Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02701-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02701-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02701-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02701-01
Accionante: Orlando Castaño Cifuentes y otro1
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Revoca la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción, para en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda por no configurarse los defectos
alegados
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por los señores Orlando Castaño Cifuentes y Gettsy
Cifuentes Erazo por conducto de apoderado judicial, contra la providencia del
veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026), proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela2 y del expediente se colige que el señor Orlando Castaño
Cifuentes instauró una demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra el Municipio de Tuluá, al estimar que dicha entidad mantuvo durante
aproximadamente dos años una medida de embargo sobre sus productos
financieros, pese a que la obligación derivada de una multa de tránsito que había
sido cancelada el 29 de julio de 2019.
3. En la demanda, el actor sostuvo que la permanencia injustificada de dicha
medida cautelar afectó su historial crediticio y su buen nombre financiero, y que,
además, le impidió obtener financiación para cursar una subespecialización en
cardiología, expectativa que afirmó haber visto frustrada como consecuencia de la
actuación de la administración municipal.
4. El asunto fue de conocimiento del Juzgado Tercero Administrativo Oral del
1
Gettsy Cifuentes Erazo
2
Presentado el 9 de abril de 2026
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02701-01
Accionante: Orlando Castaño Cifuentes y otro
Circuito de Buga, el cual, mediante providencia del 25 de noviembre de 20243
declaró la responsabilidad administrativa del Municipio y accedió parcialmente a las
pretensiones indemnizatorias formuladas por los demandantes.
5. Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante
sentencia núm. 267 del 7 de noviembre de 2025,4 resolvió el recurso de apelación
y revocó la decisión de primera instancia, al concluir que no se acreditó el daño
alegado ni la relación entre la permanencia del embargo y la frustración del acceso
a financiación para estudios de especialización.
2.2. Fundamento jurídico
6. Los accionantes estimaron vulnerados sus derechos fundamentales al
“debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al hábeas data y al buen
nombre financiero”, al considerar que la sentencia de 7 de noviembre de 2025
desconoció la protección constitucional de tales garantías al negar las pretensiones
indemnizatorias derivadas de la permanencia injustificada de una medida de
embargo sobre los productos financieros del señor Orlando Castaño Cifuentes.
7. Como primer cargo, alegaron la configuración de un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial pues sostuvieron que el Tribunal
condicionó el reconocimiento de la afectación al hábeas data y al buen nombre
financiero a la demostración del rechazo de un crédito, pese a que, desde la
perspectiva de la parte actora, la vulneración de tales derechos constituyó una
categoría autónoma de daño inmaterial.
8. En consecuencia, adujeron que dicha conclusión desconoció los criterios
expuestos por la Corte Constitucional5 sobre la protección del hábeas data y el buen
nombre financiero, así como los dispuestos por la Sección Tercera de esta
corporación, respecto de los daños derivados de la afectación de bienes
constitucionalmente protegidos.6
9. En ese entendido, sostuvieron que la autoridad judicial accionada confundió
la acreditación de un perjuicio patrimonial asociado a la negativa de financiación
con la afectación autónoma derivada de la permanencia irregular del embargo,
circunstancia que, desde el punto de vista de los actores, vació de contenido la
protección constitucional del hábeas data y del buen nombre financiero reconocida
3
Índice 37 del aplicativo SAMAI, exp. 76111-33-33-003-2023-00161-00.
4
El ad quem abordó como problema jurídico determinar si la permanencia injustificada del embargo había generado un daño
indemnizable susceptible de imputación al Municipio de Tuluá. La Corporación concluyó que sí se encontraba demostrada
una falla en el servicio, dado que el municipio mantuvo vigente la medida cautelar durante cerca de dos años después del
pago de la obligación; sin embargo, señaló que la sola acreditación de dicha falla no resultaba suficiente para estructurar la
responsabilidad patrimonial del Estado. La autoridad judicial precisó que no existían pruebas idóneas y suficientes para
demostrar la pérdida de oportunidad alegada, toda vez que no se acreditó la existencia de una solicitud concreta de crédito,
la negativa de entidades financieras, el programa académico al que aspiraba el demandante ni la relación causal entre la
permanencia del embargo y la frustración del proyecto académico invocado. Con fundamento en ello, revocó integralmente
la sentencia de primera instancia, negó las pretensiones de la demanda por ausencia de daño indemnizable y condenó en
costas a la parte actora. Índice 15 del aplicativo SAMAI, exp.76111-33-33-003-2023-00161-01.
