RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02670-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02670-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02670-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la Sentencia de 14 de mayo de 2026 de la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado por Julián Arley Jiménez Arbelaéz. SEGUNDO. REMITIR la presente decisión a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02670-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., nueve (09) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02670-01
Demandante: Julián Arley Jiménez Arbeláez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Reparación
directa. Servicio militar obligatorio. Defecto fáctico. Defecto
sustantivo.

Decisión: Revoca improcedencia y en su lugar niega solicitud de amparo.

La Sala decide la impugnación presentada por Julián Arley Jiménez Arbeláez contra
la Sentencia de 14 de mayo de 2026 de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 8 de abril de 2026, la parte actora presentó una acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso, con ocasión de la Sentencia de 9
de octubre de 2025 proferida en el proceso de reparación directa No. 05001-33-33-
010-2015-00716-01.

2. A título de amparo constitucional, solicitó se dejara sin efectos la Sentencia
de 9 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en
su lugar, se le ordenara que profiriera decisión de reemplazo en la cual se realizara
una valoración integral, objetiva y conforme a las reglas de la sana crítica del
material probatorio.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud, la parte actora manifestó que
prestó el servicio militar obligatorio en calidad de soldado campesino, vinculado al
Batallón de Infantería No. 42 “Batalla de Bomboná”, con sede en el municipio de
Puerto Berrío, Antioquia.

4. Señaló que el 14 de abril de 2013, mientras se encontraba en la vereda
Gusimal y se desplazaba hacia los baños de la unidad, resbaló y cayó sobre el brazo
izquierdo, sufriendo una lesión en el codo. Afirmó que el 20 de octubre de 2013, en
cumplimiento de una orden impartida por el comandante del pelotón al que
pertenecía y durante la realización de un simulacro de emboscada, resbaló y cayó
sobre una piedra, golpeándose la rodilla derecha, lo que le ocasionó una lesión del
ligamento colateral.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación:11001-03-15-000-2026-02670-01
Demandante: Julián Arley Jiménez Arbelaéz

5. Sostuvo que durante la prestación del servicio militar obligatorio adquirió
una afectación auditiva como consecuencia de la explosión de una granada, cuyo
fuerte impacto sonoro le habría generado tinnitus, hipoacusia subjetiva, otalgia y
episodios de otorrea, así como hipoacusia neurosensorial severa en el oído
izquierdo, circunstancias que afectaron de manera significativa su salud y su calidad
de vida.

6. El 26 de junio de 2015, la parte actora y otros1 presentaron demanda de
reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, con el propósito de que se declarara la responsabilidad administrativa de
dicha entidad por los daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que le
fueron ocasionados como consecuencia de los incidentes sufridos durante la
prestación del servicio militar.

7. El 22 de octubre de 2021, el Juzgado 10 Administrativo de Medellín negó
las pretensiones de la demanda de reparación directa tras considerar que la parte
actora incumplió la carga probatoria que le correspondía. Explicó que, si bien se
encontraba acreditada su condición de militar y obraban en el expediente un informe
administrativo que describía las circunstancias de los incidentes ocurridos durante
la prestación del servicio, así como las historias clínicas de los Hospitales Militares
de Medellín, Universidad San Vicente de Paul y Pablo Tobón Uribe, las cuales
daban cuenta de las lesiones padecidas, se carecía de un elemento probatorio
esencial, consistente en la cuantificación de la pérdida de capacidad laboral por
parte de un auxiliar de la justicia.

8. Expuso que interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, por cuanto no compartía la conclusión según la cual no se encontraba
acreditado el daño antijurídico. Sostuvo que, aun sin la contradicción del dictamen,
debía estarse a lo demostrado con los documentos allegados al proceso, los cuales
acreditaban las lesiones sufridas. Afirmó que la ausencia de un dictamen de pérdida
de capacidad laboral no impedía declarar la existencia del daño antijurídico ni su
imputación al Estado, como tampoco obstaculizaba la tasación de los perjuicios,
para lo cual el juez podía hacer uso de su facultad discrecional.

