Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02678-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02678-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02678-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02678-01
Demandantes: CARLOS MARIO GUZMÁN ZABALA Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial – Confirma improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 4 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, a través de la cual se declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Los señores Carlos Mario Guzmán Zabala, Carlos Guillermo Guzmán Lora, Orlando
Rafael Guzmán Lora, Enith Graciela Guzmán Lora, Elena Isabel Guzmán Lora, Ena
Beatriz Guzmán Lora, Joaquín Alberto Guzmán Fernández, Ana Beatriz Lora de
Guzmán y Judith Del Carmen Zabala Salcedo, a través de apoderado judicial1
presentaron acción de tutela2 contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de
Decisión a efectos de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
La trasgresión de las referidas garantías la atribuyeron a las sentencias proferidas el
29 de septiembre de 2023 y 11 de febrero de 2026, respectivamente, al interior del
medio de control de reparación directa identificado con el radicado 70001-33-33-003-
2020-00180-00/01, que adelantaron contra el Instituto Colombiano Agropecuario [en
adelante, ICA]
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1 Poder conferido por la totalidad de los accionantes al abogado Hernán Rafael Torres Hernández.
2 Presentada el 8 de abril de 2026 con secuencia: 4159
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Demandantes: Carlos Mario Guzmán Zabala y Otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y Otro
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[…] a.-) Que se le garantice a la parte accionante el ejercicio y goce del debido
proceso (defensa y contradicción de la prueba), pregonado en el artículo 29 de
Constitución Política de Colombia de 1991, el PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD
DE LA LEY y el PRINCIPIO DE LEGALIDAD, dentro del MEDIO DE CONTROL DE
REPARACIÓN DIRECTA, de RADICADO: 70001333300320200018001,
DEMANDANTE: CARLOS GUILLERMO GUZMÁN LORA Y OTROS, DEMANDADO:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO “ICA”, y cese la vía de hecho por la
ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el
capricho o en la subjetividad de la accionada.
b.-) Que se declare la nulidad de las providencias acusadas y proferidas dentro del
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, de RADICADO:
70001333300320200018001, DEMANDANTE: CARLOS GUILLERMO GUZMÁN
LORA Y OTROS, DEMANDADO: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
“ICA”, respectivamente por las accionadas, por quebrantar el debido proceso
(defensa y contradicción de la prueba), pregonado en el artículo 29 de Constitución
Política de Colombia de 1991, el PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY y
el PRINCIPIO DE LEGALIDAD, dentro del MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN
DIRECTA, de RADICADO: 70001333300320200018001, DEMANDANTE: CARLOS
GUILLERMO GUZMÁN LORA Y OTROS, DEMANDADO: INSTITUTO
COLOMBIANO AGROPECUARIO “ICA”, y cese la vía de hecho por la ostensible
desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la
subjetividad de la accionada.
c.-) Que se le ordene a las accionadas proferir nuevas providencias garantizando el
debido proceso (defensa y contradicción de la prueba), pregonado en el artículo 29
de Constitución Política de Colombia de 1991, el PRINCIPIO DE
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY y el PRINCIPIO DE LEGALIDAD, dentro del
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, de RADICADO:
70001333300320200018001, DEMANDANTE: CARLOS GUILLERMO GUZMÁN
LORA Y OTROS, DEMANDADO: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
“ICA”.3
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
Según se extracta de la información consignada en el proceso ordinario, el señor
Carlos Guillermo Guzmán Lora, prestó sus servicios laborales en el ICA en la sede
Sincelejo, desempeñando el cargo de auxiliar administrativo 4044-11.
Contra el mencionado ciudadano se presentaron diferentes quejas disciplinarias, las
cuales fueron tramitadas por la Subgerencia Administrativa y Financiera de la
referida entidad que, a través de auto del 25 de septiembre de 2015 dispuso la
acumulación de los procesos disciplinarios No. 014-2014, 012-2015 y 016-2014.
Mediante sentencia del 26 de julio de 2018, la entidad demandada sancionó al señor
Carlos Guillermo con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años;
decisión contra la cual se interpuso el respectivo recurso de apelación.
3 Transcripción del texto original con posibles errores.
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Demandantes: Carlos Mario Guzmán Zabala y Otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y Otro
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Mediante proveído del 8 de junio de 2020, el gerente general del ICA decretó la
nulidad de todo lo actuado, y por medio de auto del 5 de noviembre de 2020, se
declaró la caducidad de la acción disciplinaria formulada.