5
Corte Constitucional, Sentencia T-847 de 2010, MP Luis Ernesto Vargas Silva
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, radicación 66001-23-31-000-
2001-00731-01 (32988), C.P. Ramiro Pazos Guerrero
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02701-01
Accionante: Orlando Castaño Cifuentes y otro
en el artículo 157 constitucional y desarrollada por la Ley 1266 de 20088.
10. Igualmente, alegaron configurado un defecto fáctico porque, en su sentir, se
les dio una indebida valoración a las declaraciones rendidas por los señores Manuel
Felipe Cáceres y Julián René Montes Cabrera. Al respecto señalaron que dichos
testimonios no estaban dirigidos a demostrar aspectos técnicos relacionados con
la obtención de un crédito, sino a acreditar el sufrimiento, la aflicción y la afectación
moral que, según afirmaron, produjo la alteración del historial financiero del señor
Orlando Castaño Cifuentes.
11. Asimismo, atribuyeron a la providencia cuestionada un defecto fáctico por la
presunta falta de valoración del certificado de Datacrédito Experian obrante en el
expediente, documento que, en su criterio, acreditaba la existencia de una
anotación de embargo sobre una de sus obligaciones financieras y evidenciaba la
afectación de su historial crediticio pese a que las demás obligaciones registraban
estado satisfactorio de pago.
2.3. Pretensiones
12. Con fundamento en lo anterior, solicitaron:
«PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al: 1) debido proceso (Art.
29 C.P.), 2) acceso a la administración de justicia (Art. 229 C.P.), 3) Habeas Data
y buen nombre financiero (Art. 15 C.P) desarrollado por la Ley Estatutaria 1266 de
2008. Vulneraciones incurridas en la Sentencia del 07 de noviembre de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, conforme a las
causales desarrolladas en los acápites: (…)
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia del 07 de noviembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de
reparación directa radicado 76111-33-33-003-2023-00161-01 y se le otorgue un
plazo razonable a dicha corporación para que profiera una nueva sentencia de
segunda instancia en la que subsane las irregularidades sustantivas y fácticas que
fueron objeto de tutela.» (SIC en toda la cita)
2.4. Intervenciones
13. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, mediante auto del 14 de abril de 20269 a través del cual ordenó
notificar como accionado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y como
terceros interesados en el resultado del proceso al Juzgado Tercero Administrativo
de Buga, al Municipio de Tuluá y a los señores Orlando Castaño Méndez, Sebastián
Castaño Cifuentes, Nina Erazo Gómez y Gonzalo Cifuentes.
14. Asimismo reconoció personería al abogado de la parte tutelante en los
términos previstos en el poder conferido para tal fin.
7
Constitución Política de Colombia, artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su
buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en
la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas
o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o
judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de
contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.
8
Ley 1266 de 2008. - Parcialmente Reglamentada por el Decreto 1081 de 2015. Ley estudiada por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-1011 de 2008, “por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo
de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la
proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”.
9
Índice 4 del aplicativo SAMAI
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Accionante: Orlando Castaño Cifuentes y otro
2.4.1. El Municipio de Tuluá10 solicitó su desvinculación del trámite aduciendo
carecer de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que la presunta
vulneración de derechos fundamentales provenía exclusivamente de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y no de una actuación
atribuible a la entidad territorial.
15. Adicionalmente, sostuvo que la providencia cuestionada se dictó con
fundamento en una valoración integral de las pruebas recaudadas y que los
accionantes pretendían reabrir una controversia ya decidida en sede ordinaria,
utilizando la acción de tutela como una tercera instancia.
16. Finalmente, afirmó que no se configuraban los requisitos generales ni las
causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
cuanto el Tribunal estudió el material probatorio, motivó su decisión y concluyó
razonadamente que no se acreditó el daño cuya reparación se reclamaba.
