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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02690-01

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02690-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado-Sección Primera que declaró improcedente la acción de tutela que interpuso Erick Alexander Ladino Leyton contra el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02690-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

10 de agosto de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02690-01
Demandante: Erick Alexander Ladino Leyton

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02690-01
Accionantes: Erick Alexander Ladino Leyton
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos de
procedencia de la tutela contra providencia judicial. Improcedencia - Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
proferida el 14 de mayo de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Erick Alexander Ladino Leyton, en nombre propio, formuló acción de tutela con el
propósito de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que estimó
vulnerado por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, con
ocasión de las sentencias proferidas el 26 de septiembre de 2025 y el 29 de agosto de
2023, respectivamente, que negaron las pretensiones de la demanda dentro del medio de
control de reparación directa identificado con el radicado 11001-33-36-031-2019-00277-
00/02.

2. Hechos

Del escrito de tutela1 y de los documentos allegados al presente trámite se desprenden
los siguientes supuestos fácticos:

2.1. Erick Alexander Ladino Leyton promovió demanda, en ejercicio del medio de control
de reparación directa, contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fiscalía
General de la Nación, con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de los
perjuicios morales y materiales que, según afirmó, se causaron con ocasión de la

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Demandante: Erick Alexander Ladino Leyton

privación injusta de su libertad, tanto a él como a Astrid Quitian Arévalo, Nataly Johana
Ladino Quitian y Adam Mateo Ladino Quitian.

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Uno Administrativo del
Circuito de Bogotá, autoridad que profirió sentencia del 29 de agosto de 2023 mediante la
cual negó las pretensiones de la demanda.

El juzgado encontró acreditado que Erick Alexander Ladino Leyton estuvo privado de la
libertad durante el proceso penal que se adelantó en su contra. No obstante, consideró
que la medida de aseguramiento tuvo sustento en diversos informes y elementos
probatorios que lo relacionaban con el transporte de divisas de dudosa procedencia, así
como con personas y empresas investigadas por el delito de lavado de activos.

Señaló que, aunque el demandante fue absuelto por aplicación del principio in dubio pro
reo, porque no se demostró el origen ilícito del dinero, la medida de detención preventiva
fue legal, razonable y proporcionada. Asimismo, estimó que la conducta del propio
afectado incidió en la imposición de la medida. En consecuencia, concluyó que no se
configuró una falla del servicio atribuible a las entidades demandadas.

2.3. Mediante sentencia del 26 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B confirmó la decisión que negó las
pretensiones de la demanda.

El tribunal encontró probado que Erick Alexander Ladino Leyton estuvo privado de la
libertad durante tres años, un mes y un día, pese a que posteriormente fue absuelto por
aplicación del principio in dubio pro reo. Consideró que la imposición inicial de la medida
de aseguramiento se ajustó a derecho, pues existían indicios graves sobre su
participación en el delito de lavado de activos, conducta para la cual se preveía una pena
mínima de nueve años de prisión. Además, advirtió que la Fiscalía General de la Nación
adelantó oportunamente la investigación y profirió la resolución de acusación dentro del
término legal.

Sin embargo, estimó que la prolongación de la privación de la libertad resultó
desproporcionada debido a las demoras que se presentaron durante la etapa de
juzgamiento. Precisó que el daño derivado de tales dilaciones sería imputable a la Rama
Judicial, entidad que no fue demandada en el proceso de reparación directa. Por
consiguiente, como no se acreditó la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación
ni del Ministerio de Justicia y del Derecho, concluyó que no era posible acceder a las
pretensiones.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

El accionante formuló las siguientes pretensiones [se transcribe de manera literal, incluso
con los errores]:

“1. Amparar los derechos fundamentales del núcleo familiar del demandante,
conformada por ERICK ALEXANDER LADINO LEYTON, ASTRID QUITIAN
AREVALO, NATALY JOHANA LADINO QUITIAN y ADAM MATEO LADINO
QUITIAN, básicamente el derecho relacionado con el debido proceso.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02690-01
Demandante: Erick Alexander Ladino Leyton

