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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02700-01

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02700-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 8 de mayo de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02700-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02700-01
Accionante: YANETH REINA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo en el que se
pretendía el cumplimiento de un fallo dictado en una acción de nulidad
y restablecimiento del derecho. Defectos fáctico, sustantivo,
procedimental absoluto y violación directa de la Constitución.
Incumplimiento del requisito de la inmediatez

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, quien actúa mediante apoderado judicial, contra la
sentencia de 8 de mayo de 2026 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 9 de abril de 2026, la demandante pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, al trabajo, al mínimo vital
y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad
laboral y reparación integral, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial
accionada.

En consecuencia, formula las siguientes pretensiones:
“PRIMERA. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 C.P.), acceso a la
administración de justicia (art. 229 C.P.), igualdad (art. 13 C.P.), trabajo (art. 25 C.P.), mínimo vital
y favorabilidad laboral (art. 53 C.P.), y reparación integral (arts. 90 y 93 C.P.; art. 16 Ley 446/98;
arts. 8, 25 y 63.1 CADH; art. 7 Protocolo de San Salvador) de la señora YANETH REINA.

SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia proferida el 18 de
septiembre de 2025 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, Consejero
Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar, radicado 68001-23-33-000-2014-00460-01 (1481-2016).

TERCERA. ORDENAR a la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado que, en el
término improrrogable que el juez de tutela señale, profiera nueva sentencia en la que: (i) analice
la eficacia de las renuncias condicionadas conforme a los artículos 1536-1542 y 1626-1627 del
Código Civil; (ii) someta cualquier liquidación del crédito al principio de contradicción de las partes
(art. 446 C.G.P.); (iii) aplique el principio de favorabilidad laboral del artículo 53 C.P. y el in dubio
pro operario; (iv) resuelva la procedencia de la indemnización de perjuicios compensatorios con
fundamento en los artículos 428 y 437 del C.G.P”.

2. Hechos

La demandante relató que en virtud a una demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho que adelantó contra la Contraloría Departamental de Santander, el
Tribunal Administrativo de Santander en fallo de 31 de marzo de 2008, declaró la

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Accionante: Yaneth Reina

nulidad del acto administrativo que la desvinculó del cargo de Revisor 550 de la
mencionada entidad, y a título de restablecimiento del derecho se ordenó el
reintegro sin solución de continuidad y con reconocimiento de los derechos de
carrera, el pago indexado de sueldos, prestaciones y demás conceptos dejados de
percibir y los intereses desde la ejecutoria hasta el momento del pago.

Sostuvo que presentó solicitudes el 6 de julio, 23 de septiembre y 29 de septiembre
de 2021, en las que expresó su voluntad de renuncia al reintegro y el 40% de los
intereses moratorios condicionado a que “el desembolso se haga a más tardar en
octubre 23 de 2011 por consignación”. Por consiguiente, la Contraloría
Departamental de Santander mediante Resolución núm. 16768 de 13 de octubre de
2011, ordenó el pago de lo dispuesto en la sentencia y el desembolso se materializó
el 20 de octubre de 2011. Igualmente, en virtud de la Resolución núm. 18016 de 8
de noviembre de 2011, se desembolsaron unas sumas adicionales el 16 de
noviembre de 2011.

Indicó que presentó demanda ejecutiva contra la Contraloría Departamental de
Santander, en la que solicitó que se librara mandamiento de pago, en tanto se había
configurado la cláusula de invalidación, pues la renuncia de reintegro y al pago del
40% de los intereses moratorios había operado hasta el 30 de octubre de 2011.

Señaló que el Tribunal Administrativo de Santander en proveído de 1 de diciembre
de 2014, libró mandamiento de pago en favor de la demandante, y en sentencia de
6 de octubre de 2015 ordenó seguir adelante con la ejecución, pues consideró que
la renuncia al reintegro presentada por la ejecutante y su aceptación por la
Contraloría Departamental de Santander no extinguió la obligación ni configuró una
transacción, en virtud del incumplimiento presentado por la entidad ejecutada.

Afirmó que contra la anterior decisión la parte ejecutada interpuso recurso de
apelación y, a su vez, la demandante en adhesión. Posteriormente, la demandante
elevó una solicitud para que el asunto lo avocara la Sala Plena del Consejo de
Estado, con el fin de dictar sentencia de unificación porque i) era necesario abordar
la indemnización de perjuicios compensatorios, ii) el artículo 189 de la Ley 1437 de
2011 no resultaba pertinente para efectos indemnizatorios en materia de ejecutivos,
iii) el incumplimiento de la obligación de hacer consistente en el reintegro al cargo a
una persona que tenía derechos de carrera administrativa no generaba la
indemnización prevista en el artículo 189 del CPACA, sino la compensatoria de que
trataba el artículo 428 del CGP, por consiguiente, su estimación bajo juramento le
correspondía al ejecutante y iv) el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 reguló los
eventos de imposibilidad de reincorporación por supresión del cargo del personal
en servicio activo con derecho de carrera.