2.4.2. No se rindieron más informes.
2.5. Sentencia impugnada11
17. La Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud
de amparo, al concluir que no satisfizo el requisito de relevancia constitucional
exigido para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
18. Al respecto, señaló que la tutela no constituía una instancia adicional para
reabrir debates propios del proceso ordinario ni un mecanismo destinado a
controvertir la valoración probatoria efectuada por el juez natural.
19. Bajo esa premisa, consideró que la parte actora no demostró una afectación
directa de derechos fundamentales derivada de la providencia cuestionada, puesto
que sus cuestionamientos se limitaron a expresar una inconformidad con las
conclusiones probatorias alcanzadas por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, sin plantear un problema jurídico autónomo de naturaleza constitucional.
2.5. Impugnación12
20. La parte accionante consideró que el a quo erró al descartar la relevancia
constitucional del asunto sin examinar el contenido material de los cargos
formulados. Sostuvo que la controversia no versaba sobre una simple
inconformidad con la decisión judicial, sino sobre presuntas vulneraciones de los
derechos fundamentales al hábeas data, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
21. En ese sentido, insistió en que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
incurrió en un defecto sustantivo al exigir la prueba del rechazo de un crédito para
reconocer la afectación al hábeas data y al buen nombre financiero, pese a que, en
el sentir de la parte actora, la Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2014 y
10
Índice 10 del aplicativo SAMAI.
11 Índice 14 del aplicativo SAMAI
12 Índice 18 del aplicativo SAMAI
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Acción De Tutela
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Accionante: Orlando Castaño Cifuentes y otro
la Sentencia T-847 de 2010 reconocían la existencia de un daño autónomo derivado
de la vulneración de tales derechos. Asimismo, afirmó que la permanencia
injustificada del embargo durante dos años constituyó, por sí misma, una afectación
constitucionalmente relevante.
22. Finalmente, reiteró sus planteamientos sobre la presunta configuración de
los defectos alegados. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revocara la
sentencia de primera instancia.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
23. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 del 201913 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. Delimitación del objeto de estudio
24. La Sala estima pertinente delimitar el alcance del control constitucional que
ejercerá en esta oportunidad, en el caso que se supere el requisito de relevancia
constitucional que no fue acreditado en primera instancia.
25. Al respecto, se advierte que los accionantes atribuyen a la sentencia del 7
de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, así como de dos defectos fácticos relacionados con la valoración de las
declaraciones testimoniales y del certificado de Datacrédito Experian aportado al
proceso de reparación directa.
26. No obstante, esta Subsección encuentra que únicamente el cargo referido al
presunto defecto sustantivo fue objeto de una sustentación adecuada, en la medida
en que los accionantes formularon una censura concreta dirigida a cuestionar la
regla jurídica aplicada por la autoridad judicial demandada. Por consiguiente, el
análisis de fondo se circunscribirá a dicho reproche.
27. En ese entendido, los accionantes identificaron el razonamiento contenido
en la providencia cuestionada, según el cual la afectación al hábeas data y al buen
nombre financiero requería la acreditación del rechazo de un crédito, y lo
confrontaron con el entendimiento jurisprudencial que adujo reconoce la autonomía
del daño derivado de la vulneración de tales derechos.
28. Por el contrario, con relación al reproche formulado respecto de la valoración
de las declaraciones testimoniales, la parte actora se limitó a cuestionar el alcance
probatorio que el Tribunal les atribuyó al resolver la controversia. Así las cosas, la
argumentación propuesta no evidencia el desconocimiento de tales medios de
convicción, la alteración de su contenido ni la adopción de conclusiones
13 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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ostensiblemente contrarias a lo que objetivamente se desprende del material
probatorio incorporado al expediente.
29. Ahora bien, la misma conclusión se impone respecto del cargo relacionado
con el certificado de Datacrédito Experian, pues aunque los accionantes afirmaron
que dicho documento fue desatendido por la autoridad judicial, su planteamiento se
orientó realmente a controvertir las inferencias probatorias efectuadas por el
Tribunal, sin exponer de manera concreta las razones que permitan establecer que
la prueba fue excluida del análisis o que su contenido fue desconocido de forma
manifiesta.
