Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02702-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02702-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02702-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02702-01
Accionante: José Monsalvo Rangel
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro de un proceso
disciplinario1
Decisión: Revocar la decisión de declarar improcedente la acción de tutela
para, en su lugar, negar el amparo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 12 de junio de
2026 proferida por la Sección Primera del Concejo de Estado que declaró
improcedente la acción de tutela.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El Juzgado Séptimo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali solicitó que
se investigara al señor José Monsalvo Rangel, toda vez que actuando en
representación del señor Alirio Franco Caicedo, promovió un hábeas corpus, en el
que afirmó que el Juzgado Veintiocho Penal Municipal con Función de Control de
Garantías había declarado ilegal la captura realizada el 10 de abril de 2021 y
ordenado su libertad inmediata. Sin embargo, en el trámite se demostró que tal
afirmación era falsa.
3. El proceso disciplinario correspondió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
del Valle del Cauca, autoridad que, mediante sentencia del 28 de febrero de 2025
resolvió declarar disciplinariamente responsable al señor José Monsalvo Rangel
infringir el deber previsto en el numeral 6.° del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 e
incurrir en la falta disciplinaria contemplada en el numeral 10.° del artículo 33 ibidem,
a título de dolo y, sancionar con suspensión del ejercicio de la profesión por el término
de dos meses.
4. Inconforme el accionante promovió un incidente de nulidad y un recurso de
apelación contra la anterior decisión. En sede de apelación, la Comisión Nacional de
1
Acción de tutela promovida el 9 de abril de 2026
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Disciplina, a través de sentencia del 26 de marzo de 2026 resolvió negativamente la
solicitud de nulidad y confirmó la decisión impugnada.
5. Indicó que se demostró en trámite del proceso disciplinario que el señor Monsalvo
Rangel fue quien presentó el habeas corpus, en cuyo escrito aparecían consignados
su nombre, su número de cédula y su tarjeta profesional, además de anexarse copia
de dichos documentos de identidad y de la tarjeta profesional, elementos que
permitían establecer que el disciplinable fue quien elaboró y radicó la acción
constitucional, asumiendo la autoría del contenido que allí se consignó y empleando
su condición de abogado para sustentar hechos que no correspondían a la realidad
procesal.
2.2. Fundamento jurídico
6. Del escrito de la demanda de tutela, la Sala observa que, la parte actora alegó una
vulneración al debido proceso como consecuencia de un defecto procedimental
absoluto porque el trámite del proceso disciplinario no se le notificó a la dirección
electrónica dispuesta para tal fin, lo que, a su juicio, le impidió ejercer su derecho de
defensa técnica y principio de contradicción.
7. Adicionalmente, indicó que fue suplantado por una persona que utilizó su nombre,
cédula y tarjeta profesional para actuar como abogado en distintos procesos
adelantados en los departamentos del Valle del Cauca y Quindío.
2.3. Pretensiones
8. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«Solicito muy respetuosamente que se ha violado los derechos
fundamentales como el artículo 25 de nuestra Constitución Colombiana el
Derecho al trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas
sus modalidades, de la especial protección del Estado, toda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las
leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente
y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a
la asistencia de un abogado escogido por el, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso publico sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces
por el mismo hecho Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso.
Por todas las consideraciones anteriores solicito muy respetuosamente LA
NULIDAD DE TODO EL PROCESO DE LA COMISION NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL Y DE LA COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL
DEL VALLE DEL CAUCA.» (Sic)
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2.4. Intervenciones
9. La acción de tutela de la referencia fue inadmitida por la Sección Primera del
Consejo de Estado mediante proveído del 16 de abril de 2026, luego de subsanada
la demanda, a través de auto del 5 de mayo de la presente anualidad fue admitida y,
en consecuencia, ordenó notificar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca como accionados y
a la Fiscalía General de la Nación – Seccional Magdalena en calidad de tercero con
interés.
10. La Comisión Nacional de Disciplina pidió que se niegue el amparo porque no
ha vulnerado los derechos fundamentales invocados en protección, en la medida que
notificó la decisión de segunda instancia a la dirección electrónica que se encontraba
en el Sistema de Información de Registro Nacional de Abogados – SIRNA.
11. De otra parte, señaló que la presunta suplantación fue evaluada en la sentencia
cuestionada. Sin embargo, no se acreditó; así como tampoco se demostró la
existencia de irregularidades que justificaran la nulidad del proceso disciplinario.
12. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca solicitó que
se niegue el amparo porque las notificaciones surtidas en el proceso disciplinario se
adelantaron, de conformidad a lo preceptuados en la Ley 1123 de 2007, esto es,
utilizando el correo electrónico registrado oficialmente en el SIRNA y en el aportado
en el habeas corpus.
13. Agregó que ante la incomparecencia del togado se surtieron los emplazamientos
legales, se le declaró persona ausente y se le designó defensora de oficio, por ende,
no vulneró el debido proceso.
14. La Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena requirió ser desvincula del
presente trámite, toda vez que remitió por competencia «la petición objeto del
presente trámite (…) a la Fiscalía 09 Local de Cartagena y a la Seccional Bolívar».
15. La Fiscalía 09 Local Seccional Bolívar no rindió informe al respecto, pero
remitió copia de la denuncia penal.
16. No se rindieron más informes.
2.5. Sentencia impugnada
17. La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia del 12 de junio de
2026 resolvió acceder a la solicitud de desvinculación promovida por la Dirección
Seccional de Fiscalías del Magdalena, declarar improcedente la acción de tutela por
falta del requisito de relevancia constitucional y exhortar a la Fiscalía General de la
Nación – Fiscalía Novena Local de Cartagena para que, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, adelantara con la mayor celeridad posible
las actuaciones investigativas relacionadas con los hechos objeto del presente
mecanismo constitucional.
18. Indicóque la controversia planteada por el accionante estaba orientada a
cuestionar la valoración probatoria realizada por el juez natural y replantear los
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argumentos expuestos en la solicitud de nulidad y en el recurso de apelación dentro
del proceso disciplinario, particularmente, lo relacionado con las notificaciones
efectuadas y la presunta ocurrencia de suplantaciones en diversas actuaciones
judiciales, con el propósito de controvertir las conclusiones a las que arribó la
autoridad disciplinaria accionada, asuntos que fueron objeto de análisis expreso en
la providencia cuestionada.
19. En ese sentido, precisó que la inconformidad expuesta reflejaba un desacuerdo
con el criterio jurídico y probatorio adoptado en la providencia cuestionada, mas no
la configuración de una actuación arbitraria, caprichosa o abiertamente irrazonable
que habilite la intervención excepcional del juez de tutela, razón por la que la acción
de tutela era improcedente, pues, no cumplía con el requisito de relevancia
constitucional.
20. Sin perjuicio de lo anterior, exhortó a la Fiscalía Novena Local de Cartagena para
que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, adelantara con la
mayor celeridad posible las actuaciones investigativas relacionadas con los hechos
objeto de la presente acción de tutela, en el marco del proceso con radicado
471896001024202310934, teniendo en cuenta que el accionante presentó una
denuncia penal por presunta suplantación de su identidad, pero aún se encontraba
en curso.
2.6. Impugnación
21. La parte actora después de insistir en los argumentos de la demanda de tutela
manifestó que el presente asunto reviste de relevancia constitucional como
consecuencia de la vulneración del debido proceso, trabajo, defensa y contradicción.
22. Con ocasión de lo anterior, solicitó que se revoque la decisión de primer grado y,
en consecuencia, se accedan a las pretensiones del amparo.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
23. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas concordantes.
3.3. Problema jurídico
24. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si la Comisión Nacional de Disciplina al proferir la sentencia del 26 de marzo de
20263, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y trabajo, al incurrir en
el defecto procedimental absoluto.
2 Reglamento interno del Consejo de Estado.
3
Es menester advertir que, si bien la parte actora pretende a través del presente mecanismo constitucional
infirmar el auto del 11 de diciembre de 2025, lo cierto es que su reproche se encuentra dirigido a la decisión del
22 de febrero de 2024, razón por la que la Sala estima necesario pronunciarse solo respecto de esta última, la
cual quedó ejecutoriada el 16 de enero de 2026.
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3.4. Procedencia de la acción de tutela
25. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades
o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto
anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para
hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de
residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
26. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de
ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la carta le impone.
27. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado
equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de
los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de
los derechos constitucionales fundamentales.
28. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
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que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.5.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde que fue proferida de la providencia objeto de cuestionamiento, esto es,
el 26 de marzo de 2026 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 9 de abril
de 2026.
3.4.1.4. Ahora, contrario a lo manifestado por el juez constitucional de primera
instancia el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia de una vulneración al debido proceso porque en el trámite del proceso
disciplinario no se le notificó a la dirección electrónica dispuesta para tal fin, lo que,
a su juicio, le impidió ejercer su derecho de defensa técnica y principio de
contradicción. Asimismo, teniendo en cuenta que alega que fue suplantado por una
persona quien utilizó su nombre, cédula y tarjeta profesional para actuar como
abogado en distintos procesos adelantados en los departamentos del Valle del
Cauca y Quindío.
