Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02675-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02675-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02675-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02675-01
Accionante: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y
OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al debido proceso / PROCESO
EJECUTIVO – se cuestiona la decisión proferida por el Juzgado 60 Administrativo de
Bogotá que modificó la liquidación inicial del crédito y declaró en $0 pesos el monto
adeudado al ejecutante y la decisión confirmatoria adoptada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – la acción de tutela se interpuso
con el propósito de reabrir una discusión ya resuelta en sede del proceso ordinario – se
plantea un debate de índole eminentemente legal y económico.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses contra la sentencia del 23 de abril de 2026,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 8 de abril de 20261, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, en nombre propio, promovió acción de tutela2 contra el Juzgado Sesenta
(60) Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, con el fin de obtener la protección
de su derecho fundamental al debido proceso.
Hechos relevantes
2. Los fundamentos fácticos de la presente acción constitucional se sustentaron en
dos procesos judiciales adelantados de manera simultánea, por lo que se
relacionaran de manera conjunta según el orden cronológico en que fueron
ocurriendo.
1 Índice 1 de Samai de primera instancia “REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS
EL miércoles, 8 de abril de 2026 con secuencia: 4156”.
2 Índice 2 Samai de primera instancia, demanda por ventanilla virtual, archivo
“1_DemandaWeb_Demanda_TUTELACONTRAPROVIDEN(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02675-01
Accionante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
3. El 25 de septiembre de 2006, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses suscribió el contrato de compraventa No 011-2006-DG con la sociedad
Innovación Tecnológica Innovatek Ltda. para la adquisición de un equipo
denominado Espectrofotómetro de Plasma por un valor de $1.049’800.000 M/CTE.
Para asegurar el cumplimiento del negocio el contratista constituyó la garantía única
de cumplimiento No 01GU019852 expedida por la Compañía Aseguradora de
Fianzas S.A. – Confianza S.A., con los amparos de: (1) cumplimiento por el 10% del
valor del negocio, (2) calidad y correcto funcionamiento de los bienes por un monto
de 50% del contrato y (3) buen manejo y correcta inversión del anticipo también por
un valor del 50% del negocio.
4. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses profirió la Resolución
No. 000591 del 23 de agosto de 2007, a través de las cual declaró la ocurrencia del
siniestro por incumplimiento de las obligaciones amparadas por la póliza No
01GU019852 y dispuso hacer efectivos los amparos de cumplimiento por el 10%
del valor del contrato y calidad de los bienes por el 50% del monto del negocio, para
un total de $629.880.000. Contra esta decisión se interpusieron recursos en sede
administrativa, por lo que la entidad contratante profirió la Resolución No. 00083 del
2 de noviembre de la misma anualidad en la que disminuyó el monto de la afectación
de la póliza a $377’928.000.
5. El 12 de marzo de 2008, Innovación Tecnológica – Innovatek Ltda. presentó
demanda de controversias contractual en contra del Instituto Nacional de Medicina
Legal en la que pretendió la declaratoria de nulidad de las Resoluciones que
declararon el siniestro por incumplimiento del contrato No 011-2006-DG del 25 de
septiembre de 2006. Dicho proceso se identificó con el radicado 25000-23-26-000-
2008- 00120-00/01.
6. El 23 de junio de 2008 la Compañía Aseguradora de Finanzas S.A. – Confianza
S.A. efectuó un pago parcial por $159’569.600 en favor del Instituto Nacional de
Medicina Legal en virtud de lo ordenado en las Resoluciones No. 000591 del 23 de
agosto de 2007 y No. 00083 del 2 de noviembre de la misma anualidad.
7. El 6 de julio de 2009 el Instituto Nacional de Medicina Legal promovió un proceso
ejecutivo en contra de la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. – Confianza S.A.
para lograr el pago total del monto discriminado en la Resolución No. 0083 del 2 de
noviembre de 2007. A este proceso se le asignó el radicado 11001-33-31-038-2009-
00149-00/01.
8. El 24 de julio de 2009, el Juzgado 38 administrativo de Bogotá libró mandamiento
de pago a cargo de la compañía aseguradora y en favor del ejecutante.
