Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02698-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02698-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02698-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
10 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02698-01
Accionante: MYRIAM STELLA PROAÑO ROJAS
Autoridad: CONSEJO DE ESTADO–SECCIÓN SEGUNDA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la impugnación interpuesta contra el fallo proferido el 29 de abril de 2026,
por el Consejo de Estado–Sección Tercera–Subsección B-, que declaró improcedente la
tutela por falta del requisito de relevancia constitucional.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
La señora Myriam Stella Proaño Rojas, actuando mediante apoderado judicial, formuló
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y principio de gratuidad, los cuales
consideró vulnerados por el Consejo de Estado–Sección Segunda-, al haber proferido la
sentencia del 16 de octubre de 2025, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho1, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones orientadas al reconocimiento y pago de la pensión por aportes prevista
en la Ley 71 de 1988 y, adicionalmente, se impuso condena en costas a la demandante.
1 Proceso identificado con el radicado: 676001-23-33-000-2019-00737-01 (2586-2025),
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Accionante: Myriam Stella Proaño Rojas
Acción de tutela–Segunda instancia
La accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en una indebida
aplicación del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo –CPACA-, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, al imponer la condena en costas con fundamento en un criterio meramente objetivo
derivado de la condición de parte vencida, sin verificar si la demanda había sido
presentada con manifiesta carencia de fundamento legal y desconociendo el precedente
jurisprudencial vigente de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la materia.
En virtud del amparo, la accionante solicitó textualmente:
«1. Se declare que el CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A en sentencia proferida del 16 de octubre de 2025 dentro del
proceso 76001-23-33-000-2019-00737-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA Y PRINCIPIO DE GRATUIDAD del docente, habida cuenta que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y al precedente
judicial del órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al CONSEJO DE
ESTADO–SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, DEJAR SIN EFECTOS la
providencia judicial referida en el numeral anterior y, proceda a efectuar el examen
de procedencia de la condena en costas impuestas al proceso ordinario conforme
la normatividad vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras de
salvaguardar las garantías iusfundamentales de la accionante.»
2. Hechos relevantes
La señora Myriam Stella Proaño Rojas se desempeñó como docente oficial al servicio del
Estado y, al cumplir 55 años de edad y acreditar más de 20 años de servicios prestados
en los sectores público y privado, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión por
aportes prevista en la Ley 71 de 1988, con fundamento en las cotizaciones efectuadas al
extinto Instituto de Seguros Sociales y en su trayectoria laboral como servidora pública
docente.
Señala que la Secretaría de Educación de Santiago de Cali negó dicha solicitud mediante
el oficio No. 4143.020.13.1.953.006951 del 6 de agosto de 2019, al considerar que su
vinculación al servicio educativo oficial ocurrió con posterioridad al 27 de junio de 2003 y,
por tanto, que le resultaba aplicable el régimen general previsto en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, descartando la posibilidad de acceder a la prestación reclamada bajo el
régimen previsto en la Ley 71 de 1988.
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Accionante: Myriam Stella Proaño Rojas
Acción de tutela–Segunda instancia
Sostiene que, pese a acreditar 762.71 semanas de cotización al sistema pensional con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, las autoridades
administrativas y judiciales desconocieron el alcance de tales aportes para efectos del
reconocimiento pensional pretendido, al considerar que estos no se originaron en el
ejercicio de la docencia oficial y, por ende, no permitían la aplicación del régimen especial
invocado.
Con fundamento en lo anterior, promovió medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el acto administrativo que negó el reconocimiento pensional, con el fin
de obtener la declaratoria de nulidad de dicha decisión y el consecuente reconocimiento
y pago de la pensión por aportes.
El proceso fue conocido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que mediante
sentencia de primera instancia No. 157 del 25 de julio de 2025 negó las pretensiones de
la demanda, al considerar que la señora Myriam Stella Proaño Rojas no acreditó los
requisitos exigidos para acceder a la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.
