisis de la providencia cuestionada, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección C, se advierte que,
mediante auto del 24 de septiembre de 2025, la autoridad judicial arribó a las
siguientes conclusiones:
“La Sala concluye que el litigio planteado se encuentra inmerso dentro del
universo de asuntos a los que resultan aplicables las reglas de transición
dispuestas por la Corte Constitucional, específicamente la subregla b) del auto
1942 del 23 de agosto de 2023 para aplicar las reglas de transición, porque la
demanda se radicó ante la jurisdicción laboral y se encontraba en trámite al
momento de la expedición del auto 389 de 2021 y del auto 1942 de 2023,
posterior a ello se remitió a la jurisdicción contencioso administrativa y fue
inadmitida.
Con la apelación la parte actora argumenta que la prescripción no se declara de
oficio y que el término de tres años dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo
se interrumpió con la reclamación presentada el 5 de abril de 2019, así como con
la suspensión de términos producto de la pandemia.
Al respecto se precisa que el decreto de la prescripción de oficio se hace en el
marco de las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en los autos
389/21 y 1942/23 como presupuesto procesal.
De otra parte, en cuanto al cómputo de la prescripción, la Sala realizará el análisis
de oportunidad a partir de la verificación del término de prescripción que debió
15
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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tener en cuenta el Juez Laboral y de la Seguridad Social, como ordenó la Corte
Constitucional en las reglas de transición.
En ese marco se advierte que el análisis debe realizarse a partir de las
previsiones del Auto 1942/23 y del Código Sustantivo del Trabajo sin las
modificaciones introducidas por la Ley 2466 de 2025, pues la formulación de la
demanda fue anterior a su expedición.
Así, el artículo 488 del referido estatuto disponía que, “Las acciones
correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3)
años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible,
salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código
Procesal del Trabajo o en el presente estatuto”“16.
Sostuvo que el artículo 489 ibidem previó la posibilidad de interrumpir el referido
término de prescripción así:
“El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un
derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez,
la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al
señalado para la prescripción correspondiente.”
Explicó que, a su turno, el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social imponía lo siguiente:
“Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se
contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por
un lapso igual.”
En consecuencia, el tribunal concluyó:
“Por lo tanto, a partir de este auto la Sala unifica su criterio y concluye que el
término de prescripción no se interrumpe con una reclamación posterior a
la finalización del procedimiento administrativo especial de recobros.
Lo anterior debido a que, en primer lugar, las normas de ese procedimiento
administrativo especial consagran que el hito temporal inicial es la comunicación
de glosas; y en segundo lugar, porque este juicio no se refiere a una reclamación
del trabajador.
Con base en lo expuesto, en el presente asunto se encuentra acreditado que:
• La comunicación UTF2014-OPE-14960, acto administrativo demandado, se
notificó el 8 de noviembre de 2016, por lo tanto, el término de tres (3) años
contemplado en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo venció el 9 de
noviembre de 2019.
• Si bien la parte actora presentó una reclamación el 5 de abril de 2019 ella no
tiene la virtualidad de interrumpir la prescripción.
16
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 627000FC1BF9DAA2 46AC7CCF6B365775
49E1B817D86F34AA 5844A9F03F51C455.
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• La demanda fue radicada ante el juez laboral el 31 de agosto de 2020.
• La suspensión de términos judiciales por la pandemia, desde el 16 de marzo de
2020 hasta el 1º de julio de 2020, no tiene incidencia en este proceso porque el
término para demandar desde el 9 de noviembre de 2019.
Al margen se anota que la Subsección A de la Sección Primera, realiza la misma
interpretación, así17:
Precisa la Sala que la regla de transición relacionada con la contabilización de
la caducidad en estos asuntos remite a la aplicación del artículo 488 del Código
Sustantivo del Trabajo en el cual se dispone la regla general de la prescripción
de las acciones correspondientes a las acciones reguladas en dicho Código,
en los siguientes términos. (…)
En el presente caso, se solicitó la nulidad del Oficio No. UTF2014-OPE-13665
de 12 de agosto de 2016, mediante el cual se comunicaron los “resultados de
auditoría integral de recobros por tecnologías en salud no incluidas en el POS,
paquete 0516”, expedido por la UNION TEMPORAL FOSYGA 2014.
(…)
Este acto se notificó en forma personal, como se observa en el sello de
recibido por parte de la sociedad demandante SALUD TOTAL EPS S.A. el 17
de agosto de 2016.
(…)
La Sala precisa, en aplicación de las reglas de transición fijadas por la H. Corte
Constitucional en el Auto 1942 de 2023, que el término de caducidad del medio
de control se cuenta a partir del día siguiente al de la notificación del acto
acusado, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 1437 de 2011,
dado que este aspecto no fue modificado al momento de establecer la
flexibilización de dicho requisito.
(…)
Por lo tanto, el término de tres (3) años que señala la regla de transición fijada
por la H. Corte Constitucional, empezó a correr al día siguiente de aquél en el
que se surtió la notificación, esto es, el 18 de agosto de 2016 y venció el 18 de
agosto de 2019; y la demanda se presentó ante la Jurisdicción Ordinaria
Laboral el 17 de febrero de 2022. Es decir, vencido el término de prescripción
dispuesto en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.
