Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02649-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02649-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02649-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
21 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02649-00
Accionante: AGENCIA DE ADUANAS GLOBALCO S.A.S. NIVEL 2
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTROS
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente por no cumplir el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la Agencia de Aduanas Globalco
S.A.S. Nivel 2 contra el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena, el
Tribunal Administrativo de Bolívar y la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La Agencia de Aduanas Globalco S.A.S. Nivel 2, a través de apoderado judicial,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a: i) las providencias de 9 de
febrero de 2023 y 27 de junio de 2025, proferidas por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Cartagena, el Tribunal Administrativo de Bolívar,
respectivamente dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con número de radicación 13001-33-33-005-2020-00015-00/02 y ii) la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN por la expedición de las
Resoluciones 1172 de 14 de mayo y 5741 de 8 de agosto de 2019.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
13001-33-33-005-2020-00015-00/02, contra la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN, en la cual solicitó:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Agencia de Aduanas Globalco S.A.S. Nivel 2
“[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad y restablecimiento del derecho según lo
establecido en el artículo 85 del CPACA, de la sanción de Liquidación Oficial de
Corrección No. 001172 del 14 de mayo de 2019, expedido por la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá, través de la División de Gestión de
Liquidación Aduanera, confirmada con la Resolución que resuelve un recurso
de reconsideración No. 005741 de agosto 08 de 2019, también de la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá.
SEGUNDO: Conjuntamente con lo anterior DECLARAR que es nulo todo el
proceso administrativo sancionatorio que origino la atacada resolución.
TERCERO: ORDENAR a la NACIÓN-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN, la
devolución de los dineros, o bien que resulten pagados o embargados al
poderdante o cualquier otra persona en su nombre, en el evento del inicio y
trámite de proceso de jurisdicción coactiva que pudiera ser ejecutado conforme
a la resolución cuya nulidad se solicita.
CUARTO: DISPONER, a manera de reparación y pago de perjuicios, que sobre
las sumas liquidadas conforme al numeral anterior la NACIÓN-UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES-DIAN efectué (sic) el correspondiente ajuste
monetario teniendo en cuenta la pérdida del valor adquisitivo.
QUINTO: DISPONER que la NACIÓN-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN, dicte
la resolución respectiva para dar cumplimiento a la sentencia que sea dictada
dentro de los términos establecidos en el artículo 195 del Código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo […]”. [Negrilla
del texto]
2.2. Afirmóque el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Cartagena, autoridad judicial que, mediante sentencia
de 9 de febrero de 2023, negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Señaló que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y el Tribunal
Administrativo de Bolívar mediante sentencia de 27 de junio de 2025 confirmó la
decisión supra.
2.4. Consideró que la providencia mencionada vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra por haber incurrido en un defecto sustantivo y en un
desconocimiento del precedente judicial.
2.5. Como fundamento del defecto sustantivo señaló que “[…] nada más incierto pues
la vigencia de una norma no depende de su reglamentación, sino, de su sanción y
para le (sic) fecha de la expedición de las Resoluciones sancionatorias, ya se
encontraba en vigor el Decreto 390 de 2106, además, el literal b del artículo 02 del
Decreto 390 de 2016 el cual hace referencia al principio de FAVORABILIDAD era
de obligatorio cumplimiento para el Juez, el cual no tiene la potestad de cambiar a
capricho la voluntad de la norma. No tuvo en cuanta (sic) la Honorable Sala de
Decisión No. 6 del Tribunal Administrativo de Bolívar el principio de
FAVORABILIDAD de la ley aduanera toda vez que para la fecha de la notificación
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de la Resolución No. 5741 de 08 de agosto de 2019, se encontraba vigente el
Decreto 390 de 2016 violando de forma flagrante los Derechos Constitucionales al
DEBIDO PROCESO y ACCESO A LA ADMONISTRACIÓN (sic) DE JUSTICIA.
[…]”.