2. Como consecuencia de la anterior declaración se decrete

a. La Nulidad total de los numerales primero y segundo de la sentencia del 29 de
agosto de 2023, proferida por el Juzgado Treinta Y Uno (31) Administrativo Oral
Del Circuito De Bogotá D.C. Sección Tercera, Juez Doctora Corina Duque Ayala
110013336-031-2019-00277-00.
b. La nulidad Total de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo De
Cundinamarca Sección Tercera Subsección B, en Sala conformada por la
magistrada ponente Doctora Clara Cecilia Suárez Vargas, Henry Aldemar Barreto
Mogollón y Franklin Pérez Camargo, dentro del radicado 110013336-031-2019-
00277-02.
c. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se dicte sentencia en la
que se acojan las pretensiones de la demanda y de la apelación que presentó la
parte actora por concepto de daños morales y materiales por privación injusta de
la libertad durante 37 meses, mismos que se han extendido ya por 17 años y 10
Meses y 18 días.”2

Como fundamento de la solicitud de amparo, el actor alegó la configuración de un defecto
fáctico, porque, a su juicio, las autoridades judiciales accionadas valoraron de manera
indebida el material probatorio y omitieron apreciarlo en conjunto. En particular, cuestionó
el análisis del dictamen pericial aportado con la demanda, pues afirmó que este no fue
objetado y, por tanto, debía ser valorado.

De otra parte, adujo el desconocimiento de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre
la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. En concreto,
sostuvo que en el asunto concurrían las cuatro hipótesis de atribución de responsabilidad
que, según indicó, ha reconocido esa corporación. No obstante, las autoridades judiciales
concluyeron que la privación de la libertad constituyó una carga que debía soportar, dada
la existencia de indicios graves sobre su posible responsabilidad penal.

En el mismo sentido, alegó la configuración de un defecto sustantivo por el
desconocimiento de los artículos 1.º a 24 de la Ley 600 de 2000. Al respecto, afirmó que
las autoridades judiciales debieron examinar la actuación del servidor público que, en su
criterio, vulneró sus derechos fundamentales al revestir de apariencia de legalidad sus
actuaciones.

Asimismo, reprochó que las autoridades accionadas hubieran concluido que debía
soportar la privación de la libertad porque «sí había cometido una actuación ilícita», pese
a que en el expediente no obraba prueba de la supuesta irregularidad. Agregó que
aquellas desconocieron la sentencia del 7 de septiembre de 2022, proferida por el
Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, providencia en la cual,
según su interpretación, se identificaron los errores en los que incurrió el fiscal 22
delegado cuando ordenó el inicio de la indagación sin contar con los elementos
necesarios.

2
Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado 360A4E8EF3C9B6F4 A586398A6792ED04
06DC9FD57086E371 1B6F23EF6E67C8FD.

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Demandante: Erick Alexander Ladino Leyton

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 13 de abril de 20263, se requirió al accionante para que aportara el
poder que lo facultara para actuar en nombre de Adam Mateo Ladino Quitian, Astrid
Quitian Arévalo y Nataly Johana Ladino Quitian o, en su defecto, acreditara la
imposibilidad de aquellos para ejercer directamente la acción de tutela.

Posteriormente, por medio del auto del 27 de abril de 20264, el despacho sustanciador de
la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo; tuvo como
autoridades accionadas al Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá y
a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca;
vinculó a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Fiscalía General de la
Nación, a Adam Mateo Ladino Quitian, Astrid Quitian Arévalo y Nataly Johana Ladino
Quitian, y requirió a las autoridades judiciales accionadas para que remitieran copia del
expediente ordinario identificado con el radicado 11001-33-36-031-2019-00277-00/02.

Una vez efectuadas las notificaciones correspondientes, se recibieron las siguientes
intervenciones:

4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca5 manifestó que no vulneró derecho
fundamental alguno. Para sustentar su posición, reiteró los argumentos expuestos en la
sentencia de segunda instancia y afirmó que no incurrió en error al concluir que las
entidades demandadas no eran responsables del daño reclamado.

Además, sostuvo que el asunto carece de relevancia constitucional, porque la parte
actora pretende reabrir un debate de naturaleza legal que ya fue resuelto en el proceso
ordinario.