Señaló que, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y la jurisprudencia
de unificación del Consejo de Estado, la aplicación del régimen prestacional anterior para
los docentes exige acreditar la vinculación al servicio público educativo oficial con
anterioridad al 27 de junio de 2003, requisito que no se cumplía en el caso concreto, pues
la actora inició su vinculación en provisionalidad el 16 de enero de 2006 y en propiedad
el 5 de febrero de 2007. Asimismo, indicó que, aunque la demandante acreditó 762.71
semanas cotizadas al extinto Instituto de Seguros Sociales con anterioridad a la vigencia
de la Ley 812 de 2003, dichas cotizaciones no correspondían al ejercicio de la docencia
oficial y, por tanto, no resultaban suficientes para acceder al régimen de transición
previsto en dicha ley. De igual manera, concluyó que la accionante tampoco era
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al
no acreditar quince años de servicios o 750 semanas cotizadas al 1 de abril de 1994,
razón por la cual negó las pretensiones de la demanda. Finalmente, se abstuvo de
imponer condena en costas al considerar que no se acreditó una manifiesta carencia de
fundamento legal en la actuación de la demandante.
Posteriormente, el apoderado judicial de la señora Myriam Stella Proaño Rojas presentó
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, al considerar que el
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Accionante: Myriam Stella Proaño Rojas
Acción de tutela–Segunda instancia
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca realizó una interpretación errónea del régimen
pensional aplicable a los docentes oficiales vinculados con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003. Sostuvo que la demandante cumplía los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, en
concordancia con el Decreto 2709 de 1994, toda vez que acreditó más de veinte años de
aportes efectuados al Instituto de Seguros Sociales y al sector público, así como la edad
exigida para acceder a dicha prestación. Asimismo, afirmó que la providencia desconoció
el alcance del régimen de transición previsto en la Ley 812 de 2003, el principio de
favorabilidad laboral y diversos precedentes judiciales que, a su juicio, han reconocido la
posibilidad de acumular aportes efectuados al sistema general y al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio para efectos del reconocimiento de la pensión por
aportes. De igual manera, solicitó que, en aplicación de los principios de acceso efectivo
a la administración de justicia y iura novit curia, se determinara el régimen pensional que
resultara jurídicamente aplicable al caso concreto y se reconociera la compatibilidad entre
la percepción de la mesada pensional y el ejercicio de la docencia oficial.
La segunda instancia correspondió al Consejo de Estado–Sección Segunda, que
mediante sentencia del 16 de octubre de 2025 resolvió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante y confirmó la decisión de primera instancia, al
considerar que la señora Myriam Stella Proaño Rojas no acreditó el cumplimiento de los
requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley
71 de 1988. La Sala sostuvo que, conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y a la
sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019, el régimen pensional aplicable a los
docentes depende de la fecha de vinculación al servicio educativo oficial, de manera que
aquellos vinculados con posterioridad al 27 de junio de 2003 se encuentran sujetos al
régimen de prima media previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. En ese sentido,
concluyó que la accionante fue vinculada al magisterio oficial a partir del 16 de enero de
2006 y, por tanto, no podía beneficiarse del régimen previsto en la Ley 71 de 1988.
Asimismo, precisó que, aunque la demandante acreditó 762,71 semanas cotizadas al
extinto Instituto de Seguros Sociales con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, no se demostró que dichos aportes hubieran sido efectuados en ejercicio
de funciones docentes oficiales, requisito que estimó indispensable para la aplicación del
régimen especial invocado.
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Accionante: Myriam Stella Proaño Rojas
Acción de tutela–Segunda instancia
La sentencia de segunda instancia dio lugar a la interposición de la presente acción de
tutela por parte del apoderado judicial de la señora Proaño Rojas.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en defecto
sustantivo, al imponer condena en costas con fundamento en una interpretación parcial
e indebida del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, pues la autoridad judicial accionada consideró que, en los procesos
de nulidad y restablecimiento del derecho, la condena en costas procede con base en un
criterio meramente objetivo derivado de la condición de parte vencida. A juicio de la
accionante, dicha interpretación desconoce el alcance integral de la reforma introducida
por el legislador, la cual exige verificar, en todos los procesos contencioso
administrativos, si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento
legal, así como los principios de favorabilidad e inescindibilidad normativa, en la medida
en que el juez no podía aplicar parcialmente el contenido del artículo 188 del CPACA ni
excluir el análisis del requisito incorporado por la Ley 2080 de 2021. Asimismo, sostuvo
que la providencia cuestionada desconoció el deber de motivación judicial, al omitir el
análisis expreso sobre la existencia o no de fundamento jurídico suficiente en la demanda
presentada por la accionante.
