Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02648-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02648-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02648-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
7 de mayo de 2026
Demandante: Javier Gómez Díaz
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 11001-03-15-000-2026-02648-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02648-00
Demandante: JAVIER GÓMEZ DÍAZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Temas: Tutela de fondo. Ejercicio de la profesión de abogado.
Declara la improcedencia por no cumplir el requisito de la
subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la
Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591
de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Petición de amparo constitucional
El señor Javier Gómez Díaz presentó acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, al trabajo, a la igualdad, al libre
desarrollo de la personalidad y a la protección especial al adulto mayor.
La parte accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales
pues la exigencia de acreditar la aprobación del examen de Estado para
abogados le impide ejercer su profesión, pese a haber culminado su
formación académica y contar con experiencia.
Asimismo, solicitó como medida de protección inmediata y transitoria que se
le permita el ejercicio condicionado de la profesión mientras se resuelve de
fondo su situación.
1.2. Pretensiones
1. Que se amparen mis derechos fundamentales a la dignidad
humana, igualdad, trabajo y protección como adulto mayor.
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Demandante: Javier Gómez Díaz
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
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2. Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura realizar un
análisis particular de mi situación, teniendo en cuenta:
i. Mi edad (67 años)
ii. Mi formación académica completa
iii. Mi experiencia práctica
iv. Mi enfoque social del ejercicio profesional
3. Que, como medida de protección, se autorice de manera
transitoria o excepcional el ejercicio de la profesión o se establezca un
mecanismo alternativo de habilitación.
4. Que se ordene la revisión del impacto de la Ley 1905 de 2018 en
personas en condición de especial protección constitucional.
5. Que se ordene una medida de protección inmediata y transitoria
que permita el ejercicio condicionado de la profesión mientras se resuelve
de fondo mi situación
1.3. Hechos
Sostuvo que es abogado titulado, graduado el 1° de agosto de 2025, luego
de haber cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos por el Ministerio
de Educación Nacional, así:
a) Aprobación de diez (10) semestres académicos
b) Consultorio jurídico
c) Prácticas en Fiscalía General de la Nación como conciliador
d) Prácticas en notaría y entidades sociales
e) Aprobación de preparatorios
f) Diplomado en medicina forense
g) Trabajo de investigación jurídica
Expuso que, posteriormente, en cumplimiento de la Ley 1905 de 2018 1,
presentó el examen de idoneidad exigido para ejercer la profesión de
abogado, en el cual obtuvo un puntaje del 46%, sin alcanzar el mínimo
requerido del 55% para acceder a la tarjeta profesional.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, al trabajo, a la igualdad, al libre desarrollo de la
personalidad y a la protección especial al adulto mayor, al considerar que la
1 Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de
abogado.
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exigencia de acreditar la aprobación del examen de Estado para abogados le
impide ejercer su profesión, pese a haber culminado su formación académica
y contar con experiencia.
Adujo que tal exigencia le genera una afectación grave en su vida personal,
familiar y social, pues es objeto de descalificación, estigmatización e incluso
rechazo profesional, ya que lo han tratado de «tinterillo», a pesar de su
formación académica completa y pese a que se trata de una persona de 67
años de edad, que es sujeto de especial protección constitucional y que su
motivación para estudiar dicha carrera fue el servicio social, especialmente
en favor de personas de escasos recursos.
Consideró que la exigencia de este examen, aplicada de manera rígida,
desconoce su trayectoria académica, experiencia práctica y condición de
adulto mayor y le genera una barrera desproporcionada para el ejercicio de la
profesión.
Indicó que, por lo anterior, la entidad demanda debe valorar su situación
particular, autorizar de manera transitoria o excepcional el ejercicio de la
profesión o establecer un mecanismo alternativo de habilitación, así como
adoptar medidas inmediatas que le permitan ejercer de manera condicionada
mientras se resuelve de fondo su caso.
