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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02674-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02674-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR la decisión impugnada, proferida el 4 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B para, en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Carlos Eduardo Muñoz Cerón, conforme la motivación presentada en esta decisión. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02674-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-02674-01
Demandante CARLOS EDUARDO MUÑOZ CERÓN
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y
OTRO
Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Defecto sustantivo.
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Pensión
de jubilación. Contraloría General de la República. Factores régimen
especial. Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial: la inmediatez y la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por Carlos Eduardo Muñoz Cerón contra
el fallo del 4 de mayo de 2026, proferido por la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado, que dispuso:
«Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Carlos Eduardo Muñoz Cerón,
en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 8 de abril de 20261, el señor Carlos Eduardo Muñoz Cerón quien actúa en nombre
propio presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A y el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y al trabajo con ocasión de las providencias del 26 de enero de 2023 y del
18 de septiembre de 2025 respectivamente, proferidas en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-31-047-2016-00659-
00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Se amparen mis derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DEMAS DERECHOS CONEXOS.

SEGUNDO: Se de aplicación a los principios Constitucionales del Derecho administrativo del
IURA NOVIT CURIA para el caso de presente, en el sentido de tutelar mis derechos conexos
fundamentales, a efectos de unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en lo que tiene
que ver con la manera como se calcula el IBL pensional de los beneficiarios del decreto Ley
929 de 1976 y de la Ley 33 de 1985 y demás normas concordantes.

TERCERO: Sean atendidas todas y cada una de las pretensiones iníciales contenidas dentro
de mi demanda inicial, siendo amparadas con esta Acción de Tutela, tanto en primera como

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Fecha de presentación de la tutela a través del correo de tutelas en línea.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02674-01
Demandante: Carlos Eduardo Muñoz Cerón

en segunda instancia, suplicas aquí enunciadas en el escrito de Control previo de legalidad –
subsanación Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia.

CUARTO: Se me tutele el derecho fundamental del debido proceso, en el sentido de
ADICIONAR la sentencia, ordenando a COLPENSIONES, que se me reliquide mi pensión de
jubilación, en cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio,
devengado durante los últimos seis (6) meses de servicios, teniendo en cuenta los siguientes
factores: sueldo, bonificación por servicios prestados, primas de servicios, vacaciones y
navidad.

CUARTO (sic): REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION SEGUNDA SUBSECCION “A” M.P.
JOSE MARIA ARMENTA FUENTES, de fecha 26 de enero de 2023 y en su lugar, abstenerse
de condenar en costas tanto a la parte demandante como a la parte demandada.

QUINTO-. Una vez en firme la presente decisión de Acción de Tutela, en sentencia de
unificación jurisprudencial que expida esta Corporación, la Secretaría de esta Sección,
haciendo uso de los medios electrónicos autorizados por la Ley 1437 de 2011, deberá enviar
esta providencia a los Tribunales Administrativos del país, para que en el marco de su
independencia y autonomía de orden constitucional, y de acuerdo con las particularidades de
cada caso en concreto, resuelvan las causas similares a las aquí estudiadas atendiendo las
reglas jurisprudenciales fijadas en la parte motiva y resolutiva de esta sentencia.

SÉXTO.- Reconocerme personería para actuar en mi condición de persona afectada con las
providencias aquí atacadas por esta vía de acción de tutela que desconocieron mis derechos
fundamentales.

SÉPTIMO.- Por Secretaría de la Sección que corresponda de esa Corporación, devolver el
expediente de la referencia al Competente.

OCTAVO. Sin Costas».

2. Hechos

Del escrito de tutela, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Tramite adelantado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho 11001-33-31-047-2016-00659-00/01

2.1. El señor Carlos Eduardo Muñoz Cerón laboró al servicio de la Contraloría
General de la República desde el 10 de septiembre de 1991 hasta el día 30 de
diciembre de 2014 y, le fue reconocida pensión de jubilación por parte de la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones mediante la
resolución GNR-215280 del 12 de junio de 2014.

Solicitó la reliquidación de su pensión con la inclusión de todos los factores
devengados en la Contraloría durante los últimos 6 meses lo que se negó por
parte de Colpensiones.

2.2. Por lo anterior, el señor Muñoz Cerón en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones con el fin de que se declarara la
nulidad de los actos administrativos por los que le fue reconocida pensión de
jubilación y se le negó la reliquidación de la mencionada prestación con la
inclusión de la totalidad de los factores devengados durante los últimos 6
meses de servicio en la Contraloría General de la República.

2.3. En primera instancia, el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá
(expediente 11001-33-31-047-2016-00659-00) en sentencia del 17 de julio de
2018 accedió a las pretensiones de la demanda.

