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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02678-00

Fecha
4 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02678-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

4 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02678-00 (4085)
Accionantes: Carlos Mario Guzmán Zabala y otros
Accionados: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre
y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa. Subtema 2: daño causado con ocasión de un proceso
disciplinario. Subtema 3: requisito de subsidiariedad.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud interpuesta por los señores Carlos Mario Guzmán Zabala y otros en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.

1. Síntesis del caso

Los señores Carlos Mario Guzmán Zabala, Carlos Guillermo Guzmán Lora, Orlando
Rafael Guzmán Lora, Enith Graciela Guzmán Lora, Elena Isabel Guzmán Lora, Ena
Beatriz Guzmán Lora, Joaquín Alberto Guzmán Fernández, Ana Beatriz Lora de
Guzmán y Judith del Carmen Zabala Salcedo presentaron escrito de tutela con la
pretensión de amparo de su derecho fundamental al debido proceso y de los
principios constitucionales de legalidad e irretroactividad de la ley, que consideraron
vulnerados por el Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo y la Sala Segunda
de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, con ocasión de la sentencias
proferidas el 29 de septiembre de 2023 y el 11 de febrero de 2026, respectivamente,
dentro del expediente con radicado núm. 70001-33-33-003-2020-00180-00/01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02678-00 (4085)
Accionantes: Carlos Mario Guzmán Zabala y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro

2. Los señores Carlos Mario Guzmán Zabala, Carlos Guillermo Guzmán Lora,
Orlando Rafael Guzmán Lora, Enith Graciela Guzmán Lora, Elena Isabel Guzmán
Lora, Ena Beatriz Guzmán Lora, Joaquín Alberto Guzmán Fernández, Ana Beatriz
Lora de Guzmán y Judith del Carmen Zabala Salcedo presentaron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra el Instituto Colombiano
Agropecuario (en adelante ICA), con las pretensiones de que el juez administrativo
declarara la responsabilidad de dicha entidad por el daño causado con ocasión del
pago de la defensa judicial que le correspondió asumir al primero de estos dentro
de una investigación disciplinaria y, en consecuencia, ordenara el pago de los
perjuicios.

3. Argumentó que el ICA adelantó proceso disciplinario contra el señor Carlos
Mario Guzmán Zabala, motivo por el cual debió contratar los servicios profesionales
de un abogado por valor de 10.000.000 de pesos. Además, que el referido proceso
incurrió en varios vicios que derivaron en que fuera declarado nulo, por lo que no se
desvirtuó su presunción de inocencia ni declaró su responsabilidad en los hechos
investigados.

4. El asunto correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Sincelejo bajo el radicado núm. 70001-33-33-003-2020-00180-00, autoridad que, en
sentencia del 29 de septiembre de 20231, negó las pretensiones de la demanda,
pues estimó que las actuaciones administrativas que realizó el ICA no fueron
desproporcionadas, pues las quejas interpuestas en contra del señor Carlos Mario
Guzmán Zabala obligaban a la entidad a ejercer sus funciones disciplinarias, y que,
si bien se presentaron algunas irregularidades y vicios en ese trámite en primera
instancia, lo cierto es que, con el recurso de apelación, el superior garantizó el
derecho al debido proceso y declaró la nulidad de todo lo actuado. Agregó las
siguientes consideraciones:

Lo antes expuesto, conduce a que el Despacho considere que se incumplió con el
deber que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, que ha sido
enfático en señalar que “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen…”, por ello, no es
suficiente que en la demanda se hagan afirmaciones sobre que el daño se encuentra
asociado a preocupaciones del demandante o erogaciones para cubrir su defensa,
máxime si no se demostró que el señor Carlos Guzmán Lora hubiera incurrido en el
pago de honorarios profesionales, en los términos descritos en sentencia de
unificación del Consejo de Estado de fecha 18 de julio de 2019, que requiere para
que haya lugar a la indemnización de dicho perjuicio que se allegue prueba
conducente de su pago2.

5. Contra la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación
para lo cual argumentó que el daño había quedado probado, toda vez que demostró
que había incurrido en el pago de honorarios profesionales de un abogado con el
contrato de prestación de servicios y la constancia de paz y salvo aportados al
expediente ordinario. En el proceso disciplinario su abogado presentó recurso de

1 Samai, exp. núm. 70001-33-33-003-2020-00180-00, índice 23, certificado 50CF903119B184A2
A348F457E879E9D1 57FC46E698AF430B 377714C8D7B6897C.
2 Se transcribe incluso con errores de texto.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02678-00 (4085)
Accionantes: Carlos Mario Guzmán Zabala y otros
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apelación contra el fallo sancionatorio, dados los vicios que sustentaron la nulidad
decretada en segunda instancia.

