Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02662-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02662-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02662-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-02662-00
Demandante DAVID FERNANDO LUNA CARRILLO
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Temas Acción de tutela. Pago salario completo mes de marzo de 2026.
Ajuste y corrección en nómina del mes de abril de 2026. Carencia
actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por David Fernando Luna Carrillo de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 8 de abril de 20261, el señor David Fernando Luna Carrillo, quien actúa en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al considerar que se vulneraron sus
derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la
remuneración mínima, vital y móvil, al pago oportuno del salario y a la igualdad como
consecuencia del pago de su salario por menor valor a lo que correspondía, acorde
con el empleo de Profesional Especializado Grado 33 que desempeña en la Sala
Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Sírvase señor(a) magistrado(a) amparar mis derechos de primera categoría de (i) trabajo en
condiciones dignas y justas; (ii) mínimo vital y móvil; (iii) pago oportuno del salario; y (iv) a la
igualdad vulnerados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y, en consecuencia,
se ordene a esa entidad lo siguiente:
1. Corregir la liquidación de nómina del mes marzo de 2026, actualizando los valores allí
contenidos para que correspondan a mi correcta remuneración mensual como profesional
especializado grado 33 de la Corte Suprema de Justicia.
2. En consecuencia, pagar al suscrito la suma que corresponda tras la corrección de dicha
liquidación».
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor David Fernando Luna Carrillo ingresó a laborar en la Sala Especial
de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el 7 de julio de 2021 en el cargo
de Profesional Especializado, Grado 33.
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Escrito de tutela radicado a través de la secretaría On Line del aplicativo SAMAI.
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2.2. Por haber superado las etapas del concurso de méritos respectivo, el 23 de
marzo de 2022 se posesionó en carrera administrativa en el cargo de Oficial
Mayor del Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá y ese mismo día
solicitó que le fuera concedida una licencia no remunerada por el lapso de 2
años, a partir del 24 de marzo de 2022, para desempeñar el cargo de
Profesional Especializado, Grado 33 en la Sala Especial de Instrucción de la
Corte Suprema de Justicia.
Mediante resolución 005 del 23 de marzo de 2022 el Juzgado Noveno Penal
del Circuito de Bogotá le concedió la licencia no remunerada al actor por el
término de 2 años, a partir del 24 de marzo de 2022.
2.3. Posteriormente el señor Luna Carrillo solicitó nuevamente al Juzgado Noveno
Penal del Circuito de Bogotá le fuera concedida licencia no remunerada por el
lapso de 2 años, a partir del 5 de marzo de 2024, la que se concedió mediante
la resolución 003 del 5 de marzo de 2024 desde esa fecha.
El actor tomó posesión nuevamente del cargo de Profesional Especializado,
Grado 33 en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia
el día 5 de marzo de 2024.
2.4. El 25 de febrero de 2026 el accionante presentó renuncia al cargo de Oficial
Mayor en el que había sido nombrado en carrera administrativa en el Juzgado
Noveno Penal del Circuito de Bogotá, para que le fuera aceptada a partir del 3
de marzo de 2026.
Mediante la resolución 009 del 3 de marzo de 2026 el Juzgado aceptó la
renuncia presentada por el actor, a partir de esa fecha, y dispuso la remisión
de copia del acto administrativo a la Oficina de Recursos Humanos de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá para lo de
su competencia e igualmente al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
2.5. El actor señaló que al verificar el 19 de marzo de 2026 la publicación de la pre-
nómina, advirtió que la liquidación general de su nómina se había realizado de
manera incorrecta al tener en cuenta solo 4 días laborados, que arrojaron un
valor de $1.733.342 como pago a realizar por el mes de marzo.
Explicó que el salario devengado en el mes inmediatamente anterior, esto es,
febrero de 2026, fue por valor de $12.819.455 lo que permitía evidenciar la
notoria diferencia entre una y otra suma.
2.6. Aseveró que el mismo 19 de marzo de 2026 envió un correo electrónico a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a través del portal único que
recibe dichas peticiones: medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co con el fin de que
se corrigiera la nómina ante la evidente diferencia y el consecuente perjuicio
que se le causaba.