1.5. Trámite de la solicitud de tutela
Mediante auto del 15 de abril de 2026, se admitió la demanda y, en
consecuencia, se dispuso la notificación de los magistrados que integran el
Consejo Superior de la Judicatura, así como del director de la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
Asimismo, se denegó la medida cautelar solicitada por la parte accionante
puesto que de los hechos que sustentaron la tutela no se advirtió una
amenaza inminente a los derechos fundamentales invocados.
1.6. Contestación
1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia
Esta entidad se opuso a la prosperidad de la acción de tutela pues consideró
que es improcedente por no cumplir con el presupuesto de la subsidiariedad
porque el accionante ni siquiera ha solicitado ante dicha unidad la inscripción
en el Registro Nacional de Abogados o la expedición de la tarjeta profesional.
Destacó que la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo
alternativo para suplir trámites que el propio interesado no ha adelantado, ni
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en una vía para obtener, de manera anticipada, una habilitación profesional
sin haber agotado los procedimientos establecidos.
Agregó que, de superarse tal requisito, la demanda tampoco puede prosperar
puesto que el planteamiento del actor sobre su trayectoria académica,
experiencia y condición de adulto mayor, ignora que el ordenamiento jurídico,
el cual establece condiciones objetivas de acceso al ejercicio profesional que
no pueden ser exceptuadas por la administración.
Recordó que la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-128
de 2024, consideró que el examen de Estado constituye un mecanismo
legítimo de verificación de la idoneidad profesional, orientado a garantizar la
calidad y probidad en el ejercicio de la abogacía.
Aclaró que, según el reporte remitido por la Corporación Universitaria
Remington, el actor culminó las materias correspondientes al programa
académico el 1° de junio de 2024, por lo que, en su condición de egresado,
se encontraba habilitado para inscribirse a las aplicaciones 2024-II y 2025-I.
Indicó que, a pesar de ello, no lo realizó y solo se presentó hasta la
aplicación 2025-II, es decir, un año después, sin alcanzar el puntaje mínimo
exigido.
Agregó que el accionante desconoce que, con la inscripción en el Registro
Nacional de Abogados estaría habilitado para desarrollar actividades
jurídicas distintas a la representación de terceros, sin inaplicar la Ley 1905 de
2018, mandato legal avalado constitucionalmente.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia,
en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si a la parte accionante le vulneraron sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, al trabajo, a la igualdad, al
libre desarrollo de la personalidad y a la protección especial al adulto mayor
con la exigencia de acreditar la aprobación del examen de Estado para
abogados, pues ello le impide ejercer su profesión, pese a haber culminado
su formación académica y contar con experiencia.
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A efectos de resolver el anterior planteamiento, de manera preliminar se
abordarán los siguientes temas: (i) procedencia de la acción de tutela y (ii) el
caso concreto.
2.3. De la procedencia de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar
ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales
siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el
Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 2, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado (subsidiariedad).
2.4. Del derecho a la libertad de escoger profesión u oficio
El artículo 26 de la Constitución Política consagra el derecho a la libertad de
escoger la profesión y oficio en los siguientes términos:
ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La
ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de
libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.
Para la sala es importante resaltar que el alcance y contenido de este
derecho no solo implica la potestad de escoger profesión, sino también la
posibilidad real de ejercer la labor u oficio para la cual la persona se ha
preparado. Los fundamentos de esta garantía constitucional son los derechos
fundamentales al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y a la
igualdad. Así se pronunció la Corte Constitucional al declarar exequibles las
disposiciones que regulan la licencia profesional para los topógrafos:
El derecho a escoger profesión u oficio es una derivación directa del
derecho al trabajo. Por ende, el razonamiento expuesto se aplica también
al derecho consagrado en el artículo 26 de la Carta. Se trata tanto de un
2 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.
