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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02675-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02675-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02675-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02675-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES (INMLCF)

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA INMEDIATEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el JUZGADO SESENTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

DE BOGOTÁ1 y la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS

FORENSES (INMLCF), actuando a través de apoderado judicial, en

1
En adelante Juzgado.
2
En adelante Tribunal.

2

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ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia y a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, los

cuales estima vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber

proferido, respectivamente, las providencias de 10 de abril y 26 de

septiembre de 2025, dentro del proceso ejecutivo identificado con el

número único de radicación 2009-00149-01.

I.2. Hechos

Manifestó que celebró contrato de compraventa núm. 011-2006-DG

de 25 de septiembre de 2006, con la sociedad INNOVATEK LTDA.,

para la adquisición de un equipo denominado “[…] Espectrofotómetro

de Plasma Inductivamente acoplado con ablación laser […]” que

incluyó accesorios e insumos por valor total de mil cuarenta y nueve

millones ochocientos mil pesos ($1.049.800.000).

Indicó que mediante la Resolución núm. 000591 de 23 de agosto de

2007, declaró la ocurrencia del siniestro por incumplimiento de las

obligaciones y dispuso hacer efectiva la póliza por el 10% de la

cuantía del contrato y en calidad del suministro por el 50% del valor

del mismo por un monto de seiscientos veintinueve millones

ochocientos ochenta mil pesos ($629.880.000.00), el cual fue

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disminuido a trescientos setenta y siete millones novecientos

veintiocho mil pesos ($377.928.000), luego de resolverse el recurso

interpuesto por el contratista.

Refirió que la sociedad INNOVATEK LTDA. promovió demanda de

controversias contractuales3 en su contra, solicitando la revocatoria

de las resoluciones que declararon la ocurrencia del siniestro por

incumplimiento de obligaciones amparadas por las garantías y el

pago de los perjuicios ocasionados.

Adujo que la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZA S.A.4 le

realizó un pago parcial, generándose un saldo correspondiente de

doscientos ochenta millones doscientos noventa y cuatro mil ciento

ochenta y cinco pesos con cuarenta y seis centavos

($280.294.185,46).

Aseveró que presentó demanda ejecutiva contra CONFIANZA S.A.,

la cual correspondió por reparto al JUZGADO TREINTA Y OCHO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ que, mediante

auto de 24 de julio de 2009 libró mandamiento de pago.

3
El asunto fue conocido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó
las pretensiones de la demanda. Posteriormente, al conocer el Consejo de Estado del recurso de
apelación, mediante auto de 14 de marzo de 2016, declaró la nulidad de todo lo actuado al considerar
que dentro del contrato existía una cláusula compromisoria, por lo que se dispuso remitir las diligencias
al Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá.
4
En adelante CONFIANZA S.A.

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Advirtió que el conocimiento del proceso fue asumido por el

JUZGADO que, mediante providencia de 10 de octubre de 2018,

ordenó seguir adelante con la ejecución y en proveído de 20 de

febrero de 2019, dispuso la aprobación de la liquidación de costas.

Sostuvo que mediante laudo arbitral de 10 de junio de 2019, el

Centro de Arbitraje Conciliación y Amigable Composición de la

Cámara de Comercio de Bogotá5 declaró la nulidad de las

resoluciones que declararon la ocurrencia del siniestro por

incumplimiento de las obligaciones e hicieron efectiva la póliza frente

a la compañía CONFIANZA S.A.

Adujo que el JUZGADO en providencia de 31 de octubre de 2019

dispuso la liquidación del crédito, ordenó tener en cuenta el abono

realizado por la ejecutada y aprobó el saldo restante por un valor de

setecientos quince millones ochocientos diecisiete mil doscientos

veinte pesos ($715.817.220).

Indicó que mediante auto de 10 de abril de 2025, el JUZGADO dejó

sin valor ni efecto su propia decisión en la que había ordenado seguir

adelante con la ejecución y, en su lugar, modificó de oficio la

liquidación del crédito a cero pesos ($0) y declaró terminado el

5
Compuesto por los árbitros Hernán Guillermo Aldana Duque, William Zambrano Cetina, Iván Guillermo
Lizcano Ortiz y José Roberto Sáchica Méndez.

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proceso por extinción de la obligación, sumado a ello, ordenó la

devolución de los títulos judiciales por valor de cuatrocientos ocho

millones doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y

cuatro pesos ($408.258.884) y trescientos siete millones quinientos

cincuenta y ocho mil trescientos treinta y seis pesos ($307.558.336)

a CONFIANZA S.A.

Destacó que contra la anterior decisión interpuso recurso de

apelación, el cual fue decidido por el TRIBUNAL en providencia de

26 de septiembre de 2025, en el sentido de confirmar la decisión del

a quo.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, el JUZGADO incurrió en defecto

orgánico, comoquiera que carecía de competencia para revocar su

propia decisión y proferir el auto que modificó la liquidación del

crédito y ordenó la terminación del proceso ejecutivo, de tal forma

que ello debió ser puesto de presente ante el superior jerárquico, a

quien le correspondía el conocimiento del asunto.