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Demandante: Carlos Eduardo Muñoz Cerón

Manifestó que se apartaba del precedente de la Corte Constitucional que
señalaba que el IBL no estaba sujeto al régimen de transición, pues en su
criterio debía darse prelación al principio de favorabilidad en materia laboral,
además, dijo que existía una posición distinta por parte del Consejo de Estado
y en ese sentido, dijo optar por adoptar el criterio del órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En ese orden de ideas, ordenó liquidar la pensión del actor con el 75% de los
factores devengados durante los últimos 6 meses incluyendo la asignación
básica, la prima técnica, la sexta parte de la prima de servicios, la prima de
vacaciones y la prima de navidad.

2.4. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la decisión.

2.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
mediante sentencia del 26 de enero de 2023 (notificada por correo electrónico el
8 de febrero de 2023) revocó la decisión del juzgado.

En síntesis, consideró el Tribunal que debía acogerse el precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional establecido en las sentencias C 258
de 2013 y SU 230 de 2015 que indicaba que en lo relacionado con el IBL este
debía ser conforme lo disponía el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, de modo que, revisados los actos administrativos demandados,
estaban ajustados a derecho y por tanto no había lugar a liquidar la pensión
conforme lo pretendía el actor.

2.6. La parte demandante interpuso recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia.

Mediante auto del 15 de mayo de 2023 (notificado por estado a las partes el 30
de junio de 2023) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A rechazó el mencionado recurso por extemporáneo.

Sostuvo que la sentencia de segunda instancia había sido notificada el 8 de
febrero de 2023 y había cobrado ejecutoria el 15 de febrero de 2023 por lo que
el término para recurrir iba hasta el 1º de marzo de 2023 pero que el recurso
extraordinario se había presentado hasta el 13 de marzo de 2023, lo que hacía
extemporánea la solicitud.

2.7. El señor Parra Bardales, solicitó aclaración, adición o. complementación del
auto que rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

El Tribunal por auto del 11 de octubre de 2023 (notificado por estado a las partes
el 7 de noviembre de 2023) negó la mencionada solicitud al estimar que la
decisión no contenía conceptos o frases que ofrecieran motivo de duda ni en
la parte motiva ni en la considerativa.

2.8. Contra la anterior decisión el accionante interpuso recurso de súplica.

Los restantes magistrados de la Subsección A, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, a excepción del magistrado que emitió el
auto suplicado, en providencia del 31 de octubre de 2024 (notificado por estado
a las partes el 7 de noviembre de 2023) resolvieron revocar la decisión del 15 de
mayo de 2023 que negó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia y en su lugar, concedieron el citado recurso ante la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

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Demandante: Carlos Eduardo Muñoz Cerón

Encontró la Sala de la mencionada subsección que la notificación de la
sentencia de segunda instancia si bien se había enviado por correo electrónico
a quien en su momento apoderaba los intereses del actor, no obraba
notificación al demandante quien con anterioridad había manifestado su
imposibilidad de comunicación con el profesional del derecho a quien se
notificó inicialmente la decisión de cierre.

En ese sentido dijo que, al haberse enviado al actor el 28 de febrero de 2023
copia de la providencia de segunda instancia por solicitud propia, se entendía
notificado y por tanto al contabilizar el término para la interposición del recurso,
estaba en término.

Hechos relacionados con el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia

2.9. Correspondió conocer del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que, en
providencia del 29 de abril de 2025 (notificada por correo electrónico a las partes
el 6 de mayo de 2025) fue rechazado.

Consideró la instancia de cierre que pese haberse pedido al recurrente que
subsanara la solicitud inicial, en el escrito de subsanación no indicó los motivos
por los cuales consideraba que la providencia de unificación invocada como
desconocida era aplicable al caso objeto de estudio, ni explicó por qué la
sentencia recurrida la desconoció.

En esa línea explicó que el recurso de unificación jurisprudencial solo procedía
cuando existía una disparidad en la interpretación y aplicación del derecho en
casos sustancialmente similares y que al no acreditarse dicha similitud, ni
demostrarse que las decisiones adoptadas implicaban un tratamiento desigual
de situaciones equivalentes, debía rechazarse el recurso extraordinario.

2.10. Contra la anterior decisión el accionante interpuso recurso de súplica.

Los restantes magistrados de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo
de Estado, a excepción del magistrado que emitió el auto suplicado, en
providencia del 18 de septiembre de 2025 confirmaron el auto del 29 de abril
de 2025 (notificada por correo electrónico a las partes el 8 de octubre de 2025).

Encontró la Sala de la Subsección que en la subsanación si bien el actor indicó
que la sentencia de segunda instancia desconocía la sentencia CE-SUJ-SII-
020-20, al explicar las razones enfocó sus argumentos en lo que consideró
como una indebida interpretación de los artículos 7 y 17 del Decreto 929 de
1976 pero no en una indebida aplicación de la regla de unificación.