Como consecuencia de lo anterior, y en ejercicio del medio de control de reparación
directa, los señores Carlos Guillermo Guzmán Lora, Carlos Mario Guzmán Zabala,
Orlando Rafael Guzmán Lora, Enit Graciela Guzmán Lora, Elena Isabel Guzmán
Lora, Ena Beatriz Guzmán Lora, Joaquín Alberto Guzmán Fernández, Ana Beatriz
Lora de Guzmán y Judith del Carmen Zabala Salcedo, presentaron demanda en
contra del ICA, a efectos de que se les reconocieran los perjuicios de orden moral,
material y daño a la vida de relación que de manera presunta les fueron
ocasionados, como consecuencia de la investigación disciplinaria que se adelantó
contra el primero de ellos, y que le generó una afectación a su buen nombre.
El proceso correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Sincelejo que, mediante sentencia del 29 de septiembre de
2023, negó las pretensiones de la demanda al considerar que, al haberse decretado
la nulidad de lo actuado al interior del proceso disciplinario, como consecuencia de
las diferentes irregularidades en el presentadas, el fallo sancionatorio de primera
instancia proferido por la autoridad estatal demandada no surtió efecto alguno y no
logró su ejecutoria, lo que no permitía configurar el daño invocado.
De igual, forma precisó que, en el asunto debatido la parte actora incumplió con el
deber que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, que ha sido
enfático en señalar que «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen…»
Por lo anterior, concluyó que, las afirmaciones realizadas por los accionantes
relacionadas con que el daño alegado se encontraba directamente asociado a
preocupaciones del demandante y a las erogaciones que tuvo que destinar para
cubrir su defensa, estas no resultaban suficientes para demostrar el perjuicio que
de manera presunta les fue ocasionado; máxime cuando no se demostró que el
señor Carlos Guzmán Lora hubiera incurrido en el pago de honorarios profesionales,
en los términos descritos en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2019 del
Consejo de Estado4, y en la que se determinó que para que haya lugar a la
indemnización del mencionado perjuicio se requiere que se allegue prueba
conducente de su pago.
Dicha decisión fue recurrida por los demandantes y confirmada por el Tribunal
Administrativo de Sucre mediante fallo del 11 de febrero de 2026 al considerar que,
pese a que la parte actora fue reiterativa en señalar que como consecuencia del
proceso disciplinario que se adelantó contra el señor Guzmán Lora se le ocasionó
4 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2019, radicado
2009-00133-01 (44572).
3
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un daño que no estaba obligado a soportar, al tener que enfrentar un proceso que
carecía de elementos, y que le generó una sensación de angustia y zozobra,
tendiendo que asumir además el pago de los honorarios a un abogado para que
ejerciera su derecho a la defensa; para dicha corporación la prueba recaudada al
interior del proceso ordinario, no daba cuenta de la existencia del daño antijurídico
reclamado, toda vez que no se evidenciaba cómo la situación descrita había
afectado al actor de manera directa.
En línea con lo precisado, señaló que, para que se estructure la responsabilidad del
Estado se tornaba necesario verificar que la parte demandante hubiere sufrido un
deterioro o detrimento en sus bienes y/o derechos que no estaban en la obligación
de soportar.
Precisó que, la investigación adelantada por el ICA no generaba por sí misma la
materialización de un daño, ya que, conforme a su labor, era necesario esclarecer
las diferentes situaciones presentadas con el actor y determinar si la conducta
constituía una de las faltas disciplinarias descritas en la legislación.
Aunado a lo anterior, refirió que, aunque existió un fallo de primera instancia, el
mismo no alcanzó ejecutoria, por cuanto el trámite fue anulado por el superior;
circunstancia que desdibujaba la existencia del daño antijurídico alegado, sumado
a que, mediante decisión del 5 de noviembre de 2020, el ICA decretó la caducidad
de la acción disciplinaria, circunstancia que limitó cualquier posibilidad de abrir
nuevamente la investigación por los mismos hechos, dado el paso del tiempo.
La anterior decisión fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 2 de
marzo de 20265.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que, a través de las providencias acusadas las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes defectos:
Sustantivo: al considerar que la sentencia de unificación del Consejo de Estado del
18 de julio de 2019 no resulta aplicable al asunto.