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elemento estructural del sistema constitucional, como de un derecho
subjetivo que despliega una especial eficacia vinculante frente al poder
público. De otra parte, si bien la Constitución garantiza el derecho a
escoger profesión u oficio, lo cierto es que tal derecho se vería lesionado
si de él no se dedujera el derecho a ejercer la profesión u oficio escogido,
en condiciones de libertad e igualdad, dentro de los parámetros de la
Constitución…
En similar sentido, el tribunal constitucional determinó lo siguiente al estudiar
una tutela presentada por la Universidad Nacional de Colombia contra el
Consejo Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, en vista de
que no les estaba expidiendo la licencia profesional a sus egresados:
…Como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades la jurisprudencia de
esta Corporación, la libertad de escoger profesión u oficio, reconocida en
el artículo 26 de la Carta, se sitúa en el marco del derecho al trabajo, en
relación directa con otros derechos como el libre desarrollo de la
personalidad o la igualdad. Y no sólo comprende el ámbito volitivo que
supone la liberalidad en la escogencia, sino que se proyecta, como es
apenas lógico, en la facultad de ejercer la actividad en la que se ha
recibido formación3.
De las anteriores citas jurisprudenciales se puede advertir que el derecho a
escoger profesión u oficio comprende dentro de su contenido mínimo la
potestad de elegir la actividad económica a la que la persona se quiere
dedicar para lograr los objetivos de su proyecto de vida, sino también la
posibilidad real de ejercer y practicar dicha actividad.
Es importante resaltar que el mismo artículo 26 de la Constitución también
establece que la ley puede exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de
ciertas profesiones. El fundamento de esta exigencia no es otra cosa que
reconocer que el ejercicio de algunas actividades profesionales implica un
riesgo social. Por tal motivo, es necesario que el Estado pueda constatar que
las personas que las ejercen son idóneas para prestar estos servicios a la
comunidad.
2.5. Del trámite de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de
abogado
El ejercicio de la profesión se encuentra regulado en el Decreto 196 de 1971
– Estatuto del Ejercicio de la Abogacía. El artículo 4° de ese cuerpo
normativo estableció que, para poder ejercer dicha labor, es necesario estar
inscrito como abogado4. A su vez, el artículo 155 del mencionado decreto
3 Corte Constitucional, sentencia T-701 de 2005.
4«ARTÍCULO 4°. Para ejercer la profesión se requiere estar inscrito como abogado, sin
perjuicio de las excepciones establecidas en este Decreto».
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ordena que luego de la inscripción se debe expedir tarjeta profesional y el
artículo 22 de la misma normativa establece que esta se debe exhibir cuando
se actúe como apoderado judicial6.
Es decir, en Colombia la tarjeta profesional de abogado tiene una marcada
relevancia, pues para el ejercicio de la labor como apoderado judicial es
necesario que quien pretenda actuar bajo esa calidad, exhiba ese
documento, con el cual se acredita la calidad y la autenticidad del título,
como se explicó en el numeral anterior.
En este punto, conviene señalar que mediante la Ley 1905 de 2018, el
Congreso de la República expidió una serie de disposiciones relacionadas
con el ejercicio de la profesión de abogado. Así, en el artículo 1° se señala lo
siguiente:
ARTÍCULO 1. Para ejercer la profesión de abogado, además de los
requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá
acreditar certificación de aprobación del Examen de Estado que para el
efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ).
Se entenderá aprobado el Examen de Estado cuando el resultado supere
la media del puntaje nacional de la respectiva prueba. En el resultado
individual de cada examen, el CSJ señalará la representación porcentual
del puntaje obtenido sobre la media nacional.
PARÁGRAFO 1. Si el egresado o graduado no aprueba el examen, se
podrá presentar en las siguientes convocatorias que señale el CSJ hasta
tanto obtenga el porcentaje mínimo exigido.
PARÁGRAFO 2. La certificación de la aprobación del Examen de Estado
será exigida por el Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que
haga sus veces para la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado.
