Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02672-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02672-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02672-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02672-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02672-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: HENRY ARDILA RAMÍREZ
TESIS: SE REVOCA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ LA
SOLICITUD DE AMPARO Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL
DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA
PROFIRIÓ SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, ESTANDO EN TRÁMITE LA
ACCIÓN DE TUTELA DE LA REFERENCIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y MÍNIMO VITAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 29 de abril de 2026, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
denegó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
El señor HENRY ARDILA RAMÍREZ, actuando a través de
1
En adelante Sección segunda.
2
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apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al mínimo vital, los cuales estima
vulnerados por la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO2,
por presunta mora judicial, por cuanto no ha dictado decisión de
primera instancia dentro de la acción constitucional identificada con
el número único de radicación 2026-00801-00.
I.2.- Hechos
Indicó que el 4 de febrero de 2026 promovió acción de tutela contra
la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA3, el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
BOGOTÁ4, la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL5, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ6 y el JUZGADO
CINCUENTA Y OCHO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MÚLTIPLE DE BOGOTÁ7, por la presunta vulneración de sus
2
En adelante Tribunal.
3
En Adelante CSJ.
4
En adelante Consejo Seccional.
5
En adelante Dirección
6
En adelante Seccional.
7
En adelante el Juzgado
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derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la estabilidad
laboral reforzada, a la igualdad y a la seguridad social.
Mencionó que el expediente fue identificado con el número único de
radicación 2026-00801-00 y le correspondió por reparto a la
SECCIÓN CUARTA que, mediante auto de 6 de febrero del presente
año admitió la acción de tutela.
Sostuvo que el proceso ingresó al despacho para fallo el 16 de febrero
de 2026 y a través de proveído de 24 siguiente se ordenó vincular al
trámite como tercero con interés directo en las resultas del proceso
al JUZGADO QUINCE DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MÚLTIPLE DE BOGOTÁ.
Aseguró que el 26 de marzo de 2026, la SECCIÓN CUARTA registró
proyecto para fallo, y en auto de 10 de abril del presente año informó
que el mismo no alcanzó la mayoría requerida para su aprobación en
la Sala llevada a cabo el día anterior, por lo que se ordenó sorteo de
conjuez el 14 de abril siguiente.
Destacó que el proyecto fue analizado nuevamente en la Sala de 23
de abril de 2026, sin obtener la mayoría de votos para su aprobación,
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por lo que se remitió el expediente al despacho siguiente en turno
para su conocimiento.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, a la fecha han transcurrido más de 2 meses sin que
se haya dado una resolución al problema jurídico planteado, situación
que constituye una vulneración de sus derechos fundamentales
invocados, máxime cuando se encuentra en condición de
prepensionado, por lo que el factor tiempo es determinable a fin de
evitar un perjuicio irremediable en sus intereses.
Señaló que la ausencia de sentencia lo mantiene en una situación de
inseguridad jurídica y desprotección prestacional, impidiéndole el
acceso efectivo a la administración de justicia en un momento en el
que su estabilidad laboral, médica y pensional dependen
exclusivamente de la celeridad en el trámite constitucional
cuestionado.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
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“[…] Solicito respetuosamente se agilice el trámite y se profiera el
fallo de fondo en el menor tiempo posible, garantizando así la
eficacia de la acción de tutela como mecanismo preferente y
sumario.
2. ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO- SECCIÓN CUARTA, que en un término
perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a dictar
sentencia dentro de la acción de tutela radicada con el No. 11001-
03-15-000-2026-00801-00 […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN CUARTA informó que en el trámite
constitucional objeto de debate se han adelantado oportunamente
las actuaciones procesales necesarias para adoptar una decisión de
fondo, por lo que no se ha desconocido la noción de plazo razonable
que ha sido desarrollada por la jurisprudencia ni se ha incurrido en
mora judicial injustificada.
En ese contexto, adujo que no ha vulnerado derecho fundamental
alguno en el asunto, por lo que solicitó denegar el amparo solicitado.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES8
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En adelante COLPENSIONES.
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solicitó ser desvinculada del presente trámite constitucional por falta
de legitimación en la causa por pasiva, pues no es la competente
para atender las pretensiones del actor.
Sumado a lo anterior, pidió que se deniegue o en su defecto, se
declare improcedente la solicitud de amparo de la referencia.
I.6.2.- La DIRECCIÓN sostuvo que la solicitud de amparo se torna
improcedente por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, en
tanto existen otros mecanismos para solicitar la vigilancia
administrativa de los procesos judiciales por presunta mora judicial,
de manera que no puede el actor desplazar los medios de defensa
judicial que tiene a su alcance.
