Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02690-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02690-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02690-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02690-00
Accionante: ERICK ALEXANDER LADINO LEYTON
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente por falta de legitimación en la causa por activa y no cumplir el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Erick Alexander Ladino
Leyton contra el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá y la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Erick Alexander Ladino Leyton, en nombre propio, solicitó el amparo de
su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a las
providencias de 29 de agosto de 2023 y 26 de septiembre de 2025, proferidas por
el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección B
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del
medio de control de reparación directa con número de radicación 11001-33-36-031-
2019-00277-00/02.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicó que promovió demanda de reparación directa núm. 11001-33-36-031-2019-
00277-00/02 contra la Fiscalía General de la Nación y la Nación – Ministerio de
Justicia y del Derecho con el fin de que se pagara a “[…] ERICK ALEXANDER LADINO
LEYTON, ASTRID QUITIAN ARÉVALO, NATALY JOHANA LADINO QUITIAN y
ADAM MATEO LADINO QUITIAN la totalidad de los perjuicios materiales y morales
causados con la privación injusta de la libertad del señor ERICK ALEXANDER
LADINO LEYTON […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02690-00
Accionante: Erick Alexander Ladino Leyton
2.2. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Treinta y
Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, mediante
providencia de 29 de agosto de 2023, negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Señalóque interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a
través de providencia de 26 de septiembre de 2025, confirmó la decisión supra.
2.4. Consideró que la providencia mencionada vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra por haber incurrido en los defectos sustantivo y fáctico.
2.5. Como fundamento del defecto sustantivo señaló que “[…] Por esta vía, violando
el debido proceso contencioso, el Tribunal de Cundinamarca desconoce de un
plumazo los artículos 1 a 24 de la Ley 600 de 2000, aplicada erradamente por el
Fiscal 22, porque no se pretende que se juzgue al demandante, sino que se juzgue
la actuación del servidor público que, a nombre del Estado, viola los derechos de
los ciudadanos dando apariencia de legalidad a sus actuaciones. Por el contrario,
el Tribunal Administrativo De Cundinamarca Sección Tercera Subsección B, es la
que de nuevo juzga al acá demandante al asegurar que sí había cometido una
actuación ilícita y que, por lo tanto, debía soportar la privación de la libertad […]”.
2.6. Sobre el defecto fáctico adujo que “[…] al NO condenar a La Nación, falló en
contra de los (sic) probado como fue el peritaje que se presentó con la demanda,
del cual se adelantó audiencia con la presencia del perito, doctor, Luis Fernando
Ramírez Gómez, Auxiliar de la Justicia; en dicha audiencia se interrogó
debidamente al perito y su experticia jamás fue objetada por la parte demandada,
con lo cual nos encontramos frente a una plena prueba. Esto significa que las
pruebas aportadas al medio de control no fueron tenidas en cuenta en todo su valor
probatorio, pese a que se cumplió el trámite para impugnar o no el peritaje; cosa
que no ocurrió, estando presente la apoderada judicial de la Fiscalía General de la
Nación […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales del núcleo familiar del
demandante, conformada por ERICK ALEXANDER LADINO LEYTON, ASTRID
QUITIAN AREVALO, NATALY JOHANA LADINO QUITIAN y ADAM MATEO
LADINO QUITIAN, básicamente el derecho relacionado con el debido proceso.
2. Como consecuencia de la anterior declaración se decrete
a. La Nulidad total de los numerales primero y segundo de la sentencia del 29
de agosto de 2023, proferida por el Juzgado Treinta Y Uno (31) Administrativo
Oral Del Circuito De Bogotá D.C. Sección Tercera, Juez Doctora Corina Duque
Ayala 110013336-031-2019-00277-00.
b. La nulidad Total de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo De
Cundinamarca Sección Tercera Subsección B, en Sala conformada por la
magistrada ponente Doctora Clara Cecilia Suárez Vargas, Henry Aldemar
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Accionante: Erick Alexander Ladino Leyton
Barreto Mogollón y Franklin Pérez Camargo, dentro del radicado 110013336-
031-2019-00277-02.
c. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se dicte sentencia en la
que se acojan las pretensiones de la demanda y de la apelación que presentó
la parte actora por concepto de daños morales y materiales por privación injusta
de la libertad durante 37 meses, mismos que se han extendido ya por 17 años
y 10 Meses y 18 días. […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 27 de abril de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de Justicia y del
Derecho, a la Fiscalía General de la Nación y a los señores Adam Mateo Ladino
Quitian, Astrid Quitian Arévalo y Nataly Johana Ladino Quitian.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. LaSubsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó declarar improcedente la acción de tutela, comoquiera que
“[…] lo que la parte actora pretende, a través de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es reabrir un debate legal sin argumentar la relevancia
constitucional en el presente asunto, incumplimiento de este requisito que conduce
a la improcedencia de la acción de la referencia […]”.