9. El 3 de junio de 2010, se suspendió el proceso ejecutivo por prejudicialidad
debido al pleito de controversias contractuales promovido por Innovación
Tecnológica – Innovatek Ltda. en contra del Instituto Nacional de Medicina Legal en
el que pretendió la declaratoria de nulidad de las Resoluciones que declararon el
siniestro por incumplimiento del contrato No 011-2006-DG de 2006.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02675-01
Accionante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
10. El 14 de marzo de 2016, el Consejo de Estado declaró la nulidad de todo lo
actuado en el proceso de controversias contractuales por la existencia de cláusula
compromisoria en el contrato 011-2006-DG de 2006 suscrito entre el Instituto
Nacional de Medicina Legal e Innovación Tecnológica – Innovatek Ltda.
11. El 1 de marzo de 2018, el Juzgado Sesenta (60) Administrativo de Bogotá
levantó la suspensión del proceso ejecutivo 11001-33-31-038-2009-00149-00/01,
en atención a que el proceso de controversias contractuales ya había salido de la
esfera de la jurisdicción contencioso-administrativa por lo que no había lugar a
seguir predicando una situación de prejudicialidad.
12. El 10 de octubre de 2018, el Juzgado Sesenta (60) Administrativo de Bogotá
ordenó seguir adelante con la ejecución del crédito en favor del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a cargo de la Compañía Aseguradora de
Finanzas S.A. – Confianza S.A.
13. El 10 de junio de 2019, el Centro de Arbitraje Conciliación y Amigable
Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá profirió el laudo arbitral en el
cual dispuso declarar la nulidad de las resoluciones No. 00591 del 23 de agosto de
2007 y 000883 del 2 de noviembre de la misma anualidad, a través de las cuales el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses había declarado el
siniestro por incumplimiento del contrato de compraventa 011-2006-DG de 2006 y
afectado los amparos de cumplimiento y correcto funcionamiento de los bienes.
14. El 30 de abril de 2020, el Consejo de Estado declaró infundado el recurso de
anulación interpuesto por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses en contra del laudo arbitral proferido por el Centro de Arbitraje Conciliación
y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá.
15. El 30 de noviembre de 2023, el Juzgado Sesenta (60) Administrativo de Bogotá
suspendió la entrega del título judicial al ejecutante con el fin de examinar los efectos
del laudo proferido por el Tribunal Arbitral sobre el documento ejecutivo.
16. El 10 de abril de 2025, el Juzgado Sesenta (60) Administrativo de Bogotá dejó
sin efectos la providencia del 10 de octubre de 2018 que ordenó seguir adelante la
ejecución. Como sustento de su decisión indicó que, en consideración a la nulidad
de las Resoluciones demandadas en el proceso arbitral, la liquidación del crédito
correspondía a $0 y declaró terminado el proceso ejecutivo por extinción de la
obligación.
17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B a
través de providencia del 26 de septiembre de 2025 confirmó la decisión que declaró
la terminación del proceso ejecutivo 11001-33-31-038-2009-00149-00/01 por
extinción de la obligación.
Pretensiones
18. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso del Instituto, en el sentido
de revocar el auto 10 de abril de 2025, proferido por el Juzgado 60
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02675-01
Accionante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante el cual dispuso dar por
terminado el proceso ejecutivo.
2.Revocar la decisión del 26 de septiembre de 2025, adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección Sub-Sección B,
mediante el cual confirmó la decisión de primera instancia.
3. Como consecuencia de ello, disponer que el Juzgado 60 Administrativo del
Circuito de Bogotá, ratifique la orden de entrega de los títulos en favor de mí
representado”3.
Fundamentos de la demanda de tutela
19. La parte demandante alega la presunta vulneración de su derecho fundamental
del debido proceso de parte del juzgado Sesenta (60) Administrativo de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B al proferir
las providencias judiciales cuestionadas (10 de abril de 2025 y 26 de septiembre de
2025, respectivamente) en el proceso ejecutivo No. 11001-33-31-038-2009-00149-
00/01, por considerar que con ellas se incurrió en un defecto orgánico y defecto
procedimental absoluto.
20. Al respecto indicó que el defecto orgánico se configuró porque las autoridades
judiciales accionadas no tenían la competencia para modificar el auto que liquidó el
crédito, ni para ordenar la terminación del proceso, bajo la excusa de garantizar la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. Según la accionante dicha
actuación desconoció las instituciones de la seguridad jurídica y confianza legitima.
21. Por otra parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
también adujo la configuración de un defecto procedimental absoluto porque las
providencias judiciales cuestionadas desconocieron sustancialmente el derecho
fundamental del debido proceso por desconocimiento del procedimiento que debía
guiar el proceso ejecutivo y por revocar, sin sustento normativo, la decisión que
había ordenado seguir adelante con la ejecución del crédito en favor del ejecutante.
