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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02660-00

Fecha
15 de mayo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02660-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la solicitud de tutela formulada por Lina Paola Aranguren Espitia contra la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Oficina de Apoyo Judicial de Santa Marta y la Secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no fuere impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02660-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

15 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02660-00
Accionante: Lina Paola Aranguren Espitia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02660-00
Demandante: Lina Paola Aranguren Espitia
Demandados: Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
Oficina de Apoyo Judicial de Santa Marta y Secretaría del
Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela. Carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Lina Paola Aranguren Espitia contra la
Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Oficina de Apoyo Judicial de
Santa Marta y la Secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Lina Paola Aranguren Espitia, por conducto de apoderado judicial, interpuso acción de
tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y al principio de la doble instancia 1, los cuales
estima vulnerados por la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la
Oficina de Apoyo Judicial de Santa Marta y la Secretaría del Tribunal Administrativo del
Magdalena con ocasión de la demora presentada en el traslado y recepción del
expediente judicial identificado con el radicado núm. 47001-23-33-000-2017-00282-01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en los siguientes supuestos fácticos:

2.1. La señora Lina Paola Aranguren Espitia interpuso demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de solicitar el pago de las
diferencias salariales y prestacionales adeudadas por concepto de la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Tras realizar el proceso
correspondiente, el Juzgado Administrativo de Santa Marta emitió sentencia, la cual fue

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Accionante: Lina Paola Aranguren Espitia

apelada por ambas partes. No obstante, al conceder el recurso de apelación, por error se
ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado, pese a que la autoridad competente
para conocer del proceso en segunda instancia es el Tribunal Administrativo del
Magdalena.

2.2. El 31 de julio de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, a quien le fue asignado el conocimiento del proceso, emitió auto que declaró la
falta de competencia para conocer del asunto y ordenó remitir el proceso al Tribunal
Administrativo del Magdalena para su conocimiento.

2.3 En ese contexto, el 19 de noviembre de 2025, la señora Lina Paola Aranguren Espitia
radicó una petición ante el Consejo de Estado, con el propósito de obtener información de
la fecha y la dirección de correo electrónico o el sistema a través del cual se trasladó el
proceso al Tribunal Administrativo del Magdalena.

2.4 El 20 de noviembre de 2025 el Consejo de Estado dio respuesta a la petición e informó
que el 19 de agosto de 2025 el proceso fue remitido a través del aplicativo SAMAI a la
Oficina de Apoyo del Tribunal Administrativo del Magdalena, tal como consta en el índice
00004 de la plataforma. Asimismo, el 21 de noviembre de 2025 complementó su
respuesta e indicó que una vez realizó la remisión del expediente, se generó una alerta en
el aplicativo SAMAI del Tribunal Administrativo del Magdalena, con el fin de que este
pudiera realizar el respectivo reparto del proceso.

2.5 El 26 de noviembre de 2025 la señora Lina Paola Aranguren Espitia radicó una nueva
petición ante el Consejo de Estado mediante la cual puso en conocimiento de la alta
corporación que el proceso no fue recibido por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
en tanto la oficina de apoyo judicial no emplea la plataforma SAMAI, sino que solo recibe
los procesos a través de correo electrónico o el sistema TYBA. Por ende, solicitó que el
expediente fuera remitido al correo electrónico “Radicación Procesos Administrativos -
Magdalena - Santa Marta, radpadmsmr@cendoj.ramajudicial.gov.co”.

2.6 Posteriormente, el 13 de febrero de 2026, la señora Lina Paola Aranguren Espitia
radicó una petición a la Oficina de Apoyo de Procesos Administrativos de Santa Marta,
con el fin de conocer si la entidad recibió el proceso en cuestión. Consecuentemente, el
18 de febrero de 2026, la Oficina de Apoyo dio respuesta en la que manifestó que no ha
recibido el proceso y que posiblemente este fue remitido directamente al Tribunal
Administrativo del Magdalena.

2.7 Por lo anterior, el 19 de febrero de 2026 la señora Lina Paola Aranguren Espitia radicó
una petición ante la Secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena, con el fin de
que informe si recibió el proceso remitido por el Consejo de Estado. Por su parte, el 3 de
marzo de 2026, la Secretaría puso en conocimiento de la accionante que no ha recibido el
proceso identificado con el número de radicado 47001233300020170028201 e informó
que el aplicativo SAMAI no tiene activo un módulo que permita realizar repartos a dicho
Tribunal, por ende, el proceso debía realizarse a través del aplicativo TYBA.