Igualmente, señaló que la providencia incurrió en desconocimiento del precedente
judicial, debido a que se apartó injustificadamente de la línea jurisprudencial consolidada
por la Sección Segunda del Consejo de Estado en materia de condena en costas en
asuntos laborales y de nulidad y restablecimiento del derecho, según la cual la imposición
de dicha carga económica no procede de manera automática por el solo hecho de resultar
vencida una de las partes, sino que exige un análisis objetivo-valorativo de la conducta
procesal desplegada y de la existencia o no de una manifiesta carencia de fundamento
legal. En ese sentido, afirmó que la autoridad judicial accionada omitió identificar y
justificar su apartamiento de los precedentes recientes proferidos por las Subsecciones
A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en los cuales se ha precisado que,
tras la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, el juez contencioso administrativo
debe verificar expresamente la existencia de una fundamentación jurídica razonable
antes de imponer condena en costas, circunstancia que no fue observada en el caso
concreto.
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Accionante: Myriam Stella Proaño Rojas
Acción de tutela–Segunda instancia
4. Trámite de primera instancia
El 13 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela2 y se ordenó su notificación al
Consejo de Estado–Sección segunda, autoridad judicial accionada. Asimismo, se dispuso
la vinculación del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, del Ministerio de Educación
Nacional, del Distrito Especial de Santiago de Cali–Alcaldía y Secretaría de Educación, y
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio–FOMAG, en calidad de
terceros con interés. De igual manera, se solicitó al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca la remisión de copia digital del expediente correspondiente al proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-33-000-2019-00737-00/01,
promovido por la señora Myriam Stella Proaño Rojas. Finalmente, se reconoció
personería al abogado Yobany Alberto López Quintero.
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional contestó3 la acción de tutela y solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que la controversia planteada se
dirige exclusivamente contra una providencia judicial amparada por los principios de
autonomía e independencia judicial. Asimismo, sostuvo que la acción de tutela no puede
utilizarse como una instancia adicional para controvertir decisiones adoptadas por los
jueces naturales y alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en
que carece de competencia e injerencia respecto de la providencia cuestionada.
En su escrito de contestación4, la Secretaría de Educación del Distrito Especial de
Santiago de Cali indicó que no vulneró derecho fundamental alguno de la accionante, por
cuanto la tutela se dirige contra una providencia judicial proferida por el Consejo de
Estado y no contra una actuación administrativa atribuible a esa entidad. Igualmente,
señaló que su intervención se limitó al trámite administrativo previo relacionado con el
reconocimiento pensional y solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación
en la causa por pasiva.
El 29 de abril de 20265, el Consejo de Estado–Sección Tercera–Subsección B profirió
sentencia de primera instancia, mediante la cual declaró improcedente la acción de
2 Cfr. SAMAI, índice 5.
3 Cfr. SAMAI, índice 13.
4 Cfr. SAMAI, índice 14.
5 Cfr. SAMAI, índice 16.
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Accionante: Myriam Stella Proaño Rojas
Acción de tutela–Segunda instancia
tutela, al considerar que no se cumplía el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, por cuanto la controversia planteada se circunscribía a un debate de mera
legalidad y de contenido eminentemente económico relacionado con la interpretación de
las normas que regulan la condena en costas en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. En ese sentido, señaló que la accionante pretendía reabrir
un debate jurídico ya resuelto por el juez natural y utilizar la acción de tutela como una
instancia adicional para controvertir la interpretación efectuada por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado respecto del artículo 188 del CPACA y del
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, sin acreditar una actuación arbitraria o una afectación
grave y desproporcionada de sus derechos fundamentales que justificara la intervención
del juez constitucional.
Posteriormente, la parte accionante en su escrito de apelación6 señaló que la sentencia
de primera instancia erró al concluir que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional y que pretendía utilizarse como una tercera instancia. En ese sentido,
sostuvo que la controversia planteada no versa sobre un asunto meramente legal o
económico, sino sobre la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y al principio de gratuidad, derivada de la
imposición de una condena en costas con fundamento en una aplicación fragmentada del
artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. Asimismo,
afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, al omitir verificar
si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal, y en
desconocimiento del precedente judicial, al apartarse injustificadamente de la línea
jurisprudencial consolidada del Consejo de Estado–Sección Segunda, según la cual la
condena en costas en asuntos laborales exige un análisis objetivo valorativo de la
conducta procesal de las partes y no procede de manera automática por el solo hecho
de resultar vencida una de ellas.