29. Visto lo anterior, la Sala procede a revocar la decisión de primer grado que declaró
improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional
para, en su lugar, resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto procedimental absoluto como causal de procedibilidad de
tutela contra providencia judicial
Al respecto, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la autoridad que
ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen del procedimiento
judicial establecido4. La jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto
puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental absoluto, y (ii)
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto5.
En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte Constitucional
que este se materializa cuando el o los administrador(es) de justicia: «[…] “se
aparta[n] por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de
un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente ajeno
al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n] etapas sustanciales del
procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y
contradicción de una de las partes del proceso” 6 o porque iii) “pasa[n] por alto realizar
el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y
contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los
4 Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
5 Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
6 Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
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hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus
pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales” 7
[…]».
Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un error
procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el
fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no
se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la
irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la
situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren
derechos fundamentales8.
3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto procedimental absoluto
en el caso concreto
30. La parte actora alega que una vulneración al debido proceso como consecuencia
de un defecto procedimental absoluto porque el trámite del proceso disciplinario no
se le notificó a la dirección electrónica dispuesta para tal fin, lo que, a su juicio, le
impidió ejercer su derecho de defensa técnica y principio de contradicción.
31. Asimismo, indica que fue suplantado por una persona que utilizó su nombre,
cédula y tarjeta profesional para actuar como abogado en distintos procesos
adelantados en los departamentos del Valle del Cauca y Quindío
32. Sobre el particular, se tiene que la Comisión Nacional de Disciplina, en la
providencia cuestionada, consideró:
«Dicho lo anterior, de las pruebas que obran en el expediente se constató que,
mediante auto del veintiocho (28) de enero de 202113, la primera instancia solicitó a
la Unidad de Registro Nacional de Abogados certificar los datos actualizados del
abogado MONSALVO RANGEL, no obstante, en el documento identificado como pdf
08ConsultaSirna20210113014 obra una imagen en la cual se evidencian los datos del
investigado, figurando como correo electrónico el siguiente:
josemonsalvorangel@hotmail.com.
Seguidamente, se profirió auto de apertura el veintisiete (27) de septiembre de 202115
en contra del disciplinado JOSÉ MONSALVO RANGEL, identificado con cédula No.
12.619.040 y portador de la T.P. No. 58.908, para que compareciera a la audiencia de
pruebas y calificación provisional programada para el siete (7) de febrero de 2022,
dicha actuación fue notificada el veintiuno (21) de enero de 2022 al correo electrónico
josemonsalvorangel@hotmail.com.
En audiencia del siete (7) de febrero de 202216, el despacho dejó constancia de que
el disciplinable no se hizo presente, razón por la cual se dio aplicación al parágrafo del
artículo 104 de la Ley 1123 de 2007 (…).
No obstante, ante la incomparecencia, la primera instancia designó como defensora
de oficio a la doctora María Juliana Nader Cárdenas, quien no asistió a la audiencia
del veinticinco (25) de agosto de 2023, motivo por el cual se compulsaron copias y fue
7 Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
8 Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770
de 2014.
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relevada del cargo, en su reemplazo se designó al doctor Esteban González Cardona,
quien continuó con la defensa del investigado MONSALVO RANGEL.
En consecuencia, no se evidencia vulneración alguna al derecho fundamental al
debido proceso, puesto que la notificación no se realizó al correo
epigmelio20@gmail.com como lo afirma el apelante debido a que esa dirección no
reposaba en los registros oficiales para la época de los hechos, por el contrario, la
primera instancia acudió al mecanismo legalmente previsto y solicitó a la Unidad de
Registro Nacional de Abogados (SIRNA) la información actualizada del disciplinado,
entidad que certificó como correo registrado el siguiente:
josemonsalvorangel@hotmail.com , siendo esta la dirección utilizada para las
notificaciones correspondientes.
La supuesta suplantación
El apelante sostuvo que no pudo haber participado en las actuaciones atribuidas, pues
afirma no conocer la ciudad de Cali ni haber viajado nunca a ese lugar, señalando que
toda su actividad profesional y personal siempre se había desarrollado en Santa Marta
y el Magdalena (…).
Sin embargo, en auto del veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026) se
ordenó la práctica de pruebas en segunda instancia y, una vez recibido el proceso
radicado bajo el número 760012502000202101130 01 el dos (2) de marzo de 2026, se
incorporaron al expediente disciplinario las siguientes actuaciones (…).
