Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02646-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02646-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02646-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02646-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
11 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-02646-001
Accionante : Terra Express SAS
Accionado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección “A”
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial – auto que rechaza demanda
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada
por Terra Express SAS contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A y el Juzgado 45 Administrativo de Bogotá, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a
la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. La parte accionante, por conducto de apoderado, interpone acción de tutela con el fin
de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, al expedir el auto del
5 de febrero de 2026 que confirmó la decisión de rechazo de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesta contra el Ministerio de Transporte.
1 Expediente electrónico disponible en SAMAI.
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3. Como consecuencia de ello, solicita: «(…) oriéntese los términos en que se expida decisión que
garantice el derecho fundamental vulnerado y en su lugar se ORDENE la admisión de la demanda y el
decreto de las medidas cautelares pedidas dentro del proceso referido en la declaración primera anterior,
con la orden de GARATIZAR la adecuación del debido proceso sin EXCESO RUTUAL MANIFIESTO y
asegure así el de ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de mi patrocinada, como garantía de
su real derecho de defensa».
1.3 Hechos2.
4. Del confuso escrito de tutela, la Sala extrae que la Sociedad Terra Express SAS está
legalmente constituida con domicilio principal en Bogotá y tiene por objeto social la
prestación del servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades. A dicha sociedad
le fue otorgada habilitación para la prestación del servicio público terrestre automotor
especial con radio de acción nacional mediante Resolución 2115 del 1.º de junio de 2001
por parte de la Dirección Territorial de Cundinamarca del Ministerio de Transporte.
5. Con el fin de preservar la habilitación, el 23 de febrero de 2018, la Sociedad aportó
ante dicha entidad los documentos señalados en el artículo 2.2.1.6.4.1. del Decreto 1079
de 2015 modificado por el Decreto 431 de 2017.
6. La Dirección Territorial de Cundinamarca del Ministerio de Transporte hizo un
requerimiento el 10 de diciembre de 2019, de conformidad con el artículo 17 de la Ley
1347 de 2011, el cual fue atendido por la sociedad el 16 de enero de 2020.
7. No obstante, la entidad decretó el desistimiento de la habilitación mediante Resolución
20203040032555 del 23 de diciembre de 2020, acto administrativo que no fue notificado
al correo electrónico oficial y registrado ante la entidad
(gerencia.terraexprres@gmail.com), sino que, fue enviado al correo electrónico
terraexpress@hotmail.com el 28 de diciembre de 2020 y quedó en firme el 13 de enero
de 2021 sin que se interpusiera recurso alguno.
8. Una vez la sociedad tuvo conocimiento de la existencia de las resoluciones
20203040032555 del 2020 y 202242500055845 de 2022 mediante las cuales se declaró
desistido el trámite y se canceló la habilitación, respectivamente, el 16 de marzo del 2023
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, aduciendo haberse notificado
por conducta concluyente en la misma fecha en que presentó los recursos.
2 Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico, índice 2.
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9. Mediante Resolución 20234250047285 del 2 de noviembre de 2023, el director
territorial Cundinamarca Amazonas del Ministerio de Transporte rechazó los recursos de
reposición y apelación contra la Resolución 20224250055845 del 15 de septiembre de
2022. Contra esta decisión interpuso recurso de queja que, igualmente, fue rechazado
mediante la Resolución 20243040034925 del 29 julio de 2024.
10. Contra los anteriores actos administrativos, promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. El Juzgado 45 Administrativo de Bogotá la inadmitió a
través de auto del 6 de junio de 2025, con el propósito de que la parte accionante la
subsanara en el sentido de: (i) adecuar las pretensiones de la demanda, ya que no
individualizó el acto principal; (ii) determinar, clasificar y numerar los hechos de la
demanda; (iii) detallar a profundidad el concepto de violación; (iv) realizar la estimación
razonada de la cuantía; y (v) acreditar que agotó el requisito de procedibilidad de
conciliación extrajudicial.
11. El juzgado rechazó la demanda, al considerar que la sociedad accionante no subsanó
la demanda, en tanto, no aportó el acta de conciliación prejudicial como requisito de
procedibilidad; decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca a través de providencia del 5 de febrero de 2026.
