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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02672-00

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02672-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Henry Ardila Ramírez en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02672-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

29 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02672-00
Accionante: Henry Ardila Ramírez
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta

Tema: Tutela1 por presunta mora judicial en el trámite de una acción
de tutela

Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela instaurada por el señor Henry Ardila Ramírez, actuando a
nombre propio, en contra del Consejo de Estado, Sección Cuarta, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y mínimo vital, ocurrida con ocasión de la supuesta
mora judicial en la que habría incurrido la autoridad judicial accionada, al interior
del proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-00801-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El 5 de febrero de 2026, el señor Henry Ardila Ramírez promovió una acción
de tutela contra la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y Juzgado
Cincuenta y Ocho de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, por
la supuesta vulneración a sus derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital,
estabilidad laboral reforzada, igualdad y seguridad social.

3. El proceso correspondió a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, autoridad
judicial que, mediante auto del 6 de febrero de 2026 admitió la acción de tutela.
Por lo tanto, el 16 de febrero del mismo año, ingresó al despacho para fallo.

1
Acción de tutela presentada el 11 de diciembre de 2025

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02672-00
Accionante: Henry Ardila Ramírez

4. Sin embargo, el despacho judicial, a través de auto del 24 de febrero de 2026,
ordenó vincular al trámite de tutela, en calidad de tercero con interés, al Juzgado
Quince de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, al observar que
mediante Resolución 045 del 6 de mayo de 2024 el accionante fue designado
como escribiente en ese despacho judicial.

5. El 26 de marzo se registró proyecto para fallo. No obstante, mediante proveído
del 10 de abril de 2026, el despacho judicial accionado indicó que el proyecto de
sentencia no alcanzó la mayoría requerida para su aprobación en la Sala
realizada el 9 de abril de la presente anualidad, razón por la que se ordenó sorteo
de conjueces el 14 de abril del mismo año.

6. Con ocasión de lo anterior, el proyecto de sentencia se discutió nuevamente en
Sala de 23 de abril de 2026, pero no obtuvo la mayoría de los votos requeridos
para su aprobación, razón por la que, a través de proveído de esa misma fecha
se dispuso remitir el expediente al despacho que sigue en turno, para lo de su
cargo.

2.2. Fundamento jurídico

7. La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada transgredió los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, toda vez que han transcurrido 2 meses desde que presentó la acción de
tutela, sin que haya proferido decisión de primera instancia, lo que, a su juicio,
constituye una mora judicial injustificada.

2.3. Pretensiones

8. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
1. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, solicito respetuosamente se agilice el trámite y
se profiera el fallo de fondo en el menor tiempo posible, garantizando así la
eficacia de la acción de tutela como mecanismo preferente y sumario.

2. ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO- SECCIÓN CUARTA, que en un término perentorio de
cuarenta y ocho (48) horas, proceda a dictar sentencia dentro de la acción
de tutela radicada con el No. 11001-03-15-000-2026-00801-00.» (Sic a toda
la cita)

2.4. Trámite procesal

9. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 9 de abril
de 2026, en el que se ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Cuarta
como accionada y a la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura,
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá, a los juzgados Cincuenta y Ocho y Quince de Pequeñas Causas y

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Accionante: Henry Ardila Ramírez

Competencia Múltiple de Bogotá, así como a la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones y a la EPS Compensar.

2.5. Intervenciones

10. La Sección Cuarta del Consejo de Estado después de hacer un recuento
de las actuaciones surtidas al interior de la acción de tutela, indicó que en el
presente asunto no se ha desconocido la noción de plazo razonable que ha sido
desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a partir de la
interpretación del artículo 29 de la Constitución Política, ni se ha incurrido en mora
judicial injustificada.

11. Con ocasión de lo anterior, pidió que se niegue el amparo porque no ha
vulnerado los derechos fundamentales invocados en protección.

12. Colpensiones, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá solicitaron ser
desvinculados del presente trámite por falta de legitimación en la causa por
pasiva.

13. El Juzgado Setenta y Seis Civil Municipal de Bogotá–Transitoriamente
Juzgado Cincuenta y Ocho, de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple
solicitó ser desvinculado del presente trámite, toda vez que no se evidencia
vulneración de derecho fundamental alguno atribuible.

14. ElJuzgado Quince de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Bogotá informó que dio contestación a la vinculación de la tutela
11001031500020260080100, en donde se le manifestó a ese estrado judicial las
funciones que realizaba el accionante.

15. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

16. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

17. Deconformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Sección Cuarta del Consejo de Estado, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, con

2 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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ocasión de una presunta mora judicial dentro del trámite de la acción de tutela
con radicado 11001-03-15-000-2026-00801-00.