22. Como fundamento de su reclamación alegó las siguientes circunstancias: (i)
existencia de cosa juzgada material porque la providencia del 10 de octubre de 2018
que decidió las excepciones presentadas por el ejecutado y ordenó seguir adelante
con la ejecución quedó ejecutoriada el 24 de octubre de esa anualidad; (ii)
vulneración de la confianza legitima del ejecutante cuyo derecho sobre el crédito
debe ser protegido ante cambios bruscos e inesperados de la jurisprudencia; (iii)
transgresión del principio de buena fe porque con independencia de lo decidido en
el laudo arbitral sobre la legalidad de las Resoluciones demandadas, los montos
asegurados por Confianza S.A. ya tenían un destino final para el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses; (iv) la providencia del 10 de octubre de
2018 que ordenó seguir adelante con la ejecución ya había resuelto al no
prosperidad de las excepciones planteadas por la parte ejecutada; (v) omisión de la
realidad fáctica y las etapas preclusivas adelantadas durante el proceso ejecutivo;
(vi) culpa exclusiva de la compañía aseguradora por no haber protegido
diligentemente sus propios intereses; (vii) limitación de los efectos ex tunc de la
3 Folio 27 del escrito de tutela, Ibidem.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02675-01
Accionante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
jurisprudencia para los procesos judiciales en los que previamente se consolidó una
situación jurídica para las partes; (viii) desconocimiento de la situación jurídica
consolidada en favor del Instituto en virtud del auto del 10 de octubre de 2018 que
ordenó seguir adelante con la ejecución; (iz de) prevalencia del derecho sustancial
sobre las normas procesales.
Trámite procesal
23. Por medio de auto del 9 de abril de 2026 4, la Sección Primera de esta
Corporación5 admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Juez
60 Administrativo del Circuito de Bogotá y a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Adicionalmente vinculó en calidad de tercero con
interés a la Compañía Aseguradora de Finanzas S.A. – Confianza S.A.
Intervenciones
24. La Compañía Aseguradora de Finanzas – Confianza S.A.6, a través de
apoderado judicial, pidió que se negara la solicitud de amparo, por las siguientes
razones: (i) no se cumple el requisito de relevancia constitucional porque el
accionante pretende reabrir un debate de naturaleza estrictamente económica para
que se realice un nuevo análisis jurídico respecto de una decisión judicial que no
fue arbitraria, ni vulneradora de sus derechos fundamentales; (ii) improcedencia de
los defectos aleados debido a que ante la inexistencia de los documentos que
conformaban el título ejecutivo no existe fundamento jurídico para pretender el pago
de las sumas reclamadas por el accionante. Con fundamento en ello pidió que se
desestime la acción constitucional por improcedente y se niegue la petición de
amparo elevada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
25. Las autoridades judiciales accionadas no rindieron informe a pesar de haber
sido debidamente notificados7.
La sentencia de primera instancia
26. La Sección Primera del Consejo de Estado, por medio de sentencia del 23 de
abril de 2026, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no
cumplir con el requisito de inmediatez8.
27. Sostuvo que en la presente acción constitucional se pretende dejar sin efectos
las providencias del 10 de abril de 2025 y 26 de septiembre de la misma anualidad
proferidas en el proceso ejecutivo 11001-33-31-038-2009-00149-00/01. Así se
constató que la última de las decisiones cuestionadas fue notificada al Instituto
4 Índice 4 de Samai de primera instancia, archivo
“16_Autoqueadmite_20260267500INSTITUTO_0_20260409172956776”.
5 Despacho a cargo de la consejera Nubia Margoth Peña Garzón.
6 Índice 12 de Samai de primera instancia, archivo
“25RECIBEMEMORIAL_Memorial_PronunciamientoTutel(.pdf) NroActua 12”.
7 Índice 9 de Samai de primera instancia, archivo “Acuse Entregados Recibo
Notificación/Comunicación 2026-04-14T10:46:21.845 (.zip)(.zip) NroActua 9”.