2.6. Sobre el desconocimiento del precedente judicial señaló “[…] el sentir de la
Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado respecto al principio de
FAVIRABILIDA (sic) es claro e imperativo y no le permite al sentenciador hacer
erogaciones personales frente a este principio, motivo por el cual en Sentencia del 24
de octubre de 2019 dictada por la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado,
hace énfasis en la preponderancia del principio de favorabilidad en materia
sancionatoria. En el caso que nos ocupa, ni el Aquo y al Adquem tuvieron en cuenta
el principio de Favorabilidad de la Ley aduanera, el cual no es facultativo para el
sentenciador, sino, de obligatorio cumplimiento toda vez que el mismo se encuentra
elevado a principio constitucional inmerso en el alma del Derecho Constitucional del
DEBIDO PROCESO […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: sírvanse honorables Magistrados del Consejo de Estado,
TUTELAR los Derechos Constitucionales Al DEBIDO PROCESO y ACCESO A
LA ADMIONISTRACIÓN (sic) DE JUSTICIA de mis defendidos.
SEGUNDA: en consecuencia de lo anterior, sírvanse Honorables Magistrados
del Consejo de Estado, DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de Segunda
Instancia dictada por la Sala de Decisión Sexta (6°) del Tribunal Administrativo
de Bolívar el día 27 de junio de 2025 en resolución de Recurso de Apelación
dentro del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
individualizado mediante el radicado No. 13.001.33.33.005.2020.00015.01
TERCERA: sírvanse Honorables Magistrados del Consejo de Estado,
ORDENAR a la Sala de Decisión Sexta (6°) del TRIBUNAL ADMINISTRAVO
(sic) DE BOLÍVAR, EMITIR un nuevo fallo REVOCATORIO de la Sentencia de
primera instancia dictada el día 09 de febrero de 2023 por el Juzgado Quinto
Administrativo de Cartagena en proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho individualizado con el radicado No. 13.001.33.33.005.2020.00015.00
CUARTA: sírvanse Honorables Magistrados del Consejo de Estado UNIFICAR
concepto jurídico frente a la dicotomía entre el Decreto 2685 de 1999 y el
Decreto 390 de 2016 para evitar futuras incongruencias en los fallos de los
Tribunales Administrativos del País […]”. [Negrilla del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 29 de abril de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la presente acción de tutela y negó la solicitud de medida provisional.
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V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se allegaron
los siguientes informes:
5.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar señaló que no se cumple con el requisito
de relevancia constitucional, comoquiera que no puede entenderse satisfecho con
la mera afirmación que se “desconoció pérdida de oportunidad de obtener
indemnización”, o que se vulneraron derechos fundamentales sin que lo decidido
tenga esa entidad, alcance o efectos.
5.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena solicitó declarar
improcedente la acción constitucional, en la medida que “[…] Pretender usar la tutela
como una tercera instancia para imponer una interpretación particular trastoca la
naturaleza misma del mecanismo constitucional, resultando estrictamente relevante
para la causa, el hecho de que la decisión objeto de cuestionamiento fue adoptada
haciendo uso de la autonomía judicial que garantiza la Constitución y la ley,
encontrándose todas las razones de hecho y de derecho vertidas en la
correspondiente providencia […]”.
5.3. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN solicitó su
desvinculación de la acción constitucional y declarar improcedente la acción de
tutela, en la medida que “[…] La tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, pues: (i) la controversia planteada no versa realmente sobre la
vulneración del debido proceso o del acceso a la administración de justicia, sino
sobre una discrepancia de carácter legal relacionada con la vigencia, aplicación
temporal e interpretación del Decreto 390 de 2016 frente al Decreto 2685 de 1999;
(ii) el demandante pretende reabrir, por vía constitucional, una discusión que ya fue
estudiada y resuelta por los jueces naturales dentro del proceso contencioso
administrativo. En consecuencia, la acción de tutela se utiliza indebidamente como
una tercera instancia para insistir en argumentos propios del debate ordinario […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
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080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se resolverá,
resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal
presentada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
9. En el caso objeto de estudio, se observa que la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN es accionada en la acción de tutela y fue parte demandada dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm.