Para ser representante de una persona natural o jurídica para cualquier
trámite que requiera un abogado, será necesario contar con la tarjeta
profesional de abogado, que solo se otorgará a quienes hayan aprobado
el examen. Para las demás actividades no se requerirá tarjeta
profesional.
…
5
«ARTÍCULO 15. En firme la providencia que decrete la inscripción se comunicará al
Ministerio de Justicia para que incluya al interesado en el Registro Nacional de Abogados,
expida la Tarjeta Profesional y publique la inscripción, a costa del interesado, en la Gaceta
del Foro, o en su defecto, en un periódico de circulación nacional».
6
«ARTÍCULO 22. Quien actúe como abogado deberá exhibir su Tarjeta Profesional al iniciar
la gestión, de lo cual se dejará testimonio escrito en el respectivo expediente. Además, el
abogado que obre como tal, deberá indicar en todo memorial el número de su tarjeta. Sin el
cumplimiento de estas formalidades no se dará curso a la solicitud».
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La Corte Constitucional estudió dos demandas de inconstitucionalidad
interpuestas contra la Ley 1905 del 2018. Así, en la sentencia C-138 del
2019, el tribunal constitucional consideró que el hecho de exigir la
presentación de un examen estatal a las personas que vayan a ejercer como
abogados no es una exigencia contraria a la Carta Política, debido a la
trascendencia social del ejercicio de dicha profesión a la que se ha hecho
alusión en esta providencia. A tal efecto, la alta corporación dijo lo siguiente:
De esta forma, en desarrollo del artículo 26 Superior (libertad de escoger
profesión u oficio), en el caso de la abogacía le es dado al legislador
exigir títulos de idoneidad, toda vez que, dicha profesión implica un riesgo
social. Ello es así, justamente, porque la conducta individual del abogado
se encuentra vinculada a la protección del interés general o común, de
manera que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión,
puede proyectarse negativamente sobre la efectividad de diversos
derechos fundamentales de terceros, como la honra, la intimidad, el buen
nombre, el derecho a la defensa y el acceso a la administración de
justicia, así como también, poner en entre dicho la vigencia de principios
constitucionales de interés general, orientadores de la función
jurisdiccional, tales como la eficacia, la celeridad y la buena fe.
Luego, la citada corte en la sentencia C-594 del 2019 declaró la exequibilidad
condicionada de inciso 1º y los parágrafos 1 y 2 del artículo 1º de la Ley 1905
del 2018 en el entendido de que el requisito de aprobar el examen de Estado
es exigible únicamente al graduado que pretenda desarrollar la profesión por
medio de representación de otras personas (abogacía en estricto sentido) y
soliciten el trámite de expedición de la tarjeta profesional.
Para iniciar el proceso de implementación de la Ley 1905 de 2018 y
garantizar los derechos de los abogados sujetos a esta ley, el Consejo
Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA22-11985 del 29 de
agosto de 2022, por el cual se establecen normas para la expedición de la
tarjeta profesional de abogado y se dictan otras disposiciones, acto en el que
se establecía lo siguiente:
ARTÍCULO 2°. REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA
PROFESIONAL DE ABOGADO. Para la inscripción y expedición de la
Tarjeta Profesional de Abogado, el interesado deberá presentar ante la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura, por los medios dispuestos para tal fin,
el formulario único para múltiples trámites totalmente diligenciado, a
través del proceso de preinscripción en línea desde la página
web https://sirna.ramajudicial.gov.co junto con los siguientes documentos:
…
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e. Certificación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura que
acredita la aprobación del Examen de Estado ordenado por la
Ley 1905 de 2018.
El anterior acto fue derogado por el Acuerdo PCSJA24-12162 del 9 de abril
de 2024, por el cual se establecen normas para la inscripción en el Registro
Nacional de Abogados, expedición de la tarjeta profesional de abogado y se
dictan otras disposiciones, el cual estableció lo siguiente:
Artículo 11 Transitorio. Tarjeta profesional con anotación de vigencia
provisional. El abogado destinatario de la Ley 1905 de 2018 podrá
solicitar, sin la acreditación de aprobación del Examen de Estado para
Abogados, el trámite de registro y expedición de la tarjeta profesional de
abogado, la cual contendrá la denominación “Provisional” y tendrá
vigencia hasta la publicación final de los resultados de la prueba aplicada
el 26 de mayo de 2024.