9. El 9 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la
Sentencia de 22 de octubre de 2021 tras concluir que las circunstancias en las que
presuntamente ocurrieron los hechos dañosos no estaban acreditadas, pues no
existían elementos de prueba que demostraran su ocurrencia más allá de las
afirmaciones del propio demandante. Consideró que no era posible concluir que la
alteración del nervio ulnar y la artralgia de la rodilla derecha configuraran un daño
antijurídico imputable al Ejército Nacional y, por ende, que de tales afecciones
pudiera derivarse el deber de indemnizar a cargo del Estado.

10. Como fundamento de la vulneración, sostuvo que la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en un defecto fáctico por indebida
valoración u omisión del material probatorio y en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial que, en su criterio, regula la

1 Marta Nubia Arbeláez Patiño, Juan Guillermo Jiménez Hernández, Martha Cecilia Patiño De Arbeláez, Antonio

Jesús Arbeláez Giraldo, Beatriz Elena Meneses Serna, Didier Iván Cuervo Rojas, Juan Diego Jiménez Arbeláez.

2
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación:11001-03-15-000-2026-02670-01
Demandante: Julián Arley Jiménez Arbelaéz

responsabilidad del Estado frente a los daños sufridos por quienes prestan el
servicio militar obligatorio.

11. Afirmó que la autoridad judicial omitió valorar integralmente las pruebas
obrantes en el expediente y, en especial, restó mérito probatorio al dictamen emitido
por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, mediante el cual se
determinó una pérdida de capacidad laboral del 43,98 %, así como al informativo
administrativo por lesión, las historias clínicas, el acta de evacuación y los demás
documentos médicos que acreditaban tanto la existencia del daño como las
circunstancias en que ocurrieron los hechos y su relación con la prestación del
servicio militar obligatorio. Sostuvo que, pese a dicho acervo probatorio, el Tribunal
concluyó que no existían elementos suficientes para demostrar la ocurrencia de los
eventos dañosos ni su imputación al Ejército Nacional. Agregó que el Tribunal
decidió no reprogramar la diligencia de sustentación del dictamen pericial, pese a la
excusa presentada por el perito, circunstancia que le impidió ejercer
adecuadamente el derecho de contradicción de esa prueba y condujo a una
valoración probatoria incompleta.

12. Sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente, al exigir la acreditación de presupuestos
propios del régimen subjetivo de responsabilidad, pese a que, tratándose de
quienes prestan el servicio militar obligatorio, el Estado asume una posición especial
de garante. Afirmó que el Tribunal pasó por alto que las lesiones ocurrieron durante
la prestación del servicio y en cumplimiento de órdenes superiores, así como que el
dictamen de pérdida de capacidad laboral y el informativo administrativo por lesión
daban cuenta de que aquellas se produjeron por causa y razón del servicio, razón
por la cual consideró que la autoridad judicial se apartó del régimen de
responsabilidad aplicable a los conscriptos y vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad.

Intervenciones2

13. El Juzgado 10 Administrativo de Medellín envió el enlace de acceso al
expediente digital del proceso ordinario.

14. El Ministerio de Defensa solicitó que se negaran las pretensiones de la
acción de tutela tras considerar que la sentencia de segunda instancia debía
permanecer incólume, por cuanto las decisiones adoptadas en ella no vulneraron
derecho fundamental alguno. Sostuvo que la parte actora pretendía reabrir un
debate que ya había sido resuelto y que la providencia cuestionada estuvo
precedida de una valoración probatoria integral, ponderada y debidamente
motivada.

15. Señaló que el juez no podía limitarse a valorar únicamente las pruebas
favorables a la parte actora, sino que debía efectuar un examen conjunto de la
totalidad del material probatorio. Afirmó que la autoridad judicial estudió de manera

2 Mediante Auto de 10 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, y vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, al Juzgado 10
Administrativo de Medellín y a Marta Nubia Arbeláez Patiño, Guillermo Jiménez Hernández, Martha Cecilia
Patiño De Arbeláez, Antonio Jesús Arbeláez Giraldo, Beatriz Elenna Meneses Serna, Didier Iván Cuervo Rojas,
Juan Diego Jiménez Arbeláez.

3
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación:11001-03-15-000-2026-02670-01
Demandante: Julián Arley Jiménez Arbelaéz

detallada cada una de las piezas procesales obrantes en el expediente, razón por
la cual no incurrió en vulneración de los derechos fundamentales invocados.

16. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela o, en subsidio, que se negaran sus pretensiones,
al sostener que la sentencia de segunda instancia se fundamentó en un análisis
estructurado del acervo probatorio obrante en el proceso ordinario, efectuado con
fundamento en las normas aplicables al caso y la jurisprudencia vigente. En
consecuencia, afirmó que no incurrió en vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

17. Señaló que las circunstancias en las que presuntamente ocurrieron los
hechos dañosos no estaban acreditadas, pues no existían elementos de prueba que
demostraran su ocurrencia más allá de las afirmaciones del propio accionante.
Agregó que la pérdida de capacidad auditiva únicamente apareció documentada
con posterioridad a su desvinculación del servicio militar y que tampoco se acreditó
que el actor hubiera sido asignado a unidades de artillería, circunstancia de la cual
pudiera derivarse alguna presunción en ese sentido.

18. Marta Nubia Arbeláez Patiño, Guillermo Jiménez Hernández, Martha Cecilia
Patiño De Arbeláez, Antonio Jesús Arbeláez Giraldo, Beatriz Elenna Meneses
Serna, Didier Iván Cuervo Rojas, Juan Diego Jiménez Arbeláez, guardaron silencio.

Sentencia impugnada

19. El 14 de mayo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional. Consideró
que los argumentos expuestos por la parte actora pretendían convertir este
mecanismo excepcional en una tercera instancia orientada a desvirtuar el análisis
efectuado por la autoridad judicial competente.

20. Advirtió que, en materia de tutela contra providencias judiciales, al juez
constitucional le estaba vedado inmiscuirse en asuntos propios de la órbita del juez
natural de la causa. Señaló que su examen debía circunscribirse exclusivamente a
verificar la eventual vulneración de derechos fundamentales y no a efectuar una
nueva valoración del razonamiento jurídico desarrollado en el proceso ordinario,
pues ello desconocería el principio de autonomía judicial y desnaturalizaría el
carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela.

21. Afirmó que las controversias planteadas por el hoy accionante estaban
encaminadas a cuestionar la valoración y el alcance que la autoridad judicial otorgó
a los elementos probatorios allegados al proceso de reparación directa, lo que
evidenciaba una simple inconformidad con la decisión adoptada. Agregó que los
reproches formulados se limitaban a expresar su desacuerdo con las conclusiones
alcanzadas por el juez ordinario, sin aportar elementos que permitieran advertir una
afectación de derechos fundamentales que habilitara la intervención del juez
constitucional.

22. Manifestó que un simple desacuerdo con la conclusión a la que arribó el
juez ordinario no constituía, por sí mismo, una vulneración del debido proceso ni
justificaba la intervención del juez constitucional. Sostuvo que aceptar una tesis

4
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación:11001-03-15-000-2026-02670-01
Demandante: Julián Arley Jiménez Arbelaéz

contraria implicaría sustituir indebidamente al juez natural, en contravía de la
naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, especialmente cuando
las controversias ya habían sido resueltas por la jurisdicción ordinaria y este
mecanismo constitucional no podía convertirse en una tercera instancia.

Impugnación

23. La parte actora interpuso escrito de impugnación tras considerar que no
resultaba acertado declarar la improcedencia de la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sostuvo que la
controversia planteada trascendía una simple discrepancia con la valoración
probatoria efectuada por el juez natural, pues involucraba la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, a la prueba, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, derivada de la configuración de los
defectos fáctico y sustantivo atribuidos a la sentencia del Tribunal Administrativo de
Antioquia.

24. Afirmó que la Sección Quinta omitió realizar un estudio material de los
defectos invocados y, en cambio, concluyó de manera equivocada que la acción de
tutela pretendía convertirse en una tercera instancia. Reiteró que el Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en un defecto fáctico al restar eficacia probatoria
al dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Antioquia y al omitir la valoración integral del informativo
administrativo por lesión, las historias clínicas, el acta de evacuación y los demás
documentos que acreditaban que las lesiones ocurrieron por causa y razón del
servicio militar obligatorio. Insistió en que tales elementos demostraban la existencia
del daño, su origen y su imputación al Ejército Nacional.