6. Alegó que el señor Carlos Mario Guzmán Lora no estaba en el deber de tolerar
la causa disciplinaria, la que le causó un desgaste físico, emocional y material,
perjuicios que eran susceptibles de ser indemnizados.

7. En segunda instancia, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
de Sucre profirió sentencia el 11 de febrero de 20263 en la que confirmó la decisión
del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo. Fundamentó su
decisión, entre otras circunstancias, en que la sanción disciplinaria de primera
instancia no se ejecutó, lo que «desdibujó la existencia del daño antijurídico».

8. También explicó que no resultaba procedente el reconocimiento de los
honorarios profesionales reclamados, por cuanto no se aportó factura o documento
equivalente que lo soporte, en los términos definidos en la sentencia de unificación
del 18 de julio de 2019 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado4. En
tal sentido, concluyó lo siguiente:

Conclusión: No se encuentra probado el daño antijurídico con la prueba recaudada,
así las cosas, comparte esta Sala la decisión asumida por el juez de primera instancia
en la que concluyó que la responsabilidad de la demandada no estaba comprometida,
análisis que conduce a confirmar la decisión que negó las pretensiones de la
demanda5.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. Los señores Carlos Mario Guzmán Zabala, Carlos Guillermo Guzmán Lora,
Orlando Rafael Guzmán Lora, Enith Graciela Guzmán Lora, Elena Isabel Guzmán
Lora, Ena Beatriz Guzmán Lora, Joaquín Alberto Guzmán Fernández, Ana Beatriz
Lora de Guzmán y Judith del Carmen Zabala Salcedo solicitaron al juez
constitucional que ampare su derecho fundamental al debido proceso y de los
principios constitucionales de legalidad e irretroactividad de la ley. En consecuencia,
que se ordene lo siguiente:

a.-) Que se le garantice a la parte accionante el ejercicio y goce del debido proceso
(defensa y contradicción de la prueba), pregonado en el artículo 29 de Constitución
Política de Colombia de 1991, el PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY y
el PRINCIPIO DE LEGALIDAD, dentro del MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN
DIRECTA, de RADICADO: 70001333300320200018001 […], y cese la vía de hecho
por la ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el
capricho o en la subjetividad de la accionada.

b.-) Que se declare la nulidad de las providencias acusadas y proferidas dentro del
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, de RADICADO:
70001333300320200018001 […], por quebrantar el debido proceso (defensa y

3 Samai, exp. núm. 70001-33-33-003-2020-00180-01, índice 11, certificado D7BF38929CF48915
2420345FED945B79 8193C7284C76CB7C CE970B978175E65E.
4 Expediente núm. 73001-23-31-000-2009-00133-01.
5 Se transcribe incluso con errores de texto.

3

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contradicción de la prueba), pregonado en el artículo 29 de Constitución Política de
Colombia de 1991, el PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY y el
PRINCIPIO DE LEGALIDAD […], y cese la vía de hecho por la ostensible desviación
del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad
de la accionada.

c.-) Que se le ordene a las accionadas proferir nuevas providencias garantizando el
debido proceso (defensa y contradicción de la prueba), pregonado en el artículo 29
de Constitución Política de Colombia de 1991, el PRINCIPIO DE
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY y el PRINCIPIO DE LEGALIDAD, dentro del
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, de RADICADO:
70001333300320200018001 […]6.

10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora afirmó que el Juzgado
Tercero Administrativo de Sincelejo y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre incurrieron en los defectos sustantivo y fáctico en los fallos
del 29 de septiembre de 2023 y del 11 de febrero de 2026.

11. Para lo anterior, argumentó que la sentencia de unificación del 18 de julio de
2019 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado7, que exige probar con
facturas o documento equivalente los servicios profesionales de un abogado en los
términos exigidos por el artículo 615 del Estatuto Tributario, no era aplicable al caso
concreto toda vez que los hechos objeto de discusión en el proceso de reparación
directa datan del 2016, cuando firmó el contrato de prestación de servicios para
ejercer su defensa en el proceso disciplinario, y en 2018 que finalizó el pago por tal
concepto.

12. Adujo que fueron desconocidas como pruebas el contrato de prestación de
servicios, el paz y salvo y las decisiones proferidas dentro del asunto disciplinario,
los cuales daban cuenta de las irregularidades que debió soportar y del daño que
padeció. Afirmó que lo expuesto lesionó sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la defensa.

2.3. Trámite procesal

13. El despacho ponente, mediante auto del 13 de abril de 20268, admitió la
solicitud de amparo; vinculó al ICA como terceros con interés; requirió, en medio
digital, el expediente ordinario; tuvo como pruebas los documentos adjuntados con
la demanda; ordenó las notificaciones de rigor y suspendió los términos del trámite
constitucional.

