Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02650-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02650-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02650-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02650-00
Accionante: Agencia Nacional de Tierras
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm. 004.
Tema: Tutela contra sentencia proferida en proceso de igual naturaleza. Restitución
de predio baldío. Ausencia del fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta.
DECLARA IMPROCEDENTE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por la Agencia Nacional de
Tierras (ANT) en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión
núm. 004.
ANTECEDENTES
La Agencia Nacional de Tierras pretende que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales
considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión
núm. 004, con la sentencia del 25 de marzo de 2026 proferida en la acción de tutela,
a la que se le asignó el radicado 13001-33-33-005-2026-00010-00/01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
La accionante narró que mediante la Resolución 4698 del 27 de septiembre de 1984
se estableció que las islas, islotes, cayos y morros que integran el archipiélago de
Nuestra Señora del Rosario, dentro de los cuales se encuentra el predio
denominado «Isla Fiesta», tienen la condición de bienes baldíos y conforman
reserva territorial del Estado.
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Ra dic ado : 1 100 1 -0 3-15 -00 0-20 26- 026 50-0 0
Que el 6 de julio de 2001 la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia
de segunda instancia en una acción de cumplimiento1, en la que confirmó la decisión
de ordenar al entonces INCORA que iniciara las medidas y acciones legales para
realizar el deslinde y la recuperación de los predios baldíos ocupados
indebidamente en el Archipiélago señalado.
Que a través de la Resolución 167 del 27 de marzo de 2002, confirmada por la
Resolución 1251 del 4 de agosto de 2006, se declaró la indebida ocupación del
predio «Isla Fiesta» por parte del señor Andrés Jorge Lisocki Fryde.
Que el 27 de abril de 2007 el señor Lisocki Fryde suscribió con el INCODER el
Contrato de Arrendamiento núm. 0046 de 2007, por una vigencia de 8 años, y el 4
de diciembre de 2015 suscribió otro contrato de igual naturaleza2, por la misma
vigencia, el cual finalizó el 3 de diciembre de 2023, por lo que dos meses después
el arrendatario debía restituir el predio a la Agencia Nacional de Tierras, de
conformidad con la cláusula decimocuarta, por lo cual las partes suscribieron un
acta de entrega voluntaria del predio.
Que el 27 de noviembre de 2023, en cumplimiento del acta de subrogación
contractual del INCODER, la Agencia Nacional de Tierras requirió al arrendatario
para que efectuara la entrega del predio, mediante Oficio 202343015959401, pero
esta no se realizó.
Que la Contraloría General de la República adelantó la Actuación Especial de
Fiscalización – AEF (PNVCF 2024, semestre 1) a las diferentes actuaciones
llevadas a cabo en la Agencia Nacional de Tierras con ocasión de contratos y
predios de los bienes baldíos reservados de las Islas del Rosario y San Bernardo,
actuación dentro de la cual formuló el hallazgo núm. 1, denominado «Predios con
situación jurídica indeterminada», en el que evidenció la existencia de predios que
tenían contratos de arrendamiento vencidos y en los que persistían situaciones de
ocupación sin regularización jurídica, dentro de los cuales estaba el predio «Isla
Fiesta», por lo que se advirtió la necesidad de que la Agencia adoptara medidas
para superar dichas situaciones.
Que, ante la renuncia y silencio del arrendatario de dicho predio, la Agencia
Nacional de Tierras requirió nuevamente la entrega del inmueble, a través del Oficio
202443006344911 del 15 de abril de 2024.
Que con el fin de permitir un aprovechamiento oneroso de la «Isla Fiesta» y en
aplicación del Acuerdo 262 del 20233, la ANT adelantó dos procesos de apertura
del Banco de Oferentes, dentro de los cuales el señor Andrés Jorge Lisocki Fryde
manifestó su interés de contratar con el Estado y ser reconocido como arrendatario,
por lo cual el 26 de mayo de 2025, 3 de septiembre de ese año y el 24 de marzo de
1 Instaurada por el procurador delegado para Asuntos Ambientales y en la que se pretendía el cumplimiento de
los artículos 12 (los numerales 14 a 17) y 48 (numerales 1 a 3) de la Ley 160 de 1994, y 45 a 51 del Decreto
2664 de 1994. Radicado 25000-23-26-000-2001-0619-01.
2 Contrato de Arrendamiento 013 de 2015.
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«Por el cual se establece el reglamento para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), administre los bienes
baldíos de la Nación y reserva territorial del Estado, identificados como islas, islotes y cayos de los mares de la
Nación».