Resaltó que la Sección Segunda del Consejo de Estado en proveído en 24 de abril
de 2025, resolvió no avocar el asunto para proferir sentencia de unificación
jurisprudencia, al considerar que no se cumplió con los presupuestos del artículo
271 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que las particularidades del asunto impidieron
determinar con certeza que la indemnización compensatoria respecto de la cual
recaía la solicitud fuera objeto de pronunciamiento en el fallo, además que lo
referente a la eficacia de la renuncia al reintegro condicionado al cumplimiento del
pago no cumplió con la carga de exponer las circunstancias que determinaran la
importancia jurídica o la necesidad de unificar.

Finalmente, manifestó que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de 18 de septiembre de 2025 revocó la decisión del a quo y,
en su lugar, declaró probadas las excepciones de remisión por condonación del
reintegro y el 40% de los intereses moratorios y pago total de la obligación, razón
por la cual declaró terminado el proceso ejecutivo, pues evidenció que la entidad
demandada pago más de lo que se debía.
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3. Fundamentos de la acción

La parte actora afirmó que la acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedencia, pues i) goza de relevancia constitucional, en tanto se compromete
los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, al trabajo, al mínimo vital
y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad
laboral y reparación integral, ii) no cuenta con algún recurso ordinario o
extraordinario idóneo para controvertir la providencia objetada, iii) la solicitud de
amparo se formuló dentro de los 6 meses siguientes a la ejecución de la providencia
de segunda instancia, iv) se identificaron los hechos motivos de reproche y, por
último, v) no se reprocha una decisión de la misma naturaleza.

En primer lugar, indicó que la autoridad judicial accionada, en sentencias de 16 de
octubre de 2025 y de 6 de noviembre de 2025, resolvió casos similares al presente
asunto, y al realizar el contraste evidenció que la misma corporación judicial resolvió
el caso de manera diferente y favorable a la parte ejecutante.

De otro lado, indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto fáctico,
al sustituir la aplicación directa de las consecuencias del escrito de 29 de septiembre
de 2011, relacionada con la renuncia al reintegro y de un porcentaje de los intereses
moratorios bajo una condición de pago.

Afirmó que si la clausula se hubiera aplicado conforme al texto, el pago de 20 de
octubre de 2011 se entendería como parcial, por lo que la renuncia quedó sin
efectos.

Luego, resaltó que en la sentencia objetada se configuró el defecto sustantivo,
pues se inaplicaron los artículos 1536, 1537, 1539 a 1542, 1626 y 1627 del Código
Civil y 428 y 437 del Código General del Proceso.

Igualmente, señaló que se incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación
del precedente judicial, porque la sentencia objetada aplicó la ratio de los casos
con radicados rad. 4829-15 y 2274-16, los que corresponden a proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, para concluir que la renuncia al reintegro extingue
la obligación y la indemnización compensatoria es improcedente, sin embargo,
correspondieron a asuntos diferentes en tanto allí se estudió la indemnización del
artículo 44 de la Ley 909 de 2004 cuando hay renuncia incondicional, mientras que
la renuncia de la demandante era condicional con una cláusula de invalidación, en
el curso de un proceso ejecutivo.

Insistió en que las situaciones jurídicas son incompatibles, por lo que no le resultaba
aplicable la ratio de las mencionadas decisiones, en virtud de la “selección
normativa incorrecta que configura defecto sustantivo”.

Por otra parte, sostuvo que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado incurrió en defecto procedimental absoluto, por cuanto se elaboró una
liquidación que no fue comunicada a las partes de manera previa por lo que no se
pudo objetar, la cual difiere de la liquidación que se realizó en el curso de la primera
instancia por el Tribunal Administrativo de Santander. Agregó que la liquidación que
elaboró la autoridad judicial accionada contiene 6 errores que quedaron plasmados
en la misma sentencia de 18 de septiembre de 2025.

Indicó que esto conllevó que también se configurara el defecto fáctico, pues “la Sala
actuó simultáneamente como liquidadora y jueza de su propia liquidación,
autohabilitándose para elegir la metodología (capital variable), el período de corte
(sept. 30) y los componentes (sin Capital DOS) sin posibilidad de objeción. La
divergencia con la perito del TAS —reconocida en el párr. 145— demuestra que no
era una operación matemática unívoca. Dos expertas llegaron al mismo saldo
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Accionante: Yaneth Reina

negativo (-$15.5M) con metodologías incompatibles e interpretaciones opuestas
sobre su significado”.