Parágrafo. El abogado con tarjeta profesional con anotación de vigencia
provisional que haya aprobado el Examen de Estado para Abogados
señalado en la Ley 1905 de 2018, podrá solicitar la expedición de la
tarjeta profesional de abogado sin anotación de provisionalidad, para lo
que deberá adelantar el trámite de cambio descrito en el artículo 6 de
este Acuerdo.
Artículo 12. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación en la Gaceta de la Judicatura y deroga el Acuerdo PCSJA22-
11985 de 2022 y demás disposiciones que le sean contrarias.
Finalmente, la Corte Constitucional con la sentencia SU-128 de 2024, precisó
lo siguiente:
G) La relevancia del Examen de Estado como herramienta para
mejorar la calidad en el ejercicio de la abogacía y fortalecer la
probidad de los abogados en un Estado Social de Derecho
…
146. En conclusión, el Examen de Estado creado por la Ley 1905 de
2018 encuentra su justificación en la relevancia social de la profesión de
abogado y el riesgo que implica su ejercicio. En esa medida, el Examen
constituye un mecanismo encaminado a mejorar la calidad en el ejercicio
de la abogacía y a fortalecer la probidad de los abogados, y su aplicación
deberá contribuir al progreso de la formación jurídica en Colombia y a la
consecuente mejora en el acceso de los ciudadanos a la administración
de justicia. En últimas, la creación de este examen por parte del
Legislador refuerza la idea, que aquí se ha expuesto, de reconocer en la
educación jurídica el sustrato para la realización de los valores y
principios propios de un Estado Social de Derecho.
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H) La tarjeta profesional de abogado y su evolución normativa en
Colombia
…
157. El recorrido mostrado hasta aquí evidencia que la tarjeta
profesional de abogado, como sustituto del carné de inscripción
profesional, tuvo su origen en el Decreto 196 de 1971 que además previó
otras dos categorías de documento, la licencia provisional y la licencia
temporal. Ninguna de estas categorías se corresponde con la tarjeta
profesional provisional creada por el C. S. de la J. mediante el Acuerdo
PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022, luego derogado por el
Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024 que también previó dicha
categoría de tarjeta en el artículo 11 transitorio. Con la creación de la
tarjeta profesional provisional, el C. S. de la J. buscó remediar la situación
de los graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018, ante su
imposibilidad de acreditar la aprobación del Examen de Estado ordenado
por dicha ley y cuya primera aplicación aún no se ha realizado.
2.6. Caso concreto
El señor Javier Gómez Díaz presentó acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, al trabajo, a la igualdad, al libre
desarrollo de la personalidad y a la protección especial al adulto mayor.
La parte accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales al
exigirle acreditar la aprobación del examen de Estado para abogados, lo que
le impide ejercer su profesión, pese a haber culminado su formación
académica y contar con experiencia.
Por tanto, el actor pretende que a través de esta acción de tutela se autorice
de manera transitoria o excepcional el ejercicio de la profesión o se
establezca un mecanismo alternativo de habilitación respecto del resultado
que obtuvo en el examen de idoneidad, el cual realizó para poder ejercer
como abogado, pues obtuvo un puntaje de 46% y no del 55% que era el
mínimo requerido, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1905 de 20187.
Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia se opuso a la prosperidad
de la acción de tutela pues considera que es improcedente por no cumplir el
presupuesto de la subsidiariedad y porque tampoco existe vulneración
alguna con la exigencia dispuesta en mencionada norma.
Particularmente, la entidad demandada precisó que el accionante: i) no ha
7 Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de
abogado.