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2026 la Agencia Nacional de Tierras lo invitó a presentar su oferta formal, a pesar
de lo cual guardó silencio.
Que por lo anterior y con el fin de evitar mayores perjuicios, la ANT procedió a la
recuperación del predio, por lo que profirió la Resolución núm. 202610300012516
del 24 de enero de 2026, mediante la cual realizó una delegación para ejecutar la
diligencia de recuperación y/o aprehensión material del predio «Isla Fiesta», la cual
se llevó a cabo el 28 de enero de 2026.
Que el señor Andrés Jorge Lisocki Fryde instauró acción de tutela en contra de la
Agencia Nacional de Tierras, por la presunta vulneración de su derecho fundamental
al debido proceso, con ocasión de la aprehensión y recuperación del inmueble.
Que después de realizadas las etapas procesales respectivas, el 13 de febrero de
2025 el Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena profirió sentencia, en la que
negó «por improcedente» la acción, por lo cual el accionante interpuso recurso de
impugnación, y el 30 de marzo de 2026 el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala
de Decisión núm. 004, revocó la decisión y, en su lugar, amparó el derecho al debido
proceso del actor y ordenó a la ANT que, dentro de las 48 horas siguientes,
restituyera el predio «Isla Fiesta» al accionante hasta que no se efectuara un
procedimiento administrativo o judicial que permitiera garantizar el derecho de
defensa del solicitante de la salvaguarda constitucional.
La Agencia Nacional de Tierras considera que en la sentencia del 30 de marzo de
2026 el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm. 004, incurrió en
los siguientes defectos:
i) orgánico porque desnaturalizó el alcance de la acción de tutela, al asumir
funciones propias del juez contencioso administrativo y de la autoridad
administrativa agraria, pues realizó un análisis sobre la vigencia y efectos de actos
administrativos definitivos, especialmente al pronunciarse sobre el decaimiento de
los actos administrativos que declararon la indebida ocupación del predio por parte
del accionante; condicionar el ejercicio de las competencias de la ANT, al establecer
que la recuperación del bien baldío no podía adelantarse hasta que existiera una
decisión judicial; e introducir una restricción no prevista en el ordenamiento,
consistente en supeditar la ejecución de actuaciones administrativas a la definición
de un proceso de controversias contractuales, pese a que no estaba relacionado
con la recuperación del bien baldío;
ii) fáctico, ya que a) no ejerció los deberes de director del proceso definidos en los
numerales 1 y 4 del artículo 42 del Código General del Proceso, al omitir el decreto
de pruebas de oficio; b) desconoció el régimen especial de los bienes baldíos
previstos en la normativa agraria, según la cual son bienes de la Nación, con
carácter imprescriptible, inalienable e inembargable; su ocupación indebida no
genera derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas; y la
administración cuenta con facultades propias de recuperación directa, sin
intervención judicial previa; c) inaplicó indebidamente la figura del decaimiento del
acto administrativo, al extender sus efectos al régimen de bienes baldíos; y d) omitió
valorar las actuaciones efectuadas por la ANT para legalizar el uso del bien;
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iii) sustantivo, pues a) concluyó equivocadamente y sin soporte probatorio que los
actos administrativos que pusieron fin al procedimiento agrario de recuperación de
bienes baldíos decayeron, desconociendo que se trataba de decisiones
ejecutoriadas, en firme y plenamente vigentes; b) desconoció el régimen jurídico
aplicable a bienes públicos y procesos agrarios, acorde con los artículos 21 del
Decreto 2363 de 2015, 63, 64, 102 y 150 de la Constitución y 65 de la Ley 160 de
1994; c) usurpó las funciones de la autoridad de tierras, al ordenar la restitución del
predio, en la medida que desconoció las competencias establecidas en el artículo
12 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 5 de la Ley 2539 de 2025, y los
numerales 9 y 11 del artículo 4 del Decreto 2365 de 2015, así como la función social
y ecológica de la propiedad; y d) no tuvo en cuenta que no tenía la calidad de juez
administrativo y que el accionante contaba con otros mecanismos de defensa ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y
iv) desconocimiento del precedente judicial, debido a que, de un lado, pasó por alto
los criterios jurisprudenciales que rigen la procedencia de la acción de tutela,
concretamente, el requisito de subsidiariedad, en los términos definidos en la
Sentencia SU-355 de 2015 proferida por la Corte Constitucional, al no analizar la
idoneidad y eficacia de los medios ordinarios existentes y la ausencia de un perjuicio
irremediable y, en cambio, adoptar una decisión de fondo que desbordaba el
carácter residual de la tutela, y, de otro, desconoció el precedente contenido en la
Sentencia SU-288 de 2022, respecto a los límites de las órdenes que puede impartir
el juez de tutela, al disponer la restitución de un bien baldío de la Nación a favor de
un particular que no tiene un título jurídico vigente.