8 Índice 16 de Samai de primera instancia, archivo
“26_Sentencia_20260267500INSTITUTO_0_20260427140248575”.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02675-01
Accionante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 2 de octubre de 2025; sin
embargo, la demanda se radicó el 8 de abril de 2026, es decir, cuando ya había
transcurrido el término razonable de 6 meses para ejercer la tutela, por lo que la
Sala de decisión estimó que el asunto por no cumplió con el requisito de
procedibilidad para proceder a su examen de fondo.
La impugnación9
28. El accionante solicitó que se revoque la sentencia del 23 de abril de 2026 y, en
su lugar, se conceda el amparo de los derechos fundamentales invocados. Como
fundamento de su petición indicó que la providencia del 26 de septiembre de 2025
(cuestionada en esta acción constitucional) si bien fue notificada en la fecha
indicada por el a quo (2 de octubre de 2025), únicamente quedó ejecutoriada el 8
de octubre de esa anualidad, por lo que el accionante cumplió con el término de
razonabilidad de 6 meses para cuestionar las decisiones judiciales referidas en la
demanda. De manera subsidiaria indicó que el término fijado de 6 meses fijado por
la jurisprudencia constitucional no debe constituirse como una patente de corso
inflexible para evitar el examen sobre la vulneración de los derechos fundamentales
del accionante.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
29. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
30. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si la presente acción de tutela
satisface el requisito de relevancia constitucional o si, por el contrario, pretende
reabrir una discusión de naturaleza legal y económica ya resuelta dentro del proceso
ejecutivo 11001-33-31-038-2009-00149-00/01.
31. Lo anterior, sin perjuicio de que la sentencia de primera instancia hubiera
declarado la improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de
inmediatez. En efecto, la relevancia constitucional es un presupuesto general,
autónomo y previo de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Por
ello, cuando el juez constitucional advierte que la controversia planteada carece de
entidad iusfundamental y se limita a reproducir un debate de legalidad o de
corrección judicial, puede confirmar la improcedencia por esta razón, sin que resulte
necesario agotar el estudio de los demás requisitos generales.
9 Índice 20 de Samai de primera instancia, archivo
“28_110010315000202602675002MemorialWeb20265122525”.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
32. En caso de que el anterior interrogante tenga una respuesta afirmativa, la Sala
analizará si las autoridades judiciales accionadas vulneraron el derecho
fundamental al debido proceso del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses. Para resolver el asunto se abordarán: (i) las generalidades de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) el requisito de relevancia constitucional;
y (iii) el caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
33. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los
particulares en los casos que señale la ley.
34. En ese sentido, el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, prevé:
“Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto
jurídico escrito”10.
35. Frente a esto, la Corte Constitucional ha establecido:
“[…]para que proceda la acción de tutela en un asunto determinado, se
requiere que existan elementos objetivos de los cuales se pueda inferir
una amenaza o vulneración cierta de derechos fundamentales, bien sea por
una acción o una omisión de las autoridades públicas y,
excepcionalmente, de los particulares.
Así las cosas, quien acuda a la acción de tutela en procura de obtener la
protección de los derechos fundamentales que considera conculcados,
debe, como cuestión inicial, acreditar, siquiera sumariamente, el hecho
vulnerador, es decir, la amenaza o afectación directa del bien jurídico
susceptible de amparo.
Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en
señalar que, ‘la acción de tutela procede, cuando se pruebe que se
amenazan o vulneran los derechos fundamentales de una persona por parte
de autoridades públicas o los particulares, y adicionalmente no existe un
mecanismo judicial de protección de los mismos, idóneo para tal efecto’11(se
destaca)12.
10 Art. 5. Decreto 2591 de 1991.
11 Original de la Cita: “Ver Sentencia T-313 del 7 de abril de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil”.
12 T-346-10.
7
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Causales genéricas y específicas de procedencia de tutela contra providencia
36. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200513, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
37. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar14: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela15, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional16 o el Consejo de Estado17,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP18; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable19 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
38. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales20.
13 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
14 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
15 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
17 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
19 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
20 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial”.
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
39. Respecto del requisito general de procedencia de tutela contra providencias de
relevancia constitucional, conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
consiste en un examen a las razones que expone el tutelante en la petición de
protección. Se ha indicado que, si bien la acción de tutela no precisa de una técnica
argumentativa especializada o erudita, si exige un esfuerzo por parte del actor para
presentar justificaciones desde una perspectiva en la que se invoque y demuestre
la vulneración de una norma supra legal. Además, se ha señalado que por esa vía
están descartadas razones que reiteran argumentos resueltos dentro del proceso
ordinario, de carácter estrictamente económico, de mera legalidad, o en la que se
pretende utilizar el amparo como una instancia adicional.