3. Fundamentos de la acción

El accionante cuestionó dos decisiones:

(i) La sentencia de segunda instancia proferida el 26 de enero de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-31-047-2016-00659-00/01.

(ii) La providencia del 18 de septiembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A en el mencionado medio de control, por el que se
resolvió el recurso de súplica presentado por el actor contra la decisión del 29 de abril
de 2025 que rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y lo
confirmó.

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Consideró que las mencionadas decisiones incurrieron en un defecto sustantivo por
las siguientes razones:

Sostuvo que la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal accionado
desconoció los postulados de la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-020 con la
radicación 05001-23-33- 00-012-00572-01 (1882-14) al no aplicar integralmente el
régimen de transición previsto en el Decreto 929 de 1976, particularmente en lo
relacionado con los factores que integraban el IBL.

Que la sentencia no hizo un estudio sistemático de las normas y no tuvo en cuenta
que su retiro de la entidad se produjo cuando estaba en vigencia el Acto Legislativo
01 de 2005 cuyo régimen de transición se extendió hasta el 31 de julio de 2010 o
hasta el 31 de diciembre de 2014.

Enfatizó que el Tribunal en la sentencia atendió a los precedentes de unificación de
la Corte Constitucional y no analizó los postulados del Decreto 929 de 1976 que
contemplaba el régimen especial para los servidores de la Contraloría General de
la República así como tampoco la referida sentencia de unificación de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

De otra parte, dijo que el Consejo de Estado no atendió al cuadro comparativo
presentado en el que se evidenciaba la ratio decidendi de la sentencia de unificación
CE-SUJ-SII-020 y los fundamentos de la sentencia de segunda instancia emitida en
el medio de control respectivo por parte del tribunal accionado.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 13 de abril 2026 el juez de tutela de primera instancia: (i) admitió
la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Eduardo Muñoz Cerón
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; (ii)
ordenó la notificación de las partes y, (iii) dispuso vincular como tercero con
interés a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones (parte
demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho).

4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A por conducto del
magistrado ponente de la decisión presentó las razones por las que se rechazó
el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. A continuación
manifestó que la tutela no cumplía con el requisito de relevancia constitucional
al no cumplirse con la carga mínima argumentativa.

Precisó que la parte actora se limitó a exponer de manera teórica los defectos
generales y específicos que la jurisprudencia ha establecido para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales pero que no
presentó ningún argumento que permitiera advertir las razones por las que las
providencias judiciales cuestionadas incurrieron en tales defectos, incluso, que
el actor sostuvo que correspondía al juez de tutela determinar, en el caso
concreto, la manera en que se configuraban los defectos invocados.

4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A por intermedio del magistrado titular del despacho que en su
momento profirió la decisión, luego de hacer una síntesis de las razones que
tuvo la sentencia de cierre como del auto por el que en su momento se rechazó
el recurso de súplica ante dicha instancia, consideró que lo pretendido era
reabrir la discusión y que se hiciera un análisis probatorio y jurídico surtido en
el proceso ordinario, lo que no era propio de la acción de tutela.

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4.4. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones se pronunció
por conducto de la directora de acciones constitucionales rindió informe en el
que manifestó que la tutela no cumplía con los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial al no mencionar la configuración de
uno o más requisitos de tutela contra providencia judicial.

De otra parte, se refirió al fenómeno de la cosa juzgada y dijo que los jueces
de instancia habían hecho un análisis del caso y que las decisiones judiciales
debían ser acatadas y que tampoco se advertía la existencia de un perjuicio
irremediable que hiciera procedente la presente acción más aun cuando el
accionante actualmente gozaba de pensión de jubilación. Pidió que se negara
la presente acción de tutela y se declarara improcedente ante la existencia de
cosa juzgada.

5. Providencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B mediante sentencia del 4
de mayo de 2026 negó las pretensiones de la acción de tutela.

De manera previa indicó que si bien en relación con la providencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A el 26 de enero de 2023 podía predicarse el incumplimiento
del requisito de inmediatez, lo cierto era que también se cuestionaba la decisión del
18 de septiembre de 2025 por la que el Consejo de Estado, Sección Segunda había
rechazado el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y, en esa
medida al tratarse de la misma materia optó por hacer un estudio integral del caso.

Precisado lo anterior, estimó que de acuerdo con los argumentos presentados por
la parte actora no se advertía la posible configuración de un defecto sustantivo o por
desconocimiento del precedente de unificación en la medida que aun cuando se
trataba de decisiones diametralmente opuestas, tanto el Juzgado Cuarenta y Siete
Administrativo de Bogotá como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca habían
sustentado sus pronunciamientos en la jurisprudencia vigente para la época en que
se profirieron, además de existir una motivación suficiente.