4.3. El Ministerio de Justicia6 solicitó que se declarara su falta de legitimación en la
causa por pasiva y, en consecuencia, se ordenara su desvinculación del trámite
constitucional.

De manera subsidiaria, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela, porque
no desplegó conducta alguna que pudiera vulnerar los derechos fundamentales
invocados. Asimismo, señaló que el actor pretende utilizar este mecanismo constitucional
como una instancia adicional al proceso ordinario y que no se acreditó la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso.

3
Índice 00004 del expediente digital en primera instancia, certificado 8E2922643EBE3ECC 4272358257645D7D
F4F8CEAA3C2FDA2A 8D927B6534EDD5FF.
4
Índice 00010 del expediente digital en primera instancia, certificado 0AE5859E92F604F3 EBB4B02EA7464D5A
1DF6CDCA8447964F EE1AC401EA08FBB7.
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Índice 00020 del expediente digital de primera instancia, certificado FC1BF1CAF2F190F6 2814F2DBB6A9A572
4676538DBDD10E54 CB4D99CD5733ADD4.
6
Índice 00021 del expediente digital de primera instancia, certificado 9572D4737015815C FCD705BE4871A0B9
6C412CF6585332D9 A3053F31C06786AA.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02690-01
Demandante: Erick Alexander Ladino Leyton

4.4. La Fiscalía General de la Nación7 alegó la falta de legitimación en la causa por
pasiva. En todo caso, afirmó que la parte actora no sustentó adecuadamente las causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
También sostuvo que el asunto carece de relevancia constitucional, pues el accionante
pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional al proceso de reparación
directa. Finalmente, señaló que no se acreditó la vulneración del derecho fundamental al
debido proceso.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 14 de mayo de 20268, el Consejo de Estado-Sección Primera-
declaró improcedente la acción de tutela al no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

De manera preliminar, analizó la legitimación en la causa. Respecto de las solicitudes de
desvinculación formuladas por el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fiscalía General
de la Nación, consideró que ambas entidades fueron demandadas dentro del proceso en
el que se profirió la providencia cuestionada, por lo que les asistía interés jurídico para
integrar el contradictorio en la presente acción. En consecuencia, negó dichas solicitudes.
Asimismo, advirtió que del escrito de tutela no se desprendía que el accionante hubiera
explicado las razones por las cuales los señores Adam Mateo Ladino Quitian, Astrid
Quitian Arévalo y Nataly Johana Ladino Quitian no promovieron directamente la acción
constitucional. De igual forma, constató que aquel tampoco manifestó actuar en calidad
de agente oficioso. Por tal razón, declaró la falta de legitimación en la causa por activa
respecto de estas personas.

Por otra parte, concluyó que la controversia planteada por el accionante ya había sido
analizada por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y que no se evidenciaba que la decisión cuestionada fuera arbitraria o
hubiera desconocido derechos fundamentales. Por el contrario, estimó que el escrito de
tutela reflejaba únicamente la inconformidad del accionante con la decisión mediante la
cual dicha autoridad judicial confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa.

6. Impugnación9

La parte actora presentó escrito de impugnación contra la sentencia de primera
instancia. En este, cuestionó la decisión de declarar su falta de legitimación en la causa, al
considerar que desconocía que tanto él como su familia sufrieron los perjuicios derivados
de la privación injusta de su libertad. Asimismo, sostuvo que la sentencia vulneró el
artículo 230 de la Constitución Política y lo revictimizó al afirmar que las decisiones
cuestionadas “aunque tenían visos de legalidad no eran más que resoluciones
maquilladas carentes de sustento jurídico como se dejó ver en la sentencia del Juzgado 8
Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que me absolvió.”
7
Índice 00022 del expediente digital de primera instancia, certificado C1A7D4BC6E17F5CC 9F377058ED2C803D
F922F9CB67BB5FC9 7FFF17142DE04929.
8
Índice 00024 del expediente digital de primera instancia, certificado 9D1D35BC0C633929 1F849CC826C5E32E
77442858756DE1F0 9DCE03D1E049B68D.
9
Índices 00031 a 00036 del expediente digital de primera instancia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02690-01
Demandante: Erick Alexander Ladino Leyton