30. En consecuencia, la Sala circunscribirá el estudio al cargo relativo al
presunto defecto sustantivo, por ser el único respecto del cual se formuló una
censura concreta, específica y suficientemente articulada contra la fundamentación
jurídica de la providencia cuestionada.
3.3. Problema jurídico
31. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la sentencia
del 7 de noviembre de 2025 que revocó la sentencia del 25 de noviembre de 2024
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga14 incurrió en un defecto
sustantivo y con ello en la vulneración de los derechos fundamentales al “debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, al hábeas data y al buen nombre
financiero” de la parte actora. Previamente, deberá verificarse el cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, en particular, el de relevancia constitucional que no consideró acreditada la
primera instancia.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
32. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
33. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
14
Que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
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34. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
35. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
36. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues, no habían transcurrido más
de 6 meses desde que se profirió la decisión cuestionada lo cual ocurrió el día el 7
de noviembre de 2025, toda vez que la acción de tutela fue interpuesta el 9 de abril
de 2026.
3.4.1.4. Contrario a lo sostenido en la sentencia de primera instancia, el asunto por
resolver es de relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer
una posible vulneración iusfundamental al “debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al hábeas data y al buen nombre financiero” de la parte
actora derivada de la presunta configuración de un defecto sustantivo en la
providencia cuestionada, el cual se fundamentó razonablemente.
37. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
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3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
38. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente aplicables al
caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que contraría los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla
definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo se configura
cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta contraria a
los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»15.
39. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en
los cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad de
las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial
respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso
determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave
en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con
efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la
que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el
fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los jueces
dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia judicial
para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta.
Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia,
la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los
valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte
en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda
el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada
y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad,
(iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada
inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma
aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador»16.
40. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que
15
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.
16
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció
la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una
sentencia con efectos erga omnes.
4. Análisis del caso concreto
41. La Sala advierte de entrada que no se configuró el defecto alegado por la
parte actora.
42. En efecto, los accionantes atribuyeron a la providencia cuestionada un
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, pues consideraron que el
Tribunal entendió que la afectación al hábeas data y al buen nombre financiero
únicamente podía tenerse por demostrada si se acreditaba el rechazo de una
solicitud de crédito17. No obstante, la sentencia controvertida revela que la decisión
se sustentó en la ausencia de prueba del daño alegado y no en la adopción de una
regla jurídica contraria al precedente invocado.
43. En ese entendido, el Tribunal identificó como punto central de la controversia
la acreditación del daño alegado por los demandantes y recordó que, conforme al
régimen de responsabilidad extracontractual del Estado, la simple demostración de
la falla del servicio18 no resulta suficiente para imponer una condena indemnizatoria.
44. Ahora bien, contrario a lo sostenido por la parte actora, la providencia no
estableció una regla jurídica según la cual la vulneración del hábeas data
únicamente pueda configurarse cuando exista rechazo formal de una solicitud
crediticia. Lo que concluyó fue que, en las particulares circunstancias del caso, no
se acreditó el daño19 cuya reparación se pretendía obtener.
45. Bajo esa misma línea argumentativa, el Tribunal examinó el material
probatorio20 recaudado y encontró que no existían elementos que permitieran
establecer con certeza cuál era el programa académico al que aspiraba ingresar el
demandante, ni las gestiones concretas adelantadas para obtener la financiación
correspondiente.
46. Asimismo, la autoridad judicial valoró los testimonios practicados en el
proceso y concluyó razonadamente que estos únicamente daban cuenta de la
intención21 del actor de adelantar estudios de posgrado, mas no de la efectiva
negativa de una entidad financiera a otorgarle un crédito.
47. Tampoco se advierte que el Tribunal hubiera desconocido el precedente
17
El Tribunal entendió que el daño cuya reparación se pretendía estaba asociado a la imposibilidad de obtener financiación
para adelantar estudios de subespecialización en cardiología; sin embargo, concluyó que tal circunstancia no fue acreditada
dentro del proceso.
18
Providencia del Tribunal. - “27. La demostración de la falla en el servicio no es suficiente para declarar la
responsabilidad del Estado. Se requiere, además, la demostración de un daño.” Negrillas y subrayas de esta Sala.