Igualmente, se ordenó allegar en segunda instancia la denuncia penal interpuesta por
el abogado MONSALVO RANGEL, de la cual se desprendió que en el marco de la
investigación penal identificada con el NUC 471896001024202310934, se tiene que el
veintiuno (21) de noviembre de 2023 JOSÉ MONSALVO RANGEL presentó denuncia
escrita por el delito de falsedad personal, la cual fue registrada formalmente el
veintitrés (23) de noviembre de 2023, informando la suplantación de su identidad en
diversas ciudades del país y dejando como datos de contacto el correo
epigmelio20@gmail.com y el teléfono (…), posteriormente, el diecinueve (19) de
febrero de 2024, la Fiscalía 09 de Cartagena emitió la Orden de Policía Judicial No.
10094867 con el fin de entrevistarlo e iniciar la individualización del presunto
suplantador, adelantándose contactos telefónicos en los cuales el denunciante
confirmó la suplantación de identidad.
El veintinueve (29) de abril de 2024, el CTI rindió informe dejando constancia de los
intentos de ubicación, la existencia de documentos que acreditan la suplantación y la
imposibilidad de identificar plenamente al responsable al no conocerse su identidad
real, más adelante, el veintiocho (28) de julio de 2025, se expidió la OPJ No. 11958113
ordenando nuevamente la ubicación y entrevista del denunciante, verificando
direcciones, redes sociales y bases de datos oficiales debido a las dificultades para
contactarlo.
El cuatro (4 ) de octubre de 2025, la Fiscalía le recibió entrevista formal en la que
manifestó no ejercer en las ciudades donde figura comprometido, afirmó ser víctima
de suplantación desde hacía varios años e identificó como posible suplantador a un
individuo llamado Fernando Mayorquín García, aportando evidencia documental y
audiovisual en apoyo de su dicho, entre septiembre y octubre de 2025, entidades
oficiales como ADRES y Mutualser confirmaron los datos reales del denunciante,
incluyendo el correo epigmelio20@gmail.com, su identificación y afiliación en Santa
Marta, finalmente el quince (15) de diciembre de 2025, la Fiscalía emitió la OPJ No.
12466769 para ubicar al señalado Fernando Mayorquín García, ordenando búsquedas
en bases oficiales, redes sociales y verificaciones de residencia, además de
coordinarse con la víctima para nuevos aportes de información, siendo esta la última
actuación que se desprende del expediente penal.
(…)
En consecuencia, del análisis integral de las pruebas anteriormente relacionadas, no
es posible afirmar que el aquí investigado haya sido objeto de suplantación, como lo
sostiene en su recurso de apelación, obsérvese que, desde la presentación de la
denuncia penal en noviembre de 2023, la Fiscalía adelantó múltiples actuaciones
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Accionante: José Monsalvo Rangel
orientadas a ubicarlo y recibir su testimonio; sin embargo, solo hasta el cuatro (4) de
octubre de 2025 fue posible practicar la entrevista formal al abogado MONSALVO
RANGEL, ello obedece a que, pese a los datos de contacto aportados por él mismo
en su querella incluidos dirección, correo electrónico y número telefónico no fue posible
su ubicación durante un lapso superior a un (1) año y diez (10) meses, circunstancia
que evidencia inconsistencias relevantes entre su alegación de una suplantación
permanente y su propia disponibilidad para colaborar de manera oportuna con la
autoridad penal.
Aunado a lo anterior, tampoco se allegó elemento alguno que permita vincular la
supuesta suplantación con la actuación objeto del presente proceso disciplinario, ya
que la sola existencia de una denuncia penal no conectada probatoriamente con los
hechos analizados no tiene la entidad suficiente para generar una duda razonable,
seria y objetivamente fundada sobre la autoría de la acción constitucional que dio
origen a la compulsa de copias, por el contrario, en el expediente de hábeas corpus
reposan documentos suscritos con el nombre, la cédula y la tarjeta profesional del
disciplinado, aportados en el mismo trámite, lo que permite atribuirle con certeza la
autoría de dicha actuación.
En ese orden, la hipótesis de suplantación permanece en el plano meramente
afirmativo, sin respaldo probatorio que permita configurar una incertidumbre
insuperable, por tal razón, no se activa el principio in dubio pro disciplinado, pues la
duda que se plantea no es razonable ni se deriva del acervo probatorio, sino
exclusivamente de la manifestación unilateral del disciplinado, carente de correlato
fáctico en el proceso.