Manifestó que, al haberse determinado por parte del juzgado accionado que se
debió presentar la factura correspondiente a los honorarios del abogado conforme
a los artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario, acompañada de la prueba de su
pago, genera una vulneración directa a su derecho fundamental al debido proceso
y del principio de irretroactividad, toda vez que le era imposible aportar el referido
documento, comoquiera que los hechos de la demanda del proceso ordinario datan
del año 2016, fecha en la que no existía la sentencia de unificación del Consejo de
Estado a la que se ha hecho referencia.
5 Índice 13 del expediente ordinario.
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Fáctico: por considerar que las providencias acusadas desconocen el material
probatorio que prueba el daño que se predica y radica en los diez millones de pesos
($ 10.000.000), que por concepto de honorarios profesionales tuvo que cancelar a
quien ejerció su derecho a la defensa, sin tener el deber legal de soportarlo.
Por último, refirió que los despachos accionados vulneraron su derecho
fundamental al debido proceso, por haber realizado un trámite procesal viciado en
las garantías de las partes.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante providencia del 13 de abril de 2026, la magistrada ponente de primera
instancia avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar en
calidad de accionados a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Sucre6, y al Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo7.
Así mismo, vinculó como tercero con interés jurídico legítimo, al ICA8.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo
Allegó escrito en el que remitió copia íntegra del medio de control de reparación
directa con radicado 70001-33-33-003-2020-00180-00/01, sin pronunciarse frente a
los hechos que dieron lugar a la presente acción, y respecto de los cuáles se predica
la vulneración a los derechos fundamentales de los accionantes.
1.6.2. Instituto Colombiano Agropecuario – ICA
Allegó escrito en el que manifestó que, carece de legitimación para soportar las
pretensiones elevadas por la parte actora, al no ser la autoridad que adoptó las
decisiones sobre las que recae lo peticionado mediante el presente asunto.
1.6.3. Tribunal Administrativo de Sucre
La titular del despacho ponente de la decisión que se cuestiona allegó escrito en el
que manifestó que, la solicitud de amparo no cumplió con el requisito general de
relevancia constitucional, ya que los accionantes pretenden convertir el mecanismo
6 sectradmsuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
7 adm03sinc@cendoj.ramajudicial.gov.co
8 notifica.judicial@ica.gov.co
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de amparo en una instancia adicional para reabrir una discusión jurídica agotada en
el marco del proceso ordinario, a cargo del juez natural.
Señaló que del escrito de tutela se advierte que la parte actora manifiesta su
desacuerdo con el análisis jurídico y probatorio realizado por el Tribunal al decidir el
recurso de alzada, toda vez que resultó lesivo a sus pretensiones, con lo cual se
desvirtúa el propósito de la tutela contra providencias judiciales, en tanto que sus
argumentos ya fueron objeto de análisis, en ambas instancias.
Precisó que, del examen de la providencia acusada se infiere que dicha autoridad
evaluó los argumentos de todas las partes involucradas en el litigio y concluyó que
no había lugar a declarar la responsabilidad de la accionada, por no hallarse
configurados los elementos para ello, circunstancia que se torna suficiente para
declarar improcedente la acción de la referencia.
1.7 Sentencia de primera instancia
Mediante providencia del 4 de mayo de 2026, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, declaró improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia por considerar que no cumplió con el requisito de subsidiariedad en la
medida en que los reparos de la parte actora se limitan a señalar que en su situación
particular no resultaba aplicable la sentencia de unificación del 18 de julio de 2019.
Sin embargo, revisado el recurso de apelación formulado contra la sentencia de
primera instancia dictada al interior del proceso ordinario, se evidencia que dicha
circunstancia no fue ventilada ante los jueces naturales, siendo ese el momento
procesal oportuno para discutir el reparo atinente a la imposibilidad de dar alcance
al fallo mencionado.
De igual forma, precisó que, los tutelantes no expusieron en la solicitud de amparo
argumentos que justificaran la configuración de un perjuicio irremediable o que
permitieran comprender la imposibilidad de ejercer el recurso de apelación para
controvertir la aplicación de la sentencia de unificación, de manera que no era
posible flexibilizar la exigencia de procedibilidad del presupuesto analizado.
Por último, negó la solicitud de desvinculación presentada por el ICA al considerar
que, al haber fungido como parte demandada al interior del proceso ordinario en el
que se dictaron las providencias acusadas, se tornaba necesario garantizar su
derecho de defensa y contradicción, además de asistirle un eventual interés jurídico
en las resultas del proceso.