Mediante auto del 9 de junio de 202610, el magistrado ponente del Consejo de Estado-
Sección Primera concedió la impugnación interpuesta contra la sentencia de 14 de mayo
de 2026.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y 32 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa del señor Erick
Alexander Ladino Leyton para promover la presente acción de tutela en nombre propio.
No obstante, advierte que carece de legitimación para actuar en representación de los
señores Adam Mateo Ladino Quitian, Astrid Quitian Arévalo y Nataly Johana Ladino
Quitian.

En efecto, el despacho de primera instancia requirió al señor Erick Alexander Ladino
Leyton para que allegara el poder que lo facultara para promover la acción de tutela en
representación de las personas antes mencionadas o, en su defecto, acreditara la
imposibilidad de estas para ejercer directamente el mecanismo de amparo, precisando la
calidad en la que actuaba.

En respuesta a dicho requerimiento, el accionante presentó memorial el 21 de abril de
2026, en el que manifestó:

“Al respecto debo manifestar que todos nos encontramos en lugares diferentes lo que
me hace difícil tramitar y entregar los poderes reclamados dentro del término
señalado, razón por la cual debo insistir en el amparo constitucional a título personal
para que las otras personas asuman sus posturas propias una vez sean notificadas.”

El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela puede ser
promovida por agente oficioso cuando el titular de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados no se encuentre en condiciones de ejercer directamente su
defensa. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que la
procedencia de la agencia oficiosa tiene carácter excepcional y se encuentra supeditada
al cumplimiento de dos requisitos: (i) que el agente manifieste expresamente que actúa
en tal calidad y (ii) que se acredite la imposibilidad del agenciado para promover por sí
mismo la defensa de sus derechos fundamentales. En relación con este último
presupuesto, la Corte ha señalado que dicha circunstancia puede demostrarse mediante
cualquier medio probatorio idóneo11.

10
Índice 00037 del expediente digital de primera instancia, certificado F6FD5CF3399F5914 D14C76D1CC81920D
7C5D640C8131AF6C DD8D51D569B7CFB9.
11
Corte Constitucional, sentencia T-382 de 2021.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02690-01
Demandante: Erick Alexander Ladino Leyton

Asimismo, la ratificación constituye un mecanismo excepcional para convalidar la
actuación del agente oficioso cuando no se acredita la imposibilidad del agenciado para
promover directamente la acción. En ese evento, si el agenciado ratifica la actuación, “tal
circunstancia convalida la gestión adelantada por el agente y, en consecuencia, le otorga
legitimación en la causa por activa”12.

En el caso concreto, la Sala advierte que no se acreditó que el señor Erick Alexander
Ladino Leyton contara con poder para actuar en representación de los señores Adam
Mateo Ladino Quitian, Astrid Quitian Arévalo y Nataly Johana Ladino Quitian. De igual
forma, aunque manifestó que estas personas se encontraban en lugares distintos, no
aportó prueba alguna que demostrara la imposibilidad de que ejercieran directamente la
defensa de sus derechos fundamentales, ni obra en el expediente ratificación de la
actuación adelantada en su nombre.

En consecuencia, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa respecto
de los señores Adam Mateo Ladino Quitian, Astrid Quitian Arévalo y Nataly Johana
Ladino Quitian.

2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva,
en tanto el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección B
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca son las autoridades
judiciales que profirieron las decisiones que, según la parte actora, vulneraron sus
derechos fundamentales.

2.3. Previo a abordar el estudio de fondo, la Sala advierte que, si bien la parte actora
también formuló reproches contra la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá, el análisis se circunscribirá a la providencia dictada
por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Lo anterior, por cuanto esta última puso fin al proceso ordinario y constituye la decisión
judicial que definió de manera definitiva la controversia, sin perjuicio de las referencias
que resulten necesarias a las actuaciones y decisiones precedentes.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
14 de mayo de 202613, proferida por el Consejo de Estado-Sección Primera, mediante la
cual se declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso en concreto se encuentran
superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente
a los argumentos expuestos por la parte accionante.