13001-33-33-005-2020-00015-00/02, por lo tanto, la Sala considera que le asiste el
interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional.
10. Por lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
11. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 9 de febrero de 2023 y 27 de junio de 2025, proferidas por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena y el Tribunal Administrativo
de Bolívar. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia de 27 de junio de
2025, proferida en segunda instancia por el Tribunal, vulneró los derechos
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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fundamentales de la parte accionante porque esta decisión fue la que finiquitó la
litis.
12. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
13. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
14. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
15. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
9
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial , la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
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absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
20. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
21. La Agencia de Aduanas Globalco S.A.S. Nivel 2, a través de apoderado judicial,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a: i) las providencias de 9 de
febrero de 2023 y 27 de junio de 2025, proferidas por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Cartagena, el Tribunal Administrativo de Bolívar,
respectivamente dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con número de radicación 13001-33-33-005-2020-00015-00/02 y ii) la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN por la expedición de las
Resoluciones 1172 de 14 de mayo y 5741 de 8 de agosto de 2019.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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22. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
23. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.
14
24. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales , el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.
25. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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26. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02649-00
Accionante: Agencia de Aduanas Globalco S.A.S. Nivel 2
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
27. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.
28. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.
29. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
por haber incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo y en un
desconocimiento del precedente judicial.
30. Como fundamento del defecto sustantivo señaló que “[…] nada más incierto pues
la vigencia de una norma no depende de su reglamentación, sino, de su sanción y
para le (sic) fecha de la expedición de las Resoluciones sancionatorias, ya se
encontraba en vigor el Decreto 390 de 2106, además, el literal b del artículo 02 del
Decreto 390 de 2016 el cual hace referencia al principio de FAVORABILIDAD era
de obligatorio cumplimiento para el Juez, el cual no tiene la potestad de cambiar a
capricho la voluntad de la norma. No tuvo en cuanta (sic) la Honorable Sala de
Decisión No. 6 del Tribunal Administrativo de Bolívar el principio de
FAVORABILIDAD de la ley aduanera toda vez que para la fecha de la notificación
de la Resolución No. 5741 de 08 de agosto de 2019, se encontraba vigente el
Decreto 390 de 2016 violando de forma flagrante los Derechos Constitucionales al
DEBIDO PROCESO y ACCESO A LA ADMONISTRACIÓN (sic) DE JUSTICIA.
[…]”.
31. Sobre el desconocimiento del precedente judicial señaló “[…] el sentir de la
Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado respecto al principio de
FAVIRABILIDA (sic) es claro e imperativo y no le permite al sentenciador hacer
erogaciones personales frente a este principio, motivo por el cual en Sentencia del 24
de octubre de 2019 dictada por la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado,
18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Accionante: Agencia de Aduanas Globalco S.A.S. Nivel 2
hace énfasis en la preponderancia del principio de favorabilidad en materia
sancionatoria. En el caso que nos ocupa, ni el Aquo (sic) y al Adquem (sic) tuvieron
en cuenta el principio de Favorabilidad de la Ley aduanera, el cual no es facultativo
para el sentenciador, sino, de obligatorio cumplimiento toda vez que el mismo se
encuentra elevado a principio constitucional inmerso en el alma del Derecho
Constitucional del DEBIDO PROCESO […]”.
32. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto.
33. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales […]”.
34. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo de su inconformidad gira en torno a que el Tribunal Administrativo de
Bolívar confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.
35. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Bolívar en la providencia cuestionada:
“[…] La Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena, comoquiera que, en
el presente asunto, la adecuación arancelaria que realizó la DIAN no fue
desvirtuada con suficiencia probatoria por la parte demandante, sin que además
se verifiquen los argumentos o cargos de nulidad planteados.
5.5.1. Del procedimiento administrativo de aduanero de introducción y
nacionalización de mercancías. Cargos de nulidad en los que se insiste en
el recurso de apelación.