1.8. Impugnación
La parte actora allegó escrito de impugnación en el que reiteró los argumentos
expuestos en los fundamentos de la vulneración esgrimidos en el escrito inicial.
6
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5. º del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y 799 de 2025, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación9.
2.2. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y la decisión emitida en primera
instancia, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B el 4 de mayo
de 2026. Para lo cual, se deberán abordar los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Sucre, vulneró los derechos fundamentales de
los tutelantes, con ocasión de la sentencia proferida el 11 de febrero de 2026,
que confirmó el fallo dictado por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Sincelejo el 29 de septiembre de 2023 al interior del medio
de control de reparación directa identificado con el radicado 70001-33-33-
003-2020-00180-00/01, que adelantaron el ICA?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, (iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 10
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11 y declaró su
procedencia.12
9 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
12 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
202213, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este
requisito.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.
13 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Al respeto, refirió
que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal14 (Énfasis de la Sala).
Tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una
decisión judicial, la Corte Constitucional esbozó que los criterios relevantes para
determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico; en segunda medida la
acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental y por último,
cuando el referido mecanismo se dirija contra decisiones de las altas cortes el
examen debe ser más riguroso, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales.
Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal15.
2.5. Caso concreto
Como se señaló, la parte actora cuestiona la sentencia proferida el 11 de febrero de
2026 por el Tribunal Administrativo de Sucre, que confirmó el fallo dictado por el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo el 29 de
septiembre de 2023 al interior del medio de control de reparación directa identificado
de manera previa.
Ello, al considerar que a través de la misma se incurrió en los defectos sustantivo
y fáctico, pues en su sentir, la sentencia de unificación del Consejo de Estado del
18 de julio de 2019 en la que se fundamentó la autoridad judicial accionada para
14 Sentencia SU-573 de 2019.
15 Ibid.
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adoptar la decisión que se cuestiona no resultaba aplicable a su situación particular,
comoquiera que los hechos del proceso ordinario datan del año 2016, fecha en que
no existía la providencia de unificación a la que se ha hecho referencia.
Por lo anterior, aseveró que, al haberse determinado por parte de los despachos
judiciales accionados que junto con la demanda se debió presentar la factura
correspondiente a los honorarios del abogado conforme a los artículos 615 y 617
del Estatuto Tributario, acompañada de la prueba de su pago, se generó una
vulneración directa a su derecho fundamental al debido proceso y del principio de
irretroactividad.
No obstante, considera la Sala que el presente asunto no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional, por cuanto, no se avizora un argumento sólido
que demuestre la transgresión de las garantías constitucionales invocadas por los
accionantes, y que permitan superar el referido presupuesto tratándose de una
acción de tutela contra providencia judicial, como quiera que el debate suscitado
gira en torno a un asunto de interpretación legal y jurisprudencial.
Aunado a lo anterior, se advierte que el amparo constitucional estudiado no tiene la
identidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales, ya que la discusión planteada por la parte actora pone en evidencia
una inconformidad con la conclusión a la que llegó el juez de segunda instancia.
Ello es así, por cuanto revisada la motivación desplegada por el ad quem en la
providencia censurada, se evidencia que, frente a los reparos planteados por los
tutelantes a través del presente mecanismo, indicó:
Para la Sala, con la prueba recaudada, no es posible inferir la existencia de un daño
antijurídico causado al demandante, toda vez que no se evidencia cómo la situación
lo afectó de manera directa.
En el caso concreto, más allá de las afirmaciones de la demanda, no se puede palpar
en qué sentido se vio perjudicado el demandante, pues no hay soporte demostrativo
alguno que respalde la existencia de un daño antijurídico, con las características
descritas por la jurisprudencia de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado –
cierto, real y cuantificable […]
Visto lo anterior, para la Sala, no hay forma de tener acreditado un daño específico,
cierto y directo que se causara al demandante y que pudiera ser objeto de
indemnización.
[…]
De otro lado, al expediente se aportó un contrato de prestación de servicios
profesionales, suscrito entre los señores Carlos Guillermo Guzmán Lora, en calidad
de contratante, y Hernán Rafael Torres Hernández, en calidad de contratista, que
tenía por objeto ejercer la defensa dentro del proceso disciplinario radicado N° 016-
2014, adelantado por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, con un pago por
concepto de honorarios de $10.000.000, de fecha 27 de enero de 2016.