12. La sociedad expone que dicha decisión desconoce «el HECHO REAL expuesto desde la
misma petición de la medida cautelar y debidamente probado, que la actuación de la ENTIDAD PÚBLICA
demandada IMPIDIÓ el ejercicio de los recursos en contra de las resoluciones que causaron la declaración
de DESISTIMIENTO DEL PEDIDO DE MANTENER LA HABILITACIÓN, y el consecuente DECRETO DE
CANCELACIÓN DE LA HABILITACIÓN de la modalidad de servicio de transporte especial que se le ordenó
a la actora, RAZÓN y esencia de la demanda y por ende del pedido de la cautela». Agrega que, «(…),
el artículo 67 de la precitada ley 2220 del 2022, en su parágrafo 3 establece una EXCEPCIÓN para esa
regla general, que remite para el proceso contencioso administrativo a las reglas para ese tipo de trámite:
“PARÁGRAFO 3o. En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas
cautelares se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como
requisito de procedibilidad. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto al respecto para los asuntos contencioso
administrativo”».
13. Asimismo, señala que, no se aplicó la excepción establecida en el numeral 2.º del
artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, que, en su entender, conducía a establecer que,
como la entidad no le permitió agotar los recursos en sede administrativa, no era exigible
el requisito de conciliación.
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II. TRÁMITE PROCESAL
14. Por satisfacer los requisitos formales, el Despacho sustanciador, a través de auto del
14 de abril de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se ordenó
notificar al Juzgado 45 de Bogotá, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A y al Ministerio de Transporte, en los términos del artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestación de la acción
15. El Juzgado 45 Administrativo de Bogotá describió las actuaciones surtidas dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por Terra Express SAS y
precisó que, la demanda se inadmitió para que la parte accionante subsanara varias
falencias advertidas por ese Despacho. Dentro del término correspondiente, la parte
actora aportó escrito de subsanación de la demanda; no obstante, una vez estudiando
el memorial aportado, a través de auto de 6 de junio de 2025 advirtió que la parte
demandante no había acreditado el requisito previo de procedibilidad de la conciliación
extrajudicial, y que, contrario a lo afirmado por ella en su escrito, la presentación de
medidas cautelares sin contenido patrimonial, como la de suspensión provisional de
actos administrativos, no exime del requisitos de procedibilidad. Esa decisión fue
confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección A, a través de proveído de 5 de febrero de 2026.
16. Por lo anterior, solicitó que, se declare la improcedencia de la presente acción de
tutela o, si es del caso, denegar la acción constitucional en contra del Juzgado, por
cuanto, no se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales fijados por la Corte Constitucional, la cual, ha sido
reiterativa en señalar que este mecanismo solo es viable de manera excepcional, cuando
la parte accionante dispuso oportunamente los mecanismos ordinarios de defensa, tales
como, recursos, aclaraciones, nulidades o incidentes propios de la ejecución de
sentencias, sin que se pueda utilizar la tutela como instancia adicional para reabrir el
debate procesal ya concluido.
17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección A,
por conducto de la magistrada ponente de la decisión cuestionada, se opuso a la
prosperidad de la acción de tutela, para lo que argumentó que las razones que dieron
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origen a la providencia de rechazo están debidamente sustentadas en la ley, por lo que,
esta no es violatoria de los derechos fundamentales de la accionante.
18. El Ministerio de Transporte pidió que se declare la improcedencia de la acción de
tutela frente a dicha entidad, toda vez que, la presunta vulneración de derechos se le
atribuye a la actuación judicial adelantada por el Juzgado 45 Administrativo de Bogotá y
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
19. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.
3.2 La acción
20. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico
21. Se contrae a determinar si es procedente, a través de la acción de tutela, examinar
el eventual quebranto del derecho fundamental que pueda comportar el auto del 5 de
febrero de 2026 mediante el cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A confirmó el rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento
interpuesta por Terra Express SAS contra el Ministerio de Transporte, por haber
incurrido, presuntamente, en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales
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22. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional3 y de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado4, es posible acudir a la acción
de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se han
estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos
de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del
marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
23. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
24. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal
3 Sentencia C-590 de 2005.
4 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García
González.
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fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión
que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
25. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la sociedad
accionante, con ocasión del supuesto defecto procedimental en que incurriera el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al rechazar la demanda; (ii) contra la decisión objeto de
censura no procede recurso alguno; (iii) aunque la demanda de tutela es confusa, la Sala
logra identificar con meridiana claridad los hechos que originaron el supuesto quebranto
de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la
medida en que ni siquiera han transcurrido más de 6 meses desde la expedición de la
providencia cuestionada (5 de febrero de 2026); y (v) la determinación acusada no es de
tutela.
26. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del
asunto bajo la causal específica denominada defecto procedimental invocada por los
accionantes.
3.5. Defecto procedimental
27. Se precisa que puede presentarse en dos modalidades: (i) absoluto, cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido, y
(ii) por exceso ritual manifiesto, que ocurre cuando «[…] hay una renuncia consciente de la
verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas
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procesales»5, es decir, se privilegian aspectos formales sobre el derecho sustancial, lo que
afecta la garantía de acceso a la administración de justicia6.
28. La Corte Constitucional, en sentencias SU-195 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de
2007, ha dicho que en la causal por defecto procedimental deben concurrir los siguientes
elementos: (i) que no se pueda corregir la irregularidad por otra vía; (ii) que el defecto
procesal afecte directamente la decisión acusada de vulnerar derechos constitucionales
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada, salvo que las propias
circunstancias del caso lo impidieran; (iv) que como consecuencia de lo anterior, se
vulneran garantías superiores7; y (v) que no puede ser atribuible al afectado el
desconocimiento del procedimiento que se arguye8.
29. Resulta oportuno anotar que la aludida Corporación9 también ha indicado que el
defecto procedimental de carácter absoluto se configura cuando el juez no observa las
formas propias de cada juicio, bien sea porque sigue uno ajeno al autorizado (actúa por
fuera de sus competencias), lo que implica exigir trámites o requisitos que no
corresponden, u omite adelantar etapas procesales en desconocimiento del principio de
legalidad y, por ende, del derecho fundamental al debido proceso de las partes
intervinientes.
30. En el presente caso, la Sociedad accionante sostiene que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al
proferir el auto del 5 de febrero de 2026 que confirmó el rechazo de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta contra el Ministerio de Transporte.
31. Al efecto, sostiene que, al proceder con el rechazo de la demanda, se desconoció el
artículo 161, numeral 2 del CPACA que dispone que, cuando la administración no hubiere
dado la oportunidad de interponer los recursos procedentes, este requisito no será
exigible para acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
situación que ocurrió en este asunto, puesto que el Ministerio de Transporte no le notificó
adecuadamente la Resolución 20203040032555 del 23 de diciembre de 2020 mediante
la cual, decretó el desistimiento de la habilitación.
5
Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
6
Sentencia T-386 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
7
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8
Al respecto, ver las sentencias T-538 de 1994, SU-478 de 1997, T-654 de 1998 y T-781 de 2011, entre otras.
9
Sentencias SU-159 de 2002, T-996 de 2003 y T-363 de 2013 de la Corte Constitucional, entre otras.
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32. Con el fin de desatar el reproche del accionante, es relevante remitirse a las
actuaciones surtidas en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurado por Terra Express SAS.
33. Se tiene, entonces, que el Juzgado 45 Administrativo de Bogotá, a través de auto del
11 de abril de 2025, inadmitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con
el fin de que la sociedad subsanara los siguientes defectos:
«1. El apoderado del demandante deberá adecuar las pretensiones de la demanda, ya que solo
hace alusión a la nulidad de una serie de resoluciones, pero no individualizó el acto principal. Pues
se recuerda que cuando se pretenda la nulidad del acto administrativo, este se debe individualizar
con toda precisión, si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán
demandados los actos que lo resolvieron (artículo 163 del C.P.A.C.A.), pero no pasa lo mismo si
solo se demanda el acto que resuelve los recursos.
2. Según lo previsto en el numeral 3 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, el actor deberá
determinar, clasificar y numerar los hechos del proceso, como quiera que en el escrito presentado
no están ordenados y hace referencia a fundamentos de derecho y jurisprudencia que no son
propios de esta figura.
3. La parte actora deberá detallar en profundidad el concepto de violación, en lo relacionado a
señalar si los actos administrativos demandados se encuentran con infracción a las normas en que
debían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa, o mediante falta motivación, o con desviación de las atribuciones propias de
quien las profirió y explicar en debida forma y a profundidad el por qué se configura la causal de
nulidad, de conformidad con el numeral 4 del artículo 162, en armonía con el artículo 137 del
C.P.A.C.A.