El requisito de relevancia constitucional
40. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
41. La Corte Constitucional indicó21 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
42. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en los
eventos en que se pretende reabrir el debate22: (i) la deliberación debe recaer sobre
un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre en el contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
43. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
transgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia23.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
22 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
23 Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02675-01
Accionante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Caso concreto
44. En el caso concreto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela, pero por falta de relevancia constitucional.
Si bien la Sección Primera de esta Corporación fundó la improcedencia en el
incumplimiento del requisito de inmediatez, esta Subsección advierte que, antes de
abordar dicho presupuesto, debe verificarse si la controversia propuesta por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses plantea un verdadero
problema constitucional o si, por el contrario, busca reabrir un debate legal y
económico ya definido por el juez natural del proceso ejecutivo.
45. La Sala estima que no es necesario pronunciarse sobre el requisito de
inmediatez, porque la acción de tutela no supera el presupuesto de relevancia
constitucional. Este requisito es autónomo y suficiente para descartar la
procedencia del amparo contra providencias judiciales cuando los reproches
formulados no evidencian una afectación directa, grave y específica de derechos
fundamentales, sino una inconformidad con la interpretación jurídica y procesal
adoptada por las autoridades judiciales accionadas.
46. En este contexto, los reproches del accionante en contra de las decisiones
cuestionadas (providencia del 10 de abril de 2025 proferida por el Juzgado Sesenta
(60) Administrativo del Circuito de Bogotá y 26 de septiembre de 2025 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección B)24 lejos de
evidenciar una afectación autónoma, directa y grave del derecho fundamental del
debido proceso, realmente consistieron en controvertir los fundamentos de la
providencia del 10 de abril de 2025 adoptada por el Juzgado Sesenta (60)
Administrativo del Circuito de Bogotá que modificó de oficio la liquidación del crédito
y determinó que la deuda correspondía a $0 en favor del ejecutante y contra la
sentencia del 26 de septiembre de 2025 adoptada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B que confirmó la decisión inicial y
puso fin al proceso ejecutivo promovido por el Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses.
47. Al respecto, aunque el accionante alegó que las decisiones adoptadas por las
autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto orgánico y
procedimental absoluto, la Sala pone de presente que sus argumentos se dirigen a
que el juez constitucional adopte una interpretación jurídica diferente respecto de la
incidencia de la declaratoria de nulidad de las Resoluciones No. 00591 del 23 de
agosto de 2007 y No. 00083 del 2 de noviembre de esa anualidad 25 en el proceso
ejecutivo 11001-33-31-038-2009-00149-00/01. En consecuencia, la tutela no
plantea un juicio de validez constitucional de la providencia, sino un reproche de
corrección en la interpretación jurídica sobre las circunstancias acaecidas durante
el proceso ejecutivo y que conllevaron a la modificación oficiosa del crédito por parte
del juez natural, aspecto que es ajeno al ámbito excepcional del amparo contra
decisiones judiciales.
24 Proferidas en el proceso ejecutivo 11001-33-31-038-2009-00149-00/01.
25 Declaradas nulas en el laudo arbitral del 10 de junio de 2019 proferido por el Centro de Arbitraje,
Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02675-01
Accionante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
48. Sobre la configuración el defecto orgánico el accionante se limitó a enunciar
que las autoridades judiciales no tenían la competencia para modificar
oficiosamente la liquidación del crédito, bajo ese mismo supuesto fáctico sustentó
el defecto procedimental absoluto al indicar que en las providencias judiciales
cuestionadas se desconoció la decisión que había ordenado seguir adelante con la
ejecución del crédito.
49. Sobre el asunto en particular, la Sala pone de presente que en las providencias
cuestionadas, tanto el Juzgado Sesenta (60) Administrativo del Circuito de Bogotá
como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca explicaron con suficiencia las
razones por las que tenían la competencia oficiosa para modificar la liquidación del
crédito ante la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que sirvieron de
fundamento para conformar el título ejecutivo en favor del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses y en contra de la Compañía Aseguradora de
Fianzas S.A. – Confianza S.A.