3.3. Mora judicial injustificada

18. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es
originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos3.

19. Al respecto, indicó la jurisprudencia constitucional que la tardanza en el
cumplimiento de los términos judiciales constituye una mora judicial injustificada
cuando (i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo;
y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones
por parte de la autoridad judicial. Se ha explicado además que es excepcional la
posibilidad del juez de tutela de alterar el orden de fallo, ya que el ordenamiento
jurídico consagra el deber de someterse a un sistema de turnos, con algunas
salvedades reconocidas por el legislador4.

20. Así las cosas, procede la acción de tutela en los casos de mora judicial
injustificada, siempre y cuando se acredite la inexistencia de otro medio de
defensa judicial y que se esté ante la posible materialización de un daño, cuyos
perjuicios se tornen irreparables.

21. Aunado a lo anterior, frente a la mora judicial justificada, ha precisado la Corte
Constitucional que según las circunstancias del caso, es posible (i) negar la
violación de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sometiendo al interesado al sistema de turnos; (ii) ordenar
excepcionalmente la alteración del orden para proferir el fallo, cuando el juez está
en presencia de un sujeto de especial protección constitucional, o cuando la mora
judicial supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste con
las condiciones de espera particulares del afectado; o (iii) disponer un amparo
transitorio en relación con los derechos fundamentales comprometidos, mientras
el competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia
planteada, en aquellos casos en que se está ante la posible materialización de
un daño cuyos perjuicios no puedan ser subsanados.

3.5.1. Análisis de la presunta mora judicial

3 Corte Constitucional, sentencia T-1019 de 2010, magistrado ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
4 Corte Constitucional, sentencia T 441 de 2015, magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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22. La parte accionante considera que la autoridad judicial accionada incurre en
mora judicial, toda vez que han transcurrido 2 meses desde que presentó la
acción de tutela, sin que haya proferido decisión de primera instancia.

23. Consultado el aplicativo de SAMAI se observa que mediante auto del 6 de
febrero de 2026 admitió la acción de tutela. Asimismo, se tiene que el 16 de
febrero del mismo año, ingresó al despacho para fallo.

24. Sin embargo, el despacho judicial, a través del auto del 24 de febrero de 2026,
ordenó vincular al trámite de tutela, en calidad de tercero con interés, al Juzgado
Quince de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá.

25. El 26 de marzo se registró proyecto para fallo. No obstante, mediante proveído
del 10 de abril de 2026 no alcanzó la mayoría requerida para su aprobación en
la Sala realizada el 9 de abril de la presente anualidad, razón por la que se ordenó
sorteo de conjueces el 14 de abril del mismo año.

26. Con ocasión de lo anterior, el proyecto de sentencia se discutió nuevamente
en Sala de 23 de abril de 2026, pero no obtuvo la mayoría de los votos requeridos
para su aprobación, razón por la que, a través de proveído de esa misma fecha
se dispuso a remitir el expediente al despacho que sigue en turno, para lo de su
cargo.

27. Así las cosas, se tiene que el 27 de abril de 2026 ingresó al despacho para
fallo una vez se designó el cambio de ponente.

28. De acuerdo con las actuaciones procesales descritas, la Sala advierte que,
aunque, en efecto, la acción de tutela se presentó el 5 de febrero de 2026, lo
cierto es que el proyecto de sentencia se ha discutido en Sala de Sección en dos
oportunidades, esto es, el 9 y 23 de abril de la presente anualidad. Sin embargo,
a la fecha no ha obtenido la mayoría de los votos requeridos para su aprobación,
circunstancia que no puede ser calificada como una mora judicial injustificada.

29. Por tanto, no resulta viable para la Sala declarar que la autoridad judicial
accionada está incursa en una conducta de mora judicial injustificada, pues, para
que ello ocurra debe demostrarse que la autoridad judicial actuó con negligencia
y desidia frente a sus deberes constitucionales y legales y, en el caso de autos,
como quedó visto, el proceso ingresó al despacho el 27 de abril para proferir fallo
una vez se designó el cambio de ponente, lo que indica que el hecho de que a la
fecha no se haya proferido la decisión no implica una trasgresión de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso.

30. Aunado a lo anterior, tampoco se allegó al expediente elemento de convicción
alguno encaminado a demostrar el acaecimiento de un perjuicio irremediable que
imponga la intervención inmediata de este juez constitucional a fin de alterar el
sistema de turnos de los procesos a cargo del despacho accionado, y en ese
sentido, proceder de otra forma para ordenar la prelación del asunto.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02672-00
Accionante: Henry Ardila Ramírez

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor
Henry Ardila Ramírez en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada la sentencia envíese a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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