PRETENSIONES
Solicitó que se revoque la sentencia del 30 de marzo de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm. 004, en la acción de
tutela, a la que se le asignó el radicado 13001-33-33-005-2026-00010-00/01.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La acción de tutela fue asignada por reparto al despacho del magistrado Juan
Camilo Morales Trujillo, quien, el 9 de abril de 2026, manifestó impedimento para
conocerla, debido a que prestó sus servicios profesionales como abogado de la
Agencia Nacional de Tierras entre los años 2021 y 2024, con fundamento en el
ordinal 4.° del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, aplicable por remisión expresa del
artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.
El 16 de abril de 2026 los demás magistrados que conforman la presente
Subsección declararon fundado el impedimento manifestado y el 28 de abril de
2026, el consejero sustanciador, admitió la acción; negó el decreto de la medida
provisional solicitada; vinculó al señor Andrés Jorge Lisocki Fryde, como tercero
interesado; y corrió el respectivo traslado.
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POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm. 004, a través del
magistrado ponente de la sentencia cuestionada en esta acción, solicitó que se
declare improcedente la tutela por no cumplir con los requisitos de procedencia para
discutir una sentencia proferida en un proceso de igual naturaleza constitucional o,
subsidiariamente, se nieguen las pretensiones, ante la ausencia de prueba sobre la
vulneración de derechos fundamentales alegada o la configuración de algún
defecto.
Indicó que este mecanismo está siendo utilizado por la actora para reabrir un debate
que ya fue resuelto en sede de tutela, sin que medie una demostración clara y
suficiente de fraude, lo cual ubica el debate planteado en el supuesto de
improcedencia general señalado en la Sentencia SU-1219 de 2001 de la Corte
Constitucional.
Adujo que no se configuraron los defectos invocados, pues actuó como juez
constitucional de tutela; aplicó el carácter residual de esta acción; garantizó el
debido proceso administrativo y estudió con suficiencia los requisitos de
procedencia, la vulneración de los derechos alegados y las pruebas aportadas, lo
que le permitió evidenciar su afectación, pues el acto de delegación de la diligencia
de la recuperación y/o aprehensión material del predio «Isla Fiesta» se soportó en
una resolución que había perdido vigencia, en los términos del numeral 3 del artículo
91 de la Ley 1437 de 2011, por lo que emitió órdenes de protección.
En memorial allegado con posterioridad al primer informe, puso de presente que el
magistrado Jean Paul Vásquez Gómez, magistrado integrante de la Sala que profirió
la decisión discutida, presentó solicitud de nulidad de la sentencia controvertida en
esta acción, la cual fue resuelta el 6 de mayo de 2026.
El magistrado Jean Paul Vásquez Gómez del Tribunal Administrativo de
Bolívar allegó varios memoriales, en los que indicó que el 13 de abril de 2026
presentó una solicitud de nulidad contra la sentencia del 25 de marzo de 2026, ya
que, a su juicio, ocurrió una irregularidad relacionada con la conformación de la
voluntad colegiada de la Sala de Decisión núm. 004, en tanto la providencia fue
exteriorizada como decisión mayoritaria, pese a que el pronunciamiento que le fue
atribuido como favorable no correspondía al sentido real de la manifestación emitida
frente al proyecto, pues se presentó un error dentro de la conversión de formato
Word a PDF del pronunciamiento, según consta en las pruebas que aportó en dicha
oportunidad.
Que el 6 de mayo de 2026 el Despacho núm. 006 del Tribunal negó la solicitud de
nulidad presentada porque consideró que el vicio alegado no correspondía a una
causal legal o jurisprudencial que permitiera invalidar la providencia ni estaba
acreditado que la mayoría decisoria no se hubiera conformado, en tanto la sentencia
se exteriorizó a través de los canales institucionales de forma regular y la
controversia planteada atendía a una manifestación posterior que no desvirtuaba la
validez de la voluntad colegiada.
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Afirmó que la presente tutela tiene como objeto cuestionar la sentencia del 25 de
marzo de 2026, por lo que cualquier actuación relacionada con la validez, eficacia
o integridad de la providencia podría resultar relevante para el análisis que
correspondería efectuar. En consecuencia, solicitó disponer lo que se estime
pertinente respecto a la relevancia, alcance o incidencia de dichas actuaciones
dentro del estudio de esta acción.