25. Reiteró que la autoridad judicial desconoció el precedente aplicable en
materia de responsabilidad del Estado frente a los conscriptos, al exigir cargas
probatorias incompatibles con el régimen objetivo que debía aplicarse al caso.
Sostuvo que el Tribunal desconoció la posición especial de garante que asume el
Estado respecto de quienes prestan el servicio militar obligatorio, pasó por alto que
las lesiones ocurrieron durante la prestación del servicio y en cumplimiento de
órdenes superiores y concluyó, sin que se hubiera acreditado un eximente de
responsabilidad, que no existía daño antijurídico imputable al Ejército Nacional.
Invocó las providencias proferidas por el Consejo de Estado el 6 de agosto de 20253,
14 de octubre de 20254, así como las sentencias de 3 de febrero de 20105, 28 de
agosto de 20146 y 9 de febrero de 20177, las cuales fijaban el criterio aplicable a
este tipo de controversias.

3 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Subsección B, en el marco de una acción de tutela rad. 11001-03-15-

000-2025-03820-00.
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el marco de una acción de tutela Rad. 11001-03-15-

000-2025-03820-01.
5
Expediente: 17543.
6 Expediente: 31170.
7 Radicado: 54001-23-31-000-2009-00316-01.

5
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación:11001-03-15-000-2026-02670-01
Demandante: Julián Arley Jiménez Arbelaéz

II. CONSIDERACIONES

Competencia

26. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

27. Corresponde a la Sala determinar si, una vez verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, el
Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en los defectos fáctico y/o sustantivo
alegados por la parte actora, al presuntamente omitir la valoración integral del
material probatorio obrante en el proceso de reparación directa y desconocer el
precedente judicial que regula la responsabilidad del Estado frente a los daños
sufridos por quienes prestan el servicio militar obligatorio.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

28. La Sala revocará la Sentencia de 14 de mayo de 2026 de la Sección Quinta
del Consejo de Estado y negará la solicitud de amparo, por las razones que pasan
a explicarse:

29. Contrario a lo sostenido por el juez de tutela de primera instancia, la
controversia sí posee relevancia constitucional, pues el asunto planteado se centra
en la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso, derivada de los defectos fáctico y sustantivo que la parte actora atribuyó a
la Sentencia de 9 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia dentro del proceso de reparación directa. En ese sentido, los reproches
formulados no se dirigieron a expresar un simple desacuerdo con la decisión
adoptada, sino a cuestionar, desde una perspectiva constitucional, la valoración del
material probatorio y el presunto desconocimiento del precedente jurisprudencial
aplicable a la responsabilidad del Estado por los daños sufridos por quienes prestan
el servicio militar obligatorio.

30. Frente a los demás requisitos generales de procedencia la Sala advierte
que: (1) se encuentra satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa como
pasiva, puesto que el accionante tenía la calidad de demandante dentro del proceso
No. 05001-33-33-010-2015-00716-00/01 y la decisión objeto de cuestionamiento
fue emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia; (2) se cumplió con el
requisito de subsidiariedad, ya que la parte actora agotó todos los recursos
judiciales disponibles para procurar la defensa de sus derechos; (3) la acción de
tutela fue presentada el 8 de abril de 2026, esto es, dentro del plazo de 6 meses
contados a partir de la ejecutoria de la providencia enjuiciada8; (4) no se alegó la
existencia de una irregularidad procesal con incidencia en la decisión cuestionada;
(5) los hechos que generaron la presunta vulneración, así como los derechos

8 Decisión que se notificó a través de mensaje de datos, enviado el 15 de octubre de 2025.

6
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación:11001-03-15-000-2026-02670-01
Demandante: Julián Arley Jiménez Arbelaéz

fundamentales y defectos alegados, fueron identificados de manera razonable; y (6)
la tutela no fue presentada contra una providencia de la misma naturaleza.

31. Verificados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial, se estudiará de fondo el asunto de la referencia.

Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos

32. La Sala negará el amparo invocado por las consideraciones que se exponen
a continuación:

33. En primer lugar, corresponde determinar si la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en el defecto fáctico alegado por la
parte accionante. Al respecto, la Sala advierte que el reproche formulado no
demuestra la omisión, exclusión, tergiversación o apreciación manifiestamente
irrazonable de un medio de prueba determinante para la resolución del proceso de
reparación directa. Por el contrario, del examen integral de la providencia
cuestionada se evidencia que la autoridad judicial llevó a cabo un análisis detallado
del acervo probatorio, explicó el alcance que otorgó a cada uno de los elementos
de prueba allegados al expediente y expuso las razones por las cuales consideró
que estos resultaban insuficientes para tener por acreditadas las circunstancias en
las que, según la demanda, ocurrieron las lesiones cuya reparación se pretendía.

34. En efecto, contrario a lo sostenido por la parte actora, el Tribunal
Administrativo de Antioquia no omitió valorar el dictamen emitido por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, el informativo administrativo por
lesión, las historias clínicas, la ficha médica unificada, las audiometrías, la
electromiografía ni los demás documentos médicos incorporados al proceso. De
hecho, examinó individual y conjuntamente tales medios de convicción, precisó el
contenido y alcance de cada uno de ellos y concluyó que, si bien permitían acreditar
la existencia de determinadas afecciones en la salud del accionante, no
demostraban de manera suficiente que estas hubieran tenido origen en los hechos
narrados en la demanda ni que fueran imputables al Ejército Nacional en las
condiciones allí descritas.

35. De manera particular, la autoridad judicial explicó que el informativo
administrativo por lesión fue elaborado de manera extemporánea, una vez el
accionante había culminado la prestación del servicio militar obligatorio, a partir de
la información suministrada por el propio interesado y sin que el comandante de la
unidad hubiera tenido conocimiento directo de los hechos. Asimismo, puso de
presente que dicho documento no relacionaba testigos de los presuntos accidentes
ni existían otros elementos de prueba que permitieran corroborar objetivamente las
circunstancias en las cuales, según el accionante, ocurrieron las lesiones. Del
mismo modo, analizó las historias clínicas y advirtió que algunas de las patologías
únicamente aparecían documentadas con posterioridad a la desvinculación del
servicio, mientras que otras no guardaban correspondencia temporal con los hechos
relatados en la demanda, razones por las cuales estimó que no existía certeza
suficiente acerca del origen de tales afectaciones.

36. Bajo ese contexto, la Sala considera que la inconformidad planteada por la
parte accionante no se dirige realmente a evidenciar la existencia de un defecto en

7
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación:11001-03-15-000-2026-02670-01
Demandante: Julián Arley Jiménez Arbelaéz

el análisis probatorio desplegado por el Tribunal, sino a cuestionar el alcance que
dicha autoridad judicial otorgó a las pruebas incorporadas al expediente. Sin
embargo, la acción de tutela contra providencias judiciales no constituye un
mecanismo para reemplazar el criterio valorativo del juez natural ni para imponer
una lectura distinta del material probatorio cuando este ha sido apreciado de manera
razonada, integral y conforme a las reglas de la sana crítica. En consecuencia, la
circunstancia de que la parte actora discrepe de las inferencias alcanzadas por el
Tribunal no transforma, por sí sola, esa valoración en arbitraria o caprichosa.

37. Tampoco desvirtúa esta conclusión el argumento según el cual el Tribunal
desconoció el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez
de Antioquia. En efecto, la providencia cuestionada abordó expresamente la
situación procesal de dicha prueba y explicó las razones por las cuales carecía de
eficacia probatoria, al no haberse surtido adecuadamente su contradicción en los
términos previstos por el artículo 228 del Código General del Proceso. Incluso, la
Sala observa que el Tribunal corrigió expresamente el razonamiento acogido por el
juez de primera instancia, al precisar que la acreditación del daño antijurídico no
dependía necesariamente de la existencia de un dictamen de pérdida de capacidad
laboral y que dicho elemento podía demostrarse mediante otros medios de prueba.
No obstante, luego de valorar integralmente el restante acervo probatorio, concluyó
que este no ofrecía certeza suficiente acerca de las circunstancias de ocurrencia de
los hechos ni de su imputación al Ejército Nacional. En ese orden, no se advierte
que la providencia cuestionada hubiera desconocido una prueba determinante o
que hubiese incurrido en una valoración ostensiblemente irrazonable del acervo
probatorio, razón por la cual no se configura el defecto fáctico alegado.

