RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02699-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02699-00

Fecha
29 de mayo de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02699-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela promovida por Armando Valera Sarmiento contra el Tribunal 11 Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02699-00 Accionante: Armando Valera Sarmiento Acción de tutela – Primera instancia Administrativo del Cesar, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02699-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

29 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02699-00

Accionante: ARMANDO VALERA SARMIENTO

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Aprobación de la liquidación de costas durante el
trámite de tutela. HECHO SUPERADO-Ausencia de orden por satisfacción de la actuación reclamada

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Armando Valera Sarmiento contra
el Tribunal Administrativo del Cesar.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 9 de abril de 2026, Armando Valera Sarmiento, actuando en nombre propio,
formuló acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de
obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, de petición
y a la igualdad, así como de lo que denominó “indebida notificación”. La parte
accionante sostuvo que tales garantías resultaron vulneradas por la presunta falta
de respuesta a las solicitudes que presentó el 14 de enero y el 11 de marzo de 2026,
dentro de un proceso de acción popular1, mediante las cuales pidió la liquidación de
las costas procesales y agencias en derecho, la notificación a las entidades
condenadas y la orden de pago correspondiente.

1 Proceso identificado con número de radicación: 20-001-23-33-000-2021-00335-00.

2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02699-00
Accionante: Armando Valera Sarmiento
Acción de tutela – Primera instancia

En virtud del amparo, la parte accionante solicitó textualmente:

«1-Sirvase señor juez conceder acción de tutela por violación de los derechos
constitucionales fundamentales invocados en precedencia para que dentro del
término de 48 horas proceda a darle repuesta y resolver lo solicitado en su contenido
para tales efectos, téngase en cuenta, que se presentó el derecho de petición.

2-Previo al punto uno de la petición, solicito que se sirva oficiar a la accionada para
que explique los motivos y los detalles por qué no dio repuestas dentro del derecho
de petición al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR. Doctor: JOSÉ PONENTE.
ANTONIO APONTE OLIVELLA-MAGISTRADO».

2. Hechos relevantes

El señor Armando Valera Sarmiento promovió una acción popular contra la Agencia
Nacional de Tierras y el municipio de Valledupar, proceso que correspondió al
Tribunal Administrativo del Cesar con el radicado 20-001-23-33-000-2021-00335-00.
Según lo expuesto por el accionante, en providencia del 30 de noviembre de 2023,
el tribunal habría impuesto costas procesales y agencias en derecho a cargo de las
entidades condenadas, decisión que, de acuerdo con el escrito de tutela, fue
confirmada por el Consejo de Estado el 11 de diciembre de 2025.

El 14 de enero de 2026, el actor presentó solicitud ante el magistrado ponente José
Antonio Aponte Olivella, del Tribunal Administrativo del Cesar, con el propósito de
que se liquidaran las costas procesales y las agencias en derecho dentro del referido
proceso de acción popular. En esa petición también solicitó que se notificara a las
partes condenadas sobre la responsabilidad que les asistía y que se ordenara el
pago de las costas procesales y agencias en derecho.

El accionante indicó que, para ese momento, las costas procesales se encontraban
pendientes por liquidar y que las agencias en derecho ascendían a la suma de
$8.754.525. Para sustentar su solicitud, invocó el artículo 366 de la Ley 1564 de 2012
y señaló que la liquidación requerida debía realizarse con fundamento en la condena
impuesta dentro del proceso de acción popular.

El 11 de marzo de 2026, el señor Armando Valera Sarmiento reiteró la solicitud ante
el Tribunal Administrativo del Cesar. En esa oportunidad manifestó que, desde el 14

3
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02699-00
Accionante: Armando Valera Sarmiento
Acción de tutela – Primera instancia

de enero de 2026, había pedido la liquidación de las costas procesales y agencias
en derecho, pero que no había recibido respuesta positiva ni negativa, pese al
vencimiento del término que, en su criterio, tenía la autoridad judicial para
pronunciarse.