Consideró que no había lugar a que el juez natural tuviera la oportunidad de
pronunciarse sobre la aplicación de la sentencia de unificación CESUJ-SII-020-20
del 11 de junio de 2020 al no hacer parte de la controversia, ya que pese a
encontrarse vigente para el momento en el que el Tribunal accionado emitió la
sentencia cuestionada, el fallo de unificación se había emitido por la Sala Plena de
la Sección Segunda del Consejo de Estado después de interpuesto el recurso de
apelación.

Del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia consideró que se trataba
de un mecanismo excepcional orientado a garantizar la uniformidad, coherencia y
seguridad jurídica en la interpretación del derecho por parte de los jueces y que no
podía dejarse de lado que su trámite, procedencia y requisitos estaban reglados en
los artículos 256 a 268 del CPACA por lo que no era posible entender que el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A hubiera podido incurrir en un exceso
ritual manifiesto al rechazarlo al no haber cumplido la parte actora con la
acreditación de los requisitos necesarios tales como «la indicación precisa de la
sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada y las razones que le sirven
de fundamento», pese a tener la oportunidad de subsanarlo.

6. Impugnación

El accionante impugnó la decisión y manifestó su inconformidad con lo resuelto por
el juez de primera instancia.

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Señaló de un lado, que se había hecho un estudio equivocado al considerar la
inmediatez de la sentencia de segunda instancia del 26 de enero de 2023 proferida
por el Tribunal accionado, pues como se había indicado en el proceso ordinario, la
sentencia no le fue notificada en debida forma sino hasta el 28 de febrero de 2023
cuando le fue remitida copia de la providencia, situación reconocida incluso en el
auto del 31 de octubre de 2024 cuando en su momento se revocó el rechazo inicial
del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

De otra parte, se refirió nuevamente a los argumentos relacionados con el
desconocimiento de la sentencia de unificación y del régimen especial de la
Contraloría General de la República (Decreto 929 de 1976) que le era aplicable y que
se había desconocido por la autoridad judicial.

También se pronunció en relación con el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia y dijo que lo manifestado en la sentencia era desproporcionado y
desconocía su condición de adulto mayor de 68 años de edad, que no contó en su
momento con un abogado que lo asesorara y que presentó la subsanación en
nombre propio sin conocimientos técnicos, pero con la intención de controvertir el
desconocimiento de la sentencia de unificación, por lo que se incurría en un exceso
ritual manifiesto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencia judicial de altas Corporaciones

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las

2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.

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encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que
los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.
Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional
para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada
debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa
con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

Es importante tener en cuenta que, en la sentencia, SU573 de 2017 5, la Corte
Constitucional analizó el tercer elemento en el acápite de relevancia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si le asiste razón al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B en negar las pretensiones de la demanda de tutela. Para
ello se hace necesario de manera previa verificar los requisitos de procedencia de
la presente acción, concretamente los de inmediatez y de relevancia constitucional.

De encontrar superados estos requisitos y los restantes requisitos de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, corresponderá a esta Sección
determinar si las providencias emitidas el 26 de enero de 2023 (por la que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A revocó la decisión de
primera instancia y negó las pretensiones de la demanda) y del 18 de septiembre de
2025 (por la que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A rechazó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia) en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-33-31-047-2016-00659-00/01 incurrieron en
defecto sustantivo en los términos propuestos por la parte actora.

4. Análisis del requisito de inmediatez frente a la sentencia del 26 de enero
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A

4.1. Se debe indicar que la inmediatez es un presupuesto procesal que el juez debe
examinar, antes de pasar al estudio de las causales específicas de tutela
contra providencia judicial, con el fin de determinar si la demanda se ha
presentado de manera oportuna. En todo caso, no es un término de caducidad
que limite el ejercicio de la acción de la tutela. Es más bien un requisito que
busca que la acción se presente en un término razonable, esto es, desde el
mismo momento en que el afectado tiene conocimiento de la violación o
amenaza de los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional6 ha señalado que si bien no es posible establecer un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe
existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la
demanda, ya que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no
sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías

5 Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-123 de 22 de febrero de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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Demandante: Carlos Eduardo Muñoz Cerón

constitucionales de una persona, sino también con el respeto de la seguridad
jurídica y de los derechos de los terceros afectados7.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca
que la acción se presente en un término razonable contado desde el momento
en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos
fundamentales y no un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es
un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere
que se ejerza en un tiempo prudencial.

Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de
Estado8 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción un
término de seis meses contados a partir de la notificación de la
providencia judicial enjuiciada, por considerarlo un término prudencial para
que el interesado interponga la acción. Límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional9.

Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar
las excepciones a esa regla general, indicando que «además de tener como pauta
el término de seis meses, se debe analizar también: «(…) (i) si existe un motivo válido para la
inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los
derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de
interposición.».

Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional
aseguró que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la
razonabilidad del plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz
de las circunstancias de cada caso concreto, lo que constituye un término razonable.»10. Por
ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional
brindó cinco criterios: i) la situación personal del peticionario; ii) si la
vulneración de derechos fundamentales se extiende en el tiempo; iii) la
naturaleza de la vulneración; iv) la actuación contra la que se dirige la tutela; y
v) los efectos de la tutela.

4.2. Encuentra la Sala que en el escrito de tutela el señor Carlos Eduardo Muñoz
Cerón, alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso
y al trabajo con ocasión de la sentencia del 26 de enero de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
que revocó la sentencia del Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de
Bogotá por el que se había accedido a las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho presentada en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, y cuyo fin era
obtener la reliquidación de su pensión de jubilación conforme con el ingreso
base de liquidación previsto en el régimen especial de los servidores de la
Contraloría General de la República.

4.3. De la revisión del Sistema de Gestión Samai es posible advertir que la
sentencia del 26 de enero de 2023 se notificó electrónicamente a las partes el
8 de febrero de 2023, luego la notificación se entendió realizada una vez
7
Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008: “el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de
tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en
otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente”.
8
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-031 de 8 de febrero de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
10
Corte Constitucional. Sentencia SU-391 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje conforme al
artículo 205 del CAPACA (es decir el 9 y 10 de febrero de 2023), de modo que el
cómputo de la inmediatez sinició el lunes 13 de febrero de 2023.

Como la acción de tutela se radicó hasta el 8 de abril de 2026, se concluye
que fue presentada luego de superado el plazo considerado como razonable
para la interposición de la acción de tutela contra providencias judiciales, y por
tanto, no satisface el requisito de inmediatez pues, nótese que transcurrieron
3 años, 1 mes y 26 días entre la notificación de la providencia acusada y la
interposición de la acción de tutela, lo cual excede el plazo razonable
establecido por la jurisprudencia constitucional.

Al respecto, conviene recordar que la tesis pacífica de esta Sala consiste en
que el requisito de inmediatez, cuando la acción de tutela se interpone contra
providencias judiciales, se contabiliza desde que el accionante tiene
conocimiento de la decisión que acusa, es decir, desde la notificación de la
providencia judicial que se cuestiona, pues en ese momento es que adquiere
conocimiento del presunto escenario de vulneración iusfundamental11.

4.4. En el escrito de impugnación, el accionante manifestó que solo tuvo
conocimiento de la decisión cuando le fue remitida copia de la sentencia el 28
de febrero de 2023, situación reconocida en el auto del 31 de octubre de 2024
que revocó el rechazo inicial del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia y que, la notificación electrónica del 8 de febrero de 2023 se
hizo a su apoderada para esa fecha, con quien no tenía comunicación,
situación que puso en conocimiento del tribunal en su momento.

Aun admitiendo que el accionante conoció de la providencia de cierre en la
fecha que lo afirma (el 28 de febrero de 2023), tampoco se encontraría
cumplido el requisito de la inmediatez, porque se superó ampliamente el plazo
razonable previsto por la jurisprudencia constitucional para cuestionar
providencias judiciales.

Ahora, no puede entenderse que la interposición del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia pudiera extender el plazo para interponer la
acción de tutela contra la sentencia de segunda instancia, pues este recurso
no guarda una unidad jurídica con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho cuya decisión ha hecho tránsito a cosa juzgada,
independientemente de que eventualmente el recurso extraordinario tuviera
una potencial incidencia en la decisión.

La Corte Constitucional en la sentencia T-308 de 2023 estudió un caso en el
que se controvertían dos decisiones judiciales, la decisión judicial de cierre y
la del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, lo que guarda
similitud fáctica con el caso presente. Sostuvo la Corte lo siguiente:
«72. Se cumple el requisito de inmediatez únicamente en relación con la decisión
judicial 2. El tiempo que transcurrió entre la fecha en que se envió la copia del auto que
resolvió la admisión del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto (10
de agosto de 2020) y la presentación de la acción de tutela (3 de septiembre de 2020) no
supera un mes. Este término se encuentra dentro de lo que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha entendido como razonable.
Por el contrario, la inmediatez no se satisface en relación con la decisión judicial 1. Entre la
notificación de dicha decisión (25 de julio de 2019) y la presentación del amparo (3 de
septiembre de 2020) transcurrieron más de quince meses. La Sala Novena de Revisión

11
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Sentencia de tutela
del 21 de agosto de 2019. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2019-01555-01. M.P. Julio Roberto Piza; sentencia de tutela
del 8 de octubre de 2020. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-03474-00. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (e).