Por lo anterior, pidió que se declare improcedente el amparo
solicitado y, además, ser desvinculada por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
I.6.3.- EL JUZGADO QUINCE DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ aseguró que informó a la
SECCIÓN CUARTA las funciones que el actor realizaba en ese
despacho judicial.
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I.6.4.- La SECCIONAL pidió ser desvinculada del presente trámite
por falta de legitimación en la causa por pasiva.
I.6.5.- El JUZGADO solicitó ser desvinculado de la presente acción
de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN SEGUNDA, mediante sentencia de 29 de abril de 2026,
denegó el amparo solicitado al considerar que no se demostró que la
autoridad judicial accionada haya actuado con negligencia o desidia
frente a sus deberes constitucionales y legales, pues si bien es cierto
que no se ha proferido sentencia de primera instancia dentro de la
acción de tutela censurada, ello no implica la transgresión de los
derechos fundamentales invocados.
Sumado a ello, destacó que tampoco se allegó elemento de
convicción encaminado a demostrar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable a fin de alterar el sistema de turnos en los procesos
judiciales a cargo de la autoridad accionada y ordenar la prelación
del asunto.
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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN
SEGUNDA, manifestando su desacuerdo, pues, a su juicio, se
incurrió en un error de valoración jurídica al calificar como justificada
la mora judicial que supera con creces los términos previstos para la
resolución de la acción de tutela.
Alegó que se desconoció que las dificultades administrativas internas
de la Corporación no son oponibles al ciudadano ni pueden sacrificar
el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Sumado a ello, advirtió que el a quo omitió valorar su calidad de
sujeto de especial protección constitucional, pues la mora judicial en
su caso no es un retraso inocuo, sino un factor de riesgo (estrés
procesal), por lo que el juez de tutela está obligado a mitigar tal
daño.
Aseguró que el fallo cuestionado fue excesivamente formalista al
exigir pruebas adicionales de un perjuicio que es evidente por el
simple paso del tiempo, pues se encuentra en riesgo su mínimo vital
y su capacidad de costear obligaciones de vivienda y los gastos
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universitarios de su hija, así como de responder por varias acreencias
adquiridas.
Añadió que su condición de prepensionado (64 años) también está
blindada por la reciente sentencia SL2600 de 2025, proferida por la
Corte Suprema de Justicia, por lo que la dilación judicial impide la
materialización de dicho fuero.
Finalmente, solicitó que se revoque íntegramente la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, se acceda al amparo deprecado, con
el fin de que se profiera una decisión de fondo en la acción de tutela
cuestionada sin que pueda alegarse dificultades administrativas
internas para justificar nuevos retrasos.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
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y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
La Sala advierte que COLPENSIONES, la DIRECCIÓN, la
SECCIONAL y el JUZGADO solicitaron ser desvinculados de la
presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
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Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
Ahora bien, comoquiera que la DIRECCIÓN, la SECCIONAL y el
JUZGADO fungen como parte demandada dentro de la acción de
tutela identificada con el número único de radicación 2026-02672-00
y COLPENSIONES fue vinculada al mencionado proceso, les asiste
interés directo en las resultas del proceso constitucional de la
referencia, razón por la cual la Sala denegará las solicitudes de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.
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Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, el actor promovió acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y al mínimo vital, los cuales,
a su juicio, le fueron vulnerados por la SECCIÓN CUARTA al haber
incurrido en una presunta mora judicial injustificada, toda vez que no
ha dictado sentencia de primera instancia dentro de la acción
constitucional identificada con el número único de radicación 2026-
00801-00.
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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 29 de abril de
2026, denegó el amparo al considerar que la autoridad judicial
accionada no ha incurrido en la presunta mora judicial alegada,
además, tampoco evidenció negligencia o desidia en el trámite
constitucional objeto de controversia.
Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en
primera instancia y puso de presente que el a quo incurrió en un error
de valoración jurídica al calificar como justificada la mora judicial que
supera con creces los términos previstos para la resolución de la
acción constitucional. Añadió que las dificultades administrativas no
son oponibles al ciudadano ni pueden sacrificar el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, además que se omitió
valorar su calidad de sujeto de especial protección constitucional.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela; y, de ser así, se establecerá si la SECCIÓN
CUARTA vulneró los derechos deprecados.
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De la mora judicial
Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y
estructural […]”9 que impide el disfrute efectivo del derecho de
acceso a la administración de justicia y que se presenta como
resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la
capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la
solución de los procesos.