5.2. La Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó su desvinculación e
indicó que “[…] se evidencia con absoluta claridad que el debate jurídico propuesto
por el accionante recae exclusivamente sobre la legalidad, motivación y valoración
probatoria contenida en providencias judiciales emitidas por autoridades
jurisdiccionales autónomas, sin que exista participación funcional, material o jurídica
del Ministerio de Justicia y del Derecho en los hechos objeto de controversia […]”.
5.3. La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar la improcedencia de la acción
de tutela y su desvinculación en la medida que no se evidencia vulneración de
derechos fundamentales y por el contrario, se vislumbra que se está utilizando la
acción de tutela como mecanismo para reabrir debate legal ya definido, terminado
y ejecutoriado.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02690-00
Accionante: Erick Alexander Ladino Leyton
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se resolverá,
resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal
presentadas por la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fiscalía General
de la Nación.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
9. En el caso objeto de estudio, se observa que Nación - Ministerio de Justicia y del
Derecho y la Fiscalía General de la Nación fueron parte demandada dentro del
medio de control de reparación directa con radicación núm. 11001-33-36-031-2019-
00277-00/02, por lo tanto, la Sala considera que les asiste el interés jurídico para
ser vinculadas a esta acción constitucional.
10. Por lo anterior, se negará las solicitudes de desvinculación presentadas, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02690-00
Accionante: Erick Alexander Ladino Leyton
VI.3. Problemas jurídicos
11. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de su derecho fundamental a las
providencias de 29 de agosto de 2023 y 26 de septiembre de 2025, proferidas por
el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección B
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sin embargo,
la Sala sólo analizará si la providencia de 26 de septiembre de 2025, proferida en
segunda instancia por el Tribunal, vulneró el derecho fundamental de la parte
accionante porque esta decisión fue la que finiquitó la litis.
12. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por el accionante.
13. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
14. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
15. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02690-00
Accionante: Erick Alexander Ladino Leyton
17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
9
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial , la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
20. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
21. El señor Erick Alexander Ladino Leyton, en nombre propio, solicitó el amparo de
su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a las
providencias de 29 de agosto de 2023 y 26 de septiembre de 2025, proferidas por
el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección B
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02690-00
Accionante: Erick Alexander Ladino Leyton
medio de control de reparación directa con número de radicación 11001-33-36-031-
2019-00277-00/02.
22. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial la falta de legitimación en la causa por activa y el de relevancia
constitucional.
VI.5.1. La falta de legitimación en la causa por activa en el sub examine
23. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la
prestación de un servicio público.
24. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
199112, que se refiere a la legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:
“[…] LEGITIMIDAD E INTERÉS. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.
25. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i) cuando
la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es promovida
por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de amparo es
interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa en calidad de
agente oficioso del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del agenciado
de actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida por el Defensor
del Pueblo o los personeros municipales.
26. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:
“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por
tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el
12
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. […]”.
8
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Accionante: Erick Alexander Ladino Leyton
juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse
inhibido para fallar el caso de fondo.
La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa
que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Adicionalmente, la
legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de
un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y
la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual
la tutela se torna improcedente […]”13. [Subrayado fuera del texto].
27. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que el señor Erick Alexander
Ladino Leyton solicitó “[…] Amparar los derechos fundamentales del núcleo familiar
del demandante, conformada por ERICK ALEXANDER LADINO LEYTON, ASTRID
QUITIAN AREVALO, NATALY JOHANA LADINO QUITIAN y ADAM MATEO
LADINO QUITIAN, básicamente el derecho relacionado con el debido proceso […]”.
28. Sin embargo, se advierte que el accionante no indicó las razones por las cuales
los señores Adam Mateo Ladino Quitian, Astrid Quitian Arévalo y Nataly Johana
Ladino Quitian están imposibilitados para interponer directamente, o a través de
apoderado, esta acción constitucional, por lo que no tiene legitimación en la causa
para solicitar la protección del derecho fundamental al debido proceso de sus
familiares por no ser titular de los mismos y tampoco haber manifestado actuar como
agente oficioso de estos.