4. Deberá hacer la estimación razonada de la cuantía, de conformidad con el numeral 6 del artículo
162 del C.P.A.C.A., en armonía con el artículo 157 de la misma normatividad.
5. De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 161 del C.P.A.C.A., el extremo
actor deberá acreditar que agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. El
agotamiento del requisito de procedibilidad es de obligatorio cumplimiento para acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
6. Acredite que comunicó por medio electrónico el escrito de subsanación al demandado conforme
lo dispone el numeral 8 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011.»
34. La parte demandante allegó un memorial en el que pretendió subsanar los defectos
advertidos. No obstante, el Juzgado, a través de auto del 6 de junio de 2025, rechazó la
demanda, por las siguientes razones:
«Sin embargo, a la fecha se tiene que, una vez vencido el término consagrado en el artículo 170 del
C.P.A.C.A., la parte demandante no acreditó el requisito previo de procedibilidad de conciliación
extrajudicial, por cuanto, contrario a lo afirmado por la parte actora, la presentación de medidas
cautelares sin contenido patrimonial, como la de suspensión provisional de actos administrativos no
exime del requisito de procedibilidad. Así las cosas, en tanto la demandante no cumplió con la carga
procesal impuesta por el Despacho en el auto del 19 de julio de 2024, se dará aplicación al numeral
2 del artículo 169 de la Ley 1437 de 2011 y se rechazará la demanda.»
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35. Contra esa determinación interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, a través de providencia del 5 de febrero de 2026, confirmó lo resuelto
por el A-quo:
«El Juzgado Cuarenta y Cinco (45) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, D.C., rechazó la
demanda al considerar que la parte demandante no subsanó en debida forma el defecto advertido
en auto inadmisorio de fecha 11 de abril de 2025, esto es, aportar la constancia de conciliación
extrajudicial. Por lo que la Sala entrará a analizar si dicha decisión se ajustó a derecho.
El artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, establece:
“[…] ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR. La presentación de la
demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:
1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá
requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a
nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.
El requisito de procedibilidad será facultativo en los asuntos laborales, pensionales, en los
procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la Ley 1551 de 2012, en los procesos en que
el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial, en relación con el medio de
control de repetición o cuando quien demande sea una entidad pública. En los demás asuntos
podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente
prohibida.
Cuando la Administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o
fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de conciliación.
2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido
y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en
relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto. Si las
autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos
procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral.
3. Cuando se pretenda el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo, se requiere la constitución en renuencia de la demandada en los términos del
artículo 8o de la Ley 393 de 1997.
4. Cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la
reclamación prevista en el artículo 144 de este Código.
5. Cuando el Estado pretenda recuperar lo pagado por una condena, conciliación u otra forma
de terminación de un conflicto, se requiere que previamente haya realizado dicho pago. […]”
En concordancia con la citada norma el inciso primero del artículo 89 de la Ley 2220 de 2022,
establece:
“[…] ARTÍCULO 89. ASUNTOS SUSCEPTIBLES DE CONCILIACIÓN EN MATERIA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. En materia de lo contencioso administrativo serán
conciliables todos los conflictos que puedan ser conocidos por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, siempre que la conciliación no esté expresamente prohibida por la ley. […]”.
A su vez, el artículo 92 ibidem, dispone:
“[…] ARTÍCULO 92. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL COMO REQUISITO DE
PROCEDIBILIDAD. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación
extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen
pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y
controversias contractuales.
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En la conciliación extrajudicial en asuntos laborales y de la seguridad social, se dará
aplicación a lo previsto en los incisos 4 y 5 del artículo 89 de la presente ley.
La ausencia del agotamiento del requisito de procedibilidad dará lugar al rechazo de
plano de la demanda por parte del juez de conocimiento.
En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando
no se encuentre expresamente prohibida.
Con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en el trámite de
conciliación extrajudicial contencioso administrativa se deberá aumentar, profundizar y hacer
eficiente y eficaz el aprovechamiento de los datos, con la finalidad de generar valor social y
económico, en el marco de lo establecido en la Ley 1581 de 2012.
PARÁGRAFO. La conciliación será requisito de procedibilidad en los eventos en que ambas
partes sean entidades públicas. […]” (Texto en negrilla y subrayado por la Sala).