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solicitado ante dicha unidad la inscripción en el Registro Nacional de
Abogados o la expedición de la tarjeta profesional, ii) ignora que el
ordenamiento jurídico establece condiciones objetivas de acceso al ejercicio
profesional que no pueden ser exceptuadas por la administración y, iii) que
pese a que se encontraba habilitado para inscribirse a las aplicaciones 2024-
II y 2025-I, no lo realizó y solo se presentó hasta la aplicación 2025-II, sin
alcanzar el puntaje mínimo exigido.
Así las cosas, debe indicarse que la Ley 1905 del 28 de junio de 2018, por la
cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de
abogado, señaló que para ejercer dicha profesión será necesario acreditar la
aprobación del Examen de Estado para Abogados, requisito que solamente
«se aplicará a quienes inicien la carrera de derecho después de su
promulgación».
De igual manera, el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 1905 de 2018
especificó que «[p]ara ser representante de una persona natural o jurídica
para cualquier trámite que requiera un abogado, será necesario contar con la
tarjeta profesional de abogado, que solo se otorgará a quienes hayan
aprobado el examen. Para las demás actividades no se requerirá tarjeta
profesional.»
A su vez, el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PCSJA24-
12162 de 20248 estableció en su artículo 1° que para ejercer la profesión de
abogado se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Abogados.
De igual manera, en dicho acuerdo se estipuló el trámite para la inscripción
en el Registro Nacional de Abogados y el de la expedición de tarjeta
profesional de abogado, en sus artículos 2 y 3. El registro es un mecanismo
idóneo y eficaz para el acceso al ejercicio de la profesión, el cual permite
desarrollar actividades jurídicas, aunque no como representante de terceros
o para el ejercicio del litigio, pues para esto último sí se requiere la
expedición de dicho documento.
En el presente asunto, se encuentra que el actor no demostró haber
adelantado el trámite para la inscripción en el Registro Nacional de
Abogados, el cual no requiere de la aprobación del examen de Estado
exigido en la Ley 1905 de 2018, tal y como se puede observar del contenido
del artículo 2 del precitado acuerdo, así:
Artículo 2. Trámite para la inscripción en el Registro Nacional de
Abogados. La inscripción en el Registro Nacional de Abogados se
solicitará ante el Consejo Superior de la Judicatura-URNA, por los medios
8 Por el cual se establecen normas para la inscripción en el Registro Nacional de Abogados,
expedición de la tarjeta profesional de abogado y se dictan otras disposiciones.
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Demandante: Javier Gómez Díaz
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Rad: 11001-03-15-000-2026-02648-00
dispuestos para tal fin en la página Web https://sirna.ramajudicial.gov.co,
y el interesado deberá remitir los siguientes documentos:
a. Formulario de inscripción al Registro Nacional de Abogados totalmente
diligenciado.
b. Copia legible, por ambas caras, de la cédula de ciudadanía o cédula
de extranjería vigente o permiso por protección temporal (PPT) vigente.
c. Copia legible del acta de grado. Cuando el título haya sido otorgado
por universidades extranjeras, se requiere del documento que acredite la
convalidación expedida por el Ministerio de Educación Nacional o la
autoridad competente y la fecha de grado corresponderá a la de
expedición del documento de convalidación del título.
Parágrafo. Una vez se realice la inscripción la URNA emitirá el certificado
de inscripción, el cual podrá ser descargado por el abogado, la
ciudadanía o las autoridades, en la página Web
https://sirna.ramajudicial.gov.co
Parágrafo transitorio. Este trámite podrá realizarse a partir de la fecha de
publicación de resultados definitivos de la primera aplicación del Examen
de Estado para Abogados que se realizará en el primer semestre de
2024.
Por lo que, frente a dicho reproche la acción de tutela se torna improcedente
por no cumplir el requisito de la subsidiariedad, puesto que no es la vía
judicial para remplazar las gestiones administrativas que corresponden a un
trámite reglado y que son propias de la parte interesada, en este caso, del
demandante.