29. Con fundamento en lo anterior, frente a lo pretendido expuesto supra se declarará
improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa.
VI.5.2. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
30. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental14 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones15.
16
31. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales , el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces17.
13
Corte Constitucional. Sentencia T - 568 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo.
14
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
15
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
16
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
17
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02690-00
Accionante: Erick Alexander Ladino Leyton
32. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación18, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
19
33. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
18
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02690-00
Accionante: Erick Alexander Ladino Leyton
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
34. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202320.
35. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales21.
36.Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en caso objeto de
estudio la parte accionante manifestó que la providencia cuestionada vulneró su
derecho fundamental al debido proceso por haber incurrido en los defectos
sustantivo y fáctico.
37. Como fundamento del defecto sustantivo señaló que “[…] Por esta vía, violando
el debido proceso contencioso, el Tribunal de Cundinamarca desconoce de un
plumazo los artículos 1 a 24 de la Ley 600 de 2000, aplicada erradamente por el
Fiscal 22, porque no se pretende que se juzgue al demandante, sino que se juzgue
20
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02690-00
Accionante: Erick Alexander Ladino Leyton
la actuación del servidor público que, a nombre del Estado, viola los derechos de
los ciudadanos dando apariencia de legalidad a sus actuaciones. Por el contrario,
el Tribunal Administrativo De Cundinamarca Sección Tercera Subsección B, es la
que de nuevo juzga al acá demandante al asegurar que sí había cometido una
actuación ilícita y que, por lo tanto, debía soportar la privación de la libertad […]”.
38. Sobre el defecto fáctico adujo que “[…] al NO condenar a La Nación, falló en
contra de los (sic) probado como fue el peritaje que se presentó con la demanda,
del cual se adelantó audiencia con la presencia del perito, doctor, Luis Fernando
Ramírez Gómez, Auxiliar de la Justicia; en dicha audiencia se interrogó
debidamente al perito y su experticia jamás fue objetada por la parte demandada,
con lo cual nos encontramos frente a una plena prueba. Esto significa que las
pruebas aportadas al medio de control no fueron tenidas en cuenta en todo su valor
probatorio, pese a que se cumplió el trámite para impugnar o no el peritaje; cosa
que no ocurrió, estando presente la apoderada judicial de la Fiscalía General de la
Nación […]”.
39. Alrespecto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada no conduce a que el juez de tutela
pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta autoridad no actúa como instancia
adicional o de revisión del proceso.
40. Es así como se advierte que el presente asunto no gira en torno al alcance de
algún derecho fundamental, porque si bien es cierto la parte actora alega la
vulneración de su derecho fundamental invocado, la realidad es que lo pretendido
por el accionante es que el juez de tutela efectúe un análisis de la controversia
sometida a consideración del juez natural, con el propósito de que se revoque la
decisión judicial por el simple hecho de que no la comparte o su resultado es
desfavorable a sus intereses.
41. Adicionalmente,es importante señalar que la relevancia constitucional es un
presupuesto indispensable para que el juez de tutela pueda estudiar el fondo del
asunto, ya que el mecanismo de amparo contra providencias judiciales no busca
proporcionar a los sujetos procesales de un juicio proceso una tercera instancia,
sino un mecanismo de protección y garantía de sus derechos fundamentales,
eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial. De aquí que su
procedencia sea excepcional22, toda vez que lo contrario atentaría contra la
autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio de cosa
juzgada23.
42. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre de 2016,
radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala)
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre de 2016,
radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).
12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02690-00
Accionante: Erick Alexander Ladino Leyton
que el motivo de su inconformidad gira en torno a que la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.
43. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la providencia cuestionada:
“[…] En el caso concreto, se tiene que el Juzgado Octavo Penal del Circuito
Especializado de Bogotá absolvió al señor Erick Alexander Ladino Leyton en
virtud del principio de in dubio pro reo.
En la sentencia recurrida, el a quo negó las pretensiones de la demanda por
encontrar que en el caso concreto se presentó no se acreditó que la privación
de la libertad hubiera sido injusta, es decir, no se probó que fuera ilegal,
desproporcional e irracional.