19
Ibidem. - “2. No se demostró que la permanencia, sin justa causa, de una medida de embargo impidió al señor Orlando
Castaño Cifuentes obtener un crédito para financiar estudios de especialización en cardiología. Como no demostró el daño
no se puede imputar responsabilidad al municipio de Tuluá”.
20
Ibidem. - “31. La demanda nada dice sobre el programa de estudios al que aspiraba el demandante y requisitos. No es
suficiente que afirme que era una subespecialización en cardiología.”
21
Ibidem. - “La prueba testimonial solo demuestra el deseo del demandante de estudiar un postgrado en cardiología, pero
no el rechazo del crédito para financiar un determinado plan de estudios.”
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02701-01
Accionante: Orlando Castaño Cifuentes y otro
invocado por los actores sobre la autonomía de los daños derivados de la afectación
de bienes constitucionalmente protegidos pues la sentencia censurada no negó la
existencia abstracta de esa categoría de perjuicios22, sino que concluyó que, en el
caso concreto, no se acreditó el supuesto fáctico que sustentaba la reclamación
indemnizatoria.
48. Debe recordarse entonces que, para que se configure un defecto sustantivo
por desconocimiento de la ratio decidendi de una sentencia con efectos erga
omnes, se exige la omisión de una consideración decisional aplicable al caso o un
apartamiento injustificado de esta. No obstante, los accionantes no identificaron una
subregla concreta ignorada por el Tribunal, sino que discreparon de la valoración
efectuada respecto de la insuficiencia del material probatorio para demostrar el
daño alegado.
49. De hecho, la providencia cuestionada evidencia que el Tribunal examinó
expresamente la temática relacionada con el hábeas data financiero y el buen
nombre crediticio, pero concluyó que la afectación alegada no alcanzó el estándar
probatorio23 exigido para comprometer la responsabilidad patrimonial de la entidad
demandada.
50. Así las cosas, la interpretación24 adoptada por la autoridad judicial accionada
se encuentra dentro del ámbito de autonomía que la Constitución y la ley reconocen
a los jueces para apreciar los hechos y aplicar las normas al caso concreto. En
consecuencia, no puede calificarse como arbitraria, irrazonable o abiertamente
contraria al ordenamiento jurídico.
51. En tales condiciones, la Sala encuentra que el defecto sustantivo alegado no
se configura, pues la sentencia cuestionada no desconoció norma alguna aplicable
al asunto, no realizó una interpretación contraevidente del ordenamiento ni se
apartó injustificadamente de un precedente vinculante. Lo que revela la solicitud de
amparo es, esencialmente, una inconformidad frente a las conclusiones jurídicas y
probatorias alcanzadas por el juez natural.
52. En consecuencia, al no evidenciarse desconocimiento de las normas
aplicables, ni una interpretación contraevidente del ordenamiento jurídico, ni un
apartamiento del procedimiento legalmente establecido ni una ausencia de
motivación, la Sala concluye que la providencia del 7 de noviembre de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no incurrió en el defecto
invocado por la parte accionante, razón por la cual no se acreditó vulneración
alguna de los derechos fundamentales invocados en protección.
53. En ese orden de ideas, lo planteado por la parte accionante corresponde, en
realidad, a una discrepancia frente a la interpretación jurídica adoptada por el juez
natural, lo cual no habilita la intervención del juez de tutela.
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia
22
Providencia del Tribunal. - “36. Así no se demostró que la prolongación sin justa causa del embargo dañó el derecho al
buen nombre crediticio (habeas data financiero) al no acreditarse el rechazo de su solicitud con base en ese reporte.”
23
“Ibidem. - 33. Tampoco se probó que el sistema financiero negó un crédito por la medida de embargo”.
24
Ibidem. - 38. En conclusión, la parte actora incumplió la carga probatoria de demostrar el daño por el cual demandó
indemnización e inobservó el artículo 167 del Código General del Proceso que exige “a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02701-01
Accionante: Orlando Castaño Cifuentes y otro
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia del veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis
(2026), proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual
se declaró improcedente la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional, para en su lugar,
Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta los señores
Orlando Castaño Cifuentes y Gettsy Cifuentes Erazo por conducto de apoderado
judicial, por los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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