12
Ibidem.
13
Índice 00024 del expediente digital de primera instancia, certificado 9D1D35BC0C633929 1F849CC826C5E32E
77442858756DE1F0 9DCE03D1E049B68D.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02690-01
Demandante: Erick Alexander Ladino Leyton

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional, a través de la sentencia C-590 de 200514, indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela15 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto16.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”17.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la

14
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, en principio, esta
tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se
identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
16
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez, reitera la T-336 de 2004.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02690-01
Demandante: Erick Alexander Ladino Leyton

órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e
independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”18.

En línea con lo anterior, en la Sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como
criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales,
tratándose de una providencia judicial emanada de una alta corte. De manera que la
intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la
vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el
asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio
en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de
amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho

18
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Demandante: Erick Alexander Ladino Leyton

tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 19.

5. Caso concreto

5.1. La Sala anticipa que la presente acción de tutela no satisface el requisito de
relevancia constitucional. En consecuencia, confirmará la sentencia de primera instancia,
en cuanto declaró improcedente la solicitud de amparo, por las razones que se exponen a
continuación.

5.2. La parte actora sostiene, en esencia, que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en un defecto fáctico, derivado de una
indebida valoración del material probatorio. En particular, afirma que omitieron efectuar
una valoración conjunta de las pruebas y dejaron de apreciar el dictamen pericial
aportado con la demanda, así como la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Penal
del Circuito Especializado de Bogotá, en la que, a su juicio, quedaron evidenciados los
errores cometidos por el Fiscal Veintidós encargado de la investigación y que condujeron
a su privación injusta de la libertad. Asimismo, alega la configuración de un defecto
sustantivo por la inaplicación de los artículos 1 a 24 de la Ley 600 de 2000 y por el
desconocimiento de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre los supuestos en los
que se configura la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

5.3. Precisados los fundamentos de la solicitud de amparo, la Sala considera necesario
examinar el contenido de la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2025 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
cuanto constituye la providencia cuestionada y la que puso fin al proceso de reparación
directa. En dicha decisión, esa corporación analizó la causal eximente de responsabilidad
consistente en la culpa exclusiva de la víctima, en el marco de los procesos de reparación
directa por privación injusta de la libertad. Con fundamento en esas consideraciones,
resolvió el caso concreto en los siguientes términos:

“En el caso concreto, se tiene que el Juzgado Octavo Penal del Circuito
Especializado de Bogotá absolvió al señor Erick Alexander Ladino Leyton en
virtud del principio de in dubio pro reo.

En la sentencia recurrida, el a quo negó las pretensiones de la demanda por
encontrar que en el caso concreto se presentó no se acreditó que la privación de la
libertad hubiera sido injusta, es decir, no se probó que fuera ilegal,
desproporcional e irracional.

En ese sentido y con ocasión del recurso de apelación, la Sala analizará si existe o
no responsabilidad de las demandadas, para lo que es preciso establecer el marco
jurídico en el cual se produjo la privación de la libertad de la demandante.

2.7.1. Análisis de los elementos de responsabilidad
La Sala advierte que la privación de la libertad de la que fue objeto el demandante
se dio en el marco de un proceso penal adelantado bajo el trámite procesal de la
Ley 600 de 2000, entonces Código de Procedimiento Penal.

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Cfr. Sentencia C-590 de 2005.

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(…)

3. Cuando la absolución o preclusión de la investigación emana de falencias
probatorias en la instrucción o juicio penal, es necesario que el demandante
demuestre que la privación se produjo a partir de una falla del servicio, derivada de
una deficiencia de la actuación estatal en la labor probatoria para proferir la
medida de aseguramiento.
En consecuencia, esta Sala considera que, como en este caso se absolvió al
señor Erick Alexander Ladino en aplicación del principio de in dubio pro reo, el
régimen de responsabilidad aplicable en este caso sí es el de la falla en el servicio,
pues de la situación fáctica planteada y el acervo probatorio recaudado se deduce
que no estamos frente a los supuestos según los cuales el hecho no existió, el
sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible17 (eventos en
los cuales si se aplica el régimen objetivo).