3. Fundamentos de la acción

El accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Cesar vulneró sus garantías
constitucionales porque no emitió una respuesta afirmativa ni negativa frente a la
petición por medio de la cual solicitó la liquidación de las costas procesales y
agencias en derecho dentro del proceso de acción popular2. A su juicio, la autoridad
judicial excedió el término legal para resolver la solicitud y mantuvo una conducta
omisiva que desconoció el derecho de petición previsto en el artículo 23 de la
Constitución Política.

También indicó que la falta de contestación afectó su derecho al debido proceso,
pues la solicitud se relacionó con una actuación pendiente dentro del proceso judicial
en el que actuó como actor popular. En concreto, afirmó que el tribunal debía liquidar
las costas procesales y agencias en derecho, notificar a las entidades condenadas
sobre la responsabilidad que les asistía y ordenar el pago correspondiente, de
conformidad con el artículo 366 de la Ley 1564 de 2012.

Por lo anterior, pidió que se concediera el amparo constitucional y se ordenara al
Tribunal Administrativo del Cesar dar respuesta y resolver lo solicitado en el término
de 48 horas. Además, solicitó que se requiriera a la autoridad accionada para que
explicara los motivos por los cuales no contestó oportunamente las peticiones
presentadas.

4. Trámite procesal

2 Proceso identificado con número de radicación: 20-001-23-33-000-2021-00335-00.

4
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02699-00
Accionante: Armando Valera Sarmiento
Acción de tutela – Primera instancia

El 20 de abril de 2026 se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar al
accionante y a la autoridad judicial accionada. Asimismo, se dispuso la notificación
de la Agencia Nacional de Tierras y del Municipio de Valledupar, en calidad de
terceros interesados, y se les concedió a la autoridad judicial accionada y a los
terceros el término de tres (3) días para rendir informe sobre los hechos objeto de la
solicitud, conforme al artículo 19 del Decreto 2591 de 1991. También se notificó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para su eventual intervención, se
ordenó la publicación de la providencia en la página web del Consejo de Estado, se
tuvieron como pruebas los documentos allegados con la solicitud de tutela, se solicitó
al Tribunal Administrativo del Cesar remitir copia digital del expediente de la acción
popular con radicado 20-001-23-33-000-2021-00335-00 y se suspendió el término
para decidir mientras se practicaban las pruebas ordenadas.

En los escritos de contestación, el Tribunal Administrativo del Cesar3 señaló que
el auto admisorio fue recibido en el correo de la corporación el 27 de abril de 2026.
La autoridad accionada sostuvo que, para el 14 de enero de 2026, fecha de la
primera solicitud, el expediente aún no había sido devuelto por el Consejo de Estado,
pues la devolución solo ocurrió el 28 de enero de 2026 mediante oficio PAP-0034.
Por esa razón, afirmó que resultaba materialmente imposible tramitar la liquidación
de costas en ese momento.

También indicó que, una vez recibido el expediente, este pasó al despacho del
magistrado ponente y el 19 de febrero de 2026 se profirió auto de “obedézcase y
cúmplase”, publicado en estado del 20 de febrero de 2026 y comunicado a las partes
ese mismo día. Luego, respecto de la solicitud posterior, señaló que la liquidación se
efectuó el 17 de abril de 2026, fue suscrita digitalmente por la secretaria del tribunal
el 22 de abril de 2026 y ese mismo día ingresó nuevamente al despacho del
magistrado ponente para el estudio de su aprobación. El tribunal afirmó que el
derecho de petición no resultaba procedente para impulsar actuaciones judiciales
sometidas a reglas procesales especiales. Además, sostuvo que dentro del proceso
se dio trámite secuencial a las actuaciones, sin mora judicial, y que las decisiones
fueron publicadas, comunicadas o notificadas a las partes, incluido el accionante.
Con fundamento en ello, solicitó negar por improcedentes las pretensiones de la

3 SAMAI, índice 12.

5
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02699-00
Accionante: Armando Valera Sarmiento
Acción de tutela – Primera instancia

tutela, al considerar que no existió vulneración de derechos fundamentales y remitió
el expediente requerido.