10

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destaca que, en algunas decisiones, este tribunal ha contabilizado el término de la inmediatez
desde la última actuación procesal. No obstante, dentro de este escenario también existe una
línea jurisprudencial que evidencia posturas opuestas de la jurisprudencia en torno al
tratamiento del criterio de la inmediatez. En el presente asunto, la Sala opta por no contabilizar
el término de la inmediatez a partir de la última actuación procesal. Esta conclusión se soporta
en varias razones.
74.En primer lugar, porque la decisión judicial 1 produce efectos de cosa juzgada. En ese
sentido, indistintamente de la potencial decisión que se pueda proferir en el trámite del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, su admisibilidad no suspende los efectos de la
decisión.
75. Por otra parte, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no guarda una
unidad jurídica con el proceso de reparación directa. Por ende, aunque lo que se resuelva en
tal recurso impacta en lo decidido en la sentencia de segunda instancia del proceso
contencioso-administrativo, ello no es óbice para que el juez constitucional no se pueda
pronunciar frente a los defectos invocados en contra de dicha decisión».

4.5. Esta Sala no desconoce que el solo paso del tiempo no es razón suficiente
para declarar la interposición tardía de la acción de amparo, dado que pueden
existir situaciones que justifiquen la inacción de la parte demandante. Sin
embargo, al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de
Estado y por la Corte Constitucional12 no se encuentra acreditada en este caso
una situación que justifique la interposición de la acción de tutela luego de la
pauta de los seis meses.

Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios, es imperativo que se
cumplan con rigor cada uno de los requisitos generales señalados
jurisprudencialmente, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción. Lo que no aconteció en el presente asunto.

5. Requisito de relevancia constitucional frente a la providencia del 18 de
septiembre de 2025 por la que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A rechazó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia

5.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores13.

12
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961
de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
13
A saber: Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción
de tutela.
Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La
discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.

11

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El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, tratándose de tutela
contra providencia judicial, implica un conjunto de elementos que deben
reunirse. En este sentido, son varios los aspectos que se estudian a fin de
definir si un asunto es de relevancia constitucional. Entre estos elementos, se
requiere que la acción constitucional no se esté empleando como una instancia
adicional para reabrir o prolongar el mismo debate ya surtido ante el juez
natural; que se cumpla con una carga argumentativa suficiente; que no se trate
de una discusión eminentemente legal o de contenido económico que no
comprometa derechos fundamentales; que no se utilice para proponer nuevos
argumentos y que los propuestos se acompasen con las razones de la decisión
judicial cuestionada, entre otras condiciones.

5.2. Para la Sala, la tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional
en relación con la decisión del 18 de septiembre de 2025 por la que se rechazó
el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia pues no se advierte
una carga argumentativa por parte del accionante que ponga en evidencia la
trasgresión de derechos fundamentales con la providencia objeto de reproche.

En la decisión que se cuestiona, la Sección Segunda, Subsección A de esta
Corporación explicó lo siguiente:

«Dentro del caso bajo estudio el Despacho sustanciador inadmitió el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, en primer lugar, porque el accionante invocó la aplicación de dos
sentencias cuyos lineamientos fueron modificados por la Sentencia CE-SUJ-SII-020-20.
En segundo lugar, invocó la causal iv del artículo 262 del CPACA, según la cual el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia debe contener las razones por las que la
sentencia recurrida vulnera las reglas de unificación contenidas en una sentencia del Consejo
de Estado, so pena de rechazo.
En efecto, se advierte en esta oportunidad que el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia señaló como vulneradas dos providencias cuya discusión sustantiva fue
abordada y zanjada por la sentencia de CE-SUJ-SII-020- 20. Es decir, queda en evidencia que
lo pretendido por el actor es debatir las reglas jurisprudenciales fijadas en la mencionada
sentencia unificadora.
También se advierte que en el memorial por el cual se subsanó la solicitud de corrección del
requisito iv del artículo 262 del CPACA, se solicitó: a) hacer control de legalidad del proceso
al considerar que se presentaba una nulidad procesal por indebida notificación, b) aplicar lo
dispuesto en los artículos 256 a 268 del CPACA e indicó de manera general que la sentencia
de segunda instancia desconocía la sentencia CE-SUJ-SII-020-20, pero al explicar las
razones, enfocó sus argumentos en lo que consideró como una indebida interpretación de los
artículos 7 y 17 del Decreto 929 de 1976, más no en una indebida aplicación de la regla de
unificación.
De lo anterior se concluye que son acertados los razonamientos descritos en el auto del 29 de
abril de 2025, puesto que en el memorial por el que se subsanó el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia no se detallaron las razones concretas por las que, en su caso,
se contrarió dicha sentencia unificadora.
Por consiguiente, se estima que el solicitante tuvo un entendimiento erróneo de la finalidad del
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, puesto que de los argumentos de
inconformidad no fue posible extraer verdaderos motivos que evidencien que el Tribunal
decidió el caso en oposición o contrariedad con la regla de derecho que se estableció en la
sentencia de unificación referenciada.
En este punto, debe recordarse que la finalidad del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, es asegurar la unidad en la interpretación del derecho, su aplicación uniforme

Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela
contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

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y garantizar los derechos de las partes y de los terceros perjudicados con la providencia
recurrida y, si fuere del caso, reparar los agravios inferidos a los sujetos procesales; pero no
puede convertirse en una tercera instancia por medio de la cual las partes discutan sus
inconformidades respecto de las decisiones adoptadas en el proceso ordinario, en única o
segunda instancia; que es, en últimas, lo que se plantea por el extremo recurrente ».