Asimismo, debe indicarse que, la Corte Constitucional en la sentencia C-594
de 2019 precisó que exclusivamente deberán acreditar la presentación y
aprobación el examen de Estado para abogados quienes soliciten el trámite
de expedición de tarjeta profesional, cuyo trámite se encuentra previsto en el
artículo 3° del Acuerdo PCSJA24-12162 de 20249, así:
Artículo 3. Trámite de expedición de tarjeta profesional de abogado. El
abogado inscrito en el Registro Nacional de Abogados que haya iniciado
su carrera de derecho después del 28 de junio de 2018 y que apruebe el
Examen de Estado para Abogados de la Ley 1905 de 2018, podrá
solicitar la expedición de la tarjeta profesional de abogado.
Los abogados inscritos a quienes no les aplica la Ley 1905 de 2018,
podrán solicitar la tarjeta profesional de abogado sin el requisito del
Examen de Estado para Abogados.
9 Por el cual se establecen normas para la inscripción en el Registro Nacional de Abogados,
expedición de la tarjeta profesional de abogado y se dictan otras disposiciones.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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El trámite de la tarjeta profesional se hará ante la URNA, por los medios
dispuestos para tal fin en la página Web https://sirna.ramajudicial.gov.co,
remitiendo los siguientes documentos:
a. El formulario único para múltiples trámites totalmente diligenciado.
b. Copia legible a color, por ambas caras, de la cédula de ciudadanía o
cédula de extranjería vigente o permiso por protección temporal (PPT)
vigente.
c. Una (1) fotografía digital reciente tipo documento con registro de frente,
fondo azul, preferiblemente en formato JPG, JPEG, PNG o BMP.
d. Copia legible del acta de grado. Cuando el título haya sido otorgado
por universidades extranjeras, se requiere el documento que acredite la
convalidación expedida por el Ministerio de Educación Nacional o la
Autoridad competente, y la fecha de grado corresponderá a la de
expedición del documento de convalidación del título.
e. Recibo de consignación por el valor establecido y vigente para la
expedición de la tarjeta profesional de abogado.
Parágrafo 1. El usuario deberá realizar el proceso de preinscripción en
línea desde la página Web https://sirna.ramajudicial.gov.co, para
descargar el formulario único para múltiples trámites.
Parágrafo 2. El abogado, la ciudadanía o las autoridades podrán
descargar el certificado de vigencia de la tarjeta profesional de abogado
en la página Web https://sirna.ramajudicial.gov.co.
Parágrafo 3. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia - URNA- del Consejo Superior de la Judicatura verificará el
reporte de fecha de inicio y de grado de la carrera de derecho que la
institución de educación superior remita.
De modo que, la acción de tutela tampoco es la vía judicial para ordenar una
medida de protección inmediata y transitoria que permita el ejercicio
condicionado de la profesión de abogado, sin contar con la expedición de la
tarjeta profesional, como lo pretende el accionante, puesto que se trata de un
trámite reglado que debe ser gestionado por la parte interesada.
En efecto, para cuestionar lo dispuesto en normas de rango legal –como la
Ley 1905 de 2018- o acuerdos emitidos por la autoridad demandada para la
implementación de dicha ley –como lo es el Acuerdo PCSJA24-12162 de
2024 existen en el ordenamiento jurídico otros mecanismos de defensa, tales
como las demandas de constitucionalidad, así como el medio de control de
nulidad, respectivamente.
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Por lo expuesto, tampoco se observa la configuración del perjuicio
irremediable que el actor sustentó en su edad, el trabajo y su dignidad,
puesto que la exigencia de la tarjeta profesional no es una «barrera
desproporcionada» ni le impide su derecho al trabajo en actividades jurídicas
que no requieran de tal documento.
Por consiguiente, se declarará improcedente la acción de tutela puesto que la
parte actora no acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
señor Javier Gómez Díaz, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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