36. Después de efectuar el anterior contexto normativo, desarrolló cada uno de los
reparos formulados en el recurso de apelación, de la siguiente forma:
«Se destaca que la demanda se presentó el día 18 de diciembre de 2024 10, fecha para la cual ya se
encontraba en vigor la Ley 2220 de 202211. Ahora bien, en relación con el primer argumento alegado
por el recurrente relativo a la excepción establecida en el numeral 2.° del artículo 162 de la Ley 1437
de 2011, norma que dispone:
“[…] ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR. La presentación de la
demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:
1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá
requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a
nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.
El requisito de procedibilidad será facultativo en los asuntos laborales, pensionales, en los
procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la Ley 1551 de 2012, en los procesos en
que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial, en relación con el medio
de control de repetición o cuando quien demande sea una entidad pública. En los demás
asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre
expresamente prohibida.
Cuando la Administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o
fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de conciliación.
2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse
ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El
silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente
el acto presunto.
Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los
recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral. […]”.
(Texto en negrilla y subrayado por la Sala).
Resulta pertinente destacar que, la excepción contenida en el referido numeral aplica únicamente
para la interposición de los recursos cuando la autoridad administrativa no hubiera dado la
oportunidad de interponerlos, más no sobre el requisito previo de la conciliación extrajudicial,
escenario jurídico diferente al refutado por la parte demandante.
Con respecto al segundo argumento esbozado en el recurso de apelación atinente a que no es
necesario agotar el requisito de procedibilidad por la naturaleza del acto administrativo demandado,
se pone de presente que el nuevo estatuto de conciliación Ley 2220 de 2022, establece que la
10
Cfr. Correo de radicación de la demanda visible en archivo núm. 001 del expediente digital.
11
“[…] Por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones. […]”.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02646-00
Accionante: Terra Express SAS
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “A”
conciliación extrajudicial es requisito de toda demanda en la que se formulen pretensiones relativas
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que no se puede omitir el
cumplimiento de dicha carga.
Ahora bien, el acto administrativo demandado es de carácter particular y concreto puesto que
impuso la sanción únicamente sobre la sociedad demandante por lo que no existe un interés general
como se alega en el recurso de alzada, en ese sentido, resultaba procedente la exigencia de dicho
requisito.
Finalmente, en relación con el último argumento concerniente a que no se debía agotar el requisito
de la conciliación extrajudicial por cuanto se presentó una solicitud de medida cautelar consistente
en la suspensión provisional del acto demandado, se observa que en escrito separado de la
demanda se solicitó medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo
demandado; no obstante, dicha solicitud no permite obviar el cumplimiento de dicho requisito de
procedibilidad.
En relación con este aspecto, se pone de relieve que, el H. Consejo de Estado en Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés en
providencia de fecha 6 de octubre de 2017, con radicado núm. 25000-23-41-000-2015-00554-01,
puntualizó:
«[…] Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos a un fin,
susceptibles de estimación económica […]», lo que nos lleva a indicar que cuando el artículo
613 del CGP se refiere a las medidas cautelares de carácter patrimonial se está refiriendo a
medidas que directa e inmediatamente afectan el patrimonio de las personas naturales o
jurídicas que deben soportarlas. […] Conforme a lo expuesto, es un hecho cierto que el
estudio del carácter patrimonial de la medida cautelar solicitada con la cual se pretende obviar
el requisito de procedibilidad de la conciliación administrativa, debe realizarse en concreto,
conforme lo solicitado en la demanda. Sin embargo, esta Sala, por las razones expuestas,
encuentra que dicho análisis no puede llevarse a cabo cuando se trata de la medida de
suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, pues la misma no
tiene una naturaleza patrimonial. […]”. (Texto en negrilla y subrayado por la Sala).
Del análisis sistemático de las normas y del extracto jurisprudencial citado en precedencia se
concluye que en el presente asunto si era necesario acreditar el cumplimiento del requisito de
procedibilidad consistente en conciliación prejudicial, toda vez que, el caso sub iudice no se
encuentra dentro de las excepciones legales establecidas para omitir el agotamiento del mismo.
Por los anteriores argumentos, se confirmará la providencia de fecha seis (6) de junio de 2025,
proferida por el Juzgado Cuarenta y Cinco (45) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, D.C,
mediante el cual se rechazó la demanda por no aportar el requisito de conciliación extrajudicial».
37. De lo anterior, se colige que, la sociedad accionante puso de presente en el recurso
de apelación los mismos argumentos que expone en la presente acción de tutela y, sobre
los cuales, el Tribunal se pronunció de manera detallada.