Por último, manifestó que se configuró una violación directa de la Constitución,
toda vez que la sentencia adoptó la interpretación desfavorable sin analizar en
ningún párrafo el principio de favorabilidad ni justificar su inaplicación.

4. Oposición

4.1. Respuesta de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado

El consejero ponente de la sentencia objetada pidió que se negaran las
pretensiones de la solicitud de amparo, toda vez que no se configuraron los defectos
alegados.

Afirmó que en la providencia reprochada se analizaron las normas que invoca la
parte actora en el escrito de tutela, cuestión diferente es que se concluyó que no
eran aplicables.

Aseguró que los cálculos se realizaron de acuerdo con los salarios y prestaciones
liquidados por la entidad que, tal como se advierte en la providencia, no fueron
objetados por la aquí solicitante. De cualquier modo, se trató de un ejercicio
matemático que no requería contradicción ni traslado alguno, pues, incluso, la
jurisprudencia ha aceptado que desde el mandamiento de pago el juez puede hacer
las operaciones aritméticas que considere para determinar el cumplimiento o no de
la obligación.

Señaló que, en lo relacionado con el reintegro, se demostró que la entidad pagó a
la solicitante la suma de $256.995.156 el 20 de octubre de 2011, es decir, antes del
plazo otorgado en la renuncia al reintegro radicada el 29 de septiembre de 2011 y,
si bien es cierto que presentó recurso de apelación, no lo es menos que la entidad
desembolsó en su integridad el valor que ella reclamó.

Resaltó que dejó de lado el otro escrito que presentó sobre la invalidación de la
renuncia, pues es cierto que esta fue condicionada al pago de los salarios y
prestaciones, pero también lo es que la entidad cumplió con su obligación de
desembolsar la suma adeudada, e incluso, la totalidad reclamada después en sede
de apelación, en razón a que se trató de un error de cálculo ─no de un
incumplimiento─, máxime si se tiene en cuenta que el propósito de la actora fue
obtener un pronto pago, tal como ocurrió.

Por último, manifestó que las providencias que invoca la accionante en el escrito de
tutela no guarda similitud con el presente asunto, por lo que no resultan aplicables.

4.2. Respuesta de la Gobernación de Santander

El jefe de la Oficina Jurídica solicitó que se desvinculara a la entidad por falta de
legitimación en la causa por pasiva, que se declare la improcedencia de la solicitud
de amparo, por inexistencia de alguna acción u omisión atribuibles como terceros
o, en su lugar, que se nieguen las pretensiones, en tanto no se demostró la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la demandante.

4.3. Respuesta de la Contraloría Departamental de Santander

El jefe de la Oficina Jurídica pidió que se declare la improcedencia de la acción de
tutela, toda vez que no se cumple con los requisitos de la inmediatez y la

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subsidiariedad. Igualmente, solicitó la desvinculación del trámite constitucional por
carecer de legitimación en la causa por pasiva.

Sostuvo que la demandante cuenta con el recurso extraordinario de revisión, en el
que puede plantear los argumentos que presenta en la acción de tutela.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en fallo de 8 de mayo
de 2026 declaró improcedente la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de
la relevancia constitucional.

Sostuvo que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no
incurrió en una interpretación arbitraria o caprichosa. Consideró que efectuó un
análisis integral, razonado y coherente de la normativa aplicable y de las piezas
procesales obrantes en el expediente, de las que concluyó que existió una renuncia
válida tanto al reintegro como al 40 % de los intereses moratorios, porque el pago
por la entidad demandada se realizó el 20 de octubre de 2011.

Afirmó que el estudio realizado le permitió concluir que el error aislado en la
liquidación no tenía la entidad suficiente para desvirtuar la voluntad negocial
expresada por la señora Yaneth Reina, ni para desconocer los efectos jurídicos
derivados de la renuncia, por lo que la decisión adoptada se fundó en una
apreciación concreta y razonable de las circunstancias particulares del expediente.

Por último, aseguró que la autoridad judicial accionada realizó una interpretación
dentro del margen razonable de autonomía judicial y no se observa un
desconocimiento del precedente jurisprudencial invocado, en consecuencia, no es
necesaria la intervención del juez constitucional, máxime cuando la controversia
planteada se circunscribe a la discrepancia de la parte actora con la hermenéutica
adoptada y las conclusiones a las que arribó, lo que no son razones suficientes para
que se aborde de fondo el asunto.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo
cual expuso lo siguiente:

Afirmó que la sentencia impugnada aplicó correctamente el estándar de la
relevancia constitucional, sin embargo, lo implementó de forma incompleta, pues
“en lugar de examinar cada cargo por separado, concluyó en bloque que la
Subsección B realizó un 'análisis integral, razonado y coherente' (núm. 64), sin
verificar si ese análisis fue suficiente respecto de cada uno de los defectos
alegados”.