Por su parte, el Municipio de Valledupar4 solicitó su desvinculación del trámite por
falta de legitimación en la causa por pasiva. Indicó que los reproches del accionante
se dirigieron contra el Tribunal Administrativo del Cesar, pues la controversia se
relacionó con la presunta falta de respuesta a la solicitud presentada el 14 de enero
de 2026, de manera que la entidad territorial no desplegó conducta alguna que
hubiera vulnerado los derechos fundamentales invocados. La entidad señaló que
carecía de facultades y competencia para satisfacer lo pretendido por el accionante,
porque la actuación cuestionada correspondía al Tribunal Administrativo del Cesar.
Agregó que, a la fecha de la contestación, no se había presentado cuenta de cobro
y precisó que el municipio no había negado el pago de las costas, aunque indicó que
correspondía al interesado radicar la respectiva cuenta de cobro como requisito para
la liquidación y pago de las costas procesales y agencias en derecho.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la presunta
falta de respuesta del Tribunal Administrativo del Cesar a las solicitudes de
liquidación de costas y agencias en derecho presentadas por Armando Valera
Sarmiento dentro de una acción popular.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.

4 SAMAI, índice 15.

6
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02699-00
Accionante: Armando Valera Sarmiento
Acción de tutela – Primera instancia

Mora judicial

La Corporación ha definido la mora judicial como la conducta dilatoria de un juez
para resolver un proceso judicial, que se explica por el desconocimiento injustificado
y negligente de los términos legales y que carece de un motivo probado y razonable.
Esta situación vulnera el debido proceso y el derecho de acceso a la administración
de justicia. Ahora bien, por las condiciones estructurales que producen congestión y
lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión de un asunto
equivale a mora o a negligencia5. En efecto, dicha situación puede producirse por
causas externas como la excesiva carga laboral y la falta de una infraestructura
básica en los despachos judiciales, que limitan sus capacidades de acción6.

A su vez, la Corte Constitucional ha advertido que no todo desconocimiento de los
plazos establecidos en la ley da lugar a la violación de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues ello solo se
configura cuando el juez no puede justificar su retardo. Así, ha integrado el concepto
convencional de “plazo razonable” para evaluar si, al omitir resolver un proceso
judicial en término, el juez transgredió las garantías judiciales del usuario de la
administración de justicia. Dicho análisis abarca la complejidad del asunto, la
actividad procesal del interesado, la conducta del operador judicial y la afectación
generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso7.

Carencia actual de objeto por hecho superado

El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que sí, estando en curso la tutela
se dictare una resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda
la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos
de indemnización y de costas, si fueren procedentes. La carencia actual de objeto
por hecho superado se configura cuando entre la interposición de la acción de tutela
y el fallo se satisface lo solicitado en el amparo, de modo que la pretendida orden de
tutela no es necesaria y, por ello, el juez debe concluir la actuación8.

5 Corte Constitucional, sentencia T-577 de 2008.
6 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, rad nº. 11001-03-15-000-2016-

01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
7 Sentencia SU-179 de 2021.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013.

7
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02699-00
Accionante: Armando Valera Sarmiento
Acción de tutela – Primera instancia

Caso concreto

En el presente asunto, Armando Valera Sarmiento acudió a la acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo del Cesar, al estimar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de petición, a la igualdad y a lo que denominó
“indebida notificación”. La inconformidad del accionante se originó en la presunta
falta de respuesta a las solicitudes presentadas el 14 de enero y el 11 de marzo de
2026, dentro del proceso de acción popular con radicado 20-001-23-33-000-2021-
00335-00, por medio de las cuales pidió la liquidación de las costas procesales y
agencias en derecho, la notificación a las entidades condenadas y la orden de pago
correspondiente.