Manifestó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

defecto procedimental absoluto, toda vez que se ordenó declarar

terminado el proceso ejecutivo sin sustento normativo para revocar

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la decisión tomada por el propio JUZGADO, lo que contraría lo

dispuesto en el artículo 285 del Código General del Proceso (CGP).

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

en consecuencia:

“[…] revocar el auto 10 de abril de 2025, proferido por el Juzgado
60 Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante el cual dispuso
dar por terminado el proceso ejecutivo.

2. Revocar la decisión del 26 de septiembre de 2025, adoptada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera
Subsección Sub-Sección B, mediante el cual confirmó la decisión
de primera instancia.

3. Como consecuencia de ello, disponer que el Juzgado 60
Administrativo del Circuito de Bogotá, ratifique la orden de
entrega de los títulos en favor de mí representado.

[…]”. (Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO y TRIBUNAL guardaron silencio.

I.6. Interviniente

I.6.1.- CONFIANZA S.A. solicitó que se declare improcedente la

acción de tutela de la referencia, comoquiera que lo pretendido es

reabrir un debate debidamente surtido por el juez natural del asunto.

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Finalmente, adujo que no se evidencia la ocurrencia de los defectos

endilgados por el actor, por lo que se deben denegar las pretensiones

de amparo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

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observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales

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ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es

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necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 10 de abril y 26 de septiembre

de 2025, proferidas, respectivamente, por el JUZGADO y el

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TRIBUNAL, dentro del proceso ejecutivo identificado con el número

único de radicación 2009-00149-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y a los principios de cosa juzgada y

seguridad jurídica, habida cuenta que, a juicio de actor, incurrieron

en los defectos orgánico y procedimental absoluto, comoquiera

que el JUZGADO carecía de competencia para revocar su propia

decisión, en atención a lo dispuesto en el artículo 285 del CGP.

Es del caso advertir que aun cuando en la acción de tutela se solicita

dejar sin efectos tanto la providencia de 10 de abril de 2025

proferida por el JUZGADO, como la dictada el 26 de septiembre

de ese año por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el

análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales

invocados frente a la decisión de segunda instancia, toda vez que fue

esta la que dio por terminado el proceso.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,

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establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en los defectos deprecados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la inmediatez.

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha

sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida

como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de

los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que

aunque no tenga previsto un término de caducidad para su

presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de

un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso

injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y

la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del

mecanismo […]”6.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,

para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el

6
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

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momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la

instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción

constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a

que exige un examen más riguroso en aras de preservar los

principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el

interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente

afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 7:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales, sostuvo8:

7
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014.

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“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia
en la protección de las garantías constitucionales y el respeto a la
seguridad jurídica y los derechos de terceros afectados.

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe mediar
un término razonable entre la ejecutoria de la decisión judicial que
se aduce como violatoria de los derechos fundamentales del
accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su
amparo. […]

Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial,
requisito que garantiza la realización del principio de
seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al
asegurar que la decisión judicial alcance el grado de
certeza material, que la hace definitiva e inmutable. […]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).

En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la instauración de

la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe tener

en cuenta los siguientes eventos:

(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso

fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad de la parte

actora para instaurar la tutela en un término razonable, la ocurrencia

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de un hecho nuevo e inesperado, entre otras9;

(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la

vulneración de los derechos fundamentales del interesado10;

(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los

derechos de terceros afectados con la decisión11;

(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de

acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales12;

(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad

manifiesta13.

En el presente caso, la Sala advierte que de acuerdo con las

constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la

controversia, la providencia de 26 de septiembre de 2025, aquí

cuestionada, fue notificada mediante estado desfijado el 2 de

octubre de ese año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

201 del CPACA.

Asimismo, se observa que la solicitud de amparo de la referencia se

presentó el 8 de abril de 2026, esto es, transcurridos más de 6

9
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
11
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
12
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
13
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.

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meses, superando así el término estimado por la jurisprudencia como

razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de una

decisión judicial.

Ahora bien, el actor en la demanda señaló que el cómputo de la

inmediatez debe efectuarse teniendo en cuenta la fecha en que

quedó ejecutoriada la decisión acusada, lo cual no resulta de recibo,

pues es desde que se notificó el auto de 26 de septiembre de 2025

que conoció de la presunta vulneración alegada, de tal forma que la

ejecutoria de una providencia no modifica la decisión allí plasmada.

En este orden, teniendo en cuenta que en la presente acción de tutela

no se evidenció situación que se enmarque en alguno de los

supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que

puedan excusar su presentación por fuera del término establecido

por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala concluye que la

solicitud de amparo constitucional se presentó por fuera del término

razonable para cuestionar vía tutela providencias judiciales.

Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201714, la Corte

Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de

inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para

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Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses

establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las

particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que

existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se

observa en el presente caso.

Por último, la Sala señala que para que proceda el amparo

constitucional como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia

de un perjuicio irremediable, debe ser actual y las medidas que se

requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier

perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran

intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber

jurídico de la persona; y la urgencia y la gravedad determinan que la

acción de tutela sea impostergable, debido a que tiene que ser

adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la solicitud de

amparo por carencia del requisito general de la inmediatez, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de abril de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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