38. En cuanto al defecto sustantivo invocado por la parte accionante, la Sala
observa que este se fundamenta en el presunto desconocimiento del precedente
judicial aplicable a la responsabilidad patrimonial del Estado frente a quienes
prestan el servicio militar obligatorio. No obstante, del examen de la providencia
cuestionada no se advierte la configuración del yerro alegado, por las razones que
pasan a exponerse.

39. En efecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia desarrolló de manera
expresa el marco jurídico aplicable a la responsabilidad extracontractual del Estado
respecto de los conscriptos. Para ello, explicó la cláusula general de responsabilidad
prevista en el artículo 90 de la Constitución Política, reiteró la jurisprudencia del
Consejo de Estado relativa a las relaciones especiales de sujeción y reconoció que,
tratándose de quienes prestan el servicio militar obligatorio, el título de imputación
prevalente corresponde al daño especial, sin perjuicio de la aplicación de otros
regímenes de responsabilidad cuando las circunstancias del caso así lo ameriten.
Asimismo, destacó la posición especial de garante que asume el Estado frente a
quienes son llamados a cumplir dicho deber constitucional y precisó que, bajo ese
régimen, corresponde a la administración demostrar la configuración de una causa
extraña para exonerarse de responsabilidad.

40. En ese sentido, no resulta acertado afirmar que el Tribunal hubiera
desconocido el precedente invocado por la parte actora o que hubiese exigido la
demostración de presupuestos propios de un régimen subjetivo de responsabilidad.
Por el contrario, la autoridad judicial reconoció expresamente la naturaleza objetiva
del régimen aplicable a los conscriptos y explicó que, aun bajo ese esquema, era

8
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación:11001-03-15-000-2026-02670-01
Demandante: Julián Arley Jiménez Arbelaéz

indispensable verificar la concurrencia de los elementos estructurales de la
responsabilidad patrimonial del Estado, particularmente la acreditación del daño
antijurídico y de las circunstancias que permitieran establecer su imputación al
Ejército.

41. Precisamente, fue a partir del análisis de tales presupuestos que el Tribunal
concluyó que las pruebas allegadas al proceso no permitían establecer, con el grado
de certeza requerido, que las lesiones padecidas por el accionante hubieran
ocurrido en la forma descrita en la demanda o que la pérdida auditiva alegada
guardara relación causal con la prestación del servicio militar obligatorio. En
consecuencia, la decisión cuestionada no obedeció al desconocimiento del régimen
jurídico aplicable a los conscriptos, sino a la falta de acreditación del supuesto
fáctico necesario para hacerlo operar. De ahí que el desacuerdo manifestado por la
parte actora recaiga, en realidad, sobre la apreciación probatoria realizada por el
juez ordinario y no sobre la interpretación de las normas o precedentes que regulan
la materia.

42. En el escrito de impugnación, la parte actora insistió en que el Tribunal
Administrativo de Antioquia desconoció el precedente judicial aplicable en materia
de responsabilidad patrimonial del Estado frente a quienes prestan el servicio militar
obligatorio, al exigir, en su criterio, la acreditación de presupuestos propios de un
régimen subjetivo de responsabilidad, pese a la posición especial de garante que
asume el Estado respecto de los conscriptos. En apoyo de ese planteamiento invocó
las sentencias proferidas por la Subsección B de la Sección Cuarta y Tercera del
Consejo de Estado, el 6 de agosto y el 14 de octubre de 2025 dentro del trámite de
tutela radicado No. 11001-03-15-000-2025-0382-00/01, así como las sentencias de
3 de febrero de 2010, 28 de agosto de 2014 y 9 de febrero de 2017.

43. No obstante, la Sala observa, en primer lugar, que las Sentencias de 6 de
agosto y 14 de octubre de 2025 fueron proferidas en sede de tutela, razón por la
cual sus efectos se circunscriben, por regla general, a las partes que intervinieron
en ese proceso constitucional. En consecuencia, dichas providencias no
constituyen, por sí solas, un precedente vinculante para resolver el presente asunto,
pues la decisión allí adoptada respondió a las particularidades fácticas y jurídicas
propias de ese trámite constitucional. Si bien las consideraciones contenidas en
esas providencias pueden tener un valor orientador cuando desarrollan reglas
jurisprudenciales consolidadas, ello no implica que deban ser aplicadas
automáticamente a controversias distintas, especialmente cuando versan sobre
supuestos fácticos diferentes y sus efectos se limitan, en principio, a quienes
hicieron parte del respectivo trámite constitucional.