Resaltó que no se abordaron los defectos procedimental y la violación directa de la
Constitución por omisión del principio de favorabilidad y no fueron estudiados de
fondo en el fallo impugnado.

Indicó que no se examinó si la condición era de cumplimiento literal e integral y la
cláusula de invalidación operaba automáticamente ante pago parcial, lo cual se
propuso en el defecto fáctico.

Por lo demás, reiteró los argumentos planteados en el escrito de tutela referente a
los defectos fáctico, sustantivo, procedimental absoluto y violación directa de la
Constitución.

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En escrito complementario de la impugnación sostuvo que los defectos denunciados
no son inconformidades económicas ni una petición de tercera instancia, sino
anomalías constitucionales concretas, verificables en la sentencia acusada y con
incidencia determinante en el resultado.

Afirmó que “en los numerales 54 a 67 registró la existencia de cargos por defecto
fáctico, defecto sustantivo, violación directa de la Constitución, desconocimiento del
precedente y motivación insuficiente. Sin embargo, en los numerales 64 a 67
concluyó, de manera global, que la Subsección B realizó un análisis integral,
razonado y coherente. Esa conclusión no sustituye la verificación cargo por cargo”.

Indicó que la liquidación judicial sin traslado no es un asunto accesorio, pues tiene
incidencia determinante en la sentencia del proceso ejecutivo, por lo que se debe
verificar si una liquidación no sometida a contradicción podía ser usada como
fundamento exclusivo para declarar el pago total, extinguir la obligación de
reintegro, cerrar el proceso ejecutivo y negar el examen del “Capital DOS” y de la
indemnización de perjuicios compensatorios.

Resaltó que se propone un control de validez constitucional sobre una providencia
que extinguió una ejecución laboral derivada de sentencia en firme mediante una
liquidación no controvertida y una interpretación desfavorable de una renuncia
condicionada, sin análisis del mandato de favorabilidad.

Para terminar, manifestó que en el asunto se debate “la materialización de una
sentencia laboral de reintegro y pago, ejecutoriada desde 2008. La liquidación y la
eficacia de la renuncia condicionada definían si subsistía o no la protección judicial
del trabajo, la reparación económica y la continuidad del proceso ejecutivo. Esa
dimensión impide reducir el debate a una simple diferencia de cuentas”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 8 de mayo de 2026 de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional y, en caso
afirmativo y que cumpla con los demás requisitos generales de procedencia, si la
autoridad judicial accionada incurrió en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, al trabajo, al mínimo vital y de acceso
a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad laboral y
reparación integral de la parte actora.

3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora bien, aun
cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo momento y lugar”, lo que
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podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en cualquier
tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos vulnerados, lo
único cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en cada caso
concreto.

Sin embargo, la Corte Constitucional1 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la negligencia o
indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 2

La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para que
el juez de tutela pueda determinar3, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito
de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de 20164,
así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del
peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia de
presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se produce la
vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos
fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar
el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de
presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se
prolongó; (iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos
de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la
presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos
fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar
dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados
en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos de la
tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la demora
en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en
los derechos de terceros si se declarara procedente”5.

En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-372 de 2024, reiteró los
anteriores criterios para analizar las particulares de cada caso en torno a la
presentación de la acción de tutela dentro de un término oportuno y recordó que no
toda manifestación de una circunstancia especial habilita la procedencia del
mecanismo constitucional, puesto que no basta con la simple afirmación de que el

1
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
2
Ibídem.
3
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006 M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
4
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
5
Ibídem.
7

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interesado no pudo ejercer la solicitud de amparo en un plazo razonable. Al
respecto, sostuvo que “pretender establecer la inmediatez a partir de un hito diferente al
de la fecha de la sentencia de condena y su notificación, como es la respuesta negativa a
una solicitud de libertad, como lo hace el actor, carece de justificación, pues lo que pretende
cuestionarse es la condena y no la negativa de la libertad”.

Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6 estableció,
como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo
máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la sentencia o
providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional7.