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Accionante: Lina Paola Aranguren Espitia

2.8. La parte actora indicó que al 8 de abril de 2026, fecha de presentación de la acción de
tutela, las entidades accionadas no habían realizado el traslado efectivo del proceso al
Tribunal Administrativo del Magdalena.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud2

3.1. La señora Lina Paola Aranguren Espitia solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al principio
de la doble instancia y, en consecuencia, pidió ordenar a: (i) la Secretaría de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que informe el canal a través del cual remitió el
expediente al Tribunal Administrativo del Magdalena; (ii) la Secretaría de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, a la Secretaria Tribunal Administrativo del Magdalena y
a la Oficina de Apoyo Judicial de Santa Marta, que adopten las medidas necesarias para
ubicar el expediente y garantizar la continuidad del proceso, y a (iii) la Secretaría del
Tribunal Administrativo del Magdalena que, una vez ubicado el expediente, asuma el
conocimiento y continúe adelantando el proceso.

3.2. Como fundamento de la solicitud de amparo, la parte actora manifestó que las
dificultades presentadas en el traslado del expediente identificado con el radicado núm.
47001-23-33-000-2017-00282-01, han impedido la continuidad del proceso, lo que afecta
su derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política.

Asimismo, precisó que el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
no se limita a garantizar la posibilidad de acudir ante las autoridades judiciales, sino que
se encarga de garantizar que los procesos sean efectivamente tramitados dentro de un
plazo razonable. Por ello, a juicio de la parte actora, las autoridades accionadas se
encuentran vulnerando su derecho al acceso a la administración de justicia, en tanto la
han mantenido en un estado de indefinición procesal que ha impedido la continuidad del
proceso.

Por último, sostuvo que el principio de la doble instancia, consagrado en el artículo 31 de
la Constitución Política, dispone que las decisiones judiciales deben poder ser revisadas
por una autoridad judicial superior, lo cual se le ha imposibilitado en el presente caso, en
tanto hay una paralización del proceso judicial.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 10 de abril de 20263 el despacho de la magistrada ponente admitió
la acción de tutela, ordenó la notificación a las partes, requirió a la accionante con el fin de
que manifestara bajo gravedad de juramento que no ha iniciado otra acción de tutela por
los mismos hechos y pretensiones, y dispuso la suspensión de términos.

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767780EEB1426171.

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Accionante: Lina Paola Aranguren Espitia

Surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.2. La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado 4 manifestó que
cumplió las órdenes impartidas en la providencia emitida el 31 de julio de 2025 que
declaró la falta de competencia del Consejo de Estado para conocer del proceso y ordenó
la remisión digital del expediente.

Sostuvo que realizó la remisión del expediente a través del aplicativo SAMAI y que no
recibió ninguna comunicación proveniente del Tribunal Administrativo del Magdalena en
el que se le informara que no fue recibido el expediente o se le solicite la habilitación de un
canal alterno para la recepción de este tipo de procesos.

Asimismo, señaló que el 15 de abril de 2026 recibió una comunicación enviada por el
Tribunal Administrativo del Magdalena en el que se le informó que desde el año 2024 se
ha presentado una contingencia por la imposibilidad de recibir expedientes a través del
aplicativo SAMAI. Por ello, con el fin de garantizar el acceso a la información y la
continuidad del proceso, la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado
remitió los archivos correspondientes al correo electrónico del Tribunal Administrativo del
Magdalena.

4.3 La Oficina de Apoyo Judicial de Santa Marta5 manifestó que el expediente
identificado con el radicado núm. 47001-23-33-000-2017-00282-01 le fue remitido el 15
de abril de 2026 por parte del Tribunal Administrativo del Magdalena, con el fin de que se
realizara el reparto de este, en cumplimiento de la orden impartida por el Consejo de
Estado.

Igualmente, señaló que la Oficina realizó el reparto de segunda instancia, actuación que
se notificó el día 17 de abril de 2026 a las 9:25 am a través del correo electrónico de
Radicación de Procesos Administrativos “al despacho de tribunal asignado por el
aplicativo TYBA”. Asimismo, en esta comunicación se le informó al Tribunal
Administrativo del Magdalena la asignación del proceso y adjuntó los soportes allegados
por la parte accionante con el fin de garantizar la continuidad del trámite judicial.