5.5.2. Cargo 1: Prohibición de la analogía en la imposición de sanciones y
violación al debido proceso y al derecho de defensa derivado de la no
aplicación del principio de favorabilidad en materia aduanera, literal b) del
artículo 2 del decreto 390 de 2016.
38. Al respecto debe tenerse en cuenta, que la declaración de importación en
el caso en cuestión fue aceptada el 18 de febrero de 2016, con levante del día
siguiente; es decir, cuando se encontraba vigente el numeral 2.6 del artículo
485 del Decreto 2685 de 1999. Frente al principio de Favorabilidad consagrado
en el literal b del artículo 2 del Decreto 390 de 2016, modificado por el Decreto
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Accionante: Agencia de Aduanas Globalco S.A.S. Nivel 2
349 de 2018, la DIAN tuvo oportunidad de precisar, que la norma cuya
aplicación se pretende entró en vigor de forma escalonada, de conformidad con
lo dispuesto en su artículo 674, modificado por el artículo 184 del Decreto 349
de 2018.
En el particular, la favorabilidad no depende exclusivamente de la promulgación
del Decreto 390 de 2016, porque tal normativa condicionó su propia vigencia a
unas pautas de reglamentación, que no permiten aplicar el principio de ipso
facto a su expedición; sino que, tal y como lo expuso la DIAN en sede
administrativa, debía atenderse la vigencia escalonada que el mismo compilado
de ley expuso; dicho en otras palabras; al momento de la conducta objeto de
sanción que aquí se estudia, no se presentó la sucesión de leyes en el tiempo
(que la norma vigente al momento de la infracción fuese derogada por otra más
favorable), pues el artículo cuyo reemplazo es pretendido no entró en el grupo
de aquellos que se aplicaban una vez fue publicado o promulgado el Decreto
390 de 2016, tal y como lo contempló el artículo 674 del Decreto 390 de 2016,
modificado por el Decreto 349 de 2018, en el cual el legislador determinó con
exactitud (i) las normas que entraban en vigencia luego de su publicación, (ii)
luego de su reglamentación y finalmente aquellas: (iii) normas que debían entrar
en vigencia con sujeción a la implementación del sistema informático, sin que
pueda entenderse que la normativa de 2016 derogó el régimen sancionatorio
de las agencias de aduanas contemplado en el Decreto 2685 de 1999, de forma
automática a su expedición.
En tal sentido, a la fecha de firmeza del acto administrativo No. 005741 del 8 de
agosto de 2019, mediante el cual se resolvió el recurso de reconsideración,
notificado al demandante el 12 de agosto de 2019, aun no se había
reglamentado la vigencia del Decreto 360 de 2016, y el régimen sancionatorio
que se encontraba vigente y aplicable era el contemplado en el Decreto 2685
de 1999; razón por la cual el cargo no prospera.
5.5.3. Cargo 2: Caducidad de la acción sancionatoria.
Al respecto, y teniendo claro que la situación objeto de demanda se sujetó al
Decreto 2685 de 1999, la Sala considera necesario acudir al artículo 478 de la
citada norma, el cual prevé: “La acción administrativa sancionatoria prevista
en este Decreto, caduca en el término de tres (3) años contados a partir de
la comisión del hecho u omisión constitutivo de infracción administrativa
aduanera. Cuando no fuere posible determinar la fecha de ocurrencia del
hecho, se tomará como tal la fecha en que las autoridades aduaneras hubieren
tenido conocimiento de este. Cuando se trate de hechos de ejecución sucesiva
o permanente, el término de caducidad se contará a partir de la ocurrencia del
último hecho u omisión”.