POSICIÓN DEL VINCULADO
El señor Andrés Jorge Lisocki Fryde guardó silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra sentencias proferidas en procesos de igual naturaleza y iii) caso
concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra sentencias proferidas en proceso
de igual naturaleza
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales4, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/055.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
4
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido
posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»6
Frente al último requisito general de procedencia, la Corte Constitucional, en la
Sentencia SU-1219 de 2001, estableció la regla jurisprudencial de no admitir el
amparo constitucional contra las sentencias de tutela7, pues de lo contrario se
6
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Regla reiterada en las sentencias: T-021, T-174, T-192, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y
T-1028 de 2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de
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prolongaría indefinidamente la resolución de conflictos en quebranto de la seguridad
jurídica y el goce efectivo de los derechos fundamentales8. Sin embargo, en la
Sentencia SU-627 de 20159, consideró que, de manera excepcional, procede en los
siguientes casos:
«[C]uando el fallo es proferido por un juez o tribunal diferente a esta
Corporación, se ha admitido de forma excepcional su procedencia, cuando
(i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se
demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la
sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación».
Así las cosas, por regla general, no procede la acción de tutela contra sentencia de
tutela, salvo cuando se presente el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, el
cual, por tratarse del cuestionamiento que se hace de una providencia judicial, es
preciso que el interesado lo alegue y demuestre tal situación en la nueva solicitud
de amparo, satisfaciendo, en todo caso, y, en primer lugar, los demás requisitos de
procedibilidad establecidos en la jurisprudencia constitucional.
Análisis del caso concreto
A esta Subsección corresponde definir inicialmente si en el presente asunto se
cumplen los requisitos fijados por la Corte Constitucional que permiten
excepcionalmente cuestionar sentencias proferidas en sede de tutela a través de
esta acción de igual naturaleza, pues solo en ese evento habría lugar a realizar un
estudio de fondo de los reparos expuestos.
En primer lugar, respecto al requisito de la identidad procesal, se observa que en la
tutela anterior y que dio lugar a la instauración de la presente acción, el señor Andrés
Jorge Lisocki Fryde pretendió que se amparara su derecho fundamental al debido
proceso, en calidad de arrendatario del predio «Isla Fiesta», presuntamente
vulnerado por la Agencia Nacional de Tierras con ocasión de la expedición y
2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2003. Ver también
la sentencia SU-627 de 2015.
8 Corte Constitucional sentencia SU 116 de 2018 y en este sentido las sentencias T-162 de 1997 y T-1009 de
1999.
9 La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, se refirió al tema en los siguientes términos:
«4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte
Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede
el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se
debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con
su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso
si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las
órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección
de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela
puede proceder de manera excepcional».
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ejecución de la Resolución núm. 202610300012516 del 24 de enero de 2026,
mediante la cual se realizó una delegación para ejecutar la diligencia de
recuperación y/o aprehensión material del predio «Isla Fiesta».
Igualmente, se advierte que mediante la sentencia de tutela discutida en esta
oportunidad la autoridad judicial aquí accionada revocó el fallo de primera instancia
y, en su lugar, amparó el derecho fundamental al debido proceso del actor y ordenó
a la Agencia Nacional de Tierras que, dentro de las 48 horas siguientes, restituyera
el inmueble mencionado al señor Lisocku Fryde hasta que no finalizara un
procedimiento administrativo o judicial que garantizara su derecho de defensa.
En esa medida, la acción de la referencia no comparte identidad procesal con la
acción de tutela previa, pues no existe identidad de partes, de objeto ni de causa
petendi, si se tiene en cuenta que las partes no son las mismas; las pretensiones
en este caso se dirigen a dejar sin efectos el fallo de la tutela primigenia; y el
fundamento de la presente acción versa sobre los supuestos yerros cometidos en
la acción constitucional inicial.
En cuanto al segundo requisito consistente en el cumplimiento de las exigencias
generales de procedencia de la tutela, se observa que: i) el asunto a resolver tiene
relevancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer si en la
decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos fundamentales
reclamados en protección por la incursión en los defectos orgánico, fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial; ii) la acción se instauró con
inmediatez, pues la sentencia discutida en esta sede fue notificada mediante
mensaje de datos enviado el 27 de marzo de 2026 y la tutela fue instaurada el 7 de
abril de esta anualidad; iii) se agotaron los mecanismos de defensa judicial; iv) se
identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos
estimados como transgredidos; v) se alegó una irregularidad procesal que podría
tener una eventual incidencia en la decisión; y vi) no se trata de una sentencia de
tutela.