44. En cuanto a las Sentencias de 3 de febrero de 2010, 28 de agosto de 2014
y 9 de febrero de 2017, la Sala advierte que la parte accionante se limitó a invocarlas
como fundamento de su inconformidad, sin asumir una carga mínima de
argumentación que permitiera establecer el criterio jurídico contenido en cada una
de ellas, de qué manera resultaba aplicable al caso concreto o por qué el Tribunal
Administrativo de Antioquia se apartó injustificadamente de dicho precedente. En
otras palabras, el actor no explicó cuál era la regla jurídica que sustentaba esas
decisiones ni la similitud fáctica y jurídica existente entre esos asuntos y el que
ahora se examina, limitándose a citarlas como sustento de la acción de tutela.

9
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación:11001-03-15-000-2026-02670-01
Demandante: Julián Arley Jiménez Arbelaéz

45. Aun si se prescindiera de esa deficiencia argumentativa, la Sala tampoco
advierte que el Tribunal Administrativo de Antioquia hubiera desconocido el
precedente que regula la responsabilidad patrimonial del Estado frente a los
conscriptos. Por el contrario, la providencia cuestionada desarrolló expresamente el
marco constitucional y jurisprudencial aplicable, reconoció que quienes prestan el
servicio militar obligatorio se encuentran sometidos a una relación especial de
sujeción frente al Estado, reiteró que el título de imputación prevalente corresponde
al daño especial y explicó que, en ese régimen, corresponde a la administración
demostrar la existencia de una causa extraña para exonerarse de responsabilidad.

46. Bajo ese entendido, el reparo formulado por la parte accionante parte de
una premisa que no se corresponde con el contenido de la sentencia cuestionada.
En efecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia no negó las pretensiones porque
hubiera considerado inaplicable el régimen objetivo de responsabilidad propio de
los conscriptos, ni porque hubiese exigido la demostración de una falla del servicio.
Lo que concluyó fue que el material probatorio obrante en el expediente no permitía
establecer, con el grado de certeza requerido, que las lesiones cuya reparación se
pretendía hubieran ocurrido en las circunstancias expuestas en la demanda ni que
los hechos acreditados permitieran atribuir tales afectaciones al Ejército Nacional.

47. En otras palabras, la decisión del Tribunal no obedeció a un entendimiento
equivocado del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable a
quienes prestan el servicio militar obligatorio, sino a la conclusión de que no se
encontraba acreditado el presupuesto fáctico indispensable para activar dicho
régimen. Así, antes de abordar el estudio del título jurídico de imputación, la
autoridad judicial estimó que las pruebas allegadas al proceso resultaban
insuficientes para demostrar que los hechos dañosos ocurrieron en la forma
afirmada por el accionante, razón por la cual no era posible derivar la
responsabilidad patrimonial del Estado.

48. En ese contexto, la Sala concluye que el desacuerdo planteado por la parte
accionante no recae realmente sobre la regla jurídica aplicada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, sino sobre las conclusiones probatorias que
sustentaron la decisión cuestionada. Tal discrepancia corresponde al ámbito propio
de la autonomía e independencia judicial y no constituye, por sí sola, un defecto
sustantivo susceptible de ser corregido mediante la acción de tutela, máxime
cuando la interpretación acogida por la autoridad judicial se encuentra
suficientemente motivada y resulta jurídicamente admisible.

Conclusión

49. La Sala revocará la Sentencia de 14 de mayo de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, y en su lugar negará las pretensiones de la
acción de tutela, con fundamento en las consideraciones expuestas anteriormente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

10
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación:11001-03-15-000-2026-02670-01
Demandante: Julián Arley Jiménez Arbelaéz

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la Sentencia de 14 de mayo de 2026 de la Sección Quinta
del Consejo de Estado y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado por Julián Arley
Jiménez Arbelaéz.

SEGUNDO. REMITIR la presente decisión a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

11
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.