No existe discusión entre las partes respecto a que los hechos ocurrieron el 19
de febrero de 2016 (tal y como se afirmó en los hechos de la demanda) esto es,
cuando se presentó la respectiva declaración de importación, por lo que la
entidad aduanera contaba con el término de 3 años para iniciar el
procedimiento administrativo sancionatorio; lo que debe distinguirse de
las resultas de tal procedimiento que es la sanción misma. En ese orden
de ideas, los 3 años de los que trata la norma son para el inicio del
procedimiento; que en el particular ocurrió con el Requerimiento Especial
Aduanero de 14 de diciembre de 2018, notificado por publicación el 19 de enero
de 2019
Consideró la parte demandante que a partir de esta última fecha debe
entenderse que a la DIAN le quedaba 1 mes para proferir el respectivo acto
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sanción, si se toma en cuenta la fecha de ocurrencia de los hechos (19 de
febrero de 2016).
49. Muy a pesar de la interpretación de la sociedad apelante, esta Sala
considera que la entidad si actuó en término, pues el requerimiento especial
ocurrió 1 mes antes de fenecer el término de caducidad previsto en la ley, y que,
como viene remarcándose, no es para la imposición de la sanción, sino para el
inicio de la respectiva actuación administrativa sancionadora. Al respecto ha
tenido oportunidad de señalar el Consejo de Estado:
“Esta normativa, según se desprende de su tenor literal, establece el término
de que dispone la autoridad aduanera para iniciar la “acción
administrativa sancionatoria”, el cual es de tres (3) años contados, por
regla general, a partir de la ocurrencia del hecho u omisión constitutivo de
infracción administrativa aduanera (excepcionalmente, en los casos en que
no sea posible determinar la fecha del hecho, se tendrá como tal la fecha en
que la autoridad aduanera hubiere tenido conocimiento del mismo). Dentro de
dicho periodo la DIAN deberá dar inicio al procedimiento administrativo dirigido
a sancionar al presunto infractor de las normas aduaneras, so pena de que, si
no lo hace, se configure la caducidad de la facultad que se le otorga el Estado
en materia sancionatoria. […] El término previsto en el artículo 478 del
Estatuto Aduanero se refiere a aquél de que dispone la Administración
para iniciar el procedimiento sancionatorio por infracciones al régimen
aduanero, pero no aquél plazo que tiene para imponer la sanción misma
una vez que ha iniciado una actuación con este fin.
Por lo anterior, el citado cargo de caducidad no prospera.
[…]
5.5.3. Cargo 3: Franja de Precios. Aunque es bien sabido que Brasil no
pertenece a los países que conforman la CAN, existen privilegios
arancelarios para países que comercializan y tienen convenios
comerciales con países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones.
54. Concretamente, la obligación de aplicar el sistema Andino de la franja de
precios agropecuarios, no se impone para productos procedentes de terceros
países, ajenos a la CAN. En tal sentido, según las facturas, lista de empaque y
conocimiento de embarque, quedó establecido que la mercancía importada
provenía de Brasil; sin que resulte posible una aplicación extensiva de la
decisión 371 en razón al principio de cooperación, pues en materia
internacional, prima la bilateralidad o multilateralidad y reciprocidad del pacto
entre naciones, precisamente en aras de profundizar y facilitar el comercio de
bienes y servicios entre países miembros, removiendo barreras arancelarias y
no arancelarias.
Esta postura es la avalada por la Corte Constitucional en Sentencia C-620 de
2015), quien respecto a la exclusividad, exigencia y cumplimiento de las
disposiciones previstas en los Acuerdos Internacionales, - refiriéndose en esa
ocasión a la Alianza del Pacífico -, reseñó: “Para la Corte las disposiciones
sobre reglas de origen y procedimientos relacionados con el origen, junto con
sus anexos, buscan fortalecer las relaciones comerciales al ahondar por la
integración económica de Chile, México, Perú y Colombia (Alianza del Pacífico),
con la finalidad de asegurar que solamente las mercancías originarias de los
Estados miembros resulten beneficiarios del tratamiento arancelario
preferencial. Con ello se impide y restringe que terceras partes puedan emplear
las preferencias arancelarias para obtener ilegítimamente ventajas competitivas
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que pertenecen solo a los países firmantes. Se cumple, entonces, con los
principios de equidad y reciprocidad (arts. 9, 226 y 227), el principio de igualdad
y el desarrollo de la actividad económica (arts. 1, 333 y 334 C. Pol.) y los
derechos de los consumidores a una mayor certeza sobre la procedencia y
calidad de los productos (art. 78 superior). De ahí que esta Corporación haya
justificado constitucionalmente las reglas de origen de las mercancías,
principalmente como un desarrollo del principio de reciprocidad en materia de
integración económica y comercial, y 171 Ibídem. 172 sentencia C-446 de 2009.