En relación con el tercer presupuesto, esto es, la verificación de si la decisión
adoptada fue producto de un fraude y, por tanto, existe cosa juzgada fraudulenta,
se advierte que, de un lado, la sentencia de tutela objeto de esta acción no ha sido
seleccionada o excluida de revisión por la Corte Constitucional, por lo cual no está
amparada por la figura de la cosa juzgada constitucional10 y, de otro, no se
encuentra que la accionante haya cumplido con una carga mínima para demostrar
el fraude como requisito habilitante de procedencia de esta acción, teniendo en
cuenta que lo pretendido es que se revoque una sentencia proferida en otra tutela
ante la ausencia de conformidad de la ANT con la determinación del Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm. 004.
Además, no se evidencia que la decisión discutida se adoptara con fines ilegales
ligados a una actuación dolosa o con fraude a la ley, derivada de una interpretación
normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe
10 Al respecto, pueden verse, entre otras, la Sentencia SU-027 de 2021 de la Corte Constitucional. M.P. Cristina
Pardo Schlensinger.
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judicial, sino que se fundamentó en la autonomía e independencia de la autoridad
judicial accionada y en la interpretación de las normas y los supuestos fácticos, lo
cual no puede ser desconocido en esta sede constitucional con fundamento en el
simple desacuerdo de la accionante.
En efecto, en la sentencia del 25 de marzo de 2026, la autoridad judicial aquí
accionada consideró que se cumplían los requisitos generales de procedencia de la
acción, en particular, respecto a la subsidiariedad, discutida por la Agencia Nacional
de Tierras en esta sede, determinó que lo debatido era la vulneración del debido
proceso por la ejecución de un acto administrativo, frente a lo cual el actor no
contaba con otro mecanismo de defensa judicial.
En relación con el fondo del asunto objeto de controversia, la Sala ahora accionada
estimó que se transgredió dicho derecho porque la ANT fundamentó la resolución
tendiente a la recuperación del predio en actos administrativos que no habían sido
ejecutados dentro de los 5 años siguientes a su ejecutoria, y recuperó dicho bien, a
pesar de que existía un acto bilateral que permitió su ocupación por parte del
accionante y el juez contencioso administrativo no se había pronunciado sobre la
existencia o no del contrato y su validez.
Lo expuesto no demuestra una situación clara de fraude, en tanto no resulta
ostensible que el juez colegiado hubiera decidido el proceso con un propósito
fraudulento, ilegal o doloso y, en cambio, pone en evidencia que la accionante no
está de acuerdo con la conclusión y la orden efectuada por la autoridad judicial, lo
cual no puede servir de justificante para intentar reabrir la discusión a través de una
nueva acción de tutela con fundamento en un desacuerdo con la interpretación
efectuada en la sentencia discutida, pues ello implicaría prolongar indefinidamente
el litigio, dejaría sin definición la solicitud de protección de los derechos
fundamentales e iría en contra del principio de seguridad jurídica, sin justificación
válida para ello.
Debe recordarse entonces que la tutela no está prevista ni puede ser utilizada para
debatir nuevamente el análisis probatorio o sustancial efectuado por los jueces
constitucionales en una acción previa, por lo cual su ejercicio para lograr dicho
cometido resulta improcedente. En suma, se colige que la presente acción no
cumple con la totalidad de los requisitos establecidos por la Corte Constitucional
para discutir una sentencia de tutela.
Por último, resulta necesario precisar que el magistrado Jean Paul Vásquez Gómez
allegó varios memoriales, en los que puso de presente unas presuntas
irregularidades en relación con la conformación de la voluntad colegiada de la Sala
de Decisión núm. 004 del Tribunal Administrativo de Bolívar para proferir la
sentencia del 25 de marzo de 2026.
Sin embargo, esta Subsección observa que la providencia cuestionada en esta
acción fue firmada por el magistrado previamente identificado y por otro de los
magistrados integrantes de la Sala de Decisión núm. 004, sin aclaración o
salvamento de voto alguno, lo que daría cuenta del cumplimiento del quorum exigido
en los términos del artículo 54 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
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En ese entendido, cualquier debate adicional sobre el particular no podría ser
abordado en esta sede, al escapar de la órbita de competencia de este juez
constitucional, en tanto el análisis que debía efectuarse a través de esta acción se
encontraba limitado por los desacuerdos expuestos por la parte actora.
En consecuencia, se declarará improcedente la acción instaurada por la Agencia
Nacional de Tierras, por no cumplir con los requisitos definidos jurisprudencialmente
por la Corte Constitucional para la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra sentencias proferidas en procesos de igual naturaleza constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR improcedente la acción instaurada por la Agencia Nacional
de Tierras, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
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