La Sala advierte, en primer lugar, que el objeto de la solicitud de amparo no se dirigió
a cuestionar una providencia judicial concreta ni a plantear un defecto específico de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Por el contrario, el reparo del
actor se concentró en una presunta omisión atribuida al Tribunal Administrativo del
Cesar, consistente en no haber tramitado ni resuelto las solicitudes relacionadas con
la liquidación de las costas procesales y agencias en derecho reconocidas dentro de
la acción popular. Por esa razón, el análisis debe centrarse en establecer si subsiste
la omisión alegada y si, por tanto, resulta necesaria una orden constitucional de
protección.

De las pruebas allegadas al expediente se observa que, en sentencia del 11 de
diciembre de 2025, el Consejo de Estado-Sección Primera resolvió los recursos de
apelación interpuestos contra la sentencia del 30 de noviembre de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro de la acción popular promovida por
Armando Valera Sarmiento contra la Agencia Nacional de Tierras y el municipio de
Valledupar. En esa providencia se mantuvo la condena en costas a cargo de la
Agencia Nacional de Tierras y del Municipio de Valledupar, y se fijaron agencias en
derecho por 5 SMLMV, las cuales debían liquidarse conforme al artículo 366 del
Código General del Proceso.

Ahora bien, aunque el actor afirmó que el 14 de enero de 2026 solicitó la liquidación
de las costas procesales y agencias en derecho, lo cierto es que, para esa fecha, el

8
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02699-00
Accionante: Armando Valera Sarmiento
Acción de tutela – Primera instancia

expediente aún no había retornado al Tribunal Administrativo del Cesar. En efecto,
mediante Oficio PAP 0034 del 28 de enero de 2026, la Secretaría General del
Consejo de Estado devolvió el expediente digital al Tribunal Contencioso
Administrativo del Cesar, luego de surtido el trámite correspondiente ante esta
Corporación.

Ese dato resulta relevante porque permite contextualizar la actuación de la autoridad
accionada. Si el expediente se encontraba todavía en el Consejo de Estado para el
14 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo del Cesar no lo tenía materialmente
a su disposición para adoptar las decisiones posteriores a la sentencia de segunda
instancia. Por ello, la falta de actuación inmediata frente a la primera solicitud no
podía apreciarse de manera aislada ni desligada del estado real del expediente
judicial.

Una vez devuelto el expediente, el Tribunal Administrativo del Cesar profirió auto del
19 de febrero de 2026, mediante el cual dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por
el Consejo de Estado-Sección Primera en la providencia del 11 de diciembre de
2025, que modificó los ordinales tercero y quinto y confirmó en lo demás la sentencia
del 30 de noviembre de 2023. Esa decisión fue comunicada el 20 de febrero de 2026,
entre otros, al señor Armando Valera Sarmiento, a los correos electrónicos que
aparecían registrados para efectos de notificación.

Con posterioridad, el 11 de marzo de 2026, el accionante reiteró la solicitud. En esa
oportunidad insistió en que se liquidaran las costas procesales y agencias en
derecho, se notificara a las partes condenadas sobre la responsabilidad
correspondiente y se ordenara el pago de las sumas respectivas. La reiteración se
fundó en que, a su juicio, el tribunal no había emitido respuesta positiva ni negativa
frente a lo pedido desde el 14 de enero de 2026.

Frente a ese reproche, la Sala encuentra que la actuación judicial posterior desvirtúa
la persistencia de la omisión alegada. En efecto, la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Cesar efectuó la liquidación de las costas el 17 de abril de 2026,
con fundamento en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, por
remisión del artículo 306 del CPACA. En dicha liquidación se indicó que los gastos
realizados correspondían a cero (0) pesos y que las agencias en derecho,

9
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02699-00
Accionante: Armando Valera Sarmiento
Acción de tutela – Primera instancia

equivalentes a 5 SMLMV del año 2026, ascendían a ocho millones setecientos
cincuenta y cuatro mil quinientos veinticinco pesos ($8.754.525), suma que
correspondió al total de la liquidación de costas.