4. Estudio y solución del caso concreto

La señora Yaneth Reina presentó acción de tutela contra la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, pues consideró vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, al trabajo, al mínimo vital y de acceso
a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad laboral y
reparación integral, al incurrir en los defectos fáctico, sustantivo, procedimental
absoluto y violación directa de la Constitución, al revocar la decisión favorable de
primera instancia y, en su lugar, declarar probadas las excepciones de remisión por
condonación del reintegro y el 40% de los intereses moratorios, por pago total de la
obligación y declaró terminado el proceso ejecutivo que adelantó contra la
Contraloría Departamental de Santander.

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 8
de mayo de 2026 declaró la improcedencia de la acción de tutela, en tanto no se
cumplió con el requisito general de la relevancia constitucional.

La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual aseguró que el asunto
goza de relevancia constitucional, pues lo que se propone es un estudio de
validación constitucional de la sentencia objetada. Por lo demás, insistió en los
reproches relacionados con los defectos fáctico, sustantivo, procedimental absoluto
y violación directa de la Constitución.

Descendiendo al caso concreto, la Sala confirmará la sentencia impugnada que
declaró la improcedencia de la acción de tutela, pero porque se desatendió el
presupuesto de la oportunidad o inmediatez en la interposición de la solicitud de
amparo.

Conforme da cuenta el expediente del proceso ejecutivo allegado a la acción de
tutela, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
de 18 de septiembre de 2025, declaró terminado el proceso ejecutivo por evidenciar
el pago total de la obligación.

Al respecto, la Sala observa que dicha decisión se remitió por medios electrónicos
el 3 de octubre de 2025, por lo que se entiende notificada el 8 de octubre de 2025,
fecha a partir de la cual se verificará el cumplimiento del requisito de inmediatez.

En atención a lo que se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, el
artículo 86 de la Constitución aclara que la acción de tutela debe procurar la
protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública. Si bien,
la misma disposición establece que se podrá hacer uso de este mecanismo
6
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
7
T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
8

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02700-01
Accionante: Yaneth Reina

constitucional en todo momento, ello no implica que no se deba interponer dentro
de un plazo razonable, pues ello está en consonancia con los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgadas, los cuales, prima facie, se deben resguardar.

Como la solicitud de amparo fue promovida el 9 de abril de 20268, transcurrieron
seis (6) meses y un (1) día entre el momento de la notificación de la decisión que
declaró terminado el proceso ejecutivo, por pago total de mi obligación, adelantado
por la parte actora, término que excede el límite razonable establecido
jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta Corporación, como regla general,
acogido igualmente por la Corte Constitucional.

Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional en diferentes
decisiones ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar
que el plazo razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término
fijo, puede entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe
analizarse en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las condiciones
9
del accionante y los derechos que subyacen en la pretensión” , respecto del cual ha
precisado “que (…) ha entendido que seis meses es un plazo razonable para satisfacer el
10
requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho término es perentorio” .

En ese mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el juez
debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en riesgo la
seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses), lo cierto
es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su fijación se debe acudir a criterios
como el de razonabilidad y proporcionalidad en cuya valoración le corresponde al juez tener
11
en cuenta las circunstancias que caractericen al caso concreto” .

Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la
omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el
tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual. Sin embargo, cuando se trata
de cuestionar providencias judiciales la verificación de este presupuesto se torna
aún más exigente, por lo que no cualquier circunstancia lo excepcionaría cuando
se ha superado el plazo razonable de los seis meses, sino que en cada caso
concreto se deberá efectuar su estudio, siempre con el norte de preservar prima
facie los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

En el presente caso, no se presentaron circunstancias especiales, aunado al hecho
de que la parte actora solo se limitó a señalar que se cumplía con el requisito de la
inmediatez verificado desde la ejecutoria de la decisión objetada, para lo cual se
advierte que, conforme a la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Sección Cuarta,
en armonía con el criterio unificado de la Sala Contencioso Administrativa de esta
Corporación (sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ)), la verificación del presupuesto de la inmediatez debe realizarse
desde la notificación de la providencia que se estima vulneradora de derechos
fundamentales. En consecuencia, no es de recibo el argumento según el cual el
cómputo debía iniciarse desde la ejecutoria de la providencia reprochada.

Finalmente, se advierte que si bien en la decisión impugnada se consideró que la
solicitud de amparo se presentó en un término razonable, lo cierto es que esta Sala
es del criterio que el requisito de la inmediatez se torna más estricto cuando se

8
Acta individual de reparto.
9
Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
10
Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
9

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Accionante: Yaneth Reina

reprochan providencias en virtud de los principios de seguridad jurídica y cosa
juzgada.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia impugnada que declaró
la improcedencia de la acción de tutela, pero por no cumplir con el requisito de la
inmediatez.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia de 8 de mayo de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

10

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