50. Al respecto, en la providencia del 10 de abril de 2025, se indicó que de
conformidad con el artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo la
declaratoria de nulidad de un acto administrativo tiene fuerza de cosa juzgada erga
omnes respecto de la legalidad de la decisión, por lo que, a partir de la expedición
del laudo arbitral del 10 de junio de 2019 que anuló las Resoluciones 0591 del 23
de agosto de 2007 y 00083 del 2 de noviembre de la misma anualidad,
desaparecieron del ordenamiento jurídico los documentos que sirvieron de soporte
al proceso ejecutivo; de modo que, de lo consagrado en la precitada norma, se
imponía modificar oficiosamente la liquidación del crédito para que, conforme a la
realidad fáctica (ausencia de los actos administrativos declarados nulos) se
declarara que la deuda ejecutada correspondía a $0 pesos.
51. Contra la anterior decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de apelación26
en el que sustentó en que la providencia adoptada por el Juzgado Sesenta (60)
Administrativo del Circuito de Bogotá por considerar que desconoció la existencia
de la cosa juzgada material debido a que mediante auto del 10 de octubre de 2018
se había ordenado seguir adelante con la ejecución contra la aseguradora
Confianza S.A. y que en virtud de ello no podía ser modificada oficiosamente la
liquidación del crédito que ya había adquirido firmeza. Además de eso el recurrente
en esa oportunidad indicó agregó que la providencia cuestionada vulneró los
siguientes preceptos normativos (i) la confianza legitima del ejecutante; (ii) el
principio de buena fe que tenía el ejecutante de recibir el pago del crédito; (ii) la
naturaleza de las obligaciones civiles y naturales previsto en el artículo 1527 del
Código Civil; (iv) la realidad fáctica del proceso ejecutivo en el que ya se había
ordenado la liquidación del crédito; (v) la culpa exclusiva de la aseguradora; y (vi)
los efectos ex tunc de las decisiones judiciales y el respeto por las situaciones
jurídicas..
52. A su vez, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, en la providencia del 26 de septiembre de 2025, consideró que el
26 Índice 163 del Samai de primera instancia del proceso ejecutivo 11001-33-31-038-2009-00149-
00, archivo “65_MemorialWeb_Recurso-Memorial2022(.pdf) NroActua 163”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02675-01
Accionante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
juez de primera instancia si tenía la competencia para modificar oficiosamente la
liquidación del crédito ante la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
que sirvieron de fundamento para la ejecución contra la Compañía Aseguradora de
Fianzas S.A. – Confianza S.A. Como sustento de su decisión se refirió que el artículo
422 del Código General del Proceso consagra la posibilidad de demandar
ejecutivamente aquellas obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en
documentos que provengan del deudor o su causante. Bajo esa premisa normativa
consideró que durante el transcurso del proceso ejecutivo es posible que se
presenten hechos que afecten el título ejecutivo, situación que debe ser estudiada
en cada caso en concreto, para efectos de decidir si es procedente o no continuar
con la ejecución27.
53. A partir del razonamiento esbozado el Tribunal consideró que debía confirmarse
la decisión recurrida por cuanto las Resoluciones No. 000591 y 000883 de 2007 que
integraron el título ejecutivo fueron declaradas nulas, por lo que de conformidad con
la nueva realidad procesal, se imponía la modificación oficiosa del crédito.
54. De lo expuesto en precedencia, la Sala encuentra que los reproches alegados
por el accionante en la presente acción constitucional ya fueron debatidos y
zanjados en el proceso ejecutivo 11001-33-31-038-2009-00149-00/01 y que, por vía
de la tutela, el Instituto Nacional de Medicamentos pretende reiterar los reproches
planteados en contra de la decisión que modificó oficiosamente la liquidación del
crédito y terminó el proceso adelantado en contra de la Compañía Aseguradora de
Finanzas S.A. – Confianza S.A., con el fin de que el juez constitucional examine
nuevamente si procedía o no ajustar el valor del crédito a la realidad acontecida
ante la nulidad de los actos administrativos que sirvieron de soporte para la
ejecución o si, por el contrario, como lo sostiene el accionante el hecho de que
mediante auto del 10 de octubre de 2018 se hubiera ordenado seguir adelante con
la ejecución en contra de la aseguradora le había brindado una confianza legítima
y una situación jurídica consolidada que no podía ser alterada con posterioridad.
55. Así, en este caso, resulta evidente que la acción constitucional fue promovida
con el propósito de reabrir un debate ya agotado ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativa por el juez de la ejecución y que fue decidido conforme
al ordenamiento jurídico. De modo que conviene recordar que la tutela no constituye
un recurso alternativo frente a sentencias desfavorables, especialmente cuando las
cuestiones debatidas fueron objeto de un análisis dentro del proceso ordinario.