Por lo anterior, la Oficina de Apoyo Judicial sostuvo que ha actuado de manera diligente,
oportuna y en atención a los principios de celeridad y eficiencia dentro de términos
razonables. En consecuencia, habida cuenta de que la situación fáctica que dio origen a
la acción de tutela fue debidamente atendida, se solicita que se declare la carencia actual
de objeto por hecho superado.

4.4 La Secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena 6 reafirmó los hechos
narrados por la parte actora en la acción de tutela. Asimismo, señaló que la Secretaría de

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1A22DF959AD880F2.
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B964EBDD1B22482E.
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47AC8017122F6860.

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Accionante: Lina Paola Aranguren Espitia

la Sección Segunda del Consejo de Estado remitió el proceso a través del Oficio número
1133 del 15 de abril de 2026 mediante correo electrónico.

Adicionalmente, manifestó que a través de acta del 17 de abril de 2026 el proceso fue
asignado por reparto al Despacho 001 de la corporación. Por ello, concluyó que no ha
incurrido en la vulneración de derechos fundamentales de la accionante, en tanto el
proceso le fue remitido hasta el 15 de abril de 2026 y fue repartido el 17 de abril de la
misma anualidad.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que
establece la ley.

3. Problema jurídico

La controversia se centra en establecer si las autoridades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al
principio de la doble instancia de la señora Lina Paola Aranguren Espitia, al no efectuar el
traslado y recepción del expediente judicial identificado con radicado número 47001-23-
33-000-2017-00282-01.

Para resolver el caso corresponde a la Sala determinar si, frente a los hechos planteados,
se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado.

4. Carencia actual de objeto

La acción de tutela pierde su razón de ser cuando desaparecen los hechos que motivaron
la solicitud de amparo o cuando no es posible restablecer el derecho por haberse
consumado el daño. En tales eventos, cualquier orden que pudiera impartir el juez
constitucional deviene inocua. Esta situación ha sido definida por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional como “carencia actual de objeto”.

De conformidad con el precedente constitucional, la carencia actual de objeto se
configura en tres hipótesis: i) por hecho superado, cuando cesa la vulneración o

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amenaza de los derechos fundamentales invocados como consecuencia de la actuación
del sujeto obligado, de modo que resulta innecesario un pronunciamiento judicial; ii) por
daño consumado, cuando la afectación a los derechos fundamentales se consolida de
manera definitiva antes de que el juez adopte una decisión de fondo; y, iii) por
sustracción de materia, cuando desaparece el objeto mismo de la controversia.

En lo que respecta al hecho superado, la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente:

“(…) el hecho superado, tiene lugar cuando desaparece la vulneración o amenaza
al derecho fundamental invocado. Concretamente, la hipótesis del hecho superado
se configura cuando entre la interposición de la acción de tutela y el fallo de la
misma, se satisface por completo la pretensión contenida en la acción de tutela, es
decir, que por razones ajenas a la intervención del juez constitucional, desaparece
la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del
peticionario.

En tal sentido, esta corporación ha señalado los aspectos que deben verificarse a
fin de examinar y establecer la configuración del hecho superado desde el punto de
vista fáctico. Estos aspectos son los siguientes: “(i) que efectivamente se ha
satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (ii) y que la
entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu propio, es
decir, voluntariamente”7

Finalmente, el alto tribunal ha reiterado que “ante la alteración o la desaparición de las
circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto
de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser
como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial” 8.

5. Caso concreto

La Sala advierte que, en el asunto objeto de estudio, se configura la carencia actual de
objeto por hecho superado, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. La señora Lina Paola Aranguren Espitia interpuso acción de tutela con el propósito de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y al principio de la doble instancia, los cuales considera
vulnerados por por la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Oficina
de Apoyo Judicial de Santa Marta y la Secretaría del Tribunal Administrativo del
Magdalena.