(…)

En ese orden de ideas, una vez acreditado el daño, la Sala debe establecer la
antijuridicidad del mismo, para lo cual se analizará la legalidad de la medida de
privación de su libertad, las circunstancias en que ocurrió, si esa medida era
necesaria, razonable y proporcional; y si la duración fue excesiva. En caso
afirmativo, deberá determinar si ese daño es imputable a las demandadas.

(…)

De conformidad con lo hechos probados, la Sala observa que el presente proceso
inició con ocasión del informe del Grupo de Lavado de Activos del DAS-SIU con el
que se había tenido noticia de que de un grupo de personas que transportaban
irregularmente divisas hacia Chile y Perú. Así mismo, se fundamentó en el Informe
891 Piedras II de la UIAF suscrito en octubre de 2004, en el que se indicó que el
demandante transportó vía aérea la suma de 630 mil euros en nombre de
Representaciones Internacionales Alfa.
Así, se tiene que mediante providencia del 11 de junio de 2008, la Fiscalía 22
Delegada impuso medida de aseguramiento en contra del demandante, con base
en las siguientes consideraciones probatorias:

(…)

Con los elementos materiales probatorios antes reseñados, la Fiscalía 22
Delegada consideró que existían elementos suficientes para establecer, por lo
menos, dos indicios graves de responsabilidad, toda vez que en las labores de
inteligencia que dieron origen a la investigación se pudo establecer: i) que el
demandante al momento de transportar las divisas entre Colombia y Chile se
identificó como funcionario de Trans Oceanic, pero en entrevista indicó que se
encontraba vinculado laboralmente a Representaciones Internacionales Alfa,
quien supuestamente era intermediara entre Turismo Costa brava y Fimesa de
Colombia, ii) que las divisas negociadas por Fimesa Colombia eran adquiridas a la
compañía Negociemos MCM, de propiedad de MaríaMercedes Jiménez Urrego y
Myriam Rincón Molina quienes había sido capturadas por el delito de lavado de
activos, sumario 4024, iii) que Myriam Rincón Molina había sido reportada en la
lista OFAC, conocida popularmente como lista Clinton, no solo como persona
natural, sino con su antigua casa de cambios denominada El Trebol, iv) que los
representante de la la empresa Turismo Cosa Brava de Chile, se encontraban en
medio de una investigación el delito de lavado de activos, y v) que Jaime Bronstein
antes de participar en Representaciones Internacionales Alfa, se había vinculado
con Cambios Cordillera quien venía siendo cuestionada por su irregular operación
de divisas.

De los anteriores indicios, la Fiscalía podía inferir lógicamente con alta
probabilidad la comisión del delito investigado. Además, según el artículo 356 de

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la Ley 600 de 2000, la única medida de aseguramiento procedente en este caso
era la detención preventiva, pues el señor Ladino era imputable.

En cuanto a la procedencia de la misma, el artículo 357 ídem señalaba que podía
decretarse cuando el delito tuviera previsto una pena de prisión mínima de 4 años
o cuando en contra del sindicado estuviere vigente una sentencia condenatoria
ejecutoriada por delito dolo o preterintencional que tuviera pena de prisión,
primera situación que se cumplían en este caso pues la pena mínima del delito de
lavado de activos era de 9 años.

A pesar de lo anterior, en cuanto a la razonabilidad y proporcionalidad de la
medida de aseguramiento, se tiene que el demandante estuvo privado de su
libertad por lapso de 3 años, 1 mes y 1 día. Aunque la Ley 600 de 2000 no
establecía un término de duración de la medida de aseguramiento, la Sala
considera que el lapso que estuvo restringida la libertad del actor sí se torna
desproporcional pues el trámite del proceso excedió los términos legales
aplicables en sede judicial.
(…)”.

5.4. A partir de las anteriores consideraciones, la Sala estima que la presente acción de
tutela se dirige, en esencia, a controvertir la interpretación jurídica y las conclusiones
adoptadas por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, con el propósito de que se acoja la tesis que la parte actora ha sostenido
desde el trámite del proceso ordinario. Lo anterior se evidencia por las siguientes
razones.