2.4. Intervenciones

14. El ICA contestó que no se vulneraron derechos fundamentales de la parte
actora y que la tutela no satisface los requisitos de procedibilidad exigidos en el

6 Se transcribe incluso con errores de texto.
7 Expediente núm. 73001-23-31-000-2009-00133-01.
8 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-02678-00, índice 4, certificado 3E0ABEEC130E4E16
7871A3453E616073 3D3F80CEB8525CC5 F0ACEC4552FB0514.

4

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artículo 86 de la Constitución Política. Sostuvo que se pretende reabrir un debate
que finalizó ante el juez natural y que no tiene legitimación en la causa por pasiva9.

15. El Tribunal Administrativo de Sucre indicó que la tutela no superó el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto buscó agotar una tercera instancia adicional
al proceso ordinario en el que ya se discutieron los mismos argumentos de amparo.
Expuso que dio alcance a la fuerza vinculante de la sentencia de unificación del 18
de julio de 2019 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Solicitó
que se declarara improcedente la acción10.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

16. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta contra el Juzgado Tercero Administrativo
de Sincelejo y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre.

3.2. Legitimación en la causa

17. La legitimación en la causa por activa de los señores Carlos Mario Guzmán
Zabala, Carlos Guillermo Guzmán Lora, Orlando Rafael Guzmán Lora, Enith
Graciela Guzmán Lora, Elena Isabel Guzmán Lora, Ena Beatriz Guzmán Lora,
Joaquín Alberto Guzmán Fernández, Ana Beatriz Lora de Guzmán y Judith del
Carmen Zabala Salcedo se encuentra acreditada, por cuanto fueron los
demandantes dentro del proceso de reparación directa que finalizó con la sentencia
de segunda instancia del 11 de febrero de 2026, objeto de tutela, y, por lo tanto, son
los titulares de los derechos que consideraron fueron vulnerados.

18. También, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Tercero Administrativo de Sincelejo y de la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre porque fueron las autoridades que profirieron las sentencias
del 29 de septiembre de 2023 y del 11 de febrero de 2026, respectivamente, que,
según afirmó la parte tutelante, vulneraron sus derechos fundamentales.

19. Por otro lado, se advierte que el ICA solicitó su desvinculación al considerar
que no estaba llamado a responder por la vulneración de los derechos
fundamentales de la parte accionante.

20. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad actuó como parte demandada dentro del proceso ordinario en el
que fueron expedidas las providencias objeto de reparos y, en consecuencia, la

9 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-02678-00, índice 11, certificado 504705B03D491FE5
5316F88A0FE46FE6 16DAB0BF30FB2C55 B55B36BBD769B21B.
10 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-02678-00, índice 16, certificado 5C747A96DB21F366
F7730301451A76CC CB57DD28D587B3CE 60670115C26B3F6F.

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decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos
expuestos, se negará su solicitud.

3.3. Cuestión preliminar

21. La Subsección advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestionaron
las decisiones proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo y la
Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, los argumentos que
sustentan sus pretensiones son los mismos respecto a una y otra.

22. Por lo anterior, y en atención a que la sentencia del 29 de septiembre de 2023
fue recurrida y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre
desató lo pertinente mediante el fallo del 11 de febrero de 2026, el reclamo
constitucional formulado será estudiado solo frente a esta última, en tanto fue la que
puso fin al asunto.

3.4. Problema jurídico

23. En atención a los argumentos de las partes y del vinculado, la Sala deberá
establecer si: ¿la solicitud de amparo supera los requisitos de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial?

24. En caso afirmativo, se tendrá que determinar si: ¿el Tribunal accionado vulneró
los derechos fundamentales invocados por los tutelantes? En concreto, habrá que
analizar si ¿la sentencia del 11 de febrero de 2026 incurrió en los defectos fáctico y
sustantivo?

3.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

25. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado11 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional12.

26. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis
y que afecte un derecho fundamental.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
12 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

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v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

27. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del
recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad,
hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales13 y,
por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

28. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución14.

29. En particular, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y del artículo 6 del Decreto 2591
de 199115 que el juez constitucional, por un lado, verifique que la accionante no
cuente con otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos
fundamentales; y, por otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y
eficaces para garantizar de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las
particularidades de cada caso16.

30. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que estos
no sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables17.

31. Cuando se trata de una tutela contra providencia judicial, la Corte
Constitucional ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios
constituyen vías legítimas de defensa y reconocimiento de los derechos
fundamentales18. De manera específica, el alto tribunal expresó lo siguiente:

La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus
competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir ante
un juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han empleado

13 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
14 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
15
Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto
[…]».
16 Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
17 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
18 Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021.

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los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento de estas
herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de
tutela pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.