Además, el Tribunal Administrativo del Cesar informó que dicha liquidación fue
suscrita digitalmente por la secretaria de la corporación a través del aplicativo SAMAI
el 22 de abril de 2026, fecha en la cual ingresó nuevamente al despacho del
magistrado ponente para el estudio de su aprobación. Esa afirmación coincide con
la secuencia procesal observada en el expediente, pues la liquidación se elaboró el
17 de abril de 2026 y fue cargada en el índice respectivo de SAMAI antes de que el
despacho emitiera la decisión aprobatoria.

Luego, mediante auto del 14 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo del Cesar
aprobó la liquidación de costas realizada por la Secretaría de la corporación, que se
encontraba cargada en el índice 00119 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, de
conformidad con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. En
esa misma providencia se dispuso que, una vez cumplido lo anterior, se archivara el
expediente.

La providencia aprobatoria fue notificada el 15 de mayo de 2026. En particular, obra
constancia de comunicación dirigida al accionante, a los correos electrónicos
defderechoshumanos2009@gmail.com y armandovalera2367@gmail.com, en la
cual se le informó que, mediante providencia del 14 de mayo de 2026, el magistrado
ponente del Tribunal Administrativo del Cesar dispuso aprobar las costas dentro del
proceso de acción popular.

A partir de esa secuencia, la Sala observa que el fundamento central de la tutela
desapareció durante el trámite constitucional. La inconformidad del accionante
consistía en que el Tribunal Administrativo del Cesar no había tramitado ni resuelto
las solicitudes relacionadas con la liquidación de costas y agencias en derecho. Sin
embargo, el expediente demuestra que la autoridad judicial accionada realizó la
liquidación correspondiente, la sometió al estudio del despacho y, finalmente, la
aprobó mediante auto del 14 de mayo de 2026, decisión que fue comunicada al actor
al día siguiente.

10
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02699-00
Accionante: Armando Valera Sarmiento
Acción de tutela – Primera instancia

En esa medida, la orden pretendida en la acción de tutela perdió actualidad. El actor
pidió que se ordenara al Tribunal Administrativo del Cesar responder y resolver lo
solicitado. No obstante, esa actuación ya se surtió dentro del proceso judicial
ordinario, a través del trámite previsto para la liquidación y aprobación de costas.
Por tanto, una orden constitucional en el mismo sentido carecería de utilidad
práctica, pues recaería sobre una situación ya superada por la conducta posterior de
la autoridad judicial accionada.

Tampoco hay lugar a impartir una orden adicional relacionada con el pago de las
costas procesales y agencias en derecho. El objeto de esta acción se estructuró a
partir de la presunta omisión del Tribunal Administrativo del Cesar en tramitar y
resolver la solicitud de liquidación. Esa etapa judicial ya concluyó con la aprobación
de la liquidación por parte del despacho competente. Cualquier actuación posterior
orientada al cobro o pago efectivo de las sumas aprobadas deberá adelantarse
conforme a las reglas procesales y presupuestales aplicables, sin que en este trámite
exista una omisión actual del tribunal que habilite una orden de amparo.

En suma, la Sala concluye que en el presente asunto se configuró la carencia actual
de objeto por hecho superado. Ello, porque durante el trámite de la acción de tutela
desapareció la situación que motivó la solicitud de amparo: el Tribunal Administrativo
del Cesar liquidó las costas, ingresó la actuación al despacho para su aprobación y,
posteriormente, mediante auto del 14 de mayo de 2026, aprobó la liquidación
respectiva, decisión que fue comunicada al accionante el 15 de mayo de 2026. En
esas condiciones, no subsiste una vulneración actual que amerite la expedición de
una orden constitucional, razón por la cual se declarará la carencia actual de objeto
por hecho superado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la
acción de tutela promovida por Armando Valera Sarmiento contra el Tribunal

11
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02699-00
Accionante: Armando Valera Sarmiento
Acción de tutela – Primera instancia

Administrativo del Cesar, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.