De una parte, los argumentos expuestos en la solicitud de amparo reproducen, en lo
sustancial, los planteamientos formulados durante el proceso de reparación directa,
particularmente en lo relacionado con la presunta omisión en la valoración de la sentencia
proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en la que se
concluyó que no se acreditó el origen ilícito de las divisas y que el informe utilizado por la
Fiscalía para dar inicio a la investigación carecía del valor suasorio que se le atribuyó. En
consecuencia, el debate planteado en esta sede coincide con el que fue sometido al
conocimiento del juez natural.

De otra parte, la argumentación de la parte actora parte de la premisa de que, en el caso
concreto, se configuraban las cuatro hipótesis de atribución de responsabilidad del
Estado desarrolladas por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Sin embargo, ese
planteamiento fue expresamente examinado por el tribunal accionado, el cual precisó que
la sentencia absolutoria proferida dentro del proceso penal no era suficiente, por sí sola,
para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, pues resultaba indispensable
establecer la antijuridicidad del daño derivado de la medida restrictiva de la libertad.
Precisamente, con fundamento en ese análisis concluyó que no había lugar a declarar
dicha responsabilidad, al considerar que la medida de aseguramiento había sido
adoptada conforme al ordenamiento jurídico, en tanto “la Fiscalía podía inferir
lógicamente con alta probabilidad la comisión del delito investigado. Además, según el
artículo 356 de la Ley 600 de 2000, la única medida de aseguramiento procedente en este
caso era la detención preventiva, pues el señor Ladino era imputable.”

Finalmente, la Sala observa que la parte actora se limitó a afirmar la vulneración de sus
derechos fundamentales, sin explicar de qué manera los cuestionamientos formulados
trascendían el ámbito propio de la controversia resuelta por la jurisdicción de lo

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contencioso administrativo y planteaban un problema de relevancia constitucional
susceptible de ser examinado en sede de tutela. Esta carga argumentativa no fue
satisfecha en el escrito de tutela ni tampoco en el de impugnación, pues en este último la
parte actora se limitó a reiterar su inconformidad con la decisión de primera instancia, sin
exponer razones dirigidas a desvirtuar los fundamentos en los que aquella se sustentó.

En ese contexto, los reproches formulados carecen de relevancia constitucional. En
relación con el defecto fáctico, no se advierte, siquiera prima facie, que la autoridad
judicial accionada hubiera omitido valorar pruebas determinantes o hubiera efectuado
una apreciación manifiestamente caprichosa, irrazonable o contraevidente del acervo
probatorio. A su vez, respecto del defecto sustantivo y del presunto desconocimiento del
precedente judicial, tampoco se evidencia, en principio, un apartamiento arbitrario de la
normativa o de la jurisprudencia aplicables al caso. Por el contrario, la inconformidad del
accionante se circunscribe al alcance que el juez natural atribuyó a los elementos de
convicción y a las conclusiones jurídicas derivadas de su valoración.

5.5. En esas condiciones, la inconformidad planteada no revela una controversia
constitucional autónoma, sino una discrepancia con el sentido de la decisión adoptada
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y con la interpretación acogida por el
tribunal accionado. Por consiguiente, la acción de tutela no puede erigirse en una
instancia adicional destinada a reabrir el debate jurídico ya resuelto por el juez
competente ni a sustituir los criterios de valoración probatoria e interpretación jurídica que
le son propios.

Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre
sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una
autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como lo
pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia
adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada, lo que se opone a que se use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 20.

5.6. En tal sentido, se confirmará la decisión impugnada que declaró la falta de
legitimación por activa respecto de Erick Alexander Ladino Leyton para actuar en
representación de Adam Mateo Ladino Quitian, Astrid Quitian Arévalo y Nataly Johana
Ladino Quitian y la improcedencia del amparo por falta de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

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Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.

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FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de mayo de 2026 por el Consejo de
Estado-Sección Primera que declaró improcedente la acción de tutela que interpuso Erick
Alexander Ladino Leyton contra el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de
Bogotá y la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
AOB

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