Revisados los argumentos que expone el tutelante en su escrito, la Sala
encuentra que si bien alude a la presunta configuración de un defecto
sustantivo, no se refiere ni a la inaplicación de una norma en la decisión, o la
aplicación indebida de la norma que, eventualmente permitiera un estudio de
fondo, pues la razón que presentó en relación con la providencia fue que el
Consejo de Estado no atendió al cuadro comparativo presentado en el que se
evidenciaba la ratio decidendi de la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-020
y los fundamentos de la sentencia de segunda instancia emitida en el medio
de control respectivo por parte del tribunal accionado. Este argumento
corresponde a una apreciación del demandante sobre la forma como se
estudió el recurso extraordinario por el órgano de cierre y su rechazo.

El cargo por exceso ritual manifiesto se alega en el escrito de tutela en relación
con el auto por el que se resolvió la solicitud de aclaración de la providencia
que rechazó el recurso por extemporáneo, pero no en relación con la
providencia del 18 de septiembre de 2025 que rechazó el recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia por no haber subsanado la solicitud en los
términos solicitados.

El argumento que presentó el actor fue el siguiente:

«El despacho tan solo se dedicó a resolver la solicitud, abstrayendo y haciendo lo necesario
de traer la parte considerativa y resolutiva de la sentencia para evidenciar si se presentaban
o no, conceptos o frases que ofrecieran un verdadero motivo de duda, como se observa de
ese análisis; tan solo se puede evidenciar que se incurre en un exceso ritual manifiesto, que
por relativa exégesis y apego a la letra, descuida los verdaderos sentidos del carácter
sustantivo, de lo verdaderamente pretendido con mi solicitud dirigida al Honorable Magistrado
ponente y de dicha lectura anterior, impartida a la Entidad en la sentencia es clara, tanto en la
parte considerativa como en la resolutiva, pues consiste en rechazar el recurso de unificación
de jurisprudencia por extemporáneo, diluyéndose allí el verdadero sentido de lo que realmente
se pretendía para esa aclaración pretendida por mí».

Se advierte que en la impugnación el tutelante incluye algunas
consideraciones relativas al exceso ritual manifiesto en que incurrió la
autoridad judicial, pero con la intención de alegar el desconocimiento de la
sentencia de unificación CESUJ-SII-020-20 del 11 de junio de 2020.

Al respecto se debe precisar que tal defecto no fue alegado en la solicitud de
amparo, por lo que constituye un alegato nuevo frente al que la parte
demandada no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y
contradicción.

La impugnación contra la decisión de tutela de primera instancia, no es la
oportunidad para proponer argumentos no incluidos en el escrito inicial, sino
para exponer las inconformidades con la decisión de primer grado.

5.3. El presupuesto de relevancia constitucional supone que la argumentación de
la parte accionante esté dirigida a demostrar una transgresión evidente del
debido proceso, a argumentar en qué defectos incurrió la autoridad judicial
accionada y específicamente a explicar por qué dichos defectos se configuran
en el caso.

De manera que el requisito de relevancia constitucional implica que el juez
verifique que la parte actora cumpla con una carga argumentativa mínima.

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No basta, entonces, enunciar el referido defecto ni elaborar afirmaciones que
carezcan de soporte argumentativo.

La razón de exigir tal carga argumentativa radica en que la acción de tutela
contra providencias judiciales es excepcional. Tal circunstancia permite indicar
que en el caso examinado, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, justamente por falta de carga argumentativa que permita
evidenciar las razones por las que se considere que la providencia cuestionada
amenaza o vulnera derechos fundamentales.

5.4. Si bien en el Decreto 2591 de 1991 no se exige la argumentación o la
enunciación de alguna de las causales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial, si es necesario que el interesado que acude a este
mecanismo de la tutela, exponga las razones y fundamentos por los que
considera que el pronunciamiento judicial que cuestiona, vulnera derechos de
rango fundamental.

De este modo, no sólo la Corte Constitucional desde la sentencia C-590 de
2005 ha señalado que existe un deber por parte del interesado de evidenciar
con claridad el fundamento de la afectación de los derechos con ocasión de la
decisión judicial respectiva, sino también esta corporación en Sala Plena dejó
establecido en la sentencia del 5 de agosto de 2014 emitida por importancia
jurídica (expediente 11001-03-15-000-2012-02201-00), que era necesario que la
parte actora cumpliera con la carga de argumentar las razones por las que
determinado asunto era relevante constitucionalmente, precisamente porque
el juez constitucional no puede suplantar al juez natural ni emitir un juicio en
relación con lo decidido en el respectivo asunto ordinario, amén de la
independencia que lo caracteriza y de evitar que la tutela se convierta en una
instancia adicional, lo que impone la presentación de fundamentos que
válidamente justifiquen la transgresión de los derechos de rango fundamental.