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A su vez, reposa en el plenario un documento denominado paz y salvo, en el que el
señor Hernán Rafael Torres Hernández manifiesta que recibió la suma de
$10.000.000 de parte de Carlos Guillermo Guzmán, en tres pagos, por la defensa en
el proceso con radicado N° 016-2014
Estos documentos fueron aportados como constancia del daño emergente sufrido por
los accionantes. No obstante, no hay lugar [a] su reconocimiento por no poderse
demostrar efectivamente el detrimento por el pago de la suma indicada.
[…]
Por lo anterior, no resulta procedente el reconocimiento de honorarios profesionales
que se reclaman, por cuanto no se aportó la factura o documento equivalente que lo
soporte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 615 del Estatuto Tributario.
En ese sentido, de acuerdo con el artículo 167 del Código General del proceso,
“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen”, por lo que la parte demandante debe asumir la
carga de una actitud probatoria activa para conducir el proceso hacia sus intereses,
lo cual se extrañó en este proceso.
En este orden, y pese a que la parte actora es insistente en señalar que, las
autoridades judiciales accionadas desconocieron el material probatorio que se
aportó al interior del trámite ordinario y que permitían corroborar la suma que por
concepto de honorarios el señor Carlos Mario Guzmán Zabala tuvo que sufragar al
abogado que representó sus intereses al interior del proceso disciplinario
adelantado en su contra, y que correspondió al valor de diez millones de pesos ($
10.000.000); se evidencia que, lo argumentado por los tutelantes es una simple
inconformidad con la decisión adoptada por el tribunal enjuiciado, y que resultó
desfavorable a sus intereses, pretendiendo reabrir mediante el presente asunto el
debate zanjado de manera previa por el juez natural de la causa.
Acorde con lo expuesto, resulta evidente que lo pretendido por la parte actora es
imponer su criterio, el cual estima más acertado sobre el del operador judicial, lo
cual revela un desconcierto respecto al sentido de la decisión. En este orden de
ideas, se advierte que la administración de justicia garantiza que los funcionarios
judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia
por la que, en principio, no es procedente cuestionarlas vía acción de tutela.
En este orden, se hace menester advertir que el juez natural de la causa se enfrenta
a múltiples posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación de las normas
y la jurisprudencia que puede resultar aplicable a un caso en específico16, y no le
corresponde al juez constitucional señalar cuál de tales posibilidades es la
«correcta», puesto que como se indicó, ello vulneraría la independencia y
autonomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario.
Igualmente, esta Sala de Decisión advierte que el contenido del defecto fáctico
invocado tampoco supera el presupuesto analizado, por cuanto la valoración de los
16 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.
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medios de prueba es un ejercicio intelectual en el que el director del proceso,
aplicando las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, determina el
valor que asigna a cada uno de estos.
En línea con lo analizado, se advierte que en el presente asunto, al tratarse de una
tutela contra providencia judicial, se exige con mayor énfasis que los reparos
planteados ejecuten una exposición que sin lugar a duda demuestre de forma
coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la inescindible
afectación de las garantías fundamentales en su núcleo esencial. Sin embargo, los
accionantes se limitaron a cuestionar la interpretación que la Corporación accionada
le dio a la sentencia de unificación del 18 de julio de 2019 del Consejo de Estado17,
sin que la controversia planteada gire en torno al amparo de un derecho o garantía
de rango fundamental.
Por último, se hace menester precisar que, pese a que en la sentencia impugnada
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, declaró la improcedencia
del mecanismo constitucional de la referencia por considerar que no cumplió con el
requisito de subsidiariedad en la medida en que los reparos elevados por la parte
actora, relativos a que la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 18 de
julio de 2019 no resultaba aplicable a su situación particular pudieron ser formulados
en el recurso de apelación que presentó contra la sentencia de primera instancia
del proceso ordinario; evidencia la Sala que dicha inconformidad sí fue expuesta en
dicha oportunidad por los accionantes y resuelto por el Tribunal Administrativo
acusado en sede de segunda instancia, por lo que se concluye que, el mencionado
requisito si fue agotado y por ende se encuentra superado.
En consecuencia, se confirmará el fallo de tutela impugnado, en tanto declaró la
improcedencia de la acción de tutela, pero por las razones expuestas en esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de mayo de 2026, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en tanto declaró la
improcedencia de la acción de tutela presentada por los accionantes, pero por
las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
17 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2019, radicado
2009-00133-01 (44572).
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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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