Finalmente, el 22 de mayo 2026, se concedió el recurso de apelación7.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
6 Cfr. SAMAI, índice 20.
7 Cfr. SAMAI, índice 22.
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Accionante: Myriam Stella Proaño Rojas
Acción de tutela–Segunda instancia
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
29 de abril de 2026, proferida por el Consejo de Estado–Sección Tercera–Subsección B-
, que declaró improcedente la tutela por falta del requisito de relevancia constitucional.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 8 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela9.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.
8 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
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Accionante: Myriam Stella Proaño Rojas
Acción de tutela–Segunda instancia
Relevancia constitucional
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado, desde
2014, los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el
requisito de relevancia constitucional10: i) que el actor cumpla una carga argumentativa
suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales,
sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; ii)
Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:
«[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal.»
Caso concreto
La señora Myriam Stella Proaño Rojas promovió acción de tutela contra la sentencia del
16 de octubre de 2025, proferida por el Consejo de Estado–Sección Segunda-, al
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Accionante: Myriam Stella Proaño Rojas
Acción de tutela–Segunda instancia
considerar que dicha providencia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y principio de gratuidad.
La Sala advierte que, confirmará la decisión del aquo constitucional en declarar
improcedente la acción de tutela, toda vez que no cumple con el requisito de relevancia
constitucional. Esto, pues la Sala observa que lo que pretende la accionante es reabrir el
debate que quedó zanjado en sede de instancia.
Se observa que, como fundamento principal de la acción de tutela, la accionante sostiene
que existió un defecto sustantivo, debido a que el Consejo de Estado–Sección Segunda
impuso condena en costas con fundamento en una interpretación parcial del artículo 188
del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, sin verificar si la demanda fue
presentada con manifiesta carencia de fundamento legal ni motivar suficientemente dicha
decisión.
Asimismo, menciona que existió un desconocimiento del precedente judicial, por cuanto
el Consejo de Estado–Sección Segunda- se apartó de la línea jurisprudencial consolidada
de esa misma corporación en materia de condena en costas, según la cual su imposición
exige un análisis objetivo-valorativo de la conducta procesal de las partes y no procede
de manera automática por el solo hecho de resultar vencida una de ellas.
La Sala advierte que, en primer lugar, de la revisión del expediente y del análisis de la
sentencia cuestionada se evidencia que el Consejo de Estado–Sección Segunda- sí
estudió de manera expresa los requisitos para acceder a la pensión por aportes prevista
en la Ley 71 de 1988, así como la incidencia de la fecha de vinculación de la accionante
al servicio educativo oficial y de las semanas cotizadas con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003. En efecto, la autoridad judicial abordó directamente el
estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, concluyendo que la
accionante no acreditó una vinculación al servicio educativo oficial anterior al 27 de junio
de 2003 ni el cumplimiento de los presupuestos exigidos para el reconocimiento de la
prestación reclamada:
«30. un total de 762,71 semanas, lo cierto es que no obra prueba alguna que
permita Ahora, si bien con base en el reporte de semanas cotizadas en
Colpensiones actualizado a 19 de junio de 201919, se tiene que la señora Proaño
Rojas acredita establecer que se efectuaron en virtud del ejercicio de funciones
docente, aspecto que resulta determinante en este caso para la procedencia del
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Accionante: Myriam Stella Proaño Rojas
Acción de tutela–Segunda instancia
estudio del derecho reclamado bajo el régimen especial previsto en la Ley 71 de
1988.
31. En ese orden, la situación jurídica de la actora se rige por lo dispuesto en la
Ley 100 de 1993, tal como lo dispuso la entidad en el acto administrativo objeto de
censura, y como también lo analizó el a quo, lo cual guarda coherencia con lo
señalado en la sentencia de unificación SUJ014-CE-S2 del 25 de abril de 2019, en
la que se indicó que la determinación del régimen prestacional aplicable a los
docentes debe partir de la fecha en que se produjo su vinculación al servicio
educativo oficial, por lo que i) a quienes ingresaron antes del 27 de junio de 2003
— fecha en la que entró en vigencia la Ley 812— les resultan aplicables las normas
que regulaban el régimen de los servidores públicos del orden nacional; mientras
que ii) para quienes se incorporaron con posterioridad a dicha data, los cobija el
régimen de prima media con prestación definida previsto en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, exceptuando únicamente el requisito de edad.