Cfr. sentencia C-335 de 2014. una manera de proteger las mercancías
originarias de los países miembros mediante reglas y procedimientos claros
para su plena identificación”.
Por lo anterior, la Sala estima que el último cargo objeto de apelación tampoco
prospera, encontrándose acertada la sanción aplicada por la DIAN a la sociedad
demandante; lo que conlleva a confirmarse la sentencia apelada.
[…]
5.6. Asunto pendiente de pronunciamiento – Apelación contra auto
dictado en audiencia que negó la práctica de pruebas.
58. En oportunidad de Audiencia Inicial, la Juez de primera instancia consideró
que el primer pedido probatorio no resultaba pertinente, por cuanto precisar ello
hace parte del análisis que debe hacerse dentro del presente proceso por parte
del juez quien es el que establece la legalidad de los actos administrativos;
reemplazando tal pedido por el decreto de oficiar a la subdirección (coordinación
del Servicio de ARANCEL) de la subdirección de gestión técnica aduanera, a
efectos de obtener un informe en el que explique la forma en que deba hacerse
el análisis técnico de la mercancía a clasificar, para la aplicación de la
Nomenclatura contenida en el Decreto 4927 de 2011 (Norma vigente al
momento de los hechos) y cómo determina que la misma corresponde a una u
otra partida para el cumplimiento a lo ordenado por el Convenio del Sistema
Armonizado sobre la aplicación de la Nomenclatura arancelaria.
Respecto a las pruebas restantes y tendientes a que se oficiara a la Junta
Directiva de la Comunidad Andina de Naciones y al Tribunal Administrativo de
Justicia de la Comunidad Andina de Naciones - CAN; estimó que debían
negarse por inconducente en razón a la forma como fue solicitada, pues en
últimas lo pretendido es generar un juicio de cumplimiento o no de Colombia
respecto a las disposiciones previstas por la CAN.
La anterior decisión fue apelada por la sociedad demandante en la misma
audiencia y coincidió con el recurso de apelación que fuere presentado
posteriormente en contra de la sentencia dictada en primera instancia y que se
resuelve en esta providencia de alzada.
Para esta Sala, los argumentos que vienen expuestos a lo largo de la
providencia son suficientes para estimar que la decisión de primera instancia
estuvo acertada en cuanto a la negativa probatoria que se recurre; máxime si
se tiene en cuenta que el asunto sometido a juicio derivó en una discusión
sancionatoria que impuso un estudio de legalidad, en donde era suficiente tener
claridad respecto al supuesto fáctico de la importación efectuada, lo declarado
ante el ente oficial y la normativa que reguló la materia.[…]”. [ Negrilla del texto]
36. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
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desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
37. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”20. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”21.
38. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”22.
39. Frente a los reparos propuestos contra la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN, la Sala advierte que estos fueron objeto de pronunciamiento por
el juez natural dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
en el que se profirieron las sentencias judiciales que como se expuso supra no
cumplen con el requisito de relevancia constitucional.
40. Finalmente, respecto a la pretensión relacionada con “[…] UNIFICAR concepto
jurídico frente a la dicotomía entre el Decreto 2685 de 1999 y el Decreto 390 de
2016 para evitar futuras incongruencias en los fallos de los Tribunales
Administrativos del País […]”, la Sala advierte que esto excede la órbita del juez
constitucional, por lo que la accionante debe acudir al respectivo mecanismo
judicial, previo al cumplimiento de los requisitos legales.
41. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
21
Ibidem
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
16
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SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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