Indicó que el referido portal no le informó automáticamente el recibido de su
petición, por lo que reiteró la solicitud los días 20, 24, 25 y 26 de marzo de
2026. Agregó que pese a que hasta el 25 de marzo se generó el acuse de
recibido, no se obtuvo respuesta alguna.
2.7. Manifestó que el 27 de marzo de 2026 le fue consignado el salario por el valor
erróneamente liquidado, esto es, $1.733.342.
2.8. Indicó que el 8 de abril de 2026 nuevamente revisó el portal de Efinómina y no
encontró que la entidad accionada hubiera publicado la corrección de su
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liquidación correspondiente al mes de marzo de la presente anualidad, lo que
sugería que no tenía previsto incluir el pago exigido en una nómina adicional.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que el salario que devengaba como empleado judicial era
su único ingreso con el que garantizaba su manutención y la de su núcleo familiar.
Anunció que pese a que radicó múltiples peticiones y que solo hubo acuse de
recibido hasta el 25 de marzo de 2026, la entidad no desplegó ninguna actuación
tendiente a efectuar la corrección correspondiente lo que le causaba un perjuicio
irremediable al pagársele por el mes de marzo de la presente anualidad solamente
el 13% de lo que le correspondía, razón por la que acudía al amparo de tutela como
mecanismo transitorio.
Consideró que tal actuar de la administración vulneraba su derecho al trabajo en
condiciones dignas y justas pues el no reconocimiento de las contraprestaciones
económicas a los trabajadores como lo eran los salarios y demás prestaciones
implicaba una desmejora en sus condiciones de dignidad e igualdad como
empleado.
Del derecho a la remuneración mínima, vital y móvil encontró que igualmente había
sido vulnerado por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al no
corregir la liquidación de la nómina a su cargo actual y adeudarle las sumas que
correspondían a su salario y bonificación judicial por el mes de marzo de la presente
anualidad.
Concluyó que de manera injustificada en la liquidación del mes de marzo de 2026
le descontaron un total de $7.611.244 correspondiente a más del 50% de su
asignación mensual, lo que lo ponía en una situación de precariedad y desigualdad
sin razón aparente desconociendo las expectativas salariales legítimas que el
trabajador tenía como producto de su trabajo y con las que habitualmente
solventaba sus necesidades económicas y mantenía su nivel de vida.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 14 de abril de 2026 el despacho ponente admitió la acción de
tutela interpuesta por el señor David Fernando Luna Carrillo contra el Consejo
Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Asimismo se ordenó la notificación de las partes y se vinculó como terceros
con interés: (i) a la Mesa de Entrada SIGOBius de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, (ii) a la Ventanilla de Correspondencia al correo
medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co, (iii) a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Unidad de Recursos Humanos, (iv) a la División de
Asuntos Laborales, al Grupo de Nómina; (v) a la Oficina de Recursos Humanos
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y (vi)
a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
4.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá intervino por conducto del
presidente de la Corporación.
En su escrito de intervención, manifestó que por tratarse de una aclaración de
la nómina del mes de marzo de 2026 respecto a los valores liquidados al actor
como Profesional Especializado Grado 33 de la Corte Suprema de Justicia,
dicho asunto le correspondía a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, como ordenadoras del gasto quienes eran las que decidían lo
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pretendido por el accionante y no al Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá.
Explicó que en todo caso, hizo una búsqueda en la base de datos de registro
de correspondencia externa, en el Sistema de Gestión de Correspondencia y
Archivo de Documentos Oficiales (SIGOBius), en los correos electrónicos, en
los archivos de las vigilancias judiciales a cargo y no evidenció ningún escrito
radicado por el accionante, lo que además se certificó por la Secretaría
General de la entidad mediante oficio del 15 de abril de 2026.
Agregó que la acción de tutela era improcedente ya que dentro de las
funciones constitucionales y legales asignadas a esa seccional no se
encontraba la de verificar la nómina para el pago de salarios y reiteró que dicha
atribución le correspondía exclusivamente a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá, quien era la ordenadora del gasto y a
quien pidió se vinculara al presente trámite constitucional.