En ese sentido y con ocasión del recurso de apelación, la Sala analizará si
existe o no responsabilidad de las demandadas, para lo que es preciso
establecer el marco jurídico en el cual se produjo la privación de la libertad de
la demandante.
La Sala advierte que la privación de la libertad de la que fue objeto el
demandante se dio en el marco de un proceso penal adelantado bajo el trámite
procesal de la Ley 600 de 2000, entonces Código de Procedimiento Penal.
2.7.2. Del daño antijurídico
De conformidad con los hechos probados, se tiene demostrado el daño
invocado por los demandantes. Es decir, está debidamente acreditado que en
contra de Erick Alexander Ladino Leyton se impuso una medida de
aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
De conformidad con lo anteriores documentos, se acreditó que el señor Erick
Alexander Ladino estuvo privado de la libertad por lapso de 3 años, 1 meses y
1 día, de los cuales 2 años, 9 meses y 3 se cumplieron en el lugar de residencia
del demandante.
Acreditado el daño, esto es la privación de la libertad, a continuación, se deberá
analizar si la misma fue antijurídica o no.
Previo a pronunciarse sobre la antijuridicidad del daño, la Sala pone de presente
que, en virtud del principio de iura novit curia, es obligación del juez determinar
el derecho aplicable al caso concreto, incluso sin las normas invocadas por las
partes difieren de las aplicables.
En ese orden de ideas, una vez acreditado el daño, la Sala debe establecer la
antijuridicidad del mismo, para lo cual se analizará la legalidad de la medida de
privación de su libertad, las circunstancias en que ocurrió, si esa medida era
necesaria, razonable y proporcional; y si la duración fue excesiva. En caso
afirmativo, deberá determinar si ese daño es imputable a las demandadas.
[…]
Con los elementos materiales probatorios antes reseñados, la Fiscalía 22
Delegada consideró que existían elementos suficientes para establecer, por lo
menos, dos indicios graves de responsabilidad, toda vez que en las labores de
13
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Accionante: Erick Alexander Ladino Leyton
inteligencia que dieron origen a la investigación se pudo establecer: i) que el
demandante al momento de transportar las divisas entre Colombia y Chile se
identificó como funcionario de Trans Oceanic, pero en entrevista indicó que se
encontraba vinculado laboralmente a Representaciones Internacionales Alfa,
quien supuestamente era intermediara entre Turismo Costa brava y Fimesa de
Colombia, ii) que las divisas negociadas por Fimesa Colombia eran adquiridas
a la compañía Negociemos MCM, de propiedad de María Mercedes Jiménez
Urrego y Myriam Rincón Molina quienes había sido capturadas por el delito de
lavado de activos, sumario 4024, iii) que Myriam Rincón Molina había sido
reportada en la lista OFAC, conocida popularmente como lista Clinton, no solo
como persona natural, sino con su antigua casa de cambios denominada El
Trebol, iv) que los representante de la empresa Turismo Cosa Brava de Chile,
se encontraban en medio de una investigación el delito de lavado de activos, y
v) que Jaime Bronstein antes de participar en Representaciones Internacionales
Alfa, se había vinculado con Cambios Cordillera quien venía siendo cuestionada
por su irregular operación de divisas.
De los anteriores indicios, la Fiscalía podía inferir lógicamente con alta
probabilidad la comisión del delito investigado. Además, según el artículo 356
de la Ley 600 de 2000, la única medida de aseguramiento procedente en este
caso era la detención preventiva, pues el señor Ladino era imputable.
En cuanto a la procedencia de la misma, el artículo 357 ídem señalaba que
podía decretarse cuando el delito tuviera previsto una pena de prisión mínima
de 4 años o cuando en contra del sindicado estuviere vigente una sentencia
condenatoria ejecutoriada por delito dolo o preterintencional que tuviera pena
de prisión, primera situación que se cumplían en este caso pues la pena mínima
del delito de lavado de activos era de 9 años.
A pesar de lo anterior, en cuanto a la razonabilidad y proporcionalidad de la
medida de aseguramiento, se tiene que el demandante estuvo privado de su
libertad por lapso de 3 años, 1 mes y 1 día. Aunque la Ley 600 de 2000 no
establecía un término de duración de la medida de aseguramiento, la Sala
considera que el lapso que estuvo restringida la libertad del actor sí se torna
desproporcional pues el trámite del proceso excedió los términos legales
aplicables en sede judicial.