Sobre este tema, la Corte Constitucional10 ha sostenido que el no
cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no
implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida
cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar
los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar
prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar
irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional.
En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para
determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que
9
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.
10
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño
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Actor: HENRY ARDILA RAMÍREZ
concurran determinadas circunstancias para tenerla como
injustificada.
Al respecto, la Corte11 ha manifestado en forma reiterada que:
“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo
que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y
la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable de la demora12. Advirtió, además, que (iv)
el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos
los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de
acceso a la administración de justicia y debido proceso,
concluyendo que:
“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que
son estos los criterios que se deben analizar para determinar si
acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por
ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la
mora judicial se justifica cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que
los atiende.
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso
de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas
como imprevisibles e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido
11
Ibidem.
12
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».
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a una omisión sistemática de sus deberes.”13.
13.5. En la providencia T-230 de 201314, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema
de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso
ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución
pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los
derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i)
se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo
razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora
judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1)
se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la
existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el
remedio, consistente en la alteración del turno, era excepcional15.
También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional16, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de
especial protección y/o vulnerabilidad17; y, en otros, (iii) dispone
un amparo transitorio18.
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la
Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de
201619, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo
constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial
injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
13
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
14
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
15
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
16
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
17
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
18
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
19
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».
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Actor: HENRY ARDILA RAMÍREZ
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no
existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.
Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el
desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,
conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido
proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida
es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible
a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del
litigio.
Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que según lo
dispuesto en el aplicativo de consulta de procesos SAMAI20, la
SECCIÓN CUARTA mediante sentencia de 28 de mayo de 2026
profirió fallo de primera instancia dentro de la acción constitucional
identificada con el número único de radicación 2026-00801-00, la
cual fue notificada a las partes el 3 de junio del presente año, como
se advierte a continuación:
20
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202600
801001100103
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En virtud de lo anterior, la Sala observa que las circunstancias
fácticas que generaron la presunta vulneración desaparecieron, de
ahí que se haya configurado la carencia actual de objeto, por hecho
superado, pues estando en trámite la presente solicitud de amparo
la autoridad judicial accionada profirió la sentencia de primera
instancia dentro de la acción de tutela identificada con el número
único de radicación 2026-00801-00.
Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia
actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han
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sido encomendados»21. Y en la misma sentencia se precisó que el
fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las
siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la vulneración
que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que
con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez constitucional dé una
orden al respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la violación
o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo es
procedente el resarcimiento del daño originado por la violación del
derecho. Cuando al momento de la interposición de la acción de
tutela el daño ya está consumado, por regla general, esta resulta
improcedente, puesto que dicha acción tiene una finalidad
preventiva y no indemnizatoria.
(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en el
que, entre el momento en que se interpone la demanda de
amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar
de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los
derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la
conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por
tanto, se superó la afectación y resulta inocua cualquier
intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr
la protección de unos derechos que, en la actualidad, no se
encuentran afectados ni amenazados (regulada en el artículo 26
del Decreto 2591 de 1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque a
raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis, o por
cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la intervención del
21
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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juez de tutela […]”22. (Se resalta).
En el mismo sentido, esta Sección, en relación con eventos en los
cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la parte actora,
ha indicado lo siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite cesan o
desaparecen los motivos que generan la amenaza o la vulneración, o
su consumación impide el ejercicio del derecho, el objeto o la
pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde su efecto
necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que justifica la
intervención preferente del juez constitucional. Se sigue de lo dicho,
que la carencia actual de objeto se presenta a través de dos eventos,
a saber: el hecho superado y el daño consumado. El primero acaece
cuando se supera la afectación de tal manera que el pronunciamiento
del juez pierde su finalidad constitucional por cuanto la decisión que
pudiere adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento en
que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con ello no se
va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia constitucional lo
explica así: La carencia actual de objeto por hecho superado se da
cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y
el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida
en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial
en tal sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”23.
Comoquiera que tal hecho ha sido superado, la Sala revocará la
sentencia impugnada que denegó el amparo solicitado y, en su lugar,
22
Ibídem.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, providencia de 14 abril de 2016, expediente identificado con el número único de
radicación 2016-00061-01.
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declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez
que, como ya se indicó, el 28 de mayo de 2026 se profirió sentencia
de primera instancia en el asunto objeto de controversia y así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por la DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
BOGOTÁ, el JUZGADO CINCUENTA Y OCHO DE PEQUEÑAS
CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ y la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
(COLPENSIONES), por las razones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
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SUPERADO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de junio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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