4.3. El Consejo Superior de la Judicatura por conducto de la magistrada auxiliar
de la oficina del despacho de la presidencia, presentó escrito de oposición en
el que expuso que la autoridad que estaba legalmente legitimada para dirimir
la controversia administrativa era la Unidad de Recursos Humanos de las
Direcciones Seccionales de Administración Judicial y/o de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial razón por la que pidió se desvinculara de
la presente acción a la Corporación al no contar con legitimación en la causa
por pasiva.
4.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial intervino por intermedio
de apoderado e informó que la Unidad de Talento Humano expidió el oficio
DEAJRHO26-1332 del 21 de abril de 2026 mediante el cual dio respuesta a
las peticiones del accionante en el que se refirió a unos descuentos realizados
en la nómina del mes de mayo de 2025 como consecuencia de una orden de
reintegro de mayores valores pagados por nómina. Puntualmente en lo
concerniente a la liquidación de la nómina del mes de marzo de 2026 aclaró
que la diferencia le sería reconocida en el mes de abril de la presente
anualidad adjuntando como prueba el comprobante de pre nómina con la
liquidación respectiva.
4.5. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, no se
pronunció en esta oportunidad pese a haber sido notificada de la existencia de
la presente acción.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991,2 fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
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2. Solicitudes de desvinculación
El Consejo Superior de la Judicatura manifestó no ser el competente para
resolver sobre lo peticionado por el actor a través de la presente acción de tutela
pues indicó que la competencia para resolver el caso era de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
Por su parte el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá puso de presente
que tampoco era competente para resolver la pretensión del actor y que el
competente era la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y/o la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, por lo que pidió ser
desvinculado de la presente acción.
Al respecto, la Sala advierte que la vinculación de las mencionadas corporaciones
atendió a que, eventualmente dado el nombramiento en carrera administrativa del
actor en el empleo de Oficial Mayor en el Jugado Noveno Penal del Circuito de
Bogotá, la licencia no remunerada otorgada por 2 años consecutivos para ocupar el
empleo de Profesional Especializado Grado 33 de la Sala Especial de Instrucción
de la Corte Suprema de Justicia y la posterior renuncia al cargo de carrera (Oficial
Mayor) hubiera podido tener alguna imprecisión y una consecuente implicación en
la liquidación de la nómina del actor.
Adicionalmente por cuanto en el acto administrativo por el que se aceptó la renuncia
al señor Luna Carrillo (resolución 009 del 3 de marzo de 2026) en su parte resolutiva
dispuso que debía remitirse copia de la decisión al Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá.
Tales consideraciones permiten concluir que, con la información con la que contó el
despacho ponente al momento de admitir la demanda de tutela fue pertinente la
notificación como accionado al Consejo Superior de la Judicatura y como tercero
con interés al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, razones por las que
se considera que deben continuar vinculados al presente trámite constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos corresponde a la Sala determinar si se
configura la carencia actual de objeto por hecho superado en razón a que en el
curso de la tutela se procedió por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial a liquidar en la nómina del mes de abril de 2026 la parte del salario
correspondiente al mes de marzo de 2026 que no había sido liquidada ni pagada
correctamente al señor David Fernando Luna Carrillo.
4. De la carencia actual de objeto por hecho superado
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata,
oportuna y adecuada de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o
vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares. Su
finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho fundamental se
materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer que cese.
En ocasiones la acción de tutela como mecanismo extraordinario y excepcional de
protección de derechos fundamentales pierde su razón de ser ante el
desaparecimiento o alteración de las circunstancias que dieron origen al alegado
escenario de vulneración ius fundamental, lo que hace que carezca de sentido emitir
alguna orden de amparo3.
3
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias SU-540 de 2007 (título 7mo), T-495 de 2010 (Subtítulo 2.3.), T-585 de 2010 (párrafos
4° a 6°) y T-236 de 2018 (párrafo 4°).
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Este fenómeno ha sido denominado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
como carencia actual de objeto, cuya ocurrencia se ha aceptado en tres eventos:
hecho superado4; daño consumado5 y situación sobreviniente6.