La accionante indicó que la vulneración se originó por la imposibilidad de realizar el
traslado y recepción del proceso identificado con el radicado núm. 47001-23-33-000-

7
Corte Constitucional, sentencias T-243 de 2018, SU-540 de 2007, T- 715 de 2017, SU-522 de 2019, entre otras.
8
Corte Constitucional. Sentencias T-001 de 1996, T-411 de 1999, T-988 de 2002, T-066 de 2007 y T-192 de 2008: “[…]
la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situación expuesta
en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, se ha modificado sustancialmente,
de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o de daño a los derechos fundamentales. Siendo la
defensa de éstos la justificación y el propósito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso
concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de inmediato cumplimiento en relación con unas
circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existen o,
cuando menos, presentan características totalmente diferentes a las iniciales”.

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2017-00282-01, lo que impidió la continuidad del proceso, en tanto no tenía autoridad
judicial asignada para su conocimiento. Al respecto, afirmó que, a la fecha de
presentación de la acción de tutela, es decir el 8 de abril de 2026, el expediente no había
sido remitido al Tribunal Administrativo del Magdalena.

5.2. Con fundamento en los documentos allegados por las autoridades accionadas y en la
información registrada en el aplicativo SAMAI, la Sala constató que el 15 de abril de 2026
la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante correo electrónico,
remitió el expediente identificado con el radicado núm. 47001-23-33-000-2017-00282-01
al Tribunal Administrativo del Magdalena a través del Oficio N°1133, quien, a su vez, el 17
de abril de 2026, realizó el reparto del proceso bajo el radicado 47001-33-33-007-2017-
00070-019.

Asimismo, a través del aplicativo SAMAI se advirtió que el 20 de abril de 2026 se
incorporó el expediente digitalizado10 al proceso y que el 22 de abril de 2026 el despacho
001 del Tribunal Administrativo del Magdalena emitió auto mediante el cual avocó
conocimiento del proceso y admitió el recurso de apelación interpuesto por los
apoderados judiciales de las partes demandada y demandante, en cumplimiento de lo
ordenado por el Consejo de Estado en el auto del 31 de julio de 202511. De igual forma, se
evidenció que el 23 de abril de 2026 se realizó la notificación a las partes del auto recién
mencionado12 y que a partir del 29 de abril de 2026 el expediente se encuentra en estado
“al Despacho para sentencia”13, tal como se evidencia en la siguiente imagen:

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Índice 00001 del aplicativo SAMAI del proceso 47001-33-33-007-2017-00070-01 del Tribunal Administrativo del
Magdalena, certificado 7617A9A8A405BA23 3311B633C6F4F6F2 32A3E78B3D768162 8DEB28CAE9F4577F.
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Índice 00003 del aplicativo SAMAI del proceso 47001-33-33-007-2017-00070-01 del Tribunal Administrativo del
Magdalena, certificado 5EFF40A180363D0F 5A12CF289EC1DAE3 CEC6B2B52BFF2BF6 EDACF4C9F5D1EEBA
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Índice 00004 del aplicativo SAMAI del proceso 47001-33-33-007-2017-00070-01 del Tribunal Administrativo del
Magdalena, certificado 1C7A78441098E7F9 DDF0CEEA65993D42 11B4101C8E120142 DF5D04E20EEE4616
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Índice 00008 del aplicativo SAMAI del proceso 47001-33-33-007-2017-00070-01 del Tribunal Administrativo del
Magdalena, certificado 881DF5B5DFE417DA 34E8B2B71C83847A DF25603F5AB05469 A0AF173758722B52
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Índice 00009 del aplicativo SAMAI del proceso 47001-33-33-007-2017-00070-01 del Tribunal Administrativo del
Magdalena

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5.3. En ese contexto, la Sala concluye que se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado, en la medida en que las circunstancias que dieron origen a la presente
acción desaparecieron con la remisión del expediente al Tribunal Administrativo del
Magdalena el 15 de abril de 2026 y el reparto del expediente 47001-33-33-007-2017-
00070-01 al despacho 001 del tribunal.

En consecuencia, al haberse superado la situación que dio lugar a la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y al principio de la doble instancia, la acción de tutela perdió su
finalidad como mecanismo de protección judicial, por lo que cualquier orden que
eventualmente pudiera impartir el juez constitucional carecería de eficacia.

5.4. En virtud de lo anterior la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto de la presente acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la
solicitud de tutela formulada por Lina Paola Aranguren Espitia contra la Secretaría de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, la Oficina de Apoyo Judicial de Santa Marta y la
Secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no fuere impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

MCMM

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