(…)
Por lo tanto, tampoco le asiste razón en que el artículo 488 del Código
Sustantivo del Trabajo debe aplicarse en concordancia con el artículo 489 de
la misma norma, dado que allí se regula la interrupción de la prescripción en
los asuntos propios de dicha jurisdicción. Se recuerda que la flexibilización de
los requisitos procesales a la que alude la H. Corte Constitucional en el aparte
transcrito más arriba se aplica en el presente caso en cuanto al plazo para
acudir a esta jurisdicción”18.
5.3. En ese orden, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Primera-Subsección C sostuvo que el asunto debía resolverse conforme a
las reglas de transición fijadas por la Corte Constitucional en los autos 389 de 2021 y
1942 de 2023, para lo cual aplicó el término de prescripción de tres (3) años previsto
en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.
17
TAC., SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN “A”, Exp. No. 110013333609202500063-01. Auto de 28 de agosto
de 2025. MP: Dr. LUIS MANUEL LASSO LOZANO [cita textual]..
18
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Asimismo, explicó que dicho término debía contabilizarse a partir de la notificación del
acto administrativo, esto es, desde el 8 de noviembre de 2016, razón por la cual
vencía el 9 de noviembre de 2019. En consecuencia, concluyó que la demanda
presentada el 31 de agosto de 2020 resultaba extemporánea.
De igual manera, estableció que la reclamación administrativa radicada el 5 de abril
de 2019 no interrumpió el término de prescripción, por tratarse de un procedimiento
especial de recobros. Igualmente, precisó que la suspensión de términos judiciales
decretada con ocasión de la pandemia, entre el 16 de marzo y el 1.º de julio de 2020,
no incidía en el caso concreto, dado que el término prescriptivo ya había expirado
para ese momento.
Finalmente, la autoridad judicial accionada unificó su criterio en el sentido de precisar
que, en esta clase de asuntos, la prescripción no se interrumpe con reclamaciones
formuladas con posterioridad a la culminación del trámite administrativo y reiteró que
el cómputo del término inicia a partir de la notificación del acto administrativo. Con
fundamento en ello, concluyó que la acción se encontraba prescrita.
Pues bien, los elementos expuestos en precedencia permiten inferir con claridad que
el debate planteado en este asunto fue examinado por el juez natural de la causa, a
partir de una valoración expresa de los supuestos fácticos y de las disposiciones
normativas y jurisprudenciales aplicables al caso concreto. Asimismo, no se advierte
que la decisión cuestionada hubiere sido adoptada de manera caprichosa o arbitraria,
ni carente de fundamentación jurídica suficiente, o que durante el trámite del proceso
ordinario se hubieren vulnerado los derechos fundamentales invocados por la parte
actora.
5.4. Por el contrario, se observa que la parte accionante omitió estructurar sus reparos
constitucionales, esto es, a partir de la identificación concreta de los defectos que
habilitan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Tal circunstancia evidencia que su inconformidad se circunscribe a un
debate de mera legalidad, sin que se haya desplegado un esfuerzo argumentativo
dirigido a demostrar la vulneración de derechos fundamentales.
Sobre este punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa
y explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se
requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter
arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que
permitan al juez constitucional advertir tal vulneración 19.
19
Sentencia SU215 de 2022.
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Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención
de lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera
vulnerados y eleve su argumentación a rango constitucional.
5.5. En este punto, se pone de presente que la controversia propuesta por la parte
accionante se circunscribe a un debate de interpretación meramente legal, al haberse
cimentado en que el operador judicial del proceso ordinario aplicó de forma
equivocada las normas que gobernaban su caso y lo dispuesto por la Corte
Constitucional en el Auto 1942 de 23 de agosto de 2023, pues, en su sentir, si bien se
hizo alusión a las normas de carácter laboral, no se tuvieron en cuenta para efectos de
la contabilización de la caducidad, además que se ignoró que la prescripción no
puede ser declarada de oficio, pues constituye una facultad potestativa de las partes
del proceso la solicitud de su configuración. De igual forma, porque no se consideró la
dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura, respecto a la suspensión de
términos por efectos del Estado de Emergencia provocado por el Covid-19.
5.6. Así las cosas, con base a los argumentos esbozados por parte de la autoridad
accionada resulta claro que la parte actora pretende imponer su interpretación sobre
las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como reiterar su
discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en el
trámite del proceso primigenio.
En efecto la acción de tutela formulada está encaminada a continuar con el debate
surtido en el trámite de instancia, toda vez que reitera argumentos de índole legal y
probatorio desarrollados en el marco de esta, sin esbozar las razones concretas por
las cuales el derecho fundamental invocado fue vulnerado con la providencia atacada,
lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada
se sustenta en el principio de autonomía judicial.
Cabe recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y
entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de
una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique,
como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una
instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 20, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 21.
20
SU-215 de 2022.
21
Ibid.
13
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Accionantes: Salud Total EPS S.A.
Así las cosas, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado, por no superar el
requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta Salud
Total EPS S.A. contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-
Subsección C y el Juzgado 607 Administrativo Transitorio de Bogotá – hoy Juzgado
807 Administrativo Transitorio de Bogotá., por no superar el requisito de relevancia
constitucional, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF
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