(…)»
33. De las transcripciones la Sala considera que la autoridad judicial no incurrió en
ninguna irregularidad procesal, puesto que, contrario a lo manifestado por la parte
actora en la demanda de tutela, no se observa que se apartó del procedimiento
establecido en la Ley 1123 de 2007; así como tampoco se avizora que hubiere
pretermitido alguna etapa esencial del proceso disciplinario.
34. Sobre el particular, se advierte que antes de dar apertura a la investigación el
despacho judicial accionado requirió a la Unidad de Registro Nacional de Abogados
para que certificara los datos del señor José Monsalvo Rangel.
35. Ahora, en respuesta a dicha solicitud esa dependencia le informó que la dirección
electrónica registrada era josemonsalvoangel@hotmail.com, razón por la que en el
auto de apertura y en la citación a la audiencia de pruebas y calificación provisional
se indicó ese correo electrónico para efecto de las notificaciones.
36. Conforme a lo anterior, se puede advertir que la dirección electrónica utilizada
para efectuar las notificaciones no fue obtenida de manera arbitraria, puesto que
dicha información reposaba en SIRNA.
37. En ese contexto, también se observa que, ante la incomparecencia del
accionante, la autoridad judicial accionada aplicó lo preceptuado en el parágrafo del
artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, en consecuencia, le asignó un abogado de
oficio, de modo que, no se acredita que el trámite hubiera continuado sin
representación judicial o que hubiese sido indiferente ante la necesidad de
garantizarle la defensa técnica.
38. Ahora bien, en cuanto a la suplantación no se advierte una actuación arbitraria o
carente de motivación, en la medida que en el trámite de segunda instancia,
inclusive, se ordenó la práctica de pruebas y se incorporaron las actuaciones
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Accionante: José Monsalvo Rangel
adelantadas dentro de la investigación penal por el delito de falsedad personal;
asimismo, examinó la denuncia presentada por el actor, las órdenes de policía
judicial, los informes del CTI, la entrevista recibida el 4 de octubre de 2025 y la
información suministrada por distintas entidades acerca de sus datos personales y
de contacto.
39. Lo que le permitió inferir que, aunque existía una denuncia penal por una posible
suplantación, no se había acreditado una relación concreta entre esa circunstancia
y la actuación que dio origen al proceso disciplinario, particularmente, hizo referencia
a que en el expediente de hábeas corpus obraban documentos suscritos con el
nombre, número de identificación y tarjeta profesional del disciplinado, mientras que
las actuaciones penales aportadas no permitían identificar al responsable ni
establecer que la eventual utilización indebida de sus datos comprendiera
específicamente aquel trámite judicial.
40. En suma, la Sala concluye que en el presente asunto no se advierte que la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial se hubiera apartado por completo del
procedimiento legalmente establecido ni que hubiese privado al actor de toda
posibilidad de defensa, en la medida que las actuaciones surtidas al interior del
proceso disciplinario fueron comunicadas al correo certificado por el Registro
Nacional de Abogados, se garantizó su representación mediante defensor de oficio
y la alegación de suplantación fue examinada y resuelta de manera motivada en la
decisión que se pretende infirmar a través del presente mecanismo constitucional.
41. Así las cosas, la Sala considera que en el presente asunto no se evidencia que la
autoridad judicial hubiera omitido una etapa esencial del proceso o desconocido las
formas propias del juicio como lo alega la parte actora en la demanda.
42. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece del defecto
procedimental absoluto, sino que la parte accionante se encuentra inconforme con
la interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la
finalidad prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez
constitucional.
43. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez9, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso.
44. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a negar
el amparo deprecado, por las consideraciones expuestas en la presente providencia.
45. De otra parte, es menester indicar que, en el presente asunto no se encuentra
acreditado que la Fiscalía Novena Local de Cartagena actuó con negligencia y
desidia frente a sus deberes constitucionales y legales, en el caso de autos, como
9
Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
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quedó visto, la denuncia se presentó en noviembre 2023, la fiscalía adelantó
múltiples actuaciones orientadas a ubicarlo y recibir su testimonio; sin embargo, solo
hasta el 4 de octubre de 2025 fue posible practicar la entrevista formal al togado.
46. En ese orden, para la Sala no es posible solicitarle a dicha autoridad que adelante
con la mayor celeridad posible las actuaciones investigativas relacionadas con los
hechos objeto de la presente acción de tutela cuando quedó acreditado que la
demora es atribuible al accionante, quien, compareció 1 año y 10 meses después,
razón por la que se procederá a revocar la decisión del 12 de junio de 2026 proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en
precedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia del 12 de junio de 2026 proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, de conformidad con los argumentos expuestos en el
presente proveído. En consecuencia;
Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por el señor José Monsalvo Rangel,
conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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