32. Por lo tanto, no le asiste razón a la apelante cuando en el recurso señala que
para beneficiarse de la mencionada norma es suficiente acreditar una vinculación
o aportes con anterioridad al límite temporal establecido en la Ley 812, pues, omite
que no se trata de cualquier vinculación, sino que esta fue cualificada de manera
expresa por el legislador, esto es, debe ser al servicio educativo oficial, lo cual no
fue acreditado en el sub judice. Ahora, lo anterior no implica que no se pueda
contabilizar las semanas cotizadas antes del año 2003, en virtud de otras
actividades, sino que, para tener derecho a la aplicación de la ley 71 de 1988, en
la forma solicitada por la actora, debe acreditar la vinculación al servicio educativo
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, como se ha explicado con
anterioridad.
2.6. Conclusión
33. Por lo anterior, se confirmará la decisión del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca que negó las pretensiones de la demandante, esto por cuanto no logró
acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para que su derecho pensional
sea analizado bajo lo contemplado en la Ley 71 de 1988, dado que la vinculación
al servicio docente ocurrió con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.»
«35. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.
36. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
37. En consecuencia, se impondrán costas a la demandante -parte vencida-, en
esta instancia, por cuanto no prosperó el recurso de apelación presentado por
aquella. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.»
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Accionante: Myriam Stella Proaño Rojas
Acción de tutela–Segunda instancia
En cuanto al presunto desconocimiento del precedente judicial, se advierte que el cargo
tampoco reviste relevancia constitucional. La accionante sostiene que la autoridad judicial
se apartó de la línea jurisprudencial de la Sección Segunda en materia de condena en
costas; sin embargo, se evidencia que el ad quem examinó expresamente el alcance del
artículo 188 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, y concluyó que, en los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la condena en costas continúa
rigiéndose por el criterio de vencimiento objetivo de la parte, de conformidad con la
interpretación que consideró aplicable al caso concreto. Por tanto, la inconformidad
planteada corresponde a un desacuerdo con la interpretación jurídica adoptada por el
juez natural y no a la configuración de una actuación arbitraria o caprichosa que habilite
la intervención excepcional del juez de tutela.
La acción de tutela no procede para controvertir la apreciación probatoria efectuada por
el juez natural, salvo que se trate de una valoración caprichosa, arbitraria o abiertamente
irrazonable, lo cual no ocurre en el presente caso. En realidad, lo que se evidencia es la
inconformidad de la actora con el resultado del análisis efectuado en sede ordinaria.
En ese contexto, observa la Sala que lo planteado por la accionante corresponde a un
mero desacuerdo con la sentencia de segunda instancia, en tanto pretende que el juez
constitucional imponga una determinada forma de analizar el artículo 188 del CPACA,
modificado por la Ley 2080 de 2021, así como el precedente judicial aplicable en materia
de condena en costas.
La controversia planteada no pone en evidencia una afectación directa de derechos
fundamentales y excluye la configuración de una vía de hecho y revela una inconformidad
de la accionante con el sentido de la decisión adoptada y con la interpretación judicial del
precedente aplicable, lo cual resulta insuficiente para habilitar la intervención del juez de
tutela como instancia adicional de revisión.
La acción de tutela, en consecuencia, no supera el umbral de procedencia excepcional
frente a providencias judiciales, dado que la sentencia reprochada fue dictada dentro del
marco de la legalidad y no se demostró una vulneración directa y ostensible de los
derechos fundamentales invocados. No está llamada a operar como instancia adicional
ni como mecanismo para sustituir el criterio interpretativo del juez natural, salvo que se
13
Radicación:11001-03-15-000-2026-02698-01
Accionante: Myriam Stella Proaño Rojas
Acción de tutela–Segunda instancia
acredite un apartamiento manifiesto, irrazonable o arbitrario del ordenamiento jurídico,
circunstancia que no se acreditó en este caso.
La acción de tutela no constituye una tercera instancia ni un instrumento para desconocer
la autonomía e independencia judicial. Por las razones expuestas, la acción de tutela no
cumple con el requisito general de relevancia constitucional.
En razón de lo anterior, la Sala considera que la sentencia de primera instancia se
encuentra ajustada a derecho. En consecuencia, procederá a confirmar la decisión
proferida por el Consejo de Estado–Sección Tercera–Subsección B del 29 de abril de
2026.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de abril de 2026 por el Consejo de
Estado–Sección Tercera–Subsección B-, que declaró improcedente la tutela por falta del
requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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