De manera que nada distinto a la línea jurisprudencial citada ha sido acogido
por esta Sala de decisión y en ese orden de ideas, el criterio es el de establecer
de manera previa los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, entre ellos el de la relevancia constitucional por distintos
criterios orientadores, entre ellos, que la solicitud de amparo cumpla con una
carga mínima de argumentación en punto a la posible vulneración de derechos
fundamentales con la decisión judicial que se cuestione, lo que no se advierte
en el presente caso.

5.5. Si bien para la presentación de una tutela no existen formalidades que deban
ser observadas en la demanda respectiva, sí se sugiere un mínimo de
sustentación que permita al juez constitucional evidenciar las razones por las
que se considera que una decisión judicial vulnera algún derecho fundamental
o que se trata de una decisión contradictoria o que se emitió de manera
deliberada o arbitraria por el juez natural.

La razón de exigir tal carga argumentativa radica en que la acción de tutela
contra providencias judiciales es excepcional. Solo procede bajo los supuestos
especiales desarrollados jurisprudencialmente, y por tal motivo, el análisis
sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los
argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

Conviene recordar que, el análisis de providencias judiciales por vía de tutela,
involucra los principios de independencia y autonomía judicial, la preclusión de
los procesos y la cosa juzgada que se predica de las decisiones judiciales con
miras a definir los litigios puestos en conocimiento de los jueces de la

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República14. Por ello, el análisis de procedibilidad de la acción de tutela cuando
involucra una providencia judicial es más riguroso, lo que implica que se exija
una carga argumentativa mínima a la parte accionante y cuyo faro orientador
es precisamente el precedente constitucional relativo a las causales generales
y especiales de procedibilidad desarrolladas por la jurisprudencia
constitucional para estos eventos.

La jurisprudencia constitucional15 ha indicado que en los eventos en que se
ataca una providencia judicial por vía de tutela corresponde a los accionantes
asumir una carga argumentativa mínima, sin que se entienda superada con la
mera indicación de que se vulneraron sus derechos fundamentales, sino que
debe ser suficiente para la creación de un problema jurídico que involucre una
discusión relevante relativa a un escenario de vulneración ius fundamental16

En el presente caso, no se advierte por la parte actora una carga
argumentativa suficiente que permita evidenciar la posible trasgresión de
derechos fundamentales, en realidad lo que se advierte es la manifestación de
una inconformidad frente al cuadro comparativo entre la sentencia de segunda
instancia y la sentencia de unificación de la Sección Segunda de la
Corporación cuya aplicación buscó a través del recurso extraordinario pero no
en relación con un defecto específico en que hubiera incurrido la autoridad
judicial accionada con la decisión.

De acuerdo con lo expuesto, al decidir el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
analizó el caso concreto conforme con la situación fáctica y lo probado en el
expediente, y al no evidenciarse un esfuerzo argumentativo de la parte
demandante, conforme con el planteamiento de un defecto contra providencia
judicial en los términos que ha señalado la Corte Constitucional, no es dable
la intervención del juez de tutela.

Se recuerda que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia fue
rechazado porque el recurrente no subsanó la solicitud en los términos
requeridos, pues no indicó los motivos por los cuales consideraba que la
providencia de unificación invocada como desconocida era aplicable al caso
objeto de estudio, ni explicó por qué la sentencia recurrida la desconoció. Y se
tiene que la parte actora no ofreció argumentos orientados a cuestionar las
razones de esa decisión, o a demostrar que el recurso sí satisfacía los
requisitos exigidos para su admisibilidad.

No debe olvidarse, que tratándose de providencias judiciales proferidas por
altas cortes (quienes cumplen la función de unificar jurisprudencia y actuar como
órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones), se exige la configuración de
un error en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera
abierta con la Constitución Política y que sea incompatible con la
jurisprudencia constitucional. Lo cual no acontece en el sub examine.

6. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala revocará la decisión de primera
instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
que negó las pretensiones de la acción de tutela para en su lugar declararla

14
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño; sentencia SU-050 de 2015 M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; y sentencia SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
15
Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado. Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Proceso Nro. 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ). C.P. Jorge Octavio Ramírez R.
16
Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa.

15

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improcedente por no cumplir con los requisitos de inmediatez y de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la decisión impugnada, proferida el 4 de mayo de 2026 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B para, en su lugar
DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Carlos
Eduardo Muñoz Cerón, conforme la motivación presentada en esta decisión.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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