56. Al respecto, se reitera que, en criterio de esta Corporación, el requisito de
relevancia constitucional implica que el accionante identifique un derecho
fundamental presuntamente afectado y acredite de manera clara, específica y
suficiente la forma en que la providencia judicial cuestionada desconoce dicha
garantía. El razonamiento jurídico requiere algo más que la simple alegación de la
transgresión de derechos fundamentales. Es imprescindible explicar con precisión
la forma en que estos han sido afectados, lo que evita el uso de la tutela como un
27 Para esta interpretación se apoyó en lo considerado por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 1 de febrero de 2018, exp. 40.254, C.P. Carlos Alberto Zambrano
Barrera.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02675-01
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
mecanismo para manifestar una mera inconformidad contra las providencias
adoptadas y sea utilizada como una instancia adicional.
57. Adicionalmente, no se observa una vulneración del derecho al debido proceso
en su dimensión fundamental. La Corte Constitucional ha señalado que dicho
derecho solo resulta afectado en ese ámbito cuando se desconocen sus garantías
esenciales, como el acceso al juez natural, la posibilidad de aportar y controvertir
pruebas, la publicidad del trámite y de las decisiones, la imparcialidad judicial o el
ejercicio de la defensa. Ninguno de estos aspectos resultó afectado en el caso bajo
estudio, toda vez que la parte accionante intervino de manera activa en el proceso
ejecutivo, ejerció su derecho a la defensa y obtuvo pronunciamientos de fondo.
58. En esa misma lógica, no se advierte vulneración al derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia en su dimensión constitucional. El accionante
dispuso de un acceso real, efectivo y sin restricciones a la jurisdicción competente,
así como a los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para controvertir las
decisiones adoptadas dentro del proceso. No obra prueba que permita inferir que
se le negó la posibilidad de acudir al aparato judicial, que se hubiere obstaculizado
el normal desarrollo del trámite, o que se le hubieran restringido sus facultades
procesales para ejercer su derecho de defensa y contradicción. Por el contrario, el
expediente refleja que las garantías propias del debido proceso fueron respetadas,
lo cual descarta cualquier afectación a la tutela judicial efectiva.
59. Entonces, del análisis de las circunstancias fácticas del caso se advierte que el
accionante pretende, a través del amparo constitucional, pretende discutir una
discrepancia con la interpretación jurídica efectuada por el juez natural del proceso
ejecutivo 11001-33-31-038-2009-00149-00/01 frente al alcance de la declaratoria
de nulidad de los documentos que sirvieron de fundamento para que el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ejecutara a la Compañía
Aseguradora de Fianzas S.A. – Confianza S.A., debido a la modificación oficiosa
del crédito que declaró la deuda en $0 pesos y ordenó terminar el proceso ejecutivo.
60. Así, aunque la actora invocó los defectos orgánico y procedimental absoluto
fundado en las decisiones adoptadas por el Juzgado Sesenta (60) Administrativo de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B, de lo expuesto hasta aquí se constata que el Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses planteó un debate de índole jurídico sobre las competencias
del juez de la ejecución para modificar oficiosamente la liquidación del crédito de
manera oficiosa y con un contenido eminentemente económico pues pretende que
se deje sin efectos la providencia que declaró la deuda en $0 pesos según la
realidad fáctica acontecida con el fin de que se continue con la ejecución de la
Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. – Confianza S.A. por el monto reclamado
en el proceso ejecutivo. En conclusión, lo hasta aquí expuesto se separa de debate
de orden constitucional respecto a la protección de los derechos fundamentales que
deben guiar la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que no es
procedente su examen de fondo.
61. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela, aunque por razones distintas a las
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02675-01
Accionante: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
expuestas por la Sección Primera de esta Corporación. En concreto, la solicitud de
amparo no satisface el requisito de relevancia constitucional, porque el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pretende utilizar la acción de tutela
como un mecanismo para reabrir un debate jurídico y económico ya definido dentro
del proceso ejecutivo. Esta razón es suficiente para abstenerse de analizar los
demás requisitos generales de procedencia y los defectos específicos alegados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de abril de 2026, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela presentada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
contra el Juzgado 60 Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por la falta del
requisito de relevancia constitucional, según las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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