2.7.3. De la imputación a las demandadas:
El artículo 329 de la Ley 600 de 2000 indica que el término de la instrucción
corresponde a 24 meses contados a partir de la fecha de iniciación y esta etapa
finaliza con la calificación del sumario, bien sea a través de resolución de
acusación o de preclusión de la instrucción en los términos del artículo 395
ídem.
Así, como en este caso la instrucción se abrió el 19 de mayo de 2008, la
calificación del sumario debía realizarse a más tardar el 19 de mayo de 2010,
como la resolución de acusación se profirió el 15 de mayo de 2009, es claro que
se respetó el término de instrucción con que contaba la Fiscalía, de hecho se
evidencia que las actuaciones se adelantaron de forma célere.
Incluso, debe tenerse en consideración que, de conformidad con el artículo 15
del capítulo IV transitorio de la Ley 600 de 2000, en los procesos que conocen
los jueces penales del circuito especializado, para que proceda la libertad
provisional, los términos previstos en los numerales 4 y 5 del artículo 365 ídem
se duplican.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02690-00
Accionante: Erick Alexander Ladino Leyton
Así la libertad provisional, en este caso, se obtenía si vencido el término de 360
días desde la privación efectiva la libertad no se había calificado el mérito de la
instrucción, es decir, si no se había realizado la acusación. Sin embargo, en
este caso se respetó dicho término, pues la Fiscalía 22 Delegada profirió
acusación a los 360 siguientes a la privación efectiva de la libertad del
procesado.
Al parecer no ocurre lo mismo con la actuación desplegada en sede judicial,
puesto que de conformidad con el trámite procesal descrito por el Juzgado 8
Penal del Circuito se tiene que durante el trámite judicial se pudieron exceder
los términos en los que se debían desarrollar las etapas procesales, ello en
perjuicio del actor que continuaba privado de su libertad. En los términos
expuestos, el daño sería atribuible a la Rama Judicial, organismo que no fue
demandado en el presente asunto y por ende no es procedente declarar
responsabilidad alguna sobre este.
Así, se tiene que la representación Judicial de la Nación antes de la entrada en
vigencia del artículo 49 de la ley 446 de 1998, en casos relacionados con actos
de agentes de la Rama Judicial y la Fiscalía General, recaía en el Director
Ejecutivo de la Administración Judicial. Sin embargo, en virtud de la ley 270 de
1996, también se admitía que la Nación fuera representada por el Fiscal
General cuando el perjuicio se le imputaba a la Fiscalía General, debido a su
autonomía administrativa y patrimonial, a pesar de formar parte de la Rama
Judicial.
A partir de la ley 446 de 1998, se estableció que el Fiscal General representaría
a la Nación en procesos judiciales relacionados con actos de sus agentes. Este
cambio no contradijo la ley estatutaria de administración de justicia, ya que la
Corte Constitucional aclaró que la representación del Director Ejecutivo es
general para la Rama Judicial, mientras que la del Fiscal General es específica
para la Fiscalía.
De esta manera, comoquiera que la vigencia del artículo 49 de la ley 446 de
1998 provocó un cambio brusco en la jurisprudencia del Consejo de Estado,
que no fue asimilado inmediatamente. Como resultado, hubo confusión en la
aplicación de la norma, con demandas que seguían notificándose tanto al Fiscal
General como al Director Ejecutivo de la Administración Judicial, dependiendo
del criterio jurisprudencial previo.
Así las cosas, como quiera que la presente demanda se presentó con
posterioridad a la ejecutoria del auto de notificación y en la demanda se indicó
que el daño antijurídico había sido causado por la Nación – Fiscalía General de
la Nación, entidad respecto de las que se hicieron las imputaciones de
responsabilidad y se agotaron los requisitos previos para demandar.
En cuanto al Ministerio demandado se observa que tampoco está acreditada su
responsabilidad, ya que este se limita a fijar la política penitenciaria y aunque
colabora armónicamente con la rama Judicial cada uno en un estado de
derecho tiene funciones y responsabilidades separadas e independientes […]”.
44. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
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Accionante: Erick Alexander Ladino Leyton
45. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”24. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”25.
46. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”26.
47. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela por no cumplir el requisito general de relevancia constitucional,
como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Nación -
Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fiscalía General de la Nación, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
25
Ibidem
26
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
16
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Accionante: Erick Alexander Ladino Leyton
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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