3.5. Caso concreto

32. El señor Carlos Mario Guzmán Zabala y algunos miembros de su grupo familiar
presentaron demanda de reparación directa, con las pretensiones de que se
declarara que el ICA es responsable del daño causado con la investigación
disciplinaria llevada en su contra y con el pago de los servicios profesionales que le
tocó contratar para ejercer su defensa, y, en consecuencia, que se ordenara el pago
de perjuicios.

33. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo profirió
sentencia el 29 de septiembre de 202319 en la que negó las pretensiones de la
demanda. Consideró que el ICA debía ejercer sus funciones disciplinarias ante las
quejas que recibió contra el señor Carlos Mario Guzmán Zabala, y que no se probó
el daño consistente en el supuesto pago de honorarios profesionales de abogado,
en los términos de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de
Estado del 18 de julio de 2019.

34. La anterior providencia fue apelada por la parte demandante. En segunda
instancia, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre profirió
sentencia el 11 de febrero de 2026 en la que confirmó la decisión del Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo.

35. Como fundamento de su decisión, afirmó que no quedó probado el daño
antijurídico porque la sanción impuesta en la primera instancia disciplinaria no tuvo
efectos jurídicos. También sostuvo que no se demostró el pago de honorarios del
abogado en los términos descritos en el fallo de unificación de la Sección Tercera
del Consejo de Estado del 18 de julio de 2019.

36. En el escrito de tutela, los accionantes consideraron vulnerados sus derechos
fundamentales con la sentencia del 11 de febrero de 2026 proferida por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, toda vez que, según
adujeron, la autoridad judicial incurrió en los defectos sustantivo y fáctico.

37. En concreto, los cargos de amparo se reducen a que la sentencia de
unificación del 18 de julio de 2019, que exige probar con facturas o documento
equivalente los servicios profesionales de un abogado en los términos exigidos por
el artículo 615 del Estatuto Tributario, no era aplicable al caso concreto porque los
hechos objeto de discusión en el proceso ordinario de reparación directa databan
del 2016 y 2018 cuando efectuó el pago de los honorarios.

38. Pues bien, la Sala revisó el escrito de apelación interpuesto contra el fallo del
29 de septiembre de 2023 emitido dentro del expediente de reparación directa y
encontró que la parte recurrente, ahora accionante, no formuló como cargo de

19 Samai, exp. núm. 70001-33-33-003-2020-00180-00, índice 23, certificado 50CF903119B184A2
A348F457E879E9D1 57FC46E698AF430B 377714C8D7B6897C.

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inconformidad que no era aplicable en el caso concreto la sentencia de unificación
del 18 de julio de 2019.

39. Así pues, de conformidad con lo expuesto, esta Sala advierte que la parte
accionante, si bien presentó recurso de apelación, lo cierto es que no hizo uso de
dicho mecanismo judicial, en el momento procesal oportuno, para discutir ante los
jueces naturales el reparo atinente a la imposibilidad de dar alcance al fallo de
unificación mencionado en el caso concreto.

40. Por otra parte, los tutelantes no expusieron en el escrito de solicitud de amparo
argumentos que justificaran la configuración de un perjuicio irremediable o que
permitieran comprender la imposibilidad de ejercer el recurso de apelación para
controvertir la aplicación de la sentencia de unificación, de manera que no es posible
flexibilizar la exigencia de procedibilidad de subsidiariedad.

41. En este punto, conviene reiterar que el requisito en mención exige que los
conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben resolverse
por las vías jurisdiccionales correspondientes, y solo ante la ausencia de dichas vías
o cuando estas no sean idóneas para evitar un perjuicio irremediable, es admisible
acudir a la acción de amparo constitucional.

42. Por lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela resulta improcedente,
en el entendido de que el agotamiento efectivo de los mecanismos de defensa
judicial es un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios
asuntos procesales, y de que la naturaleza de este mecanismo constitucional no es
la de suplantar las competencias de los jueces ordinarios.

4. Conclusión

43. De acuerdo con las razones contenidas en esta providencia, los cargos de
tutela no superan el requisito de procedibilidad de subsidiariedad, motivo por el que
la solicitud de amparo será declarada improcedente.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación que presentó el ICA, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: Declarar improcedente el amparo de tutela solicitado por los señores
Carlos Mario Guzmán Zabala, Carlos Guillermo Guzmán Lora, Orlando Rafael
Guzmán Lora, Enith Graciela Guzmán Lora, Elena Isabel Guzmán Lora, Ena Beatriz
Guzmán Lora, Joaquín Alberto Guzmán Fernández, Ana Beatriz Lora de Guzmán y
Judith del Carmen Zabala Salcedo contra el Juzgado Tercero Administrativo de

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Sincelejo y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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