38. De una parte, el Tribunal estableció que, la excepción de que trata el artículo 161,
numeral 2 del CPACA no exime del agotamiento del requisito de procedibilidad de
conciliación prejudicial, sino, del agotamiento de los recursos en sede administrativa.
39. Este argumento, en consideración de esta Sala, es razonable y está plenamente
ajustado al contenido de la norma, que, al respecto, indica lo siguiente:
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02646-00
Accionante: Terra Express SAS
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “A”
ARTÍCULO 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá
al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:
(…)
2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y
decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación
con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.
Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos
procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral.
40. Es claro, entonces, que la excepción a la que hace referencia el artículo citado
consiste en que no es necesario acreditar el agotamiento de los recursos en sede
administrativa en aquellos eventos en los que la administración no hubiera permitido su
interposición, pero no exime del agotamiento del requisito de conciliación prejudicial.
41. Así pues, este argumento no tiene vocación de prosperidad, toda vez que, el análisis
efectuado por el Tribunal se adecúa al contenido de la norma invocada, sin que, de este
se desprenda algún asomo de arbitrariedad.
42. De otra parte, el Tribunal sostuvo que, la Ley 2220 de 2022 tampoco eximía a la
sociedad accionante del agotamiento del requisito de procedibilidad como lo sugirió en
el recurso de apelación, pues, por el contrario, dicha norma dispone que la conciliación
extrajudicial es requisito de toda demanda en la que se formulen pretensiones relativas
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
43. Sobre este aspecto, esta Sala observa que la Ley 2220 de 2022, en sus artículos 92
y 93, dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 92. Conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. Cuando
los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito
de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad
con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.
En la conciliación extrajudicial en asuntos laborales y de la seguridad social, se dará
aplicación a lo previsto en los incisos 4 y 5 del artículo 89 de la presente ley.
La ausencia del agotamiento del requisito de procedibilidad dará lugar al rechazo de plano
de la demanda por parte del juez de conocimiento.
En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no
se encuentre expresamente prohibida.
Con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en el trámite de
conciliación extrajudicial contencioso administrativa se deberá aumentar, profundizar y
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02646-00
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hacer eficiente y eficaz el aprovechamiento de los datos, con la finalidad de generar valor
social y económico, en el marco de lo establecido en la Ley 1581 de 2012.
ARTÍCULO 93. Asuntos en los cuales es facultativo el agotamiento de la conciliación
extrajudicial en materia contencioso administrativa. Será facultativo agotar la
conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa, en los procesos ejecutivos
diferentes a los regulados en la Ley 1551 de 2012, o la norma que la modifique o sustituya,
en los procesos en que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial,
en relación con el medio de control de repetición o cuando quien demande sea una entidad
pública, salvo cuando sea obligatorio de acuerdo con el parágrafo del artículo 92 de la
presente Iey.
44. Al respecto, la Sala observa que, la excepción prevista en el artículo 93 de la Ley
2220 de 2022 tampoco aplicaba al caso de la accionante, en tanto, esta se refiere a que
la conciliación prejudicial no será exigible como requisito para demandar en aquellos
eventos en los que se soliciten medidas cautelares de carácter patrimonial, situación que
no ocurrió en el asunto bajo examen.
45. En suma, la Sala observa que, lo que plantea la sociedad accionante, además de
coincidir con los reparos expuestos en el recurso de apelación que íntegramente resolvió
el Tribunal, no encuadra dentro de las excepciones que permiten obviar el requisito de
conciliación prejudicial para acudir a la jurisdicción, lo que evidencia con claridad que lo
pretendido es activar una tercera instancia en la que se adopte una determinación
favorable a lo que pretende, lo que es ajeno a la naturaleza subsidiaria y residual de la
acción de tutela.
46. Por lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al confirmar el rechazo de la demanda no adolece del
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto invocado; por el contrario, obedece a
la aplicación de las normas procesales que regulan la materia sin que ello pueda
considerarse como arbitrario o caprichoso.
IV. DECISIÓN
47. Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto no se
configura el defecto procedimental alegado por la parte accionante, por lo que, se negará
la solicitud de amparo constitucional formulada.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02646-00
Accionante: Terra Express SAS
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “A”
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de tutela formulada por Terra Express SAS contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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