Sobre esta clasificación, desde sus inicios la Corte Constitucional en Sentencia T-
494 de 1993, precisó lo siguiente:
«La doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para
identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra
el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos
que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el
género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través
de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se
ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una
“situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le
correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.»
En el caso particular, resulta necesario precisar el alcance de la carencia actual de
objeto por hecho superado. Esta figura se materializa en los casos en que, en el
lapso transcurrido entre la radicación de la acción de tutela y la expedición de la
sentencia, la autoridad accionada adelantó las gestiones necesarias para superar
las acciones u omisiones que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela.
En consecuencia, en estos eventos, por sustracción de materia se hace inocuo
emitir cualquier pronunciamiento u orden del juez de tutela para lograr el amparo de
los derechos.
En estos eventos, le corresponde al juez de tutela constatar que «(i) efectivamente se
ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (ii) y que la entidad
demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu proprio, es decir, voluntariamente.»7
Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 «ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su
razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial».
De allí que, una vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación
de la solicitud de amparo, sería inocua cualquier determinación del juez
constitucional, ya que «la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que
conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad de las pretensiones».
4
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 540 de 2007, T-678 de 2011, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-624 de 2016 y
T-021 de 2017.
5
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 225 de 2013, T-011 de 2016 y T-082 de 2006.
6
Cfr. Corte Constitucional, sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-158 de 2017.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019, párrafo 41
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5. Análisis del caso
De acuerdo con los antecedentes del caso se advierte que el señor David Fernando
Luna Carrillo en su calidad de servidor judicial como Profesional Especializado,
Grado 33 de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia solicitó
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se corrigiera la liquidación de la
nómina correspondiente al mes de marzo de 2026, petición que hizo inicialmente el
19 de marzo de 2026 dirigido al correo electrónico de la mesa de entrada de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial SIGOBius medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co,
veamos:
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Petición que reiteró al mismo correo electrónico los días 24, 25 y 26 de marzo de
2026 y cuyo acuse de recibido tiene dos fechas, una el 25 de marzo y otra el 27 de
marzo de 2026 conforme se evidencia en las capturas de pantalla así:
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Ahora bien, para el 8 de abril de 2026, fecha en que se interpuso la presente acción
de tutela, el actor solo conocía del recibido de sus solicitudes por parte de la mesa
de entrada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pero no conocía de
la gestión realizada por parte de la entidad en aras de que se ajustara la liquidación
del pago que correspondía al mes de marzo de 2026.
Con ocasión del informe rendido por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial en el presente trámite de tutela en el que anunció que tal yerro había sido
ajustado en la liquidación del mes de abril y de lo que adjuntó pantallazo de pre
nómina para justificar su defensa, llevó a que el despacho ponente remitiera correo
electrónico al accionante con el fin de conocer si finalmente se había cumplido por
parte de la Dirección Ejecutiva con el pago correcto de su salario y frente a lo que
el actor dio respuesta de la siguiente manera:
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De acuerdo con la manifestación hecha por el actor, lo pretendido a través de la
presente acción fue satisfecho en su totalidad pues se corrigió en la liquidación del
mes de abril de 2026 el yerro cometido en la liquidación de su salario por el mes de
marzo del presente año y agregó que recibió el valor correcto de su salario tanto de
lo que correspondía y no se había pagado en marzo como de lo devengado y
liquidado para el mes de abril.
Partiendo de lo anterior, con la actuación que tuvo posteriormente la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, lo pretendido por el señor Luna Carrillo en la
acción de tutela ya fue resuelto, de manera que la Sala considera que la acción de
tutela carece de objeto porque el hecho que originó su interposición dejó de existir
en el curso del presente trámite, por tanto carece de objeto emitir un
pronunciamiento de fondo en razón a que la solicitud de amparo perdió cualquier
motivo que la justifique.
6. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado, ya que a la fecha no existe vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. NEGAR las solicitudes de desvinculación tanto del Consejo Superior de la
Judicatura como del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá por falta
de legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con lo expuesto.
2. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, de conformidad
con las consideraciones hechas en esta providencia.
3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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